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Raúl Molina Mejía es Profesor Adjunto de Historia en la Universidad de Long Island, Estados Unidos. Imparte
cursos de LIU en historia de América Latina y las civilizaciones del mundo, y también imparte cursos sobre
Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, y las organizaciones no gubernamentales en la New York
University, Escuela de Formación Continua y Estudios Profesionales. Es titulado postgrado de la Facultad de
Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y realizó estudios post-universitarios en
Educación para Profesores Universitarios (USAC, Guatemala) y en Tegucigalpa, Honduras, México, DF, y
República Federal de Alemania.
En 1980 se vio obligado a exiliarse debido a la dictadura militar en Guatemala. Por muchos años fue también
coordinador de la Universidad Nacional de Comisiones de la Verdad de Guatemala (1998-99), asesor de
organizaciones de derechos humanos en Centroamérica, incluyendo CODEHUCA, una federación de ONG de
derechos humanos en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y
CONADEHGUA, una federación de organizaciones de derechos humanos en Guatemala (1985-1995).
Miembro fundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982, un equipo
político y diplomático que presentó el caso de Guatemala a todos los foros internacionales importantes en
materia de derechos humanos, en especial de las Naciones Unidas la Asamblea General y la Comisión de
Derechos Humanos (1982-1998).
Santos y la continuidad de la ultraderecha
Al cumplir un año del mandato Santos, los avances en política interna todavía no se ven, la derecha se ha re
configurado, en un proyecto único de “Unidad Nacional”
Aurora Moreno |
www.kaosenlared.net/noticia/santos-continuidad-ultraderecha
Al cumplir un año del mandato Santos, los avances en política interna todavía no se ven, la derecha se ha re
configurado, en un proyecto único de “Unidad Nacional” después de 8 años de permanecer en el poder,
Uribe logro consolidar su proyecto político de ultraderecha, que se centra en el desprecio hacia la política
social y el fortalecimiento de la inversión privada. Para ello fue necesario la implementación de la llamada
“política de seguridad democrática” con su correspondiente violación a los derechos humanos y la crisis
humanitaria que vive el país.
Aunque algunos analistas pretendan demostrar un alejamiento de Santos con el proyecto uribista la realidad
es otra, sí tenemos en cuenta que Santos hizo parte del gobierno, y en su programa de gobierno prometió
como lo ha hecho la continuidad de la política de guerra, desconociendo la disposición manifiesta de las
organizaciones guerrilleras por encontrar una solución negociada al conflicto, Santos le apuesta a la vía
militar, con ello se fortalece la fuerza pública y se deterioran las condiciones sociales, el desplazamiento
masivo de campesinos que huyen de las confrontaciones armadas, el asesinato de líderes campesinos,
indígenas, y sindicalistas (más del 60% de los asesinatos en el mundo), las ejecuciones extrajudiciales por
parte de la fuerza pública (falsos positivos), incluyendo jueces que llevan casos de ejecuciones extrajudiciales.
Es de anotar, que hasta el momento se conoce muy poco sobre el tema y no existe una condena ejemplar en
contra de la fuerza pública; con el argumento que son casos aislados y no comprometen a la institución y
menos aún son parte de una política de Estado. Cabe recordar que el gobierno incentivo beneficios a los
militares por el número de bajas en combate, con ello se recrudecieron las ejecuciones extrajudiciales, sin
olvidar que en el caso de los militares se cumplen ordenes de un superior responsable, y este superior es
quien en su momento fuera el ministro de defensa Juan Manuel Santos.
Por otro lado, la negativa a dialogar con la guerrilla, las condiciones que impone Santos para una eventual
mesa de negociación hacen imposible la instalación, al negar la naturaleza de la insurgencia y el origen del
conflicto, la falta de reconocimiento por parte del gobierno ha sido uno de los principales obstáculos y el
interés enfermizo por continuar la estrategia militar, sin importar el costo que le genera al país no sólo en
recursos económicos sino en vidas. Vale recordar, que Santos fue uno de los artífices de la política de
seguridad democrática impuesta por Uribe Vélez, hechos que permiten prever la continuidad del conflicto.
A esto se le añade el fortalecimiento de los grupos paramilitares, el gobierno insiste en negar su existencia,
presentándolo como bandas criminales emergentes, desconociendo la violencia que estos grupos continúan
ejerciendo en gran parte de la geografía. La falta de una política en torno al tema deja un espacio vacío, lo
que permite su crecimiento y fortalecimiento, y se evidencia el total desprecio hacia las organizaciones
sociales víctimas de estos grupos.
El gobierno ha pretendido mostrar como el gran logro de su gobierno la ley de víctimas, con la restitución de
dos millones de hectáreas de tierras usurpadas por los paramilitares a los campesinos; sin embargo, más allá