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Lima, dos de Julio del dos mil nueve.
LA SALA CIVIL PERMANENTE A DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la
causa número veintisiete dos mil nueve; oído el informe oral; en audiencia pública de la fecha,
y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:
MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el ejecutado LEOPOLDO AROSEMENA
CEVASCO, mediante escrito de fojas setecientos seis contra la sentencia de vista de fojas
seiscientos ochenta y nueve que confirma la apelada de fojas trescientos noventa y siete,
fechada el seis de abril del dos mil cuatro, mediante la cual se declara infundadas las
contradicciones formuladas por los ejecutados y fundada la demanda de fojas treinta y seis,
ordenando llevar adelante la ejecución por la suma puesta a cobro; en los que le sigue Carlos
Suárez Ferreyros, sobre obligación de dar suma de dinero.
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO:
Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha tres de abril del año en curso, corriente a
fojas veintiocho del cuadernillo casación, ha declarado procedente el recurso por las causales
siguientes: A) La inaplicación de las siguientes normas de derecho material: a) Artículo 1233
del Código Civil, al sostener que habiéndose acordado la cancelación de la obligación con la
aceptación y entrega de títulos valores, esta modalidad de cancelación se rige legalmente por
los alcances de dicho artículo, el mismo que indica “que la entrega de títulos valores que
constituyen órdenes o promesas de pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando
hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto
en contrario. En tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso”
consecuentemente, la cancelación de la obligación mediante la entrega de títulos valores,
produce en forma inexorable la extinción de la obligación primitiva por haberlo así pactado las
partes o no la extingue, pero la acción que deriva de ella queda en suspenso, en tanto
mantenga vigencia el título que la representa, en cualquiera de los dos casos la obligación es
inexigible, señalando que nuestro ordenamiento sustantivo no admite otra posibilidad, pues
de ser así el deudor duplicaría su obligación de pago, toda vez que por un lado sería exigible la
obligación primitiva (que consta en la escritura pública) y además la obligación incorporada en
las letras de cambio, por lo que, refiere la Sala convalida una situación absurda y contraria a
derecho al exponer a los demandados al doble pago de la misma obligación; b) artículo 1 de la
Ley 27287, porque según lo que norma dicho dispositivo, la Sala no reconoce en la práctica la
condición de título valor a las letras de cambio emitidas para cancelar la obligación, a las que
no les reconoce ningún efecto legal, pese a que su emisión obedece a una disposición
contractual expresa, válida y dotada de todas las formalidades exigidas por la ley para la
constitución de títulos y valores; y, c) Artículos 12, 16 y 18 de la Ley de Títulos y Valores citada,

que otorgan a quien resulte ser el tenedor legítimo de un título valor, el derecho de exigir las
prestaciones que en él se expresen, accionando para ello en una vía preferencial al gozar de
mérito ejecutivo, y la inaplicación de dichos dispositivos, determinan que los derechos
incorporados en los títulos valores, permanezcan intactos, pudiendo ser exigidos por quien
sea su legítimo tenedor, sin que pueda oponer ninguna defensa contra dicho cobro, con lo cual
en razón a la autonomía y destino circulatorio de los títulos valores, se condena a los
accionantes a su pago, duplicando de esta manera su obligación; y, B) La contravención de
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, indicando como agravios: i) que por
ejecutoria suprema de fecha veintiocho de Setiembre del dos mil siete, expedida por la Sala
Civil Permanente de la Corte Suprema, se dispuso que la Sala Superior debía pronunciarse
acerca de la situación de hecho generada por la apelada, que situaba a los demandados frente
al peligro de ser compelidos a realizar un doble pago de una misma obligación, sin embargo,
dicho mandato no ha sido cumplido, al no haberse pronunciado por la situación legal ni el
destino de las letras de cambio emitidas en representación de la obligación demandada que no
han sido presentadas al proceso, y que por su naturaleza pueden ser exigidas por quién sea su
tenedor, convalidando con dicho fallo la existencia de dos obligaciones a cargo de los
demandados; ii) se afecta el principio de congruencia, toda vez que se efectúa una
interpretación contraria respecto de la emisión de letras de cambio en pago de obligaciones
llegando a un conclusión que no guarda relación con su propio análisis, al sostenerse que el
giro de las letras de cambio tiene por objeto representar la obligación o extinguirla, al indicarse
que su emisión es en representación de la obligación pactada, si ello es así, de que manera
podrían no haber sido presentadas para exigir el cumplimiento de una obligación en ellas
representadas.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Existiendo denuncias por vicios in iudicando e in procedendo, corresponde verificar
primero si se ha configurado o no esta última causal, pues en caso de ser estimada, se
dispondría el reenvío de la causa al estadío procesal correspondiente, impidiendo que sea
factible el análisis de las normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la
resolución recurrida.
SEGUNDO: El primer agravio por el cual se admite el error in procedendo, es el referido a que
la resolución recurrida no habría dado cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala Suprema en
la ejecutoria de fecha veintiocho de Setiembre del dos mil siete, razón por la que, corresponde
verificar si dicha situación se ha producido, para lo cual resulta necesario analizar la citada
ejecutoria, corriente a fojas seiscientos cuarentiseis, de la cual fluye que este Supremo
Colegiado amparó el recurso de casación interpuesto por esta misma parte por la causal in
procedendo, sustentado en los siguientes aspectos: i) La emisión de una motivación aparente
en el fallo de la Sala Civil (sentencia de fojas quinientos noventa y siete del primero de agosto
del dos mil cinco) por considerar que el Colegiado se había pronunciado sobre argumentos
formales de la inexigibilidad de la obligación, sin pronunciarse sobre los argumentos de la
apelación y contradicción respecto a la supuesta extinción o novación de la obligación que se
habría generado el cual debía ser objeto de examen; y ii) Asimismo, que en los recursos de

apelación de los ejecutados éstos alegaron que la falta de presentación de las letras de
cambio, podían conllevar a un doble pago de la obligación, situación invocada en su escrito de
alegatos de fojas seiscientos seis, en la que informaron que dos de los integrantes del
Colegiado en el expediente número mil cuatrocientos ochentiseis –dos mil seis señalaron que
se debía presentar al acuerdo transaccional los títulos y valores, no habiendo señalado su
variación de criterio al respecto.
TERCERO: Del examen de la resolución recurrida fluye, que la Sala Civil ha confirmado el fallo
del juez amparando la demanda ejecutiva planteada, sustancialmente en los siguientes
argumentos: 1) que de los términos de la Escritura Pública del dos de junio del dos mil tres
aparejada a la demanda, en mérito de la cual se promueve la demanda, las partes han
celebrado un “Convenio Privado” donde la ejecutada Hotelera del Pilar Sociedad Anónima
Cerrada reconoce a favor del ejecutante Carlos Suarez Ferreyros una deuda ascendente a un
millón trescientos veintiún mil dólares americanos, en el cual se acuerda la forma de pago del
saldo en la suma de cuatrocientos dieciséis mil dólares americanos, a pagarse con la
aceptación de cuarentitres letras de cambio ; pactando igualmente que el ejecutante daría p or
vencidas las letras de cambio pendientes de pago y proceder a su cobro íntegro y la ejecución
simultánea o no a su elección en los casos que la entidad ejecutada incumpla cualquiera de las
obligaciones del referido contrato, y si no cumple con pagar las letras de cambios señaladas en
la cláusula sétima subpárrafo siete punto cuatro ; 2) Asimismo, se concluye del análisis
integral y sistemático de los pactos que integran el título ejecutivo, que las letras de cambio
fueron aceptadas en representación de la obligación existente entre las partes, por tanto su
sola emisión no importa la extinción de la obligación, por lo que el mecanismo de la extinción
señalado por los ejecutados carece de sustento; 3) que la ejecución se promueve en mérito al
testimonio de Escritura Pública del dos de junio del dos mil tres, siendo que las letras de
cambio, son referenciales, y al no ser materia de ejecución éstas resultan innecesarias
adjuntarlas, puesto que no constituyen título de ejecución para el presente proceso y de
haberse cumplido con su pago el ejecutado puede oponer válidamente su pago, debiendo para
tal efecto adjuntar los medios destinados a acreditar dicho pago.
CUARTO: De las consideraciones antes expuestas, se advierte que el Colegiado en los
considerandos Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto del fallo, sostiene
que nuestro sistema jurídico reconoce y posibilita que en los documentos constitutivos de
obligación (causales) las partes para facilitar el tráfico comercial y viabilizar el pago de sus
obligaciones pacten la emisión de letras de cambio, que generalmente es en representación de
la obligación pactada, la entrega de títulos valores no es un pago pro‐soluto (en pago),
concluyendo que las letras de cambio fueron aceptadas en representación de la obligación,
puesto que al ser títulos autónomos serían exigibles a partir de su vencimiento, y su sola
emisión no importa la extinción; sin embargo, no se ha pronunciado si con la emisión de las
letras de cambio, se ha producido una novación, al sostener los ejecutados que con dicha
emisión se ha creado una obligación de pago en las letras de cambio, por lo que es evidente
que se ha incumplido con los términos expuestos en la aludida ejecutoria suprema. Asimismo,
aún cuando el Colegiado arriba a la conclusión de que la letras de cambio han sido emitidas en
representación de la obligación pactada en el contrato y por ende considera que resulta
innecesarias adjuntarlas al proceso, no es menos cierto, que tampoco se ha pronunciado sobre
el extremo ordenado en la ejecutoria suprema, referido a la situación invocada en la

contradicción del ejecutado, que la falta de presentación de las letras de cambio, podían
conllevar un doble pago de la obligación; con lo cual es evidente que se ha incumplido con el
mandato ordenado por este Tribunal, al que se encuentran obligados todas las personas
conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultando atendible el
agravio que se expone en el apartado i) de la causal in procedendo.
QUINTO: Respecto al segundo agravio, se alude a la afectación del principio de congruencia,
debiendo señalar al respecto que la congruencia de las sentencias se mide por la adecuación
entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus peticiones, de
manera tal, que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiere pedido en la demanda
o en el recurso correspondiente, ni menos de lo que hubiera admitido el demandado, ni
otorgar una cosa diferente que no hubiera sido pretendida. Cuando ocurre alguna de estas
circunstancias entraña una vulneración al principio de contradicción y, por ende, del
fundamental derecho de defensa, pues la sentencia ha de ser dictada luego del debate y de
una contradicción y sólo en tales términos es justo el proceso y justa la decisión que se tome.
SEXTO: De lo anterior se colige, que el principio de congruencia procesal es aquel principio
rector de la acti vidad procesal por el cual en toda resolución judicial debe existir conformidad
o concordancia entre el pedido formulado por cualquiera de las partes y la decisión que el Juez
tome sobre él; en tal virtud, se exige que el Juez no omita, altere o exceda las peticiones
contenidas en el proceso, pues de lo contrario se afecta el principio de congruencia.
SETIMO: Por tanto, el argumento de la incongruencia en el fallo, resulta cierto desde que cómo
se expuso en los considerandos precedentes, la Sala no se pronunció sobre el destino de las
letras de cambio como ordenó esta Sala Suprema, debiendo acotarse que conforme a lo
previsto en el artículo 1 de la Ley de Títulos y Valores 27287, dichos instrumentos contienen
derechos patrimoniales incorporados, pudiendo ser exigidos por cualquier tenedor que los
tenga en su poder, en virtud a la naturaleza circulante de dichos instrumentos, lo que no ha
sido analizado en el caso de autos, razón por la que el agravio expuesto en el punto ii) de la
causal procesal, resulta también amparable.
OCTAVO: En este orden de ideas, es evidente que se han contravenido las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso, debiendo la Sala emitir nuevo pronunciamiento en
los términos ya expuestos precedentemente.
4.‐ DECISION.‐
Por estas consideraciones, y en aplicación del numeral 2.1 del inciso 2° del artículo 396 del
Código Procesal Civil:
Declararon: FUNDADO el recurso de casación de fojas setecientos seis interpuesto por don
Leopoldo Arosemena Cevasco; en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas
seiscientos ochenta y nueve; DISPUSIERON que se expida nueva resolución con arreglo a ley y
lo resuelto por este Supremo Tribunal; LLAMARON la atención a los jueces superiores señores:

RIVERA QUISPE; MARTINEZ ASURZA y ESPINOZA CORDOVA, por lo expuesto en el cuarto
considerando; en los seguidos por don Carlos Suárez Ferreyros con don Leopoldo Arosemena
Cevasco y otra sobre obligación de dar suma de dinero.
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano", bajo
responsabilidad; interviniendo como Juez Ponente el Señor Castañeda Serrano; y los
devolvieron.
SS.
TAVARA CORDOVA
SOLIS ESPINOZA
PALOMINO GARCIA
CASTAÑEDA SERRANO
IDROGO DELGADO
sg
Cláusula 7.4.1. de la E.P. del 2.6.2003
Cláusulas 10.1 y 10.2 de la Cláusula 10 del referido contrato.

SENTENCIA
CAS. NRO. 27‐2009.
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