España: ¿un Estado laico? - Arvo Net

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manteniendo en suspenso con la desatinada esperanza de comprar silencios, lo que no tendría otro efecto que dejar en evidencia al frustrado comprador. No es menos cierto que los obispos católicos tienden a moverse con excesiva desenvoltura en una delicadísima frontera argumental: la que linda entre la libre evaluación moral de iniciativas gubernamentales y su directa descalificación política. No es lo mismo afirmar que la propuesta de un matrimonio entre homosexuales es un atentado a la moral natural, de la que la Iglesia Católica argumentalmente se hace intérprete, que poner en duda que el Gobierno tenga competencia (obviamente política) para proponerla, o el Parlamento para debatirla y aprobarla. La reflexión sobre la frontera entre moral y política es sin duda delicada; pero sobre una posible identificación entre Conferencia Episcopal y Tribunal Constitucional en un Estado laico (entiéndase tal calificativo como se entienda) no hay nada que debatir. Serán los fieles laicos, a través de las vías políticas de rigor, quienes deban exigir que cada poder público cumpla la función que la Constitución le otorga. De lo contrario, puede acabar malinterpretándose -incluso interesadamente- que es el propio sistema democrático constitucional, y no la calidad moral de desafortunadas medidas de quien de modo transeúnte ejerce sus poderes, lo que se pretende cuestionar. En todo caso, pretender culpar a un pérfido laicismo socialista de según qué cosas es sin duda una demasía. El problema, cuando existe, tiene con frecuencia muy diverso origen. Vuelvo a un ejemplo. El Consejo General del Poder Judicial se halla situado en el centro de la polémica política, porque una mayoría de jueces conservadores funciona sin fisuras a la hora de decidir los nombramientos de cargos judiciales y de adjudicar, a su gusto, a los progresistas la cuota que consideran oportuna. Lo mismo que hicieron éstos cuando se les brindó ocasión. El Gobierno se considera obligado a cambiar sobre la marcha por ley las reglas del juego para imponer así sus criterios. Esa mayoría conservadora, sin embargo, no ha funcionado siempre sin fisuras; en una memorable ocasión parte de ella pactó sin previo aviso con sus eternos rivales: a la hora de elegir a un juez para que formara parte de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Se trataba así de evitar una catástrofe: que el elegido fuera -como estaba inicialmente previsto- un juez de prestigio indiscutido, pero nada menos que católico y padre de familia numerosa; cabría pues esperar que actuara de acuerdo con sus convicciones, previsiblemente nada proclives a permisivismos bioéticos. Todo parece indicar que a los vocales conversos debió impresionarles mucho argumentaciones tan razonadas como la de un miembro de la citada Comisión que había considerado, en un artículo de prensa, "preocupante", que se buscaran para ese cargo no "simplemente personas competentes en la materia" (secundario aspecto que no parecía discutir) "sino católicos más o menos aguerridos", cuando "la función fundamental de la bioética debería ser la de luchar contra el prejuicio, que en esta materia tiene casi siempre un origen religioso". Por si no quedaba clara la enjundia de su neutra actitud, apostillaba: "es como si la jerarquía de la Iglesia católica (quizás la única institución que, en nuestro Estado de Derecho, está organizada sobre la base de la discriminación sexual) se le hubiese pedido que asesorase sobre un programa de acción afirmativa en favor de la mujer". Abrumados por tal alegato en favor de la neutralidad, estimaron que en tales circunstancias su candidato inicial no sería sin duda el más adecuado para tal órgano en una sociedad pluralista. Se supone, por lo visto, que el resto de los miembros de la citada Comisión o no tienen convicciones, o se guardan muy mucho de actuar con arreglo a ellas. Craso error, como el ya citado comisionado se encarga generosa y repetidamente de ilustrar. Interrogado sobre uno de los más polémicos problemas planteados, sentenció del modo más neutro que pudo: "no creo que hubiera ningún problema ético en la creación de embriones para la investigación". No se trata pues de que él, en coherencia con sus convicciones, se declare a favor de tal práctica, o proponga a tales problemas determinada solución; su convicción es tan berroqueña que le permite darlos sin más por inexistentes. Sí se confiesa poseedor del secreto del problema que
induce a que parezcan existir problemas: "el problema en España es la Iglesia católica, que no es razonable frente a esta cuestión. Quizás necesitemos que haya más católicos valientes y con coraje". Cuando uno se instala en la neutralidad, y se autoproclama árbitro de lo razonable, resulta fácil mantener a raya a los que pretenden imponer sus convicciones, logrando así imponer las propias sin ni siquiera argumentarlas. Sólo tendrá patente de razonable quien le dé la razón 1 . La citada Comisión acabaría así, en aras de tan original pluralismo de pensamiento único, en un remedo de las Cortes franquistas; como en ellas, nuestro irenista comisionado podrá amonestar a algún perturbador discrepante (escudriñando previamente, contra el artículo 14 y el 16.2 CE, en sus convicciones religiosas): "por favor, señoría, no me divida la Comisión". Los vocales conversos acabaron garantizando de este modo un curioso pluralismo con inevitable vocación de unanimidad. Mientras los que piensan una cosa la convierten en neutral, los que defiendan la contraria habrán de optar por callarse educadamente, para evitar la crispación; con la que producen los nombramientos dentro de la propia carrera, donde no se concede a nadie patente de neutralidad, parece ser suficiente. Pienso, pues, que sean cuales sean las simpatías que el laicismo pueda despertar en cada cual, resultaría injusto achacarle triunfos que le son ajenos. Todo invita a pensar que los aludidos vocales del Consejo no son laicistas, o al menos no se saben tales. La obvia discriminación sufrida por el católico de turno puede más bien deberse, paradójicamente, al déficit de laicidad que es fácil todavía observar dentro de la propia Iglesia Católica. Sólo quien profesa la fe del carbonero y, ante problemas que su propia confesión considera de ética natural, se confiesa incapaz de aportar argumento racional alguno -descartada la invocación a un sobrenatural argumento de autoridad- puede considerarse obligado a inhibirse, para que no le acusen de imponer sus convicciones los que le acabarán imponiendo las propias. Sigue predominando por otra parte entre los ciudadanos católicos, ante cualquier propuesta política que contravenga sus convicciones, la exigencia no pocas veces airada de que los obispos defiendan de inmediato con claridad ante la opinión pública la postura católica; como si los obispos no fueran tanto sus pastores sino sus representantes políticos. Ignoran con ello que la polémica política es tarea prioritaria de los fieles laicos y no de su jerarquía eclesiástica. Con motivo de coloquios suscitados por el proyecto de ley destinado a inventar el matrimonio homosexual, he llegado a oír más de una vez que la mayoría de los ciudadanos lo comparten. Nada más ajeno a la realidad. Lo que sí parece cierto es que casi todos los que suscriben tal opinión, católicos incluidos, se muestran convencidos de que en cuestiones de ese tipo remitirse a lo que la mayoría pueda pensar implicaría una rechazable imposición de convicciones; es obligado pues que la minoría imponga la suya. Hay que reconocer que, para practicar con ejemplar fidelidad este laicismo autoasumido no hace falta ser miembro de ningún Consejo. Se acepta torpemente que los que rechazan la milenaria configuración de la institución matrimonial son asépticamente neutrales y se ahorra uno el debate. Puede considerarse sintomático, a la hora de evaluar el predominio de este laicismo autoasumido en los comportamientos individuales de la ciudadanía española, el hecho sin duda llamativo de que, a diferencia de lo ocurrido en Alemania, Francia 2 o 1 No es extraño el estupor ante lo positivo de los resultados de tan peculiar ética discursiva: aunque existieran "hondas diferencias", "no impiden que se pueda llegar a acuerdos prácticos con sorprendente facilidad". Sobre todo, una vez convertido el consecuencialismo en dogma de fe: la postura de la Iglesia sería "irrazonable" por sus "consecuencias inaceptables": "negar a los enfermos de Alzheimer, Parkinson o diabetes el derecho a obtener (a la esperanza fundada de obtener) una curación de sus enfermedades". Para evitar toda confusión, aclara que "lo que aquí se está calificando como irrazonable no es asumir una actitud religiosa, sino la doctrina de la Iglesia católica" -M.ATIENZA Investigación con embriones: la ética de lo razonable "El País" 6.III.2003. 2 Un análisis del planteamiento francés desde la perspectiva liberal en P.RIVAS PALÁ Laicismo y sociedad liberal. Nota sobre la prohibición del 'foulard islamique' en las escuelas francesas "Revista del Poder Judicial" 2004 (73), págs. 217-232. M.SALGUERO detecta una "reafirmación del laicismo militante", que considera a
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