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LA DEUDA SOCIAL CON
LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Germán Arturo Sierra Anaya
Rector

LA DEUDA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA LA DEUDA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Las universidades públicas y el espejismo de la ley 30
Hace veinte años, cuando se expidió la ley que organizaba la
educación superior en Colombia, conocida como ley 30 de 1992,
se creyó que –por fin- había una política de Estado que entendía
el papel fundamental de la educación en el desarrollo de la
Nación y sus regiones. El énfasis en la calidad, el establecimiento
de una estructura orgánica nacional que permitiese coordinar
las actividades de las instituciones, la fijación de nuevas fuentes
de financiación, la reglamentación de las funciones sustantivas
(docencia, investigación y extensión) y de la naturaleza
autónoma de las universidades, fueron algunos de los logros
más trascendentales de la ley.
Para las instituciones territoriales, como es el caso de la
Universidad de Cartagena, la ley 30 pareció convertirse en el
marco propicio para fortalecerse académica y financieramente.
El artículo 86 de la ley contempla que el presupuesto de las
universidades estatales ésta constituido, además de los aportes
de la Nación, “por los aportes de los entes territoriales, por los
recursos y rentas propias de cada institución”. Es decir, se les
asignaba a los departamentos la corresponsabilidad de financiar
la educación superior.
Además, les correspondía a las mismas instituciones financiar
una parte del presupuesto con la generación de recursos
propios.
Esto imponía creatividad, calidad y diversidad en la oferta de
servicios; la búsqueda de nuevas fuentes de financiación; y la
necesidad de generar proyectos desde la investigación, la
extensión, los posgrados, la educación continua y los eventos
académicos.
Lo anterior se complementaba con lo señalado en el artículo 87,
según el cual a partir del sexto año de vigencia de la ley 30, el
Gobierno nacional incrementaría los aportes para las
universidades oficiales “en un porcentaje no inferior al 30% del
incremento real del Producto Interno Bruto”.
Buenos vientos se presagiaban con esta ley. Los más entusiastas
con la normativa hacían cuentas felices de los recursos que
captarían las instituciones. Si anualmente se incrementaban los
aportes de la Nación, si los entes territoriales cumplían sus
obligaciones y si las instituciones generaban sus propios
recursos, muy pronto se nivelarían los presupuestos de las
universidades y habría excedentes para invertir en cobertura, en
investigación, ciencia y tecnología, en políticas de calidad, en
mejoramiento de la infraestructura, en proyección social y en
cualificación docente. Los más escépticos proponían un
compás de espera para ver cómo tantas maravillas se convertían
en realidad.
Se impuso lo segundo. En lo que respecta a la Universidad de
Cartagena, en los primeros meses, el departamento de Bolívar
cumplió con los aportes señalados por la ley. Pero muy pronto
empezaron a acumularse en las sucesivas administraciones, y a
formar parte de las deudas por pagar del Departamento.
Y también, en contra de lo señalado en la ley, los aportes de la
Nación empezaron a disminuir. Por una fórmula técnica, el
Ministerio de Hacienda siempre incrementó los recursos para las
universidades; pero mirado en relación con otras variables –por
ejemplo, aumento de la cobertura de las instituciones- el aporte
per cápita por estudiante iba decreciendo paulatinamente.
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Sobre esto, las estadísticas son contundentes. Según el Estudio
de financiación de la educación superior, desarrollado por el
SUE, durante el primer año de aplicación de la ley 30, es decir,
1993, la Nación aportaba el 73,48% del presupuesto de las
universidades estatales; en 2010, esa participación había
descendido al 48,69%;. En ese mismo período, el porcentaje por
recursos propios ha pasado del 22,39% al 44,77%. Se puede
notar que la disminución de los aportes nacionales fue de 24,79
puntos porcentuales, y el incremento presupuestal por recursos
propios fue de 22,38 puntos.
Las cifras anteriores evidencian que los aportes de la Nación no
se han incrementado en los porcentajes señalados en la ley a
partir del sexto año, en relación con el incremento del PIB. Y más
bien, se les ha transferido a las universidades las
responsabilidades de su financiación, lo que ha impedido que los
desequilibrios en el balance sean muy amplios.
Ahora, como los aportes de la Nación tienen destinación
específica para pago de nómina y gastos de funcionamiento, se
esperaba que los recursos propios se utilizaran para fortalecer
las funciones sustantivas de las universidades. Pero no es así,
pues como estos recursos “equilibran” el balance deben
utilizarse para los pagos que debían asumirse con los aportes
nacionales.
Con este panorama, resulta evidente que el espíritu de la ley 30,
esto es, el fortalecimiento académico y financiero de las
universidades oficiales, no se materializó. Por el contrario, las
responsabilidades se les han ido transfiriendo paulatinamente a
las instituciones (nuevos programas de pregrado y posgrado,
aumento de cobertura, consolidación de grupos de
investigación, internacionalización,regionalización,
incorporación de nuevas tecnologías de la información,
acreditación en calidad de programas y acreditación
institucional). Sin embargo, como puede verse más atrás, los
aportes de la Nación han disminuido y con los entes territoriales
existe una permanente controversia por el desconocimiento de
las responsabilidades que, por ley, tienen con las universidades
adscritas a ellos.
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El distrito de Cartagena frente a la Universidad
Según un confidencial de la revista Semana, del 9 de junio de
2012, el impacto social de la Universidad de Cartagena en la
región Caribe, en Bolívar y, sobre todo, en Cartagena, es
considerable. En el examen de admisión para el segundo
semestre de 2012, de 1083 estudiantes seleccionados, 1025
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; este dato corresponde al 94.6%
de los admitidos. De ellos, el 16,2% (176 estudiantes) proviene
de la institución oficial Soledad Acosta de Samper. Ahora, si
miramos de manera ampliada la naturaleza del colegio de
procedencia, encontramos que el 57% proviene de instituciones
oficiales y un 43%, de instituciones privadas.
Lo anterior revela que el distrito de Cartagena y los habitantes
más pobres de la ciudad, son los grandes beneficiarios de la
existencia y de la acción institucional de la Universidad de
Cartagena. Esto va en concordancia con su naturaleza pública,
que le permite desarrollar una destacada función de inclusión y
equidad social, de apertura de oportunidades, de solidaridad
colectiva y de transformación de vidas. ¿Qué sería de todos
estos jóvenes, de las generaciones precedentes y de las que
vienen sin la existencia de la Universidad de Cartagena?
Sin embargo, a pesar de este evidente impacto social,
históricamente el Distrito ha soslayado su responsabilidad
frente a la Universidad de Cartagena. Si bien es cierto que la ley
no obliga al Distrito a una correspondencia financiera con
Unicartagena, tampoco le impide que apoye para que los
estudiantes más pobres puedan formarse profesionalmente y
convertirse en personas y ciudadanos de bien.
En esto último, la responsabilidad del Distrito es insoslayable,
pues carece de una universidad adscrita a él (una institución
distrital en este caso) y le corresponde a la Universidad de
Cartagena asumirse como la principal receptora de los jóvenes
que desean formarse como profesionales. Esto, en una ciudad
caracterizada por una gran inequidad social, con índices
alarmantes de pobreza y de miseria, resulta altamente positivo.
Y debería generar una corresponsabilidad del Distrito frente al
sostenimiento y formación de sus jóvenes en la Universidad.
Sin embargo muchas decisiones que se han tomado en los
últimos tiempos son desconcertantes. A los estudiantes de las
universidades de la ciudad (y más a los de la Universidad de
Cartagena por tener la mayor población estudiantil) las
administraciones territoriales grabaron la matrícula y el
derecho de grado de los universitarios con un impuesto.
Tales decisiones van en detrimento de unos jóvenes que, en
muchas ocasiones, carecen de recursos para pagar su matrícula.
De allí que la Universidad de Cartagena, en reconocimiento de
esa dificultad, haya implementado programas como el Plan
Padrino, la Novación, la financiación, el descuento por participar
en grupos culturales, deportivos y en tutorías, exoneraciones y
descuentos por excelencia académica, revisión de las
condiciones sociales de los estudiantes, entre otros. En 2011,
estos programas representaron una suma cercana a los dos mil
millones de pesos. Resulta paradójico, entonces, que los costos
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que la Universidad exonera o descuenta en la matrícula se
cargan a través de los entes que deben promover la formación
de las nuevas generaciones de cartageneros y bolivarenses.
Ahora, si miramos otros antecedentes, la deuda social del
Distrito con su principal Alma Máter es mayor, pues el papel de
ésta en la transformación de la ciudad ha trascendido del ámbito
académico al urbanístico. Sobre un terreno de más de 40
hectáreas pertenecientes a la Universidad en la zona de
Zaragocilla, se levantaron cinco barrios, que incluyó la
construcción de viviendas, de colegios, de calles y avenidas, de
escenarios deportivos, de amplias zonas verdes, de
hospitales y centros de salud, en fin. Una solución de vivienda y
una trasformación urbana sin precedentes en la historia de
Cartagena, que fueron asumidas de manera íntegra por la
Universidad, sin que esto le haya generado ninguna
contraprestación por parte de los gobiernos distritales. Ninguna
otra institución ha hecho un aporte de esa magnitud e impacto
social y humano.
La Universidad y el desarrollo económico de Cartagena
Desde 1827, cuando los generales Simón Bolívar y Francisco de
Paula Santander firmaron el decreto que le daría vida legal a la
Universidad del Magdalena e Istmo que, después de un cambio
sucesivo de denominaciones, se llamaría Universidad de
Cartagena, esta institución ha sido protagonista del desarrollo
del país, de la región Caribe y de Cartagena.
Ninguna universidad territorial ha trascendido tanto los límites
de su cobertura geográfica como lo ha hecho la Universidad de
Cartagena. Sus aportes en lo académico, lo científico, lo político,
lo cultural, lo económico, lo ambiental, y su impacto en el
crecimiento de la infraestructura del Caribe, y de la industria
fueron determinantes para que la ciudad y la región fuesen
competitivas frente a otras ciudades y regiones del país.
Hasta hace pocas décadas, cuando la Universidad de Cartagena
era la única institución de educación superior de la ciudad y la
más prestigiosa de las instituciones del Caribe colombiano, le
correspondía formar profesionales que atendiesen las
necesidades más sensibles de la ciudad y de la región. El
crecimiento de la infraestructura, el desarrollo de las empresas
químicas y farmacéuticas, la atención en todos los frentes de la
salud, la formación jurídica, económica y administrativa, el
desarrollo social fueron, entre otros, las necesidades y sectores
que se soportaron en la Universidad de Cartagena y en sus
egresados.
En ese sentido, la deuda social del sector productivo, público y
privado, con el Alma Máter es cuantiosa. Y no se trata, en este
caso, de cursar una cuenta de cobro, sino de fomentar e incrementar
los espacios en donde las acciones de la Universidad y de las empresas
puedan confluir. En los últimos años, como consecuencia de las
cuantiosas inversiones que ha hecho en infraestructura física y en la
dotación de modernos laboratorios, equipados con tecnología de
punta y con altos estándares de funcionamiento, la Universidad de
Cartagena está en capacidad de asociarse con cualquier empresa del
sector industrial, comercial o de servicios. Pero además, puede
desarrollar labores conjuntas en todas las áreas del saber.
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Sobre esto, sin embargo, existen algunos sinsabores, derivados
de la existencia de la Estampilla Universidad de Cartagena,
¡Siempre a la altura de los tiempos! Es claro que los servicios
gravados con la estampilla generan inconformismos en algunas
empresas que, a pesar de esto, pagan el tributo. Otras han
dirimido esta obligación en los estrados judiciales. Ciertos
empresarios han planteado la eliminación de la estampilla bajo
el pretexto de que le resta competitividad a las empresas de
Cartagena.
Sin embargo, cuando se invoca la competitividad pareciese que
este concepto se asumiera sólo desde su acepción económica. El
ser competitivo implica desarrollar competencias (para saber,
para hacer, para ser y para convivir) en las esferas en las que se
actúa. No es sólo una capacidad de respuesta, sino –y sobre
todo- de propuesta y de creatividad. Y en ello, aunque no se
desdeña la trascendencia del saber empírico, la formación
académica juega un papel fundamental. El conocimiento se
constituye, así, en el primer factor de competitividad.
Basta con mirar los índices de desarrollo de las naciones para
darnos cuenta de que la variable que más peso tiene en las
mediciones es la formación académica de la gente. O, al
contrario, si se miran los escalafones de las mejores
universidades del mundo, notamos que se encuentran en los
países más desarrollados. Aquí valdría un axioma: dime qué
universidad tienes y sabré qué tan desarrollado eres.
Según el Ranking QS de 2012, de las 250 universidades más
importantes de América Latina, el país que incluye el mayor
número de instituciones es, por supuesto, Brasil, el más
desarrollado de la región. Colombia, con 34 universidades,
ocupa el tercer lugar, por debajo de México. En el país, la región
que más instituciones incluye es la Andina, con más del 75%,
mientras que la región Caribe sólo incluye tres: la Universidad del
Norte, la Universidad de Cartagena y la Universidad de Córdoba.
Esto demuestra lo que se venía diciendo: el grado de desarrollo
de los pueblos está directamente relacionado con la calidad de
su educación.
Por lo anterior, la Estampilla Universidad de Cartagena –más que
afectar la competitividad- permite la transformación humana, el
progreso social y una formación de alta calidad, tres indicadores
fundamentales en las mediciones de competitividad y
desarrollo de los pueblos. Así que el fomento de la educación, su
financiamiento, la promoción de espacios formativos, la
cualificación permanente se constituyen en inversiones con
resultados fructíferos. Con una ganancia adicional: es la única
inversión que brinda la seguridad de que el futuro será mejor.
La competitividad es, en conclusión, una condición que
trasciende los indicadores económicos, los niveles de
producción, el patrimonio, la logística y la infraestructura. Una
competitividad sostenible debe promover el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos, y un desarrollo humano
elevado y creciente.
Si se crece el complejo industrial y al mismo tiempo se crece el
cinturón de miseria de la ciudad, ¿de qué competitividad se
puede hablar? ¿De una que favorece a los ricos o de una que
favorece a todos, que sea incluyente equitativa y humana? ¿De
qué sirve la innovación y la tecnología sin el recurso humano
cualificado? ¿Cómo mostrar una ciudad competitiva con dos
postales sociales antagónicas? ¿Cómo diseminar, entonces, los
saldos de la riqueza de tal manera que beneficie al mayor
número de personas? Todas las respuestas confluyen en una
sola: bríndeles a las personas la opción de trascender su vida a
través de la educación. Así aportarán al desarrollo propio y de su
gente. A la competitividad.
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La Universidad y los egresados: una relación indisoluble.
Cuando a las universidades se les califica como Alma Máter se les
está dando un estatus relacionado con su sagrada función: la de
formar, nutrir intelectualmente a sus estudiantes. Esto genera
una relación materno – filial indisoluble, que perdura más allá del
paso por la aulas. Una madre es para siempre. La universidad, en
la vida de sus egresados, también lo es.
De acuerdo con lo anterior, la Universidad de Cartagena ha
conformado y apoyado diversos espacios para que su relación
con los egresados se mantenga vigente. La Oficina de Egresados
(adscrita a la División de Bienestar Universitario) y la Asociación
de Egresados son los espacios fundamentales en esta relación.
Entendiendo la importancia de todo esto, la Universidad les ha
ofrecido a sus egresados diversas prerrogativas como
descuentos en algunas ofertas académicas, exoneración o
descuentos en programas propios de posgrado a los egresados
con mejores promedios, acceso a la biblioteca para consulta de
textos y de bases de datos, información y contactos sobre
ofertas de empleos, recomendación para estudios de posgrado
en el país y el exterior, postulación para las convocatorias de
Jóvenes Investigadores de Colciencias, etc. Igualmente, un
representante de los egresados tiene asiento, con voz y voto, en
el máximo organismo directivo de la Institución: el Consejo
Superior.
Las mencionadas prerrogativas evidencian que los egresados
constituyen un pilar fundamental en la Universidad de
Cartagena y, por tanto, se le ha denominado el cuarto
estamento. Y no sólo es el más numeroso, sino también
representa el impacto más visible de la institución en la
sociedad. Es a través de los egresados, de su desempeño, de su
profesionalismo, como la sociedad evalúa la calidad de la
formación que se imparte en la institución.
Ahora, ¿se ha revertido la acción de los egresados a la
Universidad de Cartagena? Prácticamente no. Mirado el
universo de egresados con el número de ellos (excluyendo a los
vinculados laboralmente con la Institución) que mantienen una
relación permanente y recíproca con la Universidad, la cifra es
ínfima. A pesar de las invitaciones permanentes de la
Universidad y las facultades para que sus egresados se vinculen a
ellas, para que participen en programas académicos y sociales,
para que contribuyan económicamente con la formación de
otros jóvenes que –como ellos en el pasado- pretenden formarse
como profesionales, la respuesta es casi nula.
Durante la historia, y como evidencia de la alta formación que se
imparte en la Universidad de Cartagena, sus egresados han
ocupado altísimas dignidades públicas y privadas en el ámbito
local, departamental, nacional e internacional. Presidentes de
Colombia, ministros, congresistas, magistrados de las altas
cortes y de los tribunales, gobernadores, alcaldes, diputados,
concejales, jueces, gerentes y administradores de grandes,
medianas y pequeñas empresas, científicos, escritores, poetas,
profesionales independientes, entre otros, han sido formados
en las aulas de esta Alma Máter.
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En algunos casos, las decisiones y actuaciones de ellos han sido
benéficas para la Institución. Pero en otros ha prevalecido la falta
de compromiso y de pertenencia con la Universidad. Se espera
que, en el marco de sus funciones legales, su Alma Máter sea
beneficiaria de las políticas públicas, de los planes y proyectos.
Pero no ha sido así; muchas veces, incluso, la Universidad ha sido
perjudicada por sus acciones y decisiones.
En las grandes universidades del mundo, de América Latina y del
país, muchos de los programas sociales, de donaciones
logísticas y tecnológicas, de proyección social de las
instituciones, entre otros, se promueven desde las asociaciones
de egresados. Es una manera de revertir a su Alma Máter la
deuda impagable de su transformación humana. De entender
que en el cambio de sus niveles de vida (para ellos, para su
familia), de los beneficios de buenos empleos, de mejores
salarios, influyó notoriamente su paso por las aulas de sus
colegios y universidades. ¿Qué hubiera pasado con la vida de
muchos de nuestros egresados sin la existencia, por ejemplo, del
Liceo de Bolívar, del Colegio Departamental Nuestra Señora del
Carmen y de la Universidad de Cartagena? ¿Gozarían de su
actual nivel de vida? ¿Tendrían el patrimonio social y económico
de hoy?
La vuelta de un egresado a la Universidad equivale al retorno de
un hijo que, después de salir de casa, busca de nuevo –con más
saberes acumulados, con más experiencia- el calor de la madre.
Una forma de nutrirse otra vez, de tomar aliento para
reemprender su vida. Y casi siempre, como manifestación de su
progreso, trae consigo su cariño y un presente; una manera de
abonarle a una deuda que jamás pagará.
Palabras finales
La Universidad de Cartagena, como institución pública de
educación superior, es un patrimonio de todos. Por tanto les
corresponde a cada estamento de la sociedad, a los gobiernos, al
sector productivo, a la clase política, a la sociedad civil, a los
ciudadanos, a los padres de familia, a los egresados, a los
docentes, a los estudiantes, a los directivos y trabajadores,
aportar sus esfuerzos para garantizar su sostenibilidad y su
altísima calidad.
No puede esperarse que las personas miren a la Universidad sólo
para sacar provecho de ella, para beneficiarse, sino para que
aporten a su desarrollo y, consecuentemente, al crecimiento de
la sociedad. Se debe conservar como el mejor espacio para que
las generaciones futuras, como pasó con la presente y con las
pasadas, puedan contar con esta gloriosa institución, que estará
siempre a la altura de los tiempos; y cuya dignidad mayor es su
autonomía
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Germán Arturo Sierra Anaya
Rector
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Junio 2012
Universidad
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Fundada en 1827