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En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación informó aContralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de
74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.
Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y
24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl
Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona
militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.
Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de
militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de
desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH.
También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración
aproximada de un año.
Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH
dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los
integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de
Oaxaca, continúa impune.
El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de
intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio
por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.
“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no
realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en
derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.
A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o
militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en
la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de
la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el
de desaparición forzada.
A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y
llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para
los demás casos de desaparición forzada en México”.
Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de
México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se
han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los
informes gubernamentales.
Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su
informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y
el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la
situación de desaparición forzada en México”.
Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de
Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de
la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas
confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las
desapariciones forzadas en particular”.
A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de
desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de
apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de
que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron
consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún
funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.