publigest y la prensa de madrid - Padre Coraje

Por expresa voluntad e instrucciones de nuestro mandante don Joaquín González López, a los solos efectos de representación
presentamos los cuatro escritos anteriormente presentados y este extensísimo escrito donde se reproducen algunas de las
más importantes pruebas documentales de los delitos que programaron utilizar al Administrador único de la mercantil Publi-
Gest Sl para crear aquel estado de gran alarma social montado exclusivamente para satisfacer los mercantilistas intereses de
quienes en España habían programado legalizar el anticonstitucional Registro Automatizado de Impagados o RAI
Se adjuntan también las reproducidas pruebas documentales (resoluciones administrativas contrarias a Derecho) dictadas por
aquellos que a ultranza han tratado y continúan tratando de mantener la impunidad de quienes vulneraron -o trataron de
vulnerar- el sagrado principio de cosa Juzgada para evitar que el entonces Magistrado-Juez de los delitos monetarios -don
Miguel Moreiras Caballero- al verse sentado en el banquillo de los acusados, declarará quienes fueron los que con dadivas o
presentes ofrecimientos o promesas le convencieron cohecharon o corrompieron para que inhibiera al juez ordinario
predeterminado por la ley y autorizara las delictivas actuaciones policiales que aquel –en su momento procesal oportuno- no
considero prudente autorizar supuestamente porque consideraba que los hechos denunciados ante dos inspectores jefes del
Grupo de Fraudes de la Policía judicial por Oscar Callado Palomo, en su calidad de empleado indirecto de International
Business Machines (IBM), no eran hechos constitutivos de delito ni tan siquiera de falta, sino actuaciones comunes en
cualquier empresa dedicada al Marketing-Directo.
De las testimoniadas fotocopias de las Diligencias Iniciarias (http://padrecoraje.es/pdf/previas666-91.pdf) que debidamente
protocolizadas adjuntó nuestro mandante al recurso presentado ante el Pleno de esa Excelentísima Sala el 30 de julio pp., y de
las resoluciones judiciales y administrativas también adjuntadas se desprende que los constitucionales derechos de nuestro
poderdante y de la mercantil Publi-Gest SL, fueron reiterada e intencionadamente vulnerados por diferentes funcionarios civiles
del Estado entre los que cave destacar -en vía jurisdiccional- a aquella Autoridad Judicial Competente supuestamente el
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín (a la que a ultranza tratan de ocultar el
Ex ministro de Interior don José Antonio Alonso Suárez y el Secretario de Estado de Seguridad don Antonio Camacho
Vizcaíno), a diferentes mandos intermedios e Inspectores Jefes del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial, al entonces titular
del Juzgado de Instrucción Central número 3 de los de la Audiencia Nacional don Miguel Moreiras Caballero, a varios
miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la Sala Especial del Tribunal Supremo (descrita en el artículo 61.1
de la ley Orgánica del Poder Judicial) que conoció de la Causa Especial 24/1998, a dos diferentes Salas del Tribunal
Constitucional, en numerosas ocasiones por la Fiscalía General del Estado y, en vía Administrativa por los máximos
responsables de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial,
por la misma razón por la Comisión Permanente del Consejo del Estado, por los Gobiernos presididos por don Felipe González
Márquez, por los Gobiernos presididos por don José María Aznar López, por los presididos por don José Luís Rodríguez
Zapatero y de forma reiterada y constante por los máximos responsables de la Casa de Su Majestad el Jefe del Estado quien
supuestamente incurrió en lo previsto en el artículo 542 del vigente Código Penal y obvió cumplir con lo dispuesto en el artículo
409 de la ley Orgánica del Poder Judicial.
Razones por las que nuestro poderdante, en su propio nombre y derecho y en su condición de Administrador Único de la
mercantil Publi-Gest SL recurre ante está Excelentísima Sala -a tenor con lo dispuesto en el artículo 106.1º de la vigente
Constitución Española- a fin de que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de mantener en vigor la obsoleta y
antidemocrática Ley de Enjuiciamiento Criminal y de haber aprobado sancionado y proclamado leyes incluso orgánicas de
espaldas a los constitucionales mandatos expuestos en los artículos 1.1, 9.1, 10.1, 10.2, 14, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 24.1, 24.2,
25, 29, 53.1, 53.2, 53.3, 55.1, 55.2, 81, 117.1, 117.2, 117.3, 118, 120, 121.1, 121.2, 121.3 , 124.1, 124.2, 125, y 161.1.a) de la
vigente Constitución Española y/o si procede que -a Publi-Gest SL- y a él se les indemnice con los quinientos millones de
euros que exige por las lesiones sufridas en sus bienes y derecho a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
A tenor con lo dispuesto en el constitucional artículo 106.2 Sus Señorías deben considerar que fue el Portavoz de la Dirección
General de la Policía y el Inspector Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial don Alejandro Almaraz -que actuó como
Instructor en las Diligencias- quienes supuestamente a instancias del Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
don José Antonio Martín Pallín facilitaron a los medios de comunicación social las falsas noticias que se citan o reproducen en
este extenso escrito, las que arruinaron el negocio familiar denominado Publi-Gest SL.
BREVE EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS: Derechos tan fundamentales como son los derechos al honor, a la libertad y a la
vida porque después de haber sido victima de un delito de detención ilegal por contrario a las normas fundamentales del
Derecho Internacional (exclusivamente para ser gravemente injuriado y calumniado por la Dirección General de la Policía para
crear un estado de gran alarma social favorable a los mercantilistas intereses de terceras personas), para alcanzar mayor
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impacto mediático, contra él se decretaría el ingreso en prisión COMUNICADA no eludible mediante fianza para allí ser
asesinado y presentado ante los medios de comunicación social como victima de un ajuste de cuentas entre bandas rivales,
empeñadas en que nuestro poderdante no declarará quienes eran los funcionarios que les proporcionaban la información
íntima y secreta con la que traficaban; y el que, a pesar de haber sido el primer ciudadano español en haber conseguido que
una resolución judicial dictada contra un juez que –en el ejercicio de su cargo había incurrido en el delito de prevaricación o
prevaricato- hubiese devenido en firme
Asesinato que habiéndose programado no pudo ser ejecutado porque al entrar en la Prisión para ser asesinado fue
inmediatamente ingresada en el Hospital Penitenciario donde no se pudo ejecutar el crimen programado por quienes habían
creado a aquel grupo de presión o lobby denominado Comisión de Libertades e Informática (CLI). Grupo de presión o lobby
que encabezaba el ya Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín, por el
profesional de la política don Diego López Garrido y el Ex-militar de la Unión Militar Democrática UMD) don Luís Otero
Fernández quienes –los tres- para cubrirse con el manto de prestigio que pudiera respaldar su ilegal postura ostentaban el
cargo de Vicepresidentes de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE).
Comisión de Libertades e Informática que, a ultranza, trataban de cubrir aquel supuesto vació legal creado por quienes -en el
Anteproyecto de la Constitución vigente- presentaron a la informática como una herramienta tan sofisticada y perfecta que, de
no legislarse adecuadamente para limitar su poderío, sería imposible garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, por mucho que en el apartado primero del mismo artículo 18º, la
Constitución dispusiera: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
En http://padrecoraje.es/pdf/laverdaderahistoriadelalortadsegunlaprensaescrita.pdf recoge los recortes de prensa expuestos en
http://padrecoraje.es/pdf/lalortadenrecortesdeprensa.pdf. El análisis económico del primer impacto de la campaña de
desprestigio http://padrecoraje.es/pdf/analisisprensaescritaytv.pdf, que consiguió aquel grupo de presión o lobby. El segundo
acto de la campaña de desprestigio no se realizo como estaba programado porque les fallo el asesinato que respaldaría el
sorpresivo hecho de crear aquel estado de gran alarma social, puesto que demostraría ser cierto lo del tráfico de datos
informatizados como lo probaba el que sus dirigentes llegan a matar para evitar que se conozcan quienes son los funcionarios
que, a cambio de dinero, facilitan a las “bandas” los datos íntimos y secretos que recopila el Gobierno de casi todos los
ciudadanos contribuyentes en los Centros de Calculo oficiales.
En agosto de 1994, ante el Director General de la Policía, denuncie el supuesto delictivo proceder de diferentes miembros del
Grupo de Fraudes de la Policía Judicial http://padrecoraje.es/pdf/autoridadjudicialcompetente1994.pdf en noviembre de 1994
se contestó a nuestro poderdante el personal subalterno del Director General de la Policía de que las actuaciones policiales
diciendo: Acusamos recibo de su escrito de 24 de agosto último, participándole que este Centro Directivo toma nota de
las cuestiones que en el mismo se plantean. Debe significarse que dichas cuestiones, en su mayor parte, trascienden
del ámbito de competencias de la Dirección General de la Policía, por cuanto que exceden del alcance de la actuación
policial llevada a cabo respecto de los hechos a que su escrito se refiere; y que dicha actuación policial se comunicó
desde un primer momento a la autoridad judicial, contando con los pertinentes mandamientos de la misma para la
realización de cuantas diligencias requerían, de conformidad con la normativa vigente, dicho requisito.
En 1998, ante el Ministro de Interior don Jaime Mayor Oreja en http://padrecoraje.es/pdf/autoridadjudicialcompetente1998.pdf
lo denuncie nuevamente y que me contesto el Subdirector General de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas de Información
del Ministerio de Interior don Bartolomé Sagrera Moreno que tuvo a bien adjuntarme la respuesta que le dio el Subdirector
General Operativo del Ministerio de Interior don Pedro Díaz-Pintado Moraleda, diciendo: Con referencia a su escrito n° 9940
de fecha 6 de los corrientes, al que se adjuntaba otro de D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ formulando queja por la
actuación policial llevada a cabo en 1.992 que motivó la detención de la citada persona, adjunto se remite Nota
Informativa en la que se resumen las actuaciones judiciales y policiales relacionadas con los hechos expuestos por el
Sr. González López. Tal como se desprende del contenido de esta Nota las actuaciones policiales se llevaron a cabo
siempre bajo la tutela de la Autoridad judicial competente habiendo sido declaradas ajustadas a derecho por las
diferentes instancias judiciales en los diferentes recursos interpuestos ante las mismas. Por último, indicar, que la
citada persona, desde el año 1.993, ha dirigido numerosos escritos al Departamento de Interior, de contenido similar
al ahora enviado y que ha sido recibido en numerosas ocasiones en esta Dirección General, escuchando su versión
de estos hechos y trasladándole la de este Centro directivo en el sentido de la procedencia de la actuación policial.
Madrid 20 de agosto de 1.998 firmado el Subdirector General Operativo don Pedro Díaz-Pintado Moraleda.
A este escrito se adjuntaba la Nota Informativa a continuación reproducida: NOTA INFORMATIVA En carta de fecha 8 de
mayo de 1995, suscrita por Don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, dirigida al Ministro de Justicia e interior, solicita le ayude
a conseguir la Tutela Judicial efectiva y se sirva dar lar órdenes oportunas, si así lo considera justo y oportuno, para
que el Consejo General del Poder Judicial sea nuevamente consultado sobre si los autos emitidos por el Tribunal
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Supremo pudieran o no considerarse como anormales y así poder indemnizar al ahora solicitante. O Pretende la
indemnización por los perjuicios ocasionados por la actuación policial, que considera dirigida en todo momento por
instrucciones de la autoridad judicial (en particular, habría sido el Magistrado Martín Pallin el que diera esas
instrucciones), y quiere ser recibido por a fin de conocer si la actuación se debió a un exceso de celo policial, o
efectivamente se actuó a petición de algún Juez o Magistrado. Todo ello, con la finalidad de que se active una
solución para paliar la alarmante situación económica que padece.
ANTECEDENTES En fecha 11-7-91, comparece en la Comisaría de Móstoles Don Oscar COLLADO PALOMO, quien
denuncia, por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, a Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, titular
de la Empresa de Informática PUBLIGEST, S.A., con domicilio social en C. Alcalá 211,cuya empresa utilizaba un
laboratorio en Móstoles, c\. Juan de Juanes n° l. Por la Sección de Delincuencia Económica y Financiera, del Servicio
Central de Policía Judicial, se realizaron investigaciones, que dieron como resultado: Que el denunciado se dedicaba
a la recopilación de información confidencial y secreta, insertada en cintas de ordenador, creando diversas bases de
datos que eran ofrecidas a entidades bancarias y empresas en general a cambio de importantes cantidades de dinero.
La autoridad Judicial (en principio, Juzgados de Instrucción de Móstoles, Majadahonda y Madrid) concedieron las
intervenciones telefónicas solicitadas, así como dos mandamientos de entrada y registro (Juzgado Central de
Instrucción n° 3), cumplimentadas en fechas 9-1-92 y 10-1-92, en el local sito en Móstoles y en el domicilio del
denunciado, Cl. Tórtolas n° 9, de Las Rozas (Madrid), así como en locales de otras personas implicadas, siendo
detenidos y puestos a disposición judicial, junto con Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, otras seis personas, con
intervención de disquetes, cintas y otros efectos. Las actuaciones policiales se llevaron a cabo en ejecución de la
disposición dictada por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional. Por otro lado, el Servicio de
Prensa de esta Dirección General de la Policía, informó sobre la noticia acerca de la actuación policial que culminó
con la detención de aquél y la incautación de abundante material informático, aparecido el día 10 de enero de 1992, en
el Diario "ABC", bajo el título "DESARTICULADA UNA RED QUE VENDÍA. DATOS DEL CENSO SEGURIDAD SOCIAL Y
TRÁFICO", noticia filtrada a la prensa presuntamente por personas desconocidas y ajenas a los servicios policiales. El
interés despertado en los medios de comunicación motivó la convocatoria de una rueda de prensa para informar del
contenido de la actual policial. A esta rueda de prensa se refería el interesado en su escrito de queja, vinculando su
celebración con razones extrañas y vertiendo acusaciones de corrupción y connivencia de algún tipo contra el
responsable del Servicio de Prensa. El día 2 de septiembre de 1993, se recibe un escrito del Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ,
quien, con fecha 4 de octubre de 1993, se dirige de nuevo al Ministro del Interior, solicitando ser recibido a fin de pedir
autorización para mantener conversaciones con una serie de funcionarios, cuyos nombres o número de identificación
profesional expresaba en la propia carta, con la intención de esclarecer todo lo relativo a los detalles de la operación
policial, que consideraba "posible trama policial-judicial que dio origen al escándalo social que arruinó nuestro
presente, y si no recibimos ayuda y se esclarece la verdad de lo sucedido también arruinará nuestro futuro". En este
escrito de queja insinuaba la posible inducción al Comisario Don Marceliano Gutiérrez Rodríguez, por parte de
personas desconocidas, para derivar la competencia judicial del caso hacia el Juez Sr. Moreiras, insistiendo, a la vez,
en los motivos por los que fueron "falseadas, creadas y maximizadas las informaciones facilitadas por el portavoz de
la Dirección General de la Policía en rueda de prensa ." De nuevo, en escrito de 22 de noviembre de 1993, el citado se
dirige al Ministro del Interior, instando que se dieran instrucciones para aclarar todo el asunto, que achacaba a la
utilización de funcionarios policiales por parte de algunos jueces y Magistrados, en beneficio propio y en contra de la
Ley.
MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN La reclamación de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración
de Justicia que reclama, se basa en lo siguiente: La supuesta prevaricación del Juez Sr. Moreiras, interviniendo en
unas actuaciones jurisdiccionales que no eran de su competencia, quebrantando de esta manera el derecho al Juez
ordinario predeterminado por la Ley desde el momento en que el mencionado Juez inhibió al Juez de Móstoles, ante
quien se presentó la denuncia inicial. - La intervención policial de entrada y registro e incautación de material
informático, por inspectores del Servicio Central de Policía Judicial, actuando a las órdenes directas de Don Manuel
Reverte Montagud, lo que a su entender prueba "la complicidad entre el Juez Moreiras y los policías Judiciales
actuantes en este Complot Criminal.
La rueda de prensa ofrecida por la Dirección General de la .Policía fue lo que realmente destrozó su negocio,
exigiendo en concepto de resarcimiento la cantidad de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESETAS (que es la cifra que
señaló el Diario "ABC" y repitió el portavoz policial, como valoración de lo intervenido). - La sospecha de que existen
intereses de carácter comercial en este "Complot policial", cuyos intereses eran los que despertaba la aparición de la
L.O.R.T.A.D. en la multinacional IBM. Considera que él fue presentado ante la opinión pública como el cerebro de la
Red de Tráfico de datos informáticos, y utilizado por un grupo de personas, capitaneadas por el Magistrado de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo Sr. Martín Pallín, manejando a un mando de la Policía Judicial y al Magistrado Sr.
Moreiras, en su intento de situarse con otros cómplices en un ente, creado al amparo de L.O.R.T.A.D., con el fin de
favorecer los intereses comerciales de la multinacional IBM
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Y un RESUMEN DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES AUTO de fecha 4 de mayo de 1993, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid-Sala de lo Civil y Penal- que admite a trámite la querella presentada por Don Joaquín GONZÁLEZ
LÓPEZ contra el Magistrado-Juez Central Núm. 3, Don Miguel Moreiras Caballero, por supuesto delito de
prevaricación. AUTO de 1 de junio de 1993, de la Sala Segunda del TRIBUNAL SUPREMO, declarando su competencia
para el conocimiento de las actuaciones y dejando sin efecto todas las practicadas ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid, desde la presentación de la querella. AUTO de 13 de julio de 1993, de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, que desestima la querella interpuesta contra el Juez Sr. Moreiras, por no ser los
hechos denunciados constitutivos de infracción penal. Estimó el Tribunal Supremo que los Autos de prisión y libertad
Sobre el querellante, dictadas por el mencionado Juez, debían considerarse justos, al igual que el resto de las
actuaciones practicadas. INFORME del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 30 de noviembre de 1994, que,
con fundamento en la resolución firme del Tribunal Supremo, considera que no se cometió delito en la actuación del
Magistrado Juez Central de Instrucción núm. 3, un Magistrado del Tribunal Supremo y altos mandos de las fuerzas
policial es, por lo que, en el caso concreto de la reclamación formulada por JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ, no se ha
producido funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid, junio de 1995
Muy bien alecciono supuestamente el Magistrado Martín Pallín a los dos inspectores jefes del Grupo de Fraudes de la Policía
Judicial para recibir la denuncia que a continuación se reproduce que, según declaración prestada posteriormente por Oscar
callado Palomo, este acudió acompañado de su empleador Antonio Rizo Rodríguez y de abogado a unas instalaciones ajenas
a la Comisaría de Móstoles aún cuando nada se diga en esta denuncia que se reproduce. Observen Sus Señorías como nada
dice el instructor sobre la empresa suministradora del Censo Electoral, Único fichero sujeto al secreto estadístico:
Ilmo. Sr.: Adjunto se remite Atestado Policial tramitado con esta fecha y registrado con el número
12.881, y como quiera que del mismo se deduce la posible comisión de algún hecho delictivo, es por lo que
se solicita de V.I., sí lo estima ajustado a derecho, tenga a bien expedir mandamientos para proceder a la
intervención de soportes informáticos que se hallen en el Centro de Cálculo sito en el local número cuatro de
la calle Juan de Juanes número uno de esta localidad, así como para el domicilio de Joaquín González
López, nacido en Madrid el día 27-2-36, hijo de José y Melitona, titular de Documento Nacional de Identidad
número 173785, sito en las Rozas (Madrid) calle Tórtolas, 10.- INSPECTOR JEFE
C O M P A R E C E N C I A .- En Móstoles -Madrid-, y en su Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía,
siendo las once horas y treinta minutos del día 11 de julio de mil novecientos noventa y uno, por el Inspector
Jefe titular del carné profesional número 15.279 y el Inspector del mismo Cuerpo y categoría, con carné
profesional número 16.309, ambos afectos al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de
Policía Judicial de Madrid, Instructor y Secretario, respectivamente, para la práctica de las presentes,
comparece el que documentalmente acredita ser y llamarse: Oscar CALLADO PALOMO, nacido en Madrid el
treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta y siete, hijo de Manuel y de Isabel, y con domicilio a efectos
de notificaciones en Mostoles -Madrid- calle Juan de Juanes número uno, entreplanta, teléfono 6182567 y
MANIFIESTA--------------- Que comparece en estas dependencias en calidad de Director Técnico de la empresa
LEISA, con domicilio social en Móstoles, calle Juan de Juanes número uno dedicada a la formación
informática y prestación de servicios.---------
Que en el mes de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, que
decía representar a la empresa Publigest, S.L., se personó en las oficinas donde trabajaba el compareciente
para requerir los servicios de la misma, referentes a operación en el centro de proceso de datos propiedad
de LEISA. Inicialmente, Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, trajo al centro de cálculo una serie de archivos
soportados en cinta magnética entre los que destacaban los siguientes: VEHÍCULOS DE MADRID DE 1.984;
PADRÓN DE MADRID; AUTÓNOMOS (NACIONAL); FUNCIONARIOS (NACIONAL); HERÁLDICA O
PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS (NACIONAL); PENSIONISTAS (NACIONAL); PARADOS DEL INEM
(NACIONAL); AGRICULTORES (NACIONAL): EMPRESAS JURÍDICAS (NACIONAL); EMPRESAS SEGURIDAD
SOCIAL(NACIONAL) Y DECLARACIONES DE RENTA DE 1.988. Que estos ficheros contenían en su totalidad
unos CUARENTA Y CINCO O CINCUENTA MILLONES DE REGISTROS. Que aparentemente, su único
propósito era realizar copias, estadísticas, listados, etc, del contenido de las cintas; pero posteriormente,
propuso a la empresa la implantación de una base de datos donde toda la información estuviera relacionada
y fuese accesible por el único argumento del D.N.I. de un individuo, o en el caso de una empresa, por su
C.I.F.---
Que paralelamente a esta actividad, Joaquín GONZÁLEZ realizaba operaciones comerciales en casi
todas las Cajas de Ahorros y Bancos españoles, en algunos casos llegaba a facturar hasta VEINTE
MILLONES DE PESETAS (20.000.000); peticiones de impresos, etiquetas o SELECCIONES EN CINTA
MAGNÉTICA DE PENSIONISTAS, seleccionados predominantemente por importe de pensión, banco de
cobro o tipo de pensión. En este último apartado, recuerda el compareciente que se realizaron trabajos o
estudios para CAJA MADRID, CAJA DE SORIA, CAIXA DE GALICIA, CAJA DE VALENCIA, etc., todos ellos
eran cerrados por parte de Joaquín GONZÁLEZ por teléfono, con una intermediaria que, al parecer trabaja o
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vive en Valencia, de la que desconoce cualquier dato de filiación. LISTADOS DE EMPRESAS CON SUS
TRABAJADORES Y LOS DATOS DE ESTOS, trabajos realizados por el denunciado para el BANCO
CENTRAL, CAJA DE GALICIA, etc. COPIA DE LA TOTALIDAD O PARTE DE OTROS FICHEROS DE LOS
ANTERIORMENTE MENCIONADOS, como por ejemplo, funcionarios, pensionistas, etc. El destino de estas
copias es desconocido por el compareciente.
Que en lo que se refiere a la base de datos, fueron seleccionados los domicilios más fiables de cada
fichero, reduciendo toda la información a un solo registro por individuo, en el que está toda la información
general y unos apuntadores a los distintos ficheros de la base de datos donde se contempla información
específica de cada archivo de origen.
Que tras la elaboración de esta estructura, ya es posible acceder directamente a todos los datos de
una persona con el hecho de conocer su D.N.I. o seleccionar una o un grupo de ellas a partir de cualquiera
de los datos que componen la base de datos. Que en lo relativo a empresas se siguió el mismo proceso que
para la configuración de la base de datos.----
Que entre finales del pasado año y comienzos del presente, el denunciado Joaquín GONZÁLEZ
LÓPEZ, trajo a las oficinas nuevos ficheros que a continuación se relacionan: CENSO ELECTORAL, este
fichero llegó de Barcelona vía SEUR, procedente de la empresa Publienvio de Esplugast del Llobregat
empresa ésta con la que Joaquín GONZÁLEZ mantenía frecuentes relaciones comerciales. El fichero está
soportado en 36 carretes de cinta magnética. Por carecer de D.N.I. no es incorporado a la base de datos;
pero se realizaron múltiples procesos esenciales para obtener información que pudiera ser comercializada
por el denunciado.---
Vehículos de 1.990. Este fichero, con 13 millones de registros, es presentado por Joaquín GONZÁLEZ
a altas horas de la madrugada y es copiado rápidamente a petición del mismo, tras lo cual, se fue con el
original que, según dice, debe ser devuelto con urgencia. El fichero contiene información de gran calidad
para enriquecer la base de datos; por lo que es incorporado a la estructura anterior ampliando el acceso
directo a la extracción de datos de un vehículo. En este fichero el compareciente observó que aparecía una
nota en el campo de la dirección de algunos individuos en los que se leía "CONSULTAR CON LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD". Que a raíz de estar en posesión de este último fichero las relaciones
comerciales de Joaquín GONZÁLEZ aumentaron considerablemente.
Joaquín GONZÁLEZ se interesó por establecer una relación entre las declaraciones de la renta y el
resto de datos de la base para detectar posibles anomalías a nivel de empresas e individuos; este trabajo
quedó sin realizar pues en la etapa de preestudios surgió el proceso a raíz del cual se paralizaron las
relaciones con Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ.---
Que quiere hacer constar el compareciente que pone estos hechos en conocimiento de la Autoridad
Judicial por si pudieran ser constitutivos de delito.
Que no teniendo nada más que manifestar, firma la presente en unión del instructor y conmigo el
secretario de lo que CERTIFICO.-----
DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que a tenor de la comparecencia anterior, el instructor
dispone se solicite de la Autoridad Judicial los oportunos mandamientos de entrada y registro en el local
número cuatro de la calle Juan de Juanes número 1; así como en el domicilio de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ,
nacido en Madrid el 9 de marzo de 1936, hijo de José y de Melitona y con domicilio en Las Rozas calle
Tórtolas nº 9 chalet; lo que se efectúa mediante oficio que se adjunta a las presentes conste y certifico.---
DILIGENCIAS DE TERMINACIÓN Y REMISIÓN.- En este estado las presentes se remiten al Ilustrísimo
Sr. Magistrado Juez de Instrucción de Guardia de esta localidad, significando que a las mismas se adjunta
oficio de petición de mandamiento de entrada y registro, dándose por concluidas las presentes a la hora y
media de su iniciación, de lo que como secretario CERTIFICO.-------
No autorizo las actuaciones policiales ese honrado juez al que por reparto le correspondió conocer, supuestamente
porque no considero que los hechos denunciados eran constitutivos de delito, según informo a nuestro mandante el Procurador
de los Tribunales, al honrado juez de Móstoles le dijo el Inspector Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial actuante
como Instructor (supuestamente siguiendo instrucciones de don José Antonio Martín Pallín) que sospechaban que Publi-Gest
era la empresa que suministraba a ETA los datos de los domicilios privados de los Jueces y Militares que posteriormente eran
asesinados. Esa criminal mentira, pudo ser la que obligo o convenció al juez de Móstoles para acordar la apertura de
Diligencias 666/91 que abrió 31-07-91 y a la recepción del escrito que a continuación se reproduce autorizo las intervenciones
telefónicas que aquí se solicitan.
Asunto: Solicitando Intervenciones Telefónicas. N/Ref. ª: R.S. Nº 7508 FRAUDES El pasado día 11 de los
corrientes, la Comisaría de Policía de Móstoles tramitó las diligencias nº 12.881, en las que Oscar CALLADO
PALOMO daba cuenta de que en los locales de la Empresa LEISA, con domicilio social en la c/ Juan de
Juanes nº1 de Móstoles, para la que trabajaba como Director técnico, se encontraba en la actualidad
haciendo uso de dichos locales Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, a quién habían arrendado los mismos.
Según el denunciante, el referido Joaquín GONZÁLEZ utiliza las máquinas instaladas en el local, un
ordenador IBM, modelo 4341, para reproducir bancos de datos de distintas Dependencias oficiales, tales
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como Hacienda, Censo Electoral, Trafico y otros, etc., los cuales el vende, posteriormente a distintas
empresas de "mailing".
Estos bancos de datos le son facilitados a Joaquín GONZÁLEZ por personas desconocidas,
presumiblemente, funcionarios de las Dependencias oficiales mencionadas.
Por las investigaciones practicadas se deduce que los contactos con las personas que le facilitan los
repetidos bancos de datos los realiza a través de los teléfonos que Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ posee en los
locales de la calle Juan de Juanes nº 1 de Móstoles, 614 xx 11 y 614 xx 00 cuyo titular es la empresa
Publigest S.L., y de los instalados en el domicilio propio de la c/ Tórtolas 9 chalet de las Rozas. 637 xx, 637
xx, 637 xx y 637 xx, todos ellos a nombre de la empresa Cevenco S.A. Con el fin de tratar de identificar a las
personas que le suministran los bancos de datos de referencia, se solicita la intervención de los referidos
teléfonos, de cuyo resultado se dará oportuna cuenta. ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ INSTRUCCIÓN Nº 2
MÓSTOLES
30 de septiembre de 1991 El mismo Comisario Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial de Madrid, que exactamente
un día después firmaría el supuestamente doloso escrito dirigido al entonces juez de los delitos monetarios don Miguel
Moreiras Caballero, como Sus Señorías podrán comprobar en las testimoniadas fotocopias que debidamente protocolizadas se
adjuntaron al escrito iniciario de este Recurso, firma este solicitando renovación de intervención telefónica. N/Refª: R.S. 8902
FRAUDES (*** ver número anterior) En relación con las diligencias indeterminadas 143/91 de ese Juzgado de Instrucción nº 2
de Móstoles, en las que Su Señoría otorgó intervención telefónica de los teléfonos con números 614 xx 11 y 614 xx 00, ambos
inscritos a nombre de PUBLIGEST SL con domicilio en la calle Juan de Juanes nº 1 de Móstoles, se participa que: Debido a
que todavía no se ha completado la investigación policial y considerándose absolutamente necesario seguir con la intervención
de los dos teléfonos antes mencionados, se ruega a V.I., si a bien lo tiene, conceda la prórroga de intervención de los mismos,
significándole que del resultado se dará oportuna cuenta a V.I. El COMISARIO JEFE Marceliano Gutiérrez Rodríguez
22-10-1.991 Hasta este día en que esta sorpresiva Nota informativa o borrador que –por uno u otro medio- se hizo llegar al juez
Moreiras Caballero, supuestamente para que este a su vez redactara el borrador del escrito que, supuestamente a instancias del
Magistrado Martín Pallím, se le presentaría al titular del Juzgado de Instrucción Central número 3 de los de la Audiencia nacional.
Firmado por el Mismo Comisario Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial don Marceliano Gutiérrez Rodríguez que
N O T A I N F O R M A T I V A Habiéndose tenido conocimiento en el Grupo de Fraudes del
Servicio Central de Policía Judicial, de que una persona llamada Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, quien era el
propietario de la empresa PUBLIGES la cual posiblemente estaba registrada como Sociedad Anónima, si
bien de una manera o de otra el era el dueño de la totalidad de las acciones, se podía dedicar a crear bases
de datos informáticos fundamentadas en informaciones consistentes en recopilaciones de documentaciones
personales de carácter secreto e íntimo de ciudadanos del Estado español, procedieron a comprobar estos
extremos por si pudieran ser constitutivos de delito.
Una vez practicadas las primeras gestiones se pudo averiguar que había fundamento para pensar
que efectivamente el nombrado Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, estaba utilizando un local sito en Móstoles,
calle Juan de Juanes, nº 1, en el que realizaba la integración en orden a las reseñas íntimas de gran número
de personas, para su posterior venta a diferentes instituciones bancarias.
En base a lo anterior se solicitó a los juzgados de Instrucción nº 2 de Majadahonda, nº 2 de Móstoles
y nº 4 de Madrid, la intervención de los teléfonos correspondientes al local de Móstoles antes referido calle
Juan de Juanes nº 1 y a los del domicilio de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ ubicado en la calle de Tórtolas 9 de
Las Rozas de Madrid, en total fueron intervenidos 8 teléfonos con las correspondientes autorizaciones
judiciales.
Consultado el Registro Mercantil se pudo comprobar que como PUBLIGEST no figuraba inscrita
ninguna sociedad, si bien si lo estaba la denominada Cevenco, como sociedad anónima, integrada por
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, su esposa Maria del C. L. A. y Ramón P.F., con domicilio social en Madrid calle
de Alcalá nº 211 y cuyo objeto en teoría es la venta de toda clase de artículos por correo y de cualquier otra
operación de lícito comercio.
Por las investigaciones practicadas se ha llegado al conocimiento fidedigno de que Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ tiene en su poder información secreta de VEINTIÚN MILLONES de españoles, relativa a
unos 47 registros, entre los cuales podemos destacar, los referentes al D.N.I., Censo, Tráfico (es decir
propietarios de vehículos), jubilados, funcionarios, cuentas bancarias (*), empresa donde trabaja, salarios
que cobran (*), etc.
De las conversaciones telefónicas escuchadas se ha desprendido que la persona en observación
está ofreciendo constantemente "su producto" a la práctica totalidad de Cajas de Ahorros españolas
estando todas ellas interesadas en el mismo, llegando incluso, ya, algunas de ellas habérselo comprado
como son las de Asturias y las de Toledo, pues ha realizado demostraciones informáticas a la inmensa
mayoría de las existentes, al parecer siendo dicha demostración efectiva, por lo que está a la espera de que
los departamentos contactados de ellas autoricen la compra del programa en cuestión.
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Debido a que como se ha comentado anteriormente, dichas informaciones son completamente
secretas, y a que ninguna persona ajena a los departamentos encargados de las mismas tienen acceso a
ellas iniciaron por parte de los funcionarios policiales gestiones tendentes a intentar completar la
procedencia de fisuras administrativas a través de las cuáles conseguían los datos inviolables que nos
ocupan, llegando a averiguar la identidad de un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que
está en íntima colaboración con Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ y con el que mantiene muy sospechosa
conversaciones sobre el asunto investigado (conversaciones grabadas), significando con mayor
redundancia que al dirigirse telefónicamente Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ al departamento de este
funcionario y preguntar por, nuestro hombre da un nombre falso, si bien después cuando le han puesto en
contacto con el citado funcionario, demuestra que se conocen perfectamente.
También se ha comprobado que a través de los teléfonos intervenidos Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ
mantiene constantes contactos con otras personas que se dedican a la misma actividad ilegal que él, con las
cuales cambian diferentes bases de datos igualmente secretas por lo que se deduce que la información en
poder del investigado se ha conseguido de diferentes maneras, tanto a través de algún funcionario infiel
como de cualquiera de los individuos dedicados a los mismos menesteres que él, que a su vez posiblemente
la consiguieron mediante las confidencias de otros funcionarios de las mismas características.
Asimismo se ha podido comprobar (también grabado) que se han mantenido conversaciones
telefónicas con una persona (funcionaría en Sevilla) en las que ambas partes intentan convencer a un jefe de
Servicio del Ministerio de xxx de esa localidad para que mediante el pago de una importante cantidad de
dinero les facilite información a su cargo, estando aún a la espera los Inspectores Jefes actuantes de ratificar
si se ha conseguido por parte de los inductores este convencimiento.
En las conversaciones mantenidas con la funcionaría de Sevilla se desprende claramente que ambos
conocen la ilicitud de las proposiciones que efectúan al otro funcionario del Ministerio de xxxx, que tiene
acceso a la información confidencial que interesa conseguir el mencionado Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ,
para ampliar su base de datos de manera que esta sea más atrayente a las entidades bancarias.
Una vez explicado sucintamente en qué consiste la actividad que se está investigando, significamos
que se tienen pruebas, consistentes en conversaciones telefónicas grabadas en las que se demuestra que
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ ofrece a responsables de Cajas de Ahorros base de datos informáticos a cambio
de grandes sumas de dinero, y les especifica de qué están compuestas estas bases de datos hablando
claramente del censo, D.N.I., propietarios de vehículos, funcionarios, cuentas bancarias y otros datos
confidenciales e imposibles de conseguir por cauces legales.
También se poseen conversaciones grabadas de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ con otras personas que
se dedican al mismo negocio ilegal que él, como son entre los más importantes, los que llamaremos Txxxxx
y Mxxx, estando estas personas identificadas plenamente o en trámite de hacerlo en breve plazo.
Destacamos así mismo que todos los responsables bancarios que han comprado esta materia o
pueden hacerlo, tienen pleno conocimiento de que la única manera de conseguir la información confidencial
que les interesa es a través de estos medios ilegales, ya que ninguno de los organismos oficiales que posee
los datos en cuestión se la cederían, pues esto no esta permitido legalmente. Madrid, 22 de Octubre de 1991
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ Alias "Javier Fernández: Original implicado en el asunto que nos ocupa, se
dedica a la compra de información secreta e imposible conseguir por medios lícitos.º
Dicha información es vendida por él a diferentes empresas y entidades bancarias, que hacen uso de
ella con ánimo lucrativo.
Esta persona contacta con un funcionario del Ministerio de xxxx, al que se presenta con el nombre de
Javier FERNÁNDEZ, si bien éste conoce su verdadera identidad.
Se poseen grabaciones telefónicas que demuestran la existencia de estos hechos delictivos.
En lo relativo a la información antes mencionada, se quiere hacer constar que la misma consiste en
21.000.000 de Españoles con 47 registros de cada uno, entre los cuales cabe destacar los referentes al
censo, vehículos que posee, sueldo que gana, número de cuentas corrientes, etc.
Rxx Mxxx Axxx alias Cxx Axxx Persona que actúa como intermediaria para facilitar la compra venta
de ficheros de información confidencial y secreta, obteniendo un sustancioso beneficio en la realización de
dichas operaciones. Actúa conjuntamente con su familiar xxx, que es xxx vive en xxx y esta xxx en Madrid y
con Gxxx Uxxx. Se tienen grabaciones acreditadas de la implicación de todos ellos en las actividades
ilegales que se tratan.
Axxxx Mxxxx Juntamente con su socio Rxxxxxx Axxxxxxx, ha adquirido una copia de la base de datos de
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, relativa a informaciones secretas y confidenciales de 21.000.000 de españoles,
mediante un contrato privado en el que se comprometen a abonarle una cantidad de por vida de 500.000
pesetas para posteriormente hacer uso de dicha información con un beneficio pecuniario. También se
encuentra grabado.
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Julio Txxx Lxxx Persona que según se puede demostrar, en conversaciones grabadas, ofrece a Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ el Censo Nacional, conseguido mediante la cesión que de él le ha hecho determinado
partido político supuesta razón por la que el Juez Moreiras caballero lo dejo en libertad sin cargos después
de tomarle declaración, así como otras informaciones confidenciales.
También se tiene constancia que posee otros datos de la misma índole.
Su socio, el cual tiene conocimiento, y participa en estos hechos, se llama Axxx y esta
perfectamente localizable.
Cxxx Axxx Es hermano de Rxx Mxxx y hace trabajos informáticos para Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, a la vez
le consigue datos secretos y clientes para vender los que éste posee. Se significa que Joaquín desconoce la
relación familiar que tiene con Rxxxx, si bien es la persona de confianza de Joaquín y el que le ha creado la
mayoría de la base de datos que utiliza para su actividad ilegal, estando a su vez en posesión de numerosos
ficheros de las mismas características.
DOMICILIOS DE INTERÉS PARA EFECTUAR REGISTROS Inmediato calle Tórtolas 9 sito en las Rozas
domicilio de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ. Calle Juan de Juanes nº1 posterior de Móstoles, centro informático
de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ.
Avda de xxxxx xx, domicilio social de la empresa xxxxx, lugar donde xxxxx y su socio xxxx procesan datos
secretos. Calle xxxx (xxxx xxxxxx S.A.) sitio donde xxxxx realiza su labor informática ilegal conjuntamente
con su socio xxxxx. Calle xx domicilio de Rxx Urbanización domicilio de xx xx.
El 30 de octubre de 1991, este mismo Comisario Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial, firma este otro:
Es detestable que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que conoció de la causa especial 1440/93, de
forma tan sorpresiva –de forma manifiestamente intencionada- falsee u oculte buena parte de lo que en este
supuestamente doloso escrito-oficio se dice. Con motivo de una denuncia presentada el pasado día 11 de
julio en la Comisaría de Móstoles, con número de registro 12.881, remitidas al Juzgado de Instrucción de
Guardia de esa localidad, en la que Oscar CALLADO PALOMO imputaba a Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, al
parecer propietario de la empresa Publigest, de estar realizando programas de datos informáticos de no muy
clara procedencia, la Sección de Delincuencia Económica-Financiera (Grupo de Fraudes) del Servicio Central
de Policía Judicial, practicó gestiones para esclarecer estos hechos.
Las primeras investigaciones dieron como resultado que el citado Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ
utilizaba un local sito en la calle Juan de Juanes, nº 1 de Móstoles con el fin de dedicarse a la adquisición,
tratamiento y venta de datos relativos a gran número de personas, lo que hizo pensar a los funcionarios
actuantes que podía existir indicios de delito.
Con la finalidad de poder obtener la información necesaria que permitiera probar los delitos que
podrían cometerse al realizar los hechos relatados, se solicitó al Juzgado de Instrucción nº 2 de
Majadahonda la intervención de los teléfonos del domicilio de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, sito en la calle
xxxx de Las Rozas; del Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles, la intervención de los teléfonos del local
ubicado en la calle Juan de Juanes nº 1 de Móstoles; y del Juzgado de Instrucción nº 4, la intervención de los
teléfonos del domicilio social de la empresa Publigest, sito en la calle Alcalá,xxx oficina xx de Madrid,
autorizaciones que fueron facilitadas por los titulares de los citados Juzgados, resultando intervenidos ocho
teléfonos.
La sociedad Publigest, no figura inscrita en el Registro Mercantil (incierto, esta inscrita en tomo
3.613, general 360, sección 4ª, del libro de sociedades, folio 139, hoja nº 6.791, inscripción 1ª), pero si
aparece otra sociedad con el mismo domicilio social, denominada Cxxxx, de la que son socios: Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ , Mxxx Lxxx (esposa del anterior), y Rxxx Pxxxx, que tiene como objeto social la venta de
toda clase de artículos por correo y cualquier otra operación de lícito comercio.
De todo lo hasta ahora practicado, se desprenden indicios racionales de que Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ a
través de la sociedad Cevenco tiene información sobre datos personales, íntimos y confidenciales de
varios millones de personas (al asegurar que los tiene de veintiún millones de españoles y que posee
cuarenta y siete registros de cada uno de ellos). Alguno de los datos son: los del D.N.I., los del
Censo, la totalidad de vehículos.
En definitiva lo que ha de quedar claro es que los datos con que operan estas personas y empresas no son
secretos, en el sentido de que afecten a la esfera íntima de la persona, por el contrario parece
dudoso que hechos o actos de aquella índole figuren inscritos en registros públicos
Cuentas bancarias, empresa, o lugar de trabajo, salario, etc. También manifiesta poseer información sobre
jubilados y funcionarios.
En las conversaciones que Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ mantiene por alguno de los teléfonos
intervenidos, ofrece esta información a los clientes potenciales, entre ellos, la mayor parte de las Cajas de
Ahorros, mostrando con carácter general, esto, un gran interés por el producto, una vez que Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ realiza la correspondiente demostración. Hasta la fecha y según se desprende de las
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conversaciones han realizado cinco operaciones de venta de información con las cajas de estando a la
espera de cerrar otras operaciones.
Al tratarse la mayor parte de los casos de datos confidenciales y secretos a los que no podría tener
acceso por medios lícitos la persona investigada, se ha tratado de investigar de donde procede la
información y quien la facilita, pudiéndose averiguar que algunas de las fuentes de información de Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ pueden ser:
a) Un funcionario del Ministerio de xxx xxxxx.
b) Otras personas que se dedican a la misma actividad, con la que intercambian base de datos, que al
parecer también obtienen a través de procedimientos ilegales.
c) Una funcionaría del xxxxxx xxxx Sevilla, que trata de convencer a un jefe de Servicio... , para que
facilite una determinada información, consciente de que se trata de una actividad delictiva. d) Un funcionario
del Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid.
Algunas de las conversaciones que Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ realiza por medio de los teléfonos
intervenidos: a) La oferta que éste realiza a distintos directivos de Cajas de Ahorros, de sus bases de datos
confidenciales, a cambio de sumas elevadas de dinero. b) Los contactos de los funcionarios antes referidos.
c) El intercambio de información con otras personas que se dedican a la misma actividad, como:
Jxxx Txxx Mxxx y Cxxx xxx xxx.
Las investigaciones que al principio se limitaron a la demarcación de Madrid capital o algunas
demarcaciones limítrofes, como Móstoles y Majadahonda, es necesario hacerlas extensivas a otras
provincias, como la de Barcelona, donde se considera fundamental realizar investigaciones sobre el
mencionado Cxxx xxx xxx, persona que tiene íntima conexión con Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, al que facilita
información sobre el asunto que nos ocupa, dedicándose a la vez a la misma actividad que éste, siendo muy
factible que próximamente haya necesidad de intervenir tanto el teléfono de su empresa como el de su
domicilio, sitos en la ciudad condal, así como, a la funcionaría residente en Sevilla, que intenta convencer a
otro del Ministerio de xxxx de esa localidad, para que facilite datos a su cargo, lo mismo que la otra persona
llamada Jxxx xxxx, directivo de la Caja de Ahorros de xxxx, también participe en el confeccionamiento de la
actividad que tratamos de erradicar.
Por todo lo anteriormente expuesto en este escrito, se comunican los hechos investigados a ese
Juzgado Central, por entender que los mismos puedan ser competencia de la Audiencia Nacional, debido a
que están extendidos en todo el territorio del Estado Español, con el objeto de que la instrucción la dirija ese
Juzgado nº 3 de los de la Audiencia Nacional.
Se significa que sería necesario continuar con las escuchas de los teléfonos de Joaquín GONZÁLEZ
LÓPEZ y su empresa, números: 614 xx 11, 614 xx 00, 637 xx xx, 637 xx xx, 637 xx xx y 637 xx xx.
También sería importante proceder a intervenir los teléfonos de Jxxx Txxx, de Cxxx xx, y el de Cxxx
xxxx ( a pesar de decir de ámbito Nacional solo pide intervenir los de Madrid ¿?).
De todos los resultados que se desprendiesen de las investigaciones realizadas, se daría oportuna
cuenta a ese Juzgado, para que el titular del mismo dirigiese el cauce de la operación policial.
EL COMISARIO JEFE Marceliano Gutiérrez Rodríguez
ILMO. SR MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL NÚM. 3 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.-
31-10-91 *** Por el presente oficio acuso recibo a V.I. de su acta informe con nº de reg. de salida 10.158, y al
mismo tiempo, le manifiesto que con dichas actuaciones he incoado Diligencias Previas registradas con el
nº 262/91 de este Juzgado. Madrid, 31 de octubre de 1.991 El Magistrado Juez Servicio Central de Policía
Judicial.
31-10-91 *** Providencia Magistrado-Juez SR. MOREIRAS CABALLERO El anterior acta informe del Servicio
Central de Policía Judicial, sirva de base para la incoación de las oportunas Diligencias Previas, con arreglo
a lo establecido en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para determinar la naturaleza y
circunstancias del hecho denunciado, las personas que en él han participado y el Órgano competente para
su enjuiciamiento. Regístrense en los libros correspondientes y particípese su incoación al Excmo. Sr. Fiscal
de la Audiencia Nacional. Acúsese recibo. Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
31-10-91 *** Excmo. Sr. Tengo el honor de participar a V.E., que con esta fecha se dé comienzo a las
Diligencias Previas de las anotaciones al margen, por un delito monetario. Dil. Previas núm. 262/91
Delito Monetario Reg. Gral. Núm. 317 Madrid, 31 de octubre de 1.991 EL MAGISTRADO JUEZ
Conociendo que el artículo 55.2 de la vigente Constitución Española dispone: Una ley orgánica podrá determinar la forma y
los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los
derechos reconocidos en los artículos 178, apartado 2, y 18, apartados 2 y tres pueden ser suspendidos para personas
determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de
los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Antes incluso de conocer los juzgados a los que a de solicitar la
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inhibitoria a su favor, el juez posteriormente juzgado (condenado en firme a ser juzgado por el único tribunal competente para
conocer en primera instancia) por haber incurrido en el delito de prevaricación o prevaricato, como Sus Señorías podrán
comprobar en las testimoniadas Diligencias adjuntadas al primer escrito presentado, interviene cuantos teléfonos le solicitan.
I.- ANTECEDENTES DE HECHOS ÚNICO.- Por el servicio Central de Policía Judicial, mediante escrito solicita
la intervención de los teléfonos números: 637 xx xx, 637 xx xx, 637 xx xx y 637 xx xx de Madrid.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS ÚNICO.- Para llevar a cabo la investigación en estas actuaciones en
averiguación de un posible delito monetario, es procedente acceder a la petición formulada por el Servicio
Central de Policía Judicial, y decretar la intervención y escucha de los teléfonos que se indica y determina en
la parte dispositiva de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Para que tenga lugar lo acordado, líbrese oficio al Sr. Director de la Compañía
Telefónica Nacional de España en Madrid.
La intervención y escucha de los teléfonos reseñados, se ajustará a las siguientes condiciones:
A) Se efectuará la grabación íntegra de las conversaciones escuchadas.
B) Se efectuará por la Policía un resumen escrito de las grabaciones efectuadas, referidas a los
puntos que se consideren interesantes para la investigación.
31-10-91 *** AUTO de intervención telefónica, correspondientes a los números del escrito de 30 de octubre.
I.- ANTECEDENTES DE HECHOS. ÚNICO.- Por el Servicio Central de Policía Judicial, mediante escrito solicita
la intervención de los teléfonos números: 383 xx xx, 742 xx xx, 650 xx xx y 413 xx xx de Madrid.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. ÚNICO.- Para llevar a cabo la investigación en estas actuaciones en
averiguación de un posibles delito monetario, en procedente acceder a la petición formulada por el Servicio
Central de Policía Judicial, y decretar la intervención y escucha de los teléfonos que se indican y determina
en la parte dispositiva de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. II.- PARTE DISPOSITIVA.- Se decreta la intervención y escucha de los teléfonos
núm:............ ........ .......... ................ ........... POR EL PLAZO DE DOS MESES. Para que tenga lugar lo acordado,
líbrese oficio al Sr. Director de la Compañía Telefónica Nacional de España en Madrid.
La intervención y escucha de los teléfonos reseñados, se ajustará a las siguientes condiciones:
A). Se efectuará la grabación íntegra de las conversaciones escuchadas.
B) Se efectuará por la Policía un resumen escrito de las grabaciones efectuadas, referidas a los
puntos que se consideren interesantes para la investigación.
31-10-91 *** Asunto: Comunicando datos Relativo al Oficio nº 10.158 de este Servicio Central de Policía
Judicial (Grupo de Fraudes), se comunica que el Juzgado nº DOS de Majadahonda ha instruido
diligencias indeterminadas 442/91 y el Juzgado nº DOS de Móstoles diligencias indeterminadas nº
143/91 Se significa que la intervención de los teléfonos concedidas por estos Juzgados terminan el
próximo 18 de noviembre.
El día 4 de noviembre, cuando ya conoce los Jugados y la referencias de las Diligencias de cada uno dista los siguientes
escritos: La anterior comunicación de la Dirección General de la Policía únase. I.- ANTECEDENTES DE
HECHO. ÚNICO.-Las presentes Diligencias Previas 262/91, se incoaron en virtud de acta informe del Servicio
Central de Policía Judicial, en el que solicitó la intervención de varios números telefónicos. En fecha 31 de
octubre del corriente, se recibió comunicación de la Dirección General de la Policía informando de la
intervención telefónica de varios números, que han sido autorizadas por el Jº 2 de Majadahonda y el Jº nº 2
de Móstoles, intervenciones que a su vez están relacionadas con los hechos que se siguen en las presentes
Diligencias. II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS. ÚNICO.-Siendo delitos conexos, de conformidad con los
artículos 17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, es procedente decretar la inhibición del art. 22 de la
L.E.J. requiriendo a los juzgados que corresponda. III.- PARTE DISPOSITIVA Requiérase de inhibición a
favor de este Juzgado, al Juzgado nº Dos de Majadahonda y al Juzgado nº Dos de Móstoles en sus
Diligencias Indeterminadas 666/91 y Diligencias Indeterminadas 143/91 respectivamente, para su unión a las
Diligencias Previas 262/91 de este Juzgado, por referirse a los mismos hechos, librándose para ello los
oportunos oficios. Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Miguel Moreiras Caballero, Magistrado Juez del
Juzgado Central de Instrucción nº Tres. Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy Fe.
4-11-91 *** En virtud de lo dispuesto en Auto de fecha 4 de noviembre del corriente en las Diligencias Previas
262/91, dirijo a V.S. el presente a fin de requerirle de inhibición en sus Diligencias Indeterminadas 666/91 para
que sean unidas una vez remitidas, a las Diligencias Previas 262/91 que se siguen por los mismos hechos en
este Juzgado. Madrid, 4 de noviembre de 1.991 El Magistrado Juez Miguel Moreiras Caballero
JUZGADO NUMERO DOS DE MÓSTOLES.-(MADRID)
12-11-91 ***AUTO.- En Móstoles a doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno dada cuenta; y
HECHOS PRIMERO:- En este Juzgado se siguen diligencias Previas en virtud de atestado instruido por la
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Policía Judicial incoadas por un posible delito de violación de secretos, y en las que se ha venido acordando
la intervención telefónica del teléfono inscrito a nombre de Publigest S.L.
SEGUNDO:- En el día de ayer se recibía en este Juzgado la anterior resolución procedente del
Juzgado Central de Instrucción núm. Tres de Madrid, en el que solicita que procedamos a la inhibición de la
instrucción de las presentes diligencias. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO:- Por aplicación de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede
acordarse la inhibición cuando el Juez considere que el conocimiento de la causa no le corresponde.
SEGUNDO:- Conforme a lo indicado en el artículo 65.6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial es procedente
acordar la inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Vistos los artículos citados y
demás de general y pertinente aplicación. SSª DIJO: Se acuerda la inhibición de las presentes diligencias en
favor del Juzgado Central nº Tres. Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal haciéndole saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación. Así lo acuerda manda y firma d. GREGORIO DEL
PORTILLO GARCÍA MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. DOS DE MÓSTOLES.
12-11-91 *** DILIGENCIA.- En Majadahonda, a doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Yo, la
secretario, teniendo a mi presencia a don Alejandro Almaraz, inspector jefe número 12.585, le hice entrega de
las Diligencias Indeterminadas que se tramitan en este Juzgado bajo el nº 442/91, sobre intervención
telefónica, y en prueba de recibirlas firma conmigo que doy fé.
13-11-91 ** Por el presente oficio acuso recibo a V.I. de sus diligencias previas 666-A/91 y al mismo tiempo, le
manifiesto que con dichas actuaciones he incoado Diligencias Previas registradas con el nº 262/91 de este
Juzgado. Madrid, 13 de noviembre de 1.991 El Magistrado-Juez.
El Magistrado juez don Miguel Moreiras Caballero prepara la actuación policial que tendrá lugar el 9 de enero de 1992.
30-12-1.991 *** En virtud a lo dispuesto en Diligencias Previas 262/91 dirijo a V.I. el presente a fin de que se
comisione a CINCO PERITOS INFORMATICOS, de ese Colegio, para que el Día 9 de enero de 1992,
comparezcan ante este juzgado, sito en C/ García Gutiérrez, 1 (Audiencia Nacional), a las 9 horas, a fin de
llevar a cabo posteriormente diligencia de entrada y registro en varios domicilios. Madrid, 30 de diciembre de
1.991 El Magistrado Juez Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Licenciados en Informática.-
El 30 de diciembre de 1991, el Magistrado-Juez don Moguer Moreiras Caballero mediante el reproducido Auto, supuestamente
a instancias del Magistrado don José Antonio Martín Pallín, autoriza las actuaciones policiales que antes no había autorizado el
Magistrado-Juez al que por reparto le correspondía legalmente conocer. El auto firmado el 30 de diciembre lleva fecha de 9 de
enero de 1992, supuestamente porque los niños ya estarían en el colegio y así el tema alcanzaría mayor impacto mediático.
30-12-91 ***DON MIGUEL MOREIRAS CABALLERO, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº TRES DE MADRID. AL ILMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA CENTRAL DE
POLICÍA JUDICIAL hago saber: En este Juzgado se instruyen Diligencias Previas 262/91 en las cuales se ha
dictado auto en el día de hoy, del tenor siguiente: A U T O .- En Madrid a treinta de diciembre de mil
novecientos noventa y uno. Dada cuenta; la comunicación que precede únase a la diligencias de su razón a
los fines procedentes. I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Las presentes Diligencias Previas 262/91 de este juzgado se incoaron en virtud de
informes del Servicio Central de Policía Judicial contra Joaquín González López.
SEGUNDO.- Por la Brigada Central de Policía Judicial, se solicita, mediante el precedente oficio,
autorización para penetrar y efectuar un registro en Centro Informático de Joaquín González López en c/
Juan de Juanes posterior, MOSTOLES. II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-El art. 18, párrafo 2º de la vigente ley sobre Control de Cambios hace referencia a los
artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemplan la posibilidad de que el Juez
o Tribunal que conociere de la causa pueda decretar la entrada y registro en cualquier domicilio particular o
local cerrado cuando la urgencia del caso lo hiciere necesario, incluso sin necesidad de consentimiento del
interesado y en virtud de Auto motivado, siempre y cuando existan indicios de que en dicho domicilio o
lugares cerrados puedan hallarse efectos o instrumentos de delito, como ocurre en el caso de autos. Por
otra parte, el artículo 18.2 de la vigente Constitución Española subordina la posibilidad de entrada y registro
en el domicilio particular a la previa obtención del consentimiento del titular del mismo o de resolución
judicial que lo autorizara. SEGUNDO.- En el presente caso, y apreciando las diligencias de investigación
practicadas y los motivos que se expresan en la solicitud, hay motivos bastantes para acceder a la petición
de entrada y registro formulada por la Brigada Central de Policía Judicial, y en los términos que en la parte
dispositiva se dirán.
III.- PARTE DISPOSITIVA Se autoriza la entrada y registro durante las horas del día o de la noche, en el
domicilio de Centro Informático de Joaquín González López, en c/ Juan de Juanes Nº 1 posterior de
Móstoles, efectuándose la misma el día 9 de enero de 1.992. La presente autorización se confiere al Ilmo. Sr.
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Comisario Jefe de la Brigada Central de Policía Judicial, acompañado de Perito Informático, o en los
funcionarios adscritos a la misma, en quienes delegue, y habrá de notificarse al interesado y practicarse con
arreglo a las prescripciones legales, concediéndose a los funcionarios que efectúen el registro, la facultad
para examen y ocupación de cuantos documentos y efectos constituyan medios de prueba de la
perpetración de un delito monetarios. Expídanse al efecto el oportuno mandamiento. Esta autorización
tendrá un plazo de 24 horas, a partir de su fecha. Así lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. MIGUEL
MOREIRAS CABALLERO, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº Tres. Firmado y rubricado
.Miguel Moreiras Caballero. Y a fin de que se lleve a efecto la investigación de lo acordado, libro a V.I. el
presente, que deberá devolverme una vez diligenciado. Dado en Madrid a treinta de diciembre de mil
novecientos noventa y uno.
30-12-91 *** DON MIGUEL MOREIRAS CABALLERO, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE
Instrucción Nº TRES DE MADRID. AL ILMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA
JUDICIAL hago saber: En este Juzgado se instruyen Diligencias Previas 262/91 en las cuales se ha dictado
auto en el día de hoy, del tenor siguiente: A U T O .- En Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
noventa y uno. Dada cuenta; la comunicación que precede únase a la diligencias de su razón a los fines
procedentes.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Las presentes Diligencias Previas 262/91 de este juzgado se
incoaron en virtud de informes del Servicio Central de Policía Judicial contra Joaquín González López.
SEGUNDO.- Por la Brigada Central de Policía Judicial, se solicita, mediante el precedente oficio, autorización
para penetrar y efectuar un registro en el domicilio de Joaquín González López en c/ Tórtolas 9 chalet, de Las
Rozas. (Madrid)
II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.-El art. 18, párrafo 2º de la vigente ley sobre Control de Cambios
hace referencia a los artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemplan la
posibilidad de que el Juez o Tribunal que conociere de la causa pueda decretar la entrada y registro en
cualquier domicilio particular o local cerrado cuando la urgencia del caso lo hiciere necesario, incluso sin
necesidad de consentimiento del interesado y en virtud de Auto motivado, siempre y cuando existan indicios
de que en dicho domicilio o lugares cerrados puedan hallarse efectos o instrumentos de delito, como ocurre
en el caso de autos. Por otra parte, el articulo 18.2 de la vigente Constitución Española subordina la
posibilidad de entrada y registro en el domicilio particular a la previa obtención del consentimiento del titular
del mismo o de resolución judicial que así lo autorizara. SEGUNDO.- En el presente caso, y apreciando las
diligencias de investigación practicadas y los motivos que se expresan en la solicitud, hay motivos
bastantes para acceder a la petición de entrada y registro formulada por la Brigada Central de Policía
Judicial, y en los términos que en la parte dispositiva se dirán.
III.- PARTE DISPOSITIVA Se autoriza la entrada y registro durante las horas del día o de la noche, en el
domicilio de Centro Informático de Joaquín González López, en c/ Juan de Juanes Nº 1 posterior de
Móstoles, efectuándose la misma el día 9 de enero de 1.992. La presente autorización se confiere al Ilmo. Sr.
Comisario Jefe de la Brigada Central de Policía Judicial, acompañado de Perito Informático, o en los
funcionarios adscritos a la misma, en quienes delegue, y habrá de notificarse al interesado y practicarse con
arreglo a las prescripciones legales, concediéndose a los funcionarios que efectúen el registro, la facultad
para examen y ocupación de cuantos documentos y efectos constituyan medios de prueba de la
perpetración de un delito monetarios. Expídanse al efecto el oportuno mandamiento. Esta autorización
tendrá un plazo de 24 horas, a partir de su fecha. Así lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. MIGUEL
MOREIRAS CABALLERO, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº Tres. Firmado y rubricado
.Miguel Moreiras Caballero. Y a fin de que se lleve a efecto la investigación de lo acordado, libro a V.I. el
presente, que deberá devolverme una vez diligenciado. Dado en Madrid a treinta de diciembre de mil
novecientos noventa y uno.
7-1-92 **** DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN. En Madrid, y en los locales del Servicio Central de Policía Judicial,
Grupo de Fraudes, siendo las nueve horas del día siete de Enero de mil novecientos noventa y dos, por
Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía con número de carné profesional 12.585 y 14.526, que
actúan como Instructor y Secretario de las presentes, para HACER CONSTAR:
Que con motivo de la denuncia presentada el pasado día once de Julio de mil novecientos noventa y
uno, en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Móstoles (Madrid) por Oscar CALLADO PALOMO,
con número de registro 12.881, remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de esa localidad, se tuvo
conocimiento en este Servicio Central de Policía Judicial de los hechos referidos en la misma.
Que los citados hechos consistían en la imputación de presuntos delitos de cohecho y revelación de
secretos a Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, que al parecer era el propietario de la empresa PUBLIGEST, S.A., la
cual tiene su domicilio social en la calle Alcalá número doscientos once de Madrid, si bien su laboratorio
está sito en la calle Juan de Juanes número uno Que las gestiones realizadas por los Funcionarios del Grupo
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de Fraudes del Servicio Central de Policía Judicial dieron como fruto, la averiguación de que efectivamente,
el citado Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ cuyos demás datos de filiación son: Nacido en Madrid el nueve de
marzo de mil novecientos treinta y seis, hijo de José y Melitona, con domicilio en la calle Tórtolas número
nueve, chalet, de Las Rozas (Madrid), se dedicaba a la recopilación de diferente clase de información
confidencial y secreta, que no podía adquirir por medios lícitos, la cual posteriormente era inserta en cintas
de ordenador de soporte magnético, por las que creó diferentes bases de datos, que posteriormente eran
ofrecidas a entidades bancarias y otras empresas, mediante la contraprestación de una cantidad pecuniaria
elevada. Que para poder concretar qué clase de información era la que poseía el citado Joaquín GONZÁLEZ
LÓPEZ se solicitó de los Juzgados correspondientes de Móstoles, Majadahonda y Madrid los correspondientes
mandamientos, para la intervención de los teléfonos ubicados en el domicilio y local antes
mencionados, es decir los de la calle Tórtolas número uno de Móstoles y en Alcalá doscientos once de
Madrid. (recordemos que "incomprensiblemente" insistieron ante el Juez de Móstoles para que les autorizara
la intervención de los teléfonos).
Que de dichas intervenciones se pudo concluir que el ámbito de operaciones ejercidas por
GONZÁLEZ LÓPEZ cubría a todo el territorio nacional, ya que había ofrecido su producto a la práctica
totalidad de las Cajas de Ahorros de nuestro Estado, habiendo alguna ya adquirido el mismo, así también se
llegó al conocimiento que esta persona ofrecía gran cantidad de dinero a algunos Funcionarios para que
éstos le facilitasen información privada que poseían por razón de su cargo. Que en vista de lo anterior el
señor Instructor decidió poner los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional, contestando el día
treinta y uno de octubre del pasado año, en oficio remitido a este Servicio Central, la misma, que el Juzgado
de Instrucción Central número tres de dicha Audiencia se hacía cargo en Diligencias Previas número 262/91
de las actuaciones que nos ocupan, y concediendo en la misma fecha la intervención de otros teléfonos
correspondientes a personas también implicadas en esta actividad ilegal.
Que los teléfonos intervenidos en esta ocasión son los correspondientes: Julio TORREGROSA LÓPEZ sito
en la calle Galatea número de la empresa IBER NEW COMPUTER S.A.; y el de su domicilio de la calle Arturo
Soria número trescientos cincuenta y dos, y de Rosa María ÁLVAREZ CANTÓN de la calle Quejigo número
setenta y , chalet de la Moraleja y el de Cesar CABEZAS ÁLVAREZ de la calle Corazón de María cincuenta y
cinco, quinto B, siendo este último funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Que posteriormente
los Juzgados de Instrucción número dos de Móstoles y Majadahonda, se inhibieron a favor del
Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, por lo que éste conoce-... la intervención de
los teléfonos reseñados en primer lugar, que habían sido autorizadas por los otros Juzgados.
Que de estas últimas intervenciones telefónicas, se ha podido averiguar que Rosa María ÁLVAREZ
CANTÓN, alias Carmen ÁLVAREZ, efectúa una actividad delictiva, muy similar a la de Joaquín GONZÁLEZ
LÓPEZ, si bien los clientes de ésta suelen ser empresas y no entidades pero la información que maneja es
también de carácter confidencial y secreto citando como ejemplo el Censo Electoral, relación de
funcionarios, jubilados, parque de vehículos, etc. También se ha desprendido que Rosa María ALVAREZ está
en íntima conexión con otra personal llamada Gabriel USERA, con domicilio en la Urbanización El Tomellar
número diecisiete, chalet, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la cual actúa como socio de la citada Rosa
María ALVAREZ. Al comprobar los funcionarios actuantes que Gabriel USERA estaba implicado en las
actividades que nos ocupan y en otras similares de carácter también ilegal como pueda ser el contrabando
de tabaco, solicitaron al Juzgado de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional la intervención del
teléfono de su domicilio, circunstancia que fue concedida por dicha Audiencia. Que por estos medios se
pudo verificar a través de conversaciones escuchadas, que tanto Gabriel USERA como Rosa María
ALVAREZ se dedican a ser intermediarios en la compra venta de bases informáticas de datos totalmente
secretos, si bien ellos no son los que crean dichas bases.
Que Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ se puso en contacto con Alfonso MARTÍNEZ MELGUIZO, para que
éste guardase en los locales de la empresa DATA-MAIL sitos en la Avenida de Manoteras número veintidós,
nave cuarenta y tres, una copia de seguridad de todas las bases de datos del citado Joaquín, (ignoro que le
hace suponer esto último a este señor ¿?) a la vez que está en negocio conjuntamente con su socio Ricardo,
para que los tres creen una sociedad con vistas a que en un futuro, Alfonso y Ricardo se encarguen del
manejo de la citada base de datos, mediante el pago de una cantidad vitalicia de unas quinientas mil pesetas
mensuales a Joaquín GONZÁLEZ, siendo en este caso Joaquín el encargado solamente de buscar la
información para la actualización de la referida base de datos. Que también hay otra persona llamada Carlos
ÁLVAREZ-CANTÓN OBREGÓN que trabaja informatizando datos para Joaquín GONZÁLEZ, y que sirve de
contacto entre éste y Carmen ÁLVAREZ, participando en los beneficios resultantes de estos hechos
delictivos. (Datos, pruebas, no falsas acusaciones. Ni los actos son delictivos, contando incluso con la
calenturienta mente de estos individuos, ni Carlos tenía conmigo más contacto que el informático,
simplemente por que de haber yo sospechado siquiera que el podía robarme como hacia mi denunciante le
habría vetado el paso).
Que asimismo, se ha podido saber que Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ ha ofrecido a una funcionaría de
la Presidencia de la Comunidad Autónoma andaluza, identificada como Rosario BARRIO GONZÁLEZ, una
suma elevada de dinero para que ésta le ponga en contacto con un jefe de servicio del Ministerio de Industria
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de dicha comunidad, con ánimo de convencer a dicho Jefe de Servicio para que mediante el pago de una
cantidad aproximadamente de cinco millones de pesetas les facilite todos los datos secretos del parque
informático automovilístico de Andalucía. A esté funcionario lo conocí y le entregue una petición escrita,
debidamente registrada el 16 de octubre de 1990, posteriormente, en enero o febrero conocí a esta señora o
señorita a través de su prima hija de un íntimo amigo, emigrante en "Sau Paulo").
Que por lo anteriormente expuesto el señor Instructor decide se solicite al Juzgado de Instrucción
Central número Tres de la Audiencia Nacional los correspondientes mandamientos de entrada y registro, de
los domicilios antes reseñados, con el fin de proceder a la intervención de todo el material ilegal que en ellos
se encuentren, así como a la detención de las personas implicadas en el hecho ilegal en cuestión. CONSTE Y
CERTIFICO. DILIGENCIA. Se extiende para hacer constar que en base a lo anterior, el señor Instructor ordena
a funcionarios del Grupo de Fraudes, para que se personen en el Juzgado de Instrucción Central número
Tres y soliciten mandamiento de entrada y registro en los siguientes domicilios.
* Local de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ sito en la calle Juan de Juanes nº uno posterior de Móstoles.
* Domicilio de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ ubicado en la calle Tórtolas nº nueve chalet de Las Rozas.
* Calle Galatea número diecisiete chalet, de Julio TORREGROSA LÓPEZ.
* Avda. Manoteras número veintidós nave cuarenta y tres de Alfonso MARTÍNEZ MELGUIZO.
* Calle Quejigo número setenta y siete chalet, de El Soto de la Moraleja de Rosa María ÁLVAREZ-
CANTÓN OBREGÓN.
* Calle Baeza número cinco escalera cuatro apartamento cuatrocientos seis de Carlos ALVAREZ-
CANTÓN OBREGÓN.
* Urbanización El Tomellar número diecisiete chalet de San Lorenzo de El Escorial de Gabriel USERA
GONZÁLEZ.
* Que todos los mandamientos solicitados fueron concedidos por el titular del Juzgado en cuestión,
para que se realizasen en el transcurso del día nueve del presente mes. ----------CONSTE Y CERTIFICO.---------
9-01-92 **** COMPARECENCIA. Siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos del día nueve del presente
mes, y ante la misma instrucción, comparecen los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con número
de carné profesionales 12.697, 14.939 y 16.613, quienes presentan en este acto en calidad de detenida a Rosa
María ÁLVAREZ-CANTÓN OBREGÓN nacida en Madrid el dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y
dos, hija de Carlos y Oliva, y MANIFIESTAN: Que sobre las once horas del día de hoy y en virtud de lo
ordenado por el Juzgado de Instrucción Central número Tres, procedieron a desplazarse al domicilio de la
reseñada sito en la calle Quejigo número setenta y siete, chalet, en el Soto de la Moraleja, para proceder a su
detención, y si fuese necesario efectuar el correspondiente registro en el domicilio de la misma.
Que efectivamente les fue franqueada la entrada a dicho domicilio y instaron a la citada Rosa María
ÁLVAREZ-CANTÓN a que les acompañase a estas dependencias policiales, no oponiendo ninguna clase de
impedimento, considerando estos funcionarios después de mantener conversación con la detenida que no
era necesario ni oportuna efectuar registro en la vivienda, por lo que se limitaron a trasladarla a este Servicio
Central de Policía Judicial. Que si bien no se cumplimentó por motivos policiales el citado mandamiento de
entrada y registro, éste le fue mostrado a la detenida. Que firman la presente en unión del señor Instructor de
lo que como Secretario CERTIFICO. DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS. Se extiende para hacer
constar que el señor Instructor dispone sea informada a la detenida de los derechos que le asisten según la
legislación vigente en acta independiente que se adjunta. ----CONSTE Y CERTIFICO.---------
COMPARECENCIA. Siendo las trece horas diez minutos del diecinueve del corriente mes y ante la misma
Instrucción comparece los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con número de carné profesionales
14.021 , 14.354 y 28.330, quienes presentan en calidad de detenidos a: Ricardo ALCÁNTARA VEGA nacido en
Cáceres el día veintidós de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve hijo de José y Luisa y Alfonso
MARTÍNEZ MELGUIZO nacido en Madrid el treinta y Junio de mil novecientos cincuenta y uno, hijo de
Alfonso y Carmen y MANIFIESTAN: Que a las once horas del día de hoy se desplazaron al local sito en la
Avenida de Manoteras número veintidós, nace cuarenta y tres, teniendo en su poder un mandamiento de
entrada y registro para el mismo concedido por el Juzgado de Instrucción Central número Tres, a efectos de
cumplimentar el mismo. Que una vez en dicho establecimiento comunicaron su intención al segundo de los
reseñados, al cual mostraron el citado mandamiento, accediendo los actuantes al interior y procediendo a
intervenir los efectos que se reseñan en el acta de intervención que adjuntan, 75 cintas magnéticas con
diferente membrete de informaciones secretas, tales como parque de vehículos y censo, listado de
ordenador y dos facturas expedidas por la Sociedad PUBLIGEST, S.A. por valor de un millón ciento veinte
mil pesetas cada una. Que firman la presente en unión del señor Instructor de lo que como Secretario
CERTIFICO. DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS. Se extiende para hacer constar que el señor
Instructor dispone sean informados los detenidos reseñados en la comparecencia anterior de los derechos
que les asisten según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ---------CONSTE Y CERTIFICO.------
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COMPARECENCIA. Siendo las quince horas del día nueve de enero del presente año y ante la misma
Instrucción comparecen los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía titulares de los carnés
profesionales números 13.301, 13.672, 15.934 y 14.526 los cuales presentan en este acto lo reseñado en el
acta de intervención que adjuntan y MANIFIESTAN. Que sobre las diez horas veinte minutos del día de la
fecha y con motivo de cumplimentar el correspondiente mandamiento de entrada y registro expedido por el
Juzgado de Instrucción Central número Tres, se personaron en el local sito en la calle Juan de Juanes
número uno posterior de Móstoles en compañía del Secretario de dicho Juzgado y de un licenciado en
informática juramentado como perito, que actuaba como técnico. Que una vez en dicho sitio y estando la
puerta abierta, penetraron en el mismo, encontrándose en su interior a las siguientes personas: María Pilar
LÓPEZ CUEVAS con D.N.I. núm. 50.092.620, que actuaba como encargado de dicho establecimiento. Alberto
Rolando CENTENO SILVA. Carlos ÁLVAREZ OBREGÓN nacido en Madrid el siete de Julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro, hijo de Carlos y de Oliva.
Que los funcionarios actuantes procedieron a la detención del último de los reseñados, por ser éste
uno de los objetivos de la operación policial, siendo ordenado su traslado preventivamente a la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad de Móstoles, para ser posteriormente trasladado a las
dependencias de este Servicio Central de Policía Judicial. Que pudieron comprobar que en el local en
cuestión había cerca de 500 cintas magnéticas de ordenador IBM en las cuales se podría apreciar claramente
membretes tales como funcionarios, parque de vehículos, censo electoral y otros similares conteniendo
información totalmente secreta y confidencial imposible de adquirir por medios lícitos. Asimismo, existe una
sala de ordenadores también de la marca IBM los cuales estaban en pleno funcionamiento.
Que ante la imposibilidad de que los técnicos informáticos que se encontraban en dicho lugar
pudieran acceder a los ordenadores que nos ocupan debido a que no estaban especializados en los mismos,
se comunicó telefónicamente con Su Señoría exponiendo el problema, contestando la Autoridad Judicial que
hasta que fuese posible disponer de un técnico especializado en los aparatos IBM, circunstancia que
ocurrirá en el día de mañana, se procediese a clausurar dicho local, quedando éste custodiado por Policías
uniformados. Que se procedió a obedecer las instrucciones anteriormente mencionadas, cerrando la puerta
el propietario del laboratorio, es decir Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, quien se había personado en el mismo en
el transcurso de la mañana, el cual quedó en posesión de los dos juegos de llaves existentes.
Que también se significa que al mencionado Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ se le comunicó que
quedaba detenido y fue trasladado a la Comisaría de Móstoles para su posterior traslado a este Servicio
Central de Policía Judicial. Que no tienen más que manifestar firmando la presente en unión del Señor
Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO. DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS. Se
extiende para hacer constar que el señor instructor dispone sean informados los dos detenidos reseñados
en la comparecencia anterior de los derechos que les asisten según la legislación vigente en acta
independiente que se adjunta. ---------CONSTE Y CERTIFICO----------
COMPARECENCIA. Siendo las quince horas quince minutos del día nueve del presente mes y ante la misma
instrucción comparecen los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnés profesionales números
60.166, 65.249 y MANIFIESTAN. Que sobre las diez horas cuarenta minutos del día de la fecha se personaron
en la calle Tórtolas número nueve chalet de Las Rozas para cumplir el mandamiento de entrada y registro
expedido por el titular del Juzgado de Instrucción Central número Tres en dicha vivienda, y proceder a la
detención del propietario de la misma, llamado Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ. Que debido a que dicha persona
acababa de ser detenida por otros funcionarios policiales, decidieron entrar en el citado chalet y registrarlo
como les había sido ordenado. Que una vez en el mismo y en presencia de un oficial habilitado y de un
técnico en informática, intervinieron entre otros efectos reseñados en el acta de intervención que adjuntan:
dos ordenadores, trescientos setenta y cinco diskettes, ciento cuarenta y siete cintas con membrete de
informaciones secretas y abundante documentación. Que asimismo intervinieron diferente munición de
distinto calibre, cuatro rifles del calibre trescientos, cinco escopetas y cuatro pistolas sin identificar, no
teniendo ninguna de las armas su correspondiente guía de pertenencia. Que todo lo intervenido fue trasladado
a esta Dependencia policial. Que al citado registro asistió el Instructor de las presentes. Que no tiene
más que manifestar firmando en unión del señor Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO.
COMPARECENCIA. Siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos del día nueve de los corrientes y ante la
misma instrucción comparecen los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carné profesionales
números 14.205 y 16.728, quienes presentan en calidad de detenido a Anibal MORENO CRESPO, nacido en
Naharros (Cuenca) el día tres de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, hijo de Valeriano y Dolores, y
MANIFIESTAN: Que a las once horas del día de la fecha se personaron en la calle Galatea número diecisiete
chalet, al objeto de cumplimentar mandamiento de entrada y registro expedido por el Juzgado de Instrucción
Central número tres , compañía de un Funcionario de dicho Juzgado y de un Perito juramentado, licenciado
en informática. Que en el citado domicilio expusieron el objeto de su visita al detenido reseñado
anteriormente, el cual les facilitó la entrada, procediendo los actuantes a intervenir los efectos reseñados en
el acta de intervención que adjuntan a la presente, entre los que cabe destacar la ocupación de trescientas
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setenta y tres cintas magnéticas de IBM, conteniendo información confidencial y secreta, obtenida por
medios ilícitos, sobre materia reservada tales como la relativa a l censo, relación de funcionarios, y parque
automovilístico de vehículos, ciento treinta y nueve diskettes y diferente documentación. Que firman la
presente en unión del señor Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO. DILIGENCIA DE INFORMA-
CIÓN DE DERECHOS. Se extiende para hacer constar que el señor Instructor dispone sea informado el
detenido reseñado en la comparecencia anterior de los derechos que le asisten, según la Legislación
vigente. --------CONSTE Y CERTIFICO------------
COMPARECENCIA. Siendo las catorce horas del día nueve de enero del presente año y ante la misma
instrucción comparecen los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con número de carné profesionales
16.175, 18.049 y 50.896 quienes MANIFIESTAN: Que a las once horas del día de la fecha procedieron a
cumplimentar el mandamiento de entrada y registro expedido por el Juzgado Central de Instrucción número
tres en la vivienda sita en la calle Baeza número cinco, escalera cuatro apartamento cuatrocientos seis, cuyo
titular es Carlos ÁLVAREZ OBREGÓN. Que al no encontrarse en el mismo su titular, se efectuó el registro en
presencia de su hijo Carlos José Ramón ÁLVAREZ SAMANIEGO nacido el dos de noviembre de mil
novecientos sesenta y siete en Asunción (Paraguay) hijo de Carlos y Nivea, con D.N.I. 2.902.735. Que se
intervino los efectos reseñados en el acta de intervención que se adjunta, entre los que cabe destacar
trescientas nueve cintas magnéticas de ordenador IBM conteniendo información reservada y de imposible
adquisición legal, así como diferente documentación. Que en el registro estuvieron presentes además de los
actuantes y del reseñado anteriormente un técnico informático juramentado como perito y un funcionario del
Juzgado de Instrucción Central número tres, habilitado para el caso. Que no tiene más que manifestar
firmando la presente junto con el señor Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO.
COMPARECENCIA. Siendo las dieciséis horas del día nueve de enero del presente año, y ante la misma
Instrucción comparecen los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesionales números
16.809, 18.017, 19.454 y 65.249, y presentan en calidad de detenido a Gabriel USERA GONZÁLEZ nacido en
Madrid el diecisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos, hijo de Gabriel y Margarita, y
MANIFIESTAN: Que a las diez horas del día de la fecha montaron un dispositivo de vigilancia en las
proximidades del domicilio del detenido, dando como resultado que a las once horas salieron del mismo el
reseñado y su esposa María del Carmen MACIAS ROSADO nacida en Estepa (Sevilla) el cuatro de diciembre
de mil novecientos cuarenta y uno, hija de Antonio y Rosario, por lo que procedieron a su detención y
traslado de ambos a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad de Pozuelo donde les fue
informado de los derechos que les asisten según la legislación vigente en actas independientes que se
adjuntan a las presentes. Que posteriormente sobre las catorce horas y diez minutos el mismo día, se
desplazaron al domicilio de los detenidos para cumplimentar en el mismo un mandamiento de entrada y
registro expedido por el Juzgado de Instrucción Central número tres. Que dicho registro se realizó en
presencia de dos testigos y de un oficial de dicho Juzgado habilitado para esa función, siendo el resultado el
mismo NEGATIVO. Que a las quince horas, quince minutos, después de haber tomado declaración a la
detenida anteriormente reseñada, y en vista de que no existían en principio circunstancias que demostrasen
que era partícipe en la actividad delictiva que se está investigando, se procedió a ponerla en LIBERTAD. Que
firman la presente en unión del señor Instructor de lo que CERTIFICO. DILIGENCIA. Se extiende para hacer
constar que el horario señalado en las comparecencias es el real en que se efectuaron, si bien el orden de
las mismas no es cronológico, debido a que el señor Instructor tuvo que desplazarse a cumplimentar otro
mandamiento de entrada y registro, como consta en la cuarta comparecencia. CONSTE Y CERTIFICO.
DILIGENCIA. Se extiende para hacer constar que después de efectuar los diferentes registros que figuran en
las comparecencias anteriores, fueron precintados en los sitios que existían, los correspondientes
ordenadores, ya que los mismo contienen en sus discos gran cantidad de información que en el acto no se
pudo descubrir por falta de medios técnicos, a la espera de lo que decida esa Autoridad Judicial. CONSTE Y
CERTIFICO. DILIGENCIA. Se extiende para hacer constar que todos los registros se efectuaron en presencia
de funcionarios judiciales del Juzgado de Instrucción Central número tres, siendo éstos quienes expidieron
las correspondientes actas de intervención. -----------CONSTE Y CERTIFICO.----------- DILIGENCIA. Se extiende
para hacer constar que fueron informados de las detenciones realizadas los Juzgados de Instrucción de
Guardia de las localidades donde se efectuaron. ----------CONSTE Y CERTIFICO.--------------
DILIGENCIA. Se extiende para hacer constar que los efectos reseñados en todas las actas de intervención
presentadas en las correspondientes comparecencias, quedan depositados para su estudio en los locales
del Servicio Central de Policía Judicial a la espera de su envío al sitio apropiado para su análisis. --CONSTE
Y CERTIFICO.-------
10-1-92 *** DON MIGUEL MOREIRAS CABALLERO, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº TRES DE MADRID. AL ILMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA CENTRAL DE
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POLICÍA JUDICIAL hago saber: En este Juzgado se instruyen Diligencias Previas 262/91 en las cuales se ha
dictado auto en el día de hoy, del tenor siguiente: A U T O .- En Madrid a diez de enero de mil novecientos
noventa y dos. Dada cuenta; la comunicación que precede únase a la diligencias de su razón a los fines
procedentes. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Las presentes Diligencias Previas 262/91 de este
juzgado se incoaron en virtud de informes del Servicio Central de Policía Judicial contra Joaquín González
López. SEGUNDO.- Por la Brigada Central de Policía Judicial, se solicita, mediante el precedente oficio,
autorización para penetrar y efectuar un registro en Centro Informático de Joaquín González López en c/
Juan de Juanes posterior, MOSTOLES. II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-El art. 18, párrafo 2º de la vigente ley sobre Control de Cambios hace referencia a los
artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemplan la posibilidad de que el Juez
o Tribunal que conociere de la causa pueda decretar la entrada y registro en cualquier domicilio particular o
local cerrado cuando la urgencia del caso lo hiciere necesario, incluso sin necesidad de consentimiento del
interesado y en virtud de Auto motivado, siempre y cuando existan indicios de que en dicho domicilio o
lugares cerrados puedan hallarse efectos o instrumentos de delito, como ocurre en el caso de autos. Por
otra parte, el articulo 18.2 de la vigente Constitución Española subordina la posibilidad de entrada y registro
en el domicilio particular a la previa obtención del consentimiento del titular del mismo o de resolución
judicial que as∩lo autorizara. SEGUNDO.- En el presente caso, y apreciando las diligencias de investigación
practicadas y los motivos que se expresan en la solicitud, hay motivos bastantes para acceder a la petición
de entrada y registro formulada por la Brigada Central de Policía Judicial, y en los términos que en la parte
dispositiva se dirán.
III.- PARTE DISPOSITIVA Se autoriza la entrada y registro durante las horas del día o de la noche, en el
domicilio de Centro Informático de Joaquín González López, en c/ Juan de Juanes Nº 1 posterior de
Móstoles, efectuándose la misma el día 10 de enero de 1.992, y once del mismo mes y año, por un tiempo
total de cuarenta y ocho horas. La presente autorización se confiere al Ilmo. Sr. Comisario Jefe de la Brigada
Central de Policía Judicial, acompañado de Perito Informático, o en los funcionarios adscritos a la misma, en
quienes delegue, y habrá de notificarse al interesado y practicarse con arreglo a las prescripciones legales,
concediéndose a los funcionarios que efectúen el registro, la facultad para examen y ocupación de cuantos
documentos y efectos constituyan medios de prueba de la perpetración de un delito monetario. Expídanse al
efecto el oportuno mandamiento. Esta autorización tendrá un plazo de 24 horas, a partir de su fecha.
Así lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO, Magistrado Juez del Juzgado
Central de Instrucción nº Tres. Firmado y rubricado .Miguel Moreiras Caballero. Y a fin de que se lleve a
efecto la investigación de lo acordado, libro a V.I. el presente, que deberá devolverme una vez diligenciado.
Dado en Madrid, a diez de enero de mil novecientos noventa y dos.
El 9 de enero de 1992, al entrar nuestro mandante en los locales que tenia alquilados al empleador de Oscar Callado Palomo
(que meses después supo que fue el quien presento la denuncia iniciaria http://padrecoraje.es/pdf/denunciainiciaria.pdf), el
Inspector Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía judicial con carne profesional número 14.526, al reclamar nuestro
poderdante la falta de legalidad en la autorización judicial para intervenir cintas de ordenador con una autorización
firmada al amparo del artículo 18, párrafo 2º de la Ley sobre Control de Cambios “concediéndose a los funcionarios
que efectúen el registro, la facultad para examen y ocupación de cuantos documentos y efectos constituyan medios
de prueba de la perpetración de un delito monetarios”, se le mintió, como al día siguiente se le mintió a los medios de
comunicación social asistentes a la rueda de prensa especialmente preparada diciendo que: La operación policial se
había iniciado cuando ante el juez de los delitos monetarios, un ciudadano llamado Manuel denunció a
quines le enviaron una carta publicitaria en la que figuraba su segundo nombre propio, Algimiro, dato que
sólo conocía su familia y la Seguridad Social razón por la que, tras recibir la denuncia se abrieron unas
Diligencias y la operación se puso en marcha y después de realizar las pertinentes actuaciones judiciales el juez que
había autorizado el registro se inhibiría ante el Juez o Tribunal al que le correspondiera conocer.
Ese mimo día, 9 de enero de 1992, supuestamente a instancias del Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo don José Antonio Martín Pallín, en su calidad de Director de “ABC”, don Luís María Ansón recibió y publico en la
primera página de “ABC” la primicia informativa que se le entregó el mismo día en que siete personas inocentes fuimos
victimas de un delito de detención ilegal por contrario a las normas del Derecho Internacional, ya que el CAPITULO IV del
Código Penal entonces vigente DE LA VIOLACIÓN DE SECRETOS dispone: 367. El funcionario público que revelare los
secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio, o entregare indebidamente papeles o copia de papeles
que tenga a su cargo y no deban ser publicados incurrirá en las penas de suspensión y multa de 5.000 a 10.000
pesetas. Si de la revelación o de la entrega de papeles resultare grave daño para la causa pública o para tercero, las
penas serán las de prisión menor e inhabilitación especial. 368. El funcionario público que sabiendo, por razón, de su
cargo, los secretos de un particular, los descubriere, incurrirá en las penas de arresto mayor, suspensión y multa de
5.000 a 25.000 pesetas. Y ninguna de las personas detenidas y acusadas públicamente de banda de tráfico de datos
informáticos y secretos era funcionario público y los datos con los que traficaban eran íntimos y secretos que jamás podrá
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ecopilar la Administración General del Estado ni ese artículo del Código Penal hace referencia a este tema. Supuesta razón
por la que el prestigioso programa “Informe Semanal” al que supuestamente obligaron a ocupar un espacio al tema de la Red
de Tráfico de Datos Informáticos lo tituló “Delito sin Ley”
DESCUBREN LA VENTA ILEGAL DE DATOS INFORMÁTICOS DE MILLONES DE ESPAÑOLES La Policía Judicial ha puesto al
descubierto una red ilegal de venta de bases de datos informatizadas que se obtenían de archivos estatales como los de la Seguridad
Social, la Dirección General de Tráfico o incluso la oficina del Censo. De esta forma habían logrado reunir un banco de informes sobre
más de 20 millones de españoles, que vendían al mejor postor. Los funcionarios de la Brigada Central de Policía Judicial encargados
del caso han detenido al presunto «cerebro» de la red y a cinco colaboradores e intervenido material informático por valor de más de
mil millones de pesetas, según han informado a ABC fuentes próximas a Interior.
Esta es la primera ocasión en que la Policía interviene para desmantelar un negocio que mueve al año cantidades
multimillonarias y que tiene entre sus principales entidades financieras, bancarias y de venta de servicios, en un momento en el que
todavía se discuten los proyectos de ley para el secreto de los datos informáticos y garantizar su confidencialidad y el derecho a la
intimidad.
La operación a podido efectuarse gracias a una información recibida hace más de seis meses por los policías de la Brigada
Central, según la cual existía un individuo que ofrecía en venta bases de datos a determinadas empresas. En concreto, este individuo
identificado como Carlos A.O., era capaz de vender a los interesados, listas de direcciones de más de veinte millones de españoles.
Tras descubrirse que poseía un domicilio en el pueblo de Las Rozas y de una sala de ordenadores en la localidad de
Móstoles, la Policía comenzó una agotadora y discretísima misión de vigilancia que, a lo largo de estos meses, ha permitido poner al
descubierto una amplia red de colaboradores, que había extendido el negocio a toda España.
La Policía acudió entonces a la Audiencia Nacional, que facilitó los correspondientes mandamientos de registro. En casa del
«cerebro» de la operación, los policías, acompañados de un perito informático, descubrieron más de un centenar de soportes
magnéticos que fueron confiscados al igual que numerosa documentación. En el local de Móstoles se intervinieron más documentos y
medio millar de soportes magnéticos, con etiquetas que los identificaban como bases de datos. En este establecimiento funcionaba una
sala de ordenadores con todos los elementos para procesar tan elevadas magnitudes de información.
Junto a él fueron detenidos como presuntos implicados en la red Rosa María A. C., Gabriel U.G; Aníbal M. C., que poseía al
parecer otro medio millar de soportes informáticos y Ricardo A.V. y Alfonso M.M. En poder de éstos últimos se descubrió otra sala de
potentes ordenadores tipo IBM, que quedó precintada al igual que todos los documentos y materiales que se encontraban en el interior.
Ese mismo día en la página 49 pública “ABC”, el artículo también firmado por J.L. Semprún vemos:
DESARTICULADA UNA RED QUE VENDÍA DATOS DEL CENSO, SEGURIDAD SOCIAL Y TRÁFICO DISPONÍAN DE
INFORMES SOBRE MÁS DE VEINTE MILLONES DE ESPAÑOLES La policía ha desmantelado una red ilegal de venta de datos
informatizados de más de veinte millones de españoles que obtenían de archivos tales como la Seguridad Social, la Dirección
General de Tráfico o incluso la misma oficina del Censo. A LA BANDA, QUE OPERABA EN TODA ESPAÑA, SE LE HA
CONFISCADO MATERIAL POR VALOR DE MÁS DE MIL MILLONES DE PESETAS Y TODAVÍA SE DESCONOCEN LAS
GANANCIAS OBTENIDAS QUE SE SUPONEN MULTIMILLONARIAS. Los funcionarios de la Brigada Central de la Policía Judicial
encargados del caso han detenido al presunto «cerebro» de la red, Carlos A.V., y a cinco de sus colaboradores e intervenidos grandes
cantidades de soportes informáticos de todo tipo que todavía se estudian para conocer el alcance de la información que contienen. No
obstante, en fuentes del Ministerio del Interior se ha informado a ABC que entre el material intervenido figuran listados procedentes
según todos los indicios de los archivos de la Seguridad Social, con datos acerca de cotizaciones y pagos de los ciudadanos: de la
Dirección General de Tráfico, con direcciones actualizadas y modelos de automóviles; de otros organismos con nuevos informes,
incluso, del propio Censo. Como se sabe, esta oficina ha recogido en su última campaña un cuestionario en el que figura hasta el tipo
de cuarto de baño que utiliza cada ciudadano. Con tan formidable archivo, la banda era capaz de vender a entidades financieras,
bancarias y de «marketing» listados a la medida, ordenados por edades, profesiones, estado civil, sexo, nivel de estudios, etc. Estas
empresas basan gran parte de su negocio en la obtención de datos para conocer a sus compradores potenciales y dirigirse
directamente a ellos, sin perder tiempo y dinero en llegar a quienes, por su perfil personal o profesional, quedarían descartados de su
cartera de clientes. Hasta el momento este mercado negro, que mueve al año cantidades multimillonarias, había permanecido en la
sombra, precisamente en unos meses en que los que todavía se discuten las iniciativas legales para el secreto de los datos
informáticos y garantizar su confidencialidad y el Derecho a la intimidad.
LARGA INVESTIGACIÓN. La operación comenzó hace más de seis meses cuando funcionarios de la Brigada Central de Policía
Judicial conocieron la existencia de un individuo que ofrecía en venta bases de datos a empresas. Identificado como Carlos A.O., se
supo que era capaz de vender, en cualquier lugar de España y a cualquier cliente, listas de direcciones de más de veinte millones de
personas, actualizadas hasta los últimos detalles, y con todos los datos que sólo podían haber sido obtenidos ilegalmente de
ordenadores oficiales. Según parece, el precio que cobraba la red por las informaciones dependía de la cantidad de asientos (cada una
de las direcciones o nombres) con lo que se alcanzaban facturaciones millonarias. El principal sospechoso, que disponía de un
domicilio en el pueblo de Las Rozas y de un departamento de ordenadores en la localidad de Móstoles, fue objeto de una meticulosa
investigación. A lo largo de estos meses, el paciente trabajo de los inspectores ha permitido poner al descubierto su red de colaboradores,
y todavía prosiguen las investigaciones para averiguar si existen más cómplices.
Cuando se tuvo la certeza de que se obtenían datos de forma ilegal, la Audiencia Nacional facilitó las órdenes de entrada y registró en
los domicilios de los sospechosos. En casa del «cerebro» de la red, los policías acompañados de un perito informático, descubrieron
más de cien soportes magnéticos de ordenador y numerosa documentación. En el local de Móstoles se intervinieron asimismo más
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documentos y medio millar de soportes magnéticos, etiquetados como bases de datos. En este establecimiento funcionaba una sala de
potentes ordenadores tipo IBM, necesarios para procesar las enormes cantidades de información y efectuar nuevos listados de
acuerdo con las peticiones recibidas de los clientes, que se realizaban por medio de impresoras láser. De forma paralela, la Policía
Judicial procedía a la detención de los otros sospechosos, como presuntos implicados en la red. Se trata de Rosa María A. C., Gabriel
U.G.; Aníbal M. C., que poseía al parecer otro medio millar de soportes informáticos que han sido incautados, y Ricardo A.V. y Alfonso
M.M Los dos últimos trabajaban también con otra sala de grandes ordenadores del mismo tipo que la anterior, que quedó precintada al
igual que todos los documentos y materiales que se encontraban en el interior y que ahora investigan los expertos en informática de la
Dirección General de Policía. Todos los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales para ser interrogados y serán
puestos a disposición de la autoridad judicial, que será quien decida acerca de su ingreso en prisión o puesta en libertad de acuerdo
con los informes presentados.
En esta “primicia informativa” que supuestamente el Magistrado Juez de los delitos monetarios don Miguel Moreiras Caballero,
a su requerimiento, facilito al Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín o alguno
de sus cómplices, adolece del error de considerar máximo responsable a Carlos Álvarez Obregón y no a Joaquín González
López como acontece en uno de los documentos reproducidos en las testimoniadas fotocopias de las Diligencias 262/91 del
Juzgado de Instrucción Central nº 3 de los de la Audiencia Nacional, actualmente incluidas en las 666/91 de los de Móstoles
que –si no las han quemado o hecho desaparecer- actualmente se encuentran en las dependencias de la Audiencia Provincial
de Madrid.
La primicia informativa facilitada a don Luís María Ansón (gran colaborador del partido conservador), y el arduo trabajo que
supuestamente tuvieron los miembros de aquel Grupo de presión o lobby presidido por el Magistrado Martín Pallín solicitando
información a los medios para que acudieran a la rueda de prensa e informaran, solamente en Madrid, desencadeno las
siguientes noticias en la prensa escrita:
NO DEBEN SUS SEÑORÍAS OLVIDAR QUE LA INFORMACIÓN QUE PUBLICARON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL LOS FACILITARON EL PORTAVOZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y EL INSPECTOR JEFE DEL
GRUPO DE FRAUDES DE LA POLICÍA JUDICIAL QUE ACTUÓ COMO INSTRUCTOR EN LAS DILIGENCIAS.
11-01-92 "ABC" LA RED ILEGAL DE COMPRA VENTA DE DATOS DISPONÍA DE MÁS MATERIAL QUE LA POLICÍA Y
HACIENDA (Sección Sociedad) LA RED DE COMPRA-VENTA DE DATOS SABÍA MÁS DE LOS CIUDADANOS QUE LA
PROPIA POLICÍA
AYER SE ANUNCIÓ QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS HABRÁ NUEVAS DETENCIONES Madrid S.S.E.
Manuel Giménez, jefe de prensa de la Comisaría General de la Policía Judicial, aseguró ayer que prosigue la investigación
sobre la red que vendía ilegalmente datos informáticos de 21 millones de españoles, y que en los próximos días se producirán
nuevas detenciones. Como informó ABC en exclusiva en su número de ayer, seis hombres y una mujer fueron detenidos el jueves
como presuntos miembros de la citada organización
Giménez indicó que no podía asegurar el número exacto de personas implicadas, pero que en cualquier caso «será
elevado», y que la red almacenaba, para realizar operaciones de publicidad y venta a domicilio, «más información que la propia
Policía» o que el famoso ordenador «Berta» del Ministerio de Economía. Los detenidos son Joaquín González López,....
El máximo responsable de la red es Joaquín González López, un chófer de 55 años propietario de la empresa de publicidad «Publi-
Gest», con sede en el número 1 de la calle Juan de Juanes de la localidad madrileña de Móstoles. González López se dedicaba a
comprar bancos de datos diversos organismos oficiales y privados, como la Dirección General de Tráfico, la Seguridad Social, el
Censo o diferentes empresas y entidades bancarias.
FUNCIONARIOS SIN IDENTIFICAR. Este formidable archivo, conseguido con la mediación de funcionarios y trabajadores
de las entidades que todavía no han sido identificados, era después vendido a empresas de publicidad y de venta a domicilio que
se basaban en ella para contactar por correo con determinadas personas.
Las empresas podían así obtener hasta 47 datos sobre las cuentas bancarias, el coche, el domicilio y la situación laboral,
social y personal de cerca de 21 millones de ciudadanos, aproximadamente la mitad de la población española. Muchos se
explicarán ahora cómo en su buzón aparecía correo publicitario de firmas con las que jamás habían tenido contacto alguno.
«Esto es un atentado a la intimidad de las personas», señaló Manuel Giménez. Los beneficios obtenidos a través de la
compraventa de esta información podrían ascender a varios miles de millones de pesetas, ya que la red disponía de ordenadores
potentísimos, cuyo valor en alguno de los casos ascendía a mil millones de pesetas.
Como informó ABC, las investigaciones sobre el caso empezaron hace varios meses y aún no se han dado por
concluidas, ya que la Policía tiene ahora que analizar cerca de 2.000 soportes informáticos y varios ordenadores de gran potencia
que han sido intervenidos en los registros de siete locales; el de la calle Juan de Juanes de Móstoles, y otros situados en un chalet
de la calle..... ...y en la calle Tórtola de las Rozas.
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La primera pista seguida por la Policía en esta trama la dio un ciudadano, llamado Manuel, que recibió en su casa una
carta publicitaria con su segundo nombre, Algimiro, que sólo conocen su familia y la Seguridad Social. Tras ello, presentó una
denuncia y el recién creado Grupo de Fraudes de la Sección de Delincuencia Económico-Financiera comenzó a indagar.
Las pesquisas policiales se dirigen ahora a identificar a los funcionarios y empleados que vendieron los bancos de datos y
las empresas que compraron la información. «A los primeros -según el portavoz de la Dirección General de la Policía- se les podría
acusar de revelación de secretos y de cohecho, mientras que a los segundos sólo se les imputaría éste último delito y el de
receptación». Giménez explicó que éste es «un delito moderno» cuya tipificación está pendiente de la aprobación del proyecto de
ley que regule y proteja los secretos informáticos. Se quejó de que hasta ahora no se haya articulado una legislación que permita
tratar convenientemente estos delitos, y auguró que el destino final de todo el material incautado sería el fuego.
Los detenidos y el material intervenido se encuentran en las dependencias de los Servicios Centrales de la Policía Judicial
a la espera de que en las próximas horas pasen a disposición del Juzgado tres de la Audiencia Nacional, que entiende de delitos
económicos.
11-01-92 "ABC". Sevilla Página 22. LA RED DE COMPRA-VENTA DE DATOS SABÍA MÁS DE LOS CIUDADANOS
QUE LA PROPIA POLICÍA. Ayer se anunció que en los próximos días habrá nuevas detenciones. Manuel Giménez, Jefe de
Prensa de la Comisaría General de la Policía Judicial, aseguró ayer que prosigue la investigación sobre la red que vendía
ilegalmente datos informáticos de 21 millones de españoles, y que en los próximos días se producirán nuevas
detenciones. Como informó ABC en exclusiva en su número de ayer, seis hombres y una mujer fueron detenidos el jueves
como presuntos miembros de la citada organización. Madrid S.S.E.
Giménez indicó que no podía asegurar el número exacto de personas implicadas, pero que en cualquier caso "será
elevado", y que la red almacenaba, para realizar operaciones de publicidad y venta a domicilio, "más información que la propia
policía", o que el famoso ordenador "BERTA" del Ministerio de Economía. Los detenidos son Joaquín González López, ...
El máximo responsable de la red es Joaquín González López, un chófer de 55 años propietario de la empresa de
publicidad "Publi-Gest", con sede en el número 1 de la calle Juan de Juanes de la localidad madrileña de Móstoles. González López
se dedicaba a comprar bancos de datos de diversos organismos oficiales y privados, como la propia Dirección General de Tráfico,
La Seg. Social, el Censo o diferentes empresas o entidades bancarias.
FUNCIONARIOS SIN IDENTIFICAR.. Este formidable archivo, conseguido con la mediación de funcionarios y
trabajadores de las entidades que todavía no han sido identificadas, eran después vendidos a empresas de publicidad y de venta a
domicilio que se basaban en ella para contactar por correo con determinadas personas.
Las empresas podían así obtener hasta 47 datos sobre las cuentas bancarias, el coche, el domicilio y la situación laboral,
social y personal de cerca de 21 millones de ciudadanos, aproximadamente la mitad de la población española. Muchos se
explicarán ahora cómo en su buzón aparecía correo publicitario de firmas con las que jamás habían tenido contacto alguno.
"Esto es un atentado a la intimidad de las personas", señaló Manuel Giménez. Los beneficios obtenidos a través de la
compraventa de esta información podrían ascender a varios miles de millones de pesetas, ya que la red disponía de ordenadores
potentísimos cuyo valor en algunos casos ascendía a mil millones de pesetas.
Como informó ABC, las investigaciones sobre el caso empezaron hace varios meses y aún no se han dado por
concluidas, ya que la policía tiene ahora que analizar cerca de 2.000 soportes informáticos y varios ordenadores de gran potencia
que han sido intervenidos en los registros de siete locales: el de la calle Juan de Juanes de Móstoles, y otros situados en un chalet
de la calle ... y en la calle Tórtolas de la localidad de Las Rozas.
La primera pista seguida por la Policía en esta trama la dio un ciudadano, llamado Manuel, que recibió en su casa una
carta publicitaria con su segundo nombre, Algimiro, que sólo conoce su familia y la Seg. Social. Tras ello, presentó una denuncia y
el recién creado grupo de fraudes de la sección de delincuencia económico financiera comenzó a indagar.
Las pesquisas policiales se dirigen ahora a identificar a los funcionarios y empleados que vendieron los bancos de datos y
las empresas que compraron la información. "A los primeros - según el portavoz de la Dirección General de la Policía - se les podría
acusar de revelación de secretos y de cohecho, mientras que a los segundos sólo se les imputaría este último delito y el de
receptación". Giménez explicó que este es "un delito moderno" cuya tipificación está pendiente de la aprobación del proyecto de
Ley que regule y proteja los delitos informáticos. Se quejó de que hasta ahora no se haya articulado una legislación que permita
tratar convenientemente estos delitos, y auguró que el destino final de todo el material incautado sería el fuego.
Los detenidos y el material intervenido se encuentran en las dependencias de los servicios centrales de la policía judicial a
la espera de que en las próximas horas pasen a disposición del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, que entiende de delitos
económicos.
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11-01-92 "El País", en portada: FUNCIONARIOS DE TRES MINISTERIOS VENDÍAN DATOS RESERVADOS DE 21
MILLONES DE ESPAÑOLES. Ud. tiene grandes posibilidades de que el saldo de su cuenta corriente y su declaración de la renta
estén ya en manos de..... ...a una empresa que trafica con ellos. La policía ha detenido a siete personas e incautado material
informático valorado en 1.000 millones de pesetas.
Saldos de cuentas bancarias, sueldo domicilio, declaraciones de la renta , número de la seguridad social...
Sociedad página 16 Luz Sánchez Mellado, Madrid. LA POLICÍA INVESTIGA A LOS FUNCIONARIOS QUE VENDÍAN
DATOS PRIVADOS A UNA RED DE TRAFICANTES. Los detenidos son Joaquín González López, de profesión chófer, cerebro
del grupo; Carlos Álvarez Obregón, Gabriel Usera Fernández, Aníbal Moreno Crespo, Ricardo Alcántara Vega y Alfonso Martínez
Melquizo. Todos ellos pasaron ayer a disposición de la Audiencia Nacional.
La operación policial se inició hace varios meses, cuando un ciudadano llamado Manuel recibió en su casa una carta
publicitaria en la que figuraba su segundo nombre propio, Algimiro, dato que sólo conocía su familia y la Seguridad Social ya que
únicamente en documentos oficiales de este organismo había incluido su segundo nombre, Manuel Argimiro denunció el hecho, y la
operación se puso en marcha.
1.000 MILLONES DE PESETAS. Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a tres inmuebles de Madrid. Dos de
ellos en un piso en Móstoles y una nave industrial en Madrid eran sede de las empresas Publi-Gest y Data Mail, ambas propiedad
de Joaquín González. En los tres locales la policía requisó material informático valorado en 1.000 millones de pesetas entre discos
de ordenador de gran capacidad, diskettes, documentación y tres ordenadores de gran calidad. Según la policía, la venta de esta
información debe haberles reportado a los detenidos unos beneficios fabulosos.
En estos soportes se hallaban registrados datos de hasta 21 millones de españoles " más que los acumulados en el
famoso ordenador Berta del Ministerio de Economía", según afirmó ayer el portavoz de la dirección General de la Policía, Manuel
Giménez. La información contenida en los discos incluía, entre otros datos, números o saldos de cuentas corrientes, declaraciones
de la renta, número de la Seguridad Social, situación familiar, domicilio, datos laborales e, incluso, las respuestas de los ciudadanos
registrados a las preguntas del último censo electoral.
Con este material, los detenidos, elaboraban listados a la carta para venderlos a empresas financieras y de servicios,
interesadas en conocer las características de millones de hipotéticos clientes. Como ejemplo de la oferta de la red de traficantes,
entre las cintas incautadas, se encuentra una bajo el epígrafe Los mejores coches de Madrid, y otra con el: Deportistas aficionados.
Por las características de la información, la policía cree que los detenidos adquirían los datos a funcionarios de los Ministerios de
Interior, Trabajo, Seguridad Social y Hacienda, entre otros, además de a otros empleados de empresas privadas como bancos o
concesionarios de automóviles.
La policía ha comenzado ya a investigar la lista de proveedores de los detenidos y considera "muy probable" que se
produzcan nuevas detenciones en los próximos días. Los miembros de la red fueron detenidos por presuntos delitos de cohecho. Si
se produce alguna detención de funcionarios, éstos pueden ser acusados de presuntos delitos de cohecho y revelación de
secretos.
José Quevedo, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), manifestó ayer a Radio Nacional de España:
"Tenemos la absoluta seguridad de que del INE no ha podido salir ningún dato en soporte informático. Es imposible porque el censo
de población hay una orden que obliga a no grabar en ningún soporte informático, ni el nombre ni el apellido ni la dirección de
ningún ciudadano. Los datos no han podido salir de nuestras cintas porque no existen tales cintas.
Actualmente hay un vacío legal sobre este tipo de delitos ya que la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos Personales está en trámite parlamentario. La Comisión de Libertades e Informática EMITIÓ AYER una nota
en la que critica a los "sucesivos gobiernos democráticos" por no haber impedido con leyes el uso descontrolado de las tecnologías
informáticas".
11-1-1992 "LA VANGUARDIA" Portada: Tenían más información sobre 21 millones de españoles que la propia
policía DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA VENTA DE DATOS INFORMÁTICOS MADRID: La policía española ha
desarticulado en Madrid la más importante red conocida hasta la fecha dedicada a la compraventa de bases de datos, que
manejaba unos 800 millones de datos informáticos y disponía de 47 registros de cerca de 21 millones de españoles, la mitad de la
población del país. De esta manera los siete detenidos tenían acceso a más información sobre los españoles que la propia policía.
La banda se dedicaba a elaborar listas con bases de datos personales que posteriormente vendía a precios muy elevados a
empresas generalmente dedicadas al "buzoneo". Entre el material incautado por la policía se encuentran tres ordenadores
valorados en más de 500 millones de pesetas cada uno. Los siete detenidos, que pararán a disposición judicial, serán acusados de
delitos de cohecho y de revelación de secretos. Portavoces de la policía no descartan que en las próximas horas se produzcan
nuevas detenciones. Se especula que entre esas nuevas detenciones podrían encontrarse funcionarios de Tráfico, Seguridad
Social o del censo, que vendían información a la red. Todos los detenidos tienen edades comprendidas entre los 38 y los 56 años, y
la mayoría son expertos en informática. páginas 17 y 18.
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Página 17 completa: Carlos Novo Madrid. UNA RED ROBABA INFORMACIÓN OFICIAL Y VENDÍA DATOS PRIVADOS
DE 21 MILLONES DE ESPAÑOLES SUCESOS: Atentado a la intimidad informática de los ciudadanos.
La banda se dedicaba a elaborar listas con bases de datos personales que posteriormente vendía, a precios muy
elevados, a empresas generalmente dedicadas al "buzoneo". Entre el material incautado figuran tres ordenadores
valorados en más de 1.500 millones de pesetas.
La policía española desarticuló el jueves la mayor red conocida hasta la fecha dedicada a la compra venta de bases de
datos y ha detenido a siete personas. La red manejaba unos 800 millones de datos informáticos y disponía de hasta 47 datos de 21
millones de españoles, es decir, la mitad de la población del país.
La banda se dedicaba a elaborar listas con bases de datos personales que posteriormente vendía, a precios muy
elevados, a empresas generalmente dedicadas al "buzoneo". Las empresas podían así obtener datos sobre las cuentas bancarias,
el coche, el domicilio y la situación laboral, social y personal de más de la mitad de la población española. "Esto, entre otras cosas,
es un atentado a la intimidad de las personas, ni la propia policía tiene tanta información sobre los ciudadanos", señaló Manuel
Giménez, portavoz de la Dirección General de la Policía.
Entre el material aprehendido destacan tres ordenadores valorados en más de 500 millones de pesetas cada uno.
Giménez afirmó que se desconoce con exactitud el volumen de las ganancias de la red, si bien "seguro que el total del
negocio supera los 1.500 millones de pesetas".
Los siete detenidos, que pasarán a disposición judicial en las próximas horas, están acusados de delitos de cohecho y de
revelación de secretos. Aunque la policía no descarta que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones, ya que en
estos momentos las pesquisas policiales van encaminadas a descubrir a los funcionarios que vendían información a los detenidos.
Según las primeras investigaciones, la red desarticulada obtenía muchos datos de organismos públicos, como la Dirección General
de Tráfico, la Seguridad Social y la oficina del censo.
Los investigadores descartan que entre los posibles clientes de esta banda se encuentren organizaciones terroristas o
partidos políticos y, caso de que sean culpables, los compradores de esta información pueden ser acusados de un delito de
receptación. Las siete detenciones se practicaron el pasado jueves en Madrid y sus alrededores. Para la policía, el presunto cerebro
de la red es Joaquín González López, de 55 años, chófer de profesión y propietario de la empresa Publi-Gest. S.A. ubicada en
Móstoles, una ciudad dormitorio al sur de Madrid, que era utilizada como tapadera.
Los otros seis detenidos son: Carlos Álvarez Obregón, Rosa María Álvarez, Gabriel Usera González, Aníbal Moreno
Crespo, Ricardo Alcántara Vega y Alfonso Martínez Melguizo, todos ellos con edades comprendidas entre los 38 y los 56 años, y la
mayoría expertos en informática.
La operación policial empezó hace unos seis meses, cuando funcionarios de la brigada central de la policía judicial
empezaron a seguir la pista de una persona que publicaba anuncios en la prensa, anunciando la venta de bases de datos que
abarcaban 21 millones de personas de toda España.
La investigación policial culminó el jueves con siete registros domiciliarios. Cuatro de ellos ofrecieron resultados positivos:
en la calle Juan de Juanes, de Móstoles; un apartamento de la calle Tórtolas, en Las Rozas, y dos chalet en las calles Galatea y
avenida Manoteras, de Madrid. En estos registros la policía se incautó de abundante material, entre el que destacan tres
ordenadores IBM y unos 2.000 diskettes.
Esta es la segunda operación de este tipo que la policía española ha practicado. La primera, de menor envergadura, tuvo
lugar hace escasas semanas en Santander. En aquel entonces, la policía detuvo a un detective privado que también se dedicaba a
la compra venta de bases de datos personales.
El portavoz de la policía valoró lo complicado de las investigaciones, "dado que este tipo de delito es muy difícil de
demostrar, sobre todo por la ausencia de legislación al respecto". Precisamente el proyecto de ley orgánica de regulación del
tratamiento automatizado de datos personales (LORTAD) se encuentra en fase parlamentaria en el Congreso, a la espera de su
aprobación.
Los siete detenidos, así como las diligencias del caso, pasarán a disposición del juzgado de instrucción número tres de la
Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Miguel Moreiras encargado de los delitos monetarios.*
BANCOS DE DATOS. Todos los ciudadanos de los países occidentales están fichados por más de un ordenador
y, en ocasiones, estos listados entrecruzan sus informaciones. Hay bases de datos públicas, privadas y, muy pronto,
intercontinentales. Alrededor de cincuenta bases de datos contienen información de ciudadanos españoles.
BERTA. Es el nombre del superordenador central de la policía española situado en El Escorial (Madrid). Registra los datos
del DNI incluidas las huellas dactilares, pasaporte, fichero policial, matrículas de coche y movimientos de visitantes en los hoteles.
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DUQUE DE AHUMADA. Es el ordenador de la Guardia Civil, incluye, aparte de los informes propios. los datos de licencias
de armas, embarcaciones deportivas y registro de terrorismo y narcotráfico.
RITA. Otro nombre de mujer para el ordenador de Hacienda. Procesa cerca de cuarenta tipos de datos de unos veinte
millones de españoles especialmente gracias a las declaraciones de renta y de IVA.
TELEFÓNICA. Tiene registrados los datos de 12 millones de abonados, los que figuran en sus guías, y a través de una
empresa intermediaria, Coditel, los vende a las empresas de marketing directo agrupados en función de diversas variables.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Posee los datos de todos los españoles a partir de los censos y de sus
constantes renovaciones. Permite extraer el censo electoral y la Encuesta de Población Activa.
EDUCACIÓN. Este ministerio posee información sobre los nueve millones de escolares y universitarios, así como de
profesores y funcionarios.
MINISTERIO DE TRABAJO. Posee datos de casi todos los españoles a partir de los registros de trabajadores Seguridad
Social y del Inem.
BANCOS Y CAJAS. Las entidades financieras poseen listados de las cuentas y tarjetas de crédito de sus clientes, que
pueden facilitar a Hacienda durante las inspecciones fiscales.
COLEGIOS PROFESIONALES. Los anuarios informatizados de los diversos colegios profesionales son muy apreciados
por las empresas publicitarias, sobre todo algunos como los de los médicos. Hay también entidades con un banco muy amplio
como es el Real Automóvil Club de Catalunya.
GRANDES ALMACENES. Los datos que poseen los grandes almacenes como El Corte Inglés o Galerías Preciados de
sus clientes son también cada vez más completos.
"LIST-BROKERS". Nombre que se da a las empresas que venden listas compiladas de posibles clientes a sociedades de
marketing directo.
Página 18 prácticamente completa: Sucesos: El debate sobre el control informático de los ciudadanos EL SECTOR
TEME QUE EL GOBIERNO UTILICE EL CASO PARA IMPULSAR LA POLÉMICA LEY DE CONTROL DE DATOS * La
actuación policial contra una red de compra venta de datos informáticos ha levantado suspicacias tanto entre los que se
oponen al proyecto de ley de control de datos como entre las empresas que critican el rigor de la normativa y temen que el
caso sea instrumentalizado para aprobar el texto sin cambios. Josep Playá Maset Barcelona
La Comisión de Libertades e Informática (CLI) valora positivamente la desarticulación de la red dedicada a la compraventa
de datos personales y considera que esta operación contribuirá a sensibilizar a la opinión pública respecto a la importancia del
problema, pero teme que el Gobierno instrumentalice esa operación para aprobar sin modificaciones el proyecto de ley orgánica de
regulación del tratamiento automatizado de datos personales (LORTAD), que está ahora en trámite en el Congreso.
La CLI se mostró pesimista sobre la posibilidad de que el Gobierno acepte alguna de las 41 enmiendas presentadas por
esa comisión, que afectan a 26 de los 48 artículos del texto. La CLI está en profundo desacuerdo con el proyecto de ley, al que
considera "una bomba de relojería para nuestra democracia".
Las entidades y asociaciones que integran la CLI -sindicatos, asociaciones de técnicos en informática y de derechos
humanos- entienden que la ley debe aplicarse tanto a los ficheros de titularidad pública como privada, reduciendo al mínimo
imprescindible las exclusiones respecto a los primeros que, en todo caso, deberían estar bajo control, judicial en ocasiones, y de la
Agencia de Protección de Datos establecida por la ley, en otras.
Diversos directivos de las empresas encargadas de la confección de bancos de datos se han quejado del rigor del
proyecto de ley y consideran que mientras estas firmas no empleen los llamados "datos sensibles" (sobre religión, ideología,
etcétera), no puede prohibirse el uso de datos personales como el domicilio, el sexo, profesión y otros. El anteproyecto legal
especifica que sólo podrán ser recogidas y tratadas informaciones personales si existe el consentimiento por escrito de la persona
afectada. Este sector teme que los partidarios del control exhaustivo de las "empresas de datos" utilicen en su favor la
desarticulación de la red de tráfico de datos.
Los fabricantes de "mailings" sostienen que son las empresas las que confeccionan, con informaciones propias, la mayoría
de los listados. Muchos ficheros se forman con la participación voluntaria del cliente al responder a cuestionarios, solicitar
información o ser "capturado" por la estrategia de la empresa. Es el caso de una empresa de jabones, que obsequiaba a sus
compradoras con una carta astrológica de su bebé si rellenaban una ficha con los datos de su hijo. Este reclamo sirvió para crear
un amplio fichero de recién nacidos.
La Asociación Española de Marketing Directo propuso la confección de una "lista Robinson", donde se inscribieran
quienes no deseen recibir publicidad directa en su buzón, y algunas universidades incluyen en las hojas de matrícula una pregunta
en la que se solicita autorización del alumno para vender sus datos personales.
23

UNA CONOCIDA FIRMA AUTOMOVILÍSTICA DESTINA EL 30% DE SU GASTO EN COMUNICACIÓN A
ACTUALIZAR SU BANCO DE DATOS. El éxito de las empresas pioneras en la venta por correspondencia ha fomentado la
proliferación de agencias de publicidad y sociedades de venta de listados ("list-brokers"). Recientemente, una marca de coches
creó su propio banco de datos, al que destina el 30 % de su presupuesto de comunicación. Este archivo estaba formado con datos
procedentes de Tráfico y de su servicio de ventas. Otras empresas de productos infantiles compran listados a las guarderías para
enviar publicidad a los padres de los alumnos.
Las empresas pueden comprar también listas compiladas a precios que oscilan entre las 5 y las 10 pesetas por dato. En
ocasiones no se compra el diskette con los datos sino etiquetas con las direcciones. La facturación de las empresas de venta por
correo en España puede ascender a finales de este año a 150.000 millones de pesetas.*
INDEFINICIÓN LEGAL CONTRA LOS NUEVOS USOS Y TRAMPAS DE LA INFORMÁTICA Barcelona.- Hace pocos
meses, en Alemania se celebró un juicio contra una madre que trabajaba en un ayuntamiento de una gran ciudad y durante años
manipuló el censo municipal reduciendo periódicamente la edad de su hijo. De esta forma, su hijo nunca estaba entre los chicos de
17 años llamados por la oficina de reclutamiento. El juez no encontró fácilmente argumentos jurídicos para condenarla. No había
delito contra la propiedad y la ley sobre falsificación de documentos especificaba que debía ser sobre soporte escrito, pero no
banda magnética. Tuvo que apelar a la manipulación de datos oficiales.
No es el único caso con dificultades jurídicas para valorar una manipulación de datos informatizados. La primera
legislación sobre el delito informático se promulgó en 1978 en el estado de Florida (EE.UU.) y hasta finales de los 80 no nacen las
primeras leyes en Europa. El interés de los estados obedece especialmente al deseo de regular la piratería informática y el boicot o
espionaje de datos reservados, singularmente militares.
En los juzgados europeos, la mayoría de delitos informáticos denunciados lo han sido por robos en cajeros automáticos.
Las denuncias por utilización indebida de datos personales son aún mínimas y no se dirigen contra las empresas privadas como
hacía la Administración pública. Alemania vive una gran polémica sobre los archivos de la Stasi, la policía política de la República
Democrática Alemana. En 1984, en España salió a relucir el destino de los ficheros policiales del franquismo al ser detenido en
Barajas el entonces dirigente comunista Enrique Curiel. El videoterminal de Barajas, conectado al superordenador Berta de la
Policía, tenía fichado a Curiel por sus antecedentes, que debían haber sido destruidos tras la amnistía de 1977.
SUPERFICHEROS EUROPEOS. El uso por el estado de datos confidenciales es considerado por algunas asociaciones
de defensa de los derechos humanos como un peligro contra las libertades personales. La mayoría de leyes aprobadas en países
europeos imponen la prohibición de intercambiar datos entre distintas administraciones públicas, como Tráfico, Hacienda y Policía.
Sin embargo, existe ya un acuerdo entre ocho países europeos, entre los que se encuentra España, para la constitución en
Estrasburgo de un "superfichero" policial que intercambiará datos criminales.*
11-01-92 "El Mundo" Portada y página 17 (anónimo) DESARTICULADA UNA RED QUE VENDÍA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL SOBRE 21 MILLONES DE ESPAÑOLES
* Ofrecían hasta 47 datos -desde estado civil hasta saldo bancario- procedentes de organismos como la
Seguridad Social y Tráfico.
* Los siete detenidos disponían de un montante informático valorado en 1.500 millones de pesetas.
* Ante el vacío legal los implicados sólo podrán ser acusados de cohecho si se descubre a sus cómplices en
organismos oficiales.
Madrid.- La Policía ha desarticulado un red que vendía información confidencial sobre más de 21 millones de españoles.
Los siete detenidos, que vendían información confidencial sobre más de 21 millones de españoles.
Los siete detenidos, que ofrecían hasta 47 datos personales -desde estado civil hasta saldo bancario- procedentes de
organismos como la Seguridad Social o Tráfico, disponían de material informático valorado en más de 1.500 millones de pesetas.
Sin embargo, ante el vacío legal actual, los implicados solo podrán ser acusados de cohecho si se descubre a sus
cómplices en los distintos organismos oficiales, a los que la Policía espera detener próximamente.
Página 17: Debido al vacío legal, sólo podrán ser acusados de cohecho si se descubre a sus cómplices en la Administración -
Ofrecían desde el estado civil hasta el saldo bancario - El responsable un chófer propietario de una empresa de
publicidad.
DETENIDOS SIETE MIEMBROS DE UNA RED QUE TENÍA 47 DATOS CONFIDENCIALES DE 21 MILLONES DE
ESPAÑOLES.
Disponían de un montaje informático de más de 1.500 millones de pesetas.
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La policía a desmantelado una red de compra venta de datos informáticos que almacenaba "más información que la propia
Policía" sobre unos veinte millones de españoles para realizar operaciones de publicidad y venta a domicilio, según la Dirección
General de la Policía.
En la operación policial, realizada anteayer por funcionarios del grupo de fraudes de la Brigada Central de Policía Judicial
ha sido detenido el máximo responsable de la red Joaquín González López un chófer de 55 años propietario de la empresa Publi-
Gest, con sede en la localidad madrileña de Móstoles. Además han sido detenidos seis informáticos con edades comprendidas
entre los 38 y los 56 años.
Sus identidades son: Carlos Álvarez Obregón, Rosa María Álvarez Cantón Obregón, Gabriel Usera González, Aníbal
Moreno Crespo, Ricardo Alcántara Vega y Alfonso Martínez Melguizo, informa EFE.
FUNCIONARIOS IMPLICADOS.- El portavoz de la Dirección General de la Policía explicó que Joaquín González López
se dedicaba a comprar bancos de datos de diversos organismos oficiales y privados como la Dirección General de Trafico, la
Seguridad Social, el Censo o diferentes empresas y bancos.
Esta información que conseguía a través de funcionarios y trabajadores de las entidades que todavía no han sido
identificados, era posteriormente vendida a empresas de publicidad y de venta a domicilio que se basaban en ella para contactar
por correo con determinadas personas.
Las empresas podían así obtener hasta 47 datos sobre las cuentas bancarias, el coche, el domicilio y la situación laboral,
social y personal de 21 millones de ciudadanos, la mitad de la población española.
"Esto entre otras cosas, es un atentado a la intimidad de las personas, ni la propia Policía tiene tanta información sobre los
ciudadanos", señaló Manuel Giménez.
Los beneficios obtenidos a través de la compra venta de esta información podrían ascender a varios miles de millones de
pesetas, ya que la red disponía de ordenadores potentísimos. El material informático que manejaban se ha valorado en 1.500
millones de pesetas.
Las investigaciones policiales sobre el caso se iniciaron hace varios meses y aún no se han dados por concluidas ya que
la Policía tiene ahora que analizar cerca de 2.000 soportes informáticos y varios ordenadores de gran potencia que han sido
intervenidos en los registros de siete locales.
Entre los locales examinados se encuentra el de la calle Juan de Juanes, número 1. (en Móstoles); el chalé de la calle
Galatea número 15 y el de Manoteras 22, nave 43, de Madrid y en la localidad de Las Rozas, también en esta provincia.
En el primero de los domicilios se encontraba la sede de la empresa Publi-Gest, en el segundo, funcionaba una empresa
de informática, mientras que en el tercero de los citados funcionaba una sociedad de mailing denominada Data Mail.
Las pesquisas policiales se dirigen ahora a identificar a los funcionarios y empleados que vendieron los bancos de datos y
las empresas que compraron la información. A los primeros -según el portavoz de la Dirección General de la Policía- se les podría
acusar de revelación de secretos y de cohecho, mientras que a los segundos solo se les imputaría éste ultimo delito y el de
receptación. Así debido al vacío legal, los implicados sólo podrán ser acusados de cohecho si se consigue descubrir a sus
cómplices en organismos oficiales.
Giménez explicó que este es «un delito moderno» cuya tipificación está pendiente de la aprobación del proyecto de ley
que regule y proteja los datos informáticos.
DELITO MODERNO.- Según dijo, los agentes de delitos monetarios no pueden hacer, por este motivo, ninguna acusación
legal contra las numerosas empresas y entidades bancarias compradoras de las informaciones. Los detenidos y el material
intervenido pasarán a disposición del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional.
La Policía sólo había detectado hasta ahora un delito de esas características. Hace un mes, un detective privado fue
detenido en Santander por vender a compañías datos de la Seguridad Social sobre sus posibles nuevos empleados.
MÁS DATOS QUE LA POLICÍA. Los miembros de la red que vendía ilegalmente datos informáticas del Censo, de la
Seguridad Social, de Tráfico o de Hacienda sobre 21 millones de personas, y que fue desarticulada anteayer por la Policía,
conocían unos 47 datos de cada persona, más de los que posee la policía. Joaquín González López, chófer de profesión, se
dedicaba a comprar bancos de datos a determinadas personas, tras lo que se hacía con una serie de datos personales sobre
Seguridad Social, cuentas corrientes, censo, situación laboral o propiedades, que convenientemente cruzados permitían obtener
hasta 47 datos personales de un total de 21 millones de personas, más de la mitad del país. Joaquín González López realizaba
estas operaciones desde una de las tres empresas metidas en el negocio, Publi-Gest. En los (los) ficheros informáticos incautados
se han encontrado listados clasificados de muy diversas formas; mujeres por edades, residentes extranjeros, los mejores coches de
Madrid, jubilados, autónomos, censos electorales de Toledo, Ciudad Real o Burgos, así como cuentas de pensionistas o carnet de
conducir. Es decir ordenados en función de las necesidades de cada cliente. En uno de los ficheros, por ejemplo, figuraban
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procesados 1.999.969 vehículos de Madrid, con todos los datos sobre cada uno de ellos. La policía asegura que el destino final de
la información incautada es el fuego, para tranquilidad de los ciudadanos.
Opinión UNA PREMONICIÓN José A. Santos Miñon.
La publicación del proyecto de Ley de tratamiento automatizado de datos de carácter personal, conocida por Ley de Datos,
provocó reacciones en contra de la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios que en conjunto presentaron varios cientos de
enmiendas. Entre ellas, cinco de totalidad, así como de otras entidades y asociaciones que, de una u otra forma, manifestaron su
oposición al referido proyecto.
Este proyecto de Ley tienen como defectos fundamentales una rigurosa regulación de los archivos informáticos privados
de datos de carácter personal y una excesiva permisividad con respecto a los archivos de igual índole de titularidad pública.
En el debate de totalidad del proyecto de Ley puse de manifiesto los riesgos que, de aprobarse como tal se había
presentado, íbamos a correr y el gran peligro que se producía por el escaso control de los archivos de la Administración.
¿Fue una premonición de lo que iba a ocurrir?. Se puede afirmar que la postura de cuantos nos opusimos al proyecto
tenía su fundamento no en el simple hecho de ser oposición, sino en el estudio profundo del mismo, de sus defectos y carencias,
extrayendo de ello las consecuencias que se podían producir y los problemas que iba a originar su aplicación.
Apenas ha transcurrido un mes del debate en el Congreso de los diputados y ha saltado la noticia; la desarticulación de
una red de compraventa de datos informáticos de carácter personal que afectaba a más de la mitad de los españoles.
Haber llegado a disponer de estos, la intromisión en la intimidad de millones de españoles de por sí es deleznable, pero el
mayor peligro radica en que de la unión de estos datos diferentes, mediante la aplicación de un tratamiento cibernético, se puede
definir el perfil de la persona a que se refieren y el conocimiento de sus inclinaciones y preferencias.
¿Qué normas se les van a aplicar para el castigo de tan punibles acciones? He aquí otro de los grandes defectos del
proyecto de Ley: la carencia de una norma penal que castigue las infracciones a sus previsiones, cuando las mismas revistan
carácter de delito, según la tipificación que se establezca.
11-1-1992 "EL SOL" EFE Madrid LA POLICÍA DESARTICULA UNA RED QUE VENDÍA DATOS PRIVADOS DE "!
MILLONES DE ESPAÑOLES Los ficheros que nutrían los ordenadores requisados eran comprados a funcionarios.
La red de compraventa de datos informáticos desmantelada por la Policía el jueves almacenaba "más información que la
propia policía" sobre unos 21 millones de españoles para operaciones de publicidad y venta a domicilio, según dijo ayer el portavoz
de la Dirección General de la Policía, Manuel Giménez.
En la operación policial, practicada por el Grupo de Fraudes de la Brigada Central de Policía, fue detenido el máximo
responsable de la red, Joaquín González López, un chófer de 55 años propietario de la empresa de publicidad Publi-Gest, con sede
en el número 1 de la calle de Juan de Juanes, de la localidad madrileña de Móstoles.
Además, fueron detenidos seis informáticos con edades comprendidas entre los 38 y los 56 años, cuyas entidades son
Carlos Álvarez Obregón, Rosa María Álvarez Cantón Obregón, Gabriel Usera González, Aníbal Moreno Crespo, Ricardo Alcántara
Vega y Alfonso Martínez Melquizo.
La operación policial continúa aún, para averiguar qué funcionarios de la Administración vendían datos informáticos a los
implicados en la red.
El portavoz de la Dirección General de la Policía explicó ayer que González López compraba bancos de datos de diversos
organismos oficiales y privados como la Dirección General de Tráfico, la Seguridad Social, el Censo o empresas y bancos.
Esta información, que conseguían a través de funcionarios y trabajadores de las entidades que todavía no han sido
identificados era posteriormente vendida a empresas de publicidad y de venta a domicilio que se basaban en ella para enviar por
correo publicidad a determinadas personas.
Las empresas podían así obtener hasta 47 datos sobre las cuentas bancarias, el coche, el domicilio y la situación laboral,
social y personal de cerca de 21 millones de ciudadanos, aproximadamente la mitad de la población española.
"Esto es un atentado a la intimidad; ni la Policía tiene tanta información sobre los ciudadanos" señaló Giménez.
Los beneficios obtenidos a través de la compraventa de esta información podrían ascender a varios miles de millones de
pesetas, ya que la red disponía de ordenadores potenísimos cuyo valor en algunos casos ascendía a mil millones.
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Las investigaciones sobre el caso comenzaron hace varios meses y aún no se han dado por concluidas, ya que la Policía
tiene ahora que analizar cerca de 2.000 soportes informáticos y varios ordenadores de gran potencia que han sido intervenidos en
los registros de siete locales.
TODO UN NEGOCIO.- El presidente del Instituto Nacional de Estadística, José Quevedo, asegura que no existe
posibilidad de que hayan podido filtrarse datos de este organismo en soporte informático, "ya que en el censo de población hay una
orden que obliga a no grabar en soporte magnético ni el nombre, ni el apellido, ni la dirección postal de ningún ciudadano.
Como destacaba recientemente El Sol, el tráfico de datos personales de los ciudadanos se ha convertido, gracias a las
necesidades de la publicidad directa, en un sector económico en alza que mueve unos 200.000 millones de pesetas al año en
España.
Los componentes de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), asociación civil promotora de la llamada ley de datos
que regulará todo este tráfico, se felicitaron ayer por la operación policial. "Hemos denunciado repetidamente la existencia de un
tráfico a gran escala de datos de las administraciones públicas, pero se nos tachó de alarmistas", señalaron.
Según información facilitada por varias empresas de marketing directo o mailing, el mercado de datos es muy variado. Los
ayuntamientos les ceden el censo -que incluye NIF y DNI- a razón de diez o 15 céntimos por nombre y dirección. Coditel, filial de
Telefónica, ofrece nombre, dirección, teléfono y profesión de un ciudadano, en cintas informatizadas, a 2 o 3 pesetas, lo que
elevaría el precio de un listado típico -70.000 direcciones- a unas 200.000 pesetas.
Los ficheros más cotizados, como los que presuntamente manejaban los detenidos, pueden valer varios millones e
incluyen información muy delicada: estado de cuentas bancarias, relaciones personales y familiares, aficiones, etc.
EL "DELITO INFORMÁTICO" SE RETRASA
* LA "LEY DE DATOS", EN PRIMAVERA El delito informático no está regulado aún en España, a la espera de que se
apruebe la controvertida Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD),
conocida como ley de datos, que posiblemente será discutida en el pleno del Congreso esta primavera. La Ley, que se esperaba
para finales del pasado año, impide que la información personal sea manejada sin una autorización expresa del ciudadano, como
ya ocurre en casi todos los países europeos.
Lo que se ha venido denominando hasta ahora delito informático incluía cualquier delito realizado a través de un
ordenador, como por ejemplo el pirateo o uso ilegal de programas de software, la inclusión de datos falsos en un fichero informático,
la creación de virus, etc. Los detenidos en esta operación policial, por lo tanto, serán juzgados, si no es por delito informático porque
no existe como tal, sí por violar normas como la Ley para la Protección de la Intimidad. Los funcionarios públicos que hayan
entregado datos con mala fe y mediante precio serán castigados por el delito de cohecho recogido en el Código Penal, que
establece penas de prisión menor e inhabilitación. La LORTAD pretende acabar con esta diversidad y cubrir todas las posibilidades
de delito con datos personales informatizados.
NUEVA REDACCIÓN DEL CÓDIGO La LORTAD prevé multas de entre 50 y cien millones de pesetas, tanto para la
empresa compradora como para el funcionario que entrega la información, pero es una ley que sólo impone faltas administrativas.
La Comisión de Libertades e Informática opina que las acciones que puedan considerarse delito deberían ser recogidas en la nueva
redacción del Código Penal como delitos informáticos, y estar castigadas igual que el cohecho.
12-01-92 "ABC" OTROS SEIS IMPLICADOS, CUATRO DE ELLOS FUNCIONARIOS EN LA RED ILEGAL DE DATOS
INFORMATICOS (en páginas interiores) SEIS PERSONAS MÁS, IMPLICADAS EN LA RED DE DATOS INFORMÁTICOS.
CUATRO DE ELLAS SON FUNCIONARIOS DE DISTINTOS MINISTERIOS. El Servicio Central de Policía Judicial ha
descubierto ya la implicación de seis personas más, dos Bancos y seis Cajas de Ahorros en la red de compraventa de
datos informáticos desmantelada el jueves en Madrid y que poseía datos personales de 21 millones de españoles. Cuatro
de las nuevas seis personas investigadas son funcionarios de diversos ministerios, mientras que las otras dos son
empresarios del sector de la informática.
Las fuentes policiales informantes no han precisado a qué departamentos oficiales pertenecen estos cuatro funcionarios -
se señala, sin embargo, que ninguno es de la Dirección General de Tráfico (DGT), de donde la red ilegal obtuvo numerosos datos-,
aunque se sabe que podían acceder a las informaciones secretas gracias a sus puestos de trabajo en los Ministerios de Economía
y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social.
Los agentes encargados del caso, que pertenecen al grupo de fraudes del Servicio Central de Policía Judicial de la
Dirección General de la Policía, han descubierto estas nuevas implicaciones durante los primeros análisis de la documentación
incautada a la red desarticulada, en cuya operación han sido detenidas siete personas y de cuya existencia informó ABC en
exclusiva en sus ediciones de Viernes.
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Los primeros datos obtenidos por los investigadores implican también en las actividades ilícitas de la banda a dos Bancos
nacionales y a seis Cajas de Ahorros provinciales, cuyos nombres no han podido ser facilitados por las fuentes consultadas. Estas
fuentes tampoco precisaron si la participación de los Bancos y Cajas , que puede haber sido a través de personas integrantes de
sus plantillas, ha consentido en la compra o venta de datos sobre las cuentas corrientes de sus clientes.
PRESTAN DECLARACIÓN. Ayer mismo el titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, a
cuya disposición han sido puestos los siete detenidos hasta ahora, comenzó a tomarles declaración. Se trata de Joaquín González
López, de 55 años y propietario de la empresa de publicidad Publi-Gest, con sede en la localidad madrileña de Móstoles, y de los
expertos informáticos...... El portavoz de la Dirección General de la Policía explicó el viernes que González López se dedicaba a
comprar bancos de datos de diversos organismos oficiales y privados como la DGT, la Seguridad Social, el Censo o diferentes
empresas y entidades bancarias.
Esta información, que conseguían a través de funcionarios y trabajadores de las entidades, era posteriormente vendida a
empresas de publicidad y de venta a domicilio que se basaban en ella para contactar por correo con determinadas personas. Los
beneficios obtenidos a través de la compraventa de estos datos podrían ascender a varios miles de millones de pesetas ya que la
red disponía de ordenadores potentisimos, cuyo valor ascendería a mil millones.
Por su parte la Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha dado a conocer un comunicado en el que denuncia
que, «a pesar de la evidencia de que estas prácticas ilícitas se vienen efectuando desde hace tiempo, los sucesivos
gobiernos democráticos se han permitido permanecer más de doce años sin dar respuesta legislativa a las exigencias del
artículo 18.4 de nuestra Constitución, lo que ha permitido el uso descontrolado de las tecnologías informáticas».
La Comisión, al referirse al vacío legal existente sobre este tipo de acciones, indica «la necesidad de una
profunda transformación del actual texto de la Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos
Personales (LORTAD), así como la incorporación al nuevo texto de la tipificación de este tipo de delitos, actualmente
penalizables sólo a trvés de otras figuras del Código Penal vigente y de otras leyes no específicas».
Así mismo, la CLI constata que, «lamentablemente, se confirma la exactitud de sus repetidas denuncias sobre la
existencia de un tráfico a gran escala de datos personales procedentes de las Administraciones Públicas, con el resultado
de indefensión total del ciudadano respecto a su intimidad.
Un delito sin tipificar
Al encontrarse todavía la LORTAD en trámite parlamentario, una vez rechazadas las enmiendas propuestas por
los partidos de la oposición, el caso se halla en un vacío legal desde el punto de vista penal. A falta de una tipificación del
delito informático en el Código Penal, los hasta ahora detenidos podrían ser acusados de violar las normas que protegen
la intimidad personal, mientras que los funcionarios que les facilitaron los datos desde diversos organismos oficiales
serían acusados de cohecho, lo que puede significar sólo penas de prisión menor o inhabilitación.
La LORTAD prevé multas de entre 50 y 100 millones de pesetas. pero es una ley que sólo impone faltas administrativas,
por lo que la CLI cree que este tipo de acciones deberían incluirse como delito informático en la nueva redacción del Código Penal y
castigarse de igual manera que el cohecho.
LA CLI ACTUARÁ COMO ACUSADOR PARTICULAR. La comisión de Libertades e Informática (CLI) manifestó ayer
que posiblemente se personará como acusador particular en la causa que se celebra contra los presuntos implicados en
la red de venta de datos informáticos.
Esta comisión envió ayer un comunicado en el que critica la lentitud con la que se está dando respuesta
legislativa a la penalización del uso descontrolado de estas tecnologías informáticas. Aunque valora positivamente la
desarticulación de una red ilegal dedicada a la recogida venta de información personal procedente de bases de datos de
organismos de la Administración Publica, la CLI insistió en la necesidad de una profunda transformación del actual texto
del proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD).
Asimismo considera necesario que se tipifique en el nuevo Código Civil ¿? este tipo de delito.
En ese sentido, la Comisión de Libertades e Informática expresa su confianza en que la noticia de la
desarticulación de esta red sirva para concienciar a la opinión pública sobre la incidencia del mal uso de las tecnologías
informáticas.
Del mismo modo, pide a la administración que tomen medidas pertinentes para evitar estos hechos.
EL INE ASEGURA QUE NO HUBO FILTRACIÓN.
El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), José Quevedo, ha señalado que no existe ninguna posibilidad de
que hayan podido filtrarse datos del INE en soporte informático.
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«Tenemos la absoluta seguridad de que del INE no ha podido salir ningún dato en soporte informático, porque hay una
imposibilidad material, ya que en el censo de población hay una orden que obliga a no grabar en soporte magnético ni el nombre, ni
el apellido, ni la dirección postal de ningún ciudadano.
«Es decir -añadió- no existe ninguna cinta en soporte informático del Instituto Nacional de Estadística del censo de
población donde consten el nombre, apellido y domicilio de los ciudadanos españoles».
Aseguró que, según la ley electoral, el INE sólo puede dar datos personales del censo electoral por vía judicial. «Las listas
del censo electoral sólo se facilitan a los partidos y a las oficinas de las autonomías.
12-1-1992 Domingo "El Mundo" Página 25, sin firma Se desconoce si los bancos compraban o vendían datos sobre
sus clientes. - Expertos informáticos examinaban ayer los ordenadores de los ministerios para detectar fugas de
información. - Hay implicados, al menos, dos empresarios.
DOS BANCOS, SEIS CAJAS Y CUATRO FUNCIONARIOS, IMPLICADOS EN LA VENTA DE DATOS
CONFIDENCIALES PUBLIGEST hizo años atrás trabajos de «mailing» electoral para la UCD y el PSOE. El Servicio Central de
Policía Judicial ha descubierto ya la implicación en la red de compraventa de datos informáticos desmantelada el pasado jueves en
Madrid de, al menos, seis personas más, entre las que se encuentran cuatro funcionarios.
En la red, que poseía información confidencial de 21 millones de españoles, también están implicados dos grandes bancos
nacionales y seis cajas de ahorro.
La empresa Publi-Gest, cuyo propietario, Joaquín González López, ha sido considerado por la policía como el máximo
responsable de la red de compraventa de datos, realizo en 1979 y 1980 trabajos de «mailing» electoral para la hoy extinta UCD y el
PSOE, según ha podido saber EL MUNDO. Ambos partidos contrataron los servicios de Publi-Gest cuando los partidos no tenían
acceso al censo electoral, informa Ángel Muñoz.
Cuatro de los seis nuevos implicados son funcionarios de Ministerios, que han vendido información secreta a la red de
venta de datos confidenciales, y los otros dos son empresarios del sector de la informática.
Las mismas fuentes no pudieron precisar a que departamentos ministeriales pertenecen estos cuatro funcionarios, aunque
indicaron que ninguno de ellos pertenece a la Dirección General de Tráfico (DGT), como en un principio se había rumoreado.
DOS MINISTERIOS.- Los Ministerios en los que trabajan estos empleados públicos son los de Trabajo y Seguridad Social,
y de Economía y Hacienda, según las primeras investigaciones policiales. Aunque al cierre de esta edición aún no se habían
producido nuevas detenciones, fuentes policiales no descartaban que ocurrieran en breve, ya que durante toda la mañana de ayer
expertos informáticos chequeaban los ordenadores y repasaban los programas de todos los ministerios para detectar posibles
fugas de información.
Los agentes policiales encargados del caso, que pertenecen al Grupo de Fraudes del servicio Central de Policía Judicial
de la Dirección General de la Policía han descubierto estas nuevas implicaciones durante los primeros análisis de la documentación
incautada a la red desarticulada, en cuya operación fueron detenidas en un primer momento siete personas. Los primeros datos
obtenidos por los investigadores implican también en las actividades ilícitas de la banda a dos cajas de ahorro provinciales, cuyos
nombres no han podido ser facilitados por las fuentes consultadas.
Estas tampoco pudieron precisar si la participación de los bancos y cajas ha consistido en la compra o en la venta de
datos sobre las cuentas corrientes de sus clientes. El caso lo instruye el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, a cuya
disposición han sido puestas las siete personas detenidas hasta ahora por la Policía. Se trata del máximo responsable de la red,
Joaquín González López, de 55 años y propietario de la empresa de publicidad Publi-Gest, con sede en la localidad madrileña de
Móstoles; y de los informáticos Carlos Álvarez Obregón; Rosa María Cantón Obregón; Gabriel Usera Fernández; Aníbal Moreno
Crespo; Ricardo Alcántara Vega; y Alfonso Martínez Melquizo.
SOBORNO.- Se sabe que los siete detenidos se valían del soborno para conseguir los datos informáticos. Así, el portavoz
de la Dirección General de la Policía explicó que González López se dedicaba a comprar bancos de datos de diversos organismos
oficiales y privados como la Seguridad Social, el Censo o a diferentes empresas y entidades bancarias. Esta información, que
conseguían a través de funcionarios y trabajadores, era posteriormente vendida a empresas de publicidad y de venta a domicilio
que se basaban en ella para contactar por correo con determinadas personas. Los beneficios obtenidos con la explotación de estos
datos podrían ascender a varios miles de millones de pesetas.
Por su parte, el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, dijo ayer en Sevilla; «Estas actuaciones
demuestran que en España hay instrumentos suficientes para garantizar a los ciudadanos que su intimidad será protegida, ya que
es claramente ilegal la adquisición y manipulación de este tipo de datos"».
IU PIDE QUE SEAN DESTRUIDOS LOS ARCHIVOS INCAUTADOS. Los datos informáticos, hasta 47, de 21 millones de
españoles, que esta red de piratería tenía en su poder deben ser destruidos, según los juristas y políticos consultados por este
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periódico. En este sentido se manifestó Antonio Romero, diputado de la coalición Izquierda Unida. Según Romero, todos los datos
que estaban en poder de esta red deben ser destruidos totalmente. «Cuando discutimos en el Parlamento el proyecto de la Ley de
Datos, nuestro grupo ya comparó este "zapatazo informático" con el "zapatazo en la puerta de la Ley Corcuera», dijo Romero, quien
pidió que el Código Penal incluya el delito tecnológico para estos casos. «Y este hecho debe servir para provocar un debate en la
sociedad sobre la situación de indefensión de los españoles. Estamos completamente vendidos. Con este suceso se demuestra
que ni la propia Administración ni el Estado garantizan que estos datos no sean utilizados con fines escandalosos o ajenos al
interés público», dijo Romero. Por último, el diputado de IU recordó que era imprescindible destruir el archivo de la red que fue
desmantelada el pasado jueves. Por su parte, el jurista Enrique Gimbernat también afirmó que los archivos de datos informáticos
deben ser destruidos, porque en caso contrario se produciría un delito de «ilícito comercio», una vez que sean juzgados los
presuntos implicados, ya que hasta ese momento, constituyen la prueba del delito.
LA CLI ACTUARÁ COMO ACUSADOR PARTICULAR. La Comisión de Libertades e Informática (CLI) manifestó ayer
que posiblemente se personará como acusador particular en la causa que se celebre contra los presuntos implicados en la red de
venta de datos informáticos.
Esta Comisión envió ayer un comunicado en el que critica la lentitud con la que se está dando respuesta legislativa a la
penalización del uso descontrolado de estas tecnologías informáticas.
Aunque valora positivamente la desarticulación de una red ilegal dedicada a la recogida y venta de información personal,
procedente de bases de datos de organismos de la Administración Pública, la CLI insiste en la necesidad de una profunda transformación
del actual texto del proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal
(LORTAD).
Asimismo, considera necesario que se tipifique en el nuevo Código Civil este tipo de delito. En este sentido, la Comisión de
Libertades e Informática expresa su confianza en que la noticia de la desarticulación de esta red sirva para concienciar a la opinión
pública sobre la incidencia del mal uso de las tecnologías informáticas. Del mismo modo, pide a la Administración que tomen
medidas pertinentes para evitar estos hechos.
EL INE ASEGURA QUE NO HUBO FILTRACIÓN. El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), José
Quevedo, ha señalado que no existe ninguna posibilidad de que hayan podido filtrarse datos del INE en soporte informático.
«Tenemos la absoluta seguridad de que del INE no ha podido salir ningún dato en soporte informático, porque hay una
imposibilidad material, ya que el censo de población hay una orden que obliga a no grabar en soporte magnético, ni el nombre, ni el
apellido, ni la dirección postal de ningún ciudadano».
«Es decir -añadió- no existe ninguna cinta en soporte informático del Instituto Nacional de Estadística del censo de
población donde consten el nombre, apellido y domicilio de los ciudadanos españoles». Aseguró que, según la ley electoral, el INE
sólo puede dar datos personales del censo electoral por vía judicial . «Las listas del censo electoral sólo se facilitan a los partidos y
a las oficinas de las autonomías».
12-1-1992 "EL SOL" (Anónimo) Página 3 completa: EMPRESARIOS, BANCOS Y CAJAS DE AHORRO SON
INVESTIGADOS POR EL TRÁFICO DE DATOS. La Policía afirma que no hay ningún implicado de la Dirección General de
Tráfico.
LAS INVESTIGACIONES sobre la red de compra y venta de datos informáticos de las Administraciones Públicas a
empresas privadas de publicidad continuaron ayer. Dos empresarios, cuatro funcionarios, dos bancos y seis cajas de
ahorro están siendo investigados.
Pie de Foto: La posibilidades de la informática han multiplicado por mil las posibilidades de la información.
Fuentes policiales aseguraron ayer que de los primeros estudios realizados en la documentación aprehendida a los
implicados en la red de venta de datos personales reservados a empresas privadas de publicidad, se deduce la responsabilidad de
dos empresarios, cuyos nombres no han sido revelados. Estos empresarios están siendo investigados y las mismas fuentes no
descartan una detención inminente de los mismos.
Al mismo tiempo, las mismas fuentes han asegurado que han sido identificados cuatro funcionarios de los ministerios de
Trabajo y Seguridad Social y Economía y Hacienda, que obtenían los datos para venderlos a las citadas empresas de publicidad,
añadiendo que, contra lo que se pensó en unos primeros momentos, ninguno de estos funcionarios presta servicios en la Dirección
general de Tráfico, de donde procedían gran parte de los datos robados y posteriormente vendidos.
Al conocer la supuesta implicación de funcionarios de su departamento, Antonio Zabalza, secretario de Estado de
Hacienda declaró que el secreto informático de los datos que obran en poder de Hacienda está garantizado y añadió que "por la
información que tenemos no hay filtración de datos de Hacienda".
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Los funcionarios de seguridad han afirmado también que se ha detectado la implicación en la operación mercantil
fraudulenta de dos bancos de ámbito nacional y seis cajas de ahorro provinciales.
Las fuentes policiales no precisaron si la participación de los bancos y las cajas de ahorro ha consistido en la compra o en
la venta de datos sobre las cuentas corrientes de sus clientes.
MÓSTOLES. El caso de la compraventa de datos lo instruye el juez de los Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional,
Miguel Moreiras, a cuya disposición han sido puestos los detenidos en la primera fase de la operación policial, entre ellos el
presunto máximo responsable de la red, Joaquín González López, de 55 años y propietario de la empresa de publicidad Publi-Gest,
con sede en la localidad madrileña de Móstoles.
Según las primeras informaciones, González López compraba los datos en la Dirección general de Tráfico, el Censo y
Hacienda. Pero igualmente que han hecho desde Hacienda, fuentes cercanas al Instituto Nacional de Estadística han puesto en
duda que en las investigaciones hayan aparecido datos procedentes directamente del Censo, "porque desde nuestro sistema
informático no hay posibilidad técnica de hacer copias en soporte magnético".
Las mismas fuentes han señalado, sin embargo, que hay que recordar que el censo se entrega, inmediatamente antes de
cada consulta electoral, a los partidos concurrentes a las mismas, sugiriendo que ésta podría ser otra vía de filtración de los datos
reservados.
La operación de desmantelamiento de la red de compraventa de datos informáticos con destino a empresas de publicidad
que utilizaba los mismos en sus campañas comerciales se inició el pasado jueves con la detención de siete personas y está siendo
realizada por el Grupo de Fraudes de la Policía Judicial.
La red desmantelada tenía datos sobre más de 21 millones de españoles procedentes de diversos bancos de datos lo que
suponía "un mayor conocimiento sobre cualquier persona que el que pueden tener las fuerzas de seguridad", informaron varios
responsables policiales.
Los beneficios obtenidos a través de la compraventa de estos datos podrían ascender a varios miles de millones de
pesetas, ya que la red disponía de potentísimos ordenadores cuyo valor está por encima de los mil millones.
INDEFENSIÓN CIUDADANA. Para la Comisión de Libertades e Informática (CLI), los resultados de la investigación
policial confirman las repetidas denuncias formuladas por esta entidad privada, que se había hecho eco de protestas de ciudadanos
sorprendidos de recibir publicidad en la que se suponía el conocimiento de aspectos íntimos de su vida, profesión, propiedades y
circunstancias financieras.
La CLI, que insistió en que los datos sólo podían proceder de la Administración Pública, señala que lo ocurrido "supone la
indefensión total del ciudadano respecto a su intimidad".
Esta entidad recuerda en su comunicado hecho público ayer que las investigaciones policiales coinciden con la tramitación
parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal
(LORTAD) y pide a los partidos que procedan a una "profunda transformación del texto actual" para aumentar las garantías de
protección de los ciudadanos. La CLI exige que se tipifiquen en el nuevo Código Penal en preparación, estos delitos informáticos.
El ministro Virgilio Zapatero declaró ayer, por su parte, que en España existen instrumentos suficientes para garantizar a
los ciudadanos que su intimidad está protegida, "ya que es claramente ilegal la adquisición y manipulación de este tipo de datos".
"Las detenciones recientes", dijo Zapatero, "son una garantía para la intimidad de las personas".
Sin embargo, el proyecto de Ley Orgánica podría quedar invalidado aún antes de estar plenamente en vigor cuando
funcione una directiva europea sobre esta materia. La norma continental obligará a que el órgano que controla las leyes de este tipo
en cada Estado sean independientes del mismo. En el proyecto español de ley se contempla la creación de una Agencia de
Protección de Datos que va a depender del Ministerio de Justicia.
NEGOCIO MULTIMILLONARIO. Las empresas que envían publicidad por correo a nombres que figuran en ficheros
propios, alquilados o, como en el caso descubierto por la Policía comprados fraudulentamente, mueven unos 200.000 millones de
pesetas al año, según fuentes de la Asociación Española de Marketing Directo, que agrupa a 130 firmas del sector publicitario.
Los datos que manejan estas empresas son, originariamente parte de los formularios minuciosos que los ciudadanos
tienen que rellenar al solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito, una suscripción, la compra de un coche a plazos u otras
operaciones comerciales.
El proyecto de ley prevé multas de hasta cien millones de pesetas a las empresas que cedan sus ficheros a otra entidad
distinta a la que recogió los datos. La aplicación de esta norma prohibirá a los bancos, por ejemplo, aprovechar las señas de sus
clientes para enviarles cartas ofreciendo productos.
La citada Asociación Española de Marketing Directo, sin embargo, ha elaborado un informe sobre el proyecto de ley en el
que afirma que "de aprobarse, se convertiría en la ley más restrictiva, perjudicial y costosa de aplicar en toda la CE, para los
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sectores de marketing directo, bancos, seguros, prensa, televisión, radio, tarjetas de crédito y, en definitiva, todas las empresas
privadas españolas que utilicen ficheros de datos personales".
Entre las 130 compañías que constituyen la asociación figuran grandes almacenes, bancos y compañías de seguros que
se dedican parcialmente a la publicidad dirigida, además de empresas de publicidad y firmas dedicadas a la venta por catálogo.
La AEMD ha condenado siempre la actividad de los que ellos llaman piratas de datos y aseguran que el botín de esos
piratas puede incluir desde historiales médicos para promociones de determinados medicamentos, listas de recién nacidos para la
venta de artículos de bebé y relaciones de poseedores de tarjetas de crédito más importantes.
Con estos datos, los piratas obtienen importantes beneficios vendiéndoles a empresas necesitadas de información para
sus promociones.
LA LISTA ROBINSON. Varias instituciones, que se oponen a la manipulación de los datos privados que figuran en poder
de la Administración o de empresas privadas por parte de algunas empresas de marketing y publicidad, han propuesto una medida
de autorregulación, que consiste en la creación de una llamada lista Robinson, es decir, una relación de aquellas personas que
manifiesten pública y voluntariamente que no quieren recibir publicidad por correo y que, para ello, podrán registrarse en esa lista,
tras lo cual deberán ser borrados de los ficheros de las empresas de marketing.
Esta lista, que toma su nombre del personaje de la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, por la decisión de
permanecer en aislamiento, es una medida que, con las leves diferencias, funciona ya en países europeos como Gran Bretaña,
Francia, Holanda y Alemania.
En los últimos años han proliferado en España, ante las diferentes asociaciones de consumidores y en los medios de
comunicación, las denuncias de ciudadanos que se han visto sorprendidos al recibir publicidad de empresas con las que nunca
habían mantenido ninguna relación y en las que daban respuesta a problemas que sólo ellos creían conocer.
Este fenómeno, de reciente aparición, ha planteado problemas similares en todos los países europeos desarrollados, en
alguno de los cuales los parlamentos han tenido que elaborar leyes para proteger la intimidad de sus ciudadanos y asegurarles que
los datos ofrecidos a las administraciones, no van a terminar en manos de empresas de publicidad que los van a utilizar para
intentar colocar sus productos a potenciales clientes seleccionados cuidadosamente en base a esa información que debe ser
reservada.
13-01-92 "El País" CH. Nogueira / J.M. Lázaro Portada LOS TRAFICANTES DE LISTAS INFORMÁTICAS RECOGÍAN
DATOS DE LA VIDA ÍNTIMA. La lista con los 21 millones de españoles cuyos datos reservados eran vendidos por una red de
tráfico informático desarticulada por la policía contenía en varios casos si el ciudadano tenía o no amante, lo que pone de manifiesto
que los traficantes no sólo habían comprado listas oficiales o bancarias, sino que habían conseguido datos íntimos de ciudadanos.
La policía desconoce cómo adquirieron semejante información.
Mientras, el juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, dejó ayer en libertad a seis de los siete detenidos en relación con
la red. La legislación española no contiene aún los delitos en los que han podido incurrir. Sólo ingreso en prisión Joaquín González
López.
En el interior, página 20 vemos: Sólo uno de los siete detenidos ha ingresado en prisión tras declarar ante el Juez LOS
TRAFICANTES DE DATOS INFORMÁTICOS INCLUÍAN INFORMACIÓN ÍNTIMA EN SU OFERTA, SEGÚN LA POLICÍA. En la
información ofrecida por la red de tráfico de datos informáticos desarticulada el pasado viernes figuran "las amantes de
algunos señores", informaron ayer fuentes policiales. Los clientes incluyen a seis cajas de ahorros provinciales y dos
bancos de ámbito nacional, cuyos nombres no se han hecho públicos. Por su parte, el juez de los delitos monetarios,
Miguel Moreiras, dejó ayer en libertad a seis de los siete detenidos, ninguno de los cuales es funcionario. La Policía
Judicial espera practicar nuevas detenciones de personas vinculadas a la red y un grupo de agentes ha viajado a
Andalucía con este fin.
Cuatro funcionarios y dos empresarios informáticos siguen siendo los principales sospechosos para la policía. De los
detenidos hasta ahora, Joaquín González López, es el único para el que el juez decretó ayer la prisión incondicional, obtenía los
datos de los registros públicos como el de la Propiedad, el mercantil o la lista del censo, según su abogado, Carlos Pardo, quien
aseguró que las detenciones tratan de abonar el terreno "para la discusión parlamentaria de la ley de datos informáticos".
Los ficheros incautados, referidos a 21 millones de españoles, incluyen "pocos" datos bancarios, según el portavoz de la
Dirección general de la Policía. Si constan numerosas informaciones sobre pensiones y régimen de cotización de la Seguridad
Social, lo que hace pensar que algún funcionario de este organismo pueda estar implicado. Según fuentes policiales, no está
comprobada la implicación de trabajadores del ministerio de Economía, si bien los ficheros incluyen datos referentes a los ingresos
de ciudadanos que constan en Hacienda y también en otras entidades como las emisoras de tarjetas de crédito.
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Se ha confirmado que las cajas y bancos eran clientes y no suministradores de datos. Los responsables de la red
preferían vender sus servicios a cajas provinciales, ya que así era mayor el número de clientes potenciales. Entre ellos pueden
encontrarse grandes empresas de productos de venta.
González López, de 55 años, propietario de la empresa de publicidad Publi-Gest, ingresó en prisión incondicional ante la
existencia de indicios de delitos de cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto. El juez decretó la libertad
provisional bajo fianza para otros cinco detenidos y la libertad sin fianza y sin cargos para Aníbal Moreno Crespo. Las fianzas y los
delitos son los siguientes: Carlos Álvarez Obregón, fianza de un millón de pesetas por indicios de revelación de secretos y
proposición para delinquir. Ricardo Alcántara Vega y Alfonso Martínez Melguizo, 100.000 por revelación de secretos; Rosa María
Álvarez Cantó, 50.000 pesetas por indicios de revelación de secretos y uso público de nombre supuesto; Gabriel Usera González,
25.000 por revelación de secretos.
Según fuentes policiales, la documentación incautada en los registros de siete locales es "enorme". Tardará tres meses en
ser estudiada. Incluye datos diversos, incluso referidos a "señores con amantes". El portavoz de la policía cree que los ficheros se
destruirán. "Hay datos que no son de recibo que los tengamos ni siquiera nosotros", aseguró.
Los investigadores no han podido aún aclarar el origen de los datos informatizados. "Los hemos cogido cuando iban a
empezar a trabajar muy en serio. Incluso ofrecían a los clientes programas a la carta, afirma el portavoz oficial.
DATOS PÚBLICOS Los detenidos declararon en la mañana de ayer ante el juez de delitos monetarios. Pardo, defensor
de Joaquín González, dijo que no existe ninguna "red" y que los detenidos pertenecen "a dos o tres empresas informáticas,
totalmente independientes, aunque se conocen". "Pero no forman ninguna red ni banda organizada". Añadió que su cliente posee
ordenadores por valor de sólo dos millones y medio de pesetas, "y no son los que han salido en televisión".
"Pagando una tasa, se puede obtener información sobre cualquier vehículo. Si se paga por todos, se obtienen datos de
todos los vehículos de Madrid", dijo Pardo, sobre la obtención de datos de la Dirección de Tráfico.
El abogado agregó que en España existen unas 100 empresas que se dedican a lo mismo. "Se mezclan datos de
diferentes bases de datos públicas y se sacan archivos con los diversos perfiles que interesan al cliente, y que se venden a
empresas de publicidad o de mercadotecnia". El propietario de Publi-Gest, según su abogado, "no ha comprado datos a
funcionarios, sino a empresas dedicadas a la misma actividad, pero más potentes".
La versión de Pardo fue la única disponible, dado que los informadores acreditados ante la audiencia Nacional fueron
expulsados del edificio "por orden del inspector de guardia". Cuando se quejaron del frío padecido en las cinco horas de espera se
les dijo que los policías que vigilaban (por turnos) fuera de la Audiencia "también pasaban frió".
GRANDES MEDIOS TÉCNICOS. Los miembros de la red de tráfico de datos informatizados conocían los tipos de
tratamiento de los datos en los centros de cálculo públicos y privados los formatos y detalles técnicos, señaló ayer Rafael
Fernández Calvo, miembro de la Comisión de Libertades e Informática (CLI). Este técnico explicó que cuando los datos ya se han
recopilado y se encuentran en soporte magnético (discos o cintas) no tienen ningún tipo de protección frente a terceros y su
duplicación es sencilla. Sí hacen falta grandes medios técnicos y personal especializado para cruzarlos y obtener listados que los
agrupan por los aspectos que pueden interesar. "El software (soporte lógico) necesario -sistemas relacionales- es muy caro para el
tipo de ordenadores que utilizaban, aunque cualquiera lo puede comprar o alquilar", señaló. Según la policía, los ordenadores eran
de la marca IBM, la más extendida históricamente en la Administración y la banca españolas.
La CLI, formada en Abril del año pasado y que agrupa a asociaciones, sindicatos, juristas, técnicos y consumidores, están
pensando en personarse como acción popular en la causa. "Desde hace años clamamos en el desierto en el tema de la protección
de datos", recordó ayer José Antonio Gimbernat, presidente de la Asociación pro Derechos Humanos que forma parte de la CLI.
"Se ha perdido muchísimo tiempo y el proyecto de ley actualmente en discusión no es satisfactorio para nosotros. Pedimos que la
figura de la agencia de protección de datos prevista en la ley sea independiente del gobierno y que la policía no pueda hacer
reserva de datos considerados sensibles". Luis otero vicepresidente de la misma asociación señaló que los peligros del totalitarismo
a través de la informática son reales y ambos manifestaron su preocupación por el vacío legal existente todavía a pesar del
mandato constitucional: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".
13-01-92 "EL MUNDO" EL PODER INFORMÁTICO Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD. Así lo titula el abogado D.
Antonio Garrigues Walquer el artículo que se reproduce a continuación donde, además, hace mención a otros dos artículos más,
publicados en ABC, EL INQUIETANTE PODER INFORMÁTICO del 2-4-91 y NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA
PRIVACIDAD, de 2-9-91. ¿-?).
La desarticulación de una red ilegal de venta de datos informatizados ha sacado a la luz un tema de permanente debate
en Europa y en su conjunto en el mundo occidental que no ha llegado aún a la opinión pública española a pesar de que ya existen
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datos más que suficientes para pensar que en nuestro país el poder informático se pueda ejercer o se haya ejercido sin
imparcialidad y sin ningún género de control.
Este lamentable suceso ha puesto, asimismo, de manifiesto la urgente necesidad de dar cumplimiento al mandato
constitucional que se contiene en el artículo 18/4 por el que se establece que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar
el honor y la intimidad personal de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». Llevo ya más de ocho años recordando
este mandato en conferencias y artículos (los dos últimos en ABC, «El inquietante poder informático», del 2-4-91 y «Nuevas
reflexiones sobre la privacidad», de 2-9-91) y pienso que ha llegado el momento de que el Gobierno dé una explicación a los
ciudadanos del porqué de esta larga e intolerable demora en regular una protección jurídica esencial que tiene en el derecho
comparado muchos antecedentes y entre ellos la ley sueca de 1973, la norteamericana de 1974, la alemana de 1977, la francesa,
la austríaca, la danesa y la noruega todas ellas de 1978 y la canadiense de 1983.
En junio de 1984 el entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, aseguró a los medios de comunicación que el
anteproyecto de ley sobre el control de la informática «se llevaría, con carácter inmediato al Consejo de Ministros» y que se remitiría
al Congreso «mucho antes de que concluya este período de sesiones». La remisión al Congreso se produjo al fin del año pasado
pero por el momento nadie parece tener un especial interés en su tramitación y sí más bien en diluir cada vez más los derechos de
los ciudadanos en aras de proteger el interés de la colectividad.
PRINCIPIOS DEL ANTEPROYECTO.- En dicho anteproyecto de ley se contienen cuatro principios básicos -inspirados en
la ley canadiense de 1983- que se pueden resumir del siguiente modo: - Tendrá la consideración de intromisión ilegítima la
elaboración informática tendente a definir perfiles psicológicos de las personas.
- Ninguna resolución administrativa podrá fundamentarse en la personalidad del interesado definida como resultado del
tratamiento automatizado de datos.
- No podrán ser objeto de tratamiento automatizado aquellos datos que se refieran al origen racial ni a las opiniones
políticas, religiosas u otras convicciones.
- Toda persona tendrá derecho a ser informada por el responsable de cualquier fichero público acerca de los datos a ella
referentes y asimismo a rectificar o a cancelar cualquier información inexacta.
Es decir estamos hablando de derechos básicos del ciudadano en una época histórica en la que «el computador -son
palabras de Arthur Miller en una declaración ante el Congreso norteamericano- con su insaciable apetito de información, con su
imagen de infalibilidad, con su incapacidad para olvidar lo que almacena llegará a ser el centro de un sistema de vigilancia
permanente que convertirá la sociedad en que vivimos en un mundo trasparente en el que nuestra casa, nuestros bienes y
finanzas, nuestras vinculaciones a instituciones, incluso nuestra condición física y mental, aparecerá desnuda a cualquier
observador». En ningún otro tiempo, en efecto, los estados se han encontrado como en la época actual en condiciones de poseer
conocimientos sobre sus ciudadanos capaces de ser utilizados en detrimento de la libertad individual. Es un riesgo dramático frente
al que hay que reaccionar con urgencia y sin contemplaciones porque la dinámica del poder es irresistiblemente expansiva y los
detentadores de ese poder, aún operando con un alto sentido ético, acaban siempre por olvidar que el Estado se ha hecho para la
sociedad civil y no al contrario. La revolución ideológica que está trasformando el mundo va justamente en ese camino. Ir marcha
atrás sería un suicidio estúpido y nos conduciría paso a paso al cumplimiento de la profecía de Georges Orwel en su 1984.
La desarticulación de la red ilegal de venta de datos informatizados nos ha hecho ver, en términos concretos, la capacidad
de manipulación que tienen las informaciones individuales de los ficheros públicos en cuanto a utilización comercial y nos obligan a
pensar y a temer sobre su posible instrumentalización política bien sea para poner en marcha campañas de imagen, para conocer
tendencias sectoriales, para definir comportamientos sociológicos y sin duda para operar con más eficacia en procesos electorales.
Un escándalo similar al que estamos viendo en España se produjo en Alemania cuando sus ciudadanos fueron informados de que
cada individuo figuraba por distintas razones (seguridad social, matriculación de vehículos, registros familiares y escolares,
declaraciones fiscales, pertenencias a asociaciones profesionales, políticas o culturales, utilización de hoteles, alquiler de coches,
tenencia de tarjetas de crédito) más de dos mil veces en bancos de datos controlados o fácilmente controlables por el Gobierno. Y
ello condujo a la prohibición de entrecruzar datos entre distintos ministerios y departamentos administrativos.
SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.- En algunos países, como Canadá, la sensibilidad de la opinión pública sobre el
poder informático ha producido casos como el siguiente: un recluso denunció que los cheques informatizados que recibía por su
trabajo en la prisión se los entregaba un supervisor en sobre abierto, lo cual permitía a dicho funcionario conocer la cantidad que
percibía y las deducciones que por distintos conceptos le practicaban. El «comisionado para la privacidad» -figura que también
aparece en el proyecto de ley española- consideró que la reclamación estaba enteramente justificada y después de una serie de
reuniones con las autoridades, se llegó al acuerdo de que los cheques en cuestión los recibiera el recluso en sobre cerrado.
Sin aspirar a una sensibilidad tan exquisita sí podemos exigir a nuestros parlamentarios que se convierta en realidad
inmediata la ley orgánica que prevé la Constitución española. Si esa ley hubiera estado en vigor es perfectamente posible que la
red, ahora desarticulada, no habría llegado a nacer porque ya existiría una conciencia estricta sobre la ilegalidad de esas conductas
y los compradores de información se habrían reducido sustancialmente. No sigamos Jugando con estos temas.
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13-1-1992 "El MUNDO" Portada El Mundo pública el índice «Comercial» de Publi-Gest EL JUEZ ENCARCELA AL
JEFE DE LA RED DE DATOS CONFIDENCIALES Y LIBERA A LOS OTROS 6 DETENIDOS.
* El juez Miguel Moreiras acusa a Joaquín González de cohecho y revelación de secretos e impone bajas fianzas a
sus cómplices.
* Su oferta comercial se resumía en ocho «fichas principales» a partir de información conseguida, casi por
completo, en organismos oficiales
* En la actualidad trabajaba en una base de datos sobre el nivel cultural y de estudios que incluye hasta un total
de 28 millones de ciudadanos
Madrid.- Joaquín González López, máximo responsable de la red informática de venta de información confidencial sobre
millones de españoles ingresó ayer en prisión por orden del juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras.
González López está acusado de cohecho y revelación de secretos. Los otros seis detenidos fueron puestos en libertad
con una baja fianza.
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la empresa de Joaquín González López que ofrecía los
servicios de venta de datos confidenciales, estaba dividida en ocho «fichas principales», con informaciones conseguidas, mayoritariamente,
en organismos oficiales.
En la actualidad, Publi-Gest trabajaba en una nueva base de datos que incluía el nivel cultural y de estudios de 28 millones
de españoles.
Pág. 19 y 20 ........... ............ ................
....................... .............. ....
13-1-1992 "ABC" en la página de O P I N I Ó N bajo el título ATENTADO A LA INTIMIDAD decía: La denuncia de un
ciudadano, cuyo segundo nombre era exclusivamente conocido por sus familiares más cercanos y por la Seguridad
Social, alertó al Grupo de Fraudes de la Sección de Delincuencia Económico-Financiera sobre la posibilidad de la
existencia de una importante red ilegal de venta de datos informatizados. ABC adelantó la noticia del desmantelamiento de la
ya célebre organización delictiva de estas características , que operaba a escala nacional y que poseía mayor información que la
Policía o que el celebre ordenador «Berta» del Ministerio de Hacienda.
Con abundantes y potentísimos soportes informáticos de disímiles características, valorados en algunos de los casos en
mil millones y, según todos los indicios, con información procedente del Censo, de los archivos de la Seguridad Social y de otros
organismos, la banda había conseguido datos confidenciales de apuntes referentes a las aportaciones de los ciudadanos,
direcciones actualizadas, modelos de automóviles, cuentas bancarias, situación laboral y personal de más de la mitad de la
población española. Los potenciales clientes de esta red delictiva, entidades financieras, bancarias y de publicidad, podían obtener
hasta 47 datos diferentes de cada ciudadano ilícitamente fiscalizado.
La pésima acción con ser grave, puede quedar impune debido al vacío legal en esta materia. El delito informático no
estará ordenado hasta que se apruebe la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales, que
prohibirá que la información personal del ciudadano sea manipulada sin su autorización. Las multas de entre 50 y 100 millones que
prevé la futura legislación y la tipificación como simple falta administrativa de este tipo de delitos serán inapropiados para un
mercado negro que se supone mueve anualmente por encima de los doscientos mil millones de pesetas. En todo caso, mientras
llega esta retrasada legislación, los delincuentes deben cumplir con la sociedad a la que han defraudado, y para ello está el Código
Penal. La revelación de secreto, el cohecho y la receptación son algunas de las acciones imputables a los que presuntamente han
delinquido. A este respecto, el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional decretó ayer el ingreso en prisión sin fianza de
Joaquín González López, «cerebro» de la red de compraventa de datos informáticos. De los seis restantes implicados, cinco han
quedado en libertad bajo fianza y otro quedó en libertad sin cargos.
Este suceso tiene una segunda lectura. El Gobierno no sólo no es capaz de asegurar la intimidad de los ciudadanos, sino
que propicia, con preguntas e indagaciones absurdas, situaciones como la presente. Cuando desde esté periódico denunciábamos
el escandaloso cuestionario sobre el censo, pronosticábamos la indefensión de los españoles. La existencia de esta banda nos ha
cargado de razón. Si mal está que unos inmorales trafiquen con informaciones íntimas, mucho peor que los delincuentes sean
capaces de burlar al mismo Estado y producir su «mercancía» con datos sustraídos a los organismos oficiales.
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El hecho de que los bancos de datos del Estado hayan sido la principal fuente de información de la banda merece una
interrogación: ¿Hasta qué punto es lícito en una coyuntura de plenas libertades el afán del Estado por conocer una filiación
exagerada de los ciudadanos, máxima cuando no es capaz de mantener una estricta confidencialidad?. El interrogante se responde
sólo. En un sistema de libertades el Estado únicamente debería tener en posesión los datos personales imprescindibles para
garantizar la administración y el orden necesario. Quien debe velar por salvaguardar la intimidad de las personas no puede propiciar
jamás un atentado de estas características.
14-01-92 "ABC" Página seis, media página con fotografía alusiva a la Informática. LA OPOSICIÓN ACUSA AL
GOBIERNO DE NO PROTEGER LA INTIMIDAD DE LOS ESPAÑOLES. Crece el escándalo en la opinión pública por la magnitud
de la red ilegal de compraventa de datos informáticos descubierta, como adelantó ABC en primacía el pasado viernes, y que afecta
a cerca de veintiocho millones de españoles. Ayer eran detenidos otros dos empresarios acusados de vender los censos de cinco
capitales, mientras el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional anunciaba que se inhibía en el caso y remitía lo actuado
a un Juzgado de Móstoles.
Por su parte, el PP ha responsabilizado al Gobierno de la filtración y comercialización de datos personales procedentes de
la Administración y de falta de protección a la intimidad de los españoles, derecho que garantiza la Constitución.
PP, CDS e IU exigieron ayer al Gobierno que explique el asunto ante el Parlamento.
(Editorial e información en páginas interiores)
CRECE EL ESCÁNDALO. La magnitud de la red ilegal de la compraventa de datos informáticos y la posibilidad de que
los delincuentes queden sin castigo, a dejado estupefacta a la opinión pública. Ayer, el juez de delitos monetarios de la Audiencia
Nacional decidió inhibirse en favor del Juzgado de Móstoles, alegando que los que los presuntos hechos delictivos «no son
susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los juzgados centrales de
instrucción de la Audiencia Nacional». Se ha sabido, sin embargo, que la fraudulenta red se había extendido a varias ciudades del
territorio nacional y la preocupación social ha alcanzado límites alarmantes. La oposición no entiende cómo en los nueve años de
Gobierno, los socialistas han sido incapaces de regular el uso de la informática y, cómo denunciaba ABC en el editorial que
publicábamos ayer, propiciar la conculcación del artículo 18 de la Constitución que garantiza el honor y la intimidad personal de
todos los españoles.
DESCUBREN EN MADRID OTRO CENTRO DE DATOS DE LA RED INFORMÁTICA ILEGAL.
José Luis Semprún, Madrid.
Los policías que trabajan en el caso de la red de venta de bases de datos confidenciales interrogaban ayer a un
funcionario de la Seguridad Social y han detenido además, en un nuevo centro informático descubierto en la localidad
madrileña de ...., a dos personas acusadas de vender los censos de población de Madrid y de ciudades como Zamora,
Cuenca, Ciudad Real y Palencia. La investigación continúa, y mientras el juez de delitos monetarios se inhibe en favor del
juzgado de Móstoles, se esperan más arrestos, sobre todo en Andalucía, donde se sospecha que la banda contaba con
funcionarios entre sus cómplices.
La operación había comenzado bajo la supervisión del juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel
Moreiras, ya que los inspectores consideraron que la banda había extendido sus redes por toda España y que el asunto afectaba
por tanto al territorio nacional. Fue precisamente este juzgado quien autorizó los registros en los domicilios y locales de los
sospechosos. Después de la primera redada que, como adelantó ABC el pasado viernes, permitió llegar hasta el considerado como
«cerebro» de la red y otros seis presuntos cómplices, el juez Moreiras ordenó el ingreso en prisión del principal encartado, Joaquín
González, y la libertad bajo fianza de otros cinco detenidos. El séptimo no tuvo que depositar fianza alguna y quedó en libertad sin
cargos.
Mientras se producía una auténtica conmoción en la opinión pública, al conocerse hasta que punto los detenidos poseían
informes reservados sobre más de veinte millones de ciudadanos y se empezaba a comprender cómo era posible que entidades
bancarias, de «marketing» y de servicios pudieran enviar correspondencia comercial sólo a determinados hogares, las gestiones
continuaban. La pista acerca del origen de algunos de los datos confidenciales que obraban en poder de la empresa de Joaquín
González llevaron a los investigadores hasta descubrir, en la calle .... .... ...Dos empresarios informáticos que regentaban el negocio
han sido detenidos y se ha confiscado abundante documentación.
....Las gestiones no han terminado y se sabe que ahora la Policía, sin prisas, sigue las pistas encontradas en la primera
redada y se esperan nuevas detenciones como la registrada en....
NUEVAS PISTAS. Queda todavía por devanar el hilo del origen de cada uno de los datos almacenados en los
ordenadores confiscados, y que proceden de bancos de datos del Estado, que facilitan nuevas pistas. Como se sabe, la empresa
propiedad del principal encartado en la operación tenía en su poder informes procedentes de distintos organismos del Estado y se
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temía que incluso pudiera disponer de datos actualizados de hacienda, ya que el principal encartado contaba al parecer con buenos
contactos en la Administración, para la que se dice que había realizado algunos trabajos informáticos.
Los más de seis meses de investigaciones previas han permitido conocer gran número de nombres de personas
relacionadas con la red de venta de datos confidenciales, y también se han reunido numerosos informes acerca de la venta de
listados a empresas de servicios que pagaban hasta diez pesetas por cada dirección que se les facilitaba. El papel de todas estas
personas y su verdadera implicación en el asunto debe ahora establecerse, a la luz de los informes descifrados por los expertos en
informática de la Dirección General de Policía.
Un grupo de funcionarios se ha trasladado a Andalucía y ABC ha podido saber que podría procederse a la detención de
cómplices de la red en esta zona. No se descarta la captura de algunos funcionarios que pudieran haber facilitado a la red, por una
buena cantidad de dinero, el acceso a los sistemas de la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, Censo, y otros archivos
oficiales, o bien haber vendido copia de los listados de ordenador con los datos precisos.
En las dependencias centrales de la Policía Judicial se interrogaba ayer en este sentido a un funcionario que trabaja en el
centro informático del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los policías sospechan que este empleado del estado podría ser
una de las personas que han facilitado informes reservados a la red comercial de datos, aunque se desconocía aún su grado de
supuesta implicación, y si iba a pasar la noche en los calabozos policiales en calidad de detenido, como parece, o bien ser puesto
en libertad.
D E C L A R A C I O N E S .
Los dos empresarios informáticos detenidos en ... ... permanecían ayer en las mismas dependencias de los Servicios
Centrales de Policía Judicial, en el madrileño barrio de Canillas, prestando declaración, y se esperaba que fueran puestos hoy a
disposición judicial.
No obstante, el juzgado de Delitos Monetarios que dirige Miguel Moreiras se ha inhibido en favor del juzgado de la
Madrileña localidad de Móstoles, que fue el primero en conocer el asunto tras la denuncia que presentó allí el pasado verano un
ciudadano que recibió en su casa una carta comercial con datos tan sólo conocidos por determinados archivos del Estado.
El juez Moreiras ha tomado esta decisión tras conocer el informe del Fiscal, según el cual no consideraba que se dieran en
el caso los requisitos para que el asunto pasara de la jurisdicción ordinaria a la de la Audiencia Nacional, como pudieran ser una
especial alarma social o la extensión del caso a distintos puntos del territorio nacional.
En fuentes policiales la noticia de la inhibición por parte del magistrado de los delitos monetarios ha levantado cierta
sorpresa. En concreto, comenzaban ayer a preguntarse las razones de la inhibición, después de haber seguido este juzgado el
caso y facilitado los mandamientos de registro, y si el nuevo magistrado seguiría la misma política que el juez Moreiras.
Interesa resaltar que esta parte de la noticia la sitúa en ultimo lugar del aríiculo después de ensañarse contra mi honor por
lo que estimo debería considerarse como un agravante muy calificado.
Observemos también que continúan con sus insultantes titulares con absoluto desprecio no ya al honor y a la intimidad de
las personas, que yo también merezco sino al mismo dictado de las leyes que dicen defender.
SEIS AÑOS DE PRISIÓN, PENA MÁXIMA APLICABLE AL «CEREBRO DE LA RED POR DELITO DE COHECHO
Madrid.
Seis años de cárcel es la pena máxima que podrían imponer los tribunales al «cerebro» de la organización,
Joaquín González López, por delito de cohecho, el más grave de los tres por los que el juez de la Audiencia Nacional
decretó su prisión el domingo pasado. Este delito se encuentra tipificado en los artículos 385 al 393 del Código Penal.
El segundo delito por el que el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ha ordenado el
ingreso en prisión de Joaquín González López, y del que también acusa a cinco informáticos a los que ha puesto en libertad bajo
fianza, es el de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en los artículos 497, 498 y 499 del Código Penal. Este delito
acarrea las penas de arresto mayor (de un mes y un día a seis meses) y multa de 30.000 a 600.000 pesetas.
El Código Penal no incluye entre sus páginas la tipificación del delito informático, por que existe en la actualidad «un
importante vació legal» para perseguir estas acciones delictivas, según dijo a EFE el reconocido Jurista José Antonio Martín Pallín,
magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión de Libertades e Informática (CLI).
Martín Pallín explicó que para que el «cerebro» de la red informática desmantelada pueda ser acusado de cohecho es
indispensable que se descubra y demuestre que compraba los datos a funcionarios públicos. Agrega que la nueva ley de protección
de datos, actualmente en trámite Parlamentario podrá «más orden» en el sector informático.
Por otro lado, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria expresó ayer, en un comunicado, su «preocupación»
por la red de traficantes de datos informáticos, debido «al peligro que ello supone para el derecho a la intimidad de las
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personas». Está asociación considera «urgente» que se «colme el vacío legal existente al respecto» y que se desarrolle la norma
constitucional «que prevé una limitación al uso de la informática para garantizar aquel derecho fundamental de los ciudadanos».
S E C R E T O I N F O R M Á T I C O.
La ley que regulará el tratamiento automatizado de datos personales prevé sanciones de entre 50 y 100 millones de
pesetas para las personas o empresas que cometan infracciones muy graves, informa Europa Press. Entre éstas, se encuentra la
recogida de datos de forma engañosa y fraudulenta, la comunicación o cesión de los datos de carácter personal fuera de los casos
en que estén permitidas y el tratamiento automatizado de datos personales relativos al origen racial, la salud, y la vida sexual, sin el
consentimiento expreso del afectado.
En el artículo cuatro del todavía proyecto de ley se indica que los datos de carácter personal no podrán usarse para
finalidades distintas de aquéllas para las que fueran recabados. También precisa que las personas que intervienen en el tratamiento
de ficheros deberán guardar secreto sobre los datos personales manejados y que las Administraciones Públicas no podrán
cederse los datos entre sí para utilizarlos de forma diferente.
El secretario de estado para las Administraciones Públicas, justo Zambrana, manifestó ayer en Alicante que, si se
demuestra que los datos «han salido de la administración, está previsto expedientar a los responsables ya que si han cobrado
dinero por ese servicio, se trata de un delito de cohecho. Según Zambrana, «muy pocas personas tienen acceso a esos datos y los
funcionarios que los utilizan graban su identificación. El acceso es muy restringido y su información está especialmente protegida en
los casos de Hacienda e Interior».
LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO Madrid S.S.E.
En distintas declaraciones, los partidos de la oposición exigieron ayer al Gobierno que explique en el Congreso la
información de que disponga sobre el tráfico ilegal de datos informáticos y la vinculación con la Administración. Consideran que en
los nueve años de gobierno socialista, éste no ha sido capaz de regular el uso de la informática y garantizar el honor y la intimidad
personal según exige el artículo 18 de la Constitución.
El grupo parlamentario popular, a través de Loyola de Palacio y Federico Trillo, pidió la comparecencia en el Congreso del
vicepresidente, Narcís Serra, y del ministro de Justicia, De la Quadra-Salcedo, por considerar que tienen responsabilidad política en
la filtración de datos informáticos procedentes de la Administración. En concreto, Trillo se refirió a las comparecencias ante la
Cámara Baja, meses atrás, el titular de Justicia y del secretario de Estado para Economía, Pedro Pérez, en relación con la denuncia
del PP de que se podían producir filtraciones por la «chapuza técnica» que se estaba desarrollando en la confección del censo de
población y vivienda.
En la comparecencia de Junio, Trillo pidió al titular de Justicia la garantía de que no se harían trasvases de datos entre los
distintos ordenadores de la Administración. «Ahora se ha visto -señala el representante del PP- que no se ha realizado, porque los
datos proceden de la Seguridad Social, de los de Hacienda y el INE. Así queda demostrado que el secreto informático no está
garantizado en España». Y recordó que si la Ley de Protección de Datos se está tramitando en el Congreso, sólo ha sido posible a
instancias del PP. «Desgraciadamente, vemos que se ha hecho demasiado tarde y mal como para alcanzar a proteger lo que ahora
resulta ser un comercio».
El PP pide también la comparecencia del Ministro de Hacienda para que responda a sus propias afirmaciones de que hace
varios meses y solicita la presencia de Narcís Serra por estimar que es el coordinador de las actuaciones de la Administración
dependiente del Gobierno.
En cuanto al CDS e IU, pretenden que de la Quadra-Salcedo comparezca ante la Comisión de Justicia con el fin de
exponer en qué medida afecta el caso a la tramitación en el Congreso del proyecto de ley sobre datos informáticos. Y señalan que
la gravedad de los hechos descubiertos pone de relieve la falta de garantías de esta materia. Los tres grupos parlamentarios -PP,
CDS e IU- han criticado duramente el citado proyecto de ley, del que han pedido su retirada para elaborar otro nuevo o, al menos
que se modifique sustancialmente.
Por su parte, el ministro para las Administraciones Públicas Juan Manuel Eguiagaray, afirmó ayer en Madrid que la mayor
amenaza de posible abuso informático contra la intimidad ciudadana viene del sector privado más que del sector público porque
este está garantizado y controlado «políticamente» a través del Parlamento « y de un buen número de instituciones».
14-01-92 "El País" titula en portada: UN FUNCIONARIO DE TRABAJO Y DOS EMPRESARIOS, DETENIDOS POR EL
FRAUDE INFORMÁTICO y en el interior página 20 titula: EL JUEZ DE DELITOS MONETARIOS REMITE LA CAUSA A
MOSTOLES, POR NO SER DE SU COMPETENCIA.
En la página 10 OPINIÓN publica un artículo que titula SOBORNO INFORMÁTICO:
EL DESCUBRIMIENTO de una red ilegal de venta de datos informáticos ha puesto a los ciudadanos ante una realidad de
cuya existencia se sospechaba, pero que apenas había suscitado -excepto de una minoría- inquietudes. No puede decirse que
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España sea un país especialmente sensibilizado ante las intromisiones en la vida personal por parte de los poderes públicos o de
grupos privados. Ello es también cierto por lo que se refiere a la informática, cuya potencialidad invasora de la intimidad ha alertado
desde hace años a otras sociedades más experimentadas en el disfrute de la libertad y más exigentes en ese terreno. El debate
sobre la Ley de Protección de Datos, actualmente en el Parlamento, ha sido seguida con mayoritaria indiferencia, pero es posible
que el escándalo ahora desvelado ilustre con motivos de la vida real los argumentos de quienes vienen tratando de alertar a la
sociedad española sobre lo que se juega en ese debate.
Las personas detenidas se aprovecharon del vacío legal existente para organizar un negocio de venta de soportes
magnéticos conteniendo datos personales de más 20 millones de españoles, a empresas de publicidad. Estos datos, procedentes
del censo y de los archivos informáticos de diversos organismos públicos -incluida la Seguridad Social- permitían, convenientemente
cruzados , seleccionar segmentos de la población con determinadas características.
Ello explica cierta correspondencia que se recibe en muchos hogares españoles con ofertas comerciales personalizadas,
incluyendo a veces datos que creíamos reservados. De hecho el asunto se desveló porque a un ciudadano le llamo la atención
recibir una carta comercial en la que figuraba su segundo nombre , que él no utilizaba jamás.
Las asociaciones que vienen alertando sobre los peligros de un despliegue incontrolado de la capacidad invasora de la
informática han llamado la atención sobre la hipótesis de que un día puedan cruzarse datos como los relativos a la salud -y
mañana, al código genético-, los antecedentes policiales o judiciales, características étnicas, situación familiar, posición económica.
El resultado sería que instituciones publicas (o las privadas que las comprasen) dispondrían de todo tipo de información privada de
unos ciudadanos que ignorarían quién y para qué controlan esos datos. Sus efectos sobre el mercado del trabajo -aplicación de
criterios discriminatorias por razones de raza, creencias, etcétera- o sobre otros aspectos de la vida social podrían ser
extremadamente perversos.
La proyectada ley trata de adelantarse a tales abusos, pero tanto la oposición como entidades relacionadas con la defensa
de los derechos humanos han denunciado la tardanza en su elaboración, las limitaciones del proyecto, y especialmente la asimetría
con que son contemplados los eventuales abusos de empresas privadas y los de las entidades públicas. En el caso de la red ahora
descubierta indica la relación que puede establecerse entre ambos niveles: el origen de los datos está en determinados ficheros de
la Administración -por lo que es responsable-, y varios funcionarios investigados bajo sospecha de haber vendido el soporte
informático -facil de reproducir- de estos datos. De hecho una de las acusaciones contra la persona considerada responsable de la
red era propietario de una empresa de publicidad, es la de cohecho: haber sobornado a funcionarios públicos.
J.M. Lázaro /J.Duva publican en su interior página 20: DETENIDOS UN FUNCIONARIO DE TRABAJO Y OTROS DOS
EMPRESARIOS DE LA RED DE "PIRATAS" INFORMÁTICOS.
Un funcionario de Trabajo, C.A.A., y otros dos empresarios del sector de la informática, Javier Giménez Sacristán
y José María Rodríguez Menéndez, fueron detenidos ayer en relación con la red de datos informáticos que investiga la
policía. Estos últimos están acusados de comercializar los censos completos de Madrid y otras cuatro capitales. Las
diligencias pasarán a un juzgado de Móstoles, dado que los delitos no son competencia de la Audiencia Nacional.
Los dos empresarios detenidos ayer son responsables del Centro de Informática "Tres Cantos" situado en el número 14 de
la calle de Embarcaciones en la citada localidad madrileña y, según informaciones policiales comercializaron ilegalmente los
censos completos de población de Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Palencia y el del municipio madrileño de Colmenar Viejo.
Los detenidos se encontraban anoche prestando declaración en el complejo policial de la carretera de Canillas ante los
policías del Servicio Central de Policía Judicial. Giménez y Rodríguez están acusados de haber vendido presuntamente los censos
de Madrid y otras capitales a Rosa María Álvarez Cantó Obregón, propietaria de una pequeña empresa radicada en la calle de
Quejigo, en la lujosa urbanización madrileña del Soto de la Moraleja.
El Centro de Informática de Tres Cantos consiguió hacerse con estos censos aprovechando su condición de subcontratista
de otra empresa que a su vez había obtenido un contrato de los respectivos ayuntamientos para realizar trabajos informáticos.
Ayer tarde, la policía detuvo en Madrid a un funcionario del centro de proceso de datos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Este hecho refuerza los indicios sobre la existencia de un delito de cohecho, del que por ahora sólo se acusa a
Joaquín González. Fuentes próximas a la investigación reconocieron anoche que hay sospechas contra al menos "cinco o seis
funcionarios más" que cobraron por suministrar información.
EL JUEZ SE INHIBE. Mientras la operación policial continúa, el juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras,
resolvió ayer remitir las diligencias al juzgado número 2 de Móstoles, el cual tramitó la primera denuncia contra Joaquín González
López, supuesto cerebro de la red de piratas informáticos. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Móstoles el 11 de julio de
1991 contra Publi-Gest, la empresa informática de González López.
Antes de inhibirse del asunto, el juez Moreiras estudió un informe de la fiscalía de la Audiencia Nacional, según el cual los
presuntos hechos denunciados (cohecho, revelación de secretos y uso público de nombre supuesto) "no son susceptibles de
incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales en los que es competente la Audiencia Nacional".
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La inhibición del juez Moreiras en favor del juzgado de Móstoles ha supuesto un disgusto para los encargados del caso,
que en estos momentos están pendientes de someter a análisis los 2.000 soportes magnéticos que han sido decomisados "En ellos
hay una auténtica bomba, ya que contienen múltiples datos sobre 21 millones de españoles" declaro un responsable policial. Sin
embargo, este reconoció que hay un vacío legal que posibilita la existencia de estas redes.
Hasta la fecha, sólo uno de los diez detenidos ha ingresado en prisión, en tanto que para otros cinco el juez ha decretado
fianzas de entre 25.000 y 1.000.000 de pesetas, otro ha quedado en libertad sin cargos y los tres últimos pasan hoy a disposición
judicial.
La única persona que ha ingresado en prisión incondicional hasta ahora es Joaquín González López, de 55 años,
propietario de Publi-Gest, en cuyo carnet de identidad figura la profesión de chófer. En otra etapa de su vida trabajó como fotógrafo.
"Pero entiende mucho de informática" explicó un policía.
González López, que vive en un chalé de la localidad madrileña de Las Rozas, suele ir armado con pistola. Entre los
principales clientes de su empresa están aseguradoras, entidades bancarias y empresas relacionadas con el ramo de la
automoción.
La actividad informática de González se inició a mediados de los años 70, cuando comenzó a comprar ordenadores de
segunda mano, sobre todo a entidades bancarias. Más tarde empezó a hacer encargos informáticos para el Ministerio de Hacienda,
debido a que el Estado no disponía entonces de la suficiente infraestructura técnica para procesar los datos de las declaraciones
fiscales. "González comenzó a poner en práctica la técnica de realizar el encargo y, además, aprovechar para hacer una copia y
quedársela en su propio beneficio" declaró un mando policial.
Carlos Álvarez Cantó Obregón, propietario de una empresa sita en la calle Baeza, está considerado como el cerebro de la
parte informática de la organización, de la que presuntamente formaba parte la empresa de Ricardo Alcántara Vega y Alfonso
Martínez Melquizo poseen en la avenida de Manoteras; y la que Gabriel Usera González, que quedó en libertad bajo fianza de
25.000 pesetas, tiene en la localidad madrileña de El Escorial.
UN CENSO MUY SOBADO. I.A. "Estoy moralmente seguro de que estos datos no han salido de nuestro cuestionarios de
población" dijo ayer Juan Berrio, subdirector de Censos Generales, del Instituto Nacional de Estadística, en relación con la supuesta
venta de censos de cinco capitales. Berrio sugirió que podría tratarse de datos del padrón, de competencia municipal, "Ya que en
los censos no se graban nombres y apellidos".
Julián Marcelo, miembro de la Comisión de Libertades e Informática y ex concejal del ayuntamiento de Valencia, opina, sin
embargo, que el hecho de que censo y padrón se elaboren simultáneamente permitiría "que datos recogidos para unas cosas se
transfieran a otras".
En relación con el comercio posterior de esta información entiende que no hay que recurrir a grandes redes de
funcionarios. "Como el Instituto Nacional de Estadística y los ayuntamientos no tienen capacidad para informatizar estos datos,
subcontratan a otras empresas para que lo hagan. Se supone que están sujetas al secreto informático, pero esto, no lo controla
nadie", afirma Marcelo. Berrio niega esta posibilidad, asegurando que existe un control sobre los contratos de confidencialidad.
Muchas empresas de marketing directo reciben de sus "suministradores" datos semejantes a los incluidos en el censo de
población, cruzados con otro tipo de información pública, aunque nadie se atreve a definir su procedencia.
Abiertamente lo hizo en 1982 la empresa Publi-Gest, propiedad de Joaquín González López -en prisión por traficar
supuestamente con datos informáticos-, para dos campañas de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "Eran dos
campañas de 100.000 y 150.000 suscriptores y nos dijeron que se harían a partir de datos públicos del censo", admitió José María
Múgica, de la OCU.
En España existen cada vez más empresas dedicadas exclusivamente a la elaboración de campañas de promoción o
venta directa por encargo de otras compañías. La Asociación Española de Marketing Directo tiene asociadas 26 empresas de este
tipo que, según su gerente, Elena Gómez, obtienen información "mediante el cruce de ficheros de dominio público como las listas
de abonados de Telefónica, los colegios profesionales, clubes deportivos o universidades.
14-01-92 "Diario 16" (Recuadro en portada, artículo en Opinión y página 15 José María Irujo. Madrid Cuatro funcionarios
del Estado que trabajan en los ministerios de Industria, Trabajo y Seguridad Social están presuntamente implicados en la
venta de datos reservados a la red informática desarticulada por la Policía, según señalaron ayer fuentes policiales. Estos
funcionarios iban a ser interrogados durante la noche de ayer y posiblemente detenidos. Los sospechosos, todos ellos
informáticos, podrían haber cobrado cantidades comprendidas entre las 500.000 pesetas y un millón por suministrar datos
a la red ilegal. Un empleado «arrepentido» fue la persona que ha desvelado a la Policía la existencia de la red, según ha
sabido Diario 16.
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CUATRO FUNCIONARIOS DE INDUSTRIA Y TRABAJO VENDIERON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A LOS
TRAFICANTES DE DATOS.
Un empleado arrepentido denunció a la Policía la actividad ilegal de la empresa.
Miembros del grupo de Fraudes de la Policía Judicial, que en la actualidad dirige el inspector Panizo, se desplazaron ayer
a Andalucía a interrogar a varios de los funcionarios del estado sospechosos de haber vendido información reservada a la empresa
Publi-Gest, que a su vez la comercializaba posteriormente a otras empresas.
Otro de los funcionarios implicados está destinado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Madrid y ayer tarde
estaba siendo interrogado.
La localización de estos funcionarios ha sido posible gracias a la documentación incautada en las oficinas de Publi-Gest,
en la localidad madrileña de Móstoles, así como por las declaraciones de varios de los detenidos.
Según las fuentes informantes estos funcionarios podían haber cobrado cantidades que oscilan entre 500.000 pesetas y
un millón por facilitar información a la red desarticulada.
Fuentes policiales señalaron que el funcionario del Ministerio de Trabajo implicado estaba ya siendo vigilado por la Policía
pues se sospechaba de sus actividades. Todos los funcionarios del Estado sospechosos de vender información a la red son
informáticos de los citados ministerios y no ocupan cargos de alto rango. No obstante tenían acceso a información privilegiada.
UN ARREPENTIDO. La investigación que ha conseguido desarticular esta red se inició el pasado mes de junio gracias al
testimonio aportado a la policía por un empleado de la red que decidió contar las actividades ilegales de la empresa que dirigía
Joaquín González López, cerebro de la organización hoy ingresado en prisión.
Según fuentes policiales este trabajador «arrepentido» tomó la decisión de comunicar a la Policía las actividades ilegales
de la empresa ante el temor de verse implicado en los presuntos delitos cometidos por la sociedad para la que trabajaba.
La colaboración de este empleado ha sido vital para desarticular la red de compraventa de datos informáticos que afecta a
varios millones de españoles. Desde el pasado mes de junio, fecha en la que el empleado descubrió el fraude a la Policía,
inspectores de la Brigada de Fraudes mantuvieron en estrecha vigilancia sobre las actividades de la empresa.
Tras comunicarlo a la Policía este trabajador presentó en agosto una denuncia en el juzgado de Móstoles desde donde se
ha dirigido toda la investigación judicial y policial.
Ayer la Audiencia Nacional decidió inhibirse en la causa en favor del Juzgado de Móstoles donde se presento la
mencionada denuncia e iniciaron los primeros trámites. Publi-Gest la empresa publicitaria en la que se canalizaba la compra venta
de datos está radicada en Móstoles.
La Policía había incautado ayer más de 2.000 cintas magnéticas que han sido enviadas al centro de Proceso de datos
para ser analizados. «La información que acumulaban era completísima y en algunos casos hemos comprobado que había
ciudadanos de los que la red tenía archivados hasta 47 registros diferentes. El estudio de todo el material incautado nos llevará
meses», manifestó ayer a este periódico el comisario responsable de la operación policial.
Por otra parte dos empresarios, responsables de la sociedad Centro de Informática Tres Cantos, fueron detenidos ayer
acusados de comercializar los censos de Madrid, Ciudad Real, Palencia, Cuenca, Zamora y el de la localidad madrileña de
Colmenar Viejo.
Los detenidos son Javier Giménez Sacristán y José María Rodríguez Menéndez que ayer pasaron a disposición judicial.
Fuentes policiales señalaron que la empresa informática Tres Cantos, que dirigen, había informatizado el censo de distintas
ciudades españolas y se habían quedado con copias de los mismos que posteriormente habían vendido. Según la Policía Tres
Cantos vendió a Publi-Gest los citados censos.
La empresa Tres Cantos esta situada en la localidad madrileña del mismo nombre, en el número 14 de la calle
Embarcaciones. Ayer, fue registrada por funcionarios de policía que intervinieron distintos documentos.
Fuentes judiciales señalaron ayer que Joaquín González López, cerebro del grupo y propietario de la empresa Publi-Gest
podría ser condenado a una pena máxima de seis años de cárcel.
El delito de cohecho, el más grave de los que se le acusa, está penado con condenas de seis meses y un día a seis años,
según los artículos 385 y 393 del Código Penal.
La oposición pide la comparecencia del Gobierno
Los principales partidos de la oposición parlamentaria, PP, IU y CDS, coincidieron ayer en pedir la comparecencia del
Gobierno para que explique ante la Cámara la desprotección de los ciudadanos ante el caso de la trama informática descubierta por
la policía. Todos los partidos citados se mostraron de acuerdo en afirmar que la existencia de la red de tráfico ilegal de datos
personales pone de manifiesto la mala redacción actual de la ley de protección de datos.
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José María Aznar, presidente del PP, manifestó incluso que en la discusión de esta ley en el Congreso puede reproducirse
de forma similar el enfrentamiento verbal alcanzado con los socialistas en la aprobación de la «ley Corcuera». Aznar dio a entender
ayer que su partido iba a ocuparse de forma intensiva del trámite de esta normativa. «Es preocupante para los derechos
fundamentales y la libertad de los ciudadanos la actual redacción de la ley de protección de datos», dijo Aznar.
Al mismo tiempo, el despliegue de los populares llegaba al Congreso, donde Federico Trillo, vicepresidente del Parlamento
y Loyola del palacio, portavoz adjunta al PP, pidieron la comparecencia de Narcís Serra, «responsable como vicepresidente del
Gobierno de la coordinación entre las Administraciones del Estado», y de Tomás de la Quadra, ministro de Justicia, su
comparecencia en el Parlamento, por considerar que existían responsabilidades políticas del Gobierno ante la red de tráfico ilegal
de datos recién descubierta.
IU y el CDS consideraron más conveniente pedir la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso, órgano
decisorio en período vacacional de la Cámara, para que éste convoque al Ejecutivo, «a la persona que sepa del asunto» dijo
Cantarais, a comparecer ante el Congreso, en una Comisión o en un Pleno.
«Sabemos que es habitual que el Gobierno frene esta petición en la Diputación Permanente o proponer ante él mismo su
comparecencia, pero así le obligamos a que adopte una postura».
14-1-1992 "El SOL" En portada (anónimo). «LA POLICÍA DETIENE A DOS PERSONAS MÁS POR TRÁFICO DE
DATOS Y LA OPOSICIÓN EXIGE RESPONSABILIDADES (Página 8).
LA OPOSICIÓN CULPA AL GOBIERNO DE NEGLIGENCIA EN EL TRÁFICO DE DATOS Detenidos otros dos
empresarios acusados de vender los censos. Mientras que el Ejecutivo achaca al sector privado la amenaza de posible abuso
informático contra la intimidad de los ciudadanos, la oposición acusa al Gobierno de negligencia por no haber sabido dar una
respuesta al problema. El Grupo Popular pidió ayer la comparecencia en el Congreso del vicepresidente del Gobierno Narcís Serra,
y del ministro de Justicia, Tomás Quadra-Salcedo, por considerar que tienen responsabilidad política en la posible filtración de datos
informáticos procedentes de la Administración. Izquierda Unida y CDS también solicitaron la reunión urgente de la Diputación
Permanente de la Cámara para que el Gobierno informe sobre la supuesta red de compraventa de ficheros informáticos
desmantelada el jueves por la Policía.
La operación policial continúa abierta. Ayer fueron detenidos José María Rodríguez Menéndez y Javier Giménez
Sacristán, dos empresarios del sector de la informática, a los que se implica en la venta, entre otros documentos, de los censos de
Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Palencia y Zamora y el municipio madrileño de Colmenar Viejo, informaron a EFE fuentes policiales.
Los empresarios son los responsables del centro de informática Tres Cantos, situado en la calle de embarcaciones de esta
localidad de Madrid. Con estos son ya nueve los detenidos, aunque uno de ellos fue puesto en libertad sin cargos. Cinco pudieron
salir de prisión bajo fianza, y sólo el presunto cerebro de la red, Joaquín González López, ingreso en prisión. En las próximas horas
se espera la detención en Andalucía de cuatro funcionarios relacionados con la venta de datos. Ayer también fue interrogado un
funcionario del centro informático del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por su presunta relación con esta red.
Los diputados del Partido Popular (PP) Loyola del Palacio y Federico Trillo hicieron ayer hincapié en que su grupo había
advertido en varias ocasiones desde hace meses al Gobierno de la posibilidad de que se estuvieran produciendo filtraciones de
datos procedentes de ficheros de la Administración, aunque los representantes del Ejecutivo siempre habían asegurado que los
datos estaban bien protegidos.
Trillo se refirió en concreto a las comparecencias que meses atrás tuvieron ante la Cámara Baja el ministro de Justicia,
Tomás Quadra-Salcedo, y el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, en relación con la denuncia del PP de que se podían
producir filtraciones por la "chapuza técnica" que, según este partido, se estaba desarrollando en la confección del censo de
población y vivienda.
En estas comparecencias, Tomás de la Quadra-Salcedo consideró que la posibilidad de la filtración era imposible a corto
plazo y Pedro Pérez dijo que la protección de los datos estaba perfectamente cubierta.
Al secretario general del CDS, Antonio Fernández Teixidó, culpó de lo sucedido a "la negligente actitud del Gobierno
socialista, que ha sido incapaz de regular en nueve años de gobierno consecutivo el uso de la informática para garantizar el honor y
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.
En Respuesta a estas consideraciones, el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, dijo que
la mayor amenaza del posible abuso informático contra la intimidad de los ciudadanos viene del sector privado más que del público.
Según el ministro, la intimidad del ciudadano frente a los datos informáticos en poder de la Administración, "que algunos
parecen exhibir como la amenaza del gran padre", esta garantizada "políticamente" a través del Parlamento "y de un buen número
de instituciones".
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El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Justo Zambrana, afirmó que "si se demuestra que
efectivamente los datos han salido de la Administración, está previsto expedientar a los responsables, ya que si han cobrado dinero
por ese servicio se trata de un delito de cohecho. Se adoptarían medidas de tipo disciplinario.
EL FRAUDE SERÁ INVESTIGADO POR UN JUEZ DE MÓSTOLES El juez de delitos monetarios de la Audiencia
Nacional, que ordenó el domingo la prisión para Joaquín González, presunto cerebro de la red, decidió ayer inhibirse y remitir el
caso al juzgado número 2 de Móstoles (Madrid) al ser el primero que conoció los hechos a raíz de una denuncia presentada en
comisaría, informa EFE.
El magistrado Miguel Moreiras aceptó así la tesis del ministerio Fiscal, para quien los "presuntos hechos denunciados no
son susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los juzgados centrales de
instrucción y de la Audiencia Nacional".
La primera denuncia contra Joaquín González se presentó el 11 de julio de 1991».
15-01-92 "ABC" en su página 58 dedica una página completa encabezada por tres artículos cuyos títulos y algunos
comentarios reproduzco a continuación: LIBERTAD BAJO FIANZA PARA TODOS LOS DETENIDOS DE LA RED
INFORMÁTICA ILEGAL LA UCE EJERCERÁ LA ACUSACIÓN PARTICULAR POR "VULNERAR LA INTIMIDAD" Madrid José
Luis Semprún El juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ordenó ayer la libertad bajo fianza
de tres millones de pesetas al considerado como «cerebro» de la red de venta de datos informáticos, Joaquín González,
así como la de los otros dos empresarios del sector y un funcionario, detenidos el lunes por la Policía y que pasaron ayer
a disposición judicial. El resto de los implicados estaba ya en libertad.
Los dos empresarios de ......
El funcionario..... ..que trabaja en el ...., ha tenido que abonar una fianza de medio millón de pesetas para no ingresar en
prisión bajo la acusación de presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. Hasta el momento se trata del único funcionario
público arrestado, aunque se espera que, en breve, los agentes de los servicios centrales de la policía judicial procedan a la
detención de otros funcionarios en Andalucía, a quienes se considera sospechosos de haber facilitado a la red ilegal listados con
datos confidenciales.
Como ha informado ABC, los investigadores han encontrado en poder de la red listas procedentes de bases de datos
oficiales de más de veinte millones de españoles que habían cruzado unas con otras hasta reunir cerca de medio centenar de datos
sobre cada individuo. En este sentido, el Ministerio de Hacienda tiene en su ordenador «Rita» más de mil millones de datos sobre
los españoles. Casi 22 millones de personas están ya fichadas como contribuyentes.
SIGUE LA BÚSQUEDA Mientras, las investigaciones siguen su curso, los técnicos descifran poco a poco los miles de registros
magnéticos intervenidos y los inspectores encargados del caso reúnen todas las informaciones obtenidas para dar con la pista de
nuevos implicados en la operación.
LA MEDIDA DE LIBERTAD ADOPTADA POR EL JUEZ MOREIRAS -QUE SE INHIBIÓ EN FAVOR DEL JUZGADO
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES-, HA CAUSADO EXTRAÑEZA EN MEDIOS JUDICIALES, PUES SE ENTENDÍA QUE LA
AUDIENCIA NO ES COMPETENTE EN ESTE ASUNTO. Por el contrario, los policías afectos al caso mostraron su sorpresa ante
la noticia de la inhibición, que aún no se ha consumado, y ayer acudieron a entrevistarse con el magistrado. FUENTES
JUDICIALES INFORMARON A ABC QUE EN EL JUZGADO DE MÓSTOLES TODAVÍA SE DESCONOCÍA OFICIALMENTE LA
INHIBICIÓN.
Por su parte, un portavoz de la Unión de Consumidores de España ha anunciado que su organización se personará como
acusación particular en el caso, al entender que existen presuntas responsabilidades por parte de los acusados, por «vulnerar la
intimidad a través de procedimientos informáticos» aspecto recogido en la ley Orgánica de Protección a la intimidad
«LAS ADMINISTRACIONES SON UN COLADERO DE DATOS» El director del Centro. Divulgador de la informática,
dependiente de la...... RODRÍGUEZ RAMOS «ESTAMOS EN EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA INTIMIDAD» Don Luis Rodríguez
Ramos catedrático de Derecho Penal: ah tenemos el caso de la red de traficantes de datos informáticos. Se dice que como el delito
informático no esta tipificado en el coligo penal, no se les puede acusar de nada...
15-1-1992 decía "El País" en un artículo firmado por J.M. Lázaro y J.Duva Ninguno de los 10 detenidos esta preso. EL
CEREBRO DE LA RED DEL FRAUDE INFORMÁTICO SALE DE CARABANCHEL DISFRAZADO. El juez de delitos monetarios
decreóo ayer la libertad bajo fianza de tres millones de pesetas para Joaquín González López, supuesto cerebro de la red de venta
de datos informáticos privados, hecho por el que fueron detenidas 10 personas. González abandono ayer la prisión de
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Carabanchel disfrazado con un mono blanco de pintor, para despistar a la maraña de periodistas que le aguardaban a las puertas
del centro penitenciario según informa Efe.
El funcionario Cesar Antonio Cabeza Álvarez, jefe de la unidad de gerencia informática del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y los dos empresarios arrestados por el mismo motivo quedaron libres también bajo fianza de 100.000 pesetas.
González conoció a Cabezas a través de un amigo común y le propuso proporcionarle listados en cintas magnéticas para que aquel
los cruzase con los números de identificación fiscal (NIF) existentes en el Ministerio de Trabajo.
González López propietario de Publi-Gest, ha salido en libertad 48 horas después de que el juez Miguel Moreiras
decretase su prisión incondicional. El cambio de decisión judicial se atribuye al informe emitido por la fiscalía, en el que se pedía la
inhibición de la Audiencia Nacional por no ser de su competencia los delitos de cohecho y revelación de secretos que se imputan al
detenido. También quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 pesetas los propietarios de la empresa Tres Cantos, Francisco
Javier Giménez y José María Rodríguez. Giménez declaró que fueron contratados por la Asistencia Técnica de Municipios (ATM), a
través de Gabriel Usera y Rosa María Álvarez Cantó, dos de los informáticos detenidos que ya quedaron en libertad bajo fianza.
UN COLADERO. La empresa Tres Cantos debía facilitar los datos de distintos municipios, entre ellos San Sebastián de
los Reyes, Toledo, Plasencia, Burgos y Ciudad Real. Cobraba 2,50 pesetas por cada nombre contenido en los listados. La
Asociación de Jueces Francisco de Victoria expresó ayer su "preocupación" por la existencia de "una red de tráfico de datos
informáticos" y considero "especialmente grave" que la filtración de tales datos "proceda de la Administración". Esta asociación
entiende que "es urgente colmar el vacío legal que existe al respecto", y apuesta porque se tipifique como delito" la filtración de
datos íntimos de ciudadanos a empresas privadas informa José A. Hernández. Por ultimo Miguel Soler directivo de la empresa
almeriense de publicidad por correspondencia Post-Almería, se negó a comprar listados de información personalizada -que le
habían sido ofrecidos por Coditel y Camerdata- debido a los altos precios, informa Ángel González.
16-01-92 "ABC" páginas 19, 20 y 56. ZIGZAG
UN DELITO MODERNO. La detención de una red informática ilegal de datos sobre 21 millones de ciudadanos destinada a
empresas publicitarias y de «mailing», y la detención de los responsables de tan fabuloso acopio, ha puesto al descubierto el que
puede ser, tal vez, el primer delito netamente moderno -e incluso hasta futuro- que en nuestro país se conoce. La información ha
sido siempre vehículo o instrumento de poder, ha servido para chantajear o anticiparse a los movimientos del adversario, pero
nunca como hasta ahora había sido tanto poder en sí mismo. En su última estancia en España, Alvin Toffler pronunció una
conferencia significativamente titulada «Quién tendrá el poder en el siglo XXI», en la que dijo que «el dinero se está convirtiendo en
información, y la información en dinero». Según Toffler, la violencia, el dinero y por último el conocimiento delimitan las etapas
fundamentales en la evolución del poder. Una sociedad también se conoce a través de sus delitos, y no cabe duda, pues, de que la
nuestra ya es -para bien y para mal- una sociedad moderna.
En la página 20 Opinión nos dedica un chiste firmado por Mingote.
«EN ESPAÑA EXISTEN MUCHAS EMPRESAS COMO LA MÍA», AFIRMA EL «CEREBRO» DE LA RED ILEGAL.
NIEGA HABER COMPRADO BANCOS DE DATOS CONFIDENCIALES A FUNCIONARIOS.
Madrid, José Luis Semprún.
El considerado policialmente como «cerebro» de la venta ilegal de datos informáticos sobre más de veinte
millones de españoles, Joaquín González López, manifestó ayer a ABC que sentía «injustamente» tratado y negó haber
realizado actividad ilegal alguna, como la compra ficheros a funcionarios corruptos. «Sólo he actuado como una persona
más de las cien mil que en España nos dedicamos a este negocio», afirmó.
González, principal encartado en la operación «Cobra», como se denominó en fuentes judiciales la larga investigación que
se prolongó por espacio de medio año hasta proceder a las detenciones del citado «cerebro» y de una decena de personas más
salió del complejo penitenciario de Carabanchel la noche del martes, tras depositar una fianza de tres millones de pesetas, y no
precisamente disfrazado como se ha dicho, sino vistiendo un mono facilitado por el hospital penitenciario. Su estado de salud es
delicado y a sufrido dos intervenciones quirúrgicas, una de ellas a corazón abierto. «Por ello, nada más ingresar en Carabanchel,
me llevaron a la enfermería -dijo a ABC-. Pero de allí me enviaron al hospital donde he pasado estos días.
«Se han inflado demasiado las cosa -añadió-, porque aunque poseo información sobre 21 millones de personas, muchos
datos pueden estar duplicados, y es información antigua, la mayor parte de ella de 1984. Lo más moderno era del año 1989.
El principal sospechoso de integrar una red de venta de datos confidenciales procedentes de ficheros de organismos del
Estado negó una de las principales acusaciones que pesan sobre él, como el cohecho al comprar listas a funcionarios que tenían
acceso a los ordenadores oficiales. «Lo que tenía lo compré a otras empresas o era producto de intercambios de programas. Pero
nunca he comprado el material a funcionarios. Los datos que teníamos los cruzábamos con los de otras empresas, pero esto es
algo que hace todo el mundo. En España, por lo bajo, nos dedicaremos a esto unas cien mil personas».
44

El origen de los datos según González, «es publico. Proceden de ficheros que están abiertos a todos, como las listas de
contribuyentes, los de tráfico, -que facilitan hasta medio centenar de datos sobre cada persona-, los registros de la propiedad, de
empresas, el industrial, los censos que tienen todos los partidos políticos, colegios profesionales, el servicio Camerdata de las
Cámaras de Comercio, etcétera, pero siempre hemos respetado la vida privada y en ningún lado figuran alusiones a amantes; eso
es mentira. Esto mismo hacen las grandes empresas como la multinacional Publienvio, o la misma Compañía Telefónica. No es
nada ilegal...»
Para González, su detención, tras un largo acoso «pues han intervenido mi teléfono durante seis meses, me hace sentir
como el objeto de una campaña». No obstante, prefiere no pronunciarse sobre la actuación de la policía o del juez de delitos
monetarios, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza, «porque estoy en libertad condicional y no quiero arriesgarme a que se
mal-interpreten mis declaraciones».
Joaquín González insistió en que no existe un negocio multimillonario, « como la policía sabe muy bien por las escuchas
telefónicas. Espero -concluyo-, que la nueva ley del secreto informático no acabe con este tipo de empresas. La publicidad directa
es un medio más de comunicación y funciona en todos los países. En algunos recibe incluso ayuda de la Administración.
PUDO HABER OMISIÓN DE CUSTODIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN LA CLI.
Madrid, Sonsoles Giménez: La Comisión de Libertades e Informática, integrada por diferentes entidades entre las que se
encuentran los dos sindicatos mayoritarios, va a ejercer la acción popular en el caso de la red de tráfico ilegal de datos descubierta
recientemente. El abogado encargado será Diego López Garrido, especialista en legislación sobre datos personales. Sin embargo,
la acción judicial será ejercida en nombre de la CLI por las entidades-miembro que así lo decidan, puesto que esta Comisión no
tiene personalidad jurídica propia.
Lo que pretende la CLI es determinar los responsables, el alcance de sus responsabilidades, en el caso de empresas
privadas, descubrir si eran conscientes de que la compra de estos datos era ilegal. Rafael Fernández Calvo, representante de la
asociación de técnicos de informática, indicó que la Administración tiene dos tipos de responsabilidad diferentes, «la personal de los
funcionarios que presuntamente hayan intervenido y la omisión del deber de custodia por parte de los responsables de los
ficheros».
Por su parte, Luis Otero, perteneciente a la Asociación Pro Derechos Humanos, criticó las recientes manifestaciones del
ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray. El ministro afirmó que el peligro para la intimidad de los
ciudadanos en este campo provenía de las empresas privadas no de las publicas.
CONSENTIMIENTO EXPRESO. Sin embargo, Luis Otero señaló que los datos personales más específicos están en los
ficheros públicos y aludió a un comunicado de prensa de la Asociación de Informáticos de la Administración Pública por el que este
colectivo solicita el esfuerzo refuerzo de los mecanismos que garanticen la seguridad de los datos que custodia la Administración
Pública.
Jorge Aragón, representante de CCOO consideró que «es positivo que se haya denunciado y descubierto este caso, pero
no puede servir de pantalla para que el proyecto de LORTAD sea aprobado sin más».
La CLI ya propuso 41 enmiendas a esta ley, destinadas en su mayor parte a conseguir que la cesión de datos se haga con el
consentimiento expreso y por escrito de los interesados y a que los denominados datos «sensibles» (creencias, razas, etc.) no
puedan ser objeto de ningún fichero de titularidad pública o privada.
Rafael Fernández Calvo indicó que los peligros se producen porque, al no existir legislación, las empresas con datos se
consideran legitimadas para pasárselos a otras que los comercializan. Elena Gómez, perteneciente a la asociación española de
marketing directo añadió que « los datos pertenecientes a ficheros accesibles al público, como los del registro Mercantil o
Telefónica, pueden ser recogidos e informatizados por empresas y pueden transferir sin consentimiento expreso. Sin embargo, la
transmisión de datos «sensibles» debe contar con la autorización expresa.
La CLI solicita, además, que el órgano encargado de la custodia de los ficheros informáticos sea una comisión, no una
sola persona, y que las empresas den oportunidad a los ciudadanos de que sus datos no sean accesibles.
16-01-1992 "YA" Madrid La Comisión de Libertades Informáticas creará un servicio de ayuda al ciudadano
CONTRA LOS LADRONES DE DATOS. La Comisión de Libertades Informáticas (CLI) creará un servicio de asistencia al que
podrán acudir todos los ciudadanos que consideren violados sus derechos, por un mal uso de las nuevas tecnologías. La CLI
anunció además, que ejercerá la acción popular en el sumario sobre la red de tráfico de datos personales.
Según explico Luis Otero, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en la CLI, organización no
gubernamental que agrupa a sindicatos, asociaciones profesionales, juristas, técnicos y consumidores frente a los abusos de la
informática, esta medida pretende contribuir a determinar las responsabilidades de los implicados, tanto de organismos públicos
como privados.
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Otero explicó a EFE que será el abogado y letrado en excedencia de las Cortes Diego López Garrido quién se hará cargo
del caso, por ser uno de los más destacados especialistas sobre protección de datos personales y coautor en 1987 de la propuesta
de ley sobre esta materia, elaborada con el patrocinio de la APDH.
Aunque a juicio de esta Comisión la acción policial resulta positiva, "este turbio asunto no puede servir de pantalla para
que el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD),
actualmente en trámite parlamentario, se aprueba rápidamente sin modificaciones", dijo Otero.
El pasado 28 de noviembre el Pleno del Congreso rechazó las cinco enmiendas a la totalidad en las que Partido Popular,
IU, CDS, Eusko Alkartasuna y Partido Andalucista pedían devolución al Gobierno de este proyecto de ley que deberá regular la
recogida y tratamiento automatizado de datos en ficheros, algunos de cuyos artículos han sido muy criticados.
Antonio Farriols, representante de UGT en la CLI, explicó que deberían modificarse los artículos referidos a las excepciones
que introduce la Ley para el control de los ficheros de titularidad pública, como los de hacienda, y a la imposibilidad de acceder
y modificar datos policiales.
* "PREGUNTAR SOBRE CREENCIAS VA CONTRA LA CONSTITUCIÓN"
Especialmente criticado es el artículo 20 de la LORTAD, ya que autoriza la recogida de datos sensibles -creencias, hábitos
sexuales o ideología-, por las fuerzas de seguridad del Estado sin control judicial, lo que en opinión del portavoz de la Asociación de
Técnicos de Informática (ATI), Rafael Fernández Calvo, "es anticonstitucional y equivale al zapatazo electrónico".
En este sentido, la CLI considera inaceptables las declaraciones del ministro para las Administraciones Públicas, Juan
Manuel Eguiagaray, en las que afirmaba que el peligro para los ciudadanos proceden de los ficheros privados y no públicos, cuando
los técnicos informáticos de la Administración han denunciado la indefensión de sus sistemas.
* "EL PROYECTO DE LEY INFORMÁTICA PREVÉ SANCIONES ADMINISTRATIVAS"
El proyecto de ley informática únicamente establece sanciones administrativas que, en caso de infracciones muy graves
pueden alcanzar los 100 millones de pesetas. Por otro lado la Asociación Española de Empresas de Marketing Directo, que agrupa
a más de 120, está elaborando su primer código ético con el fin de regular la recogida, manejo y protección de datos personales de
los consumidores.
17-1-1992 "El País" Portada: 25 LA POLICÍA INVESTIGA A 40 PERSONAS, ENTRE ELLAS OCHO FUNCIONARIOS,
POR TRÁFICO DE DATOS INFORMÁTICOS. Página 25: Jesús Duva. ALGUNOS FUNCIONARIOS RECIBIERON HASTA UN
MILLÓN DE PESETAS POR FACILITAR DATOS. LA POLICÍA INVESTIGA A OTRAS 40 PERSONAS IMPLICADAS EN LA
VENTA DE DATOS INFORMÁTICOS. Unas 40 personas -entre las que hay ocho funcionarios- están siendo investigadas en
relación con la red de fraude informático descubierta en Madrid. La policía cree que alguno de estos funcionarios ha
cobrado hasta un millón de pesetas por facilitar información. Joaquín González López, presunto cerebro de la
organización , cuenta con "uno de los mayores y mejores bancos de datos" de España. Los agentes que investigan en el
caso desde que un empleado arrepentido presentase una denuncia el año pasado deberán analizar el contenido de las
2.000 cintas magnéticas decomisadas. Joaquín González ha declarado que en España hay muchas empresas como la suya y
que obtienen la información en archivos de acceso publico. Pero un responsable policial replica "No es cierto que estas empresas
hayan conseguido los datos en ficheros públicos, ya que en estos no figura la relación familiar y el número de personas que
integran la familia, ni los ingresos de las personas, ni su nivel cultural y el de la familia, ni el modelo y la matrícula de su automóvil, ni
el tipo de vida.
El hecho de que el juez Miguel Moreiras se haya inhibido del sumario, tras un informe de la fiscalía que estimaba que la
Audiencia Nacional no tiene competencia para este caso, ha supuesto un parón en el desarrollo de las investigaciones, según
reconocieron ayer fuentes policiales. Estas creen que el asunto volverá a cobrar impulso la próxima semana, después de que el
juez de instrucción número 2 de Móstoles reciba los 1.000 folios que componen las diligencias. Días atrás fueron detenidas 10
personas, entre ellas, Cesar Antonio Cabeza Álvarez, funcionario del Ministerio de trabajo y Seguridad Social: Joaquín González
López, propietario de Publi-Gest, y Carlos Álvarez Cantón Obregón, dueño de otra empresa similar y considerado como el cerebro
informático del grupo. Todos han quedado en libertad.
González López tenía fichados a más de 20 millones de españoles "Pero lo verdaderamente importante no es la
cantidad de los datos. Tiene una información reservada muy importante, lo que convierte a Publi-Gest en uno de los
mejores bancos informáticos de España", según indico un responsable policial. Publi-Gest que a su vez se alimentaba de lo que
aportaban otras empresas afines, cuenta con una información actualizada y muy completa, por ejemplo, sobre todos los
funcionarios de la Administración del Estado y otros referidos a pensionistas, automóviles y empresas inducen a pensar que en la
trama están implicados funcionarios de los ministerios de Presidencia, Trabajo, Interior y Hacienda.
Durante los seis meses que el Servicio Central de Policía Judicial ha estado investigando el caso, los agentes han
sometido a seguimiento, control y escucha telefónica a numerosos sospechosos. Así, han reunido suficientes indicios contra un
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grupo de funcionarios corruptos que en algún caso han percibido hasta un millón de pesetas a cambio de facilitar los listados
magnéticos, según fuentes próximas al caso. La policía está estudiando las cuentas bancarias de los presuntos implicados en la
red. En alguna operación, un cliente pagó un trabajo a Publi-Gest, la empresa radicada en Móstoles, entregándole una furgoneta.
NUEVAS DETENCIONES. Es previsible que en los próximos días haya nuevas detenciones ordenadas por la juez de
Móstoles, que se ocupará de instruir el sumario. La policía también espera extender sus investigaciones a Andalucía, Extremadura
y otras regiones. Las 2.000 cintas magnéticas decomisadas por la policía están etiquetadas con epígrafes como vehículos, jóvenes,
empresas rechazadas, padrón de Madrid, entidades bancarias, heráldica, currantes, censo Badajoz, bomberos, talleres, etcétera. El
juez Miguel Moreiras, antes de inhibirse del caso, ha ordenado que este material sea trasladado al centro de proceso de datos de la
policía en El Escorial. "El análisis de lo que contienen estos soportes puede durar varios meses", según un responsable de la
investigación.
La Comisión de Libertades e Informática (CLI), integrada por los dos sindicatos mayoritarios y otras entidades, ejercerá la
acusación popular en este caso. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Asociación Pro
Derechos Humanos, se encargará de la tramitación legal. (Se incluía un recuadro titulado RELACIÓN DE LOS 53 DATOS QUE
FACILITA PUBLIGEST
DATOS GENERALES PERSONALES IDENTIFICADORES INDIVIDUALES: 1, DNI, 2 CIF, 3 Sexo V.M., 4 Estado civil, 5
Formato del nombre, 6 Apellido 1. Apellido 2. Nombre, 7 Fecha de nacimiento (día, mes, año), 8 Calle, nº piso y puerta, 9 Nombre
de la entidad singular, 10 Código postal, 11 Municipio (literal), 12 Relación familiar, 13 Tipo de vivienda, 14 Provincia, 15 Municipio
(codificado), 16 Nº de personas en la unidad familiar, 17 Nº identificación del núcleo familiar, 18 Entidad singular, 19 Núcleo vecinal,
20 Apuntadores identificadores, 21 Nivel socio económico, 22 C.N.A.E. (codificado), 23 nº de vehículos de su propiedad, 24 Nº de
vehículos en toda la familia, 25 Nivel cultural individual, 26 Nivel cultural medio del núcleo familiar.
DATOS DE LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA: 27 Nº identificador empresa, 28 Nombre de la empresa, 29
Domicilio de la empresa calle y número, 30 Población, 31 Provincia, 32 Total compañeros de trabajo. RESTO DE INFORMACIÓN
INDIVIDUAL: 33 Fecha de antigüedad en el empleo, 34 Provincia de nacimiento, 35 Régimen general TCA, G.H.A., 36 Tipo de vía,
37 Nombre de la vía, 38 Nº de la vía, 39 Piso y puerta, 40 Entidad singular codificada, 41 Prefijo y teléfono, 42 Nº identificador del
registro, 43 País de nacimiento. DATOS DEL ÚLTIMO VEHÍCULO ADQUIRIDO: 44 Tipo de vehículo, 45 Claves de carburantes,
46 Categoría, 47, Tipo de servicio, 48 Clave de procedencia, 49 Potencia fiscal, 50 Nº de plazas, 51 Cilindrada, 52 Fecha de
compra, 53 Matrícula.
17 de enero de 1992, LA POLICÍA INVESTIGA A 40 PERSONAS, ENTRE ELLAS OCHO FUNCIONARIOS, POR
TRÁFICO DE DATOS INFORMÁTICOS.
PUDO HABER OMISIÓN DE CUSTODIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN LA CLI Madrid, Sonsoles Giménez. La Comisión
de Libertades e Informática, integrada por diferentes entidades entre las que se encuentran los dos sindicatos mayoritarios, va a
ejercer la acción popular en el caso de la red de tráfico ilegal de datos descubierta recientemente. El abogado encargado será
Diego López Garrido, especialista en legislación sobre datos personales. Sin embargo, la acción judicial será ejercida en nombre de
la CLI por las entidades-miembro que así lo decidan, puesto que esta Comisión no tiene personalidad jurídica propia.
Lo que pretende la CLI es determinar los responsables, el alcance de sus responsabilidades, en el caso de empresas
privadas, descubrir si eran conscientes de que la compra de estos datos era ilegal. Rafael Fernández Calvo, representante de la
asociación de técnicos de informática, indicó que la Administración tiene dos tipos de responsabilidad diferentes, «la personal de los
funcionarios que presuntamente hayan intervenido y la omisión del deber de custodia por parte de los responsables de los
ficheros».
Por su parte, Luis Otero, perteneciente a la Asociación Pro Derechos Humanos, criticó las recientes manifestaciones del
ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray. El ministro afirmó que el peligro para la intimidad de los
ciudadanos en este campo provenía de las empresas privadas no de las publicas. CONSENTIMIENTO EXPRESO Sin embargo,
Luis Otero señaló que los datos personales más específicos están en los ficheros públicos y aludió a un comunicado de prensa de
la Asociación de Informáticos de la Administración Pública por el que este colectivo solicita el esfuerzo refuerzo de los mecanismos
que garanticen la seguridad de los datos que custodia la Administración Pública.
Jorge Aragón, representante de CCOO consideró que «es positivo que se haya denunciado y descubierto este caso, pero
no puede servir de pantalla para que el proyecto de LORTAD sea aprobado sin más».
La CLI ya propuso 41 enmiendas a esta ley, destinadas en su mayor parte a conseguir que la cesión de datos se haga con el
consentimiento expreso y por escrito de los interesados y a que los denominados datos «sensibles» (creencias, razas, etc.) no
puedan ser objeto de ningún fichero de titularidad pública o privada.
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Rafael Fernández Calvo indicó que los peligros se producen porque, al no existir legislación, las empresas con datos se
consideran legitimadas para pasárselos a otras que los comercializan. Elena Gómez, perteneciente a la asociación española de
marketing directo añadió que « los datos pertenecientes a ficheros accesibles al público, como los del registro Mercantil o
Telefónica, pueden ser recogidos e informatizados por empresas y pueden transferir sin consentimiento expreso. Sin embargo, la
transmisión de datos «sensibles» debe contar con la autorización expresa.
La CLI solicita, además, que el órgano encargado de la custodia de los ficheros informáticos sea una comisión,
no una sola persona, y que las empresas den oportunidad a los ciudadanos de que sus datos no sean accesibles.
19-01-92 "ABC" pág.67, 68, 69 y 70. LA PROTECCIÓN DE DATOS, A EXAMEN
LOS ESPAÑOLES, INERMES ANTE LA VENTA DE SU INTIMIDAD.
UN vacío legal permite la compraventa incontrolada de datos para usos publicitarios.
Los ordenadores del Estado nutrían los archivos de la red desarticulada en Madrid José Luis Semprún.
El golpe asestado por la Policía Judicial a la Red de compraventa de datos confidenciales, procedentes de los
ficheros del Estado, ha puesto en evidencia el vacío legal que en estos asuntos padece la sociedad española. En pleno
apogeo de la era informática, y cuando los superordenadores del Gobierno rellenan sus bancos de datos hasta con la
remota intimidad del número de cuartos de baño de los hogares españoles, ha saltado la alarma al descubrirse que un
grupo de informáticos disponía de informes reservados de hasta 21 millones de ciudadanos y los vendían al mejor postor
para facilitar los envíos publicitarios de todo tipo.
En medios del sector era cosa sabida que este tipo de informaciones estaban a la venta. Eran muchas las personas que
ofrecían a empresas de publicidad directa, entidades bancarias y a todos quienes precisasen los datos, largas listas con nombres
de los españoles y cuantos datos personales acerca de ellos se requiriesen. Y mientras que en cualquier país de nuestro ámbito la
sola manipulación de algún informe personal está firmemente regulada por la ley, el vacío normativo que existe en España permite
un mercado multimillonario basado en el tráfico de la intimidad ciudadana.
La denuncia de un ciudadano puso a la Policía sobre la pista de un grupo de estos traficantes de datos confidenciales que,
según las investigaciones, habrían obtenido información de los mismos ficheros del Estado. Los Policías, después de unas primeras
gestiones para verificar la extensión de la red y saber de la existencia de funcionarios corruptos que permitieron el acceso a los
archivos oficiales con gran facilidad, decidieron actuar, de acuerdo con la Audiencia Nacional. Se trataba de asestar un golpe de
mano en pleno vacío legal, que iba a levantar una oleada de indignación entre los ciudadanos que han descubierto que sus datos
personales estaban en manos de gentes que traficaban con ellos.
FICHEROS PÚBLICOS Quizá más sorprendente ha sido para los españoles conocer hasta que punto es pública la
información que los profesionales de este campo pueden llegar a obtener por medios legales. Los censos electorales, las listas de
colegios profesionales, de asociaciones, de clientes de determinados negocios, de registros como los de la propiedad Inmobiliaria,
Industrial e Intelectual, el de empresas, de organismos como las Cámaras de Comercio o la Compañía Telefónica, etcétera. Si a
eso se unen los datos confidenciales arrancados de los archivos estatales, el resultado es más que alarmante.
Para los empresarios del sector consultados por ABC, la actuación policial -seis meses de investigaciones, una decena de
detenidos y miles de listas incautadas- ha tenido el efecto de una campaña de imagen promovida para generar un clamor popular y
justificar así la aprobación de su proyecto de ley de protección de datos informáticos, que la oposición rechaza.
No obstante, el Juzgado de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional encontró en las pruebas presentadas por la
Policía indicios suficientes para ordenar la prisión incondicional del considerado como «cerebro» de la red, Joaquín González,
aunque más tarde fue puesto en libertad bajo fianza. El resto de los detenidos no llego a entrar en prisión. Entre ellos figura un
funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los policías siguen la pista de varios empleados públicos implicados en
los mismos hechos.
Según fuentes policiales, el vacío legal en esta materia no es tal que impida actuar contra estos presuntos infractores ya
que, además de sanciones administrativas, pueden ser acusados de delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales y, en
caso de demostrarse su culpabilidad ante un tribunal, ingresar en prisión por algunos pocos años.
CRÍTICAS AL PROYECTO. El parlamentario de la Asamblea regional madrileña y asesor jurídico de su grupo en el
Congreso, Ignacio del Río García de Sola, ha manifestado a ABC que la situación revela «una enorme negligencia» por parte del
Gobierno al no poner los medios necesarios para salvaguardar los datos que recibe, lo que permitiría a los ciudadanos afectados
presentar incluso reclamaciones económicas. Según del Río, ahora que se está a punto de acordar los fondos para poner en
marcha el acuerdo de Schengen, aterra pensar que el intercambio que supone de informaciones con archivos policiales de los
países comunitarios pudiera quedar al alcance de estos mercaderes de datos.
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El Gobierno quiere sacar adelante lo antes posible su ley de datos informáticos, que ha sido criticada con dureza desde la
oposición y desde el sector profesional.
Según se ha informado a ABC, se teme que la ley pueda afectar gravemente al negocio de la publicidad y acabar con el
sector. Aunque en general todos coinciden en la necesidad de la denominada LORTAD. El Grupo Popular ha presentado toda una
serie de enmiendas para evitar su aprobación en la forma en que lo pretende el Gobierno.
DIFERENCIAS Para el citado experto legal del PP, una de las principales diferencias entre socialistas y populares se
encuentra en la concepción misma de la protección a las personas. Así del Río considera que el proyecto legal tiene poco valor
como ley de garantías para evitar daños a las personas en sus derechos y parte de una premisa falsa: «La amenaza está más en
las Administraciones públicas, que son unas devoradoras de datos personales para el ejercicio de sus funciones -dijo el diputado
regional-, que en el progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos».
Para el PSOE, que no admite la existencia de un «defensor del pueblo informático» y reserva la supervisión de las
garantías al Gobierno, los ficheros no deben ser de titularidad privada, sino pública. Así los particulares no podrán, de acuerdo con
los criterios del ministro de turno, tener más que un acceso parcial a los datos que sobre ellos se conservan en lo que, en opinión
del parlamentario regional del PP permite al Gobierno acercarse al «Gran Hermano» que imaginó George Orwel en «1984».
Doble página 68 y 69.
DESDE LA DEFENSA ABSOLUTA AL MÁS IMPUNE MERCADO DEL SECRETO PERSONAL. El debate sobre la
protección de los datos confidenciales en los principales países del mundo ha suscitado una encendida polémica en los últimos
años, como veremos en el análisis que sigue. Los resultados han sido dispares. Atendiendo a las naciones de nuestro entorno,
mientras que los alemanes han sujetado su natural interés a ficharlo todo con una rigurosa legislación, en Gran Bretaña faltan por
concretarse los medios y en Portugal la realidad difiere de lo que establece el texto constitucional. Entretanto, en Estados Unidos no
existe una legislación federal y el «desbarajuste» adquiere dimensiones alarmantes, y en Japón sólo los funcionarios están sujetos
a una norma.
20-1-1992 "PANORAMA" Portada ESCÁNDALO INFORMÁTICO LOS PLANES SECRETOS DE LOS "PIRATAS DE LA
INFORMACIÓN" Página 3 (al lado de una fotografía tomada durante la rueda de prensa que la Dirección General de la Policía
celebro el 10 de enero de 1992). ESCÁNDALO INFORMÁTICO. La negligencia estatal deja la intimidad de los españoles en manos
de los piratas informáticos. Muchas empresas utilizan los servicios de quienes acaparan datos personales que, a veces, son
conseguidos incluso mediante el soborno. Mientras, los ciudadanos están indefensos.
En el interior páginas 24 a la 29 ambas inclusive, Nuria Várela/ Francisco J. de Palacio: El mercado de ventas por correo
mueve en España 200.000 millones de pesetas al año. Para realizar su actividad, las empresas utilizan los servicios de
quienes acaparan toda clase de datos, algunos conseguidos incluso mediante el cohecho y el soborno. Mientras, los
ciudadanos se encuentran atrapados e indefensos ante el tráfico de su vida privada.
CIUDADANOS TRASPARENTES. La negligencia del Estado deja la intimidad de los españoles en manos de los
piratas informáticos. Son las cinco de la mañana. Miguel Soares acaba de convertirse en un Géminis, al nacer el 6 de junio de
1991 en la clínica madrileña de la Luz. Pocas horas más tarde, una secretaria inscribe su nombre, su sexo, peso y nombres de sus
padres en el ordenador del hospital mientras su padre, Miguel, espera impaciente el momento de acudir a la mañana siguiente al
Registro Civil para dejar constancia de que ha tenido a su primogénito. Allí, de nuevo, escriben su nombre y apellidos, y queda
registrado para siempre.
Transcurrido el primer mes de vida, Miguel recibió una carta en la que le recomendaban los mejores pañales para su edad,
los potitos más nutritivos, según los mejores pediatras y la compra de un libro sobre los cuidados durante los primeros años del
bebé. Más tarde le enviaron publicidad sobre juguetes educativos y luego, sobre guarderías.
Miguel, padre, nunca sabrá cómo han averiguado su nombre y dirección y, lo que es más sospechoso, cómo han sido tan
oportunos los misteriosos cerebros del marketing por correo para saber el momento exacto en el que deberían mandar su
publicidad.
Cualquier persona, desde que nace, va dejando un reguero de fichas de ordenador por donde pasa. Toda actividad que
realiza queda registrada voluntaria o involuntariamente en numerosos listados que en ningún momento controla ni sabe si son
susceptibles de acabar en manos de quienes saben hacer de ellos pingües negocios. Un mailing (carteo) de 50.000 direcciones
bien dirigidas a posibles compradores puede dar un beneficio a la empresa que promociona un producto entre 17 y 25 millones de
pesetas, como atestigua Marcos Fernández, dueño de una empresa de venta por correo.
TRÁFICO DE DATOS. El encarcelamiento y posterior puesta en libertad -bajo fianza de tres millones de pesetas- de
Joaquín González López, propietario de la empresa Publi-Gest, domiciliada en Móstoles, y de Cesar Cabeza Álvarez, funcionario
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del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con toda una red de más de diez personas que se dedicaban a suministrar,
almacenar y vender listados de particulares con toda clase de datos, ha hecho saltar a la opinión pública un escándalo que ya venía
gestándose desde hace años. La unión de Consumidores de España había registrado denuncias por utilización de datos llamados
«sensibles»: los que afectan a la vida privada de las personas.
Pocas horas después de haber muerto su padre, Juan G. abrió su buzón y encontró un folleto a su nombre ofreciéndole
publicidad por correo sobre servicios funerarios. Manuela Giménez recibió en su domicilio publicidad sobre productos dietéticos
después de acudir a una clínica de adelgazamiento. De este caso y otros se pudo comprobar que existía un fichero circulando con
los nombres y direcciones de tres millones de obesas.
Por primera vez, hace dos años el juez de instrucción número 2 de Madrid distó sentencia contra varias personas y contra
la delegación del Colegio de Arquitectos de Madrid por servir información confidencial. Pero no ha causado efecto y las anécdotas
siguen multiplicándose. También Jesús Gil utilizó el listado de socios del Atlético de Madrid para promocionar las pasadas
navidades el menú de Nochevieja del Club Náutico Náyade, que es de su propiedad. Y hace un mes fueron detenidas tres
personas en Santander por la presunta venta de datos reservados de la Seguridad Social a agencias de detectives e informadores
comerciales.
Casualmente este último escándalo sobre la empresa Publi-Gest, que, según fuentes policiales, poseía datos sobre más
de veinte millones de personas, coincide con el debate parlamentario sobre la Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento
Informatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD). Este proyecto de ley, criticado por la oposición parlamentaria y la
Comisión de Libertades Informáticas, que integran una decena de organizaciones profesionales, sociales y sindicales, contempla
sanciones económicas, que no responsabilidades penales, para evitar que los ficheros existentes se utilicen con fines distintos para
los que en un principio habían sido realizados. Hasta ahora es lícito en España que los archivos de entidades o asociaciones
privadas sean publicados e incluso estas organizaciones pueden vender sus datos. Con la promulgación de la ley, sólo en el caso
de que el ciudadano dé su consentimiento explícito, podrán hacerse públicos sus datos personales.
Antonio Martínez tiene 16 años y acude todos los días al madrileño Instituto Magariños. Cuando comenzó el primer curso
de EGB tuvo que rellenar una ficha que quedó grabada en los ordenadores del Ministerio de Educación, en ella están sus datos
personales y todo su historial académico. Ahora, como sus padres quieren que sea deportista y a él le gusta el tenis, se ha
apuntado al club de Tenis Internacional y también está federado. La primera publicidad personal que recibió a su nombre le ofrecía
cursos de inglés en Inglaterra. Las posteriores fueron sobre una tienda de deportes, una academia de recuperación de verano -ha
suspendido física y química- y sobre un torneo infantil y juvenil en su club. Cuando hace dos meses estrenaba su flamante carnet
de identidad, con lo que su filiación, huellas dactilares y fotografía queda indefinidamente grabada en la memoria de los
ordenadores que la Policía tiene en la carretera de San Lorenzo del Escorial a Guadarrama, no sospechaba lo que esto suponía.
Sus amigos, que ya han cumplido los 17 años, han recibido la citación para acudir al Servicio Militar que les envía el Ayuntamiento
junto con la información del Ministerio de Defensa sobre las posibilidades de voluntariado especial que existe.
Cada español está atrapado en unos cincuenta ficheros, propiedad de la Administración. Los grupos de la oposición se han quejado
de la indefensión que existe frente a las bases de datos estatales.
FICHEROS PÚBLICOS. El ordenador Berta de la Policía, además del DNI, almacena unas 700.000 huellas dactilares de
personas fichadas por distintos delitos, las matrículas de los coches robados, las actividades de talleres mecánicos, los movimientos
de visitantes de hoteles y las personas desaparecidas. El ordenador de la Dirección General de la Guardia Civil registra los casi tres
millones de armas que poseen particulares, coleccionistas y agentes privados de seguridad, mientras que la Dirección General de
Tráfico tiene registrado un parque de catorce millones de vehículos. En el Ministerio de Hacienda hay ochocientos millones de datos
de dieciocho millones de contribuyentes sobre operaciones bancarias y transacciones económicas de todo tipo, Por su parte, en el
Ministerio de Trabajo se encuentran archivadas 12,6 millones de trabajadores, en el de Educación 6,7 millones de escolares y
funcionarios de la enseñanza, en el de Justicia los casi 55.000 reclusos y la Seguridad Social controla a los 13 millones de afiliados
y los casos de enfermedades de declaración obligatoria: veintiún millones en 1990. Aparte, existen otros registros controlados por la
Administración como el padrón, el Instituto Nacional de Estadística o la central de reservas de IBERIA.
PÉRDIDA DE INTIMIDAD. Lo que muchos sectores de la oposición parlamentaria, junto con las organizaciones de
consumidores, denuncian, es el peligro que existe al cruzar los datos de los distintos ordenadores oficiales. En este caso, la
información dispersa se convierte en toda una ficha exhaustiva de la vida privada de cada persona. Julián Marcelo, miembro de la
Comisión de Libertades e Informática y ex-concejal del Ayuntamiento de Valencia, denunció el poco control que la Administración
ejerce sobre los datos que posee, «como el Instituto Nacional de Estadística y los ayuntamientos no tienen capacidad para
informatizar sus datos, subcontratan a otras empresas para que lo hagan. Se supone que están sujetos al secreto informático, pero
en realidad, no les controla nadie».
Quienes sí están realmente controlados son los ciudadanos en el momento que se convierten en prósperos profesionales,
aunque los universitarios ya sufren el bombardeo publicitario en su época de estudiantes. Así, Pedro Campo cuenta cómo nada
más obtener su licenciatura en Ingeniería Industrial y con ello su primer trabajo, su buzón se llenó de otro tipo de ofertas. Sus datos
comenzaban a estar en otro tipo de ordenadores y su nivel adquisitivo le convertía en presa codiciada de empresas de venta y
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publicidad por correo. Su primera nómina le abrió las puertas del Ministerio de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, en donde le
esperaban con los brazos abiertos para colocarle un número de registro. Otro distinto le colocó su banco en las tarjetas de crédito y
en su cuenta corriente, y también la Dirección General de Tráfico apuntó amablemente los datos junto a los de su flamante coche.
Números que, «no sabe cómo», aparecían en los ordenadores de varias entidades privadas de publicidad.
Existen en España alrededor de treinta o cuarenta empresas de bases de datos que venden su información a las de
mailing. Las primeras obtienen los datos fundamentalmente de colegios profesionales, del padrón, de la guía telefónica, de los
ayuntamientos, clubes deportivos, asociaciones empresariales o culturales, agencias de viajes, registro de la propiedad inmobiliaria
e industrial, hospitales, instituciones de enseñanza y todo tipo de entidades y organizaciones con o sin fines lucrativos. Son ficheros
que se compran y se venden sobre un precio que oscila entre cuatro y veinticinco pesetas por dato. Si la Administración maneja
hasta cuarenta informaciones por persona en sus cincuenta grandes ordenadores, se calcula que, por lo menos, el mismo número
de listados están en manos privadas. Este negocio mueve al año en España casi 200.000 millones de pesetas anuales, aunque
este país es uno de los últimos en el ranking de gasto por persona y año, 1500 pesetas, frente a países como Estados Unidos, en el
que cada norteamericano llega a gastar en publicidad directa 85.000 pesetas.
Coditel, una empresa filial al 100 por ciento de Telefónica, tiene un negocio paralelo a la confección de guías, vendiendo
sus datos como el nombre, la dirección, el sexo, el teléfono, la profesión, el nivel salarial aproximado, según las líneas y los
aparatos supletorios contratados, de once millones de españoles. Incluso esta información se sirve clasificada por barrios,
actividades empresariales o profesionales, o niveles de gasto telefónico. El Banco Bilbao Vizcaya y otras entidades financieras
tienen por costumbre realizar acuerdos con compañías de venta por correo utilizando sus listados de tarjetas de crédito, incluso
seleccionando a los clientes con saldos superiores a 400.000 pesetas. El BBV le cobra entre el 3 y el 4 por ciento sobre el valor del
artículo a la empresa vendedora y el mailing lo realiza una tercera compañía de confianza contratada por el banco para asegurarse
que no le copian los listados. Los colegios profesionales ponen a la venta sus bases de datos a un precio que ronda las tres
pesetas por dato, aunque alguno, como el de Arquitectos, tiene editado un libro que cuesta 7.000 pesetas, o el de Aparejadores,
que lo venden por 80.000. Asociaciones como la de electricistas o la de fontaneros venden sus listados en los que se incluye si los
asociados están casados o tienen hijos, la fecha de nacimiento o si son autónomos, a un precio de veinticinco pesetas por dato. Y
se cuenta incluso que empleados de departamentos de personal de grandes compañías han ofrecido listas de trabajadores o que
funcionarios han recibido cohechos a cambio de datos «sensibles».
Ya no se trata como en el último censo de que se pidan los metros cuadrados de la vivienda, con quién se vive, o los
cuartos de baño que hay, o que una simple encuesta requiera datos como la intención de voto, que nadie sabe si luego se incluyen
el nombre y dónde quedan registrados; se trata de que hay compañías de seguros como la British Life que exigen a sus clientes
una prueba del Sida para suscribir un seguro de vida de más de veinte millones de pesetas o donde se les preguntan cuántos
cigarrillos fuman, cuántas copas beben, la altura, el peso, si consume estimulantes, si viaja al extranjero o si tiene un coche con
cierto número de caballos de potencia. Al igual, los titulares de tarjetas de créditos o de grandes almacenes, o los solicitantes de
préstamos bancarios deberán especificar cuánto ganan en millones de pesetas, si su casa es propia o alquilada, en dónde trabaja o
cuántos años lleva en su puesto. Datos que, en ningún caso, sabe su titular dónde van a parar ni qué uso se les dará.
LEGALMENTE INDEFENSOS El delito informático no está tipificado en la legislación española. Una empresa, Publi-Gest,
que manejaba datos sensibles, íntimos, de 21 millones de españoles, puede quedar libre de todo delito, al igual que su dueño,
Joaquín González López, y sus colaboradores, por un vacío legal. El delito de cohecho, en el caso de que se demuestre, es el más
grave de los que se le acusa a González López, penado con condenas de seis meses y un día a seis años. Para paliar esta
situación -el mandato constitucional todavía está sin desarrollar- se encuentra en trámite parlamentario el Proyecto de Ley Orgánica
para la regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. Una ley, criticada desde la oposición, porque,
en palabras de la diputada del PP Loyola del Palacio: «Aplican una doble moral para los archivos públicos y privados». En el
artículo 6 se dice que «el tratamiento automatizado de datos requerirá el consentimiento del afectado. No será preciso tal
consentimiento cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas para el ámbito de sus
competencias». Para la oposición, en este artículo, «cabe todo, la Administración podrá justificar cualquier actividad». Sin embargo,
ninguna asociación o institución podrá hacer públicos sus listados sin el consentimiento expreso de las personas que lo integran,
todo lo contrario a lo que defienden las empresas de Marketing quienes han creado la lista Robinson, donde se pueden inscribir los
españoles que no quieran recibir publicidad por correo en sus domicilios.
UN ESCÁNDALO DE MILES DE MILLONES «Sabemos quién eres, dónde vives, lo que eres y lo que haces. Pero no es
espionaje, es publicidad directa», aproximadamente este texto reza en las cartas comerciales de Publipost, una empresa de
marketing directo que utiliza bases de datos como las que han estado a punto de llevar a la cárcel a Joaquín González López,
propietario de Publi-Gest, y a otros seis colaboradores suyos. El pasado jueves día 9 de enero fue detenido por la Brigada de
Prevención e Investigación de la Delincuencia Financiera y Económica. Miguel Moreiras tardó tres días en enterarse de qué había
hecho realmente el acusado y en decretar seguidamente su prisión. Según decía el parte policial, se había incautado material por
valor de cientos de millones de pesetas y la actividad de esta empresa se cifraba en varios miles de millones. Carlos Pardo,
abogado del empresario, cree se ha exagerado. «Los ordenadores son viejos, de hace seis o siete años. Las cintas no valen más
de quinientas mil pesetas y no fueron comprados a una empresa de venta de ordenadores» No tardaron en aparecer nuevos
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acusados: Cesar Cabeza Álvarez, funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el que Carlos Pardo reconoce que
el empresario tiene cierta relación. «Pero el cohecho no está demostrado», afirma.
Los delitos no estaban claros con lo que el juez Miguel Moreiras prefirió remitir el caso al juzgado de instrucción número 3
de Móstoles. Éste ha acabado dejando en libertad bajo fianza a todos los implicados. Lo único cierto es que centros públicos y
privados habían vendido datos, en los que seguramente está todo el mundo. «Existe una pirámide de empresas y de la cúspide es
de donde sale la información. Ahí hay grandes compañías multinacionales que suministran a las pequeñas como Publi-Gest», dice
Carlos Pardo. Esto no ha hecho más que empezar.
21-1-1992 "SYSTEMAS" Belén García Barroeta/Carmen Arnaiz. La red de piratas informáticos desarticulada el
pasado 11 de enero en Madrid obtenía sus datos mediante el pago a diversos funcionarios de la Administración.
Posteriormente, la información era revendida a empresas de publicidad que la empleaban para sus fines. El cerebro de la
banda, Joaquín González López, de 55 años, comercializaba hasta 53 datos informáticos privados de 21 millones de
ciudadanos -casi la mitad de la población española- a través de sus sociedades.
HASTA 53 DATOS PRIVADOS ESTABAN EN PODER DE LOS TRAFICANTES.
LOA "PIRATAS" INFORMÁTICOS OBTENÍAN INFORMACIÓN MEDIANTE SOBORNOS A FUNCIONARIOS.
A la hora de cerrar este número, las diez personas detenidas en relación con el caso, incluido Joaquín González, se
encontraban en libertad bajo fianza. Un funcionario del Ministerio de Trabajo, Cesar Antonio Álvarez Cabeza Álvarez, y dos
empresarios del sector informático, Javier Giménez Sacristán y José María Rodríguez Menéndez, fueron detenidos el pasado 13 de
enero en relación con la venta de datos informáticos.
En las sedes de Publi-Gest y Data Mail -en las que ahora sólo se obtiene respuesta de un contestador automático-, los
agentes se incautaron de diverso material informático valorado en 1.000 millones de pesetas. En los discos estaba registrada
información sobre 21 millones de españoles. Entre otros datos figuraban declaraciones de la renta, número de la Seguridad Social,
domicilio, datos laborales e, incluso, ideología política de los ciudadanos.
Los dos empresarios informáticos, Giménez Sacristán y Rodríguez Menéndez, eran los responsables del Centro de
Informática Tres Cantos, informó la policía. Giménez y Rodríguez comercializaron ilegalmente los censos de población de diversos
municipios, entre los que se encontraba Madrid.
MÁXIMA CONFIANZA. El subdirector general de Censos Generales del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan
Barrio, declaró a SYSTEMAS que está "absolutamente seguro de que estos datos no han salido del censo de población de 1991, ni
de ninguno anterior". Según Barrio, en esos cuestionarios de población no se registraron los nombres y apellidos ni las direcciones
postales de los encuestados. Las personas que quisieran apoderarse de los datos contenidos en los cuestionarios podrían tener
registros numéricos, "pero en ningún caso nombres", añadió Berrio.
En relación con el comercio de información por parte de las empresas que procesaron esos datos para el INE, Berrio negó
esta posibilidad ya que las casas grabadoras son de la "máxima confianza" y existen equipos de supervisión que controlan, de
forma permanente, el registro y tratamiento de datos. El subdirector de Censos Generales apuntó que la información intervenida a
los traficantes proviene del censo electoral y de "algunos padrones municipales".
LAGUNA JURÍDICA En España existe un vacío legal que posibilita la existencia de estas redes, ya que la Ley Orgánica
de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (LORTAD) se encuentra sometida a trámite parlamentario.
Según Antonio García Merino, portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia -que pertenece a la Comisión de Libertades
e Informática-, existe una relación entre lo sucedido y la falta de cobertura constitucional.
"ESTE ASUNTO SE HA DESTAPADO PORQUE LE INTERESA A LA ADMINISTRACIÓN, PUESTO QUE NO SE
TRATA DE UN TRÁFICO ILEGAL" La comisión emitió un comunicado en el que critica a los sucesivos gobiernos democráticos por
no haber impedido con leyes "el uso descontrolado de las tecnologías informáticas". El artículo 18.4º de la Carta Magna española
establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad de los ciudadanos. "Parece que se va a
desarrollar este artículo, con trece años de retraso, ahora que han desmantelado esta red. El artículo 18.4 no es sólo un principio
programático, sino un mandato al legislativo", afirmó Merino Gil, quien expresó su preocupación porque se han cometido daños
"difíciles de reparar".
La Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha tomado parte activa en la causa. Desde hace unos días, es acusación
popular del caso de la mano del abogado José López Garrido. "Queremos que se determinen todas las responsabilidades directas
e indirectas en el caso. Exigimos que se descubran los mecanismos técnicos de la red y toda su extensión. Estos son los motivos
que nos han llevado a erigirnos en acusación popular", explica Antonio Farriols, miembro de la Comisión.
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Para los integrantes de la CLI, las palabras del subdirector del INE y de los directivos de los organismos bajo sospecha no
dejan de ser una cortina de humo sobre una cuestión que ellos ya habían advertido: "Nosotros ya hemos informado del tráfico de
bases de datos de la Administración y de ciertas empresas. Pero, curiosamente, esta actividad no es legal ni ilegal en España y de
hecho hay más de treinta empresas en España dedicadas a lo mismo". Según otros cálculos, las empresas dedicadas a estas
actividades superan el centenar.
Existe la posibilidad técnica de copiar y manipular la información, puesto que , según Farriols, "es sencillo cruzar las bases
relacionales de las diversas fuentes". De este modo las compañías lograban perfiles de población al gusto del cliente y sin
demasiado esfuerzo. En Europa y pese a la vigencia del Convenio Europa, suscrito por España en 1984, ha habido también casos
sorprendentes; en la última reunión de Comisarios de Datos celebrada en Estrasburgo se han constatado más de 600 casos de
amparo relacionados con la obtención de datos íntimos por parte de empresas, generalmente bancos que denegaban créditos en
circunstancias extrañas.
"NO ES ILEGAL" Sin embargo, hay empresas españolas que consideran que la falta de regulación legal exime culpa a la
actividad de compra de datos. "No se trata de un tráfico ilegal. Las empresas implicadas en la venta de datos realizaban un
comercio no penado por la ley. Este asunto se ha destapado porque le interesa a la Administración", dice José Domingo Carrillo,
consejero delegado de Seinca (Servicios Informáticos de las Cajas de Ahorros). "Habría que penar a los que venden datos de
origen incierto, sacados en muchos casos de forma ilícita de las empresas".
En el careo que sostuvieron Farriols y Joaquín González en el programa de Radio Nacional "La Bisagra", el jefe de la
banda aseguró que "en cuanto salga volveré a montar Publi-Gest". Esta afirmación da idea del amparo que supone para los
encausados el vacío legal existente.
Las últimas averiguaciones revelan que los bancos que tenían relación con Publi-Gest, empresa a la que se denegó su
entrada en la Asociación Española de Marketing Directo, y Datamail, se dedicaban principalmente a comprar información, no tanto a
venderla. Es probable que pueda producirse la implicación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. De este modo, se
explicaría la tenencia de datos como las enfermedades profesionales padecidas o las empresas en las que se ha trabajado.
¿CUÁNTAS AMANTES TIENE USTED? Antonio Moreno Gil, de Jueces para la Democracia, cree que es preocupante
que entre los datos existan algunos que pertenecen a la vida íntima, "como el número de amantes que tiene alguien", ya que eso
lleva a pensar en el Estado en un papel de detective o vigilante. Para el subdirector de Censos Generales del INE, Juan Berrio, el
problema radica en que no existe una legislación adecuada que proteja los datos privados. Afirma que es especialmente grave que
la información con la que se traficaba proceda de la Administración, aunque está convencido de que no proviene del organismo en
el que trabaja. Al margen de la licitud de los medios, Berrio opina que el ciudadano debería tener la posibilidad de "elegir si quiere
recibir o no publicidad por correo".
22-01-92 "DIARIO 16" INFORMÁTICA ¿ESTAMOS RODEADOS? Cuando la "Ley de Datos" ya había recibido críticas de
la oposición, por el control del Ejecutivo de competencias que deberían estar bajo el paraguas del Parlamento, se da a conocer la
existencia de una empresa que compra, manipula y vende información reservada de veinte millones de españoles. Un ex taxista es
el cerebro de un complejo informático que según los informes policiales, sabe más de nosotros que la Administración. "Informática.
¿Estamos rodeados?", es el titulo de EL FORO, se manifiestan: Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de Abogacía;
los catedráticos Ramón Cotarelo, Javier Tusell y Amando de Miguel; la parlamentaria del PP, Loyola de Palacio; el director de
"España Económica", Carlos Rodríguez Braun; el abogado y asesor jurídico de la Asociación Española de la Banca Privada (AEB),
Sebastián Abella; el director de relaciones externas de IBM, Félix Álvarez-Miranda; los humoristas José María Gallego y Julio Rey, y
el miembro del Consejo General del Poder Judicial, Juan Alberto Belloch.
INFORMÁTICA Y DATOS PERSONALES FÉLIX ÁLVAREZ-MIRANDA.
Entre los informáticos hay un consenso sobre la necesidad de regular el tratamiento de los datos personales. La
informática es útil para muchas cosas, pero también puede emplearse para reunir datos sobre las personas y atentar
contra su intimidad. Los informáticos somos los primeros interesados en que se regulen los usos abusivos de nuestra
técnica de forma tal que éstos no enturbien la imagen social que ésta creemos, tiene ganada.
Este asunto no es nuevo; sobre él hay un Convenio Europeo de 1981, ratificado por España; en varios países
europeos existen leyes que lo tratan y hay un borrador de la directiva comunitaria que pretende armonizarlas, y que se
encuentra actualmente en trámite de discusión en el Parlamento Europeo. El proyecto de ley, que entró en el Consejo de
los Diputados español en julio pasado, es muy semejante al borrador de la directiva.
A la directiva se le ha imputado desde círculos empresariales el perderse en los detalles, al pretender establecer un control
burocrático de todos los ficheros existentes y no centrarse principalmente sobre la corrección de los abusos. Algo parecido podría
decirse del proyecto de ley español. Los casos de tráfico de datos en gran escala que han salido a la luz recientemente
pueden llevar a pensar que esto último fuera lo mejor.
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En todo caso, lo deseable sería hacer compatible una protección efectiva con la necesaria fluidez en la circulación de los
datos para usos legítimos. Pensemos que cientos de miles de empresas tienen ficheros de datos personales, para hacer sus
nóminas o sus facturaciones o sus pagos a proveedores, y que el tráfico mercantil obliga a la cesión de parte de estos
ficheros a terceros, para que los transportistas distribuyan las mercancías y los bancos materializen los pagos, por ejemplo. La
futura ley no debería imponer control burocrático alguno al acopio o cesión de estos datos, sino volcar su atención sobre
los casos abusivos, aquellos en los que se mantienen y ceden datos personales para un uso distinto de aquel para el que
fueron recogidos y, sobre todo, cuando se acopian datos sensibles, o se cruzan unos ficheros con otros con el fin de
obtener perfiles de las personas para explotarlos comercialmente.
Esta completa copia de las manifestaciones de un responsable informático de IBM ratifican algo mis palabras, máxime si la
comparamos con el magistrado miembro del Consejo del Poder Judicial don Juan Alberto Belloch Julve que reproduzco a
continuación.
"LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA". JUAN ALBERTO BELLOCH: Así como la verdad absoluta es equivalente a la
absoluta falta de libertad, de igual modo el control de toda la información equivale a ser dueño de todo el poder. De ahí que, por
descontado, sea urgente legislar, y legislar bien, para que el dios de la informática se siga escribiendo con minúscula, para limitar
drásticamente sus inclinaciones totalitarias.
El aparente descubrimiento de que también en torno a este tema existe una verdadera «corte de los milagros» con los
viejos protagonistas de siempre (falsos profetas, pícaros, bufones y vividores) no va a ser la razón determinante de que, por fin, se
afronte en España la tarea de lograr un nivel adecuado de protección de los datos de carácter personal incorporados a los bancos
informáticos.
El dato fundamental es, en mi opinión, la adhesión de España, el 25 de junio de 1991, a la convención de
Schengen. Dicha Convención establece una serie de mecanismos, legales y policiales, orientados a prevenir los derivados de la
abolición de las fronteras internas entre los países miembros. La Convención prevé que cada Estado firmante debe dotarse de una
legislación interna adecuada y debe, asimismo, establecer algún organismo o institución encargada de hacer cumplir tal normativa.
Como quiera que, en términos políticos, la entrada en vigor de la Convención es razonable situarla a principios del año 1993 y como
quiera que tal legislación debe necesariamente estar adoptada antes de tal fecha, no supone ejercicio adivinatorio alguno afirmar
que el presente año 1992 va a ser el decisivo, tanto para los legisladores como para la opinión publica, cara a definición de nuestro
modelo de protección. Necesariamente deberá garantizar el nivel mínimo definido en el Convenio Europeo del ya lejano 28
de enero de 1981. Es también presumible que, una vez más se van a confrontar dos sensibilidades distintas, la que podríamos
denominar «garantista» y la que podríamos calificar de «seguritaria». Es de desear que, en este caso, los legisladores sepan
encontrar un espacio de confluencia. Nada en el terreno de los principios lo impide. Con todo y ojalá me equivoque, la polémica
esta servida.
25-01-92 "ABC" S.S.E. Madrid EL JUEZ DEVUELVE LA FIANZA A SIETE PRESUNTOS MIEMBROS DE LA RED DE
COMPRA-VENTA DE DATOS.
El juez de instrucción nº 2 de Móstoles (Madrid), Gregorio del Portillo, ordenó ayer en un auto la devolución de las fianzas
que el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, impuso a siete presuntos implicados en una red de
compra venta de datos informáticos. Entre los beneficiados por esta resolución se encuentra el supuesto «cerebro» de la red,
Joaquín González López, que tuvo que pagar tres millones de pesetas para eludir la prisión y que ayer prestó declaración ante el
juez Gregorio del Portillo. González López manifestó a ABC su satisfacción por esta decisión, aunque se mantiene su situación de
libertad provisional en tanto el juez resuelve sobre la incoación o archivo de la causa.
Respecto a los demás detenidos.......... ...., el juez no adoptará resolución alguna hasta que no presten declaración en el
juzgado de Móstoles. J.... .... abogado de Joaquín González, manifestó que tras este auto, «es casi seguro que se proceda al
archivo de la causa, aunque la última palabra la tiene el juez». Añadió que «no existen indicios para acusar a Joaquín González de
los delitos que le imputó el juzgado de la Audiencia Nacional -cohecho y revelación de secretos-, por lo menos mientras no exista
una tipificación en el Código Penal».
J.... .... señaló a Efe que su patrocinado explicó al juez que los ordenadores que fueron intervenidos a raíz de su detención
en la calle Juan de Juanes de Móstoles no son de su propiedad, «sino de la empresa Leisa, que tiene en esta localidad su centro de
cálculo. Leisa es propiedad de Antonio Rizo Rodríguez, ejecutivo de una multinacional y jefe de mantenimiento de ordenadores en
un Banco».
P.... explicó que Leisa compró los ordenadores encontrados en Móstoles al Banco Popular y ofreció a Joaquín González,
Publi-Gest, tratarle la base de datos que tenía ésta. El letrado añadió que en las declaraciones de Joaquín González consta
también que los datos que tenía Publi-Gest procedían de registros públicos.
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26-1-1992 "Diario 16" Fernando I. Linzundia Madrid. Dos páginas encabezadas por una fotografía en cuyo pie dice: Los
datos de entrega obligatoria, aquellos solicitados por los diversos servicios de la Administración central, autonómicas y
locales, pueden convertirse en una peligrosa arma cuando son utilizados para otros fines.
«Spain is diferent», rezaba un anuncio que trataba de promocionar el turismo en España. Pues bien, sigue siendo
«diferent». Los españoles son de los pocos ciudadanos europeos no amparados por una legislación que los proteja de la
utilización indebida de datos informáticos de carácter personal. Y el proyecto que prepara el Gobierno no es precisamente
un modelo de ley democrática.
INDEFENSIÓN MANIFIESTA Los españoles están desarmados ante la manipulación de datos informáticos. Soy el
teniente Alistair Carrighan y mi número de identificación es el ....», Según la Convención de Ginebra, los militares apresados no
tienen obligación de suministrar a sus captores más datos que su nombre, empleo y número de identificación.
En España esto no sería posible. Bastaría con que los «malos>< hiciesen una llamada a una de las varias empresas
dedicadas al tráfico de datos informáticos. Unos segundos después sabrían hasta el color de los ojos de su primera novia. Milagros
de la informática.
Los españoles, al igual que la mayoría de los habitantes de los países occidentales, viven rodeados de una maraña
informática. Miles de ordenadores, tanto públicos como privados, procesan a diario millones de datos personales.
En unos casos se trata de información genérica, sin mayor trascendencia y fácilmente accesible a través de mecanismos
tan simples como la consulta de una guía telefónica. Sin embargo, en otras ocasiones se trabaja con «datos sensibles», relativos a
la vida privada de las personas y cuya utilización supone, por tanto, una violación del derecho a la intimidad.
En la mayoría de los países occidentales existen leyes que limitan el uso de los datos informáticos y que establecen
cauces legales para que el ciudadano se defienda de las «agresiones cibernéticas». Estos mismos textos tienen su reflejo en el
Código penal que establece sanciones para los infractores de la norma.
Pero, ¡cómo no!, también en esto Spain is different. Pese a que la Constitución establece en su artículo 18.4 la necesidad
de crear una batería legal que proteja al ciudadano de a pie frente a los posibles abusos informáticos, desde 1978 no se ha hecho
nada. En una palabra, los españoles están tan indefensos en este terreno como el canario Piolín (el de «me pareció ver un lindo
gatito») frente al gato Silvestre. En 1984 hubo un primer intento de crear una ley, pero fue rechazada ante la oposición de los
Ministerios de Interior y Hacienda y desde entonces poco o nada se ha vuelto a hacer. Las autoridades españolas suscribieron en
enero de 1984 un convenio del Consejo de Europa, ratificado en noviembre de 1985, según el cual cualquier ciudadano, a un precio
asequible, puede exigir al Estado que le muestre la información que sobre él acumula para corregir los posibles errores.
Pero este acuerdo quedo en papel mojado. Quien lo dude no tiene más que intentar acceder a sus datos personales
atesorados en el ordenador «Berta», que el Ministerio de Interior ha montado en El Escorial. Esta instalación informática ocupa una
superficie de 132.000 metros cuadrados y cuenta con un sistema de protección que haría palidecer de envidia a los diseñadores de
las defensas de Fort Knox, localidad del estado de Kentucky en la que se almacenan las reservas de oro de Estados Unidos. Hace
cinco años, en 19987, Julián Marcelo Cocho, miembro de la Asociación de técnicos de Informática (ATI), advertía que «este país
exige una ley protectora de datos. Cada vez se emplea más la informática, pero si no hay garantías de defensa, es preocupante lo
que pueda pasar».
Desde entonces, la difusión de los aparatos de procesamiento de datos ha progresado de forma espectacular.
Paralelamente, en España se ha producido una fuerte expansión de las empresas de Marketing Directo. Estas compañías se
dedican a la promoción selectiva de productos entre un público de potenciales compradores elegido de antemano.
Estas firmas precisan de una serie de datos para dividir a los ciudadanos de cada localidad en grupos, según una serie de
criterios fijados de antemano en función del producto que se vaya a promocionar. La operación se lleva a cabo mediante el mailing,
mucho más efectivo que el tradicional «buzoneo», pero también más caro. Un ejemplo clásico de mailing es el de las ofertas
efectuadas regularmente a los titulares de tarjetas de crédito.
Finalmente, lo que tanto se temía sucedió. El pasado 10 de enero la Policía anunciaba la desarticulación en Madrid de una
red de tráfico ilegal de datos informáticos. En principio dos empresas aparecían implicadas en el caso. Posteriores investigaciones
demostraron la implicación de funcionarios de la Administración central e incluso de varias instituciones crediticias. Las fuentes
consultadas por Diario 16 se mostraron unánimemente convencidas de que las ramificaciones son mucho más profundas de lo que
hasta ahora se ha demostrado. Sin embargo, en todos los casos se alega que ésto es fruto directo de la falta de una legislación
sobre el uso de datos informáticos.
LA PUNTA DEL ICEBERG. Rafael Fernández Calvo, copresidente de la Comisión de Libertades e Informática (CLI)
asegura que esto «se deriva de una situación de descontrol generalizada. Lo descubierto es tan sólo la punta del iceberg».
Para Fernández Calvo, «los hechos delictivos no son sólo imputables a los vendedores de datos sensibles, sino que los
compradores deben asumir también su parte de culpa. El acceso de las compañías a los archivos electrónicos de la Administración
demuestra, contrariamente a lo que asegura el ministro Eguiagaray, la falta de rigor y seguridad en la custodia de los mismos».
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«Este caso de corrupción -prosigue Fernández Calvo- demuestra la falta de honestidad de ciertas empresas y la
necesidad de una normativa que ponga fin a esta situación de alegalidad en la que se mueven ciertos sectores».
Todos los consultados coinciden asimismo en denunciar el desinterés y falta de sensibilidad de la Administración. Algunas
fuentes indicaron que ciertos sectores ligados a la seguridad del Estado y a las finanzas públicas y privadas podrían estar detrás de
esta «falta de interés no se puede olvidar que en la sociedad actual información es poder es dinero ...».
Fernández Calvo indicó asimismo que el interés que de pronto demuestra el Gobierno por esta cuestión se debe a la
imposición de la Comunidad Europea (acuerdos de Schengen), que exige que todos sus miembros cuenten con una legislación
sobre manipulación de datos informáticos antes de la entrada en vigor de la libre circulación de personas contemplada por el
Mercado Único.
«No se trata de un interés altruista, sino meramente policial, una cuestión de control. La ley sólo ha sido impulsada
después de que nuestros representantes firmaran los acuerdos de Schengen», agrega el copresidente de la CLI.
Para Elena Gómez, de la Asociación Española de Marketing Directo (AEMD), la Ley Orgánica de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD) «no es la mejor ley, pero por el momento es la única que
tenemos».
Tanto Gómez como el resto de los cuestionados destacaron la posible inconstitucionalidad de la ley. En opinión de todos
ellos, la normativa es excesivamente restrictiva con la actividad privada mientras que atribuye grandes prerrogativas al sector
público y en especial a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En este sentido Elena Gómez señala que la República Federal de Alemania «se dotó en 1978 de una ley particularmente
restrictiva para la actividad privada, que posteriormente hubo de ser modificada con criterios más permisivos». Además, la LORTAD
se inclina hacia el menos democrático de los sistemas posibles, al confiar la Agencia de Control de Datos a una persona nombrada
por el Parlamento y por tanto sometida a las presiones del o los grupos mayoritarios. Para Jorge Aragón de Comisiones Obreras,
«el sistema francés, que pone el control de la Comisión de Libertades Informáticas en manos de una presidencia colegiada en la
que están todos los sectores sociales, es mucho más flexible y democrático».
Por último, todas las personas consultadas por este diario, se mostraron temerosas de que el descubrimiento de la red de
datos produzca una alarma desproporcionada entre los españoles. Esta situación derivaría en una retracción de los ciudadanos que
se negarían a suministrar una serie de datos que afectarían negativamente a la competitividad de las empresas nacionales. «Si
800.000 personas se negaron a rellenar el padrón, imagínense que podría ser esto», señalo Fernández Calvo.
DELINCUENCIA INFORMÁTICA. (Amando de Miguel). No soy jurista ni nada que se le parezca, pero el asunto este del
mercado de los datos confidenciales es metajurídico. Desde luego no existe el tal vacío legal del que hablan enseguida los políticos.
Fundamentalmente es un asunto de tráfico de influencias, corrupción, cohecho, es decir, algo que afecta en primer lugar a políticos
y funcionarios. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de custodiar los datos personales de los contribuyentes, los
administrados, los justiciables. Si no lo hacen, hay sobradas figuras jurídicas para empapelarlos.
No se busque la responsabilidad primera en las empresas que comercian con estos datos. Si son fáciles de obtener, es
humana la tentación empresarial de buscar el lucro correspondiente. ¿Que diríamos si se cedieran los huecos del Museo del Prado
para colocar vallas con anuncios? Sería muy lista la empresa de publicidad que lo intentara, pero sería antes una monumental
malversación de los caudales públicos. Pues en este caso del goteo informático pasa algo parecido. Búsquense a los responsables
políticos o funcionarios, no a los avispados comerciantes. Si nadie cediera las dichosas grabaciones, no habría provecho posible.
El ideal sería que las distintas oficinas donde registramos nuestras medias filiaciones no se intercomunicasen. Se
comprenderá ahora lo nefasta que ha sido la idea de un ubicuo número como el del DNI, o peor aún, como el NIF. Sería un gran
progreso la abolición del DNI, o por lo menos, la supresión de la infamante huella dactilar. Claro que esto es una utopía, pero uno es
perito en utopías, como el otro lo era en lunas.
27-1-1992 "INTERVIÚ", dentro de una reproducción fotográfica relacionada con la informática que ocupa totalmente la
página 21 y parte de la 20:
El escándalo de la venta de datos personales LA INTIMIDAD TIENE UN PRECIO. Gracias al desarrollo de la técnica y a la
falta de legislación en este campo, los datos de casi veintiún millones de españoles están a la venta. Desde la aprobación
de la Constitución Española en 1978, ninguno de los gobiernos que se han sucedido en España han regulado la protección
de los ciudadanos frente a los abusos de la informática. Amparados en ese vacío legal, algunas personas particulares
saben más de veintiocho millones de españoles que la propia Administración, incluyendo ficheros de la policía y de la
Guardia Civil. La desarticulación de una red de traficantes de datos informáticos no es más que la punta del iceberg de un
escándalo en el que podrían estar implicados altos cargos del Gobierno. Manuel Ángel Menéndez /José Carlos Blanco.
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En 1984, el Ministerio de la Presidencia, al frente del cual estaba Javier Moscoso del Prado, elaboró un anteproyecto de
ley por el que se desarrollaba el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978: "La ley -dice el artículo- limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Esa
ley estaba anunciada por el programa electoral "Por el Cambio", con el que el PSOE se presentó y barrió en las elecciones de 1982.
Pero el anteproyecto no pasó siquiera del nivel de subsecretarios. Los entonces ministros de Interior, José Barrionuevo
Peña, y de Economía y Hacienda, Miguel Boyer Salvador, convencieron a Felipe González de que pospusiera "sine die" la elaboración,
presentación en Cortes y aprobación final de esa ley. Las razones según Julián Marcelo, representante de la prestigiosa
Asociación de Técnicos Informáticos (ATI) que viene funcionando desde hace veinticinco años en nuestro país y que reúne a más
de cuatro mil técnicos del sector eran muy claras; en estos momentos Barrionuevo estaba poniendo a pleno funcionamiento los
ordenadores "Berta" de la Dirección General de la Policía, y "Duque de Ahumada" de la Guardia Civil, mientras que Boyer estaba
creando "Rita" y empezaba a interconectar sus bases de datos para perseguir el fraude fiscal.
La insensibilidad de aquel y sucesivos gobiernos de Felipe González hacia la confidencialidad de la información privada ha
conducido a que una sola persona, de profesión conductor, sepa más que la policía y la Hacienda Pública juntos de la vida, obra y
milagros de veinticuatro millones de españoles.
PATADA A LA INTIMIDAD. El Juez de los Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, mandó detener entre el 11 y el 12 de
enero a diez personas en el transcurso de una investigación sobre una red de traficantes de datos informáticos nucleada en torno a
la empresa Publi-Gest, sita en la calle Galatea, 17 Móstoles, propiedad de Joaquín González López, chófer de profesión. Entre los
detenidos, que quedaron en libertad provisional, figuraban los empresarios Francisco Giménez Sacristán y José María Rodríguez
Menéndez, responsables de la sociedad Centro de Informática Tres Cantos, y el jefe de unidad en la Gerencia de Informática Cesar
Antonio Cabeza Álvarez, así como cuatro funcionarios más.
Joaquín González López, de cincuenta y cinco años, casado, de profesión chófer según su carnet de identidad, pero con
altos ingresos económicos, aficionado a las armas y con domicilio en Las Rozas (Madrid), controlaba, a través de los ordenadores
de su empresa Publi-Gest, las cifras referidas a los ingresos económicos de diez millones de españoles, y poseía datos de otros
veintiocho millones, incluido su nivel cultural. Cruzando los ficheros que había conseguido reunir desde los años setenta, González
López sabía más de cada uno de nosotros que la propia policía.
El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, opina que "es muy probable que se
estén utilizando datos para extorsionar a la gente". No me extrañaría nada -continúa Gimbernat- que existieran mafiosos, grupos
organizados al borde de la delincuencia, que trataran de hacer chantaje a personas sobre las que poseen datos, dada la perfección
de los listados encontrados en poder de algunos detenidos".
González López vendía la información confidencial de millones de españoles a empresas de marketing directo, incluso
hacia "listados a la carta", es decir a voluntad del comprador, lo que le reportaba pingües beneficios, pero el juez de delitos
Monetarios, sólo le ha podido acusar de cohecho, revelación de secretos y de uso de nombre supuesto. Algo muy difícil de probar y
por lo que, en el peor de los casos, no le supondría una condena superior a los cuatro años de cárcel.
OPERACIÓN COBRA. Según fuentes policiales, la génesis de la investigación se encuentra en la enorme bolsa de fraude
detectada en el sector. Muchas empresas de "mailing" y control de datos, que mueven, según sus propias estimaciones, entre
ciento cincuenta y doscientos mil millones de pesetas anuales, no entregan en ocasiones facturas y no contabilizan el IVA que
dichas operaciones requieren. Así se llegó a la implicación directa de personas en la compraventa fraudulenta de datos
informáticos.
La policía no ha escatimado esfuerzos. El grupo policial adscrito al juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, se
reforzó para la ocasión. Bajo la clave de "Operación Cobra", treinta policías trabajan actualmente día y noche, los fines de semana
inclusive.
A pesar de que el juez Moreiras haya pasado el caso al Juzgado número 2 de Móstoles, las pesquisas continúan.
Andalucía y el País Vasco, según fuentes policiales, están siendo los últimos lugares sobre los que se está trabajando. En Euskadi,
la policía podría estar investigando a un ex miembro del Gobierno vasco, presuntamente implicado en la venta ilegal de datos
informáticos.
En opinión de empresarios del sector, "esta venta es muy fácil de realizar y muy difícil de detectar. Si los partidos políticos,
como vemos en la prensa, han acudido a todo tipo de trapicheos para financiarse -dice el director general de una empresa de
"mailing" que no quiere revelar su nombre-, es indispensable que no hayan utilizado también esa vía, pues probablemente es la
más simple de todas". Según este empresario, quien afirma estar convencido de la implicación de altos cargos de la Administración
en la venta ilegal de datos informáticos, "es prácticamente imposible detectar el que un responsable de la Administración pida un
listado y luego haga con ellos lo que estime oportuno".
Este empresario ha revelado a interviú la metodología para sacar datos de la Administración: "Se contacta con un
funcionario que pueda tener acceso a los archivos de datos y se le formula la propuesta. El funcionario puede ser un jefe de
departamento informático o un mero bedel que acceda diariamente a un archivo donde suelen estar depositadas las cintas. En
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ocasiones, si hay que entrar en un ordenador, habrá de sobornar a dos funcionarios, dado que la clave para la entrada suele estar a
disposición de dos personas". En opinión de este empresario del sector, "la suma que se ofrece por estos trabajos oscila entre las
doscientas o trescientas mil pesetas y cinco o diez millones, siempre en función del valor de los datos y de la dificultad que entrañe
el conseguirlos".
Y es que, como manifiesta José Antonio Gimbernat, "la necesidad de una ley en dicha materia es absolutamente
imprescindible porque esto es una selva. Las últimas informaciones nos revelan que el tráfico de datos está más consolidado de lo
que nosotros pensábamos gracias a que en España no se ha cumplido el mandato constitucional sobre la protección de datos
informáticos".
OBLIGADOS POR EUROPA En este sentido, el 24 de julio de 1980, Manuel Fraga, diputado por Alianza Popular (AP), ya
formuló una pregunta escrita al Gobierno de Adolfo Suárez sobre la regulación del artículo 18.4 de la Constitución, anteriormente
citado. En 1982, el último Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, fue consciente
del peligro de la informática aplicada a la vida privada de los ciudadanos y se adhirió al Convenio Europeo de Protección de Datos,
que data del año 1980. Existía entonces un proyecto de ley, pero la disolución anticipada de las Cámaras legislativas impidió su
envío a las Cortes. En la Tercera legislatura (1986-1989), la ley sobre la informática fue exigida al Gobierno de Felipe González por
toda la oposición parlamentaria, pero "BERTA", "RITA" y "Duque de Ahumada" eran "razones de peso" para que los socialistas
rechazaran sistemáticamente su envío a las Cortes. En la actual legislatura se han presentado hasta tres proposiciones de ley
sobre este tema y todo ha sido en vano. La última fue la de Izquierda Unida (IU), que redactada por la Asociación Pro Derechos
Humanos, fue presentada el 14 de diciembre de 1989 y rechazada por el Grupo Socialista el 30 de abril de 1990.
El Gobierno, por fin, remitió a las Cortes un proyecto de ley de "Regulación de Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal" el 24 de julio de 1991, cuya tramitación ha "coincidido" sorprendentemente con la desarticulación de esa red de
datos informáticos.
Para la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Loyola del Palacio, la cosa está clara: "Se han visto obligados
por el Acuerdo Schengen, que entrará en vigor a mediados de este año. Por eso se han apresurado a enviar al Parlamento una ley
que puede calificarse de bodrio y que en ningún caso nos satisface por las enormes prerrogativas que concede a la
Administración".
Según todos los datos contrastados por interviú, Felipe González se ha visto obligado a regular el uso de la informática por
la presión europea, en contra de lo que piensan sus ministros de Economía y de Interior. Este es el párrafo del Acuerdo Schengen
que ha obligado al Gobierno a regular ese aspecto por ley: "Por lo que se refiere al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal trasmitidos en aplicación del presente Convenio, cada Parte Contratante adoptará, a más tardar en el momento de la
entrada en vigor del presente Convenio, las disposiciones nacionales que sean necesarias para conseguir un nivel de protección de
los datos de carácter personal que sea, al menos, igual al que se desprende de los principios del Convenio del Consejo de Europa
de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas en lo referente al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal" (Título VI, art. 126.1).
EL GOBIERNO RESPONSABLE. Para el secretario cuarto del Congreso, el diputado de Izquierda Unida (IU) José Luis
Nuñez, " la responsabilidad, claro está, es de la Administración, del gobierno, que ha cometido dos graves errores mantener un
vacío legal contra viento y marea, y la falta de control de aquellos organismos de la Administración que tenían que haber protegido
el secreto de los datos confiados a ella".
Julián Marcelo, representante de la Asociación de Técnicos Informáticos (ATI), incluida en la Comisión para las Libertades
Informáticas (CLI), es igual de expeditivo: "Nuestra asociación venía preocupándose desde 1975 de la confidencialidad, de la
piratería, etcétera, y esto es algo que se veía venir". La ley que propone el Gobierno no convence tampoco a la ATI, porque "es muy
sesgada, en el sentido de que todo está permitido dentro de la Administración pública y sólo pone limitaciones en el sector privado.
Además, parece que han sacado ahora la desarticulación de esa red para que, al empezar a haber escándalos gordos, todas las
fuerzas parlamentarias, presionadas por la opinión pública, suscriban rápidamente cualquier tipo de ley sin muchas modificaciones".
Algo parecido opina el secretario general del Centro Democrático y Social (CDS), Antoni Fernández Teixidó, para quien
"sería muy grave que ahora, escudándose en la alarma social que ha provocado el descubrimiento de esa red, pretendiera el
Gobierno aprobar una ley que, antes de limitar y regular el uso de la informática en beneficio de la privacidad y el honor de las
personas, intentara reproducir el esquema intervencionista y controlador de la libertad personal que luce en el proyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana".
Diego López Garrido, de la Asociación Pro Derechos Humanos, es igual de tajante: "Lo que ha pasado estaba previsto.
Como han sido incapaces los gobiernos de la democracia de sacar un proyecto de ley, estamos como estamos". ¿Por qué se hace
esa ley ahora?. Para Garrido, la respuesta es clara: "Porque la CE está a punto de sacar una directiva sobre ese tema, y si este
Gobierno no presenta una ley sería para que se le cayera la cara de vergüenza. La CE se está dando cuenta de que o se obliga a
todos los países de la Comunidad a tener unas mínimas condiciones de seguridad en los datos, o en el futuro no va a haber
posibilidad de permitir esa libre circulación".
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"BERTA" SON TODOS. Los responsables de las empresas de marketing directo no quieren, por razones obvias, ver su
nombre en letras de imprenta cuando estalla algún escándalo como el del tráfico de datos íntimos. Pero no se niegan a hablar
siempre y cuando se respete el anonimato de la fuente de información. En este caso, un directivo de una empresa importante de
este sector ha desvelado las claves del comercio de la intimidad, aunque, eso sí, con el "off the record" de por medio.
"Esta es una actividad que proviene de hace muchos años. Ahora mismo hay empresas que salen de los catálogos y que
ofrecen bases de datos. Nosotros, como agencia de publicidad, no tenemos esas bases, pero podemos acudir en un momento
determinado a un mercado abierto en el que hay seis o siete empresas grandes que te ofrecen lo que tú quieras ... Hay un anuario
en el que vienen todas".
El anuario en cuestión es la "Agenda de la Publicidad". Allí aparece, por ejemplo la empresa Coditel, cien por cien
propiedad de la compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), y que ofrece sin tapujos el alquiler de su base de datos, basada
especialmente en la información contenida en las diferentes guías telefónicas.
Más importante en el sector es la empresa multinacional Dun And Bradstreet, con sede en España, en la calle Orense, 81, de
Madrid, especializada en ese tipo de información. Por su parte la empresa Meidys se ofrece para la ordenación y puesta al día de
ficheros de clientes, al igual que la sociedad PDM.
Según los empresarios dedicados a esta actividad, el "mercadeo" de datos en España es más antiguo que la propia
democracia. "Antes de 19890 -dice un empresario- me encontré en el avión a un colega con un maletín. Le pregunté: ¿Que llevas
ahí? Su respuesta me dejo helado: Veinte millones de pesetas para comprar un listado".
FELIPE GONZÁLEZ SE HA VISTO OBLIGADO A REGULAR EL USO DE LA INFORMÁTICA POR LA PRESIÓN
EUROPEA.
CRUZANDO SUS FICHEROS, GONZÁLEZ LÓPEZ SABÍA MÁS QUE HACIENDA Y LA POLICÍA SOBRE
VEINTICUATRO MILLONES DE ESPAÑOLES.
LA "ÉTICA" DE LOS TRAFICANTES. Cuando a nuestro compañero de interviú Enrique Barrueco le comunicaron desde
su banco que tenía una deuda de veinte millones de pesetas con uno de los jefes de la masonería española, el ya fallecido Antonio
Villar Massó, lo que imposibilitada para ser beneficiario de cualquier préstamo bancario en toda España, no dio crédito a lo oído.
.....
.....................
27-1-1992 "CAMB16" En portada: El gran escándalo de los ordenadores OJO, LO SABEN TODO DE USTED Página
5, pie de foto alusiva a la informática: BAJO CONTROL INFORMÁTICO. El descubrimiento de una red de bancos de datos,
que pueden contener información institucional, ha puesto en peligro la intimidad de los españoles.
Páginas 16, 17 y 18; en las 19, 20 y 21 un reportaje voluntariamente facilitado. ¿OJO, LO SABEN TODO SOBRE USTED
Y SU FAMILIA. La intimidad se ha convertido en un gran negocio de información que, hasta ahora, nadie parece controlar.
Juan Carlos Algañaraz.
Un españolito acaba de nacer. Su madre, la secretaria de publicidad Teresa Gimeno de 25 años, recibe una caja con
regalos y rellena un formulario en que los gentiles donantes le requieren una serie de datos personales y familiares. Y así, la
empresa Present Service se ha hecho con un fichero de 130.000 personas. «Esta información nos permite seguir los pasos del niño
por lo menos hasta que vaya a la mili», explica José María SITJAR, director de la compañía. «Alquilamos nuestros ficheros a
agentes y compañías de seguros», añade.
Para los españolitos que están por abandonar este valle de lágrimas, la competencia feroz de algunas compañías
fúnebres incluye la publicidad por carta de sus servicios convenientemente financiados. Una invitación al «pague ahora y viaje
después» que se formula disponiendo de toda clase de antecedentes sobre su cliente.
De la cuna a la tumba, la vida y milagros de 38 millones de españoles son escrutados por gigantescos ordenadores y
sofisticados programas informáticos. El ojo del Gran Hermano lo sabe todo y, hasta ahora, nadie lo controla legalmente. En esta
operación de violación de la intimidad se combinan distintos servicios estatales burocráticos y de seguridad y una creciente legión
de empresas privadas que se dedican a obtener listados de información y manipularlos con fines comerciales. La información que
emana de la vida de cada español y su familia se ha convertido en un gigantesco negocio.
Y todos esos antecedentes los reúnen una serie de sistemas y bancos de datos cuya lista es escalofriante. Seguridad
Social: 39 millones de fichas. Instituto Nacional de Empleo: 12 millones. Hacienda: 22 millones. Tráfico: 15 millones de conductores
y 14,5 de vehículos. Policía: 25 millones de DNI, 700.000 huellas digitales, millones de fichas. Guardia Civil: fichas de terroristas,
narcotraficantes, tres millones de armas ... Justicia 600.000 penados y rebeldes, seis millones de partes testamentarios, 40.000
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presos. Telefónica: 15 millones de abonados. Los datos se comercializan para el marketing a través de la compañía Coditel.
Educación: diez millones de estudiantes y catedráticos . Bancos y Cajas de ahorro: millones de fichas de clientes y sus
transacciones. Comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas de seguros, grandes almacenes, tarjetas de crédito, etc.
DATOS AL DESCUBIERTO. Hasta ahora se suponía que los datos que reunían los organismos estatales eran
cuidadosamente reservados. Pero el escándalo estalló con una serie de investigaciones de la Policía Judicial que han puesto al
descubierto la existencia de grandes bancos de datos que pueden contener listados de información de instituciones oficiales,
ilegalmente proporcionados por funcionarios deshonestos. «Yo he sido técnico informático durante 25 años y cualquiera, dentro del
sector, sabía que el trasvase de información existía», explica Luis Otero, presidente de la Comisión de Libertades Informáticas.
Todo comenzó con el allanamiento de la empresa Publi-Gest, propiedad de Joaquín González López, donde se
encontraron 2.000 cintas magnéticos con amplia información sobre 21 millones de personas. «Yo no he cometido ningún delito
porque toda la información que obtuve era pública», explica González López a Cambio16 en su residencia de Las Rozas, cerca de
Madrid. (Ver entrevista). «Tenían más información que la Policía», explicó Manuel Giménez portavoz de la Policía Judicial.
Miles de empresas, cuatro millones de vehículos, seis millones de pensionistas, 13 millones de empleados, dos millones
de autónomos eran algunos de los tesoros de información que Publi-Gest comercializaba a las empresas que venden sus
productos por carta, un negocio de 200.000 millones de pesetas anuales. Pero, existen sospechas de que hay empresas que
disponen de mucha más información. Una de ellas publica folletos anunciando listados de 44 millones de direcciones.
Los procedimientos y las detenciones continuaron. En la localidad madrileña de Tres Cantos, un centro informático
disponía de los censos de varias comunidades. «Muchas ciudades han contratado a estas compañías para realizar los censos y se
han quedado con copias para venderlas», explicó un funcionario policial. Empresarios, especialistas en informática y algunos
funcionarios cuya identidad se desconoce han sido detenidos o están siendo escrupulosamente investigados. Los bancos de datos
del Censo, Tráfico, Industria y Trabajo y la Seguridad Social habrían sido saqueados por empleados que conocían todos los
detalles sobre los sistemas de seguridad que impiden las copias ilegales. «Sin esas complicidades, es imposible violar los controles
que son muy rigurosas», explica un técnico informático.
Estas comprobaciones ratifican las peores sospechas de muchos ciudadanos, como lo confirma la Oficina del Defensor del
Pueblo: «Han existido numerosas quejas, sobre todo relacionadas con el censo. La gente está preocupada por el contenido de las
preguntas y la salvaguardia que se iba a dar a esos datos personales. Y también hay reclamaciones sobre la publicidad que se
recibe en los domicilios. La gente se pregunta de qué manera obtienen sus direcciones y datos para enviarles semejante volumen
de publicidad».
Las empresas necesitan refinar sus métodos de ventas porque existe una saturación de los mensajes publicitarios. La
respuesta ha sido el marketing directo, la publicidad por correo. Para esto es fundamental contar con la mayor cantidad posible de
posibles clientes y todos los datos que permitan trazar un perfil del consumidos, lo que se realiza cruzando los listados de información
provenientes de distintas bases de datos. «Existen listados en empresas que las alquilan a otras en un marco de seriedad y
ética comercial. Pero hay otros incontrolados que son legales porque no existe ninguna ley que prohiba esta actividad», explica
Santiago Alonso, de la Asociación de Marketing Directo.
Ignacio Jarque, director de marketing de la agencia de publicidad Tiempo BBDO, aclara que «de un buen listado depende
el éxito de una campaña. Si quiero vender un Ford Sierra que vale cuatro millones elijo gente que gane más de seis millones al año,
que además sean hombres. De esta manera me dirijo directamente a quien quiero.
Y por todo eso se desata la búsqueda del tesoro con límites éticos muy imprecisos y un vacío legal que, en realidad, sólo
pena al funcionario que trafica con información reservada o al empresario que se la compra. «Las listas del Ministerio de Educación
son un tesoro para las editoriales», explica un técnico del sector. Otros listados contienen información mucho más reservada. Por
ejemplo, los de las compañías de seguros. «En nuestro fichero informatizado figuran por cada cliente una docena de datos
personales y otros 40 relativos al contrato del negocio, que guardamos exclusivamente para uso interno», comenta José Luis
Quílez, director de informática del grupo Mapfre. Entre esa información se encuentran datos tan sensibles como si el asegurado es
portador del sida, consume estupefacientes, problemas de salud o comportamiento sexual.
El refinamiento informático permite interconectar las bases de datos y averiguar el número de accidentes de los
asegurados «y obrar en consecuencia». Se trata de algo similar a lo que hacen las entidades financieras con el registro de
Aceptaciones Impagadas (RAI): si un cliente no paga las letras a un banco no encontrará crédito en otro. Y si un conductor tiene
muchos accidentes le será difícil encontrar otra compañía que le asegure.
Un sistema parecido tienen los bancos, cajas de ahorros y empresas financieras unidas en una enorme base de datos. El
problema con el todopoderoso ojo del Gran Hermano es que muchas veces se equivoca. Los ordenadores son esclavos estúpidos
que sólo pueden ejecutar las órdenes que reciben. Pero lo hacen a tal velocidad y con una capacidad de relacionar datos tan
gigantesca que se ha generado una actitud reverente que en muchos casos sirve para justificar toda clase de errores burocráticos.
«Es cosa de la computadora», sostienen los empleados ante el usuario harto de que se le reclame, por ejemplo, un impuesto sobre
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un automóvil que vendió hace muchos años. La médica S.C.J. se cansó de reclamar «y al final opté por pagar las 3.000 pesetas
anuales del impuesto. Me sale más barato.
Más complicaciones tuvo Vicente Ramírez que dejó de pagar dos letras de su piso y el banco le puso una demanda por
vía judicial. Fueron a juicio y allí quedó demostrado que la entidad bancaria había cometido dos errores consecutivos al dejar
injustamente al descubierto la cuenta de Ramírez. Pero la víctima todavía figura en el registro de impagados, lo que le veda
cualquier acceso al crédito.
NUEVA LEY. «Para solucionar estos problemas hemos presentado el proyecto de la Ley Orgánica de Regulación del
Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal», proclama el diputado socialista, Jesús Díaz Fornás. La iniciativa ha
sido muy bien recibida, pero el contenido de la ley desencadenó una tormenta. Para la oposición, el proyecto favorece la protección
de la información que acumulan los organismos públicos. Para las empresas de marketing directo se trata de un golpe de muerte en
su actividad.
«Esta ley no atenta en lo absoluto contra los derechos en la medida en que para recoger datos personales se necesita el
consentimiento del interesado», explica Díaz Fornás. Pero la Policía, Hacienda o los servicios de inteligencia pueden conseguir
información sin consentimiento. Esta ley crea la Agencia de Protección de Datos que debe controlar los bancos informáticos y a la
que pueden recurrir los ciudadanos para corregir abusos. Pero, para la oposición, la agencia queda demasiado ligada al Gobierno y
carecerá de independencia.
Aunque la polémica está servida, hay consenso en que el Parlamento debe llenar el vacío legal que permite todo tipo de
tropelías contra la intimidad de los ciudadanos. Pero, ya nadie conseguirá hacer cerrar al Gran Hermano su ojo invasor.
Con información de Carmen Álvaro, Laura Cristóbal, Juan Gómez y Gonzalo San Segundo.
27-1-1992 "EL SIGLO" José Ayala, Portada: DESNUDOS FRENTE AL ESTADO Página 5, EL ESTADO NOS DESNUDA
CON LA MIRADA. El Estado lo sabe todo de nosotros: dinero, estudios, salud, familia .... incluso cuándo, dónde y con quién
pasamos las vacaciones. Son datos que figuran en distintos ordenadores de la Administración. Cruzando la información
almacenada en todos estos cerebros informáticos se nos controla por completo, pero este control es chapucero. Vivimos en un país
con tejados de cristal, donde hay que saber cómo defender nuestra intimidad. Pág. 50
LA CALLE El Estado nos tiene fichados y no controla nuestros datos EL PAÍS DE LOS TECHOS DE CRISTAL. El
Estado lo sabe todo de nosotros: dinero, estudios, salud, familia ... incluso dónde y con quién pasamos nuestras
vacaciones son datos que pueden figurar en distintos ordenadores de la Administración. Cruzando la información de
estos ordenadores, el GRAN HERMANO nos controla por completo, porque nos conoce mejor que nuestra madre. El
riesgo del totalitarismo que se deriva de este uso de la informática es evidente. Además el GRAN HERMANO español es
chapucero: algunos de sus sirvientes comercian con lo que saben de nuestras intimidades y ponen nuestras vergüenzas
en manos de mercachifles desaprensivos. Vivimos en un país con tejados de cristal.
El timbre sonó con una insistencia insolente, Ricardo Valera fue hasta la puerta arrastrando las zapatillas y la irritación de
la siesta interrumpida. El timbre volvió a sonar imperioso. Un puño golpeó en la puerta. "¿Que ya va!" Un joven engominado
esperaba en el descansillo. "¿Ricardo Valera?" "No necesitamos nada, gracias". EL joven impidió que cerrara la puerta metiendo el
pie. "No tan deprisa, señor Valera. Hay algunas cosas que tenemos que aclarar usted y yo". Ricardo se quedó tan sorprendido que
aflojo la presión. El Joven entró de un salto y se sentó en la silla del recibidor. "Bonito lugar, Palma de Mallorca, para una
escapadita. Y tuvo usted suerte: ni una nube en todo el fin de semana".
Ricardo Valera contempló como el joven abría un ordenador portátil y empezaba a teclear. "¡Que extraño! Su compañera
de habitación se llamaba Carmen Roldán. Debe haber algún error, porque su mujer, la señora de Valera, es doña Ana Lorenzo. Por
cierto, ¿está en casa?. La sonrisa autosuficiente del joven era lo que más irritaba a Valera. "¿Quién es usted?" "Baje la voz amigo
Valera, ya sé que doña Ana está todavía trabajando. Son las cuatro y ella no sale del Ministerio hasta ... -el joven tecleó en su
ordenador el nombre de la mujer de Valera. La pantalla parpadeó un momento, pero rápidamente salió una larga lista de datos-
"File Ana Lorenzo" "A ver ... sí, la hora de salida son las cinco en punto. Tranquilo Valera, tenemos tiempo. Y no se ponga nervioso,
recuerde que hace siete años tuvo una baja por depresión y estuvo una larga temporada visitando un psiquiatra de la seguridad
Social".
"¿Quién es usted?" El tono de Ricardo iba perdiendo convicción y agresividad, y empezaba a teñirse de miedo. La sonrisa
del joven, por el contrario, iba extendiéndose mientras tecleaba "Carmen Roldán, Carmencita, bonito nombre". La pantalla volvió a
oscurecerse un instante. "File Carmen Roldán". La lista era aún más larga. "Así que fueron juntos al colegio, mmm, una historia
tierna y romántica, de verdad".
Valera se derrumbó en la otra silla del descansillo. "Amigo Valera, yo estoy aquí para ayudarle. Y no se desanime es usted
un tipo de éxito. Los dedos del joven corrían rápidos por las teclas. "¡Casi 12 millones de pesetas al año, casa, chalet, apartamento
y un enorme Mercedes! ¡Pero Valera es usted un potentado!" "Dígame ya lo que quiere". La voz de Ricardo Valera era apenas un
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hilo temblón. El joven engominado respiró profundo y sin dejar de sonreír. Volvió a meter el ordenador portátil en su maletín, y se
acercó, condescendiente, para pasar una mano sobre el hombro abatido de Ricardo. "No me dirá, amigo Valera, no me querrá
usted decir que una historia tan pero tan especial no se merece un regalo fuera de serie". El joven abrió otro departamento del
maletín y sacó una cajita. Un pedrusco transparente -obsceno de puro grande- brilló bajo los ojos aprensivos de Ricardo Valera.
"Trabajo en xxx, venta directa. No sólo tenemos la mejor información sobre nuestros clientes. Tenemos también los mejores
precios. ¿Cuánto dirá que cuesta este anillo?. Y piense que un diamante, desde luego, es para siempre",
DESNUDOS Y VULNERABLES. La historia de Ricardo es una reducción al absurdo de algo perfectamente posible: el
Estado Español, ese Gran Hermano que nos ha tocado en suerte es un ávido devorador de información sobre los ciudadanos.
Cruzando los datos que obran en poder de la Administración se puede obtener una radiografía muy precisa de todos nosotros, que
nos coloca desnudos y vulnerables ante cualquiera que acceda a ella, sea el mismo gobernante o un tercero.
Ese es precisamente el mayor peligro de la informática: es una tecnología que hace rápido y sencillo el control completo
de poblaciones completas. Según un cálculo hecho en Alemania, cada ciudadano figura unas 2.000 veces en bancos de datos del
Gobierno. En España no hay un estudio similar, pero la opinión general de los técnicos en informática de distintos ministerios es que
el nivel de informatización de nuestra Administración supera el de la media de los países de la CE, y aventaja claramente a vecinos
como Italia.
BERTA, RITA y COMPAÑÍA. Por alguna extraña razón, los informáticos gustan de bautizar con nombres de mujer a sus
trastos más potentes de una idea clara de los fichados que nos tienen. Hacienda guarda en las tripas del superordenador, conocido
como Rita, cerca de medio centenar de datos pormenorizados de cada contribuyente. Saben cuánto ganamos, qué casa tenemos,
en que coche nos desplazamos, con quien vivimos. Con la declaración de Hacienda pueden además conocer si somos cristianos
practicantes, porque hay una parte de nuestros impuestos que se destina a la iglesia sólo si se consigna así al rellenar nuestra
declaración.
Berta, otro artefacto con nombre de mujer, situado en El Escorial (Madrid) es el ordenador central de la Policía. Berta sabe
los datos de nuestro DNI y pasaporte, de nuestros coches, nuestros domicilios, quienes son nuestros familiares directos, con sus
direcciones respectivas, controla nuestras estancias en cualquier hotel -gracias a la ficha que tenemos que rellenar al ocupar una
habitación- y, por supuesto, todo nuestro historial policial. En alguna ocasión Berta se ha pasado de lista, y ha dejado patente que
las fichas políticas de la época franquista han seguido vigentes después de varios años de democracia. El ex comunista Enrique
Curiel fue detenido en 1982 al cruzar una frontera por esta causa.
Duque de Ahumada es el ordenador central de la Guardia Civil, que controla una información similar a la de Berta, pero
acumulada por la red de información de este instituto armado, a la que se suma la de cualquier licencia de armas, embarcaciones
deportivas y las investigaciones relacionadas con terrorismo y narcotráfico.
Esos dos ficheros tienen un peligro añadido: al amparo del convenio de Schengen, suscrito por España, varios países de
Europa van a intercambiar datos criminales, judiciales y relativos a la seguridad de sus ciudadanos.
Otros ordenadores conocen entresijos. En los del Instituto Nacional de Estadística se recogen los datos de los distintos
censos: el de población, el electoral y otros. El año pasado todos los partidos parlamentarios, a excepción del PSOE, protestaron
ante las preguntas que incluían el cuestionario del censo porque, en su opinión, suponían una intromisión en la intimidad de los
ciudadanos.
También controlado por el Gobierno el ordenador de telefónica guarda una docena de datos de los casi 15 millones de
abonados. En el Ministerio de Educación hay datos muy detallados de muchos españoles, incluyendo origen social, adscripción
religiosa -ya que controlan las clases de religión- y una detallada encuesta que pasan muchas universidades a los alumnos del
primer curso. A estas herramientas directas del Gran Hermano, hay que añadir los ordenadores de los bancos y de las
organizaciones de tarjetas de crédito como Visa.
Ante lo que define de "!inquietante poder informático", Antonio Garrigues Walker escribe: "En ninguna otra época histórica
los Estados se han encontrado como en la época actual en condiciones de poseer conocimientos sobre sus ciudadanos capaces de
ser utilizados en detrimento de la libertad individual. Es un riesgo dramático frente al que hay que reaccionar con urgencia y sin
contemplaciones".
JUGUETES PELIGROSOS. "El hecho de que se recojan datos es negativo. Es evidente que hace falta un Registro Civil y
una Seguridad Social con nuestro historial médico actualizado. Lo peligroso es la utilización de estos datos para otros fines y el
posible cruce de bases de datos". Lo dice Luis Otero, miembro de la presidencia colegiada de la Comisión de Libertades e
Informática (CLI), una organización que agrupa a jueces, sindicalistas, y profesionales de distintos campos de la informática
preocupados por los usos indebidos de estas tecnologías.
José Antonio Boccherini Bogert descubrió que el último censo se equivocaron en su segundo apellido y le incluyeron
Borget: "Desde entonces he recibido ríos de propaganda por correo con el mismo error. Es evidente que han comerciado con mis
datos". Boccherini, titular de la asignatura de Bases de Datos de la Politécnica de Madrid, opina que, dentro de lo que cabe, la
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propaganda es una molestia menor: "Lo malo es si esas bases de datos las usan para otras cosas, como cruzar bases con lo que
se pueden obtener perfiles muy precisos de cada elemento".
Parece que ese cruce de datos para obtener perfiles más definidos de potenciales clientes era una de las tareas de Publi-
Gest. Este es el nombre con el que operaba la presunta red de venta de datos desarticulada a mediados de enero en Madrid por la
Policía. Tenían en sus archivos información confidencial de 21 millones de españoles. Quitando a los niños prácticamente nos
tenían a todos metidos en su base de datos. La Policía cree que hay implicados varios funcionarios. Lo sorprendente del caso
Publi-Gest es que esa misma venta de datos personales es el negocio abierto de un buen número de empresas. B.D. Mail ofrece
por carta a quien se lo pida el censo entero de Madrid y otras provincias, aunque los cuestionarios del INE llevan un sello en el que
reza "Documento protegido por el secreto estadístico". También venden ficheros de aficionados a la ópera, o diabéticos, como
refleja una información del diario Ya en Madrid.
Si la gente tolera la molestia de los vendedores que compran algunas informaciones privadas, nadie aceptaría que
cayeran en manos extrañas otros datos, los que reciben el nombre de sensibles: los referidos a religión, preferencias sexuales,
historial médico y psiquiátrico, antecedentes penales o familiares. Pero algunos de estos datos están también en ordenadores
fácilmente accesibles para nuestros gobernantes y vulnerables a piratas informáticos. Santiago Guillén, director del Centro
Divulgador de la informática, empresa de la Generalitat, asegura: "Las administraciones públicas son un coladero de tráfico de
datos".
REGUERO DE INFORMACIÓN. Además de estos centros estatales hay otras organizaciones con información sensible.
En muchos países como Canadá, las asociaciones de créditos hacen intercambio de datos sobre sus clientes potenciales, con lo
que pueden saber el estado financiero de poblaciones enteras. La generalización del uso de las tarjetas de crédito deja otro reguero
de información sensible que puede caer en manos no deseadas. A cualquiera acostumbrado a pagar con ese nuevo dinero de
plástico se le puede hacer un seguimiento casi día a día.
El dramaturgo Arthur Miller, en unas declaraciones que en su día hizo ante una comisión del Congreso estadounidense,
formuló el peligro que entonces acechaba y hoy es ya una realidad: "El computador, con su insaciable apetito de información, con
su imagen de infalibilidad, con su incapacidad para olvidar lo que almacena, llegará a ser el centro de un sistema de vigilancia
permanente que convertirá la sociedad en que vivimos en un mundo transparente en el que nuestra casa, nuestras finanzas,
nuestras vinculaciones a instituciones, nuestra condición física y mental, aparecerá desnuda a cualquier observador".
DEFENDERSE CON PÓLVORA MOJADA ¿Qué puede hacer un ciudadano para defenderse de los atropellos cometidos
por el mal uso de los datos personales? "En estos momentos tenemos poco más que el recurso al pataleo por el vacío legal de todo
lo referido a la informática. Y el proyecto de ley que está ahora en el Parlamento para solucionar esta situación tiene unos principios
excelentes, pero las excepciones que establece lo vacían de contenido". Es la opinión de Diego López Garrido, catedrático de
Derecho Constitucional que llevará en nombre de la (CLI) la acción popular en el caso de la red de venta de datos desmantelada en
Madrid.
La ley a la que se refiere Diego López es la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de
Carácter Personal (LORTAD). El Gobierno ha tardado ocho años en remitir el proyecto el proyecto al Parlamento: todo un síntoma
de las prisas que tienen de limitar su actuación en lo referente a la informática. Corría el año de gracia del señor de 1984 cuando el
entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, elaboró un anteproyecto de ley para regular el uso de la información
automatizada, prácticamente idéntico al que ahora ha llegado, ¡por fin!, a manos de los diputados. Es un texto dictado además por
mandato expreso de la Constitución, que establece: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Esta ley prevé una Agencia de Control de Datos, organismo encargado de registrar y controlar los bancos de datos, y que
la información que contienen no se utilice para fines distintos de aquellos para los que se recogió. Establece además una serie de
principios básicos: se considera intromisión ilegítima la elaboración informática tendente a definir perfiles psicológicos de las
personas; no pueden informatizarse datos como raza, religión, o tendencia política, y todos tenemos derecho a informarnos de los
datos que se refieren a nosotros y a pedir que se rectifiquen los incorrectos. Pero los fallos que encuentran sus detractores la
convierten en pólvora mojada a la hora de defendernos de la intromisión gubernamental.
Luis Otero explica las objeciones de la CLI a este proyecto: "Los principios son estupendos. Pero cuando uno ve las
excepciones, comprueba que los bancos de datos más importantes, y con información más delicada, los de Hacienda y los de las
Fuerzas de Seguridad -Policía y Guardia Civil- van a quedar fuera, por que a la agencia se le podrán negar "por razones de interés
público", que son algo arbitrario y sin establecer.
Además el presidente de la Agencia de Control de Datos será nombrado y cesado directamente por el Gobierno, lo que le
resta independencia a la hora de controlar justo a los que más datos tienen de nosotros".
Diego López cree que se han basado en la legislación de otros países, "pero tomando lo más restrictivo". En Francia, por
ejemplo, el titular de la agencia es nombrado por un órgano asesor compuesto por parlamentarios, profesionales, técnicos y
sindicalistas. En Alemania, tiene un estatuto similar al de un juez, que también garantiza su independencia.
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Otras soluciones que se han propuesto para defenderse de la informática sería una especie de objeción de conciencia: no
contestar a las preguntas que no se consideren estrictamente necesarias. Esto es lo que varios partidos sugirieron ante el
cuestionario del censo. Aunque podemos caer en el peligro contrario, el que resume, abrumado, un portavoz del Instituto Nacional
de Estadística: "Con la psicosis que se está creando nadie va a querer responder a los agentes censales. ¿Y cómo se podrá actuar
para remediar las lagunas que tengamos si carecemos de los datos necesarios para detectarlos?".
1-2-1992 "El País" contraportada: CEREBRO Rosa Montero: Cuanto más lo pienso más me angustia saberme
manoseada por un cerebro. Me refiero al supuesto cerebro de la red de fraude informático, aquel que salió de Carabanchel
disfrazado con un mono de pintor para despistar a los periodistas. El cerebro debió de pensar (porque para eso es un cerebro) que
nadie le iba a reconocer vestido de obrero. Y es que a los cerebros nunca se les puede confundir con los currantes. Si se ponen a
trabajar se les desparraman las neuronas. Por eso viven de vampirizar a los demás.
Este cerebro en concreto nos ha sorbido la sustancia a 21 millones de españoles. Con tanto número de la seguridad
social, carnet de identidad y de conducir, pasaporte, cartilla de vacunación de los perros, tarjetas de crédito, cuentas bancarias,
plazos de hipoteca, número fiscal, registro profesional, radiografía de las caries archivada meticulosamente en su dentista y demás
burocracias, todos estamos atrapados por un sinfín de datos informáticos y a merced de los desaprensivos. Como el cerebro éste.
Mírenlo, que gordezuelo está. Toda la grasilla grisácea que se le ha acumulado entre las neuronas y las dendritas. Me parece
reconocer esa manteca; procede en parte de mis lomos, estoy segura.
Se veía venir. Llevamos años hablando de la indefensión del ciudadano ante la informática, pero nadie hace nada.
Empiezo a sospechar que al Estado quizá le interese que sigamos así, inermes y con los datos al aire, por si un buen día se les
ocurre darnos una patada en la puerta o en las narices. Porque siempre es más civilizado tener la filiación completa de aquel a
quien se patea. Pusieron en la calle al supuesto cerebro tras pagar una fianza de tres millones, suma que debe de ser una fruslería
para un cerebro con tanta grasaza. ¡Y pensar que se disfrazó de honesto obrero!. Eso sólo lo puede imaginar un cerebro perverso.
2-2-1992 "EL PAÍS" ESPAÑA Pág. 16 Francisco Mercado (Madrid).
Álvaro Gil-Robles advierte sobre la falta de controlen su elaboración. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EXIGE A HACIENDA
MAYORES GARANTÍAS SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DEL CENSO El Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, en un
informe remitido al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, denuncia "deficiencias" en la elaboración del censo de
población de 1991 y pide mayores garantías para el futuro. Entre las anomalías figura un trasiego peligroso de datos censales -ya
que se grabaron los de Galicia en Madrid y los de esta comunidad en Valencia-, escaso control sobre las empresas privadas que
manejan este material sensible y la recogida de los cuadernillos con datos por porteros.
El Informe remitido por el defensor del Pueblo a Hacienda denuncia que, aunque la ley de la función estadística pública
permite al ciudadano acceder a datos personales recogidos por la Administración, y en su caso corregirlos, más parece "un derecho
formal carente en la práctica de contenido".
También se reprocha que se detalle por ley, y no sólo en los presupuestos del Estado, "los supuestos en que los
ciudadanos han de colaborar obligadamente en la elaboración de las estadísticas públicas". "No parece fácilmente aplicable que tal
medida se convierta en un puro formalismo que desvirtúa la garantía que supone toda remisión a una ley", advierte Gil-Robles.
No en vano, advierte el Defensor, "no es imposible, y así ha ocurrido en la operación censal de 1991 que estas campañas
utilicen para obtener datos o formular preguntas no claramente vinculadas a lo que en paridad es objeto de la encuesta; así por
ejemplo, algunas comunidades han incluido preguntas relativas a temas propios (lingüísticos, educativos, etcétera) en los
cuadernillos distribuidos en sus propios territorios". Dado que en el censo también se introdujeron preguntas padronales, el
Defensor colige que "se está extendiendo la obligación de los ciudadanos a zonas no previstas ni deseadas por el legislador al
incluirse como obligatorias cuestiones ajenas a la estadística".
"DISPERSIÓN GEOGRÁFICA". El informe critica que la Administración, en lugar de establecer un único concurso para
contratar a las empresas que debían gravar los datos censales, ha realizado 14 (uno por autonomía más el establecido por el INE).
Esta descoordinación ha llevado a que los datos de Galicia hayan sido grabados en Madrid, mientras que los de la comunidad
madrileña se informatizaron en Gandía (Valencia) por una empresa que también registro los de Canarias.
"Esta dispersión geográfica conlleva desplazamientos innecesarios de toda la documentación censal, la cual se ve
sometida a los riesgos propios del transporte y almacenamiento; la confidencialidad de los datos personales contenidos en los
cuadernillos peligra debido a las múltiples manipulaciones que han de sufrir", lo que dificulta el control sobre este proceso de
grabación por parte del INE y la comunidad autónoma. El Defensor requiere que, en contra de lo que ha ocurrido en esta ocasión, la
Administración no remita a las empresas privadas datos sensibles que no deben grabar como nombres, apellidos y dirección postal.
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El informe señala que en "Varias empresas adjudicatarias se ha observado que la presencia del personal del INE o de la
comunidad autónoma no es permanente mientras duran los trabajos de grabación y que el almacenamiento del material censal no
parecía llevarse a cabo con las garantías que la ley exige para datos personales; bajo claves, precintos o dispositivos especiales.
En consecuencia, se requiere un control constante por funcionarios sobre dicho proceso y normas específicas de
seguridad. El Defensor, exige, además, que la Administración se ocupe "de las copias de seguridad de toda la grabación que se va
creando y que en la actualidad permanecen en poder de la empresa hasta que ésta recibe la conformidad con el trabajo efectuado,
y sin que se sepa a ciencia cierta a partir de este momento qué ocurre con tal copia, si se entrega a la Administración, se destruye o
se queda en poder de la empresa".
El Defensor advirtió en sus pesquisas que tampoco la Administración había destruido los elementos identificativos
personales del censo. También se comprobó que los funcionarios del INE incumplen su deber de entregar y recoger personalmente
los cuadernillos. "Ha sido práctica frecuente depositar en manos del portero de una finca un número suficiente de los cuestionarios
para que sean rellenados por los vecinos -que en ningún momento veían al agente censal-, utilizándose el mismo procedimiento
para recoger los cuestionarios cumplimentados".
4-2-1992 "Systemas" Belén García Barroeta, página 6, pie de foto: La LORTAD pretende impedir atentados contra la
privacidad por la utilización de la informática. La intimidad del ciudadano es más vulnerable a medida que avanza la
informática VIVIR EN UN ESCAPARATE ¿Quién no ha recibido alguna vez una carta felicitándole por su cumpleaños y
luego la oportunidad de su vida, ya sea ésta en forma de enciclopedia, vacaciones en régimen de multipropiedad o en un
máster en estudios empresariales? Muchas mujeres que en los últimos años decidieron quedarse embarazadas podrían
contar del asedio por correo de publicidad de alimentos infantiles. Si alguien quiere asegurar su automóvil, la compañía
sabe cuántos accidentes ha tenido esa persona. La desarticulación, el pasado enero, de una red de traficantes de datos ha
puesto en evidencia no tanto las lagunas jurídicas sobre el tratamiento de datos como la sensación de vivir en un
escaparate.
La polémica no es nueva, aunque los últimos sucesos han contribuido a reavivar el debate. Primero, la entrada en vigor del
NIF; después, surgió el malestar ante los cuestionarios del censo de población, realizados por el Instituto Nacional de Estadística, y
la siempre aplazada Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales.
El ciudadano, aturdido, asiste en estos días al espectáculo de la confusión. La Constitución Española recoge que la ley
limitará el uso de la informática para preservar el honor y la intimidad de las personas. Asimismo, la Ley General Electoral de 1985
prohibe cualquier reproducción de los datos particulares contenidos en el censo electoral. Sin embargo, según Elena Gómez, de la
Asociación Española de Marketing Directo, "existen muchos medios lícitos de conseguir información como, por ejemplo, la guía
telefónica, con 11 millones de abonados, con nombres y apellidos, profesión, domicilio y número de teléfono. Las listas que publican
los colegios profesionales, las cámaras de Comercio y los clubes deportivos son otros centros donde conseguir más información
sobre las personas, añade Gómez.
"El problema de fondo es el vacío legal", afirma Rosa Abad Amoros, profesora de Libertades Públicas en la Facultad de
Ciencias de la Información de Madrid. El proyecto de la Lortad establece, en su artículo 31, que los responsables de ficheros de
titularidad pública podrán formular Códigos Tipo que establezcan las condiciones de organización. "Sin embargo, estos códigos no
se han desarrollado todavía", señala Rosa Abad.
CONFIDENCIALIDAD. El presidente de la Asociación Nacional de la Seguridad en Entornos informáticos (ANSEI), Arturo
Ribagorda, cree que la seguridad física de los sistemas es bastante aceptable. Todavía se invierte poco en seguridad informática:
sólo se destina a ese área el 0’17 por ciento de la inversión. Sin embargo, Ribagorda señala que las medidas de seguridad tipo
organizativo y administrativo son "malas", según el presidente de ANSEI, el tráfico de datos deriva de un atentado a la
confidencialidad.
Cientos de empresas españolas se dedican a comprar y vender listados oficiales con datos íntimos. La Comisión de
Libertades e Informática (CLI), formada por sindicatos y diversas asociaciones profesionales, actuará como acusación popular en el
juicio contra los traficantes de datos. Con esta actuación, se pretende, entre otros objetivos, evitar que la falta de una legislación
específica sobre protección de datos impida la sanción a los implicados, según un comunicado emitido por la CLI:
MULTAS. En el castigo económico también hace hincapié el Partido Popular (PP). Esta formación política ha presentado
una proposición de ley en la que exige una modificación parcial del Código penal. El PP pide que quien acceda a un sistema
informático para obtener datos personales de terceros, sin autorización, sea castigado con las penas de arresto mayor y una multa
de 500.000 pesetas.
LISTAS ROBINSON. Las llamadas listas Robinson, existentes en Estados Unidos y Europa, permiten salvaguardar de
alguna manera la intimidad ya que el ciudadano tiene la posibilidad de decir si quiere o no que sus datos estén incluidos en los
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ancos de datos de las empresas publicitarias. En el plazo de unos meses estarán disponibles en España, según Elena Gómez, de
la Asociación Española de Marketing Directo. Aquellas personas que no deseen recibir publicidad a través del correo o del teléfono
rellenarán un formulario. Los datos de estos individuos serán enviados a las empresas integradas en esa organización. "Estas se
comprometen a borrar de sus listados a los interesados", afirma Gómez. Mientras, el ciudadano español continúa esperando la
aprobación de la LORTAD, que le equiparará con sus colegas europeos.
05-02-92 "ABC" pág. 55. EL FISCAL SOLICITARÁ EL ARCHIVO DEL CASO DE LA RED INFORMÁTICA. Madrid
Agencias: El fiscal de Móstoles pedirá en los próximos días el archivo de las diligencias abiertas por el caso de la red de
compraventa de datos informáticos al considerar que no ha existido delito en la actuación de las personas detenidas, informaron
fuentes fiscales. A principios de enero la Policía detuvo a ocho personas por su presunta relación con una red que disponía de
datos reservados de al menos 21 millones de españoles.
Tras poner en libertad a los detenidos que estaban en prisión, el juez Miguel Moreiras se inhibió en favor del juez de
instrucción número dos de Móstoles, Gregorio del Portillo, quien devolvió las fianzas prestadas y desprecinto las empresas
cerradas por el magistrado.
El informe del fiscal se muestra a favor del archivo de la causa ya que estima que no existe delito de cohecho o que, en el
caso de que lo haya habido, es materialmente imposible de probar quién y cuándo lo cometió, informaron las mismas fuentes. El
Juez de Móstoles deberá ahora decidir en los próximos días sobre si archiva la causa o decide incoar sumario.
5-2-1992 "El País" página 23: EL FISCAL PEDIRÁ ARCHIVAR EL CASO DEL TRÁFICO DE DATOS INFORMÁTICOS.
El fiscal presentará en los próximos días en el Juzgado número 1 de Móstoles (Madrid) un informe en el que pedirá que se archive
el caso del tráfico de datos informáticos. El fiscal, tras un estudio detenido del asunto, ha llegado a la conclusión de que no se va a
poder demostrar la existencia de delito de cohecho de funcionarios públicos ni tampoco el de revelación de secretos.
Por su parte, Joaquín González López, principal acusado en este proceso, y que fue detenido a principios de enero junto
con otras seis personas, que posteriormente fueron puestas en libertad, dijo ayer que no tenía conocimiento de la decisión del fiscal,
y declinó hacer comentarios hasta que el juez adopte una decisión al respecto. Marcos García Montes, abogado defensor de varios
implicados, ya pidió hace días el archivo de la causa.
La Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha anunciado su intención de ejercer la acción popular en este caso. No
obstante, su representante legal todavía no ha formalizado su personación.
La presunta red de comercialización de datos de carácter personal fue descubierta por la policía en Madrid el pasado 10
de enero. Siete personas fueron detenidas bajo la acusación de comprar datos a funcionarios de varios ministerios y de revenderlos,
una vez procesados, a otras empresas. La policía descubrió que en muchos figuraban hasta 47 datos de una sola persona,
como el saldo de las cuentas, sueldos, direcciones, etc.
El caso pasó a la Audiencia Nacional, pero el juez Miguel Moreiras, tras ordenar el ingreso en prisión de González, lo puso
en libertad y se inhibió en favor del juez de Móstoles.
5-2-1992 "Diario 16" OPINIÓN INDEFENSIÓN DE LA INTIMIDAD. La causa que instruye un juez de Móstoles (Madrid)
contra los integrantes de una banda organizada de traficantes informáticos, en cuyos sistemas se almacenaban datos personales y
secretos de veintiún millones de españoles para su venta a terceros, puede archivarse a petición del fiscal, quien argumenta que
existe un vacío legal insalvable para demostrar los delitos de cohecho y revelación de secretos. Enorme sorpresa. Resulta
inconcebible que el entramado legal sea insuficiente. ¿No había dicho el ministro Virgilio Zapatero que el descubrimiento de la red
era un síntoma de que los ciudadanos estábamos bien defendidos?. Pues a ver cómo explica ahora este tiro por la culata.
SOCIEDAD Página 20, Alberto Gallo: TRIBUNALES El informe del acusador público esgrime el vacío legal existente.
EL FISCAL PEDIRÁ AL JUEZ QUE ARCHIVE EL CASO DE LA RED INFORMÁTICA AL NO PODER DEMOSTRAR EL
COHECHO. La causa abierta por la presunta red ilegal de compraventa de datos informáticos, desmantelada el pasado
enero, será archivada por el juez de Instrucción 2 de Móstoles tras la presentación del informe fiscal -en los próximos días-
que pide el archivo de las diligencias. El acusador público sostiene, según fuentes de la investigación, que no han podido
ser demostrados los delitos de cohecho y revelación de secretos y que, de haberse cometido, no puede probarse ni la
autoría ni el momento.
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El Ministerio Fiscal pedirá en los próximos días al Juez de instrucción número 2 de la localidad madrileña de Móstoles,
Gregorio del Portillo, que archive la causa abierta por la presunta red ilegal de compraventa de datos informáticos, desmantelada a
principios del pasado mes, al entender que los hechos en los que participaron las diez personas detenidas por la Policía no son
constitutivos de delito, según confirmaron a Diario 16 fuentes de la investigación.
El informe del fiscal sostiene que la supuesta comisión de los delitos de cohecho y revelación de secretos cometidos por
varios funcionarios del Estado y por el responsable de la red informática, el empresario Joaquín González López, no ha podido ser
demostrada durante la investigación judicial.
VACÍO LEGAL. «Actualmente existe un vacío legal en esta materia, uno de los motivos que provoca la petición de archivo
por parte de la fiscalía», aseguraron las mismas fuentes. Esta tesis será apoyada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y con toda probabilidad el juzgado de Móstoles dará por cerrado el caso.
Fuentes de la investigación manifestaron que el «cerebro de la red informática, Joaquín González, -que poseía para
comercializar datos reservados de cerca de 21 millones de españoles- pudo aprovecharse conscientemente del vacío legal.
González, explicaron las mismas fuentes, informaba siempre a sus compradores que «si queréis comprarme los datos hacerlo ya,
porque va a salir una nueva ley», en alusión al texto legal que sobre los datos informáticos se estudia en el Congreso.
Entre los diez detenidos en la primera quincena de enero -que fueron puestos en libertad bajo fianza- se encontraban el
propietario de la empresa Publi-Gest, Joaquín González; Cesar Antonio Cabeza Álvarez, funcionario del Ministerio de Trabajo; y el
también empresario Carlos Álvarez Cantó.
Según las primeras diligencias practicadas, funcionarios de los ministerios de Industria y Trabajo vendían por cantidades
que oscilaban entre lasa 500.000 pesetas y un millón datos reservados a la red desarticulada, que posteriormente suministraba la
información a otras empresas para campañas de marketing.
CIERTA LIGEREZA. «No se ha podido demostrar que los funcionarios cobrasen dinero por facilitar datos, como tampoco
que el jefe de la organización pagase cantidades a los trabajadores de la Administración», explicaron las fuentes consultadas.
Medios judiciales consultados por este periódico criticaron que en algunas actuaciones se caiga en una cierta ligereza, en
relación con el traslado a prisión de los 10 detenidos. «Fue precipitada y se tenía que haber investigado más», manifestaron.
6-2-1992 Rafael Fernández Calvo otorgó poderes notariales a Diego López Garrido (Catedrático de Derecho
Constitucional y vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos), lo mismo que, el también vicepresidente de la Asociación
Pro Derechos Humanos, Luis Otero Fernández (DNI 36.466) y Antonio Farriols Sola que los dio el día anterior en su propio nombre
y derecho pero haciendo constar que era miembro de la UGT (aún cuando estos tres varones eran, los tres únicos miembros de la
Presidencia colegiada de la Comisión de Libertades e Informática (CLI) no lo hicieron constar y deberá suponerse que al no figurar
registrada en el Servicio de Asociaciones del Ministerio del Interior carecían de personalidad jurídica.
Antonio Gutiérrez Vergara, domiciliado en la calle de Miguel Hernández, nº 8 de Majadahonda, otorgó poderes para pleitos
a Diego López Garrido el día 31 de enero de 1992 exclusivamente contra Joaquín González López y Cesar Cabezas en su propio
nombre y derecho sin hacer ostentación alguna de su cargo de Secretario de Comisiones Obreras.
07-02.92 Comunicado de prensa emitido por la CLI y posterior rueda de prensa celebrada por los miembros más
destacados en locales que, decorados como CC.OO., aparecen en los noticiarios de las diferentes cadenas de televisión en la que
se dice que la CLI ha procedido a personarse ejerciendo la acción pública en las diligencias del Juzgado de Móstoles.
En esta rueda de prensa, celebrada en los locales de CC.OO, se presentan Antonio Farriols Sola UGT. Rafael Fernández
Calvo, ATI. Luis Otero Fernández APDHE, Jorge Aragón Caro CCOO. y Diego López Garrido. (17)
11-02-92 "El País" DOBLE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, a petición una del PP y la otra de CDS y
IU: (lo que pudiera probar que se incurrió en lo previsto en el artículo 155 del entonces vigente Código Penal). Congreso de los
Diputados, se reanuda la sesión después de las vacaciones parlamentarias y se celebra la segunda sesión de la ponencia
para discutir sobre el articulado de la LORTAD, recordemos que la reunión inmediatamente anterior se celebro el 17 de
Diciembre anterior.
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12-2-1992 "El País" página 21, José F. Beaumont. El ministro acusa al sector privado de fomentar la piratería
informática. EL FISCAL PERSEGUIRÁ "HASTA EL FINAL" A LOS TRAFICANTES DE DATOS, SEGÚN DE LA QUADRA. El
Gobierno perseguirá hasta el final, a través del fiscal, la presunta red ilegal de traficantes de datos personales
informatizados descubierta por la policía el pasado mes de enero, a pesar de que sus principales implicados han sido
puestos en libertad, según dijo ayer en el Parlamento el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra.
El miembro del Ejecutivo desmintió así una información publicada recientemente en varios medios de comunicación que
señalaban que el fiscal propugnaba en un informe el archivo del caso que se sigue contra la red de traficantes de datos informatizados
que habían obtenido y comercializado hasta 40 datos personales de unos 20 millones de españoles, según la policía. Los
principales implicados fueron puestos en libertad a los pocos días. Mientras la Comisión de Libertades e Informática ha anunciado
que ejercerá la acción publica en las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción de Móstoles (Madrid).
El titular de Justicia que compareció durante tres horas en una sesión de control parlamentario ante la Comisión
Constitucional del Congreso, dijo, refiriéndose a la red de traficantes de datos, que los hechos son graves y reveladores de la
necesidad de adoptar urgentemente medidas legislativas. No quiso, sin embargo, ser más explícito "para no comprometer las
actuaciones judiciales".
"El fiscal perseguirá hasta el final la responsabilidad penal de los implicados", dijo De la Quadra, "y cuando se levante la
reserva de las actuaciones del juez estudiaremos la posibilidad de abrir expedientes administrativos si hay indicios de que están
implicados en la filtración de datos funcionarios del Estado". El ministro señaló, no obstante, que está demostrado que la venta de
datos informatizados está provocada precisamente por el sector privado debido a la presión mercantil.
CRÍTICAS AL GOBIERNO. El ministro contestó de esta forma a las preguntas formuladas por escrito por los grupos
Popular, Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida y Centro Democrático y Social, y por otros grupos parlamentarios en viva voz
sobre las consecuencias del descubrimiento de la red de traficantes de datos personales informatizados y sobre las medidas
legislativas en curso y futuras sobre la misma materia.
El miembro del Gobierno fue duramente criticado por los representantes de prácticamente todos los grupos parlamentarios
excepto por el socialista, quienes le exigieron que explicara las responsabilidades políticas que tiene el poder ejecutivo en esta
materia. Los grupos, menos el socialista, aprovecharon también la comparecencia del ministro para pedir al Gobierno que retire
(solicitud hecha por el Grupo Popular) o cambiara determinados aspectos del proyecto de la Ley Orgánica de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD).
De la Quadra dijo que el Gobierno no retirará el proyecto, al que calificó de instrumento básico para luchar contra las
nuevas formas de delito surgidas de la aplicación de la informática. Añadió que la nueva configuración del Código Penal, que en la
actualidad ha pasado a consulta del resto de los miembros del Gobierno, describirá nuevos tipos delictivos que tienen que ver con
la informática y la protección de la intimidad.
(Federico Trillo, diputado del PP y vicepresidente segundo del Congreso, manifestó ayer a la Cadena SER que los
españoles incluidos en los ficheros de la red de piratería informática podrían pedir indemnizaciones al Estado si se demuestra que
la Administración, a través de alguno de sus funcionarios, ha violado el secreto de los datos que posee).
16-2-1992 El nuevo Código penal: Pie de foto En la redacción del anteproyecto de Código penal se recoge un artículo
dedicado al delito informático.
Se castigará la posesión ilegítima de datos que afecten a la intimidad FAVORABLE ACOGIDA A LA TIPIFICACIÓN
DE LOS DELITOS INFORMÁTICO Y MEDIOAMBIENTAL.
El nuevo proyecto contempla el cierre de industrias contaminantes. Madrid.- Diversos colectivos afectados por la inclusión de
nuevos actos delictivos en el Código penal se pronunciaron ayer sobre la inclusión del delito contra el medio ambiente y contra los
que trafiquen con información de las personas, el llamado delito informático.
* DELITO ECOLÓGICO.- El anteproyecto contempla los .... ...
* DELITO INFORMÁTICO.- En la redacción del anteproyecto de Código penal se recoge también un artículo dedicado al
delito informático, mediante el que se castiga el apoderamiento de informaciones que se refieran a la intimidad de las personas.
Este hecho ha cobrado actualidad a raíz de la desarticulación de una red dedicada a traficar con los datos de millones de
ciudadanos.
La Comisión de Libertades Informáticas ha recibido con satisfacción este artículo del anteproyecto del Código Penal, pero
considera que deben agravarse las penas para esos delitos. Rafael Fernández Calvo, miembro de esta comisión declaró ayer que
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«las penas deberían ser implacables y si no hay penas adecuadas como existen en otras legislaciones, por ejemplo en Francia, no
será una legislación adecuada ni cubrirá todas las demandas sociales.
* EUTANASIA,. La nueva regulación ....
MARZO DE 1992 "DIRIGENTES" nº 53, Sonia Rodríguez. En portada: LA INTIMIDAD DE LOS ESPAÑOLES AL
DESNUDO.
24 El tráfico de datos personales a través de la informática se ha convertido en un lucrativo negocio.
Página 24, reportaje LA INTIMIDAD DE LOS ESPAÑOLES AL DESNUDO. La utilización de la tarjeta de crédito como
sistema de pago puede permitir al comercio de una parte de su intimidad por quienes ven en el delito informático una
forma fácil y segura de hacer dinero.
Un elemento tan común en el bolsillo de los ciudadanos como la tarjeta de crédito puede convertirse en un arma de doble
filo, al servir de llave para acceder a determinadas informaciones sobre el ciudadano. Tanto la solvencia económica, como nivel
cultural, pasando por la edad o las creencias religiosas, pueden ser descubiertas y manejadas por determinadas personas que han
convertido un negocio -tras la aprobación de la LORTAD, se trasformará en delito- la vida privada.
Los españoles han visto peligrar su vida íntima tras el descubrimiento en Madrid de una red organizada de tráfico de datos,
en poder de la cual se encontraron numerosos ordenadores de gran capacidad y unos 2.000 soportes magnéticos, en cuyo interior
se encontraban los datos de 21 millones de españoles. De pronto, el ciudadano de a pie ha tomado conciencia de que ninguna
parcela de su intimidad se resistía a determinadas empresas que especulan con su vida privada.
El avance de la tecnología y la inexistencia de una legislación que controle las aplicaciones de la informática han
propiciado la aparición de un espacio vacío; acerca de los usos que se puede dar a los datos personales, al tiempo que revela el
principal problema que plantean las tecnologías informáticas: el ataque a la intimidad de las personas mediante la utilización
fraudulenta de los datos.
Tras casi catorce años de régimen constitucional y a pesar de las peticiones y ruegos de las distintas asociaciones
informáticas, en España no se había conseguido una ley que pusiera unos limites razonables a las posibilidades de la técnica. Por
fin, en 1992, con los apremios de una red ilegal recién descubierta y la exigencia de la Comunidad Europea de una ley de
protección de datos como requisito indispensable para incorporarse al Acuerdo de Schengen (acuerdo de paso de personas entre
determinados países de la CE), en el Parlamento se debatirá un proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos Personales (LORTAD).
TARDÍA Y ESCASA. A pesar de la larga espera este proyecto de ley no reúne, según fuentes de la Comisión de
Libertades e Informática (CLI), las condiciones necesarias para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Para Rafael Fernández, miembro de la presidencia de la CLI, "la ley que
actualmente se está debatiendo resuelve bastante bien el problema de los datos recogidos en ficheros privados, pero los públicos,
que son los más numerosos y los mejores en calidad y cantidad van a quedar fuera de todo alcance. Los ciudadanos van a tener
serías dificultades para ejercer sus derechos frente a la Administración Pública".
El caso recientemente descubierto por la Policía no es, en opinión de la CLI, más que "la punta del iceberg", ya que -
aseguran- en España hay en este momento numerosas empresas que se dedican al negocio del tráfico de datos. Esto resulta
especialmente preocupante si se tiene en cuenta que la Administración Pública, que custodia los mayores ficheros sobre datos
personales de los ciudadanos españoles, no ha resuelto los problemas de seguridad y confidencialidad. "Es una red con
demasiados agujeros", comenta Rafael Fernández, quien afirma que la mayoría de los datos que nos llegan en forma de cartas
publicitarias tienen mayores posibilidades de salir de la Administración Pública que de empresas privadas.
La policía sospecha que algunos de los funcionarios presuntamente implicados en la red descubierta en Móstoles podrían
haber recibido hasta un millón de pesetas por facilitar determinados datos. Joaquín González López, detenido durante unos días
por ser considerado el "cerebro" de una red ilegal de datos, con ficheros de información sobre 21 millones de españoles, ratifica la
teoría de que en España existen en la actualidad numerosas organizaciones dedicadas al tráfico de datos personales. Asegura que
en este país hay, en la actualidad, alrededor de cien mil personas dedicadas a este negocio.
Aunque los mecanismos utilizados por la red descubierta en Móstoles están bajo secreto de sumario y se desconocen las
vías exactas de las que se sirvieron para acceder a la información, crear este tipo de empresas en España resulta peligrosamente
sencillo y rentable.
"LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE CUSTODIA LOS MAYORES FICHEROS SOBRE DATOS PERSONALES NO
HA RESUELTO LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD"
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DINERO FÁCIL. Basta con que el interesado consiga un cómplice preferiblemente en un ministerio -ya que constituyen
una fuente privilegiada de datos- o, en su defecto, en una empresa privada que le proporciones en cintas magnéticas copias de los
datos almacenados, que alcanzarán precios considerables en el mercado.
En caso de que no consigan los contactos necesarios se pueden recurrir a la ley electoral. En ella se especifica que a
todas las candidaturas admitidas en las elecciones hay que darles el censo en soporte magnético. Según ha podido saber
DIRIGENTES se han detectado ya varios casos en determinadas provincias en las que se crearon listas electorales, únicamente
para conseguir esas cintas de soporte magnético.
Una variante de este segundo método sería contactar con aquellos centros de procesos de datos a los que los partidos
políticos de ámbito nacional ceden parte de sus cintas para su proceso a centro de proceso de datos. A simple vista, las
informaciones contenidas en el censo no tendrían por qué preocupar a los ciudadanos ya que no incluyen más que el DNI, nombre,
apellidos, dirección y fecha de nacimiento. Sin embargo, a partir del Documento Nacional de Identidad se consigue, mediante las
tecnologías de software y bases de datos relacionales adecuadas, hacer todos los cruces de datos que sean oportunos para
disponer de cualquier tipo de información.
El origen de los datos encontrados en poder de la red descubierta en Móstoles es público, según Joaquín González,
presunto cerebro de la organización. Procedían, declara González, de ficheros abiertos a todos, como los ficheros de tráfico que
proporcionan hasta medio centenar de datos sobre cada persona.
Lo que realmente convertía a la empresa de Joaquín González (Publi-Gest) en uno de los más completos bancos
informáticos de España era la calidad de sus datos. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, el tipo de vivienda, el nivel socioeconómico,
el número de vehículos en propiedad del individuo y de la familia, la fecha de antigüedad en el empleo, el nombre de la
empresa para la que se trabaja y el nivel cultural individual, así como el nivel medio del núcleo familiar.
La transparencia de la vida privada de los españoles va más allá. El ciudadano no sólo ha de preocuparse porque
determinadas empresas especializadas en el tratamiento de datos o la Administración dispongan de su intimidad a su antojo. El
vacío legislativo existente ha propiciado que elementos tan comunes como el Número de Identificación Fiscal (NIF) o las tarjetas de
crédito se hayan convertido en medios eficaces al alcance de cualquiera para traficar con la vida privada de los españoles.
NÚMEROS PERSONALES Mientras en la mayoría de los países de tradición anglosajona no se admite ningún tipo de
números personales -en todo caso son voluntarios- en España hace aproximadamente un año el Gobierno impuso a los ciudadanos
un número de identificación fiscal que, en principio, debería ser secreto, pero que a la hora de la verdad, según la opinión de
expertos informáticos, se trata de un algoritmo especialmente fácil de averiguar, que acaba por dar acceso a determinadas
informaciones a gran cantidad de personas. Para Rafael Fernández, "hay un problema claro de mal diseño desde el punto de vista
de la confidencialidad del NIF, especialmente si se tiene en cuenta que este es uno de los elementos principales en el cruce de
datos".
"EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF) Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO FACILITAN LA LABOR DE LAS
REDES DE TRÁFICO DE DATOS ORGANIZADAS". Tan usuales como el NIF en el bolsillo de los españoles son ahora las
tarjetas de crédito. El denominado "dinero de plástico" se ha generalizado, hasta convertirse en un elemento indispensable,
especialmente para todos aquellos que viajan habitualmente o manejan cantidades importantes de dinero. También aquí han
descubierto los traficantes de datos una interesante fuente de información. Un ciudadano puede descubrir en cualquier momento
que la noche que pasó en aquel parador es objeto de comentario en su oficina, entorno familiar o entre sus mejores amigos.
Aunque todo esto parece recién sacado de una fantástica película americana la realidad es que para enterarse de los
pormenores de la vida de un ciudadano español no es necesario realizar ninguna labor de espionaje. Una simple tarjeta de crédito
puede proporcionar suficiente información sobre su propietario. Lo más grave es que el método para conseguir esta información
resulta especialmente sencillo. A partir de una tarjeta de crédito se puede obtener el NIF del individuo y desde ahí el documento
nacional de identidad, el domicilio etc. Además las tarjetas van dejando una pista importante de los lugares que se visitan con
mayor o menor asiduidad, datos que también son aprovechados por estas redes de traficantes.
LOS "CONTACTOS" BÁSICOS. Una vez más, los contactos son un elemento fundamental en el proceso. Pero en este
caso conviene que el supuesto "cómplice" trabaje en una entidad bancaria. De este modo (y sin temor a que se le castigue porque
este delito no está tipificado) podrá tener acceso a los ficheros del banco y a partir de la información que sobre el usuario aparece
en la tarjeta de crédito localizar su cuenta, número de identificación fiscal, DNI, solvencia económica y un sin fin de datos que, tanto
las empresas privadas como las públicas, manejan sobre la vida de los ciudadanos.
"LA LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL SE CONVERTIRÁ EN LA LEY EUROPEA MÁS RESTRICTIVA Y PERJUDICIAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y
QUE MAYOR CONTROL OTORGA AL EJECUTIVO"
El propio Joaquín González, manifestaba en declaraciones a la prensa su seguridad de que el Estado conoce los hoteles
en que dormimos o si tenemos coche. El método utilizado, continúa diciendo es el correcto enlace del NIF con otros números
personales considerados como secretos por los ciudadanos afectados. El artículo 20 de la LORTAD es considerado por la Comisión
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de Libertades e Informática como uno de los más peligrosos que recoge el anteproyecto presentado al Parlamento. Autoriza la
recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de datos muy sensibles de los ciudadanos como pueden
ser sus opiniones políticas, creencias religiosas, origen, etc. sin previa intervención judicial ni control de la agencia de protección de
datos.
INFORMACIÓN POLICIAL. El acuerdo de Schengen, al que España se ha incorporado recientemente, prevé la creación
de un "superfichero" donde se recoge información, remitida por la policía, sobre los ciudadanos de los distintos países miembros de
la CE. La incorporación de España a este sistema sin una legislación que proteja adecuadamente los derechos del ciudadano,
podría suponer que cualquier incidente -por insignificante que fuese- en el que se vea implicado el individuo no sólo quedaría
reflejado en los archivos policiales sino que se transmitiría a ese "superfichero". El resultado de todo esto podría ser que un buen
día el ciudadano afectado se encuentre en el aeropuerto de cualquier país de la CE y se le impida la entrada por no haber pagado
una multa o algún conflicto similar. Ante esto, la Comisión de Libertades e Informática propone la intervención de la Agencia de
Datos para corregir los excesos que la aplicación incontrolada de esta norma por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podría
originar.
En toda Europa hay agencias de protección de datos y legislación a este respecto. Dentro del ámbito de la CE se
encuentran distintos enfoques, que van desde los más vinculados al Gobierno a los más independientes. Fuentes de la Comisión
de Libertades e Informática aseguran que en España se ha escogido el modelo más restrictivo y que otorga mayor control al
Ejecutivo. "A pesar de la larga tradición y experiencia de que se dispone se ha prescindido de los modelos más democráticos en
favor de los más restrictivos, que ponen nuestras libertades en peligro".
MARKETING DIRECTO, EL PEOR PARADO. Uno de los sectores más afectados por la LORTAD es el de las empresas
dedicadas al marketing directo. La Asociación Española de Marketing Directo (AEMD) ha manifestado su franca disconformidad con
el proyecto elaborado por la Administración, al encontrar que éste no contempla los requerimientos necesarios para que la
normativa sea justa y eficaz. Fuentes de la AEMD aseguran que el proyecto español en vez de luchar contra los abusos que se
producen en el uso de los datos personales, se concentra en la mera tenencia de ficheros, lo que repercutirá fatalmente en el sector
del marketing directo, al igual que en otros sectores que ejercen legítimamente su actividad. "Al convertirse la ley española en la ley
europea más restrictiva y perjudicial para el sector privado se reducirán notoriamente las inversiones que en España pensaban
realizar numerosas compañías multinacionales en diversos sectores".
Para la AEMD los objetivos de una ley de protección de datos deben asegurar la trasparencia, velando para que el
interesado pueda tener conocimiento de la existencia de un fichero, permitir el acceso para que el ciudadano pueda verificar sus
datos y, si es necesario, rectificarlos. Además debería evitar el tratamiento de datos personales sensibles (origen racial, opiniones
políticas, creencias religiosas, datos relativos a sentencias criminales, etc.), salvo que el individuo lo consienta expresamente y por
escrito.
Esto no contradice en absoluto, continúan diciendo, las necesidades del marketing directo ya que estas empresas no
guardan ningún tipo de secreto sobre los datos incluidos en sus ficheros. El afán porque sus datos sean correctos y exactos les
lleva a agradecer la verificación y rectificación de los datos contenidos en sus archivos. Por último, las empresas usuarias del
marketing directo aceptan la prohibición de tratar datos sensibles.
Estas empresas se comprometen además a utilizar los sistemas de listas Robinson mediante el cual se brinda la
oportunidad de oponerse a la recogida de datos por parte de las personas afectadas, no solamente en el momento de la recogida
sino en cualquier momento de la vida del fichero. Este sistema se viene utilizando desde hace tiempo en varios estados miembros
de la Comunidad Europea como Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Países Bajos o el Reino Unido.
La unión de Consumidores de España advierte de la falta de protección al ciudadano y recomienda al consumidor que no
proporcione más datos que los que sean estrictamente necesarios para realizar una operación, transacción, etcétera.
06-03-92 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados.
INFORME DE LA PONENCIA. Sobre la LORTAD. La Ponencia se constituyo el día 10 de diciembre de 1.991 y ha
celebrado reuniones los días 17 de diciembre de 1991 y 12 y 18 de febrero de 1.992. En esas reuniones se ha deliberado sobre los
principales problemas que el proyecto de ley pretende resolver.
Los Ponentes han expuesto el criterio de sus respectivos Grupos Parlamentarios respecto a la iniciativa. En esa deliberación
se ha puesto de manifiesto que las cuestiones más discutidas se refieren al tratamiento de los denominados «datos sensibles»
(artículos 7,8,11 y 20.3), a la regulación que el Proyecto establece de los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(artículos 20 y 21) y a la composición y funciones de la Agencia de Protección de Datos (artículos 34-41) singularmente al
procedimiento de designación de su Director.
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La Ponencia se ha planteado también otros problemas, como el de los límites a la cesión de datos de archivos públicos y
privados, y la conveniencia de que la propia ley establezca mayores precisiones en materia de seguridad de datos. Igualmente, se
ha discutido sobre la conveniencia de que esta iniciativa pudiere tipificar el delito informático, de manera que éste pudiera constituir
una garantía adicional que pudiese estar vigente antes de la aprobación del futuro nuevo Código Penal.
La Ponencia ha acordado no entrar en el examen concreto del articulado y de las enmiendas presentadas al mismo,
aprobando, por mayoría, las enmiendas del Grupo Socialista (en anexo se incluyen en el texto del proyecto propuesto), y abriendo
un período de reflexión y de contactos entre los Grupos Parlamentarios antes de la deliberación del proyecto por la Comisión.
Asimismo, se ha solicitado al Letrado preparar una nota en que se recojan algunas posibles incorrecciones técnicas, terminológicas
y gramaticales del texto; dicha nota deberá ser remitida a cada uno de los ponentes.
A partir de este punto no se realizan actuaciones en cuanto a la LORTAD hasta el día siete de abril de 1992.
6-3-1992 "TVE2" Programa a debate "El Espejo" donde el Magistrado Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín presentado
como miembro de l presidencia colegiada de la Comisión de Libertades e Informática, sin el menor empacho y con la mayor
desvergüenza, ante el ahora querellante pronunció las siguientes palabras: «...pero esto es real y supongan que no son los 21
millones de datos, sino la cantidad y la calidad de los datos que ahí hay, con factores tan reservados y tan íntimos como la ideología
y la religión, las creencias, etc., etc., es un mundo muy peligroso que hay que controlar».
En ese mismo programa debate digo el Sr. Martín Pallín: «.......... ... Los datos confidenciales son aquellos que con la ley
en la mano hacen referencia a la ideología, religión y creencias, sobre el origen racial y sobre el comportamiento sexual».¿-?.
10-03-92 La CLI convoca y celebra una rueda de prensa en los locales decorados como de la APDH, en la que
insistentemente se pide mi ingreso en prisión y poco menos que mi cabeza (y esto en la Asociación Pro Derechos Humanos).
10-3-1992 "TELEMADRID" Telenoticias a las 14 horas 1 minuto 30 segundos ocupa la noticia facilitada por la CLI.
10-3-1992 "TV1" Telediario de las 15 horas 0 minutos 31 segundos en dar la noticia facilitada por las CLI.
10-3-1992 "TV1" Telediario de las 20.30 0 minutos 25 segundos en dar la noticia facilitada por la CLI.
10-3-1992 "TV2" Redacción en la 2 21 horas, 0 minutos 38 segundos en dar la noticia facilitada por la CLI.
10-3-1992 "TV1" Diario Noche, a las 0,10, 1 minuto 11 segundos en dar la noticia facilitada por la CLI.
10-3-1992 COMUNICADO DE PRENSA facilitado por la Comisión de Libertades e Informática (CLI).
Miembros de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), a través del abogado y Catedrático de Derecho Constitucional,
Diego López Garrido, ejerció la Acción Popular en relación con las Diligencias que, por delito de cohecho, receptación,
presuntamente cometido por Joaquín González López y otros, están abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles.
La acción Popular es una institución especialmente adecuada para la persecución de Hechos que afecten a la intimidad y
propia imagen de nada menos que 21.000.000 de españoles según la cifra aportada por el principal encausado.
Este es un caso más de los cientos que se producen y han producido en España en los últimos años, como consecuencia
de la irresponsabilidad de los sucesivos Gobiernos que no han presentado al Parlamento el proyecto de ley a que obliga el art. 18.4
de la Constitución, y han impedido iniciativas parlamentarias de grupos de la oposición en tal sentido.
La CLI entiende que, a pesar de la existencia de un cierto vacío legal, la conducta de D. Joaquín González López y otras
personas relacionadas con él, tal como se deduce de las diligencias que obran en el Juzgado nº 2 de Móstoles, tienen un claro
carácter delictivo. La CLI espera que, tras la apertura del correspondiente juicio oral a decidir por la autoridad judicial, quedará
probado lo que hasta ahora es, constitucionalmente, una suposición fundada.
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La CLI va a solicitar del Juez Instructor el testimonio de las personas en su día detenidas y de algunos que aparecen
relacionados con aquellas en las Diligencias, pues se trata, de un caso complejo con implicaciones diversas. También se van a
solicitar testimonios de entidades que supuestamente han suministrado los datos al Sr. González López y de entidades que han
adquirido dichos datos.
Los datos manejados por el Sr. González López tienen carácter personal, es decir, permiten la identificación de 21.000.000
de personas, a través de 50 items, hecho grave que se acrecienta por su potente tratamiento informático. El Tráfico de tales datos
es ilícito, como se desprende de distintas disposiciones legales.
El Estado aparece en buena medida, como responsable objetivo, de lo sucedido, no sólo por no haber cumplido el artículo
18.4 CE, sino también porque prácticamente la totalidad de los datos con los que traficaba el Sr. González tienen un origen último
estatal (datos laborales hacendísticos, de vehículos, etc. ...). Esto da una dimensión especial al caso, porque revela una negligente
custodia de datos personales por parte del Estado y una inacción legislativa.
En suma a juicio de la CLI, hay evidencia en las Diligencias judiciales: 1º. del carácter delictivo de la conducta del Sr.
González López; 2º de la intromisión ilegítima por su parte en la intimidad de 21.000.000 de españoles; 3º de la ilicitud del tráfico de
datos personales realizado por el Sr. González y otros y 4º. de la responsabilidad objetiva del Estado en estos sucesos atentatorios
a un derecho fundamental de todos los españoles, por su pasividad legisladora y por la ausencia de seguridad en la
confidencialidad de los datos personales que posee.
A partir de estas evidencias la CLI impulsará, en la medida de sus posibilidades legales, las acciones procesales para
defender los derechos de los ciudadanos y para hacer que la ley sancione con toda su intensidad las conductas penal, civil y
administrativamente ilícitas.
Por último, queremos señalar que el análisis de los datos intervenidos al Sr. González López está siendo realizado por la
Dirección general de la Policía con una excesiva lentitud para lo que exigiría el caso. Creemos que habría que dar más medios a la
D.G.P., y que ésta debería recabar la colaboración de antiguos empleados del Sr. González López para dar más celeridad a esa
decisiva actividad. Madrid, Diez de Marzo de 1.992.
11-03-92 "El País" LA COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA EJERCE LA ACCIÓN POPULAR.
LOS TRAFICANTES INFORMÁTICOS TENÍAN DATOS DE VIUDAS, ENFERMOS Y DE 1.400 PILOTOS. José F.
Beaumont. Madrid: Una lista de viudas de toda España, datos de niños nacidos en los dos últimos años, información
médica sobre pacientes del hospital Primero de Octubre de Madrid y datos de diversa naturaleza de 1.400 pilotos de Iberia
son algunos de los contenidos de los archivos informatizados de la red de traficantes descubierta en enero por la policía.
Hasta 50 datos sobre 21 millones de españoles figuran en las diligencias a las que ha tenido acceso la acción popular,
ejercida por la Comisión de Libertades e Informática (CLI).
La CLI que esta representada en su causa por el abogado y catedrático de derecho constitucional Diego López Garrido,
entiende que la conducta de Joaquín González López, titular de la empresa Publi-Gest, que fue detenido en Madrid con otras 10
personas el pasado Enero, tiene carácter delictivo. González López y el resto de los detenidos fueron puestos en libertad bajo
fianza posteriormente por orden del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles (Madrid). Ahora se
encuentra a la espera de nuevos testimonios y de que se señale la vista oral o que, por el contrario, se archive el caso.
A juicio de la CLI existen también evidencias de la intromisión ilegítima en la intimidad de 21 millones de españoles, de la
ilicitud del tráfico de datos personales realizados por González y de la responsabilidad objetiva del Estado por su pasividad
legisladora y por la ausencia de seguridad en la confidencialidad de los datos personales que posee.
Según las diligencias se deduce, en opinión del abogado López Garrido, que la mayor parte de los datos que manejaba la
red de tráfico procedían de archivos públicos en manos de la Administración. En las diligencias aparece también el nombre de
varios funcionarios que, según la CLI, no se han investigado suficientemente hasta el momento entre otras razones porque no se le
dan medios suficientes para ello a la policía.
Incluso se cita el ofrecimiento de dinero a funcionarios por parte de quienes comercian con datos y el caso de un grupo
político extraparlamentario al que se propone presentarse a las elecciones con objeto de obtener el censo.
12-3-1992 Carta que remite Miguel Ángel Gallardo Ortiz, Consultor-Profesor Unix&C, C/. Fernando Poo, 16 28045
(Madrid).
AMENAZA DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA (CLI) CONTRA MIGUEL ÁNGEL GALLARDO
ORTIZ .Texto tomado de la BBS (Bulletin Board System) GALLETAS.
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Nota aclaratoria: Este es un mensaje facilitado a los operadores de un sistema informático de acceso telefónico mediante
moden, por el coronel Luis Otero y el miembro del comité confederal de UGT Antonio Farriols. Con anterioridad, y por tener
información de primera mano sobre la red de tráfico de datos, había dejado varios mensajes a los usuarios de la conferencia
electrónica dedicada a la seguridad informática. En ellos había comentado la participación de varias personas en nomina de IBM,
principalmente el propietario de los equipos del escándalo, responsable del mantenimiento de IBM en el Banco Popular, y el perito
que asesoró a la policía. Al haber hecho referencia a Rafael Fernández Calvo como abogado que trabaja en IBM y pretende que la
CLI decida quién va a ser el Director de la Agencia de protección de Datos, así como que esta homologue las técnicas y los
dispositivos para la protección de información (criptología) a los que yo me dedico profesionalmente, a pesar de mi discrepancias de
fondo y forma, comuniqué por escrito a Fernández Calvo la existencia de tal debate.
El mensaje de respuesta a éste que escribí inmediatamente, innecesario para quien conoce el funcionamiento real de la
ATI, su relación con IBM, y su papel de lobby en la CLI, fue retenido temporalmente por los operadores de dicha BBS sin permitirme
por lo tanto el derecho de réplica a este amenazador mensaje:
La Comisión de Libertades e Informática (CLI) es un organismo no gubernamental, plural, independiente y autónomo,
abierto a la participación de cuantas entidades comparten sus objetivos. Comenzó sus actividades en noviembre de 1990 y celebró
su Asamblea General Constituyente en Abril de 1991, estando formada actualmente por las siguientes entidades y asociaciones
(representadas por las personas que se citan):
ACPC (Asociación Catalana de Periodismo Científico) Representante: Luis Ángel Fernández Hermana, Periodista.
Miembro de la Junta Directiva de ACPC.
AEIA (Asociación Española de Informática y Automática). Representante: Fernando Saez Vacas. Catedrático de la ETSIT.
Presidente de AEIA.
AEMD( Asociación Española de Marketing Directo) Representante: Elena Gómez. Abogada. Gerente de AEMD.
APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos de España). Representante: Luis Otero. Consultor Informático.
Vicepresidente de la APDHE.
A-SOFT (Asociación Española de Empresas de Software) Representante: Luis Fernando Martín Gálvez Abogado. Gerente
de A-SOFT.
ATI (Asociación de Técnicos de Informática). Representante: Rafael Fernández Calvo. Consultor de Si, Abogado. Vocal de
la Junta directiva de ATI
CC.OO. (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) Representante: Jorge Aragón Cao. Economista. Responsable
del Gabinete de Estudios de CC.OO.
Jueces para la Democracia. Representante: Juan Antonio Martín Pallín. Magistrado del Tribunal Supremo. Miembro de la
Junta Directiva de Jueces para la Democracia.
UCE (Unión de Consumidores de España). Representante: Bernardo Iglesias Bataller. Abogado. Responsable del
Gabinete Jurídico de UCE.
UGT (Unión General de Trabajadores). Representante: Antonio Farriols Analista de Sistemas. Miembro del Comité
Confederal de UGT.
La secretaría de la Comisión se halla en la Calle Padilla 66, 3 dcha., 28008 Madrid Su teléfono es el 4029391.
El Objetivo principal de la CLI es el de "promover de forma permanente y estable en todo el Estado Español el desarrollo y
la protección de los derechos individuales y colectivos en lo que se refiere al uso de las Tecnologías de la información, tanto por las
diversas Administraciones Públicas como por cualquier otra persona o entidad jurídica, publica o privada, fomentando en la opinión
pública la conciencia sobre la importancia de este tema para el progreso en una sociedad democrática crecientemente tecnificada.
Desde su nacimiento ha venido desarrollando una acción pública y constante a favor de dicho objetivo, habiendo dedicado
especial atención a la LORTAD (Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales) y al
descubrimiento por la Policía de una red de tráfico de datos personales, en cuyo sumario la CLI se ha personado ejerciendo la
acción popular por medio de Diego López Garrido, abogado, Catedrático de Derecho Constitucional y asesor jurídico de la
Comisión. Dicha acción se ha expresado cara al exterior mediante ruedas y comunicados de prensa, artículos y entrevistas en
diversos medios, charlas, mesas redondas y otras vías legítimas y públicas de expresión. En estas actividades han participado la
inmensa mayoría de los miembros de la Asamblea General de la CLI, incluyendo a los tres miembros de la Presidencia Colegiada,
elegida por aquella cada seis meses. Todos los documentos producidos por la CLI desde su nacimiento, incluyendo actas de
reuniones de la Asamblea General y Comunicados de Prensa, están a su disposición en su sede social.
74

La CLI se financia únicamente mediante las cuotas que pagan sus entidades-miembro (actualmente 50.000 pts. anuales) y
recibe el soporte logístico de las mismas para la realización de sus actividades. Ninguna otra entidad, pública o privada, paga pues
las "facturas de la CLI", como afirma el Sr. Gallardo Ortiz de modo tan rotundo como infundado.
Las personas que forman la Asamblea general y la Presidencia Colegiada no obedecen a otros intereses y mandatos que
los que reciben de la propia Comisión y de los órganos directivos de sus respectivas entidades-miembro, a las que representan ante
la CLI, independientemente de la actividad profesional y laboral que cada uno de ellos desarrolla legítimamente en distintos
organismos y empresas públicas y privadas.
Explicado lo anterior, y conociendo la composición plural de la Comisión y su funcionamiento participativo y democrático,
resultaría hilarante si no fuese falsa e injuriosa, la afirmación del Sr. Gallardo Ortiz de que "La CLI es un lobby destinado a que IBM
y Arthur Andersen coloquen sus peones en la Agencia de Protección de Datos que se va a crear pronto. Pensamos que una
persona que se atreve a realizar aseveraciones tan delirantes, por escrito y en un foro de carácter público, se califica a sí misma.
Carecen asimismo de todo fundamento los reiterados y vinculantes ataques del Sr. Gallardo Ortiz contra el miembro de la
Presidencia Colegiada D. Rafael Fernández Calvo (así como contra la entidad profesional a la que representa ante la CLI y de cuya
Junta Directiva es miembro, ATI -Asociación de Técnicos de Informática-, que nos ha comunicado que esta estudiando la
oportunidad o no de tomar las medidas legales oportunas contra el Sr. Gallardo Ortiz) y los especialmente groseros e hirientes
contra una persona que ejerce funciones como administrativa en dicha entidad profesional, Doña Elena Castro, colaboradora
además de la CLI.
Tanto la Sra. Castro como el Sr. Fernández Calvo gozan de la más absoluta confianza de la CLI, habiendo actuado
siempre por mandato expreso de ésta, por lo que cualquier ataque contra ambas personas en lo que se refiere a sus actividades
relacionadas con la Comisión no podemos considerarlo sino como un ataque contra ambas personas, en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la Comisión no podemos considerarlo sino como un ataque contra el conjunto de la misma. Respecto
al Sr. Fernández Calvo, objeto privilegiado de las iras del Sr. Gallardo Ortiz, podemos asegurar que las únicas afirmaciones veraces
de este último son que desarrolla sus tareas profesionales como Consultor de Sistemas de información en IBM España, que es
abogado y vocal de la Junta Directiva de ATI, actividades las tres perfectamente lícitas y conocidas por todos los miembros de la
Comisión, que conocen también de un largo historial de dedicación social y profesional.
En la seguridad de que publicara esta carta en el foro (o foros) arriba citado y convencidos de que en el futuro, como
responsable del mismo, tomará las medidas oportunas para evitar que se repitan hechos como el que motiva esta carta, quedamos
a su disposición y a la de todos los participantes en el BBS para cualquier tipo de aclaración o colaboración.
Le saludan atentamente en nombre y representación de la Comisión: Antonio Farriols y Luis Otero. Miembros de la
Presidencia Colegiada de la CLI.
14-03-92 "El País" LA DENUNCIA DE UN CONTRATADO POR JOAQUÍN GONZÁLEZ PUSO A LOS AGENTES
SOBRE SU PISTA.
LA POLICÍA HALLÓ 17 ARMAS DE FUEGO AL DETENIDO POR TRÁFICO DE DATOS INFORMÁTICOS. Bonifacio de
la Cuadra. Madrid Cinco rifles, cinco escopetas, siete pistolas y 25 cajas de munición fueron intervenidos por la policía a
Joaquín González López, cuando le detuvo en enero último por su presunta vinculación con delitos cometidos en relación
con el tráfico de datos informáticos sobre 21 millones de españoles. La detención se produjo como consecuencia de las
investigaciones policiales -intervenciones telefónicas incluidas- efectuadas a raíz de que Óscar Callado Palomo,
contratado por González, pusiera en conocimiento de la policía una serie de hechos "por si pudieran ser constitutivos de
delito".
La comparecencia de Callado director técnico de la empresa Leisa dedicada a la formación informática y la prestación de
servicios, se produjo en la comisaría de Móstoles el 11 de julio de 1991, según figura en las diligencias que instruye el juez de
instrucción número 2 de Móstoles, Gregorio del Portillo García. Callado declaró que en septiembre de 1989 González López,
representante de la empresa Publi-Gest, requirió los servicios de Leisa, a la que llevó una serie de archivos soportados en cinta
magnética.
Entre tales archivos destacaban los correspondientes a los vehículos de Madrid de 1984, padrón de Madrid, funcionarios,
trabajadores por cuenta ajena, pensionistas, propietarios de fincas urbanas, parados según el Instituto Nacional de Empleo,
empresas jurídicas y declaraciones de la renta de 1988, con un total -siempre según el denunciante- de 45 a 50 millones de
registros. Callado declaró que, aunque a primera vista, el único de González era realizar copias, estados, listados del contenido de
las cintas, posteriormente observó que realizaba operaciones comerciales de venta de datos a entidades de crédito u otras
empresas, tras cruzar los diferentes ficheros.
FICHEROS DE VEHÍCULOS DE 1990. Callado dio cuenta también de que entre finales de 1989 y comienzos de 1990,
González llevó a las oficinas nuevos ficheros como el del censo electoral, procedente de Barcelona, soportado en 56 carretes de
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cinta magnética, y el de vehículos de 1990. con 13 millones de registros. Callado relato a la policía que González llevó este último
archivo a altas horas de la madrugada y pidió que se copiara rápidamente, "tras de lo cual se fue con el original que según dice
debe ser devuelto con urgencia", según figura en el acta de la comparecencia.
El denunciante señaló a la policía que aquel fichero contenía "información de gran calidad para enriquecer la base de
datos, por lo que es incorporado a la estructura anterior, ampliando el acceso directo a la extracción de datos de un individuo o
empresa con el simple conocimiento de la matrícula de un vehículo". Callado señalo que "a raíz de estar en posesión de este último
fichero, las relaciones comerciales de Joaquín González aumentaron considerablemente" el compareciente hizo constar que
deseaba poner tales hechos en conocimiento de la autoridad judicial por si eran delito.
El principal implicado en el presunto tráfico informático se encuentra en libertad y continúa en plena actividad, según
fuentes próximas al caso. A petición suya, el 3 de marzo último, el Juez Del Portillo ordenó que se le entregaran "todos los efectos
intervenidos al señor González López, excepto las cintas informáticas y los otros efectos que tengan trascendencia para la
investigación".
PISTOLAS, RIFLES, ESCOPETAS. Entre los efectos intervenidos figuran siete pistolas -dos de ellas de duelo y 1
Derringer- cinco escopetas de caza, cinco rifles- uno Kentuky, otro con mira telescópica calibre 300, otro Remintong, otro Magnún
calibre 22 con mira telescópica y otro Winchester-, así como un total de 25 cajas de municiones de diferentes calibres. También se
intervino un cuchillo de monte y un cinturón-canana con municiones. González López a declarado que tenía licencia de armas.
Otros efectos intervenidos fueron el documento original de la Junta Electoral Central denegando el censo, así como las
copias de su petición, varios recortes de prensa relacionados, entre otras materias, con el proyecto de la ley orgánica de
Tratamiento Automatizado de Datos de carácter Personal; cinco cajas conteniendo 244 diskettes; 147 cintas magnéticas de
ordenador. Otros documentos intervenidos son el original del Ministerio de Agricultura denegando los ficheros solicitados y otro
documento original solicitándolos a Tráfico, así como varias facturas, un marcador automático de teléfonos y un ordenador
personal.
13-3-1992 Carta impresa en papel de la ATI que firma Rafael Fernández Calvo como Vocal de la Junta Directiva de la ATI,
Miembro de la Presidencia Colegiada de la CLI, que dirige a D. Miguel A. Gallardo Ortiz, C/. Fernando Poo, 16 28045 Madrid.
Sr. Gallardo Ortiz: En respuesta a su carta del 9 de Marzo, le comunico que no tengo el menor interés en mantener con
Vd. comunicación personal de tipo alguno, a excepción de esta primera y última Carta, que le envío ante su insistencia en obtener
acuse de recibo.
Mi falta de interés se aplica especialmente a sus delirantes y repetidas manifestaciones respecto de la CLI (Comisión de
Libertades e Informática), a ATI (Asociación de Técnicos de Informática) y a mi mismo, así como a la pretendida influencia que,
según Vd., ejercería a través mío en las actividades de la Citada Comisión la empresa en la que, como es ampliamente conocido,
presto mis servicios profesionales (IBM SA).
Para conocer mi opinión al respecto no tiene más que leer con atención la carta de fecha 25-2-1992 que D. Luis Otero y D.
Antonio Farriols, compañeros míos en la Presidencia Colegiada de la CLI, dirigieron al BBS Galletas, carta con cuyo contenido me
identifico plenamente. Firmado Rafael Fernández Calvo.
Primeros de abril de 1992 Tríptico publicitario: LA REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS
DATOS PERSONALES ENCUENTRO LIBERTADES E INFORMÁTICA LA REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO
AUTOMATIZADO DE LOS DATOS PERSONALES Fundación Largo Caballero C/ S. Bernardo, 20 5ª Planta Coordinación
Almudena Asenjo, 28015 MADRID. Tel. 532 73 64- FAX: 532 93 79 A iniciativa de La Comisión de Libertades e Informática
Organiza la Fundación Largo Caballero Madrid, 7 de abril de 1992.
9,30 de la mañana inauguración José Carpió Martín Director de la Fundación Largo Caballero.
PANEL I: LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD EN ESPAÑA
9,45 Ponencia Fco. Javier Sancho Cuesta Secretario General técnico del Ministerio para las Administraciones Publicas.
10,30 Ponencia: Aspectos parciales del proyecto de ley orgánica de regulación del tratamiento automático de los datos de
carácter personal (LA LORTAD). José Antonio Martín Pallín Magistrado del tribunal Supremo.
11,45 MESA REDONDA Puntos de vista del sector privado, de los consumidores y de los sindicatos.
MODERA: Jorge Aragón Gabinete Técnico de CCOO.
INTERVIENEN: Rafael Fernández Calvo Asociación de Técnicos de Informática.
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Enrique Linde Paniagua Profesor de Derecho Administrativo de la UNED.
Adolfo Várela Unión de Consumidores de España.
Antonio Farriols Unión de Técnicos y Cuadros- UGT.
PANEL II: LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
16,00 Ponencia Legislación Comparada, directivas y convenios. Julián Marcelo Director del área de consultoría y
formación Equipo DRAC
17,00 MESA REDONDA Modera Almudena Asenjo Fundación Largo Caballero
Intervienen: Fernando Saez Vacas Catedrático Universidaorrecto de la instalaciÀ; Àn del terminal
en forma o lugar inadecuado o de la manipulaciÀ; Àn de zonas peligrosas del mismo. Á ÁOtra norma explica que todos los
terminales deberÀ Àn llevar en lugar visible de su parte
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posterior y con letras cuyo color destaque sobre el fondo el texto "No abrir sin antes desconectar la
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tensiÀ; Àn de red" junto con el simbolo de tensiÀ; Àn peligrosa... Á ÁA las solicitudes de certificaciÀ; Àn se debe acompaÀ9 Àar,
por ejemplo, la declaraciÀ; Àn de que los
product147 folios que en su portada dice: Fundación LARGO CABALLERO.
CLI Comisión de Libertades e Informática.
7-4-1992 ENCUENTRO: Libertades e Informática. La regulación del Tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal.
Salón de actos del Ateneo de Madrid. Madrid, 7 de abril de 1992.
INDICE:
1º. Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
2º. Propuestas de enmiendas elaboradas por la CLI (Comisión de Libertades e Informática) a la LORTAD.
3º Propuesta de Directiva del Consejo de la CEE relativa a la Protección de las personas en lo referente al Tratamiento de
Datos Personales.
4º Documento sobre la Convención Europea de Protección de las Personas en relación al Tratamiento Automatizado de
los Datos de Carácter Personal.
5º Diez años de aplicación del Convenio Europeo de aplicación de datos. (Comunicación a la XIII conferencia de
Comisarios de Protección de Datos. Estrasburgo, octubre de 1991, presentada por Jacques Fauvet. Presidente de la CNIL -
Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia).
6º Protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. (Propuestas de resolución presentadas a la XIII
Conferencia de Comisarios de Protección de Datos. Estrasburgo, octubre de 1991, por Alexander Dix. Comisario Adjunto para la
Protección de Datos de Berlín, como portavoz del llamado "Grupo de Berlín" sobre telecomunicaciones y medios y a su impacto
sobre la protección de Datos).
7º Comentarios y propuestas de UGT al proyecto de Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento Automatizado de
los Datos de Carácter Personal.
8º Los derechos humanos y la nueva frontera de la información. Fernando Saez Vacas.
9º Síntesis de la intervención de Antonio Farriols Sola.
............................
En el apartado 1º se reproduce íntegramente el Boletín Oficial de las Cortes Generales CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS del 24 de mayo de 1991, donde, en algo más de quince folios, se publica el Proyecto de Ley 121/000059 Regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (Orgánica).
En el apartado 2º se reproducen todos los escritos que la Comisión de Libertades e Informática (CLI) entregado a los
diferentes Grupos Parlamentarios, en septiembre de 1991, informándoles de sus propias propuestas o enmiendas al Proyecto de la
LORTAD.
En el apartado 3º, en 29 folios, se reproduce en Castellano la Propuesta de la Directiva del Consejo de la CEE relativa a la
Protección de las personas en lo referente al Tratamiento de datos personales, que no se reproduce por considerar que la Sala
carece de competencia para entender de este tema con independencia de que el querellante considere prudente informar.
En el apartado 4º y en 11 hojas impresas a dos caras se reproduce el documento generado sobre la Convención Europea
de Protección de las personas en relación al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que no se reproduce por
los mismos motivos expuestos en el párrafo anterior.
En el apartado 5º, en 8 páginas completas se reproduce la Comunicación a la XIII Conferencia de Comisarios de
Protección de Datos -Estrasburgo, octubre de 1991- presentada por Jacques Fauvet, Presidente de la CNIL (Comisión Nacional de
Informática y Libertades de Francia, titulada DIEZ AÑOS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE
DATOS, que no se reproduce por los mismos motivos expuestos anteriormente.
En el apartado 7 se dice: Comentarios y propuestas de UGT al proyecto de ley orgánica para la protección del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. En un artículo sin firma achacado a la Secretaría Confederal de
Acción Institucional , Coordinación Legislativa y Normativa, septiembre de 1991 UGT (donde, en doce páginas completas,
haciéndose pasar por el autor de las enmiendas, de forma un tanto anónima) dice:
I.- CONSIDERACIONES GENERALES. Nos parece oportuna la Ley Orgánica sobre el uso de la informática, prevista por
el art. 18.4 de nuestra Constitución y necesaria en la realidad social y comercial presente, en la que se prodiga especialmente el
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uso -e incluso abuso- de la informática y la abundancia de archivos automatizados de datos personales y familiares. En tal
situación, la protección de la intimidad personal y familiar hace inevitable una norma sobre esta materia.
El texto del proyecto presentado por el Gobierno es, pues, oportuno políticamente, si bien -reconociendo que mejora el
anterior- aún adolece de aspectos negativos y de carencias que detallaremos más adelante.
La UGT, como miembro de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), asume plenamente las críticas y propuestas de
dicha Comisión que son las que traslada a los grupos parlamentarios para su consideración.
II.- PROPUESTAS CONCRETAS DE UGT AL PROYECTO 1. En el artículo 2 apartado 2c) suprimir "y del Registro Central
de Penados y Rebeldes".
JUSTIFICACIÓN: El Registro... ..... ..........
En el apartado 8º, Fernando Saez Vacas nos dice: LOS DERECHOS HUMANOS Y LA NUEVA FRONTERA DE LA
INFORMACIÓN. Los prodigiosos progresos de la tecnología de la información dibujan una nueva frontera de rotundos cambios
sociales. Algunos de estos cambios son evidentes, como los que afectan a las relaciones económicas y de mercado de las
empresas, o al trabajo técnico o científico, entre otros muchos ejemplos que ya son del dominio público. Pero la naturaleza casi
inmaterial de esta tecnología tiene asimismo el poder de penetrar insidiosamente en zonas sutiles, donde habitan el pensamiento
de las personas o conceptos hasta ahora considerados firmemente establecidos e incluso "sagrados", como los derechos humanos.
En general, podría decirse que el mundo está a punto de ingresar en el siglo XXI bajo un clima de espesa incertidumbre,
quizá porque todavía no ha sabido o no ha tenido tiempo de arreglar sus relaciones con la técnica. Tecnologías tan complejas como
la informática simplemente caen fuera del espectro intelectual de los creadores de opinión social, lo que hace que sus análisis sobre
técnica y sociedad, muy infrecuente por lo demás, acabe siendo inevitablemente epidérmico. Por su lado, los especialistas en
tecnología se muestran desinteresados o carecen de preparación para contribuir a ese análisis.
Este artículo, que reelabora y actualiza otro anterior, publicado por el autor en 1984, trata de un reto desconcertante para
la sociedad, de los laberintos y arcanos de la tecnología más avanzada, de en qué vienen a parar los derechos humanos cuando
queremos aplicarlos en este territorio desconocido y sin leyes que recorremos, y del papel de los ingenieros y demás tecnólogos.
1948: LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRANSISTOR.
En este año ocurren dos cosas notables: la Declaración de los Derechos Humanos por la asamblea de la O.N.U. y la
invención del transistor. ¿Cómo vemos los resultados de ambos eventos?
Si en 1948 el mundo ya diverso, su variedad actual se ha hecho prácticamente inmanejable. Mientras que en muchas
regiones los derechos humanos se sitúan en torno a un umbral mínimo, en el que poco sentido tiene plantearse el derecho a la
calidad de vida, cuando apenas están garantizados la vida, el sustento más precario o la vivienda, en otras se discuten y acuerdan
matizaciones sobre estos mismos derechos, sólo que a un nivel muy superior en cuanto a las instituciones y las leyes: el Defensor
del Pueblo, la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (Francia), la ley de 1974 sobre la privacidad en U.S.A., las
leyes de protección del Medio Ambiente, etcétera. No existe mayor atentado mundial contra los derechos humanos que su
disparatada geografía.
La parte del mundo en que nos encontramos ha sufrido grandes transformaciones, muchas debidas a la explosión técnica
y tecnológica, que los ha poblado de innumerables seres artificiales (máquinas, para entendernos), generando un cambio incesante
en casi todos los aspectos materiales e inmateriales de nuestras vidas. Por diferentes causas, los conceptos contenidos en la
Declaración, simples y claros en su origen, están reclamando una seria actualización: familia, trabajo, libertad, salud, propiedad,
intimidad, seguridad, reunión, etc. ¿Qué es una reunión, hoy, cuando las personas se pueden interconectar vía satélite a todos los
efectos, salvo en lo que concierne a los sentidos del olfato y del tacto?. ¿En qué consiste la libertad si se toma en cuenta la
ductilidad de los espíritus para ser orientados conforme a las cadenas bien estudiadas de estímulos informativos?.
Dentro del conjunto de tecnologías están las tecnologías de la información, y entre ellas, la informática. Las máquinas de
las tecnologías de la información contienen en sus elementos fundamentales transistores, muchas veces en forma de circuitos
integrados, "chips", en terminología ya popular. He aquí cómo podemos todos percibir el impacto del transistor sobre el mundo y su
relación el tema de este artículo.
EL NÚCLEO DURO DE LA INFORMÁTICA. Los años que vivimos están deparando una enorme popularidad a la
informática, inicialmente debida a los "comics", películas y obras de ficción científica y, en el terreno práctico, después, a los
ordenadores personales, máquinas cuya médula es un "chip" microprocesador (en definitiva, un conjunto de transistores). Aunque
éste sea tema aparte, no quiero dejar de señalar la contraposición que expresan esas dos fuentes de popularidad. Por un lado, el
computador H.A.L., inteligentísimo, complejo y sentimental y, por otro, un ordenador real que cualquiera puede comprar y manejar;
mistificación y desmitificación, tan ilusoria la una como la otra, aunque ambas posiciones extremas configuran un segmento de la
verdad (actual o potencial) de la informática.
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La cuestión informática ha penetrado de lleno en los medios de comunicación social. Todos los días, los periódicos nos
ofrecen al respecto noticias, reportajes, artículos, ensayos, anuncios. Ni siquiera rozan lo que pudiera denominarse el núcleo duro
de la informática -lo llamo así para denotar su condición de impenetrabilidad para los no especialistas-. Dicho núcleo es
intrínsecamente neutral con respecto a los derechos humanos, porque es absolutamente indiferente con respecto a su dominio de
aplicación.
Si consideramos, por simplificar, que todo lo que esté muy próximo a la base física y lógica, a la estructura, al funcionamiento
y a la teoría del computador constituye un conjunto de elementos o capas conformadoras del núcleo duro de la informática,
dicho núcleo es de naturaleza abstracta, en el sentido de que, por tangibles que puedan llegar a ser sus elementos, carecen de
contenidos significantes. Hay impulsos eléctricos, puntos de magnetización, operaciones lógicas, transferencias energéticas,
conceptos matemáticos, conexiones, formatos específicos de información binaria, vías de comunicación, estructuras lingüísticas,
estados, diagramas sintácticos ... una parafernalia alejada por principio de cualquier contenido concreto de las actividades humanas
o de la ideología e intenciones de cualquiera que pueda estudiarla, utilizarla o contemplarla. Volveré sobre esto.
Ese núcleo es duro y es neutro. Sobre lo primero es conveniente insistir, para salir al paso de quienes argumentan que los
especialistas en informática pretendemos erigirnos en elites rodeando nuestro trabajo del conveniente misterio. Por el contrario, es
bien cierta la dificultad que residen ese núcleo que, a falta de una definición exacta sobre su composición y límites, podríamos
convenir en conocerlo a través de la imagen que proyecta el contenido de los estudios superiores recomendados por instituciones
tan prestigiosas como la A.C.M. (Association for Computing Macuinery) y la I.E.E.E. Computer Society (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) en el campo de la informática. No hay otro arcano. Por eso, diseñar, escribir o comprender las entretelas del
sistema operativo de un ordenador personal corresponde a gentes familiarizadas con las correspondientes capas de este núcleo,
mientras que usarlo está al alcance del gran público.
Utilizaré a continuación como metáfora el concepto de núcleo duro que acabo de introducir. El núcleo atómico esconde
energías enormes para la paz o para la guerra, pero los científicos están divididos en cuanto a las garantías de seguridad incluso
para usos pacíficos. Tampoco concuerdan los científicos de la vida en cuanto a las posibilidades de control de la ingeniería genética
que, manejando ácidos nucleicos y otras moléculas, pueden dar en la curación del cáncer, en la producción de cosechas
asombrosas o en transformaciones monstruosas. Aún no se ha desvelado todo el misterio en estos casos. Su complejidad es
fantástica porque su "núcleo" es aún más duro, al estar implicados fuerzas y mecanismos de la naturaleza,, que por el momento se
resisten al dominio del hombre. En cambio, el núcleo de la informática es un producto completa y exclusivamente generado por la
gente humana, en el que la naturaleza física no está involucrada como no sea para prestar el silicio, material muy abundante y
barato, que es el componente habitual de los transistores (circuitos integrados).
Todos los científicos de la informática se podrían de acuerdo sobre el principio de que este núcleo de materia, circuitos y
conceptos nada hay que tenga que ver con la propiedad, con la vida, con la intimidad, con el medio ambiente, etc. .... No hay
radiaciones incontroladas, el consumo energético es mínimo (el microprocesador potente consume bastante menos que una
bombilla corriente en nuestras viviendas) y, por poner un ejemplo práctico, una consulta a una base de datos no es a ese nivel otra
cosa que una secuencia de operaciones lógicas elementales de comparación, búsqueda y transferencias de unos bloques de bits
entre una memoria y un procesador de circuitos integrados y un disco magnético. Si cabe que tal consulta afecte a la intimidad de
un ciudadano o permita la localización de un medicamento para salvarlo es disyuntiva no imputable a un desarrollo incompleto de la
ciencia, sino a la intencionalidad o al error humano. Lo mismo puede decirse de la utilización de un microprocesador: puede guiar el
funcionamiento dosificador de un páncreas artificial en el cuerpo de un diabético o un misil destructor de vidas.
De la misma existencia del núcleo y de sus propiedades de impenetrabilidad y neutralidad (naturaleza abstracta) se
pueden extraer algunas consecuencias interesantes. En primer lugar, la influencia más o menos latente individual, grupal,
institucional, nacional o internacional de los especialistas en el núcleo duro. Es una influencia técnica, desde luego, cuya
manifestación más espectacular se produce ahondando las diferencias de poder tecnológico en el mundo. La impenetrabilidad es
fuente de poder y al tiempo es causa inevitable de errores y desastres entre manos no avezadas o malintencionadas.
Por último, su misma propiedad básica de neutralidad es precisamente la puerta que abre la informática a todas las
posibilidades, no sólo técnicas, sino también humanas y sociales, es decir, a su omnipresencia potencial en la vida de las
sociedades humanas y, consecuentemente, a su impacto progresivo y complejo sobre todos los derechos humanos.
VULNERABILIDAD DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Establecidos un principio de definición y unas propiedades del núcleo, vamos ahora con su aplicación, en la que ya
intervienen, además de especialistas del núcleo, toda suerte de individuos, grupos y sectores, dependiendo de la clase de
aplicación. En todo caso, la informática real puede describirse como la interacción de una sociedad con el núcleo duro de la
informática. Hay que aceptar que en el seno de esa sociedad existe un grupo, más o menos numeroso y más o menos cualificado,
de especialistas del núcleo.
Hasta el momento, las aplicaciones que parecen haber suscitado interés desde el punto de vista de los derechos humanos
son aquéllas en las que pueda verse involucrada la intimidad, la seguridad pública y la propiedad, sobre todo la primera. Dentro del
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concierto de los países occidentales, España, en correspondencia con su retraso científico, va también por detrás -y bordeando casi
la indiferencia- en materia de sensibilidad social ante esos problemas, que se "ven" como problemas técnicos.
El artículo 18.4 de nuestra Constitución, al cabo de tantos años de su redacción, aún no ha sido desarrollado. Y ahora que
se entra en ello, el asunto se está planteando básicamente en términos de debate político entre el Estado y la sociedad civil
(Comisión de Libertades e Informática) acerca de los proyectos de leyes que hayan de regular los límites en cuanto a la propiedad
de los datos informáticos sobre la intimidad de las personas. En mi opinión, es un debate importante y correcto, pero reduccionista,
en la medida en que restringe o especializa excesivamente el ámbito de las técnicas y de los derechos y actores implicados. A este
último respecto, que no sólo son los poderes públicos quienes están involucrados lo demuestra el reciente intento de
comercialización en EEUU de un producto sobre disco compacto del tipo ROM para ordenadores personales conteniendo datos
personales de ochenta millones de ciudadanos americanos.
Nos convendría construir una visión global del conjunto de tecnologías de la información. Técnicamente, se está
desarrollando un proceso de integración, que, a través de una reciente electronificación (cuyo substrato físico y teórico es la microelectrónica,
iniciada en el transistor) y de una digitalización unificadora, se apoya en el computador, bajo sus mil formas, para
reproducir una exuberante oferta de tecnologías de la información.
Miradas así las cosas, la informática está o estará dentro o detrás de cualquier actividad grande o pequeña que tenga que
ver con la información (¿qué actividad no tiene que ver con la información?). Millones de millones de transistores constituyen el
soporte físico, sólo visible al microscopio electrónico, de una porción enorme del conjunto de todas las actividades sociales. Esto
configura un nuevo entorno humano, para el cual, como se decía al principio, habrá que renovar conceptos, a tenor de las
transformaciones sociales, o, mejor aún, previéndolas.
Tomemos un ejemplo: la informática elimina trabajo. Este es un hecho incuestionable y de serias repercusiones a escala
social. Desde el momento en que un algoritmo está diseñado y programado, es posible copiarlo y ejecutarlo automáticamente
(incluso a distancia), y generalmente a bajo costo, en todo el mundo, cuantas veces se desee o sea necesario. Por consiguiente,
una persona o un grupo de personas realiza el algoritmo y ese trabajo evita potencialmente que miles o millones de personas
deban ocuparse de una determinada tarea o incluso impide en la práctica que puedan hacerlo.
Se trata de un caso genérico, bastante expresivo de los poderes de la informática, del que pueden derivarse distintas
consecuencias y reflexiones, ya que estamos hablando de derechos humanos. Una es que unos pocos individuos que trabajan
pueden dejar sin trabajo a una muchedumbre. Otra, que ese grupo que trabaja impone sus modos de resolución del problema a
todos los demás, esto es, su dominio intelectual, y tal vez su dominio económico. También es posible plantear un problema de
propiedad intelectual e industrial, habida cuenta de la facilidad de copiar y transmitir la información en sí que constituye el algoritmo.
Otro aspecto básico digno de consideración es la cuestión de si exonerar a muchos seres humanos de ciertas tareas les
traerá la posibilidad de dedicarse a otras más creativas, espiritualmente enriquecedoras o simplemente menos dañinas para su
salud, si eso supondrá una redistribución social de las rentas y disminución general cuantitativa de las obligaciones laborales o si,
por el contrario, todo ello se traducirá en arrojar a un pozo de pobreza a personas, grupos o países más débiles, menos preparados
o menos avanzados tecnológicamente. El panorama es sutilmente complicado porque sabemos que el ordenador no sólo se
programa para realizar operaciones en situaciones de rutina o peligrosidad sino para tareas del máximo nivel intelectual.
Ahí tenemos a los sistemas expertos. Un sistema experto es un conjunto de circuitos y software con el que se ha
capturado una porción del conocimiento humano acerca de un dominio concreto -por ejemplo, el diagnóstico médico de un
determinado grupo de enfermedades- y que puede multiplicarse por simple copia en tantos ejemplares como se quiera.
La sofisticada tecnología sanitaria computadorizada contribuye, según unos, a mejorar el estado de salud de una
colectividad, según otros, por el contrario, a reducir el bienestar y la salud de los más deprimidos, que se beneficiarían con una
distribución más humana de los presupuestos económicos, y, con frecuencia, por causas de fallo, puede contribuir, contra todo
propósitos, a poner en peligro la vida o la integridad de individuos que tienen nombres y apellidos.
No es ninguna novedad que los derechos (intimidad, salud, seguridad, ...) de unas personas colisiones habitualmente
entre sí o con los de otras personas, directamente o a través del juego social. Lo inédito es que ahora en el escenario de las
colisiones hay una pareja (mal avenida) de hechos nuevos relacionados con la tecnología.
El primero es que las ambigüedades, las dudas, las contradicciones, los conflictos, los riesgos, la multiplicidad de
posibilidades de este juego de la vida componen un discurso cuyas claves se esconden entre las anfractuosidades de una técnica
cada día más compleja, productora de instrumentos que en su mayoría funcionan fuera de la banda media de percepción humana.
El segundo refleja el ingenuo y conservador comportamiento tecno-cultural del ciudadano (incluyendo al técnico) de los
países avanzados: vive encerrado en un universo mental donde los conceptos importantes sobre su vida, su propio ser y el
funcionamiento social mantienen sus esencias separadas de la tecnología. Como rasgo peculiar, su actitud no le predispone a
asumir la aventura de la tecnología, sólo quiere de ella confort, y que le amplíe y garantice todos y cada uno de sus derechos. ¡¡ Sin
el menor riesgo!! Sin problemas, sin molestias, sin sorpresas.
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Manejando posturas mentales semejantes, un tipo tan original como Peter Neuman, que dirige una sección fija, titulada
"inside risks", en la revista Communications of the A.C.M. podría ser catalogado como un gafe dotado con el suficiente mal gusto
como para abrirnos una ventana hacia un inframundo tecnológico del que pretendemos seguir ignorantes. Habla -y lleva un censode
fallos de seguridad, programas erróneos, manipulaciones incorrectas, interfaces equívocas, "hacking", delitos informáticos,
lombrices y virus, diseños inapropiados o insolventes, etc. Y escribe cosas así: "La complejidad de los sistemas informáticos ha
contribuido a numerosos desastres, con pérdidas de muchas vidas y otros recursos valiosos, en una diversidad demasiado grande
como para enumerarla, pero que afecta a la defensa nacional, la aviación, los sistemas de control, las finanzas, ...)
La realidad tecnológica nos está exigiendo el esfuerzo de coherencia de considerar el problema político de la agresión
informática a la intimidad y a la libertad individuales, y el de todos los demás derechos, no como un fenómeno aislado, por
fundamental que sea, sino como un elemento más del conjunto global de problemas simultáneos emergentes por causa del
incremento de vulnerabilidad de la sociedad de la información. Tal vez nos esté pidiendo a gritos el bosquejo de una postura
contracorriente: que abordemos esta nueva frontera con una mínima mentalidad de aventureros.
UN TERRITORIO SIN LEYES, AL BORDE MISMO DEL SIGLO XXI.
Imagínese -nos dice J.P. Barlow en un artículo reciente- un mundo nuevo con más recursos de los que toda nuestra futura
voracidad podrá consumir, con más oportunidades de las que nuestros empresarios podrán nunca explotar (...), un lugar en el que
los intrusos no dejan huellas, donde se pueden robar los bienes un número infinito de veces y sin que por ello dejen de permanecer
en posesión de sus propietarios originales (...). Parafraseando a William Gibson -sigue diciendo Barlow- a ese lugar se le puede
llamar Ciberespacio, "y consiste en estados electrónicos, en el entramado de nuestros sistemas telemáticos".
Hay una partícula inmaterial que reina hoy en ese mundo: el bit, la unidad mínima de información. Cualquier información
que se mueva por los sistemas telemáticos está formada por un grupo de bits. Simplificando, cada bit se ubica en un soporte físico
llamado transistor, y posee las propiedades de registrabilidad, proteismo, multiplicabilidad y alienabilidad. De nuevo, estamos en el
núcleo duro.
La primera propiedad corresponde a su naturaleza digital: toda información bajo forma digital queda por principio
memorizada, si se desea: una central telefónica digital registra todos los parámetros de nuestras llamadas, los números de los dos
abonados, la fecha y la hora, la duración y el importe. El bit es proteico porque, sometido a procedimientos "simples" pero
vertiginosos, puede metamorfosear su envoltura física pasando a esconderse bajo un punto de una superficie magnética o a
cabalgar sobre ondas electromagnéticas, sin necesidad de perder por ello su posición primera. Como corolario, es posible
multiplicarlo en todas las copias deseadas, a cualquier distancia y a un coste energético bajísimo, y apropiarse de él: hay alienación,
pero no es seguro que haya expropiación.
Creo que los dos párrafos anteriores definen las coordenadas evanescentes del "ciberespacio" (el terreno de la insidiosa
ubicuidad del bit), o, si se prefiere, las reglas profundas del juego de la sociedad de la información, que todavía no han sido
descubiertas por las leyes del hombre, pertenecientes sin duda a una muy distinta esfera conceptual. Visto en perspectiva, el
ciberespacio es un territorio duro, fronterizo sobre el que sólo se mueven con relativa soltura unos pocos cientos de millares de
exploradores pioneros.
Entre los pioneros están los inventores individuales de esta tecnología; ciertos individuos emprendedores que han
imaginado inéditas posibilidades de negocio o de servicio sobre algún sutil mecanismo tecnológico; algunos delincuentes
informáticos; y los "hackers".
Nos conviene hablar un poco de éstos últimos, ya que en tanto que especímenes extremos, -que no se limitan a ser
técnicos en el núcleo duro de la informática, sino que literalmente lo habitan-, con su habilidad han puesto contra las cuerdas a la
seguridad de muchos sistemas telemáticos (lo que equivale a parte de la actividad social) y a algunos de los principios jurídicos
sobre los que se asientan nuestras sociedades avanzadas. En mi opinión, hay que verlos como símbolos de la dialéctica entre el
complejo mundo naciente de la información y el que tradicionalmente conocemos y en el que hemos sido educados la mayoría de
nosotros. Sería una simpleza calificarlos como héroes o como delincuentes.
En un libro sobre los computadores personales escribía este autor hace unos años que tales "destripabits" son por lo
general fanáticos de la programación, "a condición de que ésta esté repleta de ciertas dificultades, tales como utilizar un lenguaje de
bajo nivel, codificar directamente sobre la máquina con las menores ayudas posibles de software o encontrar una fisura en un
sistema sofisticado". Se diría que, para ellos, navegar por este ciberespacio constituye realmente un fin en sí mismo, a cuyo término
se alcanza el clímax técnico y el respeto de sus congéneres. Uno de sus postulados es que la información, lo mismo que el
conocimiento, es patrimonio universal. Estamos en un "espacio" infinito, al que no se le pueden poner puertas y cerrojos.
Un caso sonado fue el de Robert Morris, quien soltó un programa "lombriz" en la red de investigación Internet, consiguiendo
introducirse en 3000 computadores e interrumpir su servicio. El jurado acabó aceptando que Morris no habría actuado con
maligna intención, por lo que sólo lo condenó a una multa económica y a 400 horas de trabajo comunitario. La opinión pública
quedó dividida entre quienes lo consideraron un benefactor que desvelaba las imperfecciones de estos carísimos sistemas
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tecnológicos (en los que a veces queda registrada parte de nuestra intimidad) y quienes lo tacharon de depravado destructor de
trabajo y economía ajenos.
El caso de Craig Neidorf consiguió que se invocaran cuestiones como la libertad de prensa, el derecho a la privacidad, la
seguridad pública y la misma Constitución de los Estados Unidos de América. El joven Neidorf había publicado en un periódico
electrónico información extractada de un documento acerca del sistema telefónico de emergencia 911, documento sobre el que la
Bell-South alegaba derechos de propiedad.
Pero, ¿hay apropiación de información cuando no se produce apropiación física de algún objeto tangible, como el papel o
el disquete que contiene dicha información?, ¿puede realmente la información ser una propiedad?. La opinión de la profesora de
Derecho Pamela Samuelson, de la Universidad de Pittsburgh, es que es impensable un mundo en el que toda la información sea,
bajo todas las circunstancias, propiedad de su descubridor: "antes de que empecemos a etiquetar la información como una
propiedad, necesitamos una teoría coherente acerca de cuándo la información ha de ser considerada como tal propiedad y cuándo
no". La libertad de expresión y de comunicación, el trabajo cooperativo de los grupos, la riqueza de las empresas modernas, un
horizonte de progreso y tantas cosas más están en conflicto.
En fin, a medida que se van presentando los casos se van resolviendo los problemas suscitados, pero persiste una
sensación bastante generalizada de inconsistencia. La sensación se agudiza cuando reflexionamos un momento en el hecho de
que no solamente ingresamos en un "ciberespacio" informativo, en el que vivimos pero que nos es exterior, sino que en nosotros
mismos integramos tecnología, es decir, devenimos progresivamente "ciborganismos". El Dr. Dobelle, del instituto para los Órganos
Artificiales de Nueva York, dice que "para el cambio de siglo, cualquier órgano importante, con la excepción del cerebro y del
sistema nervioso central, tendrá sustituto artificial".
Nos están hablando de corazones, válvulas, marcapasos, brazos, caderas, rodillas, bombas pancreáticas, vasos
sanguíneos, sangre, lentes intraoculares, articulaciones guiadas microelectrónicamente y toda clase de prótesis electrónicas para
minusvalías: del "chip" neural, una interfaz microtecnológica para comunicar las células nerviosas con un computador. Es claro que
cuando el ser humano deviene en parte máquina, la Declaración de los Derechos Humanos no solamente es difícilmente aplicable,
sino que hasta parece zozobrar por su mismo título.
LA "CIBERNETIZACIÓN" DE LA SOCIEDAD: UN RETO DESCONCERTANTE POR SU COMPLEJIDAD.
En 1948, y dentro del terreno científico, sucedió algo más que la invención del transistor. El matemático Norbert Wiener
publicaba su obra "Cibernética" (ciencia que estudia el control y la comunicación en los seres vivos y en las máquinas). La
repercusión técnica e intelectual de esta disciplina ha sido impresionante. En muchos aspectos conceptuales, la Informática puede
ser considerada deudora de la Cibernética y en contrapartida muchos postulados de la Cibernética han podido verse realizados
gracias a los avances tecnológicos de la Informática. Un caso emblemático de sinergia.
Lo que nación como una obra matemática portaba tantas sugerencias de analogía entre máquinas y seres vivos que
generó toda clase de extrapolaciones, y ha sido tergiversado una y mil veces en el terreno de lo social, hasta el punto de que, hoy,
para el gran público, cibernetización significa sustitución o, peor aún, dominio del hombre y de la sociedad por las máquinas. Y entre
ellas, de forma muy especial, los ordenadores. La última oleada son los robots industriales; pero a fin de cuentas, como de todos es
sabido, dentro de cada robot hay un ordenador (o un microprocesador, o un autómata programable).
Ya se ha visto en la sección anterior de este artículo que es corriente asociar a la Cibernética con las máquinas y también
con la ideología que parece impregnarlas. Etimológicamente, cibernética es la ciencia del gobierno, de la regulación, del control.
Sus conceptos han dado en al Automática ("servomecanismo" lleva el significado de siervo) y en la Robótica. Sin embargo, tienen
otra lectura, como ahora se dice. La Cibernética, en tanto que herramienta conceptual, y las tecnologías de la información como
instrumental, esconden un enorme potencial de liberación: creación de riqueza, aumento de la variedad, eliminación de rutinas y
peligros, mejora de la inteligencia ...
Así pues, la "cibernetización" de la sociedad plantea a la humanidad un reto. Muchos creen que la antiutopía de Orwell -
escrita ¡oh, coincidencia! también en 1948 (y publicada en 1949)- se está materializando acaso ahora en un "Big Brother" de
computadores, satélites-espía y chismes electrónicos. Está por ver. Muchos pensamos que nuestro peor enemigo es un enemigo
mental, el maniqueísmo, y que, para contrarrestarlo, lo que está sucediendo y lo que está por suceder en esta encrucijada social ha
de interpretarse, valorarse y conducirse dentro de los esquemas conceptuales de la complejidad, extraídos del último pensamiento
científico.
Para que no quede duda sobre lo que pretendo decir, rescataré como cita de un libro reciente una larga definición propia
del concepto "complejidad":
"Complejidad es el nombre que damos a la condición de los seres humanos, objetos, fenómenos, procesos, conceptos y
sentimientos, cuando cumplen uno o varios de estos requisitos:
a) Son diííciles de comprender o de explicar;
b) Sus causas, efectos o estructura son desconocidos;
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c) Requieren una gran cantidad de información, tiempo o energía para ser descritos o manejados, o un enorme esfuerzo
coordinado de personas, equipo o maquinaria:
d) Están sujetos a una variedad de percepciones, interpretaciones, reacciones y aplicaciones, a menudo contradictorias o
desconcertantes;
e) Producen efectos que simultáneamente son deseables e indeseables (o difíciles de controlar);
f) Su comportamiento, según los casos, puede ser impredecible, relativamente impredecible, extremadamente variable o
contraintuitivo".
Las relaciones que se producen en la interacción del tejido social con las tecnologías de la información se expresan con
una barra (/) en medio. La "cibernetización" -si se quiere utilizar tal denominación al menos démosle su sentido amplio- esclaviza/libera,
proporciona/elimina trabajo, securiza/vulnera, aliena/integra, destruye/salva vida o salud, empobrece/enriquece el espíritu,
centraliza/autonomiza, etc. La semántica de la barra consiste en que ambos términos de la relación, es decir, las dos lecturas, son a
la vez complementarios, concurrentes y antagonistas. De ahí que el reto sea desconcertante para nuestra cultura racionalista.
La complejidad del entorno humano requiere la informática para su manejo, pero ésta a su vez introduce más complejidad.
La conclusión -una imperiosa necesidad para este "ciberespacio" de usuarios- es que hay que aumentar la cantidad y la calidad de
los especialistas en el núcleo duro de la informática, sí, pero educándoles en la comprensión de la complejidad y de las
repercusiones humanas y éticas de su aplicación en la organización social. De lo contrario, éstos podrían concebir su profesión o
afición como una entidad gratuitamente imbuida de la genuina neutralidad del núcleo y al margen del desempeño social, o verse a
sí mismos como los hacedores de las leyes sobre la información.
Por su parte, los legisladores tienen que hacer un esfuerzo para actualizar el código a un presente que es ya pasado.
Afrontan dos dificultades: una, que por lo general desconocen casi todo del ámbito tecnológico; y dos, que es prodigiosamente
complicado legislar para aun mundo confuso y hábil. Cabe incluso preguntarse si es posible encajar los contradictorios parámetros
de la complejidad dentro de un código legal.
.......................
9.- SÍNTESIS DE LA INTERVENCIÓN DE ANTONIO FARRIOLS SOLA.
En esta ponencia se describirá el marco internacional sobre protección de datos, para después profundizar sobre la
situación española. Todo ello, destacando la necesidad de una legislación que regule el uso de la informática en lo que respecta a
los datos de carácter personal.
En cuanto a la situación española se destaca que, a pesar de que viene marcada por la ratificación hace años del
Convenio del Consejo de Europa, por la legislación comparada sobre la materia, y por los proyectos de Directivas europeas, no se
ha desarrollado todavía la normativa requerida para proteger la intimidad de posibles abusos en la utilización progresiva de la
informática.
El proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento de los Datos de Carácter Personal (LORTAD) aprobado por el
Gobierno, recoge algunos frutos del debate que se generó en los últimos meses, tras la filtración del anteproyecto correspondiente,
y convengo en señalar como positivo, el hecho mismo de que, por fin, se haya desbloqueado toda esta cuestión, a nivel de poder
ejecutivo.
No obstante, las mejoras que se aprecian en el texto presentado a las Cortes, se refieren sobre todo a aspectos formales,
mientras que subsisten los puntos substancialmente negativos que ya vaciaban, a mi entender, el texto anterior.
Po ello la Comisión de Libertades e Informática (CLI) entregó, dentro de los debidos tiempo y forma, un importante bloque
de enmiendas que afectan a 28 artículos del Proyecto de LORTAD. Estas enmiendas giran, principalmente, en torno a los tres
aspectos siguientes:
. Grado de ajuste del Proyecto de LORTAD respecto a la Constitución.
. Excepciones injustificables y no controladas de aplicabilidad.
. Dependencia y composición de la Autoridad de Datos. A lo largo de la ponencia se presentan también
aproximaciones a los siguientes temas: Antecedentes legislativos vigentes y doctrina jurisprudencial existente.
Por último se explica la situación en que se encuentra otro punto importante del programa de acción de la CLI (en este
caso representada por Diego López Garrido, Abogado y Catedrático de Derecho Constitucional) cual es, la personación como
acción pública en las Diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción de Móstoles, en relación con determinadas actuaciones de
un empresario y varios funcionarios que, utilizando la tecnología informática, supuestamente han traficado ilícitamente con datos
personales pertenecientes a 21 millones de españoles, atentando a la intimidad de éstos.
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LA COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA ANALIZA LA IMPLANTACIÓN DE LAS TARJETAS DE
IDENTIDAD "INTELIGENTES" ENTRE LOS EMPLEADOS DE BANESTO. La Sección Sindical Estatal de UGT en Banesto, ha
puesto en conocimiento de la Presidencia Colegiada de la Comisión de Libertades e Informática (CLI) la intención declarada por la
Subdirección General de Organización y Tecnología de BANESTO, de desarrollar el denominado "Proyecto Chipcard", consistente
en dotar a todo el personal de una tarjeta de identidad "inteligente" que pueda utilizarse, tanto para la presentación o recepción de
determinados servicios, que no se concretan por el momento, como medida de seguridad para el acceso a determinados Centros.
Ante esta situación, dicha Sección Sindical ya exigió en su momento, lo Siguiente:
A).- Que sea puesto en conocimiento de los trabajadores, el contenido de la información registrada en la tarjeta; B).- que
cualquier trabajador que lo desee pueda, en todo momento, COMPROBAR LOS DATOS QUE CONTIENE SU TARJETA
CHIPCARD; C).- que dicho contenido no rebase ni viole lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 (de 5 de mayo) de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la propia imagen.
Reflexiones complementarías: Ideado para responder a los imperativos de seguridad (prevención de robo y atentados),
los controles de acceso con banda magnética incorporada, se están empezando a utilizar en, efectivamente, algunas empresas.
Con dicho control, que cada empleado posee, y debe utilizar desde que entra en el centro de trabajo, el empresario pretende poder
estar permanentemente informado de los pasos del empleado, a partir del fichero central base.
Los riesgos derivados de posibles utilizaciones desmedidas de los citados controles, son una realidad, ya que dichos
sistemas de información son, a menudo, multifuncionales, permitiendo cruces entre las informaciones recogidas; igualmente sirven
para controlar el tiempo de presencia, los horarios de los asalariados, o la facturación de las comidas en el restaurante; la
proliferación de los accesos por estas tarjetas magnéticas en el seno de la empresa podría permitir pues la reconstrucción de todas
las idas y venidas de cada asalariado también todo ello a los representantes de los trabajadores.
De entrada entiendo, que no todas las zonas dentro de una empresa, requieren un mismo nivel de protección, por lo que
una idea de tener en cuenta sería la de establecer el principio de puesta en práctica de niveles de protección diferenciados,
proporcionales al grado de sensibilidad del tipo de zona a proteger en el interior de la empresa.
Así, salvo estrictos imperativos de seguridad (edificios clasificados como puntos sensibles o de interés estratégico como
las centrales nucleares, las empresas que trabajen para cuestiones relativas a la Defensa, o incluso determinados centros
informáticos), sería suficiente un simple control de entradas y salidas sin registrar las mismas en un ordenador. En otras hipótesis
sólo serían registradas las entradas, y sólo en las zonas de alto riesgo, serían memorizados todos los desplazamientos.
Asimismo, considero igualmente que los datos relativos a los movimientos que sean registrados, sólo se deberían
conservar durante un tiempo limitado, y que la libre circulación de los representantes de los trabajadores debe estar asegurada
según dispone la normativa vigente, sin que la información registrada permita distinguir sus movimientos de los correspondientes a
los demás miembros del personal.
A su vez, ya que dicho sistema permite un control de acceso y una gestión de los horarios de trabajo, se deberá velar para
que todas las funciones y utilidades de aquel, sean explicadas con precisión a los trabajadores y a sus representantes sindicales;
por otro lado, el tiempo de conserva de los motivos de ausencia (por huelga, por enfermedad o por delegación sindical, por
ejemplo), no debiera exceder del necesario para el cálculo de la remuneración y para poder tener en cuenta los derechos de los
asalariados.
Como conclusión, cabe reseñar que la Comisión de Libertades e Informática de España, profundizará también sobre todas
estas cuestiones referidas a la informática y a la libertad en el mundo del trabajo, para que la futura Autoridad de Datos Española,
las tenga en consideración a la hora de proteger los derechos a los que se refiere el artículo 18.4 de la Constitución Española.
Antonio Farriols Sola, Coordinador ATC-FEBASO, Representante de UGT en la CLI y miembro de la Presidencia
Colegiada de la Comisión.
(A la Sala: Previo pago de 10.000 pesetas se nos entregó un ejemplar que como todos los impresos y recortes de prensa
deberán estar en los locales de la ATI y de la CLI a disposición de esta Excma. Sala).
07-04-92 Sesión nº 12 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES CONSTITUCIONAL, PRESIDE JAVIER
SÁENZ DE COSCOLLUELA, ORDEN DEL DÍA: Dictamen, a la vista del informe de la Ponencia, del proyecto de ley Orgánica de
regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Se abre la sesión a las doce y quince minutos del mediodía.
El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión.
Comenzamos con el examen del orden del día, consistente en admitir dictamen, a la vista del informe de la Ponencia,
sobre el proyecto de ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, proyecto de ley que
se publicó en la serie A número 59.1 del Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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Habida cuenta del alto número de enmiendas que se han formulado a este proyecto de ley, la Presidencia les va a
proponer el siguiente método del debate: analizar las diferentes enmiendas formuladas por los grupos en cada titulo, exceptuando
de este procedimiento de examen global aquellos artículos que, por su especial importancia o trascendencia de las enmiendas que
se le han formulado, merezcan ser sometidos a debate individualizado. Por tanto, veríamos por títulos el informe de la Ponencia,
pero en lo relativo al título segundo, debatiríamos individualizadamente los artículos seis, siete y once. En esos tres artículos el
debate se hará específicamente para ellos y no con ese tratamiento global, repito, previsto para el resto.
Si los portavoces están de acuerdo con está sistemática de trabajo, comenzaremos inmediatamente el
debate.(Asentimiento).
Prevengo a SS.SS. que, si hay que formular enmiendas de transacción, las hagan llegar a la Mesa y las anuncien con el
suficiente orden y antelación antes de las votaciones para poder ordenar bien el debate.
Comenzamos en estas condiciones el examen del informe de la Ponencia. Vamos a ver el título primero que comprende
los artículos uno, dos y tres. ........
..............
08-04-92 ABC, pág. 63. Servimedia. «ES MEJOR UNA MALA LEY DE DATOS PERSONALES, QUE NINGUNA». «De
un modo excepcional, es mejor una mala ley de datos personales, que ninguna» afirmó el magistrado del Tribunal Supremo, José
Antonio Martín Pallín en un encuentro que sobre «Libertades e Informática» se celebró ayer en la Fundación Largo Caballero a
iniciativa de la Comisión de Libertades e Informática (CLI) a la que pertenece el magistrado.
En el encuentro Martín Pallín atacó duramente el proyecto de ley que actualmente tramitan las Cortes, sobre Regulación
de los datos de Carácter Personal (LORTAD), proyecto que previsiblemente podrá convertirse en ley antes del verano.
También criticó las numerosas excepciones a favor de la Administración que prevé el proyecto, mientras que valoró
positivamente la parte destinada a regular a las empresas privadas que trabajan con datos personales y defendió los denominados
archivos de morosos con la condición de que los datos provengan de resoluciones jurídicas. También considero el magistrado que
el sector privado requerirá «un excesivo desarrollo reglamentario».
22-04-92 Sesión nº 15 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Se abre la sesión de esta Comisión Constitucional y vamos a proseguir los debates del informe
de la Ponencia que ha dictaminado el proyecto de Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal (Ley Orgánica).
El pasado día 9 de abril ultimamos el debate y correspondientes votaciones del titulo quinto, que comprendía los artículos
treinta y dos y treinta y tres. Comenzaremos, en consecuencia, el debate de los títulos sexto y siguientes.
Tal y como solicitaron algunos portavoces de grupos parlamentarios, vamos a debatir separadamente los artículos 34, 35,
36, 37, 40, 43, 45 y 48, manteniendo un debate conjunto por títulos para el resto de los artículos que no han sido especificados.
En principio estaba previsto que el artículo 34 en su apartado 1º dijera: 1. Se crea la Agencia de Protección de
Datos. La Comisión de Libertades e Informática (CLI) presentaba la siguiente enmienda:
1. se crea la Agencia de Protección de Datos, que estará formada por el Director de la misma y por el
Consejo de Protección de Datos.
La CLI explicaba esta enmienda de la forma siguiente:
EXPLICACIÓN.- Esta enmienda, junto a las demás que proponemos para este mismo Título, tendría como
resultado un modelo mixto de Agencia entre el modelo alemán y el francés, en el que, por una parte, se establece la
independencia del Director de la Agencia, manteniendo íntegras las facultades que le asigna el Proyecto de Ley, pero, por
otra, desaparece su carácter marcadamente uninominal, dando un papel relevante al Consejo de Protección de Datos, de
composición plural y representativa.
Esta enmienda fue defendida en primer lugar por: La señora LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI (G.Popular):
quien manifestaba lo siguiente: ....Tal y como está configurada en el proyecto de ley esa agencia de control y protección de datos,
que se limita a ser un órgano prácticamente unipersonal por mucho que exista un consejo, etcétera, cuyo director es nombrado en
Consejo de Ministros, revocable el nombramiento también en Consejo de Ministros, al final resulta que esta agencia de protección
de datos es un mero órgano administrativo a las órdenes y dependiente del Consejo de Ministros.
Sabemos que luego se especifica que el director es independiente, pero, lamentablemente, las experiencias de que disponemos de
figuras semejantes a ésta, nombradas de la misma manera y con posible revocación igualmente a través del Consejo de Ministros,
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nos demuestran que esa independencia de hecho no se produce y lo que se produce es, pura y llanament , una actuación
totalmente influida, no diremos más, pero cuanto menos influida por el Ejecutivo y concretamente a veces, por los intereses del
grupo que lo apoya. Por ello nosotros proponemos la configuración de la agencia y concretamente del director de la agencia como
un comisionado del parlamento.
Entendemos que hay otros sistemas, como por ejemplo el que contempla la legislación Francesa. Cualquier otro
sistema que suponga una independencia real en su nombramiento y en su posible revocación, en su posible cese, que no
sea nada más que en situaciones tasadas, sería aceptable por parte del Grupo Popular, que ofrece esta solución que
contempla la legislación francesa sería asumible, y es la que propone algún otro grupo en sus enmiendas. Por tanto,
estamos abiertos a cualquier tipo de transacción, pero sí pedimos al grupo de la mayoría que considere la clave de este
proyecto de ley, que se encuentra en la configuración de la agencia, y que tal y como está configurado el proyecto de ley
no es nada más que un mero órgano administrativo.
El Señor NUÑEZ CASAL de IU............. ........Tenemos que romper con este carácter del órgano, tenemos que ir a una composición
en la cual estén representados una serie de estamentos que puedan posibilitar una independencia clave de esta agencia y, al
mismo tiempo, tenemos que conseguir que ese nombramiento surja de la voluntad de esa composición, de las personas que van
a constituir esa agencia y no de la voluntad del Ejecutivo.
Por tanto, nosotros decimos que la agencia estará formada por el director de la misma y por el Consejo de Protección de
Datos. Después en las otras enmiendas explicamos qué significa para nosotros el Consejo de Protección de Datos...... .....
....Hay varias posibilidades pero nosotros hemos elegido el modelo francés; ... .. ..........Pero lo importante es que nosotros
hemos escogido un sistema por el cual se garantizan dos cosas fundamentales; una, la independencia de la agencia respecto al
Poder Ejecutivo, y, dos, la capacidad de control de este órgano,....
El señor don Joseba AZKARRAGA RODERO (G. Mixto)....... De ahí que nosotros en esta enmienda 143 no planteemos, señoría, el
modelo francés ni el modelo alemán; nosotros planteamos una especie de modelo mixto, en el que, por una parte, se establece la
independencia del director de la agencia manteniendo todas las facultades que le asigna el propio proyecto de ley en su actual
redacción, pero, por otro lado, desaparece lo que nosotros creemos que es un aspecto no positivo, es decir, ese carácter
marcadamente uninominal, dando un papel relevante al Consejo de Protección de Datos, que es de composición plural y
representativa.
La votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, cinco, abstenciones, una.
Artículo 35.
Apartado 1º: Enmienda de Substitución.
El texto propuesto por el partido en el Gobierno decía:
«1. El Director de la Agencia de protección de datos dirige la Agencia y ostenta su representación. Será nombrado mediante Real
Decreto por un período de cuatro años.»
La enmienda propuesta por la CLI decía:
«1. El Director de la Agencia de Protección de Datos dirige la Agencia, ostenta su representación y preside el Consejo de
Protección de Datos. Será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto por un período de cuatro años, de entre una terna de
candidatos presentada por el Consejo de Protección de Datos.
Explicaba así, la CLI, esta enmienda.
Se trata, por una parte, de dejar claro que la Agencia no es sólo un órgano uninominal, resaltando el papel decisivo del
Consejo, y, por otra, de acentuar la autonomía de la Agencia respecto al poder Ejecutivo, que deberá nombrar al Director de la
misma de entre los candidatos propuestos por el Consejo de Protección de Datos.
En cuanto a la enmienda de substitución presentada por la CLI al apartado 3 de este mismo artículo:
Propuesto por el Gobierno: «3. El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración de su mandato
a petición propia o por separación acordada por el Gobierno a solicitud del Consejo de Protección de Datos, previa instrucción de
expediente, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad
o condena por delito doloso.»
Enmienda presentada por la CLI «3. El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración de su
mandato a petición propia o por separación acordada por el Gobierno a solicitud del Consejo de Protección de Datos. La
solicitud de separación deberá ser aprobada con el voto favorable de tres cuartas partes de los miembros del Consejo, en
reunión extraordinaria del mismo.
«Las causas de separación del Director de la Agencia de Datos serán las siguientes: incumplimiento grave de sus
obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.»
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Explicación dada por la CLI: Se trata de asegurar la independencia del Director de la Agencia, haciendo que su
separación no dependa de la voluntad del Ejecutivo sino del Consejo, órgano asesor y deliberativo, de composición
pluralista, y por las mismas causas previstas en el Proyecto de Ley.
La señora LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI (Grupo Popular): Las enmiendas que presenta a este artículo el
Grupo Popular son coherentes con las presentadas al artículo treinta y cuatro y suponen, sencillamente, configurar exactamente la
elección del Director de la Agencia de Protección de Datos por parte de las Cortes, así como las causas de su cese en el cargo. Por
tanto, las doy por defendidas. La justificación del planteamiento de estas enmiendas son las razones de fondo planteadas con
motivo de la defensa de la enmienda al artículo treinta y cuatro, que son obtener una auténtica independencia por parte de la
Agencia de Protección de Datos.
Nada más.
El señor JOSÉ ANTONIO SANTOS MIÑON (G. CDS): La primera de nuestras enmiendas va dirigida, en concreto, a la
fórmula que se debe seguir a efectos del nombramiento del Director de La Agencia. Proponemos que esta elección se efectué
mediante presentación de una terna que deberá realizar el Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, que se crea
en el artículo treinta y siete. Es una fórmula con la cual parece que se puede conseguir esa independencia que todos estamos
intentando lograr para el Director de la Agencia de Protección de Datos.
En cuanto a la enmienda número 238, aparte de buscar una mejor redacción que la del texto del proyecto, pretendemos
que el cese del Director de la Agencia sea a propuesta del Consejo de Protección de Datos, precisando el acuerdo un quórum
determinado que evaluamos en las tres cuartas partes de sus miembros.
El señor JOSÉ LUIS NUÑEZ CASAL nuestra enmienda 103 plantea que el Director de la Agencia de Protección de Datos
debe presidir el Consejo de Protección de Datos y ser elegido por el Consejo, entre sus miembros, por un período de cinco años.
Significa, por tanto, que nosotros entendemos como una garantía fundamental de independencia que el Director no sea nombrado,
tal como prevé el proyecto de ley, por medio de Real Decreto. Por ,más que se diga, el nombramiento, tal como está formulado.......
.........El director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesara antes de la expiración de su mandato a petición propia
o por separación acordada por el Gobierno a solicitud del Consejo de Protección de Datos............... Por tanto, creemos que es el
propio Consejo de Protección de Datos el que debe de plantear la solicitud de separación, y además establecemos un sistema de
mayoría cualificada para esta decisión entre los miembros del Consejo que nosotros propugnamos es realmente el elemento
decisivo que puede llevar a una manifestación de voluntad correcta con una mayoría cualificada, repetimos, que pueda suponer la
separación del Director de la Agencia de protección de Datos. Esperamos una modificación por parte del Grupo Socialista, y que
haya una enmienda transnacional que se acerque a lo que propugnamos. Creemos que este es un punto clave del proyecto que
puede definir toda una serie de posturas respecto al conjunto global del mismo.
El señor don CARLOS NAVARRETE MERINO (G. Socialista)........ Pues bien, hacemos este esfuerzo de acercamiento;
no es posible un esfuerzo de identificación porque entre los distintos sistemas que propone la oposición está el de elección dentro
del Consejo de Protección de Datos......... ...... Sin embargo, tengo que decir que por más esfuerzos que hayamos hecho, hay dos
grupos, cuyo nombre no voy a mencionar, que están trabajando en esta ley orgánica como lo hacen en otras: con el piñón fijo
puesto, y mientras que la mayoría de los grupos de la oposición están valorando el esfuerzo que se está realizando desde el Grupo
Socialista, los que tienen el piñón fijo puesto -y no lo van a cambiar- van a terminar votando en contra de esta ley orgánica,
hagamos lo que hagamos.
.......... Por tanto el apartado 1 diría: «El Director de la Agencia de Protección de Datos dirige la Agencia y ostenta su representación.
Será nombrado de entre quienes componen el Consejo Consultivo mediante Real Decreto por un período de cuatro años». Paso la
enmienda a la Mesa.
El apartado 3, que hace referencia al tema del cese, queda también modificado por la enmienda transaccional y quedaría
redactado del modo siguiente: «El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración del período a
que se refiere el apartado primero a petición propia o por separación acordada por el Gobierno» -y ahora viene la enmienda
transaccional- «previa instrucción de expediente, en el que necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo
Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad
o condena por delito doloso». Por tanto, están tasadas las causas, está sometido el cese, en los casos en que depende de la
voluntad del Gobierno, al control judicial y se introduce un nuevo elemento de garantía que es la preceptiva intervención en el
expediente del Consejo Consultivo. Con eso creemos que el artículo 35 no sólo cumple y rebasa ampliamente las normas
internacionales que nos han servido de referencia, sino que, después de estas enmiendas transaccionales, aún las rebasa en
mayor medida.
El señor NUÑEZ CASAL (G. IU-IC)... Todavía no sabemos cómo va a ser el Consejo Consultivo, que esperamos que en
algo lo modifique, pero lo que sí es cierto es que el nombramiento entre quienes componen el Consejo Consultivo no garantiza lo
que nosotros habíamos formulado. La tendencia a convertir ese Consejo -como dice su denominación- en puramente consultivo, el
oír simplemente no supone que se manifieste una voluntad del órgano que tenga realmente una eficacia que garantice la
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independencia. Eso es lo que nos separa, y no nos separará nada más en las intenciones,, porque, en cuanto a conseguir una ley
orgánica de consenso, donde se concilien las dos finalidades de protección a la intimidad y de asunción de las técnicas modernas
respecto al tráfico de datos, en esa intención estamos todos de acuerdo..........
A continuación el señor NAVARRETE MERINO presenta la enmienda transaccional que ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, cuyo texto se da a conocer. En este momento, el apartado 1 dice: « El Director de la Agencia de
Protección de Datos dirige la Agencia y ostenta su representación.» Y la enmienda añade: «Será nombrado de entre quienes
componen el Consejo Consultivo mediante Real Decreto por un período de cuatro años.»
En el apartado 3, la enmienda transaccional presentada señala la siguiente corrección. Actualmente, el texto dice: «El
Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración del período a que se refiere el apartado primero a
petición propia o por separación acordada por el Gobierno...», y ahora la enmienda introduce «previa instrucción de expediente, en
el que necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo Consultivo...», continuando con el texto del proyecto: «...
por incumplimiento grave de sus obligaciones...», etcétera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe del artículo treinta y cinco. Pasamos a debatir el artículo 36.
a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar la aplicación, en especial en lo relativo a
los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación de datos.
b) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias.
c) Dictar, en su caso y sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las instrucciones precisas para adecuar los
tratamientos automatizados a los principios de la presente Ley.
d) Atender a las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas.
e) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal.
f) Ordenar la cesación de los tratamientos de datos de carácter personal y la cancelación de los ficheros cuando no se
ajusten a las disposiciones de la presente Ley.
g) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos por el título séptimo de la presente Ley.
h) Informar los proyectos de disposiciones generales que afectan a las materias de esta Ley, cuando así se le solicite.
i) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria para el desempeño de sus
funciones.
j) Velar por la Publicidad de la existencia de los ficheros automatizados de datos de carácter personal, a cuyo efecto
publicará periódicamente una relación de dichos ficheros con la información adicional que el Director de la Agencia determine.
k) Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerio de Justicia).
l) Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que procedan en relación con los movimientos internacionales de datos,
así como desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de protección de datos personales.
m) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que la Ley de la Función Estadística Pública establece respecto a la
recogida de datos estadísticos y al secreto estadístico, así como dictar las instrucciones precisas, dictaminar sobre las condiciones
de seguridad de los ficheros constituidos con fines exclusivamente estadísticos y ejercer la potestad a la que se refiere el artículo
cuarenta y cinco.
n) Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.
Según nos dice la Comisión de Libertades e Informática (CLI) las enmiendas a proponer en cuanto al artículo treinta y seis serían:
Art. 36
Nota: Con las adiciones que se proponen, el actual párrafo f) pasaría a ser el, con el consiguiente desplazamiento de la
numeración de los demás párrafos.
f) Proporcionar los servicios de asistencia requeridos por las personas afectadas respecto a la información sobre ellas
contenidas en ficheros a los que según esta Ley, no pueden tener acceso.
g) Supervisar y controlar las excepciones que se contemplan en esta Ley en lo que se refiere al acceso directo de las
personas afectadas a la información contenida en ficheros de datos personales, así como en lo que se refiere al tratamiento y
cesión de los mismos.
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h) Disponer de la facultad de examen previo de los tratamientos de datos personales más sensibles, tanto en ficheros de
titularidad pública como privada.
i) Elaborar y promulgar los reglamentos necesarios para el desarrollo de la presente Ley, así como para su propio
funcionamiento.
i) Dirigir el órgano de control de los Ficheros de datos personales de la parte nacional española de los sistemas de
información Internacionales previstos en los tratados y convenios internacionales firmado por España.
k) Homologar los productos de tecnologías informáticas de todo tipo cuyo objeto sea garantizar la seguridad de los ficheros
de datos personales objeto de la presente Ley.
EXPLICACIÓN que aporta la CLI.
Se trata de dar un contenido más amplio a las funciones de la Agencia de Protección de Datos, incluyendo la facultad
reglamentaria para desarrollo de esta Ley.
Una de las consecuencias del párrafo j) sería que la Agencia de Protección de la parte española del Sistema de
Información previsto en el artículo 114 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 15 de Junio de 1985, sistema que
contendrá y tratará datos personales altamente sensibles, que requieren la supervisión de una autoridad independiente.
El ahora querellante diría que los miembros de la CLI: trataban de proporcionarse capacidad para legislar, supervisar,
articular, inspeccionar y sancionar, sin olvidar esta otra petición de exclusiva de homologación. (Recordemos los
problemas de importación por falta de homologación que tuvieron en IBM en octubre del 85).
La propuesta de enmiendas propuestas por el Grupo Popular eran: d) Atender las peticiones y reclamaciones
formuladas por las personas afectadas, resolviendo los recursos interpuestos contra la denegación de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, sin perjuicio de la vía jurisdiccional y de los registros administrativos contra dichos autos.
k) Redactar una Memoria anual y elevarla a las Cortes Generales por conducto de las Comisiones de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados y del Senado».
i) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria para el desempeño de sus
funciones, pudiendo examinar los tratamientos de datos personales más sensibles tanto en ficheros de titularidad pública como
privada.
Estas enmiendas lo que pretenden es completar los enunciados de las funciones de la Agencia de Protección de Datos
para configurar más claramente las garantías que va a ofrecer el funcionamiento de la propia Agencia.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI:
El señor NUÑEZ CASAL:
Con la enmienda 105 pretendemos simplemente añadir una serie de apartados que entendemos que son fundamentales
para poder realizar las funciones de la Agencia. Supervisar y controlar las excepciones. Insistimos en la importancia de las
excepciones en esta Ley, ya que hemos dicho, en su momento, que la excepción se convierte en norma. También planteamos la
posibilidad de disponer de la facultad de examen previo de los tratamientos de datos sensibles, tanto en ficheros de titularidad
pública como de titularidad privada.......
En estos momentos la preocupación fundamental de los ciudadanos está en la protección. El punto clave está en la
adecuada protección de los datos sensibles. No hay ningún tipo de contradicción entre una protección adecuada de los datos
sensibles y un tráfico que responda a las necesidades tecnológicas del momento. No existe esa contradicción. .......
Enmiendas propuestas por IU-IC al artículo: (Como podemos observar este Grupo Parlamentario copia íntegramente los articulados
propuestos por la CLI).
Art. 36
Nota: Con las adiciones que se proponen, el actual párrafo f) pasaría a ser el, con el consiguiente desplazamiento de la
numeración de los demás párrafos.
f) Proporcionar los servicios de asistencia requeridos por las personas afectadas respecto a la información sobre ellas
contenidas en ficheros a los que según esta Ley, no pueden tener acceso.
g) Supervisar y controlar las excepciones que se contemplan en esta Ley en lo que se refiere al acceso directo de las
personas afectadas a la información contenida en ficheros de datos personales, así como en lo que se refiere al tratamiento y
cesión de los mismos.
h) Disponer de la facultad de examen previo de los tratamientos de datos personales más sensibles, tanto en ficheros de
titularidad pública como privada.
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i) Elaborar y promulgar los reglamentos necesarios para el desarrollo de la presente Ley, así como para su propio
funcionamiento.
i) Dirigir el órgano de control de los Ficheros de datos personales de la parte nacional española de los sistemas de
información Internacionales previstos en los tratados y convenios internacionales firmado por España.
k) Homologar los productos de tecnologías informáticas de todo tipo cuyo objeto sea garantizar la seguridad de los ficheros
de datos personales objeto de la presente Ley.
MOTIVACIÓN.- Según IU-IC
En coherencia con las demás enmiendas.
El señor NAVARRETE MERINO:
.............Algunos se sonríen porque, a lo mejor, no lo han practicado nunca y han traspasado el mimetismo de la
obediencia mental al informe que sobre el proyecto hizo un determinado colectivo social, que sí que copian miméticamente en sus
enmiendas y además se copian miméticamente hasta el extremo de que admitiendo en sus enmiendas que los datos sensibles no
deben aparecer nunca en los ficheros informatizados, ahora se pide que haya una especial intervención de la Agencia de
Protección de Datos sobre esos ficheros de datos sensibles. Señor Nuñez, ¿en qué quedamos? ¿Quién copia libros sagrados?
¿Quién no los piensa? ¿Quién los repite como un papagayo? ¿Quién es capaz de digerir lo que está diciendo? Porque
usted dice que los datos sensibles no deben estar informatizados y usted pide ahora que esos datos sensibles estén sometidos a
una especial protección de la Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué pide eso? Porque ha copiado miméticamente el libro
sagrado del colectivo social al que estoy aludiendo; es decir, le inspira mayor respeto ese colectivo social que lo que opinamos los
parlamentarios del Grupo Socialista, que algo tenemos que ver con la capacidad de sintonizar son las aspiraciones populares,
mientras que ese colectivo social, cuya contribución destaqué el otro día, no ha pasado por las urnas, no sabemos que capacidad
tiene de recoger las aspiraciones populares y por consiguiente, en cuanto al libro sagrado, señor Nuñez, sería una buena conducta
democrática que considerara más libro sagrado el de un Gobierno emanado de las urnas, que el de un colectivo social que tiene
una representación por demostrar. Y repito, se trata de un colectivo social que ha hecho algunas aportaciones interesantes, no
todas, y en la discusión con ese colectivo social se ha dicho: vamos a partir de una norma común, ni el proyecto es el Corán, ni sus
enmiendas son el Corán, pero las enmiendas de ese colectivo social siguen siendo el Corán para el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, compromiso por Cataluña, compromiso por Andalucía, etcétera. (Risas.)
...........Sobre las enmiendas del CDS, quería decir que me parece muy correctamente redactado el apartado i) del artículo
36, al hablar de propuestas del reglamento para el desarrollo de la presente ley. Otros grupos hablan de reglamento, me remito a lo
que dije el otro día; es imposible que la Agencia de Protección de Datos elabore un reglamento. Me parece una técnica jurídica
acertada de la que ha hecho gala el CDS y de la que debían haber hecho gala otros grupos parlamentarios. Ante la imposibilidad de
que una entidad como la agencia elabore un reglamento, el CDS, con buen sentido, habla de una propuesta de reglamento, y
nosotros, en el apartado h), hablamos de que todas las disposiciones de desarrollo serán perceptivamente sometidas a consulta de
la Agencia de Protección de Datos, que es lo máximo que se podía hacer en este esfuerzo de encontrarnos en el camino con los
grupos de la oposición.
Por último, algunas de las enmiendas hacen referencia a cuestiones que, evidentemente, no son de la competencia de la
Agencia de Protección de Datos, como cuando se habla de homologar los productos de tecnología informática. Esta es una
enmienda que se arrastra de ese libro sagrado del colectivo social a la que he aludido antes; se le ha explicado al colectivo social
que las funciones de homologación corresponden al Ministerio de Industria y no pueden corresponder a la Agencia de Protección
de Datos, y parece que esa explicación ha sido satisfactoria para ellos, no sé si para los empecinados va a ser más difícil el aceptar
nuestro criterio.
A continuación se vota la enmienda transaccional número 19 referente a la letra h) del artículo 36 y que dice así:«Informar
con carácter preceptivo los proyectos de disposiciones generales que desarrollen esta Ley.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 17; abstenciones, cuatro.
Posteriormente se votó el informe de la Ponencia relativo al artículo treinta y seis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, uno, abstenciones cuatro.
ARTÍCULO TREINTA Y SIETE
El artículo 37 según el proyecto de ley estaba redactado así:
El Director de la Agencia de Protección de Datos estará asistido por un Consejo Consultivo del que formarán parte
representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones empresariales y de consumidores, así como expertos, con
la composición y funciones que se desarrollarán reglamentariamente.
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La Comisión de Libertades e Informática (CLI) presentaba esta enmienda de sustitución que a
continuación reproduzco.
El Consejo de Protección de Datos es un órgano deliberante y asesor. Sus funciones son las siguientes:
Asesorar al Director de la Agencia de Protección de Datos en cuantos asuntos le sean solicitados por éste.
Contribuir al correcto funcionamiento de la Agencia y a la adecuada aplicación de la Ley.
Participar en la elaboración de los reglamentos que desarrollen la presente ley.
Elaborar su propio reglamento de funcionamiento.
Elaborar una terna de candidatos al puesto de director en caso de vacante.
Aprobar la separación del Director de la Agencia por las causas citadas en el artículo 35.3.
SU COMPOSICIÓN SERÁ LA SIGUIENTE:
a) El Director de la Agencia que es a la vez su Presidente.
b) Un diputado y un senador elegidos, respectivamente, por el Congreso de los diputados y por el Senado.
c) Dos representantes de las organizaciones empresariales elegidos por éstas.
d) Dos representantes de las organizaciones sindicales elegidos por éstas.
e) Un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo designado por éste.
f) Un miembro del Poder Judicial designado por el Consejo General del Poder Judicial
g) Un representante de las organizaciones de consumidores, elegidos por éstas.
h) Un representante de las organizaciones profesionales del sector informático elegido por éstas.
i) Un representante de las Facultades de Informática elegido por el Consejo Superior de Universidades.
j) Un representante de las organizaciones de derechos humanos elegido por éstas.
k) Dos personas que hayan destacado por su conocimiento de las tecnologías de información y sus
repercusiones sociales, nombrados por el Gobierno.
Explicación: Se trata de formar un Consejo plural y representativo, con funciones claras y bien delimitadas
respecto al Director de la Agencia, que sin embargo no depende del mismo ni es responsable ante dicho Consejo, excepto
en los casos de separación de su cargo.
No nos dice nada más la Comisión de Libertades e Informática, pero si comparamos con la reunión o acta de
encuentro constituyente celebrada el 10 de diciembre de 1.990 este es el retrato de la CLI, como puede verse el 25 de
abril del 91 en su manifiesto constitucional.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI (Grupo Popular) defiende su enmienda de modificación nº 314 al artículo 37
que dice quedará redactado como sigue:
«El Consejo de protección de datos es un órgano deliberante y asesor. Sus funciones son las siguientes:
a) Asesorar al Director de la Agencia de Protección de Datos en cuantos asuntos le sean solicitados por éste.
b) Contribuir al correcto funcionamiento de la Agencia y a la adecuada aplicación de la ley.
c) Informar en la elaboración de los reglamentos que desarrollen la presente Ley.
d) Proponer al Gobierno su reglamento de funcionamiento.
Su composición será la siguiente:
a) Un Diputado y un Senador elegidos, respectivamente, por el Congreso de los diputados y por el Senado.
b) Un representante de las organizaciones empresariales elegidos por éstas.
c) Un representante de las organizaciones sindicales elegidos por éstas
d) Un representante de la oficina del Defensor del Pueblo designado por éste.
e) Un representante del Poder Judicial designado por el Consejo General del Poder Judicial.
f) Un representante de las organizaciones de consumidores, elegidos por estas.
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g) Un representante de las Facultades de Informática elegido por el Consejo Superior de Universidades.
h) Un representante de las organizaciones de derechos humanos elegidos por éstas.
i) Dos personas que hayan destacado por su conocimiento de las tecnologías de información y sus repercusiones sociales,
nombrados por decreto del Gobierno.
El Presidente será elegido de entre sus miembros por mayoría absoluta en primera votación y, en caso de no alcanzarse,
por mayoría simple en segunda votación. Los consejeros ejercerán su cargo por plazo de cinco años, desempeñando sus funciones
gratuitamente.
JUSTIFICACIÓN. Se trata de formar un Consejo plural y representativo, con funciones claras y bien delimitadas respecto
al Director de la Agencia, que sin embargo no depende del mismo ni es responsable ante dicho Consejo excepto en los casos de
separación del cargo.
La señora DE PALACIO-LERSUNDI: Uno de los problemas que tiene este proyecto de ley más claros es que el Consejo
Consultivo tal pareciera que hubiera sido una idea sobrevenida cuando ya estaba cerrado el texto del anteproyecto de ley y que en
el último momento se le hubiera metido de alguna manera con calzador. Eso hace que el Consejo Consultivo aparezca como algo
que se pone que va a existir, pero que no se sabe muy bien ni que va a hacer, ni cómo se va a articular en sus funciones dentro de
la Agencia de Protección de Datos y en sus relaciones con el Director de dicha Agencia, que, en última instancia, es quien asume
todas las competencias de la misma.
Ello ha llevado al Grupo Popular a presentar una enmienda que lo único que hace es definir claramente cuáles son las
competencias de ese Consejo de Protección de Datos, de ese Consejo Consultivo; establecer qué personas, qué colectivos van a
ser los que van a ver representados en el seno de dicho Consejo, es decir qué personas lo van a componer, por qué establecemos
un Consejo formado por representantes de distintos colectivos, un diputado y un senador, es decir, representantes del Legislativo,
de las organizaciones empresariales y sindicales, de la oficina del Defensor del Pueblo, del Poder Judicial cuando estamos
hablando de defensa de derechos y libertades fundamentales, representante de organización de consumidores, de facultades de
informática, de técnicos en la tecnología de la información y de oficinas u organizaciones de derechos humanos.
Considerando que este Consejo Consultivo debe de ser un órgano plural que tenga unas competencias de deliberación y de
asesoramiento al Director de la Agencia, que, como viene señalando en las otras enmiendas del Grupo Popular, se configura como
un comisionado parlamentario.
El Grupo Popular entiende que la composición de este Consejo Consultivo también sería válida en el caso de la actual
configuración del Director de la Agencia, que, como viene en el proyecto de ley. En cualquier caso, esta enmienda sería totalmente
coherente con el actual texto tal y como va quedando y como ha quedado configurado el Director de la Agencia y su elección, y
estimamos que el Grupo Socialista podría asumir esta enmienda o, si no, algo parecido, máxime cuando en la enmienda que nos
han leído anteriormente referente al nombramiento del Director de la Agencia se hace referencia a que el mismo será nombrado de
entre quienes compongan este Consejo Consultivo. Por tanto, parece absolutamente esencial que en coherencia con esa enmienda
transaccional, aquí se incluya un desarrollo de este artículo treinta y siete que contemple quiénes son los que van a componer este
Consejo Consultivo, qué organizaciones van a estar representadas ahí de alguna manera y, además, cuáles son, que tampoco está
aquí claramente desarrollado, cuáles van a ser sus relaciones de funcionamiento con el Director de la Agencia.
Las enmiendas al artículo 37 propuestas por el Grupo Parlamentario IU-IC fue como podemos comprobar
también excesivamente similar al propuesto por la CLI, por eso se justifican -a mi entender- las palabras de NAVARRETE
MERINO del Grupo Socialista.
El Consejo de Protección de Datos es un órgano deliberante y asesor. Sus funciones son las siguientes:
Asesorar al Director de la Agencia de Protección de Datos en cuantos asuntos le sean solicitados por éste.
Contribuir al correcto funcionamiento de la Agencia y a la adecuada aplicación de la Ley.
Participar en la elaboración de los reglamentos que desarrollen la presente ley.
Elaborar su propio reglamento de funcionamiento.
Elaborar una terna de candidatos al puesto de director en caso de vacante.
Aprobar la separación del Director de la Agencia por las causas citadas en el artículo 35.3.
SU COMPOSICIÓN SERÁ LA SIGUIENTE: a) El Director de la Agencia que es a la vez su Presidente.
b) Dos diputados y dos senadores elegidos, respectivamente, por el Congreso de los diputados y por el Senado.
c) Cuatro juristas de reconocida competencia, designados por el Consejo General del Poder Judicial.
d) Dos representantes de las organizaciones empresariales elegidos por éstas.
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e) Dos representantes de las organizaciones sindicales elegidos por éstas.
f) Un representante de las organizaciones profesionales del sector informático elegido por éstas.
g) Cuatro especialistas en materia de informática y telecomunicaciones designados por el Consejo de Universidades.
h) Un representante de las organizaciones de consumidores, elegidos por éstas.
i) Un representante de las organizaciones de derechos humanos elegido por éstas.
j) Un representante de la Administración, designado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.
Motivación . En coherencia con enmiendas anteriores.
El señor Presidente: Para defender la enmienda presentada a este artículo por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Nuñez.
El señor NUÑEZ CASAL: Señor Presidente, intervengo para defender nuestra enmienda número 106. Se ha hecho
referencia aun colectivo social. Aprovechando que en este artículo nuestra enmienda no es mimética a lo que ha planteado ese
colectivo social, creo que es deber de muchos grupos parlamentarios que estamos aquí reconocer la magnifica labor que ha
realizado ese grupo social al que supongo que sin lugar a dudas se refería el señor Navarrete, y que tiene una denominación
concreta, que es la de Comisión de Libertades e Informática. Son colaboraciones a agradecer porque dentro de un tejido
democrático es lógico que surjan en momentos determinados colectivos que aportan sus ideas, que responden a una pluralidad en
su composición, que tienen un rigor claro en sus planteamientos y que han realizado un estudio detenido del proyecto de ley. Creo
que la gran mayoría de los grupos, y no dudo que también el Grupo Socialista, han mantenido unas conversaciones con la
Comisión de Libertades e Informática y han podido comprobar cómo muchos de sus planteamientos respondían a ese estudio
muy concreto, muy prolijo del proyecto de ley y que muchas de sus opiniones han sido realmente oportunas y válidas.
.................Pues bien, ¿qué se puede objetar a una composición en la que están dos Diputados y dos Senadores, cuatro juristas de
reconocida competencia, designados por el Consejo General del Poder Judicial; dos representantes de empresarios y dos
representantes de los sindicatos, un representante de las organizaciones profesionales del sector informático, cuatro especialistas
en materia informática, un representante de los consumidores, uno de las organizaciones de Derechos Humanos y un
representante de la Administración a propuesta del Ministerio de Justicia.
Efectuada la votación a la enmienda transaccional este artículo dio el siguiente resultado: votos a favor, 23 en contra, uno.
El informe de la ponencia fue aprobado.
08-05-92 El País: Lorenzo Romero / José Yoldi. Madrid INTIMIDAD A LA VENTA PINCHAZOS" TELEFÓNICOS
DESVELAN LOS MANEJOS DE VENDEDORES DE DATOS PERSONALES. Lorenzo Romero / José Yoldi Madri.d Cuatro
meses después de que se descubriera la existencia de una empresa que vendía datos personales de 21 millones de
españoles, las diligencias correspondientes duermen en un juzgado de Móstoles (Madrid). Todos los implicados están en
libertad y el juez ha denegado la intervención de la base informática sobre la cual habían montado su negocio. También
duerme en el Congreso el proyecto de ley de protección de datos informatizados.
Joaquín González López, de 56 años, parece haber tenido varias obsesiones en los últimos años: los funcionarios, los
coches de Andalucía, los DNI y las viudas. Propietario de la empresa Publi-Gest, ingresó en la prisión de Carabanchel, en Madrid,
el pasado 10 de enero como presunto jefe de una red de venta de datos informáticos. Junto a él fueron detenidas otras 10
personas.
Pero antes de este traspié carcelario, las investigaciones judiciales, entre las que se incluye la grabación de las
conversaciones telefónicas de González López, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ponían en evidencia un submundo en el que la
venta de datos personales se ha convertido en moneda corriente, alentada además por un mercado en el que participan desde
empresas conocidas hasta cajas de ahorro o bancos.
Sólo cinco días después de estallar este escándalo, que evidenciaba la indefensión de los ciudadanos españoles ante los
traficantes de datos personales, todos los detenidos estaban en libertad. Las 2.000 cintas magnéticas con millones de datos
decomisadas por la policía no fueron suficientes para mantenerlos en prisión, ante la inexistencia de una ley en vigor que proteja los
datos informáticos.
PRESIONES A UN FUNCIONARIO. Las conversaciones de Joaquín González López describen un mundo competitivo y
duro, con millones de pesetas en juego. Una de las charlas intervenidas con una trabajadora de la Presidencia de la Junta de
Andalucía, Rosario, "una sobrina de un amigo", está destinada a conseguir su intermediación para que otro funcionario entregue el
listado de los coches de Andalucía. Se desarrolló así:
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Joaquín. (...) Mira, no sé como decirte, ahí hay unos millones de pesetas, ¿comprendes?, o sea que ... si ves que puedes hablar, ya
sabes que eso es delito.
Charo. Si, ya, pero el problema es que este hombre es muy estricto.
J. Bueno no sé, pero ...
Ch. Es que es de estos funcionarios que son cerrados a cal y canto. Le veo muy estricto, muy antipático, es que es un problema
que no da buena facilidad para introducirse, eso es lo que yo ví cuando fui a hablar con él. (...) Me dijo que esto no podía ser, me lo
dijo así de una forma como muy sin posibilidades (...)
J. Mira, si te parece, tú puedes concertar con él una entrevista conmigo, donde yo, con un PC de esos transportables, un ordenadorcito,
con cualquier teléfono, me conecto con mi despacho y le demuestro que tengo el resto de España, ¿comprendes? O sea,
que me pregunta por esta matrícula, por esta otra, por este señor, por el que sea, y vemos que todo eso está allí. Que se le puede
hacer una demostración, y claro, ve que falta Andalucía, y es que los andaluces somos menos. Tú, como andaluza que eres...
Ch. Otra cosa que se puede hacer es (...) comentarle que estás dispuesto a hablar con el director general de Industria.
J. Vale, como tú lo veas; pero que lo consigamos, porque hay un dinero ahí que ...
Ch. ¿Y por otros contactos no se puede conseguir?
J. Sí es que, mira, ahora, este mismo hombre que lo tiene ahí ... Pues yo se lo pedí para hacer unos estudios para una cuestión ...
que es mentira, para una cuestión de seguros ...
La conversación continúa por otros temas hasta que Joaquín González pide a la mujer que insista ante el funcionario.
J. (...) Entonces, a ver si por casualidad me arreglas eso..., para la semana próxima no, la otra; pues o bien desplazarme allí para
finiquitar y hablar de pelas en condiciones, porque es delito, en cuanto tú dices: "Oye, esto vale tantas pesetas", es delito de esas
pesetas, ¿comprendes?, entonces hablar de que podría haber, pero no ...
Ch. Claro, eso sería ...
J. Extorsión.
Joaquín sabe que sobornar a un funcionario es delito (no extorsión, sino cohecho), pero quiere la relación de coches de
Andalucía, la única que le falta a este hombre, que se define como industrial, para tener el censo total de automóviles.
Pero ésta no es su única aproximación a un funcionario. Joaquín González reconoce que en 1985 compró "por 150.000
Pesetas a una persona que trabaja en el ministerio de Hacienda, que posiblemente sea funcionario del mismo, un listado sobre
empresas jurídicas". Y también reconoce que tiene contactos con ..., otro funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
jefe de una sección de informática, al que conoció a través de ... "un amigo común de la infancia", según Cesar Cabeza.
De este funcionario, González afirma que le entregó "personalmente una cinta magnética conteniendo unos números de
afiliación a la Seguridad Social para que éste los completase con el número de identificación fiscal (DNI más una letra). Que este
trabajo "era gratuito", y que no se lo había devuelto. Una entrega que no es reconocida por el funcionario en su declaración a la
policía.
Pero hay más. Según la denuncia presentada por Óscar Callado, director técnico de la empresa de ordenadores
controlada por González López, éste también "se interesó por establecer una relación entre las declaraciones de la renta y el resto
de los datos de la base, "para establecer las posibles anomalías a nivel de empresas e individuos". Un trabajo que quedó sin hacer,
pero que deja patente que la intimidad de los españoles hace ya mucho tiempo que se compra y se vende.
150.000 VIUDAS "CON DIRECCIONES MUY BUENAS" L.R./J.Y. Las cintas con las conversaciones telefónicas de
Joaquín González López en poder de un juzgado de Móstoles muestran la frialdad con que se venden los datos:
J. ¿Cuánto te debo?.
A. 970.000 o 1.200.000.
J. Pues te debo todavía. Oye, te llevo 150.000 viudas con direcciones muy buenas.
A. No, no quiero ni viudas ni nada. (...)
J. Nosotros lo tenemos todo en código (...) Tenemos un magnífico censo, pero las condiciones son de ...
J. No tengo dinero.
A. Pues ni yo quiero viudas.
Pero la persistencia parece ser una de las cualidades de este industrial, según se desprende de otra conversación con ...
A. (...) Me piden personas mayores de 65 años, con piso en propiedad, en la Comunidad de Madrid.
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J. Se puede sacar del padrón (...) Pero lo que sí tenemos son 1.400.000 viudas en toda España, que la mayoría puede tener piso
en propiedad (...).
A. O sea, que de viudas que podemos dar. ¿Cuánto ganan?.
J. En qué banco lo cobran. Cuánto cobran, en qué sucursales y el número de cuenta; mes de nacimiento, año de nacimiento, DNI y
demás. (...) Nosotros nos podemos hacer con el registro de lo de los pisos (...), que no debe ser difícil ese fichero; claro, que no sé
si tienen DNI; me parece que no tiene DNI; lo podríamos enfrentar...
El número del DNI tiene una función básica para estos comerciantes de datos. Es el elemento común para el cruce de
información y control de los datos que poseen sobre las personas que van introduciendo en su fichero informático. Un nombre, el
número y respuestas: trabaja, está parado o es pensionista; el coche que tiene; casa propia o en alquiler, y hasta la empresa donde
trabaja, el tiempo que lleva, cuál es su puesto o cuánto cobra, y demás.
Las conversaciones mantenidas entre Joaquín González y ... dirigente de los ..., un partido dirigido a la tercera edad,
revelan que el primero ofreció financiar parte de las actividades de la organización de jubilados a cambio de un listado de todos los
pensionistas de España, que ... iba a obtener de la Seguridad Social.
LA LEY DE DATOS PERSONALES ES AÚN INCONSTITUCIONAL, SEGÚN LOS EXPERTOS. El País. Madrid La
Comisión de Libertades e Informática (CLI) -que agrupa a organizaciones de juristas y expertos en derechos humanos e
informática- advirtió ayer del riesgo de inconstitucionalidad en el que incurrirá la ley orgánica de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos Personales si se mantienen algunos artículos, como el 20.3, avalado por la Comisión Constitucional del
Congreso y pendiente de debate en el pleno de la Cámara. Tal precepto permitiría a las Fuerzas de Seguridad la recogida e
informatización de datos sobre ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual de los ciudadanos sin intervención
judicial ni de la Agencia de Protección de Datos.
La CLI reiteró su "profundo desacuerdo" con el dictamen de la comisión parlamentaria, por estimar que "los cambios
introducidos en el proyecto "son manifiestamente insuficientes".
8-5-1992 "El País" LA LEY DE DATOS PERSONALES ES AÚN INCONSTITUCIONAL SEGÚN LOS EXPERTOS. La
comisión de Libertades e Informática (CLI), -que agrupa a organizaciones de juristas y expertos en derechos humanos e
informática- advirtió ayer del riesgo de inconstitucionalidad en el que incurrirá la ley orgánica de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos Personales si se mantienen algunos artículos como el 20.3, avalado por la Comisión Constitucional del
Congreso y pendiente de debate en el pleno de la Cámara. Tal precepto permitiría a las Fuerzas de Seguridad la recogida e
informatización de datos sobre ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual de los ciudadanos sin intervención
judicial ni de la Agencia de Protección de Datos.
La CLI reiteró su "profundo desacuerdo" con el dictamen de la comisión parlamentaria, por estimar que "los cambios introducidos en
el proyecto son manifiestamente insuficientes".
18-5-1992 "PC" Edición Española. SEGÚN LA CLI LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS NO ES CONSTITUCIONAL.
La Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha anunciado que promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto
de Ley Orgánica de Tratamiento de Datos Automatizados de los Datos Personales (LORTAD), aprobado el pasado 22 de abril por
la Comisión Constitucional del Congreso.
Según manifestó el portavoz de ATI, Miguel Sarriés, la ley "concede excesivo poder a los cuerpos de seguridad del estado
en cuanto a excepciones previstas en el control de datos sensibles, y no garantiza la viabilidad de la Agencia de Protección de
Datos (APD)". En su opinión, "las excepciones previstas por la ley invalidan la protección real del ciudadano, por lo que proponemos
un mayor control".
Más información en página 5.
Viene de la página 1.
También recurrirá la sentencia sobre la red de datos. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY
DE PROTECCIÓN DE DATO.S En concreto, la CLI centra sus críticas en un artículo que "permitirá a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado la recogida de datos sobre ideología, creencias, religión, origen racial y vida sexual de los ciudadanos, sin
intervención judicial ni de la Agencia de Protección de datos
Miguel Sarriés matiza que "no se trata de que las fuerzas de seguridad tengan que depender de la APD para manejar él
determinada información. Lo que queremos es que se limiten las excepciones y que, por parte de la Agencia de Datos, se pueda
realizar un control sobre la información que se esta utilizando". El otro artículo que se recurrirá es el referente a la creación de la
Agencia de Protección de Datos (APD) cuya función es similar a la del Defensor del Pueblo.
97

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. La CLI solicita que "el director de esta agencia sea nombrado por una comisión
asesora de la que formen parte sindicatos y organizaciones representativas de todos los sectores de la sociedad, mientras que la
ley prevé su nombramiento mediante decreto gubernamental, con la consideración de alto cargo, y se reserva el derecho de
cesarlo".
En opinión de la CLI, "este artículo imposibilita la independencia del director de la agencia, ya que sería una persona
cercana a las posiciones gubernamentales, nombrada a dedo y cuyo cese podría ser inmediato por parte del gobierno en caso de
desavenencias".
Las enmiendas presentadas por la CLI han sido defendidas por la oposición durante los debates previos, y aunque "se han
conseguido modificaciones la ley sigue presentando aspectos claramente anticonstitucionales". La importancia de esta ley se
recoge desde la Constitución al regular uno de los derechos fundamentales de la persona, por lo que se protege especialmente
mediante su regulación por ley orgánica.
La CLI es una asociación no gubernamental creada en abril de 1991, con motivo de la promulgación de esta ley, que
agrupa a sindicatos, organizaciones civiles y profesionales como: ATI, A-SOFT y AEIA, en el campo de la informática, Jueces para
la Democracia y la Asociación Española Pro Derechos Humanos, por parte de la Justicia, los sindicatos UGT y CC.OO., la
Asociación Catalana de Periodismo Científico y la Asociación Española de Marketing Directo.
Asimismo, la CLI ha anunciado que presentará otro recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del juez encargado
del sumario de la red de tráfico de datos desmantelada recientemente, por denegar la comparecencia de once testigos.
Según el abogado de la CLI; "esta sentencia, que excluye a once testigos considerados claves por la acusación particular,
vulnera el principio constitucional de tutela judicial".
22-5-1992 ¿"EL PAÍS"? Partido Popular e Izquierda Unida creen que la ley es inconstitucional LA POLICÍA PODRÁ
RECABAR Y ALMACENAR DATOS CONFIDENCIALES SIN ORDEN JUDICIAL. Lucía Méndez Madrid Aprobada en el
Congreso la Ley de Protección de Datos Informáticos.
El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de protección de datos informáticos, según el cual, las Fuerzas de
Seguridad del Estado podrán "recabar y almacenar" los datos referidos a la vida sexual, religión e ideología de los ciudadanos sin
orden judicial y sólo con que un agente de Policía considere que es necesario para la prevención de un delito.
A pesar de que inicialmente los nacionalistas vascos y catalanes habían expresado sus dudas acerca de esta ley,
finalmente Convergencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco votaron a favor del texto en el pleno del Congreso.
El Partido Popular e Izquierda Unida se opusieron argumentando que es un "ataque gravísimo" contra las libertades de los
ciudadanos recogidas en la Constitución y la compararon con la conocida como "ley Corcuera".
Según recoge el artículo 20.3 del proyecto de Ley de Regulación del Tratamiento Informatizado de Datos Personales, "la
recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal están limitados a los supuestos y categorías que resulten
necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública, pudiendo ser almacenados en ficheros específicos
establecidos al efecto.
Este artícul , en opinión de la portavoz adjunta del Grupo Popular, Loyola del Palacio, "significa que aquellos datos
sensibles que nuestra Constitución considera inviolables como son los de nuestras creencias, nuestra vida sexual, nuestra salud o
nuestra fe pueden ser almacenados por un celoso funcionario de las Fuerzas de Seguridad del Estado que quiera desarticular una
presunta red de delincuentes.
Los datos que pueden ser recabados por la Policía, según el artículo siete, se refieren al origen racial, la salud, las
creencias religiosas y la vida sexual.
En su intervención, Loyola de Palacio, advirtió sobre el peligro que supone que "no sólo que se nos espíen los datos más
íntimos, sino que esos datos obtenidos puedan ser grabados, conservados, elaborados, modificados y almacenados en un
ordenador para llevar a cabo los cruces y operaciones pertinentes, y todo ello sin que el afectado se entere de nada de lo que está
pasando.
La aprobación de este proyecto de ley significa, señaló la diputada Loyola de Palacio, que en "estos años de Gobierno los
socialistas han traicionado los últimos reductos de defensa de las libertades públicas que declaraban defender y por las que
lucharon desde la oposición.
En este punto de la ley, el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Nuñez, coincidió con la diputada popular en que el
proyecto aprobado por el Congreso es un ataque contra las libertades del ciudadano.
98

Nuñez considera que esta ley va fundamentalmente en contra de los inmigrantes y tiene como objetivo recabar todos los
datos de las personas que proceden de países del Magreb.
SUSLOV Y LOS TIRANTES DE FRAGA. El diputado socialista por Huelva Carlos Navarrete protagonizó ayer un agrio
debate con la diputada popular Loyola de Palacio. El diputado se pregunto: "¿De qué doble rasero hablan ustedes, se refieren a
aquel partido cuyo egregio representante se paseaba por España con tirantes rojos y gualdas o al partido de la Administración
única, se refieren al partido que dice defender las libertades, o al que comprende los bandos antidroga?". A lo que Loyola de
Palacio le respondió: "Si hablamos del franquismo, ustedes tienen un alto cargo de Franco en el banco azul y si hablamos de
PSOE, ¿de cuál estamos hablando, del que pacto con Suslov o del fiel aliado de Bush en la Guerra del Golfo?. Deje de decir
tonterías y céntrese en la ley".
25-5-1992 "TV1" Programa a debate "Informática y Poder" donde varios miembros de la CLI se explayan durante una hora
y 15 minutos.
10-07-92 A pesar de que en el mes de Enero ya se habló no sólo de los ficheros de Camerdata (Cámaras de Comercio), y
de los de Coditel (Telefónica) y al no contar por el momento con el apoyo del caso del Delito Informático por la restricción impuesta
por mí en el Ateneo el día 7 de Mayo, la CLI promueve otra noticia para su apoyo logístico diciéndonos por medio de "El País" y
según los titulares de la portada: TELEFÓNICA VENDE DATOS PERSONALES DE SUS ABONADOS A EMPRESAS
PUBLICITARIAS.
La empresa Cetesa, filial de Telefónica, vende datos personales de sus abonados a empresas publicitarias que los
instrumentalizan con fines comerciales, según una queja presentada al defensor del Pueblo por la Unión de Consumidores de
España. Cetesa considera que esta información es pública y no vulnera la legalidad vigente.
Cetesa a través de su filial Coditel, maneja 12 millones de registros con datos facilitados por Telefónica, que incluyen un
listado completo de las direcciones y situación económica de los abonados al servicio telefónico.
Y en su interior página 17, Inmaculada G. Mardones, titula: La UCE informa al defensor del Pueblo sobre una presunta
vulneración de la intimidad TELEFÓNICA VENDE DATOS PERSONALES DE SUS ABONADOS A EMPRESAS DE
PUBLICIDAD DIRECTA. La empresa Cetesa, filial de telefónica, vende los datos personales de sus abonados a empresas
que los instrumentalizan con fines comerciales. Esta práctica fue puesta ayer en conocimiento del Defensor del Pueblo
por la Unión de Consumidores de España (UCE) en una queja formal por lo que considera revelación privada de datos e
intromisión ilegítima en la intimidad de las personas. La UCE pide que se investiguen los hechos y se curse, si procede, el
pertinente recurso de amparo. Un portavoz de Cetesa afirma que los datos que comercializa son públicos y que no
vulneran la legitimidad vigente.
Nadie que tenga un teléfono a su nombre está libre de que su identidad sea objeto de comercio. Si no se hace constar
expresamente en el momento de firmar el contrato con Telefónica, los datos personales de cualquier abonado están a la venta de
quien quiera saber su ciudad, calle, piso, puerta, profesión y nivel económico.
Para conseguir estos datos no hay más que recurrir a Coditel, una línea de negocio de Cetesa, empresa filial de telefónica,
la compañía pública que disfruta del monopolio de los teléfonos de España. Coditel maneja, con datos facilitados por Telefónica, un
listado completo con las direcciones y situación económica de millares de españoles, que vende procesado a gusto del comprador.
Si el solicitante desea, por ejemplo, 100.000 direcciones de personas con un nivel económico medio-alto, distribuidas en
varias ciudades seleccionadas de España, el precio ronda las 800.000 pesetas (unas 900.000 en total, IVA incluido).
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín califica estos hechos como "un abuso
y un fraude. Es una desviación de datos obtenidos para fines exclusivos de Telefónica y, por tanto, destinados a ser conocidos sólo
por esa compañía". Martín Pallín ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos y ex miembro de la Comisión de
Libertades e Informática considera que el caso reviste especial relevancia, dada la condición de monopolio de que disfruta
Telefónica. "Es un abuso de su posición dominante y, por ello, un verdadero fraude a los intereses de sus abonados".
El magistrado destaca la indefensión del usuario ante estos hechos. "Si funcionase alguna agencia o institución de
protección de datos, podría prohibir la transmisión de éstos y sancionar esas conductas". Víctor Palao, portavoz de Coditel, afirma,
por su parte, que los abonados a Telefónica saben que sus datos son públicos. "Los que deseen no figurar en las guías lo hacen
constar. Nosotros lo único que hacemos es vender la mecanización de los datos y ahorramos el trabajo de copiar las direcciones".
Palao está convencido de que con esta práctica no se vulnera la ley vigente ni la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos (LORTAD), actualmente en trámite.
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"TENEMOS NUEVE MILLONES DE REGISTROS DE PARTICULARES". Ésta es la transcripción de la conversación
telefónica que un supuesto cliente (A.R.) mantuvo con un directivo de Cetesa (C), a la que ha tenido acceso EL PAÍS ..... ...... ...
....... .........
.........
11-07-92 "EL PAÍS" Inmaculada G. Mardones (Madrid): LA UCE CREE QUE EL USO DE INFORMACIÓN RESERVADA
PUEDE VULNERAR LA BUENA FE DE LOS USUARIOS.
EL PP PIDE AL PRESIDENTE DE TELEFÓNICA QUE EXPLIQUE LA VENTA DE DATOS DE LOS ABONADOS A LOS
PUBLICITARIOS. Inmaculada Mardones (Madrid). El portavoz del Partido Popular (PP) en la Comisión de Industria del
Congreso, Felipe Camisón, solicitó ayer la comparecencia urgente del presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, para
que explique la venta de datos de sus abonados a empresas publicitarias. Antonio Farriols, copresidente de la Comisión
de Libertades e Informática CLI cree que el hecho es un ejemplo del descontrol con que se mueven las empresas que
explotan datos privados.
La instrumentalización de los datos personales que figuran en el contrato de los clientes de Telefónica es considerada "un
fraude contra el derecho a la intimidad de las personas", según declaró ayer a Europa Pres el diputado del PP Felipe Camisón,
quien califica de "agravante" el hecho de que Telefónica venda y obtenga un beneficio desde una situación de privilegio.
Camisón califica la venta de direcciones como un "atropello, dado el carácter de monopolio de que disfruta la compañía".
Esta situación, a su juicio, no permite a los abonados cambiarse de empresa cuando se cometen estos abusos. El portavoz del PP
en la comisión del Congreso confía en que la gravedad de los hechos denunciados por la Unión de Consumidores de España ante
el Defensor del Pueblo obligue a comparecer al presidente de Telefónica con carácter urgente y no haya que esperar hasta
septiembre, al ser julio un mes de vacaciones parlamentarias.
El copresidente de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), Antonio Farriols, admitió ayer que la explotación
comercial por terceros de los datos en poder de Telefónica demuestran el desorden que existe en España y la indefensión en que
se encuentran los ciudadanos frente a estos hechos. "Cuando entre en vigor la ley que regule el tratamiento automatizado de
datos (LORTAD) las empresas tendrán que registrarse y pedir autorización a la Agencia de Protección de Datos. El tema
es de gran interés para nuestra asociación porque nos hemos personado como acusación en el caso Publi-Gest. Por
cierto, no nos explicamos que esta empresa , cuyo caso está sub judice, continúe manejando un banco de datos que
debería estar precintado".
Adolfo Várela, portavoz de la Unión de Consumidores de España, cree que es preocupante que una compañía pública
como Telefónica use datos de carácter reservado que pueden vulnerar la buena fe contractual de los abonados. Pero lo peor, en
opinión de Várela, "no es eso, sino que una filial de Telefónica venda a terceros el soporte informático de estos datos".
13-7-92 "El País" INFORMÁTICA Y LIBERTADES. LA TELARAÑA INFORMATIVA. José Antonio Martín Pallín,
Magistrado del Tribunal Supremo. Silenciosamente, como un felino al acecho, se va deslizando por los corredores del
palacio legislativo la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal,
sostiene el autor de este artículo, para quien no se ha fijado suficientemente la atención en su trascendencia. Arropada por
la Ley de Seguridad Ciudadana y envuelta en los paños informativos que proporciona la actualidad, apenas ha suscitado la
reacción de grupos aislados que pugnan por llamar la atención de los ciudadanos y de los poderes públicos sobre los peligros de
las redes informáticas.
Puede resultar excesivamente dramático abordar la incidencia de las nuevas tecnologías en la vida y las libertades de los
ciudadanos, llamando la atención sobre los peligros de su monopolización funcional al servicio de intereses políticos y
económicos.
Una afirmación tan rotunda como genérica puede ser tachada de maximalista y encontrar escaso eco en los beneficiarios
de la denuncia. Todos nos hemos acostumbrado a una convivencia natural y pacífica con la abundante oferta de quincallería
informática que intenta hacernos caer en la tentación de abrir nuestros domicilios a pantallas y teclados de atractivo
formato.
Estos fascinantes y juguetones cacharros, tan listos y eficaces, anulan la fuerza de los mensajes pesimistas, convirtiéndolos
en proclamas inoperantes, o alarmismos de dudoso fundamento.
Sin entrar de momento en más profundas reflexiones lo cierto es que el dominio de la tecnología informática permite a los
poderes políticos y a los grupos financieros e industriales tener acceso a un caudal informativo -teóricamente ilimitado-, que
desplaza los tradicionales centros de poder político.
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La informática aporta a la sociedad un instrumento insustituible para recoger, almacenar, clasificar, racionalizar y
proporcionar datos e informaciones útiles y necesarias para la gestión de toda clase de servicios y actividades, tanto del sector
público como del sector privado.
El ordenador en el que se acumula toda la información obtenida por la entidad que lo maneja y regula puede, en
principio, limitarse a proporcionar los datos registrados con arreglo a las necesidades de su titular, pero, al mismo tiempo, está en
disposición de transmitir todo el caudal informativo del que dispone a todos aquellos a los que pueda interesar o convenir para sus
fines. Los actuales sistemas de telecomunicación proporcionan el vehículo adecuado para difundir el contenido de una memoria
magnética en todas las direcciones y a la velocidad de la luz.
La aparición y desarrollo de la microelectrónica ofrece, por último, unas posibilidades de diseminación y vulgarización de
los sistemas de ordenación y registro de datos que permiten su oferta a bajo coste a gran número de usuarios hasta el punto de
convertir la imagen del ordenador personal en un aditamento usual de muchos hogares. Por otro lado, la creciente
multiplicación de los vídeos terminales permitirá a muchos particulares el acceso directo a determinados bancos y centros de
documentación que explotan las prestaciones de estos servicios.
No obstante, el coste que supone la creación y manejo de un sistema informatizado de datos no permite que todos los
sectores sociales tengan la posibilidad de explotarlos, y sólo los grandes núcleos de poder económico y los organismos de la
Administración del Estado pueden utilizar bancos de datos y sistemas informatizados que contengan información relevante sobre
gran número de ciudadanos.
La tecnología se convierte así en un instrumento al servicio del poder. La tecnología es poder, o, si se prefiere, sirve al
poder dotándole de unas posibilidades de información insospechadas en épocas anteriores. El control de los centros de poder
económico y político, unido a las posibilidades de la maquinaria informática, sitúa al poder en unas cotas de predominio nunca
alcanzadas en la historia. La técnica, como todo medio instrumental, puede ser puesta al servicio de una idea o de un sistema
político determinado y de sus valores esenciales.
LIBERTADES EN JUEGO. A los ciudadanos corresponde desarrollar y perfeccionar la tecnología; a los políticos decidir y
escoger entre sus posibilidades alternativas. Los científicos nos marcarán, en cada fase de su investigación, los limites de sus
posibilidades técnicas, pero el político nunca puede dejarse llevar por la aparente neutralidad de los avances científicos cuando,.
con su aplicación, se pone en juego el futuro de la sociedad y los derechos y libertades de los ciudadanos.
Conscientes de este riesgo para los propios fundamentos del sistema democrático, las sociedades más estables y
sensibilizadas han tratado de reaccionar abordando todos los aspectos -positivos y negativos- que se desprenden de la utilización
de bancos de datos informatizados conectados a las redes de comunicación más avanzadas.
El proyecto de la ley española para la protección de los datos de carácter personal viene a llenar un vacío largamente
sentido, pero su redacción actual suscita serios reparos. La clave del arco de cualquier sistema de protección radica en la
posibilidad de controlar, de manera efectiva, los bancos de datos en poder de las Administraciones públicas y de los grandes
núcleos de poder financiero. Esperemos que a lo largo del debate parlamentario el órgano de fiscalización y protección -Agencia
de Datos- cobre nuevas competencias y una mayor autonomía. José Antonio Martín Pallín es (Fiscal) magistrado del Tribunal
Supremo.
1-9-92 AUTO DE SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO EMITIDO POR EL JUEZ DE MÓSTOLES.
AUTO:- En Móstoles a uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos.
Dada Cuenta:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 13 de julio de 1.991, se incoaron en este Juzgado diligencias previas en virtud de un atestado
instruido por la Dirección General de Policía.
SEGUNDO:- El día 31 de julio de 1991, se dictó auto por el que se autorizaba se interviniesen los teléfonos de la
empresa PUBLIGEST S.L. sita en esta localidad.
TERCERO.- Con fecha cuatro de noviembre de 1991 este juzgado fue requerido por el Juzgado Central de
Instrucción Núm. 3 al objeto de remitir las diligencias que aquí se seguían.
CUARTO.- Practicadas las diligencias que se consideraron oportunas y a la vista del resultado de estas, el Juzgado
Central de Instrucción dicta auto en el que se acuerda la inhibición de todo lo actuado, en favor nuevamente de este Juzgado.
QUINTO.- Una vez recibidas las actuaciones, continúa la instrucción de las mismas con el resultado que consta en autos.
101

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- De las pruebas practicadas se desprende que la actividad desarrollada por D. Joaquín González, a través de
su empresa PUBLIGEST S.L. así como otras personas que resultaron inicialmente implicadas en la causa, consiste,
fundamentalmente en recopilar datos tales como el nombre, domicilio, número de documento nacional de identidad, empresa en la
que trabaja, ingresos, automóviles que figuran a su nombre, número de afiliación a la Seguridad Social, todos ellos referidos a
personas físicas, así como semejantes datos referidos a empresas-personas jurídicas además del Código de identificación Fiscal,
número de trabajadores etc.
Todos estos datos se integraban en ficheros automatizados y luego son utilizados en campañas de publicidad directa bien
por ellos mismos, o bien se vendían los que interesaban al cliente para que este remitiera la propaganda. También en algunas
ocasiones se vendía o cambiaba el fichero, casi siempre entre empresas del sector. Desde otro punto de vista también parece
prudente señalar que del contenido de las diligencias se desprende con bastante claridad que no nos encontramos ante
una "red organizada" ni nada por el estilo, sino, por el contrario, ante diversas personas y empresas (más bien modestas en
cuanto a su volumen de contratación), cuya única conexión radica en haberse puesto en contacto en alguna que otra ocasión con
Joaquín González para realizar algún negocio dentro del ámbito de su empresa.
SEGUNDO.- La información de que se hablaba en el fundamento anterior llegaba a manos de las personas involucradas
en las diligencias por los siguientes medios: a) la compra o cambio de ficheros con otras empresas del sector; b) la captura de datos
que figuran en los cupones de concursos de amplia difusión; c) la copia de los datos que les proporcionan partidos políticos,
sindicatos, Seguridad Social, Ayuntamientos, fundamentalmente referidos a datos obrantes en los padrones o censo electoral, al
encargar trabajos de informatización para la celebración de elecciones u otros fines públicos, que luego utilizaban con fines
privados; d) mediante solicitud directa a los organismos o funcionarios públicos encargados de estos datos. Pues bien de los
referidos medios los recogidos en los apartados a, b y c no constituyen tipo delictivo alguno de los previstos en el Código Penal (con
independencia de la valoración moral que pueda darse al del apartado -c) que, desde luego, queda totalmente al margen de unas
diligencias penales, como las presentes).
TERCERO.- Mención aparte merece la captación de la información directamente del ente público donde figuran
custodiados los datos. En Primer lugar, parece deducirse de lo actuado que no existe una regulación exhaustiva del contenido y
límites de la publicidad de los datos que obran en dichos registros. Así podemos observar que en el único caso en que pudiera
haber indicios delictivos el implicado, Joaquín , se dirige, primero, oficialmente y por escrito al funcionario encargado
solicitando el acceso a los datos. Por otra parte en los anexos III y VIII del minucioso informe remitido por los Técnicos de la
Seguridad Social se observa la amplia difusión que se daba a alguno de estos datos, entregándose incluso a algunas empresas de
las que se dedican a la venta de ficheros, como Camerdata y PDM S.A.
En definitiva lo que ha de quedar claro es que los datos con que operan estas personas y empresas no son
secretos, en el sentido de que afecten a la esfera íntima de la persona, por el contrario, parece dudoso que hechos o actos
de aquella índole figuren inscritos en Registros Públicos, e incluso expuestos en ocasiones para el conocimiento general
(vgr. las listas electorales que se exponen en los colegios electorales cuando se celebran elecciones).
Así las cosas parece que el único hecho susceptible de ser encuadrado en alguno de los tipos recogidos en el Código
Penal vigente consiste en el ofrecimiento o solicitud de dádivas, presentes, ofrecimientos, regalos o promesas a los funcionarios
encargados de la custodia de estos datos para su facilitación (artículos 386, 390 y 391 del Código Penal).
CUARTO.- Pues bien la investigación realizada no se puede concluir que los encartados hubiesen adquirido información
alguna de la que disponían por alguno de los procedimientos a que se acaba de aludir, dicho de otra forma, no existe indicio
alguno en autos de que los encartados hayan entregado cantidades de dinero a funcionarios públicos para conseguir los
datos que obraban en sus ficheros.
En este orden de cosas, se ha de señalar que las contestaciones recibidas de la Seguridad Social y de Hacienda cierran el
paso, a estas alturas de la investigación, a cualquier posibilidad de determinación y concreción del origen concreto de la información
analizada. Siendo de resaltar que incluso en el caso de Hacienda ni siquiera se puede saber de qué datos dispone Joaquín, porque
no se corresponden con los que obran en la Delegación, lo que parece indicar la veracidad de las declaraciones de este en el
sentido de que se trata de información correspondiente a ejercicios económicos antiguos.
Concluyendo la amplia difusión de parte de los datos utilizados por D. Joaquín, la indeterminación de otros, así como las
fechas en que han podido ser adquiridos y de los funcionarios que a ellos han tenido acceso, en relación con el conocimiento de las
presentes diligencias que hoy tienen todas las personas con ellas relacionadas, hacen imposible cualquier averiguación en este
campo, por ello se ha de acordar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en virtud de lo previsto en el artículo
789.5º 1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
QUINTO.- Sin embargo de las diligencias obrantes en autos si parece desprenderse la posible comisión de un delito de
cohecho previsto y penado en el artículo 391 del Código Penal, que viene configurado por las gestiones llevadas a cabo por D.
102

Joaquín González a través de una funcionaría de la junta de Andalucía, para conseguir de otro funcionario la relación de vehículos
de aquella Comunidad Autónoma.
Ahora bien teniendo en cuenta que los contactos se realizaron a través de llamadas telefónicas desde la casa de Joaquín,
en las Rozas, hasta la de la funcionaría en Sevilla, siendo luego ésta la encargada de contactar y transmitir los ofrecimientos de
Joaquín al otro funcionario en la mencionada ciudad, este Juzgado no resulta competente para la instrucción de las diligencias
procediendo la inhibición respecto de estos hechos en favor del Juzgado de Instrucción que corresponda de los de Sevilla, lugar
donde se realizaron los hechos que pueden revestir trascendencia delictiva, artículo 14.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). A
este fin habrá de deducirse testimonio de los particulares obrantes a los folios 164 a 168; 255 a 258: 313 a 317; y 361 a 367; 581;
659 y 660; así como de la presente resolución.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
SSª DIJO: Se decreta el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones al no existir indicios de la
comisión de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, excepto lo referido en el fundamento de Derecho quinto, a
cuyos efectos se deducirá testimonio de los particulares obrantes a los folios 164 a 168; 255 a 258; 313 a 317; 361 a 367; 581; 659
a 660, así como del presente auto, y se remitirá al Juzgado de Instrucción Decano de los de Sevilla. Una vez firme la presente
resolución procédase a la devolución del material informático incautado a sus propietarios.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación en el plazo de Tres días que se interpondrá ante este mismo juzgado.
Así lo acuerda manda y firma D. Gregorio del Portillo García Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nº DOS de
Móstoles.
DILIGENCIA:- se cumple lo acordado; doy fe.
03-09-92 "El País" EL JUEZ ARCHIVA LAS ACTUACIONES SOBRE UNA RED DE DATOS INFORMÁTICOS EFE. El
juez de instrucción número 2 de Móstoles, Gregorio del Portillo, ha archivado en un auto las actuaciones contra Joaquín González,
propietario de Publi-Gest, y otros presuntos implicados en una supuesta red de compra venta de datos informáticos.
El juez sólo aprecia un posible delito de cohecho que González podría haber cometido por sus gestiones con una
funcionaría de la Junta de Andalucía para conseguir de otro funcionario la relación de vehículos matriculados en la región. Sin
embargo, Del Portillo remite el supuesto al juzgado competente de Sevilla.
La empresa Publi-Gest recopilaba "datos de personas y empresas" relata el auto, los cuales el juez estima que "no son
secretos, en el sentido de que afecten a la esfera íntima de la persona". El auto judicial señala que los datos procedían de la
compra venta con otras empresas del sector, y de listados proporcionados por partidos políticos, sindicatos, Seguridad Social y
ayuntamientos. La información se obtenía también "mediante solicitud directa a los organismos o funcionarios públicos" aunque el
juez no ve indicios de que los funcionarios recibiesen dinero por ellos.
Miguel Moreiras, juez de delitos monetarios ante la Audiencia Nacional, impuso diversas fianzas a los implicados antes de
inhibirse.
19-9-92 "ABC" pág.77 RECURRIDO EL ARCHIVO DEL CASO DE VENTA DE DATOS INFORMÁTICOS. Madrid, S.S.E.
La Comisión de Libertades e Informática CLI, personada como acusación particular en la causa abierta tras el desmantelamiento de
una red dedicada al tráfico de datos personales, ha recurrido el auto de archivo de las diligencias. Según la Comisión existen
indicios para pensar que el principal implicado cometió cohecho en Andalucía y Madrid.
Como se recordará, el titular del Juzgado número 2 de Móstoles, decidió recientemente archivar el caso, abierto en enero
cuando la policía desarticuló en Madrid una red dedicada a vender datos personales de millones de españoles a agencias de
publicidad, y remitir las diligencias a Sevilla por creer que hay indicios para pensar que únicamente Joaquín González López,
propietario de la empresa «Publi-Gest», cometió un delito de intento de soborno a funcionarios de la Junta de Andalucía.
La Comisión, aunque se felicita de esta parte de la resolución judicial, la ha recurrido ante la Audiencia de Madrid por que
en su opinión las diligencias no deben de ser trasladadas a Sevilla «porque hay indicios de otros delitos de cohecho supuestamente
cometidos en Madrid por González López». La CLI recurrió anteriormente ante el Tribunal Constitucional la inadmisión por el
Juzgado de Móstoles de las pruebas que solicitó como acusación particular, aunque de momento esta instancia jurídica no se ha
pronunciado.
103

Por otra parte la CLI ha criticado «la negligencia de los gobiernos por no haber elaborado, hasta ahora, una ley que
proteja los datos informatizados de las personas.
19-09-92 "El País" página 20. LA CLI RECURRE CONTRA EL ARCHIVO DEL CASO DEL TRÁFICO DE DATOS
PERSONALES. El País. La Comisión de Libertades e Informática (CLI), que ejerce la acción popular en el caso de tráfico de miles
de datos personales en el que se vio implicado el pasado mes de enero un empresario madrileño, ha presentado ante la Audiencia
Provincial de Madrid un recurso de apelación contra el auto de archivo de las diligencias abiertas por el Juzgado número 2 de
Móstoles.
La CLI también ha recurrido contra el traslado de las diligencias a Sevilla, ya que el juez instructor entendió que existían
indicios de un delito de cohecho. "Nos felicitamos de que el juez entienda que pueden existir un delito de cohecho, pero no por ello
las diligencias deben de ser trasladadas a Sevilla", señala un portavoz de la asociación.
El catedrático Diego López Garrido, que ha tramitado el recurso, recurrió también en nombre de la CLI ante el Tribunal
Constitucional la no admisión por el juzgado de Móstoles de todas las pruebas solicitadas en el caso por la CLI como acusación
particular. La CLI, que agrupa a varias asociaciones profesionales de informáticos, juristas, técnicos y sindicatos ha aprovechado
esta ocasión, "para poner de manifiesto la irresponsabilidad de los Gobiernos por no haber elaborado hasta ahora una ley
de desarrollo del artículo 18 de la Constitución que hubiera evitado conductas como la del empresario citado".
29-09-1992, "El Mundo" página 24 Sociedad.
La que ya se conoce como Ley de Datos Personales recibirá, con el apoyo del PSOE, el visto bueno del Senado
mañana. Según el autor de este artículo, la aprobación del proyecto supondrá una ampliación del marco de la «ley Corcuera»
y una vulneración absoluta de la intimidad de los españoles.
YA CASI NO HAY TIEMPO. Rafael Fernández Calvo/ Miembro de la Comisión de Libertades e Informática. Con el casi
exclusivo apoyo del Grupo Parlamentario Socialista está a punto de consumarse el que bien podría ser el último acto de lo que
supondría un grave ataque contra los derechos y libertades reconocidos por nuestra Constitución. Se trata esta vez de la Ley de
Datos Personales, norma cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales
(LORTAD).
Al contrario de la Ley de Seguridad Ciudadana, la LORTAD viene pasando casi de puntillas por el escenario político y
social del país; solamente el esfuerzo de los medios de comunicación, la insistencia de entidades como la CLI (Comisión de
Libertades e Informática) o circunstancias puntuales como el descubrimiento a principios de este año de una red de tráfico de datos
personales han logrado suscitar en la opinión pública una chispa de interés por un tema que, sin embargo, tiene cada vez más
relevancia en una sociedad crecientemente tecnificada como la nuestra; la amenaza (gris y oculta, pero ubicua) que el mal uso de
las tecnologías informáticas puede suponer contra los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, en especial contra el
derecho a la intimidad («privacidad» la llamarían los más anglófilos).
En España contábamos con la ventaja de que nuestra Constitución ya previó este peligro pues en su artículo 18.4º los
padres fundadores establecieron que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos». Digo «contábamos» porque los sucesivos gobiernos democráticos han
ido dejando ese artículo relegado al último escalón de las prioridades legislativas y, mientras tanto, la creciente penetración de la
informática en la vida social y económica, combinada con la falta de legislación y la escasez de escrúpulos, ha abierto la puerta a
usos y abusos hoy tan extendidos que es dudoso que la ley -la mejor ley- pueda ponerles remedio en breve plazo.
Ha tenido que llegar, el catorce años después, el acuerdo de Schengen (que desde una perspectiva de alto contenido
policial, regulará la circulación de personas en los países de la Comunidad Europea) para que el Gobierno español se haya visto
obligado a enviar a las Cámaras la ya citada Ley de Datos Personales; y «obligado» es el término justo porque no se puede ser
miembro de dicho acuerdo sin contar con legislación al respecto.
El problema es que esta ley, en su redacción actual, no solamente no soluciona los problemas apuntados sino que, en
algunos casos, los agrava y abre la puerta de par en par a la posibilidad de que las Administraciones Públicas de cualquier ámbito y
nivel limiten, por motivos genéricos y difícilmente verificables, los derechos de acceso y rectificación de los ciudadanos sobre sus
propios datos personales (véase el artículo 22.1º ejemplo de norma ambigua y omnicomprensiva).
Especial mención, por su inherente peligrosidad, merece el artículo 20.3º, según el cual los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado podrán recoger e informatizar datos tan sensibles, y protegidos constitucionalmente, como la ideología,
religión o creencias de las personas, sin control alguno por parte de los órganos judiciales o de la Agencia de Protección de Datos.
Es más que dudoso que un artículo como el citado (versión informática del proyecto del mismo número de la Ley de
Seguridad Ciudadana) cumpla el mandato constitucional del artículo 18.4º de «limitar» el uso de la informática; más bien abre
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espacios de limitada autonomía policial propios de un Estado autoritario, susceptibles además de crear situaciones de incomodidad
para los propios organismos policiales.
Cuestiones como la independencia real respecto al Poder Ejecutivo de la Agencia de Protección de Datos (organismo que
controlará el cumplimiento de la ley) y su composición podrían ser también objeto de discusión pero, para no aburrir a los lectores,
nos limitaremos a expresar de nuevo la preocupación de la CLI, como otras entidades y ciudadanos, siente, por una parte, hacia
una ley que puede hacernos retroceder en el camino hacia una sociedad cada vez más abierta y democrática y, por otra, respecto a
la aparente falta de interés que esta misma sociedad (incluso en sus estratos más ilustrados y concienciados) muestra hacia un
asunto de tanto calado.
Este desinterés está siendo aprovechado por el partido del Gobierno para negarse a aceptar enmiendas (que en gran
parte recogen las propuestas de la CLI) de la gran mayoría de los grupos parlamentarios que se dirigen a conseguir que la ley sea
plenamente respetuosa con la Constitución y con los derechos y libertades de los ciudadanos.
Si entre todos no lo logramos, la única salida sería solicitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a quienes
están legitimados para ello (Defensor del Pueblo, diputados o senadores, Comunidades Autónomas o -por qué no- al mismísimo
presidente del Gobierno. En esta dirección se moverían sin duda los esfuerzos de la entidad a la que represento.
30-9-1992 "El Mundo", página 20 completa, encuadrada. ORDENADORES CONTRA LA INTIMIDAD.
EL SENADO DEBATE HOY LA LEY ORGÁNICA DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS. Vicente Mateu.
Madrid. El Senado aprobará hoy, con todas probabilidad gracias a la mayoría socialista, la Ley Orgánica de Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD). Una norma que ha provocado en su contra una rara unanimidad entre los
partidos de la oposición, por considerarla una mera continuación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
"Es como la patada en la puerta, pero sin hacer ruido", afirma la senadora del Partido Popular Rosa Guindel. Una opinión
que mantiene también la Comisión de Libertades e Informática (CLI). El PP ha presentado en el Senado una enmienda de veto que,
aunque es casi imposible que prospere, es un reflejo de la preocupación suscitada. No en vano la ley se adentra en el escabroso
terreno de la intimidad de los ciudadanos.
"La LORTAD no garantiza los derechos fundamentales amparados por la Constitución", resume la senadora Rosa
Guindel. Para el diputado de IU José Luis Nuñez, la protección de datos sensibles que ofrece la ley es sencillamente «inadecuada».
El PSOE, por su parte, ha intentado negociar algunos aspectos concretos de la ley. Al parecer estaría dispuesto a modificar el
proyecto incluyendo la necesidad de plasmar por escrito el consentimiento del ciudadano al que se le pidan sus datos personales.
Aún así, el voto de IU «seguirá siendo no», según José Luis Nuñez.
Los dos principales argumentos en contra de la LORTAD, tal y como se está redactada actualmente, son la libertad de
movimientos que se conceden a las administraciones públicas para manejar sus ficheros y a las Fuerzas de Seguridad del Estado
para recabar datos sin control judicial. El tercer argumento pone en cuestión la independencia de la Agencia de Protección de
Datos, cuyo director será nombrado por el Gobierno.
Izquierda Unida cree al respecto que su estructura debería ser la de una comisión, en la que además se amplíe el carácter
representativo de sus miembros. Con la redacción actual de la LORTAD los sindicatos, por ejemplo, no participarían en esta labor
de control. Asimismo, IU pide que la Agencia cuente con la suficiente capacidad y medios como «para garantizar el derecho de
acceso y rectificación de los datos por parte del ciudadano».
El proyecto «rebaja los límites de protección de los derechos fundamentales», según la senadora Guindel. En su opinión,
es incluso más restrictivo que el Convenio del Consejo de Europa de 1981, «que nos obliga a proteger los derechos fundamentales
frente a los abusos de la informática».
El diputado de IU afirma por su parte que «el problema es el nivel de protección» de los datos, pues se marcan «limitaciones
que van más allá de la finalidad de la ley». Según José Luis Nuñez, hay datos «muy sensibles» que no tienen por que ser
informatizados, ni aun con la excusa de una investigación policial. «Datos como la raza o la vida sexual pueden estar incluidos en
un sumario sin necesidad de almacenarlos en un ordenador».
Las facilidades que se dan a las Fuerzas de Seguridad para recoger datos de toda índole sin ningún control -explica
Nuñez- sería una consecuencia del Acuerdo de Schengen, que atribuye a España el papel de gendarme de la frontera sur de la
Comunidad. La lucha contra la inmigración ilegal impone la creación de un «soporte informático» para el que se consideran útiles
datos como el color de la piel, creencias, ideología, etcétera.
Al margen de la lucha política, la Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha sido prácticamente la única organización
que ha intentado sensibilizar a la opinión pública ante las amenazas que se ciernen sobre su intimidad.
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La CLI está formada por colectivos profesionales de la informática, los sindicatos CCOO y UGT, la mayoría de las
asociaciones de consumidores y organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Jueces para la
Democracia.
La CLI considera inconstitucional algunos preceptos de la LORTAD. A su insistencia, prácticamente en solitario, ante los
distintos grupos parlamentarios se debe, entre otras cosas, que la ley que hoy se aprueba en el Senado al menos exija el
consentimiento «por escrito» del ciudadano que acepta entregar sus datos.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. La Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha conseguido que la LORTAD pueda
incluir finalmente cuestiones como el consentimiento por escrito del ciudadano. No obstante, quedan fuera aspectos como el control
del Registro Central de Penados y Rebeldes que, por la entidad de los datos que contiene -«altamente sensibles»-, debería estar
bajo el control directo de la Agencia de Protección de Datos. En el proyecto que hoy aprueba el Senado, se ve afectado por las
mismas disposiciones que el Registro Civil.
Otra pequeña modificación, aunque muy importante, es la referencia a los criterios de clasificación de los datos, para los
cuales sólo podrán utilizarse «criterios que no se presten a practicas ilícitas», según dictamino la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados. La CLI proponía exactamente que dichos criterios gocen, además, «de plena aceptación social».
Probablemente también se consiga en este caso que esta exigencia afecte a todos los ficheros de datos personales, y no
sólo a los de titularidad privada y finalidad de difusión comercial.
UN CONSENTIMIENTO NO SIEMPRE EXIGIBLE. A pesar de regular derechos fundamentales de la persona la LORTAD
permite en su artículo 11 que otra ley pueda prever la recogida de datos personales para funciones distintas de las inicialmente
previstas, así como información sobre ideología, religión o creencias.
Cuando otra ley contemple esta posibilidad, no será exigible el previo consentimiento del afectado que cede sus datos.
También quedan excluidos de esta obligación el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y los jueces o tribunales.
De las 41 propuestas de enmienda planteadas por la CLI, sólo una fue aceptada totalmente, mientras otras siete lo eran
parcialmente. Sin embargo, casi la totalidad de ellas fueron recogidas por los grupos parlamentarios de la oposición.
1-10-1992 "El MUNDO" Sociedad página 20 (sin firma) El Senado debate las 222 enmiendas presentadas por los
grupos políticos EL GRUPO SOCIALISTA RECHAZA LOS VETOS AL PROYECTO DE LEY DE DATOS INFORMÁTICOS.
Para el Partido Popular, esta ley es la otra cara de la «Ley Corcuera».
El pleno del Senado rechazó ayer por mayoría absoluta los dos vetos presentados por los grupos Mixto y Popular al
proyecto de Ley Orgánica del Tratamiento Automatizado de los datos de Carácter Personal (LORTAD), y procedió al debate de las
222 enmiendas presentadas a este proyecto de ley orgánica por todos los grupos menos el socialista, comenzaron a debatirse por
el pleno de la Cámara Alta sin la asistencia de ningún miembro del Gobierno.
El debate de cada una de las enmiendas se prolongó durante la tarde y al cierre de esta edición aún no había concluido. Al
término del debate se procederá a la votación que, según señaló a EFE un portavoz socialista, podría tener lugar por la noche o en
la mañana de hoy.
LOS DATOS PRIVADOS. Por el Grupo Popular, la senadora Rosa Vindel destacó ante el Pleno del senado, las
imperfecciones del proyecto y aseguró que con la actual redacción «la Administración puede hacer lo que quiera con los datos
privados de los ciudadanos».
Según la senadora del Partido Popular, esta ley «es la otra cara de la moneda de la ley de seguridad ciudadana», al
permitir a la policía el acceso a datos personales de los ciudadanos simplemente cuando lo considere necesario. «Por eso hemos
presentado una enmienda pidiendo la previa autorización judicial», dijo.
Por su parte la senadora socialista Carmen Cerdeira defendió el texto presentado por el Gobierno y dijo que la ley sobre
datos informáticos «constituye el marco legal adecuado para manejar los datos informáticos».
Cerdeira señaló que «las diferentes posturas de los grupos se han mantenido desde el principio del debate de esta ley», y
añadió que «es difícil que prosperen las enmiendas» presentadas, ya que el texto del Congreso «está completo» con las
modificaciones que el Grupo Socialista introdujo en las Cortes.
Rosa Vindel manifestó que «es un error que la ley se apruebe tal y como está» y coincidió con la senadora socialista en
que no se va a aprobar ninguna enmienda en el Senado: «Las rechazan porque están firmadas por el Partido Popular», aseguró.
Vindel añadió que el proyecto no se ajusta al Convenio de Europa sobre la protección de datos personales y que vulnera
el derecho a la intimidad de los ciudadanos».
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DERECHOS CIUDADANOS. Para la senadora socialista, Carmen Cerdeira, «están garantizados los derechos de los
ciudadanos» en este proyecto de ley, que «se ajusta a los convenios internacionales y a la normativa comunitaria sobre protección
de datos informáticos», aseguró.
Cerdeira añadió que «no existen argumentos para desconfiar» y que «la agencia de protección de datos que se crea como
ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena de capacidad pública y privada, independiente de las
Administraciones públicas, garantiza su independencia».
4-10-1992 "El Mundo", Domingo pág. 28 Loyola del Palacio/ Diputada del Partido Popular. LA LEY DE INFORMÁTICA:
LIBERTAD VIGILADA. Esta semana concluía en el Senado la tramitación de la Ley orgánica de Regulación del Tratamiento
Automatizado de los Datos de Carácter Personal, más conocida por Ley de Informática. La mayoría socialista, tras rechazar en la
Cámara Alta cualquier modificación de un texto manifiestamente mejorable, daba golletazo a un debate que le resultaba
especialmente incómodo, pues este era la penúltima traición de los socialistas a las libertades que declararon abanderar y por las
que lucharon desde la oposición.
Después de la «Ley Corcuera», cuando de una patada en la puerta se fracturó el apartado 2 del artículo 18 de la Constitución,
hoy se da una patada con alevosía a la puerta a nuestra intimidad más profunda, que queda aún más frágil e inerme, ante este
atentado sigiloso que hace mucho más difícil nuestra defensa frente a los posibles abusos.
La protección del individuo frente a los peligros dimanantes de la informática parten del concepto de la intimidad o -por qué
no un neologismo- de privacidad. El que uno sea titular de una tarjeta de crédito, suscriba un seguro de vida, tenga vivienda
alquilada, compre un coche puede ser ajeno a la intimidad. Pero, indudablemente, la difusión incontrolada de todos estos datos que
quedan reflejados, que quedan almacenados en un ordenador, puede suponer, en un momento dado, grandes riegos y perjuicios
para el interesado.
INTIMIDAD. En nuestra época se ha superado ampliamente el derecho a la intimidad considerado como una facultad para
estar solo, como un derecho a la soledad y aislamiento -según la definición que en su día hicieron Warren y Brandeis- para
convertirse en la capacidad de control que tiene el ciudadano sobre las informaciones que a él se refieren. Es decir, en el legítimo
derecho a no revelar a los demás -sean los demás la Administración o los otros particulares- determinados aspectos de nuestras
relaciones con otras personas, de nuestras características físicas y mentales que juzgamos deben permanecer en un plano
reservado o privado.
Esta ley pretende tutelar el honor, la intimidad personal y familiar frente a los posibles abusos de la informática. Para ello
configura una serie de derechos subjetivos, instrumentales digamos que permitan que no se llegue a vulnerar esos derechos
fundamentales. Así establece los derechos de información y consentimiento por parte del interesado a la hora de recabar los datos;
el de acceso, verificación y cancelación como garantía de la calidad y adecuación de éstos; la limitación en el tiempo en el
almacenamiento y la regulación de la cesión de los datos o acceso a los archivos.
También define además una serie de datos denominados «sensibles», cuya recogida y almacenamiento están prohibidos
o limitados, como son aquellos referidos a la ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual. Contempla además la
creación de un organismo encargado de garantizar y de hacer efectivos esos derechos, la Agencia de Protección de Datos. Todos
estos nuevos derechos y garantías, destinados a limitar la libre circulación de información, para garantizar la privacidad de los
ciudadanos, aunque con algunas deficiencias técnicas son en principio suficientes.
ORDENADORES PÚBLICOS. El problema de la LORTAD es que una vez más nos encontramos ante una doble moral:
nos protege frente al sector privado, pero nos deja a merced de los ordenadores de titularidad pública.
El Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, que dispone de toda la maquinaria administrativa, con ordenadores
potentísimos y nutridísimos como el «Rita» de Hacienda o el «Berta» de la Policía, amén de los del Insalud, Inem; o el censo, por
no citar más que algunos ejemplos, puede, gracias a esta Ley, recabar cuantos datos no «sensibles» quiera a nuestras espaldas,
sin cumplir con la obligación de informarnos -no para perseguir una infracción o por razones de seguridad del Estado, cosa lógicasino
sencillamente cuando «la información a los ciudadanos dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y
verificación de las administraciones públicas.
Lo malo es que la Administración llenará este indeterminado que puede cubrir cualquier cosa bajo el apelativo de
«funciones de control y verificación» y será ella también quien decida si es que se dificulta gravemente su actividad. Y no olvidemos
que la informática es básica porque si no sabemos que han recabado unos datos sobre nuestra persona y que éstos han sido
metidos en un ordenador difícilmente podremos ejercer ninguno de los otros derechos de consentimiento, acceso, rectificación,
cancelación.
Pero con ser muy grave no es esto lo peor. Con esta Ley en la mano, cualquier ciudadano puede ser objeto de
investigación hasta en los reductos más íntimos de su privacidad. En efecto, en ella se habilita a las Fuerzas de Seguridad del
Estado para que en una investigación concreta, si a su juicio es necesario, investiguen y almacenen datos sobre nuestras
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creencias, ideologías, vida sexual, salud o raza. Este texto es claro reflejo de la evolución desde la exigencia hacia el miedo a las
libertades en el campo socialista en los últimos 10 años. En 1984 se desarrollo el artículo 18.3 de la CE, que garantiza el secreto de
las comunicaciones, y se estableció la garantía de que un juez autorizaría el «pinchazo» de un teléfono.
Hoy, esa especie de alergia a los jueces que caracteriza a algunos ministros hace que el ciudadano sólo tendrá la tutela
judicial de su intimidad más sensible si la investigación exige recurrir a la intervención telefónica, si se hace mediante teleobjetivo,
micrófonos u otros sistemas ya no será necesario. Desaparecen por tanto esas garantías mínimas que deben amparar el respeto
de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un Estado democrático de Derecho, incluso frente al Estado.
EN SILENCIO. Además estos datos obtenidos pueden ser gravados, conservados, elaborados, modificados y
almacenados en un ordenador y llevar a cabo con ellos los cruces y operaciones pertinentes, y todo ello sin que el afectado se
entere de nada de lo que está pasando. No hay que pensar qué hubiera ocurrido en Alemania en los años 30 con las actuales
tecnologías y con una Ley como ésta.
El socialismo gobernante con su defensa a ultranza de la bondad del sector público y la lógica del poder ha derivado hacia
un afán controlador por parte del Estado de la sociedad toda y de los individuos que en ella se encuentran, ya aprobado con sus
votos y de algún compañero de viaje, esta ley que traiciona aquello que quisieron las Cortes Constituyentes y que asumieron los
españoles cuando aprobaron la Constitución, que permite todo tipo de abusos por parte de la Administración y que nos sitúa en
plena indefensión ante ese enorme complejo informático que es el Estado, ante esa realidad omnipresente que es el «Gran Hermano».
De hecho estamos en libertad vigilada.
6-10-1992 "ABC" Matías N. Rubio Madrid LA CLI PROMOVERÁ UN RECURSO CONTRA LA LEY DE DATOS
PERSONALES POR INCONSTITUCIONAL. Fue aprobada la semana pasada con los votos del Grupo Socialista. La
Comisión de Libertades e Informática (CLI) anunció ayer su intención de promover un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD). La CLI
considera que esta Ley no responde a las expectativas creadas, ya que no protege satisfactoriamente la intimidad
personal de los ciudadanos ante el uso inadecuado de sus datos personales.
Como se recordará esta ley, conocida como Ley de Datos Personales, fue aprobada el pasado jueves en el Senado con
los votos a favor del Grupo Socialista, que no admitió ninguna de las 222 enmiendas presentadas, y el rechazo de la práctica
totalidad de la oposición. Se prevé que la Ley entre en vigor el próximo mes de enero.
Rafael Fernández Calvo, representante de la Asociación de Técnicos de Informática en la Comisión de Libertades e
Informática, organización no gubernamental que agrupa a diez asociaciones y sindicatos, afirmó ayer que "tal cual ha quedado la
Ley no es satisfactoria y no cumple las expectativas. Tiene aspectos positivos, como la regulación de ficheros de datos personales
en manos de entidades y empresas, pero algunos artículos nos parecen inconstitucionales, concretamente el 20.3 y el 22.1.
El artículo 20.3 de la LORTAD permite a las Fuerzas de Seguridad del Estado la recogida e informatización de datos sobre
ideologías, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual de los ciudadanos, sin que sea necesaria la intervención judicial o
fiscal. Por su parte, el artículo 22.1 restringe los derechos de información al ciudadano sobre los datos que sobre él puedan tener
las distintas Administraciones Públicas por motivos, tal cual recoge la Ley, relacionados con «funciones de control y verificación».
Según Luis Otero, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España en la CLI, el siguiente paso que van
a dar es promover la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los mencionados artículos 20.3 y 22.1, debido a que
«ni las presiones de la oposición ni las gestiones de última hora de la CLI para lograr una redacción transaccional de estos artículos
han logrado cambiar la actitud del grupo Socialista, que no ha querido buscar el más amplio consenso en una materia de esta
importancia, que afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos en una sociedad como la nuestra en que las tecnologías
informáticas tienen cada vez un papel más esencial».
EL PP, A FAVOR DEL RECURSO. En este sentido, según fuentes de la CLI, el Partido Popular, por boca de su diputada
Loyola del Palacio, ha manifestado la intención de su grupo parlamentario de presentar el mencionado recurso de
inconstitucionalidad en el Congreso. Como se recordará, el principal partido de la oposición ya presentó un veto en la Cámara Alta
que fue rechazado con los votos de la mayoría socialista.
Por una parte, la Asociación Española de Marketing Directo, que forma parte de la CLI, está promoviendo la elaboración
de «listas Robinson» en las que se pueden inscribir los ciudadanos que no quieran recibir publicidad por correo sin solicitarla.
Frente a esto, las asociaciones de consumidores han propuesto la creación de unas listas en las que se inscribirían los ciudadanos
que no tengan inconveniente en recibir folletos a su nombre sin solicitarlos.
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06-10-92 "El País", en la página 25, José F. Beaumont, Madrid: LA COMISIÓN DE LIBERTADES PROMOVERÁ UN
RECURSO CONTRA LA LEY DE DATOS LA COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA (CLI) PROMOVERÁ LA
PRESENTACIÓN DE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LORTAD, QUE SERÁ PROMULGADA EN
LOS PRÓXIMOS DÍAS...
El ciudadano español podrá exigir a partir de ahora .....
Esta práctica se deriva de la ley que concluyó la pasada semana......
.....y esta es la razón por la que la CLI que agrupa a profesionales, jueces, sindicatos, asociaciones de derechos
humanos y consumidores y usuarios va a promover el recurso de inconstitucionalidad ...
Según la dirección colegiada de esta asociación, el Grupo Parlamentario Popular se halla en buena disposición, tras.....
....han dicho los directivos de la CLI, Luis Otero, Antonio Farriols y Rafael Fernández Calvo.. recordemos que su
mandato duraba seis meses improrrogables y estos son los primeros y únicos nombrados o no el 25 de Abril de 1991..... ¿-?.
07-10-92 Se publica en el diario de sesiones del Senado la aprobación del mismo texto remitido por el Congreso sin
ninguna modificación a la LORTAD.
31-10-92 La LORTAD es publicada en el BOE.
EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS V
...........................
17-12-92 "El País" página 25 Sociedad Gráfico foto "Logotipo" del 10 de Enero. Pie de foto: Manuel Giménez, portavoz
de la policía, da cuenta de la red informática desmantelada en enero en Madrid. Efe. ARRESTADOS SEIS EMPLEADOS DE
EMPRESAS QUE COMERCIALIZABAN INFORMES. DOS FUNCIONARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DETENIDOS POR
VENTA DE DATOS Jesús Duva Madrid
DOS FUNCIONARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO DETENIDOS Y ACUSADOS DE VENDER
INFORMACIÓN RESERVADA A EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA COMERCIALIZACIÓN DE DATOS Y A LA
ELABORACIÓN DE INFORMES COMERCIALES. SEIS EMPLEADOS DE DOS DE ESTAS EMPRESAS TAMBIÉN HAN SIDO
ARRESTADOS EN MADRID Y VIGO (Pontevedra), según informó ayer la policía.
SEGÚN LAS INVESTIGACIONES, FUNCIONARIOS DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES TAMBIÉN HAN
TRAFICADO CON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, AUNQUE HASTA EL MOMENTO NO HAN SIDO DETENIDOS.
El Grupo de Investigación de la Seguridad Social, dependiente del Servicio Central de Policía Judicial, inició hace unos
meses pesquisas en varias provincias con objeto de desarticular distintas organizaciones dedicadas a la compraventa de datos
informáticos personales y comerciales, obtenidos irregularmente. Los citados agentes han contado con la colaboración de las
comisarías de Zaragoza y Vigo.
Las pesquisas determinaron que estas redes estaban integradas por funcionarios y personal laboral de la Administración,
que entregaban clandestinamente a algunas gestoras datos sobre las cotizaciones de empresas a la Seguridad Social, vida laboral
de los trabajadores y letras de cambio aceptadas e impagadas. Tales datos eran revendidos a empresas dedicadas a la elaboración
de informes comerciales.
Los funcionarios cobraban entre 1.000 y 1.500 pesetas por cada informe que facilitaban, motivo por el que alguno de los
implicados llegó a percibir 30.000 pesetas diarias. Con posterioridad, las empresas intermediarias revendían estos datos a sus
clientes a razón de 2.500 o 5.000 pesetas.
CAPTURAS EN MADRID Y VIGO. El pasado martes fueron detenidos en Vigo...... .... ..... ambos funcionarios de la
Seguridad Social, y .... .... años, empleada de la firma..... cuyo máximo responsable fue arrestado en Madrid. En esta ciudad fueron
detenidos también los cuatro empleados de ..... .... ........ ......
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Los agentes encargados del caso no han dado por finalizada la operación y continúan las pesquisas, ya que hay indicios
de que en la red delictiva hay implicados otros funcionarios corruptos pertenecientes a varios ministerios, como lo prueban los
documentos y los listados hallados en poder de las personas ahora detenidas.
El Servicio Central de Policía Judicial ya realizó en el mes de enero pasado otra operación que culminó con la
detención de un funcionario del Ministerio de Trabajo, acusado de vender información a una empresa de comercialización
de datos radicada en la localidad madrileña de Móstoles. Otros ocho empleados del Estado fueron investigados.
La empresa que pagaba a los funcionarios corruptos tenía información confidencial sobre 10 millones de
españoles. La Audiencia de Madrid archivó las diligencias el pasado septiembre, lo que hizo que la Comisión de
Libertades e Informática (CLI) presentara un recurso de apelación.
Un mando policial comentó ayer tarde que "este tipo de infracciones sobre venta de datos está en aumento, entre otras
cosas porque los potenciales clientes -empresas publicitarias y mercantiles- demandan cada vez más información y están
dispuestos a pagarla muy bien".
29-1-1993 "El País" J.F.B/B. de la C. (Madrid) EL PP Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECURREN LA LEY DE DATOS
ANTE EL CONSTITUCIONAL.
El Partido Popular presentará hoy un recurso de inconstitucionalidad contra cinco preceptos de la Ley Orgánica de
regulación del tratamiento Automatizado de Datos Personales (LORTAD), que entrará en vigor el próximo día 31. El titular del
defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, presentó ayer el suyo ante el Tribunal Constitucional contra dos artículos de la misma ley.
En cambio, no aceptó la sugerencia de su adjunta primera, Margarita Retuerto, para que impugnara también otros dos artículos
sobre tratamiento policial de datos sensibles y denegación de acceso a los interesados.
Los artículos recurridos por el Defensor del Pueblo son el 19.1 (cesión de datos entre Administraciones Públicas), el 22.1
(excepción al derecho de información y cancelación de datos por "razones de interés público"). Gil-Robles estima que todos ellos
vulneran el artículo 18.4 de la Constitución, según el cual "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar ...", así como el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
LIMITES A LA INFORMÁTICA.- En su recurso, de 42 folios, el Defensor del Pueblo resalta que los preceptos que
impugna "son precisamente los que dan un mayor margen de actuación a las Administraciones públicas para manejar sin
limitaciones los datos personales de los ciudadanos que obran en sus archivos y ficheros". Agrega que, en caso de que sean
declarados inconstitucionales, la Administración tendría limites muy precisos y concretos para el uso de la informática en contra del
deseo de los titulares de los datos personales".
El recurso se hace eco del dictamen de la Comisión de Libertades e Informática -elaborado por el catedrático de derecho
Constitucional Diego López Garrido-, que razonó la inconstitucionalidad de ocho preceptos, entre ellos los recurridos por Gil-Robles
y los impugnados, sin éxito, por Margarita Retuerto.
29-1-1993 "El Mundo" Pascual García Permiten a la Administración manejar sin limites datos personales de los
ciudadanos EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECURRE DOS DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DATOS INFORMÁTICOS El
PP, que presenta hoy su recurso, lo considera positivo pero insuficiente. El Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, presentó
ayer un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Informatizado de los
Datos de Carácter Personal (LORTAD).
En opinión de Gil-Robles estos artículos (19.1 y 22) vulneran la Constitución y dan margen a la Administración para
manejar sin limitaciones datos personales de los ciudadanos.
El apartado primero del artículo 19, según el recurso del Defensor del Pueblo al que ha tenido acceso este diario, «permite
la cesión de datos personales entre Administraciones Públicas sin el consentimiento de los afectados, posibilitando a la
Administración el decidir cuándo procede llevar a cabo estas cesiones de datos».
El recurso añade que esta cesión de datos entre administraciones deberían estar previstas en la ley «o, cuando menos,
que la Ley estableciese los requisitos, límites y condiciones a las que hubiera de someterse la Administración» en estos casos.
DERECHO A LA INTIMIDAD.- Álvaro Gil-Robles argumenta que el artículo 22.1 (que también ha sido recurrido), suprime
el derecho de los ciudadanos a ser informados en el momento de la recogida de los datos cuando se entienda que la información
puede dificultar «el cumplimiento de funciones de verificación y control de las Administraciones Públicas» o «la persecución de
infracciones administrativas».
En opinión del Defensor del Pueblo estas restricciones «no respetan el derecho constitucional a la intimidad».
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Alegando razonamientos similares el Defensor del Pueblo recurre el apartado segundo de este mismo artículo, que
restringe «los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los ciudadanos a sus propios datos personales que obran en
ficheros de titularidad pública, cuando se entiendan que estos derechos pueden ser contrarios al interés público o a los intereses
legítimos de terceras personas».
La ley fue aprobada el pasado 29 de octubre y entrará en vigor el próximo 31 de enero, ya que la presentación del recurso
no supone su paralización.
El Defensor del Pueblo interpuso este recurso a petición de la Comisión de Libertades e Informática (CLI) y de los
sindicatos CCOO y UGT.
Rafael Fernández Calvo, miembro de la Presidencia Colegiada de la Comisión de Libertades e Informática, recordó ayer
que esta asociación solicitaba el recurso contra siete artículos y una de las disposiciones finales de la ley.
Esta asociación espera que el recurso del defensor del Pueblo contra los artículos de la ley se amplíe a otros más cuando
el Partido Popular presente su recurso.
RECURSO DEL PARTIDO POPULAR.- El Grupo Popular es el único con representación parlamentaria suficiente para
presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Loyola del Palacio, diputada del Partido Popular, declaró ayer a EL MUNDO que su grupo presentará este recurso ante el
Tribunal Constitucional.
El Partido Popular recurre además de los citados artículos 19 y 22 de la ley el apartado segundo del artículo 6 y el tercero
del artículo 20.
La diputada «popular», calificó de «positiva pero insuficiente la actuación del defensor del Pueblo, ya que no recurre el
artículo 20, que permite a las fuerzas de Seguridad del Estado la recogida y el tratamiento informatizado de datos sobre ideología,
religión, creencias origen racial, salud y vida sexual de los ciudadanos sin intervención judicial, fiscal, ni de la Agencia de Protección
de Datos.
También la Comisión de Libertades e Informática (CLI) expresó ayer su «satisfacción relativa» por el recurso del defensor
del Pueblo, aunque manifestó su extrañeza ante la decisión de Álvaro Gil-Robles de no recurrir el artículo 20.3 de la ley, uno de los
más polémicos del proyecto, que entrará en vigor el próximo domingo 31 de enero.
2-2-1993 "DIARIO 16" José Miguel Fernández Barcelona En espera de que prospere el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, la ley entró en vigor con la consiguiente polémica, al permitir
el acceso a datos personales e íntimos. LA LORTAD DA PIE A LA POLICÍA PARA CONOCER «NUESTROS ÍNTIMOS
SECRETOS». Los Parlamentarios catalanes, a excepción de los socialistas, contra la nueva ley.
«La LORTAD atenta contra el derecho a la intimidad de las personas». «Deja a la policía las manos libres para saber
nuestros más íntimos secretos». «Es una segunda "Ley Corcuera"». «Vulnera la competencia de las comunidades autónomas en el
control de datos informáticos privados».
Estas son algunas de las opiniones vertidas, por políticos y portavoces de organizaciones de defensa de los consumidores
sobre la Ley Orgánica de Regulación del tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD) que ya esta en
vigor.
Pocas leyes, y esta es una de ellas, han despertado tal número de reacciones en contra. El resultado es que, antes de
nacer, el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, y el Parlamento de Cataluña, por diferentes razones han interpuesto sendos
recursos de inconstitucionalidad.
CENTENARES DE ENMIENDAS.- Después de la presentación de centenares de enmiendas en su lenta aprobación
parlamentaria, una parte de su articulado, fundamentalmente aquel que autoriza conocer datos íntimos de las personas a los
organismos públicos y, por ende, a las fuerzas policiales, ha levantado lasa más duras críticas.
Esta normativa se vio como necesaria tras la desarticulación hace un de una red que vendía ilegalmente a empresas de
marketing datos privados de 21 millones de españoles.
Mientras el Grupo Parlamentario catalán en el Congreso apoyó la ley, la coalición CiU en la Cámara catalana apoyó la
interposición del recurso. Su portavoz, Tomás Gilabert, reconoció que en su trámite parlamentario se produjo «una laguna legal», o
sea, reconoció que se equivocaron en su planteamiento.
La Policía tiene libertad, sin autorización judicial, para conocer todos los datos privados que requiera para iniciar una
investigación. Esta circunstancia podría vulnerar, según los expertos, los convenios internacionales que regulan los derechos
fundamentales.
111

«La LORTAD vulnera buena parte de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en la Constitución y los
convenios internacionales firmados por España. Es impensable que el parlamento catalán no presente recurso contra esos artículos
inconstitucionales», aseguró Magna Oranich, diputada por Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida. Por su parte, el parlamentario
Josep Lluis Carod-Rovira indicó que la LORTAD da absoluta libertad a la Policía para conocer todos nuestros secretos «lo que hace
temblar mi conciencia democrática. Es una segunda Ley Corcuera».
La Comisión de Libertades e Informática (CLI), a la que pertenecen todas las organizaciones de consumidores de España
y otros organismos defensores de los derechos humanos, considera que la LORTAD limita el acceso a los datos privados de
particulares y legaliza a las asociaciones «robinsones», formadas por las personas que desean desaparecer de las listas.
El presidente de la Unión de Consumidores de Cataluña, Jordi Pedret, señaló que las discrepancias sobre esta ley surgen
«en el tratamiento de los datos privados que posibilita a la policía y a ciertos estamentos públicos poder vulnerar el artículo 18.4 de
la Constitución».
5-2-1993 "El País" José F. Beaumont (Madrid). Nace la Agencia de Protección de Datos REGULADO EL ACCESO DE
LOS ESPAÑOLES A LOS FICHEROS CON INFORMACIÓN PERSONAL.
El ciudadano español al que un banco le deniegue un crédito podrá pedir a la entidad financiera los datos que
tenga sobre él para saber por qué no le dan el crédito o podrá dirigirse a su Ayuntamiento para que le informen sobre sus
datos en el fichero de las tasas públicas. Estas y otras acciones similares van a ser posibles dentro de unos meses,
cuando entre en vigor el real decreto de estatuto de la Agencia de Protección de Datos, pieza esencial que desarrolla la
Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD), que está en vigor desde el
pasado día 1 de este mes.
También podrá un trabajador, por ejemplo, pedirle a su empresa que le comunique todos sus datos contenidos en el
fichero de personal o solicitar que su nombre no figure en las listas a las que se envía habitualmente publicidad por correo. En el
caso de que todas estas entidades se nieguen a cumplir la petición ciudadana, los interesados podrán dirigirse a la Agencia de
Protección de datos.
Esta agencia tendrá la obligación, entre otras, de publicar y difundir un catálogo anual de los ficheros inscritos en los
organismos públicos en las comunidades autónomas y en la propia agencia.
También controlará los datos de carácter personal que traspasen las fronteras, como es el caso de la base de datos
policiales del sistema de información de Schengen (consorcio de nueve países europeos, entre los que se encuentra España, para
la eliminación de las barreras a la libre circulación de las personas).
El anteproyecto de real decreto de estatuto de la agencia ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia y se encuentra en
fase de consulta entre los distintos departamentos de la Administración, entre los expertos y entre las asociaciones ciudadanas.
Fuentes de la Administración estiman que en pocas semanas podrá ser aprobado por el Consejo de Ministros.
En la agencia estará el Registro General de Protección de Datos, encargado de velar por el ejercicio de los derechos de
información y cancelación de datos.
DATOS PÚBLICOS.- En este registro deberán inscribirse los ficheros de la Administración del Estado, de las
comunidades autónomas, ayuntamientos, Seguridad Social, empresas y entes públicos y las empresas y entidades privadas. La
agencia autorizará la actualización de los datos, su transferencia internacional y rectificación.
El director de la agencia será nombrado por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia, entre los miembros del
consejo consultivo. Este consejo estará integrado por representantes del Parlamento, de la Administración central y autonómica, de
asociaciones de consumidores y por un representante de ficheros privados.
DEMASIADA BUROCRACIA.- J.F.B. Madrid
La LORTAD es una ley largamente esperada y muy valorada en su conjunto "porque es la primera vez que se legisla de
forma global para corregir los abusos de la informática", pero ha recibido una oposición frontal en lo que hace referencia a las
excepciones sobre los ficheros en poder de las administraciones públicas.
Por estas últimas razones, determinados sectores profesionales, sociales y políticos han promovido distintos recursos de
inconstitucionalidad contra algunos de sus artículos.
Estos recursos acaban de ser presentados por el defensor del Pueblo, por el grupo Parlamentario Popular y por el
Parlamento de Cataluña (este último, sólo sobre temas de competencias autonómicas).
La Comisión de Libertades e Informática (CLI), que agrupa a diversas entidades ciudadanas (profesionales del derecho,
de la informática, consumidores y usuarios, sindicatos y asociaciones de derechos humanos), considera que el reglamento de la
112

Agencia de Protección de Datos tiene un marcado tono burocrático "y le faltan funciones y mecanismos que faciliten la relación
directa, ágil y rápida tanto con el ciudadano como con la sociedad civil.
Otra de las críticas que desde la Comisión de Libertades e Informática se hace al texto del reglamento de la agencia es
que configura este organismo como un instrumento demasiado dependiente del poder ejecutivo tanto en su nombramiento como en
su composición y funcionamiento.
Un peligro latente contra la independencia de la agencia es, según la CLI, es el método de designación por ternas de los
componentes del consejo consultivo (entre cuyos miembros el Gobierno nombra al director de la agencia). "Esto significa una clara
tendencia al control de la agencia por el ejecutivo", añaden.
EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS VI
8-5-1993 "EL MUNDO" Vicente Mateu Madrid Informática. LA CLI NIEGA MONTAJES CON LA LEY SOBRE
TRATAMIENTO DE DATOS * Las acusaciones de Joaquín González son «falsas» según la Comisión de Libertades e
Informática.
«Joaquín González tuvo suerte de que no existiera la Ley Orgánica sobre Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal (LORTAD", afirman miembros de la dirección de la Comisión de Libertades e Informática (CLI).
Este vacío legal habría sido el que permitió el archivo de la denuncia presentada en 1991 contra Joaquín González,
empresario de publicidad directa, por presunto tráfico de datos personales.
La CLI formada por representantes de los sindicatos, organizaciones de consumidores, profesionales de la informática y
miembros de la judicatura, entre otros, niega las acusaciones que les ha dirigido Joaquín González (Ver EL MUNDO de ayer), para
quien la denuncia contra él fue un montaje «para "arreglar" la LORTAD» durante el trámite parlamentario. También rechaza haber
servido a los intereses de ninguna multinacional, como también afirmó el empresario.
La CLI a la vez que califica de «tendenciosas y falsas» las afirmaciones de Joaquín González, recuerda su apoyo al
recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, el Grupo Parlamentario Popular y el Parlamento de Cataluña
contra algunos artículos de la LORTAD.
Miembros de la dirección de la CLI precisan además que se personaron como acusación particular en la denuncia contra
Joaquín González, «pero después de que el juez Miguel Moreiras devolviera el caso al juzgado de Móstoles donde se presentó en
un principio, y porque el caso nos pareció interesante desde el punto de vista de la opinión pública.
Asimismo, recuerdan que todavía hay pendiente una acusación de cohecho contra este empresario de la publicidad
directa. Se trata de una serie de conversaciones con un funcionario de la Junta de Andalucía -grabadas por orden judicial-, en las
que presuntamente se estaría tratando de la compra de datos procedentes de ficheros públicos.
Según explicaron los miembros de la CLI, las actividades de Joaquín González -que anteayer reconoció haber copiado los
ficheros que le facilitaban partidos políticos y organismos de la Administración- tendrían actualmente la calificación de falta, y
podrían ser objeto de sanción administrativa. Si estuviera aprobado el nuevo Código Penal, serían constitutivas de delito,
susceptible de penas de prisión.
La dirección de la CLI insiste en que esta organización «no se presta a ningún tipo de manipulación por ninguna empresa
o entidad, dado que es independiente y democrática, en la que están presentes y participan activamente entidades con una
reconocida trayectoria y solvencia».
1-10-1993 "Diario 16" Cartas al Director. Autor Joaquín González López LOS IMPLICADOS EN LA «RED» DE TRÁFICO
DE DATOS INFORMATIZADOS. EL anterior ministro de Justicia en comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso,
el 11-2-92, prometió en nombre del Gobierno que «El fiscal perseguirá hasta el final la responsabilidad penal de los implicados en la
«RED» de tráfico de datos personales informatizados descubierta por la Policía en enero de 1992.
En septiembre de 19921 elevé escrito al fiscal general del Estado informando sobre los inmorales y, supuestamente,
delictivos «manejos» policiales y judiciales que pudieran haber cometido, en su afán de trasformar el articulado de la LORTAD con
fines mercantilistas en beneficio de terceros.
Posteriormente presenté escrito en forma de querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra don Miguel
Moreiras Caballero, por supuestos delitos de prevaricación. Este escrito que dio origen al preceptivo antejuicio cuyo representante
llegó a afirmar que «existían indicios para pensar que pudo existir premeditación» en la injustificable «privación de libertad» de
Joaquín González López. Antejuicio que fue estimado y publicado.
113

Posteriormente, el Tribunal Supremo, sin ningún apoyo legal válido, inhibió a su favor al Tribunal Superior de Justicia.
Primero, el representante del ministerio Fiscal actuante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, luego, los tres magistrados
componentes de la Sala actuante, en un claro ejemplo de lo que nunca debe hacerse, incumplieron la ley, falsearon los antecedentes
de hecho y llegaron, en un exceso de proteccionismo corporativo, a negar el derecho al antejuicio que concede la ley.
El Tribunal Supremo, la más alta Magistratura del país, incumple el art. 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
«trasforma» intencionadamente los antecedentes de hecho, realiza unos «parciales» razonamientos jurídicos que le llevan a emitir
un auto vergonzante en cuanto a derecho.
El artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial deberá ser derogado.
Ruego a usted, señor ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, que, en cumplimiento de la promesa efectuada por su
antecesor, en nombre del Gobierno que ambos representan, dé instrucciones al fiscal general del Estado para que, de acuerdo con
lo previsto en el art. 409 de la ley orgánica del Poder Judicial y de acuerdo con el art. 61.4º de la misma ley orgánica se juzgue
públicamente al juez Miguel Moreiras Caballero por supuestos delitos de prevaricación //Joaquín González López /Madrid.
28-07-1994 "EL PAÍS" B. de la C. (Madrid) Sociedad pág. 19 LA COMISIÓN DE LIBERTADES CRITICA EL DELITO
INFORMÁTICO. La Comisión de Libertades e Informática (CLI) considera que el proyecto de Código Penal remitido por el Gobierno
a las Cortes "tiene un enfoque obsoleto y es manifiestamente insuficiente en lo que se refiere a la tipificación de los llamados delitos
informáticos".
La CLI cree escasa la pena de uno a cuatro años de cárcel para quien se apodere de datos reservados personales o
familiares, sin agravarla cuando se trata de datos sensibles como los relativos a ideología, religión, creencias, origen racial, salud o
vida sexual. También critica que el delito castigue una conducta individual "más o menos artesanal", dice, y se olvide de los grupos
organizados "con potentes herramientas tecnológicas" y ánimo de lucro.
19-02-1995. "El País" Especial DOMINGO tres páginas completas para publicar un artículo que firma Pablo Ordaz.
TODOS FICHADOS 228.785 archivos informáticos controlan, como El Gran Hermano, cada movimiento de los españoles.
Me han pedido un trabajo que no sé si lo vamos a poder dar.
-Dime.
-Vamos a ver, me piden personas mayores de 65 años con pisos en propiedad en la Comunidad de Madrid.
-Se pueden sacar del padrón. Pero lo que sí tenemos ya disponibles son 1.400.000 viudas en toda España, que la
mayoría o una gran parte puede tener piso en propiedad. Y además, ya sabemos que son viudas. El padrón de Madrid nos dice
quién es el propietario de la finca, pero no en todos los casos ..., es mucho más efectivo el de la Seguridad Social , porque sabemos
hasta el banco el número de cuenta y lo que está ganando esta pobre gente. A tu cliente le interesa mucho más este fichero.
-O sea, ¿de las viudas que les podemos dar, cuánto ganan?.
-Y en qué banco lo cobran, qué cobran por viudedad, en qué sucursales, el número de cuenta, mes de nacimiento, año de
nacimiento, DNI y demás.
-O sea, me has dicho que hay 1.400.000 viudas.
- Un millón cuatrocientas mil en toda España. Pégales caro a esta gente, pégales duro, que este fichero no lo tiene nadie.
Que sabemos lo que ganan, si trabajan con bancos, o si cobran en ventanilla.
-Vale, vale, de acuerdo.
-Y, además diles a tus clientes que se les puede incorporar teléfono, claro que no sé cuántas van a tener el teléfono a su
nombre.
-Yo de momento les ofrezco esto, ¿a cuanto se lo vendo?.
-Caro, caro. Depende de la cantidad que te digan. O sea si te piden 100.000 a 50 pesetas .
-Vale hombre; fíjate, esto son 5.000.000 de pesetas,
-Exacto, si quieren invertir, si quieren hacer juegos con esas pobres mujeres, joder, que ganemos todos, ¿no?, que ganemos
todos.
Sólo es una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía. Hay muchas más. Y no siempre son las viudas
con piso el blanco perseguido. Valen los pilotos de Iberia, los ejecutivos, los que cobran más de 10.000.000 de pesetas, los que
cobran menos, los buscadores de paz espiritual, los calvos y los que lo serán de aquí a 100 años. O sea, todos. Se calcula -y en el
114

cálculo coinciden todas las fuentes consultadas- que los datos de cada ciudadano están archivados en más de 200 ficheros
informáticos. En toda España, según el registro de la Agencia de Protección de Datos (APD), existen 228.785 bases de datos, de
las que 108.041 pertenecen a empresas privadas. ¿Qué tipo de información contienen? ¿Con qué intenciones se guardan? ¿De
dónde proceden? ¿Estamos seguros de que se mantienen en secreto?.
El escritor George Orwel se quedó corto en su novela 1984 El Gran Hermano te vigila. Ahora se puede añadir: El Gran
Hermano conoce todos tus datos.
La publicación de esta primicia informativa, y el que las cintas de ordenador intervenidas, lejos de ser trasladadas al Centro de
Calculo que la Dirección General de la Policía tiene en El Escorial como debieron haber hecho si hubieran actuado legalmente,
desde los mismos locales en los que fueron intervenidas se trasladaron a las instalaciones de Policía judicial en la Carretera de
Canillas para decorar el local donde –al día siguiente de haber sido intervenidas y detenidas siete personas inocentes- ante la
practica totalidad de los medios de comunicación social, la Dirección General de la Policía acuso a siete personas a las que
conocía inocentes INTENCIONADAMENTE las acusó del inexistente delito de tráfico de datos informatizado, antes incluso de
que los detenidos prestaran la preceptiva declaración.
115

Como prueba de ese delito de falsedad intencionada al facilitar información oficial a los medios de comunicación social
en el que incurrieron el Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín y/o sus
cómplices, el Portavoz de la Dirección General de la Policía don Manuel Giménez Cuevas (posteriormente premiado con
un puesto de presentador en el matinal de la Primera Cadena de Televisión Española) y el Inspector Jefe del Grupo de
Fraudes que acordó auto-heredar a nuestro mandante antes de que el inocente utilizado fuera asesinado, y de que la
citada Autoridad Judicial competente fue el Magistrado Martín Pallín la tenemos en el articulo que a continuación se reproduce
donde “El País” público esta falsa noticia justo al día siguiente de que la Dirección General de la Policía, antes de tomarse
declaración alguna a las siete personas detenidas facilitara la rueda de prensa e informara a la practica totalidad de los medios
de comunicación social de cómo el denunciante fue un tal Manuel cuyo segundo nombre era Argimiro, datos que solamente
figuraba en la documentación de la Seguridad Social que, ante el entonces Juez de los delitos monetarios don Miguel Moreiras
Caballero, denuncio el haber recibido una carta publicitaria. En http://padrecoraje.es/pdf/argimiro-elpais.pdf en documento
PDF encontrara las dos páginas anteriormente reproducidas.
11-01-92 "El País", en portada: FUNCIONARIOS DE TRES MINISTERIOS VENDÍAN DATOS RESERVADOS DE 21
MILLONES DE ESPAÑOLES. Ud. tiene grandes posibilidades de que el saldo de su cuenta corriente y su declaración
de la renta estén ya en manos de..... ...a una empresa que trafica con ellos. La policía ha detenido a siete personas e
incautado material informático valorado en 1.000 millones de pesetas. Saldos de cuentas bancarias, sueldo domicilio,
declaraciones de la renta, número de la seguridad social...
Sociedad página 16 Luz Sánchez Mellado, Madrid. LA POLICÍA INVESTIGA A LOS FUNCIONARIOS QUE
VENDÍAN DATOS PRIVADOS A UNA RED DE TRAFICANTES. Los detenidos son Joaquín González López, de
profesión chofer, cerebro del grupo; Carlos Álvarez Obregón, Gabriel Usera Fernández, Aníbal Moreno Crespo,
Ricardo Alcántara Vega y Alfonso Martínez Melquizo. Todos ellos pasaron ayer a disposición de la Audiencia
Nacional.
La operación policial se inició hace varios meses, cuando un ciudadano llamado Manuel recibió en su casa una carta
publicitaria en la que figuraba su segundo nombre propio, Algimiro, dato que sólo conocía su familia y la Seguridad
Social ya que únicamente en documentos oficiales de este organismo había incluido su segundo nombre, Manuel
Argimiro denunció el hecho, y la operación se puso en marcha. 1.000 MILLONES DE PESETAS. Las pesquisas
policiales llevaron a los agentes a tres inmuebles de Madrid. Dos de ellos en un piso en Móstoles y una nave industrial
en Madrid eran sede de las empresas Publi-Gest y Data Mail, ambas propiedad de Joaquín González. En los tres
locales la policía requisó material informático valorado en 1.000 millones de pesetas entre discos de ordenador de
gran capacidad, diskettes, documentación y tres ordenadores de gran calidad. Según la policía, la venta de esta
información debe haberles reportado a los detenidos unos beneficios fabulosos.
En estos soportes se hallaban registrados datos de hasta 21 millones de españoles " más que los acumulados en el
famoso ordenador Berta del Ministerio de Economía", según afirmó ayer el portavoz de la Dirección General de la
Policía, Manuel Giménez. La información contenida en los discos incluía, entre otros datos, números o saldos de
cuentas corrientes, declaraciones de la renta, número de la Seguridad Social, situación familiar, domicilio, datos
laborales e, incluso, las respuestas de los ciudadanos registrados a las preguntas del último censo electoral.
Con este material, los detenidos, elaboraban listados a la carta para venderlos a empresas financieras y de servicios,
interesadas en conocer las características de millones de hipotéticos clientes. Como ejemplo de la oferta de la red de
traficantes, entre las cintas incautadas, se encuentra una bajo el epígrafe Los mejores coches de Madrid, y otra con el:
Deportistas aficionados. Por las características de la información, la policía cree que los detenidos adquirían los datos
a funcionarios de los Ministerios de Interior, Trabajo, Seguridad Social y Hacienda, entre otros, además de a otros
empleados de empresas privadas como bancos o concesionarios de automóviles.
La policía ha comenzado ya a investigar la lista de proveedores de los detenidos y considera "muy probable" que se
produzcan nuevas detenciones en los próximos días. Los miembros de la red fueron detenidos por presuntos delitos
de cohecho. Si se produce alguna detención de funcionarios, éstos pueden ser acusados de presuntos delitos de
cohecho y revelación de secretos.
José Quevedo, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), manifestó ayer a Radio Nacional de España:
"Tenemos la absoluta seguridad de que del INE no ha podido salir ningún dato en soporte informático. Es imposible
porque el censo de población hay una orden que obliga a no grabar en ningún soporte informático, ni el nombre ni el
apellido ni la dirección de ningún ciudadano. Los datos no han podido salir de nuestras cintas porque no existen tales
cintas.
Actualmente hay un vacío legal sobre este tipo de delitos ya que la Ley Orgánica de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos Personales está en trámite parlamentario. La Comisión de Libertades e
Informática EMITIÓ AYER una nota en la que critica a los "sucesivos gobiernos democráticos" por no haber
impedido con leyes el uso descontrolado de las tecnologías informáticas".
En http://padrecoraje.es/pdf/analisisprensaescritaytv.pdf se analizan los titulares de las noticias que proporcionó la Dirección
General de la Policía, causa principal de la total ruina de la mercantil Publi-Gest SL, cuyo patrimonio no se le ha devuelto por
los motivos expuestos en el Expediente que se reproduce en: http://padrecoraje.es/pdf/expediente-indemnizatorio.pdf
(Supuestamente por exigir la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 409 de la ley Orgánica del Poder Judicial.
116

Según el escrito reproducido en: http://padrecoraje.es/pdf/asesinatoprogramado-segundaprueba.pdf a nuestro poderdante se le
devuelven las armas y algunos de los objetos de valor intervenidos, los contratos y los recibos que documentalmente prueban
que en la rueda de presa facilitada por la Dirección General de la Policía y el Inspector jefe que intervino los objetos citados
supuestamente con animo de auto heredar a nuestro poderdante si ya conocía que contra este el Juez Moreiras Caballero
decretaría el ingreso en prisión comunicada para ser asesinado por lo que jamás podría reclamar el que se falseara la
información facilitada por la Dirección General de la Policía en la rueda de prensa especialmente preparada para crear aquel
estado de gran alarma social que precisaban IBM y las entidades crediticias para convencer al resto de los partidos políticos (el
Grupo Parlamentario Popular ya estaba convencido como documentalmente lo prueban las declaraciones prestadas ante el
medio televisión por doña Loyola del Palacio y del Valle Lersundi, por don Federico Trillo Figueroa y por don José Maria Aznar
López reproducidas en el Recurso presentado por nuestro poderdante el 30 de julio pp y en la página Web
http://padrecoraje.es/intelectuales.html ).
Supuestamente con animo de desprestigiar a nuestro poderdante, el Magistrado Martín Pallín, don Diego López Garrido o
alguno de sus cómplices informa a “El País” de la noticia aquí reproducida el 14 de marzo de 1992.
LA DENUNCIA DE UN CONTRATADO POR JOAQUÍN GONZÁLEZ PUSO A LOS
AGENTES SOBRE SU PISTA. LA POLICÍA HALLÓ 17 ARMAS DE FUEGO AL DETENIDO POR
TRÁFICO DE DATOS INFORMÁTICOS. Bonifacio de la Cuadra. Madrid Cinco rifles, cinco escopetas,
siete pistolas y 25 cajas de munición fueron intervenidos por la policía a Joaquín González López, cuando
le detuvo en enero último por su presunta vinculación con delitos cometidos en relación con el tráfico de
datos informáticos sobre 21 millones de españoles. La detención se produjo como consecuencia de las
investigaciones policiales -intervenciones telefónicas incluidas- efectuadas a raíz de que Óscar Callado
Palomo, contratado por González, pusiera en conocimiento de la policía una serie de hechos "por si
pudieran ser constitutivos de delito".
La comparecencia de Callado director técnico de la empresa Leisa dedicada a la formación informática y la
prestación de servicios, se produjo en la comisaría de Móstoles el 11 de julio de 1991, según figura en las
diligencias que instruye el juez de instrucción número 2 de Móstoles, Gregorio del Portillo García. Callado
declaró que en septiembre de 1989 González López, representante de la empresa Publi-Gest, requirió los
servicios de Leisa, a la que llevó una serie de archivos soportados en cinta magnética.
Entre tales archivos destacaban los correspondientes a los vehículos de Madrid de 1984, padrón de
Madrid, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, pensionistas, propietarios de fincas urbanas, parados
según el Instituto Nacional de Empleo, empresas jurídicas y declaraciones de la renta de 1988, con un
total -siempre según el denunciante- de 45 a 50 millones de registros. Callado declaró que, aunque a
primera vista, el único de González era realizar copias, estados, listados del contenido de las cintas,
posteriormente observó que realizaba operaciones comerciales de venta de datos a entidades de crédito u
otras empresas, tras cruzar los diferentes ficheros
En http://padrecoraje.es/pdf/delitopoliticojudicial.pdf donde se reproducen los artículos publicitados en la Prensa escrita que
justifican los ingresos extras que habrán recibido el Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo don José Antonio
Martín Pallín, el político profesional don Diego López Garrido y sus cómplices entre el 7 de octubre de 1977 y el 19 de febrero
de 1995, casi 18 años, el mismo tiempo que nuestro poderdante lleva ejerciendo de presunto delincuente por cuanto ni se le
indemniza por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia porque exigía la correcta aplicación de lo dispuesto
en los artículos 292.1, 294.1, 297 y 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni se ejecuta la sentencia dictada por el único
tribunal competente para conocer de los delitos de prevaricación en los que –según resolución judicial devenida en firme el 19
de mayo de 1993, acordada por el Tribunal que lo juzgó- incurrió el Magistrado-Juez de los delitos monetarios don Miguel
Moreiras Caballero. Los escaneados recortes de prensa están en http://padrecoraje.es/pdf/lalortadenrecortesdeprensa.pdf.
REPICADO DE LAS DIFAMATORIAS NOTICIAS EMITIDAS EN LOS INFORMATIVOS DEL MEDIO TELEVISIÓN.
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En la página Web http://padrecoraje.es/intelectuales.html entre los sesenta espacios televisivos emitidos en las horas de mayor
audiencia como son los informativos encontraran a don José Antonio Martín Pallin, a tres de sus cómplices, a doña Loyola del
Palacio y del Valle Lersundi, a don Federico Trillo Figueroa y a don José Maria Aznar López; ellos perfectamente conocían que
el Magistrado-Juez don Miguel Moreiras Caballero no solamente carecía de jurisdicción y de competencia para conocer de
otros delitos que los recogidos en el artículo 65.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de que los hechos en los medios
de comunicación publicitados no eran constitutivos de delito ni tan siquiera de falta.
En http://padrecoraje.es/pdf/analisisprensaescritaytv.pdf se reproduce el Análisis Económico de la primera parte de la
Campaña difamatoria encaminada a convencer al resto de los miembros del Congreso y del Senado (porque los miembros del
Grupo Parlamentario Popular estaban perfectamente convencidos y si ellos no hubieran estado en la oposición no habría sido
preciso utilizarnos ni asesinarme), de que no fue ninguna elucubración mental la sufrida por aquel o aquellos que, en el
Anteproyecto de la Constitución presentaron a la maquinaria informática como una herramienta tan sofisticada y perfecta que,
de no legislarse adecuadamente para limitar su poderío, seria imposible garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, aún cuando el artículo 18.1º de la vigente Constitución disponga: Se
garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
En http://padrecoraje.es/intelectuales.html y en http://padrecoraje.es/pdf/asociacion-prensa-Madrid.pdf encontrarán información
más detallada de cómo ese grupo de presión o lobby encabezado por el Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo don José Antonio Martín Palllín y del profesional de la Política don Diego López Garrido se sirvieron de la mercantil
Publi-Gest SL y de la Dirección General del La Policía para crear aquel estado de gran alarma social montado para satisfacer
los mercantilistas intereses de International Business Machines (IBM) y de las entidades crediticias de legalizar el
anticonstitucional Registro Automatizado de Impagados o RAI.
10-1-1.992 *** ACTA DE DECLARACIÓN PRESTADA POR JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ ante los Inspectores jefes del Grupo
de Fraudes de la Policía Judicial. En Madrid, y en los locales del Servicio Central de Policía Judicial, Grupo de
Fraudes, siendo las diecinueve horas, veinte minutos del día diez de enero de mil novecientos noventa y dos,
por los inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía con carné profesionales 12.585 y 14.526, se procede
a tomar declaración al anotado al margen, cuyos restantes datos de filiación son: nacido en Madrid el nueve
de Marzo de mil novecientos treinta y seis, hijo de José y Melitona, con domicilio en la calle Tórtolas número
nueve, chalet, de Las Rozas, Madrid, el cual en presencia del letrado del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, D. Carlos PARDO FERNÁNDEZ con número de colegiado 22.097, voluntariamente MANIFIESTA:
Que ha sido informado de los derechos que le asisten según la Legislación vigente (posteriormente e
visto falsificada mi firma en un documento al respecto), que en la actualidad se dedica a ejercer como
industrial ya que es el accionista mayoritario de la empresa PUBLIGEST, S.L., con domicilio social en la calle
Alcalá número doscientos once, siendo el objetivo legal de esta empresa gestiones publicitarias.
Preguntado para que diga cual son las gestiones publicitarias que realiza su empresa y que son
objeto del negocio que él dirige, responde; Que son publicidad directa y dentro de ésta listas consistentes
en ficheros mecanizados, y la compra y venta de los mismos.
Preguntado para que diga qué material integra dichos ficheros responde: Que tiene exclusivamente
nombres y direcciones de personas físicas y jurídicas.
Preguntado par que diga, si aparte de los nombres y direcciones de esas personas físicas y jurídicas,
sus ficheros están integrados con algún dato más relativo a las mismas, responde: Que según su condición
social y edad, tiene datos tales como lugar de trabajo, vehículos que poseen, relaciones familiares, situación
laboral, si son autónomos o empresarios, números de trabajadores que hay en las empresas, actividades de
las mismas, Código Nacional de Actividades Empresariales.
Preguntado para que diga si más concretamente y entre otros ficheros, está en posesión de los
relativos al censo, funcionarios, pensionistas, parque automovilístico nacional, Documento Nacional de
Identidad, agricultores, conductores, los relativos a Hacienda, y Seguridad Social, responde: Que si que
efectivamente entre otros, tiene los reflejados, pero quiere significar que el único actualizado de todos ellos
es el relativo al Censo utilizado en las elecciones generales de mil novecientos noventa y uno, datando los
otros desde mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos ochenta y nueve.
Preguntado para que diga de donde conseguía la información que integraba los ficheros con las
materias reseñadas en la pregunta anterior, responde: De diferentes fuentes, consistentes éstas, bien en
cambio con otras personas de la competencia, tales como Julio TORREGROSA; P.D.M., Publienvío, o bien
comprándolo como es el caso de Carlos GIRALT del que adquirió los relativos al Censo, Vehículos, y fichero
de Camerdata que recoge empresas, empresarios y autónomos; licencias fiscales entre otros. También ha
conseguido otros de las cintas de deshecho del ministerio de Hacienda para el que en mil novecientos
ochenta estuvo grabando información en plan de contratado. La información que contenían dichas cintas,
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entre otras son la Renta de empresas, renta de personas físicas, tenencia y disfrute, conductores de
vehículos. Otros se los facilitó gratuitamente una persona que ha trabajado esporádicamente para él y que
se llama Antonio PÉREZ BALCABAO tales como el de autónomos y pensionistas.
Preguntado para que diga si conoce a Carlos ÁLVAREZ OBREGÓN y en caso afirmativo que
especifique cual es la relación que mantiene con él, responde: Que si, le conoce, y que la relación es
puramente laboral, que contrata a la empresa de éste para que le realice trabajos informáticos, si bien nunca
ha intercambiado ninguna información con él, así como tampoco le ha vendido ni le ha comprado ningún
dato.
Preguntado para que diga si conoce a Julio TORREGROSA LÓPEZ y en caso afirmativo, de qué,
responde: Que si que le conoce y fue la persona que le introdujo en el negocio al que se dedica actualmente.
Preguntado para que diga si en alguna ocasión ha comprado, vendido o intercambiado información o
bases de datos de las reseñadas anteriormente a Julio TORREGROSA LÓPEZ, responde: Que efectivamente
en numerosas ocasiones han intercambiado datos, tales como los relativos a funcionarios de mil
novecientos ochenta o los que le faltaban sobre las rentas de las personas físicas.
Preguntado para que diga si no es verdad que en una ocasión compró o cambió a Julio
TORREGROSA LÓPEZ el censo electoral por una furgoneta propiedad del declarante, responde: Que estuvo
en tratos para realizar esa operación pero que no fue consumada.
Preguntado para que diga si conoce y en caso afirmativo qué relación tiene con Alfonso MARTÍNEZ
MELGUIZO y Ricardo ALCÁNTARA VEGA, responde: Que si conoce a los dos y que estuvo en tratos
comerciales con ellos para formar una sociedad.
Pregunta para que diga si les ha cedido a los mencionados Alfonso y Ricardo, o vendido algún
fichero, responde: Que si, que concretamente el del Censo, si bien éste aún no se lo ha entregado, el de
vehículos de toda España, parcialmente entregado, y les ha regalado el Padrón de Madrid.
Que en este acto le es mostrado la foto auxiliar del Documento Nacional de Identidad de Rosa María
ÁLVAREZ-CANTÓN OBREGÓN para que la reconozca, y en caso afirmativo explique en que circunstancias, y
las relaciones que ha mantenido con ella, responde: Que si la reconoce pero no como Rosa María, sino como
Carmen ÁLVAREZ simplemente, y que es una persona cuyo teléfono el fue facilitado por Carlos ALVAREZ
OBREGÓN para que tuviesen relaciones comerciales referentes a las bases de datos informáticos que nos
ocupan, habiendo contactado con ella en diversas ocasiones, siempre telefónicamente pero sin que en
ningún momento completasen ningún negocio.
Preguntado para que diga si sabía el parentesco existente entre Carlos ALVAREZ OBREGON y Rosa
María ÁLVAREZ-CANTÓN OBREGÓN que el de hermandad, responde que no.
Preguntado para que diga si conoce a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
llamado Cesar CABEZA ÁLVAREZ y en caso afirmativo si ha mantenido algún negocio con él responde: Que
si le conoce y en que diferentes ocasiones ha intentado que ese funcionario le diese información del
departamento a su cargo, si bien aunque el dicente llegó a pensar por las conversaciones que mantuvo con
él que había posibilidades de que le facilitase dicha información, hasta el momento no lo ha conseguido.
Preguntado para que diga si conoce a un funcionario del Instituto Nacional de Estadística llamado
Jaime ROMERO VIVES, y en caso afirmativo si ha tenido algún contacto y de qué clase con él, responde:
Que si le conoce, que también intentó convencerle para que también le facilitase información, no
consiguiendo esto y asimismo, le ofreció que realizase algún trabajo informático para él a lo que tampoco
accedió.
Preguntado para que diga si conoce a una funcionaría de la Consejería de Presidencia de Sevilla
llamada Rosario BARRIO GONZÁLEZ y en caso afirmativo qué relación ha mantenido con ella, responde:
Que la conoce porque es sobrina de un amigo suyo, que la única relación que ha mantenido es telefónica, y
fue para pedirla por favor que intercediese ante un tal Sr. UNAMUNO que es responsable de los ficheros del
parque automovilístico de Sevilla, para que éste le concediese, o mejor dicho que le contestase a una
petición escrita que el declarante le hizo solicitándole los mismos, cosa que aún no ha conseguido.
Preguntado para que diga si no es más cierto que ha mantenido en diferentes ocasiones
conversaciones telefónicas con la citada anteriormente Rosario BARRIO GONZÁLEZ en las que hablaban
claramente de pagar una importante cantidad pecuniaria a Fernando UNAMUNO ABARRAZ a cambio de
copia del fichero automovilístico de Sevilla, reconociendo ambos, es decir el declarante y Rosario BARRIO
GONZÁLEZ que dicho trato era completamente ilegal y que Rosario también se llevaría una elevado suma de
dinero si conseguía que el citado Fernando UNAMUNO respondiese a su petición, responde: Que si que
efectivamente puede haber hecho esas ofertas, pero que en ningún momento le han sido admitidas, ni por
Rosario BARRIO ni mucho menos por el Sr. UNAMUNO con el que no ha conseguido hablar.
Preguntado si no es más cierto que Rosario BARRIO GONZÁLEZ si le traspasó su propuesta al
citado Fernando UNAMUNO ABARRAZ Jefe de Servicio del Ministerio de Industria de Sevilla, y que ésta le
comentó al declarante que el Sr. UNAMUNO parecía que estaba con un estado de ánimo mucho más
favorable a otras ocasiones, responde: Que efectivamente en una ocasión Rosario BARRIO GONZÁLEZ le
manifestó que había hablado con Fernando UNAMUNO y que éste parecía estar más receptivo.
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Preguntado para que diga si él directamente se ha puesto en contacto con Fernando UNAMUNO y le
ha comentado su proposición de que le facilitase los datos del Parque automovilístico de Andalucía,
responde: Que si, que una ocasión se personó en su despacho para solicitarle oficialmente los datos que
nos ocupan, con la disculpa de que era un trabajo estadístico para compañías de seguros, haciendo una
solicitud por escrito de dicha solicitud por conducto oficial a la que aún no le han contestado.
Preguntado para que diga si posteriormente a lo anterior y después de hablar con Rosario BARRIO
GONZÁLEZ ha vuelto a insistir en contactar telefónicamente o en persona con Fernando UNAMUNO, dejando
claro el interés del declarante de que el contacto fuese fuera del organismo oficial, responde: que ha
intentado en varias ocasiones hablar telefónicamente con él y no lo ha conseguido.
Preguntado para que diga por qué cuando llamaba telefónicamente a Cesar CABEZAS ÁLVAREZ el
declarante decía que era de parte de Javier FERNÁNDEZ; Si bien Cesar CABEZAS sabía perfectamente que
se llamaba Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, responde: Porque al considerarse el dicente bastante conocido en
ese ambiente le indicó a Cesar CABEZA que sería preferible no dar su propio nombre a lo que el segundo no
se opuso.
Preguntado para que diga si conoce a una persona llamada Javier ROJO y en caso positivo de qué,
responde: Que si que en una ocasión le llamó a su domicilio y le hizo una oferta de diferentes ficheros entre
los que puede nombrar el de empresas, autónomos, y otros más, contestando el declarante que no disponía
de efectivo en ese momento para comprarlo.
Preguntado para que diga si conoce algún dato más del citado Javier ROJO, responde: Que si, que él
mismo le informó que había sido el director de Camerdata, la empresa que venda ficheros a la Cámara de
Comercio.
Preguntado para que diga cómo conoció a Cesar CABEZA ÁLVAREZ, responde: Que fue por medio
de un amigo suyo llamado Javier GARCÍA, que es disminuido físico y había trabajado en el Ministerio de
Educación y Ciencia.
Preguntado para que diga si conoce a José Luís TOME BLASCO y en su caso de qué, responde: Que
si, desde hace mucho tiempo, que es un directivo de la Caja de Ahorros de Cuenca, que le ha comprado
varios ficheros para las Cajas de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, recordando en este momento el del
Censo y el de Pensionistas, siendo el Censo antiguo. Siendo la última operación realizada en Marzo de mil
novecientos noventa y uno y cobrando por ella quinientas mil pesetas.
Preguntado para que diga si conoce a Carlos GALÁN DE LA TORRE y en su caso por qué motivo,
responde: Que si, desde el año setenta y cuatro, es técnico de HARDWARE y que algunas veces le ha
ofrecido diferentes ficheros, no recordando en este momento de qué material porque nunca le ha interesado.
Preguntado para que diga si conoce a Juan Manuel Núñez y de qué, responde: Que si, que es
ejecutivo de Caja Madrid, y que en la actualidad conjuntamente con el declarante y otras dos personas de las
que solo sabe se llaman JUANJO y JUAN así como con un grupo italiano, están pensando en formar una
sociedad para comercializar los ficheros de Joaquín GONZÁLEZ.
Preguntado para que diga si conoce a Alberto HERNÁNDEZ, responde: Que si, que ha sido un
ejecutivo de CITIBANK y que en la actualidad se dedica a asesorar a las Cajas de Ahorros sobre publicidad
directa y que a través de él está intentando vender sus ficheros a Caja España, a Unicaja y Caja de Cataluña.
Preguntado para que diga si conoce a Natividad RUIZ DE LA ROSA, responde: Que si, que es
empleada de la empresa CEINSA sita en la calle Goya, habiendo sido dicha empresa cliente del declarante,
habiéndole comprado a éste diversas bases de datos, y que Joaquín GONZÁLEZ estaba en conversaciones
con Natividad y con José Luís TOME para formar una sociedad que se dedicase a la misma actividad que él
está desempeñando ahora.
Preguntado para que diga si aparte de lo especificado al principio de esta declaración sobre Carlos
GIRALT ha mantenido algún otro contacto comercial con él, responde: Que esta persona es empleada de
Publienvío y que siempre trata de tener contactos con ella.
Preguntado para que diga si conoce a Jorge MATÉU y en caso afirmativo de qué, responde: Que si,
que era el responsable de riesgos de Caja Barcelona, que le introducía en la misma para vender ficheros y
que en la actualidad procura relacionarle con la Caixa.
Preguntado para que diga si posee algún fichero procedente de las Fuerzas de Seguridad o Armadas,
responde: Que no.
Preguntado para que diga a qué entidades ha conseguido vender ficheros con información,
responde: Que desde el año 84 al 88, vendió a la CAJA DE BARCELONA, concretamente como representante
de ella se encontraba el señor MATEU y el señor CÓRDOBA, por una cantidad aproximada de dos millones
de pesetas.
Del año 1989 al 1991, a CAIXA GALICIA por dos millones de pesetas, siendo su representante el
señor LLOP.
Del 1985 al 88, a CAJA DE ALICANTE por un millón quinientas mil pesetas, siendo su representante
María Dolores BODEGA y el señor SANCHIS.
Del 1988 al 89, a la CAJA DE CÓRDOBA por ochocientas mil pesetas, siendo su representante el
director de marketing.
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En 1991 a la CAJA DE TOLEDO por doscientas mil pesetas.
En 1990 a la CAJA DE CUENCA por quinientas mil pesetas, siendo su representante el señor TOME.
En 1989 a la CAJA DE ALMERÍA por doscientas mil pesetas sabiendo que su representante se
llamaba Joaquín.
En 1988 al BANCO PASTOR de la Coruña por un millón doscientas mil pesetas.
En 1988 al BANCO HERRERO de Asturias por seiscientas mil pesetas.
Preguntado para que diga a qué otras entidades ha hecho demostraciones pero que no han llegado a
comprarle el producto, responde: A la CAJA DE AHORROS BILBAO VIZCAYA en Bilbao, a la CAJA DE
SANTANDER en Santander, a la CAJA INMACULADA de Zaragoza, a la CAJA DE AHORROS DE PAMPLONA
y a la de ASTURIAS.
Preguntado para que diga si ha ofrecido su producto a otra entidad aparte de las reseñadas,
responde: Que a la práctica totalidad de las entidades bancarias de España.
Que el declarante quiere significar que conoce otras muchísimas personas y empresas que se
dedican a la misma actividad por la que él ha sido detenido, teniendo en su poder éstas igual o más cantidad
de ficheros que él, significando que entre las mías están las siguientes: CAMERDATA de las Cámaras de
Comercio, CODITEL de Telefónica, PUBLIPOST, PUBLIENVIO, MEYDIS, GARRA, B.D. MAIL, PAQUEBOT,
EUROMAILING, PROCESO DE DATOS A2.
Que a instancias del señor Letrado, se le formulan las siguientes preguntas:
Preguntado para que diga que si ha comprado a algún funcionario alguna base de datos, responde:
Que en 1985 actuando el declarante en representación de MAILING compró por ciento cincuenta mil pesetas
a una persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda, que posiblemente sea funcionario del mismo, un
listado sobre empresas jurídicas.
Preguntado para que diga si sabe en la actualidad o ha sabido en el pasado que algún funcionario de
la Administración haya vendido alguna base de datos de la que era responsable y que se la ofreciese al
detenido, responde: Que no.
Preguntado para que diga si la base de datos que ha confeccionado en estos últimos meses se basa
en datos antiguos, es decir de más de dos años, o por el contrario con posterioridad a esta fecha, responde:
Que los datos más modernos que posee, que son los relativos a pensionistas, datan de Julio de mil
novecientos ochenta y nueve.
Preguntado para que diga, quién le puso en conocimiento de que Cesar CABEZA y Rosario BARRIO
facilitaban información, en el supuesto de que lo hiciesen, responde: Que se remite a lo contestado
anteriormente a una pregunta anterior que se le formuló.
Preguntado para que diga si la base de datos que el detenido posee es igual o similar a la que poseen
el resto de las empresas que se dedican a la misma actividad, anteriormente citadas, responde: Que dichas
empresas tienen una base de datos más amplia y depurada que las suyas.
Que no tiene más que manifestar firmando la presente una vez leída en prueba de conformidad, junto
con el Señor Instructor y el señor Letrado de lo que como Secretario CERTIFICO.
DILIGENCIA AMPLIATORIA. Se extiendo para hacer constar que por omisión no se ha formulado al
detenido Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ la siguiente pregunta: Preguntado para que diga qué función
desempeña en el cuarto trastero que posee en la calle Alcalá número doscientos once, así como si tiene
alguna vivienda en dicho edificio y también si el portero de dicha finca tiene alguna relación comercial con
él, responde: Que efectivamente tiene un cuarto trastero en dicho inmueble, en el que no guarda ningún
producto informático, en el mismo no poseyendo ninguna vivienda allí y que la misión del portero que se lo
hace como favor, es recogerle la correspondencia, ya que el domicilio social de su empresa PUBLIGEST es
el de Alcalá doscientos once.
12-01-92 **** Declaración prestada ante el Juez Moreiras Caballero. 1ª. A preguntas de S.Sª manifiesta: Que se
afirma y ratifica su declaración prestada ante ayer ante los inspectores del Servicio Central de Policía
Judicial, reconociendo como de su puño y letra una de las firmas que aparecen en cada folio del acta de
declaración. Quiere añadir en relación con lo declarado que la empresa Camerdata es de las Camaras de
Comercio y se dedica a vender datos que posee de los ficheros que le facilita el Insalud, la Seguridad Social,
Hacienda y demás organismos oficiales. Lo mismo que hace la empresa Coditel de la Compañía Telefónica.
Que entre la documentación aprehendida por la Policía se encuentra un folleto editado por Coditel en el que
ofrece a la venta los datos personales de que dispone.
2ª. Preguntado por S.Sª. quien le ha facilitado los medios económicos para montar sus empresas
Publigest así como adquirir los ordenadores y demás material informático de que disponía manifiesta que lo
tiene en alquiler por lo que paga cien mil pesetas al mes.
Leída que les fue la presente declaración y en prueba de conformidad la firman cuantos en ella han
intervenido después de S.Sª de lo que como secretario doy fe.
121

12-01-92 *** A U T O de prisión comunicada sin fianza. AUTO.- En Madrid a doce de enero de mil novecientos
noventa y dos. ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- Que las presentes diligencias se instruyen por delito
de cohecho, revelación de secreto y uso de nombre supuesto contra JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ como
consecuencia de actuaciones Policía Judicial. FUNDAMENTACION JURÍDICA ÚNICO.- Que teniendo en
cuenta la naturaleza del hecho perseguido, pena que en su día pudiera corresponderle, de conformidad con
lo que determina el artículo 502, en relación con el núm.---- del 503, ambos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, procede decretar la prisión provisional comunicada del inculpado JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ.
VISTOS los artículos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA SE DECRETA LA PRISIÓN provisional, comunicada del inculpado JOAQUÍN
GONZÁLEZ LÓPEZ, sin fianza. Póngase este auto en conocimiento del Ministerio Fiscal y notifíquese
al interesado, enterándole de los recursos que contra el mismo puede interponer. Así lo acordó, mandó y
firma el Iltmo. Sr. Don MIGUEL MOREIRAS CABALLERO Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción
número Tres de los de Madrid.
12-1-92 *** Madrid, doce de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
Dada cuenta y; por remitidas las anteriores Diligencias del Servicio Central de Policía Judicial
relativas a las gestiones practicadas, y su resultado, en orden a determinar las personas implicadas en las
comisión de los hechos que son objeto de este procedimiento judicial, así como los detenidos a
consecuencia de la práctica de dichas diligencias que han sido puestas a disposición de este Juzgado,
únase a los autos de su razón, recíbase declaración de los detenidos y una vez realizadas se resolverá lo
que proceda en orden a su situación personal.
Así mismo, habiéndose intervenido gran cantidad de documentación informática en las diligencias de
entrada y registro practicadas los pasados días 9 y 10 del mes en curso, documentación que está
actualmente depositada en las dependencias del Servicio Central de Policía Judicial de esta ciudad, ofíciese
al Excmo. Sr. Director General de la Policía para que ordene la practica de las gestiones necesarias a fin de
enviar dicha documentación al Centro de Proceso de Datos de la Dirección General de la Policía, sito en San
Lorenzo de el Escorial (Madrid), para su adecuado mantenimiento y extracción de la información que
contenga que será analizada y con su resultado se dará cuenta en extracto con periocidad mensual, sin
perjuicio de que quede depositada en su totalidad en dicho centro a disposición de este Juzgado a los
efectos que procedan. Fórmese el depósito correspondiente depósito con las cintas de las grabaciones de
intervenciones telefónicas practicadas. Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
12-1-92 *** Carta oficio que dirige el juez Moreiras al Director General de la Policía. Excmo. Sr. En virtud de lo
acordado en Diligencias Previas 262/91, seguidas contra CARLOS ÁLVAREZ OBREGÓN Y OTROS, dirijo a
V.E. el presente a fin de interesarle ordene la práctica de las gestiones necesarias para que la documentación
informática intervenida en las diligencias practicadas los días 9 y 10 del corriente mes, que está
actualmente depositada en las dependencias del Servicio Central de Policía Judicial de esta Capital, sea
enviada al Centro de Proceso de Datos de la Dirección General de la Policía, sito en San Lorenzo de El
Escorial (Madrid), para su adecuado mantenimiento y extracción de la información que contenga que será
analizada y con su resultado se dará cuenta en extracto con periocidad mensual, sin perjuicio de que queda
depositada en su totalidad en dicho centro a disposición de este Juzgado a los efectos que procedan.
Madrid, 12 de enero de 1992 El Magistrado Juez
13-1-1.992 **** Diligencias Previas 262/91. Juzgado Central de Instrucción número 3 AL JUZGADO
En las Diligencias Previas número 262/91 del Juzgado Central de Instrucción número 3, dice:
Que comparece en las presentes diligencias y a la vista de lo actuado, procede:
A) Que los presuntos hechos denunciados no son susceptibles de incriminación con arreglo a
ninguno de los supuestos legales de competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción y de la Audiencia
Nacional, según establecen los artículos 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que no es
procedente que siga conociendo de la presente Causa el Juzgado Central número 3, debiendo remitirse lo
actuado al Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles, que primero comenzó a conocer de los hechos en
donde iniciariamente tuvieron lugar, al amparo del Artículo 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. B) En atención a lo expuesto y de la dificultad, en principio, de los hechos denunciados, el Fiscal
entiende que procede acordar la libertad de los denunciados, por este Juzgado. Madrid 13 de enero de 1992.
14-1-92 *** A U T O .- En Madrid catorce de enero de mil novecientos noventa y dos. I.- ANTECEDENTES DE
HECHOS. ÚNICO.- Las presentes Diligencias Previas 262/91 se incoaron en virtud de acta de informe del
Servicio Central de Policía Judicial en el que se solicitó la intervención de varios números telefónicos. A las
referidas Diligencias Previas se unieron las diligencias Indeterminadas 143/91 del Juzgado nº 2 de Móstoles,
por referirse a los mismos hechos. SEGUNDO.- Dándose traslado al Ministerio Fiscal para que informase
sobre las referidas Diligencias Previas 262/91, en su informe de 13 de enero del corriente año, se solicita el
traslado de lo actuado al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Móstoles. II .- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
122

ÚNICO.- De conformidad con el Ministerio Fiscal, no siendo los hechos a que se contraen las
presentes Diligencias susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de
competencia de los Juzgados de Instrucción y de la Audiencia Nacional según establece el Art. 65 y 88 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, es procedente devolver las actuaciones al juzgado nº 2 de Móstoles.
III .- PARTE DISPOSITIVA. Se acuerda la inhibición en el conocimiento y trámite de las presentes diligencias
por este Juzgado Central de Instrucción Nº 3 declarándose la competencia a tal efecto del Juzgado de
Instrucción Nº 2 de Móstoles, al que se remitirán. No ha lugar a modificar la situación personal en que se
hallan los inculpados en este procedimiento por lo que se mantiene lo acordado respecto de cada uno de
ellos en los correspondientes Autos. Notifíquese la resolución al Ministerio Fiscal. Así lo acuerda, manda y
firma el Ilmo.Sr. Miguel Moreiras Caballero, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº Tres
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
14-1-92 *** Ilmo Sr. Adjunto remito a V.I. las Diligencias Previas 262/91, de este Juzgado, al haberse dictado
Auto en fecha 14 de enero de 1.992, por el que se acuerda, su remisión al Juzgado de Instrucción Nº 2 de
Móstoles. Madrid, 14 de enero de 1.992. El Magistrado Juez.
14-1-92 *** AUTO.- En Madrid a catorce de enero de mil novecientos noventa y dos. Dada cuenta y, el anterior
escrito únase: I .- ANTECEDENTES DE HECHOS. ÚNICO.- Las presentes Diligencias Previas se instruyen
por cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto contra Joaquín González López, a quien le
fue decretada la prisión provisional comunicada, sin fianza, por Auto de fecha doce de enero de 1992, de
este Juzgado, e ingreso en la Prisión de Hombres de Madrid-Carabanchel, a disposición de este Juzgado.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. ÚNICO.- Que dada la naturaleza de los hechos perseguidos y teniendo en
cuenta la pena privativa de libertad que en su día pudiera imponerse al inculpado JOAQUÍN GONZÁLEZ
LÓPEZ, de conformidad con lo que determinan los artículos 528, 529 y 539 de la Ley de enjuiciamiento
Criminal, procede reformar el auto de prisión de fecha doce de enero de 1.992 comunicada del inculpado
JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ, de la que podrá librarse si previamente constituye fianza en metálico o por
medio de aval bancario por importe de TRES MILLONES DE PESETAS.
III.- PARTE DISPOSITIVA. Se reforma el Auto de fecha 12 de enero de 1992, dictado por este Juzgado en el
sentido de decretar la prisión provisional comunicada del inculpado JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ, de la que
podrá librarse si previamente constituye fianza en metálico o mediante aval bancario por la suma de TRES
MILLONES DE PESETAS. Póngase este auto en conocimiento del Ministerio Fiscal y notifiquesé al
interesado, enterándole de los recursos que le asisten y que contra el mismo puede interponer. Así lo
acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Don Miguel Moreiras Caballero, Magistrado Juez del Juzgado Central de
Instrucción Nº Tres de Madrid. DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
14-1-92 *** AUTO.- En Madrid a catorce de enero de mil novecientos noventa y dos. Dada cuenta ; y,
ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO.- Que por Auto de este Juzgado de fecha 14,1,92 se reformó el de
prisión de 12.1.92 dictado en las Diligencias Previas 262/91 de este juzgado, en el sentido de que el inculpado
JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ podría librarse de ella si previamente constituía fianza en metálico o mediante
aval bancario por la suma de TRES MILLONES DE PESETAS y obligación apud-acta, librándose el mismo
día. EGUNDO.- Que Carlos Pardo Fernández en nombre del mencionado inculpado JOAQUÍN GONZÁLEZ
LÓPEZ se presento resguardo de ingreso en el B.B.V. por el importe exigido de tres millones de pts.
II.- FUNDAMENTACION JURÍDICA ÚNICO.- Que Carlos Pardo Fernández, en nombre del inculpado Joaquín
González López, por la suma de TRES MILLONES DE PESETAS, reúne los requisitos exigidos por la ley, por
lo que procede admitir la fianza presentada y en su consecuencia decretar la libertad provisional de dicho
encartado quien deberá prestar obligación apud-acta. Vistos los preceptos legales y demás disposiciones de
general aplicación.
III.- PARTE DISPOSITIVA SE ADMITE Y DECLARA BASTANTE la fianza constituida por Carlos Pardo
Fernández en nombre del inculpado Joaquín González López, por importe de tres millones de pesetas, por
medio de ingreso en la cuenta de este Juzgado del B.B.V. por lo que decreta la libertad provisional del
mismo, si de ella no estuviera privado por otra causa o motivo legal, previa presentación de obligación apudacta
de comparecer ante este Juzgado o Tribunal que conozca de la causa los días uno y quince de cada
mes y cuantas veces fuere llamado, fijando domicilio conocido y participando cuantos cambios realice y
para que se lleve a efecto. Líbrese oficio al Director del Centro Penitenciario de Madrid-Carabanchel, para su
puesta en libertad. Así lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. Don Miguel Moreiras Caballero, Magistrado Juez
del Juzgado Central Nº Tres de Madrid. DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
31 de marzo de 1992: PRUEBAS DOCUMENTALES DE QUE MINTIERON PARA ALCANZAR MAYOR IMPACTO
MEDIÁTICO, Y DE QUE EL ASESINATO ESTABA PROGRAMADO ACTA DE ENTREGA En Madrid, Y en el servicio
Central de Policía Judicial, siendo las doce horas, cuarenta minutos, del día treinta y uno de Marzo de
mil novecientos noventa y dos, y por el Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía titular del earnet
profesional número 12.697, que actúa cano Instructor y secretario para la práctica de la presente, se
123

procede, en virtud de orden judicial del Iltrno. Sr. Magistrado Juez de Instrucción número Dos de
Mostoles, a HACER ENTREGA a Joaquín González López nacido en Madrid el nueve de marzo de mil
novecientos treinta y seis, hijo de José y Melitona, con domicilio en Madrid calle Alcalá doscientos once,
titular del Documento nacional de Identidad número 173.785, de los siguientes efectos: - - - - Toda la
documentación que en su día fue intervenida en el local de PUBLIGEST de Móstoles y en su domicilio de
la localidad de las Rozas, entre la cual se encuentran: Un contrato de alquiler de centro de cálculo,
propiedad de LEISA, sito en la calle Juan de Juanes número uno de Móstoles, contrato suscrito por la
cantidad de cien mil pesetas mensuales entre LEISA y Joaquín González López en representación de
PUBLÍGEST; Un contrato de implantación de sistemas informáticos realizado entre LEISA y Joaquín
González López en representación de PUBLlGEST,-siendo el importe mensual de facturación de LEISA al
cliente de doscientas mil pesetas al mes; y un contrato de mantenimiento por el que percibe por parte de
Joaquín González en representación de PUBLlGEST, la cantidad de trescientas mil pesetas al mes. - - - - -
- - - - - - - Una agenda calculadora marca CASIO modelo SF-9000. - - - - - - - y las armas, tanto de
avantcarga cano escopetas de caza, que también fueron intervenidas en su día en su domicilio, así como
la munición, siendo las armas que se entregan un rifle santa Bárbara, con mira telescópica calibre 300
WNY con funda, otro marca KKC calibre 22 con mira telescópica, otro calibre 44 con funda marrón, una
escopeta Reminton calibre 12, una escopeta de un solo cañón sin marca visible una escopeta de caza de
un cañón sin marca visible, una escopeta de caza de dos cañones sin marca ni números visibles, una
escopeta de caza de dos cañones sin marca visible, un rifle de avantcarga sin marca ni números visibles,
cuatro pistolas de avantacarga modelo antiguo y una caja con fundas, utensilios de recarga, casquillos,
un silenciador y diversa munición. - - - - - - - - - - - - Se finaliza la presente a la media hora de su inicio
firmando de conformidad Joaquín González López, el cual ha revisado todos los efectos que le son
entregados en este-acto. Firma el Instructor que CERTIFICA
AUTO DE SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO El primero de septiembre de 1992 el único juez al que por reparto legalmente le
correspondió conocer, dictó el Auto que literalmente dispone: AUTO:- En Móstoles a uno de septiembre de mil novecientos
noventa y dos. Dada Cuenta: HECHOS PRIMERO.- En fecha 13 de julio de 1.991, se incoaron en este Juzgado diligencias
previas en virtud de un atestado instruido por la Dirección General de Policía. SEGUNDO: - El día 31 de julio de 1991, se dictó
auto por el que se autorizaba se interviniesen los teléfonos de la empresa PUBLI-GEST SL sita en esta localidad. TERCERO.-
Con fecha cuatro de noviembre de 1991 este juzgado fue requerido por el Juzgado Central de Instrucción Núm. 3 al objeto de
remitir las diligencias que aquí se seguían. CUARTO.- Practicadas las diligencias que se consideraron oportunas y a la vista
del resultado de estas, el Juzgado Central de Instrucción dicta auto en el que se acuerda la inhibición de todo lo actuado, en
favor nuevamente de este Juzgado. QUINTO.- Una vez recibidas las actuaciones, continúa la instrucción de las mismas con el
resultado que consta en autos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- De las pruebas practicadas se desprende que la actividad desarrollada por D.
Joaquín González, a través de su empresa PUBLI-GEST SL. así como otras personas que resultaron inicialmente implicadas
en la causa, consiste, fundamentalmente en recopilar datos tales como el nombre, domicilio, número de documento nacional
de identidad, empresa en la que trabaja, ingresos, automóviles que figuran a su nombre, número de afiliación a la Seguridad
Social, todos ellos referidos a personas físicas, así como semejantes datos referidos a empresas-personas jurídicas además
del Código de identificación Fiscal, número de trabajadores etc.
Todos estos datos se integraban en ficheros automatizados y luego son utilizados en campañas de publicidad directa bien por
ellos mismos, o bien se vendían los que interesaban al cliente para que este remitiera la propaganda. También en algunas
ocasiones se vendía o cambiaba el fichero, casi siempre entre empresas del sector. Desde otro punto de vista también parece
prudente señalar que del contenido de las diligencias se desprende con bastante claridad que no nos encontramos ante una
"red organizada" ni nada por el estilo, sino, por el contrario, ante diversas personas y empresas (más bien modestas en cuanto
a su volumen de contratación), cuya única conexión radica en haberse puesto en contacto en alguna que otra ocasión con
Joaquín González para realizar algún negocio dentro del ámbito de su empresa.
SEGUNDO.- La información de que se hablaba en el fundamento anterior llegaba a manos de las personas involucradas en las
diligencias por los siguientes medios: a) la compra o cambio de ficheros con otras empresas del sector; b) la captura de datos
que figuran en los cupones de concursos de amplia difusión; c) la copia de los datos que les proporcionan partidos políticos,
sindicatos, Seguridad Social, Ayuntamientos, fundamentalmente referidos a datos obrantes en los padrones o censo electoral,
al encargar trabajos de informatización para la celebración de elecciones u otros fines públicos, que luego utilizaban con fines
privados; d) mediante solicitud directa a los organismos o funcionarios públicos encargados de estos datos. Pues bien de los
referidos medios los recogidos en los apartados a, b y c no constituyen tipo delictivo alguno de los previstos en el Código Penal
(con independencia de la valoración moral que pueda darse al del apartado c)- que, desde luego, queda totalmente al margen
de unas diligencias penales, como las presentes).
TERCERO.- Mención aparte merece la captación de la información directamente del ente público donde figuran custodiados
los datos. En Primer lugar, parece deducirse de lo actuado que no existe una regulación exhaustiva del contenido y límites de
la publicidad de los datos que obran en dichos registros. Así podemos observar que en el único caso en que pudiera haber
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indicios delictivos el implicado, Joaquín, se dirige, primero, oficialmente y por escrito al funcionario encargado solicitando el
acceso a los datos. Por otra parte en los anexos III y VIII del minucioso informe remitido por los Técnicos de la Seguridad
Social se observa la amplia difusión que se daba a alguno de estos datos, entregándose incluso a algunas empresas de las
que se dedican a la venta de ficheros, como Camerdata y PDM S.A.
En definitiva lo que ha de quedar claro es que los datos con que operan estas personas y empresas no son secretos,
en el sentido que afecten a la esfera íntima de la persona, por el contrario, parece dudoso que hechos o actos de
aquella índole figuren inscritos en Registros Públicos, e incluso expuestos en ocasiones para el conocimiento general
(vgr. las listas electorales que se exponen en los colegios electorales cuando se celebran elecciones). Así las cosas parece
que el único hecho susceptible de ser encuadrado en alguno de los tipos recogidos en el Código Penal vigente consiste en el
ofrecimiento o solicitud de dádivas, presentes, ofrecimientos, regalos o promesas a los funcionarios encargados de la custodia
de estos datos para su facilitación (artículos 386, 390 y 391 del Código Penal).
CUARTO.- Pues bien la investigación realizada no se puede concluir que los encartados hubiesen adquirido
información alguna de la que disponían por alguno de los procedimientos a que se acaba de aludir, dicho de otra
forma, no existe indicio alguno en autos de que los encartados hayan entregado cantidades de dinero a funcionarios
públicos para conseguir los datos que obraban en sus ficheros. En este orden de cosas, se ha de señalar que las contestaciones
recibidas de la Seguridad Social y de Hacienda cierran el paso, a estas alturas de la investigación, a cualquier posibilidad
de determinación y concreción del origen concreto de la información analizada. Siendo de resaltar que incluso en el caso
de Hacienda ni siquiera se puede saber de qué datos dispone Joaquín, porque no se corresponden con los que obran en la
Delegación, lo que parece indicar la veracidad de las declaraciones de este en el sentido de que se trata de información
correspondiente a ejercicios económicos antiguos. Concluyendo la amplia difusión de parte de los datos utilizados por D.
Joaquín, la indeterminación de otros, así como las fechas en que han podido ser adquiridos y de los funcionarios que a ellos
han tenido acceso, en relación con el conocimiento de las presentes diligencias que hoy tienen todas las personas con ellas
relacionadas, hacen imposible cualquier averiguación en este campo, por ello se ha de acordar el sobreseimiento y archivo de
las actuaciones en virtud de lo previsto en el artículo 789.5º 1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
QUINTO.- Sin embargo de las diligencias obrantes en autos si parece desprenderse la posible comisión de un delito de
cohecho previsto y penado en el articulo 391 del Código Penal, que viene configurado por las gestiones llevadas a cabo por D.
Joaquín González a través de una funcionaría de la junta de Andalucía, para conseguir de otro funcionario la relación de
vehículos de aquella Comunidad Autónoma. Ahora bien teniendo en cuenta que los contactos se realizaron a través de
llamadas telefónicas desde la casa de Joaquín, en las Rozas, hasta la de la funcionaría en Sevilla, siendo luego ésta la
encargada de contactar y transmitir los ofrecimientos de Joaquín al otro funcionario en la mencionada ciudad, este Juzgado no
resulta competente para la instrucción de las diligencias procediendo la inhibición respecto de estos hechos en favor del
Juzgado de Instrucción que corresponda de los de Sevilla, lugar donde se realizaron los hechos que pueden revestir trascendencia
delictiva, artículo 14.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). A este fin habrá de deducirse testimonio de los
particulares obrantes a los folios 164 a 168; 255 a 258: 313 a 317; y 361 a 367; 581; 659 y 660; así como de la presente
resolución. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
SSª DIJO: Se decreta el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones al no existir indicios de la comisión de
alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, excepto lo referido en el fundamento de Derecho quinto, a cuyos efectos
se deducirá testimonio de los particulares obrantes a los folios 164 a 168; 255 a 258; 313 a 317; 361 a 367; 581; 659 a 660,
así como del presente auto, y se remitirá al Juzgado de Instrucción Decano de los de Sevilla. Una vez firme la presente
resolución procédase a la devolución del material informático incautado a sus propietarios. Notifíquese la presente resolución
al Ministerio Fiscal y a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de
Tres días que se interpondrá ante este mismo juzgado. Así lo acuerda manda y firma D. Gregorio del Portillo García
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nº DOS de Móstoles. DILIGENCIA:- se cumple lo acordado; doy fe
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID al desestimar el recurso presentado por los cómplices del Magistrado
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo CORROBORA ÍNTEGRAMENTE EL ANTERIOR
AUTO número 57 de la Audiencia Provincial de Madrid Istmos. SRES. de la Sección Tercera D. Félix Alfonso Guevara Marcos
D. Carlos Ollero Butler Dª Mª Pilar Abad Arroyo En Madrid, a 17 de abril de 1993 Visto en grado de apelación por esta Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid las Diligencias previas 666/91 del Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Móstoles
en virtud de recurso de apelación formulado por la representación procesal de la acusación popular ejercida por D. Antonio
Farriols Sola y cuatro más contra Auto de archivo, siendo partes en esta segunda instancia los ya referidos apelantes,
representados por la procuradora Dª Mª Jesús González Diez y defendidos por el letrado DIEGO LÓPEZ GARRIDO, los
apelados Dª Pilar Luna de Parga y cuarenta y dos más, representados por la Procuradora Dª Lucia Sánchez Nieto, y defendido
por el Letrado D. Antonio Zubiri García; confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español-CAVE-, representado
por el Procurador D. Juan Francisco Alonso Adalia y defendida por el Letrado D. José Sanrosa Aldea; asistencia Técnica al
Municipio S.A. -ATM- y ATM_DOS, representada por el procurador D. Ángel Rojas Santos y defendidos por el letrado D.
Antonio Labat de la Plaza; Proceso de Datos A-2, S.A., representado por la Procuradora Dª Elisa Sáenz Ángulo y defendido
por el Letrado D. Francisco Javier Ibañez, Joaquín González López representado por el Procurador D. Jesús Verdasco
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Triguero y defendido por el Letrado D. Miguel Ortiz-Cañabate y Puig Mauri; Rosa María Alvarez Canton-Obregon, representada
por la Procuradora Dª Josefa Paz Lendeta García y defendida por el letrado D. Cesar Camargo Sánchez; Ricardo Alcantara
Vega y Alfonso Martínez Melguizo, representados por el procurador D. Agustín Sanz Arroyo y defendidos por el Letrado Silvio
Jorge Fernandez del Castillo; Francisco Javier Jiménez Sacristán, representado por la Procuradora Dª Mª Luz Arnaiz Sanz y
defendido por el Letrado Marco García Martínez; José María Rodríguez Menéndez, representado por la procuradora Dª Mª
Jesús García Letrado y defendido por el Letrado Abel Isaac de Badousa Piquer; Carlos Alvarez Obregon; representado y
defendido por el Letrado D. Gustavo Castañeda Aranz y el Ministerio Fiscal y Ponente el Magistrado D. Félix Alfonso Guevara
Marcos.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Móstoles, en virtud de inhibición de
las Diligencias Previas 262/91 del Juzgado Central de Instrucción nº 3, incoó y tramitó Diligencias Previas 666/91 por delitos
de cohecho y revelación de secretos contra Joaquín González López y otros. SEGUNDO.- Por Auto del Juzgado de fecha 1 de
septiembre de 1992 se acordó el archivo de las actuaciones previa deducción de testimonio para su remisión al Juzgado
Decano de los de Instrucción de los de Sevilla. TERCERO.- Contra el referido Auto interpuso en tiempo y forma recurso de
apelación la representación de Antonio Farriols Solá y otros personados como acusación popular; recurso que el Juzgado tuvo
por formulado en ambos efectos dándose vista para alegaciones a las demás partes, de las que formularon impugnación las
representaciones de Joaquín González López, Ricardo Alcántara Vega, Alfonso Martínez Melguizo y Gabriel Usera González
así como el Ministerio Fiscal. CUARTO:_ Recibidos los Autos en esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial y formando
Rollo de Sala 370/92, previo los oportunos trámites, se señalo el día de ayer para la correspondiente deliberación, votación y
fallo, quedando conclusos para resolución.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. Se aceptan y se dan expresamente por reproducidos los correlativos del Auto de 1 de
septiembre de 1992 objeto del recurso y, PRIMERO:_ Como acertadamente expone el Juez "a quo" en el referido auto, y de
forma coincidente señala el Ministerio Fiscal en su informe oponiéndose el recurso presente, no existen indicios ciertos de
criminalidad en la conducta del inculpado Joaquín González López -del delito de cohecho del Capitulo IX del Titulo III del
Código Penal- ni del funcionario D. C.C.A. delito de cohecho ya referidos y de los de revelación de secretos e informaciones
del Capitulo IV del Titulo VII del texto punitivo.- En efecto, a lo largo de la precisa y larga instrucción y así lo pone de manifiesto
esencialmente los informes emitidos en fecha 15 de junio y 30 de julio de 1992 por la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social y por la Jefatura de Gestión Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, no se ha podido concretar el origen
"oficial" de los datos obtenidos por el SR. González, sino que por el contrario, tal origen debe situarse en la transacción con
otras empresas del sector y en datos públicos de organismos oficiales o para-oficiales, quedando asimismo no concretados los
resultados de los probados contratos entre el referido Sr. González y D. C.C.A. así como la naturaleza de dichos contratos; es
decir, no existe indicio evidente que ello constituya uno de los delitos antes indicados procediendo en consecuencia la
confirmación del archivo acordado al amparo del art. 789.5º.1 de la Ley de Enjuiciamiento criminal dado que , insistimos, no
queda ni siquiera de forma indicaría demostrado que existiera ofrecimiento de dádiva a aquel funcionario público, ni que este
facilitara datos, ni de que en su caso estos fueran secretos o privilegiados.
SEGUNDO:_ Expuesto lo anterior, esto es, la inexistencia de conducta delictiva en relación a la actuación del Sr. xxxx xxxxx,
cuestión sobre la que en exclusividad se centra el argumento de la parte apelante, procede confirmar asimismo la resolución
del Juez "a quo" en cuanto a la deducción de testimonio y la inhibición a los Juzgados de Sevilla por la posible existencia del
delito de cohecho en relación a los ofrecimientos habidos en aquella ciudad a D. F.U.A., Jefe de Servicio del xxxx xxxxx a
través de la funcionaría de la Conserjería de xxxx. puestos de relieve por las intervenciones telefónicas (folios 198 y siguientes
y 340 y siguientes) por las declaraciones del Sr. González López.
TERCERO.- En consecuencia a todo lo expuesto y dados por reproducidos los acertados fundamentos del mismo, procede
confirmar en todos sus términos el Auto de 1 de septiembre de 1992 decretándose el archivo de las Diligencias Previas 666/91
del Juzgado de Instrucción nº2 de Móstoles y la inhibición, previa deducción de los oportunos particulares, a favor de los
juzgados de igual Clase de Sevilla. CUARTO.- No apreciándose temeridad ni mala fe, en la formulación del presente recurso,
las costas de la alzada han de declararse de oficio (art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). VISTOS, además de los
citados, los preceptos de general y pertinente aplicación.
LA SALA ACUERDA : Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Antonio
Farriols Sola y otros contra el Auto de 1 de septiembre de 1992 dictado en Diligencias Previas 666/91 por el Juzgado
de Instrucción nº 2 de los de Móstoles y, en su consecuencia, confirmar íntegramente dicha resolución con declaración
de oficio de las costas procésales causadas en esta segunda instancia. Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los
Istmos. Sres. Magistrados anotados al margen en Madrid en la fecha al principio indicada.
9-8-1.993 EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE SEVILLA DECRETA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Fallo del
Juzgado núm. 9 de Sevilla a quien por reparto correspondió entender de las diligencias que contra mi se seguían y que el
titular del núm. 2 de Móstoles se inhibió por considerar fuera de su competencia, las conversaciones telefónicas mantenidas
desde Las Rozas con Sevilla. I HECHOS ÚNICO.- El presente procedimiento se incoó por los hechos que resultan de las
anteriores actuaciones, habiéndose practicado cuantas diligencias de investigación se han estimado esenciales para
determinar la naturaleza y circunstancia de aquellos y las personas que en ellos han participado.
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II FUNDAMENTOS JURÍDICOS ÚNICO.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito
que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 789 y 641, 1º
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Visto, en su
caso, el informe del Ministerio Fiscal y en atención a lo expuesto D I S P O N G O que se decrete el sobreseimiento provisional
de las presentes actuaciones. Cúmplase lo establecido en el último párrafo del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de interponerse en el
plazo de tres días. Así lo acuerda, manda y firma D. ELOISA GUTIÉRREZ ORTIZ, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 9; doy fe.
-------------------------------------------------
De lo hasta ahora expuesto se deduce que a nuestro poderdante, una vez decretado el sobreseimiento y archivo de las
actuaciones judicial, le asistía y le asiste el derecho a exigir al Ministerio Fiscal que cumpla con su misión de promover la
acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley
como dispone la vigente Constitución Española. En http://padrecoraje.es/pdf/denuncia-ante-el-ministeriofiscal9-9-1992.pdf se
reproduce la denuncia que nuestro poderdante presento ante el Fiscal General del Estado contra los miembros de aquel grupo
de presión o lobby que presidía el Magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín y,
supuestamente fue él quien consiguió que la denuncia no llegara al Fiscal General del Estado ya que, como Sus Señorías
podrán comprobar, anónimamente lo firma el Fiscal de la Secretaria Técnica.
Ante tamaña arbitrariedad nuestro mandante, ante el único tribunal competente para conocer de los delitos de prevaricación
que pudiera haber cometido el titular del Juzgado de Instrucción Central número 3 de los de La Audiencia Nacional, presento
querella criminal que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que resolvió dictando el
Auto a continuación reproducido.
SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CAUSA ESPECIAL 2/1993 AUTO DE 4 DE
MAYO DE 1993. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Por el Procurador Sr. VERDASCO TRIGUERO, en nombre y
representación de don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ y a los efectos de representación, se presentó ante esta Sala de lo civil y
penal del Tribunal Superior, querella para la tramitación de antejuicio contra el Magistrado-Juez Central nº 3 Ilmo. Sr. Don
Miguel MOREIRAS CABALLERO por el delito de prevaricación del artículo 356 del Código Penal. 2.- Por Acuerdo del Excmo.
Sr. Presidente de esta Sala, se designó Instructor, de conformidad con lo previsto en el artículo 73.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y al orden de prelación preestablecido. Dicho Instructor dictó Auto de fecha 3 de febrero del presente año, por el
que decretó la remisión de los autos al mencionado Presidente de la Sala con la finalidad de que procediera....
3.- Por Providencia de la Sala de 10 de febrero, se designo Ponente y se interesó de la Sección 34ª de la Audiencia Provincial
de Madrid, testimonio de una serie de documentos y actuaciones judiciales de las Diligencias Previas nº 666/91 del Juzgado de
Instrucción nº 2 de Móstoles, que formaban el rollo de apelación nº 370/92 y se requirió al querellante para que aportara copia
fehaciente de la escritura de apoderamiento. Dicha copia fue aportada, testimoniada en autos y unida por diligencia de 18 de
febrero. Asimismo se recibió el testimonio interesado.
4.- Unidas a los autos las compulsas (testimonio aludido), se dio vista al querellante para instrucción por plazo de tres días, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, y conforme al mismo precepto,
se dio vista al Ministerio Fiscal. Ambos presentaron sendos escritos dándose por instruidos e instándose la celebración de la
vista del antejuicio. Se dio vista, también, por tres días al querellado, en aplicación del principio constitucional contenido en el
artículo 24.1 de la Constitución, el cual presentó escrito por medio de Procurados, con representación acreditada al respecto.
5.- Se señaló día para la vista pública, que se celebró efectivamente en el señalado. En ésta informo el Letrado de la parte
querellante, que se ratificó en la querella y, tras alegar lo que estimo procedente, solicitó su admisión y la suspensión temporal
del Magistrado querellado. Informo el Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal Superior que solicitó asimismo la admisión de la
querella. Por último, informó el Letrado querellado, que manifestó que la actuación de éste se realizó con todas las garantías
jurídicas y solicitó que no se admitiera la querella.
6.- Ha sido Ponente el Magistrado de esta Sala de lo civil y penal, Ilmo. Sr. D. Xavier O' Callaghan Muñoz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- La esencia de un antejuicio, como el presente, estriba en el equilibrio entre la independencia
judicial y la responsabilidad de los jueces, principios fundamentales, uno y otro, proclamados en el artículo 117 de la
Constitución se ha definido en la doctrina como el conjunto de actuaciones previas que exige la Ley con el fin de acreditar ante
el órgano jurisdiccional juzgador, la seriedad de los motivos que han de determinar en su caso la declaración de haber lugar a
proceder y la admisión de la querella del particular, para incoar proceso penal contra un juez o magistrado por causa de delito
cometido en el ejercicio de sus funciones. Así, destaca su función de garantía, frente a una acusación infundada o,
simplemente, sin base jurídico-penal suficiente. A ello ha de sumarse la previsión de los artículos 405 y SS. de la Ley Orgánica
del Poder Judicial que prevén la incoación del juicio de responsabilidad penal contra jueces y Magistrados en virtud, entre otros
casos, de querella (art. 406) lo que está en relación con el artículo 764 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, se ha
de añadir la norma del artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispone que la querella se desestimará "cuando
los hechos en que se funde no constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la
misma". El Tribunal Constitucional en Auto de 21 de enero de 1993, en su fundamento segundo reiteró la adecuación y legiti-
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midad constitucional del antejuicio, extendido como una garantía institucional de la jurisdicción, destinada a preservar un
ejercicio de la interposición, destinada a preservar un ejercicio de la interposición de querellas manifiestamente infundadas. En
definitiva, el antejuicio es un tamiz que se impone a la tramitación de un proceso penal contra un juez, para desestimar la
querella, si concurre alguno de los supuestos del artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o para admitirla a trámite. Y
este último supuesto no es más que el inicio del proceso penal, sin que disminuya un ápice la presunción de inocencia, que
proclama el artículo 24.2, último inciso, de la Constitución.
2.- La presente querella se refiere en concreto al tipo delictivo de prevaricación del artículo 356 del Código Penal que tipifica el
hecho de "el Juez que, a sabiendas, dictare Auto injusto incurrirá en pena de suspensión". Se trata del comportamiento ilícito
del juez respecto a determinada función que le es propia: requiere que se dicte un Auto, que éste sea injusto y que se
produzcan ambos elementos, "a sabiendas", es decir, con dolo especifico, conciencia y voluntad concretas de dictar el Auto
injusto o, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1986, que el Juez "sepa y le conste que la resolución
que dicta es injusta por contraria a la Ley y que, no obstante, la dicte voluntaria y conscientemente". La prevaricación del
mencionado artículo 356 la refiere la querella a los Autos de 12 de enero de 1992 y de 14 del mismo mes y año. Respecto a
los mismos, se destaca por la parte querellante que, tal como consta por testimonios obrantes en Autos, aparece:
Auto de 12 de enero de 1992 de prisión provisional comunicada, sin fianza, del querellante, en base, como expresa el
fundamento jurídico único, en "la naturaleza del hecho perseguido" y "pena que en su día pudiera corresponderle";
dos días después, 14 de enero, se reforma el anterior y se acuerda fianza de tres millones de pesetas (que prestó, fue
aceptada y quedo en libertad) en base, según el fundamento único "la naturaleza de los hechos perseguidos y
teniendo en cuenta la pena privativa de libertad que en su día pudiera imponerse"; con esta misma fecha, 14 de enero,
se dicta otro Auto en cuyo fundamento único se dice que "no siendo los hechos a que se contraen las presentes
diligencias susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los
Juzgados de Instrucción y de la Audiencia Nacional ..." se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles;
este Juzgado en fecha 1 de septiembre dictó Auto por el que decretó el sobreseimiento y archivo de las diligencias, auto
confirmado por la Audiencia Provincial.
3.- A la vista de los hechos objetivamente acreditados por testimonio, no es posible entender que, en principio, "no
constituyen delito" o esta Sala "no se considera competente". Esta Sala no puede por menos que valorar y tener en
cuenta la postura del Ministerio Fiscal de solicitar la admisión de la querella; tanto más cuando de haberse formulado por el
mismo no sería preciso, siquiera, la celebración de un antejuicio como el presente (art. 406 en relación con el 410 de la LOPJ).
Lo segundo no ha planteado cuestión alguna ni se ha discutido, por lo que la competencia de la Sala viene determinada por lo
dispuesto en el artículo 73.3.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo primero es preciso resaltar que tiene un sentido
negativo cuando se admite la querella no significa que el Tribunal entienda que los hechos constituyen delito sino que es a la
inversa; tan sólo cuando los hechos que se relatan en la querella, tal como exponen, analizados objetivamente, esta claro que
"no constituyen delito!, en este caso se dicta resolución no admitiéndola. Pero en todo caso, como se ha apuntado, sigue
válida y aplicable la norma o principio constitucional de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución.
4.- Es preciso, pues, admitir la querella a trámite, sin que ello prejuzgue la tipificación definitiva de los hechos sucedidos, sino
que, por el contrario, se presume la inocencia del querellado. En cuanto a la posible aplicación del artículo 775 2º párrafo de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre suspensión del ejercicio de su función, por el querellado, medida cautelar solicitada
expresamente por la parte querellante y no por el Ministerio Fiscal, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por el
artículo 383.1 de la ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal debe cumplir con lo ordenado por el artículo 384.1 y remitir
testimonio al Consejo General del Poder Judicial.
LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, ACUERDA: Se admite a trámite
la querella interpuesta por la representación procesal de Don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, por el supuesto delito de
prevaricación, contra el Magistrado-Juez Central nº 3 Ilmo. Sr. D. Miguel MOREIRAS CABALLERO. Notifíquese esta
resolución a los Procuradores de las partes querellante y querellada y al Ministerio Fiscal. Contra la misma cabe recurso de
súplica ante esta misma Sala en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente a haberse practicado su notificación.
Firme la presente resolución, devuélvase la causa al Magistrado que había sido designado Instructor, para que proceda a su
instrucción por los trámites procedentes. Asimismo, cuando sea firme esta resolución, remítase testimonio de la misma al
Excmo. Sr. Presidente del Consejo general del Poder Judicial para que, en su caso, haga efectiva la medida prevista en el
artículo 775, segundo párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos Sres. anotados. Certifico.
B.- INFORME DEL MINISTERIO FISCAL DE 7 DE MAYO DE 1993 A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID. http://padrecoraje.es/pdf/informefiscaltsjcausa2-1993.pdf EL FISCAL, en la Causa nº
2/93 que se sigue por los trámites de antejuicio contra el Magistrado del Juzgado de Instrucción Central de Instrucción nº 3 de la
Audiencia Nacional, Iltmo. Sr. Don Miguel MOREIRAS CABALLERO, evacuando el traslado conferido en Providencia de fecha
seis de mayo de 1993, dice: I De la naturaleza de la pretensión formulada. Con carácter previo a fijar la posición del FISCAL en
este trámite, conviene precisar el carácter del escrito presentado por el querellado, concretando la pretensión que el mismo
contiene. A tal objeto resulta de utilidad efectuar las siguientes consideraciones: 1.- Nos situamos ante un escrito carente de
concreta edición de recurso, lo que conduce a la Sala a calificar la pretensión de recurso de súplica que, como tal, se tramita. 2.-
128

Sin embargo, la valoración del Tribunal no puede aceptarse plenamente, porque ni en forma directa u oblicua el querellado
impugna el contenido del auto dictado por la Sala con fecha 4 de mayo, limitándose a discrepar de la competencia de la Sala para
el conocimiento y decisión del antejuicio, por lo que postula "la inhibición en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
3.- Es por ello por lo que debemos calificar la insólita pretensión como una solicitud de inhibición en favor de la Sala
Segunda del T.S. promoviendo una cuestión de competencia, de forma procesalmente inviable conforme al artículo 19.6 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, salvo que se fuerce su ámbito conforme al artículo 14 de la Constitución Española. Articulación
indebida de la pretensión, además, conforme a los artículos 52 de la LOPJ y 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que
pueda desconocerse lo que implica aún de forma solapada o encubierta la petición deducida: la nulidad de las actuaciones
practicadas por esa Excma. Sala, fuera del recurso establecido por la Ley, conforme al artículo 240.1 de la LOPJ. Ese razonamiento
debe conducir, con carácter principal, a la inadmisión de la pretensión formulada por motivos estrictamente procésales.
No obstante lo anterior y para el supuesto de que la Sala considere que, pese a la deficiente formulación procesal de la
pretensión, cabe pronunciarse sobre la cuestión planteada, EL FISCAL se extenderá a continuación en la fundamentación técnicojurídica
según la cual se mantiene que EL ÓRGANO COMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE ESTA CAUSA ES LA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, según se justifica a continuación. II
Sobre la competencia para el conocimiento de la causa.
PRIMERO.- Naturaleza de los Juzgados Centrales de Instrucción. Delimitado el ámbito de este dictamen, debe destacarse
seguidamente la complejidad de la cuestión, con toda seguridad atribuible a su deficiente regulación en la LOPJ. La materia
"dedicendi" debe determinar, previamente, cuál es la naturaleza orgánica de los Juzgados Centrales de Instrucción. A tal objeto
debe acudirse a los artículos 63, 64 y 88 de la LOPJ. El primero de estos preceptos define la composición de la Audiencia
Nacional, que se extiende a "su Presidente" los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la Ley para cada una de sus
Salas y Secciones", especificando el artículo 64 que "la Audiencia Nacional estará integrada por las Salas de lo Penal, de lo
Contencioso-Administrativo y de lo Social, con la previsión de que podrán crearse dos o más Secciones, dentro de una misma
Sala, en atención al número de los asuntos. Como primera conclusión de carácter negativo y en cuanto concierne a la cuestión
analizada, debe mantenerse que los Magistrados de los Juzgados Centrales de Instrucción no tienen la consideración orgánica de
Magistrados de la Audiencia Nacional.
La conclusión anterior se ve reforzada con el examen del artículo 88 de la tan repetida Ley Orgánica, que dispone la
existencia de los Juzgados Centrales, "con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo conocimiento corresponda
a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ...", debiendo significarse que su consideración sistemática resulta ajena a la
configuración orgánica de la Audiencia Nacional, al situar su tratamiento dentro del capitulo V del título IV, conjuntamente con "los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia
Penitenciaria y de Menores". En definitiva, en sentido negativo no son parte de la Audiencia Nacional, mientras que, en sentido
positivo, son Juzgados de Instrucción aun cuando con jurisdicción en toda España, al objeto de instruir las causas penales cuya
decisión y fallo corresponda a las Secciones de la Sala de lo Penal de la audiencia Nacional. Estas dos conclusiones deben
conducir a un intento de definición de estos órganos, tan difusa e insatisfactoriamente tratados en la Ley reiteradamente invocada
como Juzgados integrados funcionalmente en la Audiencia Nacional, de cuya composición orgánica forman parte.
SEGUNDO.- De la competencia para el conocimiento y fallo de las causas contra Magistrados-Jueces de los
Juzgados Centrales de Instrucción. 1.- De la interpretación gramatical, en relación con el contexto, de los artículos 57.1.3º y
73.3.b de la LOPJ, conforme al artículo 3.1 del Código Civil. La decisión sobre esta cuestión debe ser consecuencia, en primer
lugar, de la interpretación gramatical de los artículos 57.1.3º y 73.3.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tarea no exenta de
alguna dificultad según comprobaremos seguidamente. Según el primero de los preceptos citados, corresponde a la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo "la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un
Tribunal Superior de Justicia", mientras que el segundo de los preceptos atribuye a la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ "el
conocimiento y fallo de las causas contra Jueces y Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en
el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
La primera afirmación que debe servir de eje metodológico sobre el que pivote el resto de las consideraciones, se centra
en la interpretación gramatical de la primera disposición, que excluye de la competencia del Tribunal Supremo el conocimiento de
estas materias, dado que, según se razonó anteriormente, los Magistrados titulares de los Juzgados Centrales no son miembros
integrados orgánicamente en la Audiencia Nacional.
Han de tenerse en cuenta, además, tanto el carácter restrictivo que ha de caracterizar la aplicación técnica del legislador
de la Orgánica, al escalonar las competencias ya de la Sala Especial (artículo 61.4), ya de la Sala Segunda (artículo 57), ya
finalmente y con carácter residual, de los restantes integrantes del Poder Judicial y miembros de la Carrera Fiscal. Este escalonamiento
o técnica de atribución singular a las Salas Especial y Segunda del T.S. y de remisión residual a las Salas competentes de
los tribunales Superiores de justicia, debe integrar el segundo de los argumentos del razonamiento discursivo tendente a la
solución de esta materia.
Las alegaciones precedentes conducen "prima facie" a determinar la competencia conforme al artículo 71.3,b) de la ley
Orgánica, en favor de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta conclusión, sin embargo, debe someterse a un análisis
complementario, si se repara en el tenor literal del precepto, introductor, cuando menos, de cierta confusión sobre la que conviene
detenerse. La ausencia de claridad obedece a la incorporación de la expresión "... por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de
su cargo en la Comunidad Autónoma ...". Una primera aproximación al esfuerzo exegético obliga a mantener que nos situemos,
129

con carácter genérico, ante un fuero funcional, atento no ha la persona en cuestión sino al vínculo entre el delito atribuido y el
ejercicio de su cargo. Debe añadirse, seguidamente, que la inteligencia del párrafo -siempre desde la hermenéutica gramatical en
que nos situamos- se centra en la preposición "en" que relaciona "ejercicio de su cargo" con "la Comunidad Autónoma" entendida
dicha preposición como "lugar, en tiempo o modo de la acción del verbo", la lógica sugiere en este caso que ha de entenderse
como "lugar en donde". Ahora bien, no aparece tan claro el lugar al que al que ha de referirse la acción, pues puede validamente
atribuirse tanto al lugar de comisión del delito, como al lugar en donde se ejerce el cargo. Según la primera de las alternativas, el
significado del precepto consistirá en que todos los Tribunales Superiores de Justicia en su respectivo ámbito territorial, serían
competentes en esta materia, por ser su territorio "el lugar en donde" se ha cometido el delito imputado. Según la segunda de las
alternativas, el lugar -entiéndase como Comunidad Autónoma- donde ejerce el cargo. Dado que los Juzgados Centrales de
Instrucción no tienen competencia en ninguna Comunidad en particular, pero sí en todo el territorio nacional, que sin embargo,
abarca en los territorios de las comunidades Autónomas, la conclusión sería que ninguno de los Tribunales Superiores sería
competente, y por ello, inaplicable el precepto en cuestión.
La segunda de las alternativas conduce, pues, a un absurdo, en cuanto supondría la presencia de una situación Juzgados
Centrales de las Comunidades Autónomas- inexistente tanto orgánica como funcionalmente. Por tanto es una alternativa
inadmisible, que nos remite necesariamente a la primera, que se reputa no sólo válida sino la única correcta y excluyente de
cualesquiera otras. por ello, debe entenderse que la competencia, pese a lo no afortunado de la sintaxis empleada, se atribuye a
la Sala de lo Civil y Penal del tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma. Conclusión que sólo podía objetarse de haberse
viciado o resultar gramaticalmente inviable se exégesis, lo que entendemos no se ha producido. Debe considerarse, pues,
partiendo de la interpretación gramatical que se ha desarrollado, que cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia del
territorio Nacional, resulta competente para el enjuiciamiento de las causas por delitos atribuidos a los Magistrados titulares de los
Juzgados Centrales de Instrucción.
2.- De la interpretación de los preceptos en cuestión atendiendo a loa antecedentes históricos y legislativos.
Prescindiendo de otros antecedentes, tales como el proyecto de Ley Orgánica de 1929, el precedente histórico de obligada
referencia lo constituye el artículo 276.3º de la LOPJ, de 15 de septiembre de 1870, que atribuía a las Audiencias Territoriales el
conocimiento "de las causas contra los Jueces de Instrucción, por cualquier clase de delito", mientras que el artículo 281.3
comprendía el conocimiento de la Sala 3ª del Tribunal Supremo para las causas criminales contra los Magistrados de la Audiencia
o del Tribunal Supremo y el artículo 284 disponía la competencia del Pleno del Alto Tribunal en las causas contra su presidente o
Presidente de Sala o el Fiscal del Tribunal Supremo así como en las causas contra todos o la mayoría de los miembros de una
Sala de justicia. De estos preceptos se refiere la ordenación del sistema sobre tres principios: Competencia del T.S. en cuanto a
Magistrados integrantes de las Audiencias, competencia de las Audiencias Territoriales sobre los Jueces de las Audiencias
Territoriales sobre los Jueces de Instrucción, y atribución competencial de este último caso en razón del lugar de la comisión del
delito, cierto es que la Adicional a la Orgánica de 14 de octubre de 1882 incorporó nuevas disposiciones, relacionadas con la
creación de la Sala de lo Criminal en cada Audiencia y una Audiencia de lo Criminal en cada provincia; dando lugar a las dudas de
interpretación, a las que responde la consulta nº 4 de la Fiscalía del Tribunal Supremo, incorporada a la memoria de 1884.
Cuestiones en todo caso ajenas a lo que nos ocupa, por cuanto se mantiene el criterio de que el conocimiento de las causas
contra los Jueces de Instrucción no son en ningún caso competencia del T.S. y sin que la innovación orgánica introducida con la
creación de la Audiencia Nacional, por R-D-L. de fecha 4 de enero de 1977 -cuya disposición transitoria primera configura
expresamente las Funciones del Juzgado central nº 3, en relación con la Ley Penal y procesal de 24 de noviembre de 1938 y la
Ley de 20 de febrero de 1942, sobre competencia del Juzgado y Tribunal de los delitos monetarios en evasión de capitales-
incorporara previsiones al respecto.
En cuanto se refiere a la tramitación parlamentaria de la vigente Ley Orgánica, cabe destacarse que en la redacción del
artículo 57.3 el texto ordinario remitido por el Gobierno, contemplaba a las causas seguidas contra todos o la mayor parte de los
Magistrados de una Audiencia, texto luego reformado, para limitar su ámbito a los Magistrados de la A.N. y de los T.S.J., sin incluir
en dicho ámbito competencial a los Juzgados de Instrucción, ya fueran los Centrales o los de jurisdicción limitada al Partido
Judicial. En lo concerniente al artículo 73.3.b), las competencias actuales de los Tribunales Superiores de Justicia fueron
definitivamente fijadas en las enmiendas presentadas ante el Senado, frente al texto original que remitía esta materia a la
regulación de los Estatutos de las Comunidades Autónomas. Como conclusión de las argumentaciones precedentes, nunca en
nuestro país el conocimiento de las causas contra los titulares de los Juzgados de Instrucción ha sido atribuida a la Sala Segunda
del T.S., sin que la creación de la Audiencia Nacional fuera acompañada por una previsión al respecto, lo que explica, en parte, su
no inclusión en el artículo 57.3 de la LOPJ. Queda por ponderar si esta exclusión atiende convenientemente al hecho de que,
pese a ser Juzgados de Instrucción, su competencia abarca todo el territorio nacional, cuestión que analizaremos más adelante.
3.- De la interpretación teológica de los preceptos en cuestión. Pese a que tanto la interpretación gramatical como la
histórica conduce a la atribución competencial en favor de los Tribunales Superiores de Justicia, no podemos olvidar la dimensión
funcional de los Juzgados Centrales respecto de la Audiencia Nacional, lo que debe enlazarse con el criterio de la interpretación
finalistica o teológica. Debe advertirse, sin embargo, sobre lo discutible que puede resultar la obtención de resultados divergentes
en razón de los criterios herméticos empleados, lo que nos llevaría a un terreno no por interesante desde otras perspectivas
teóricas útil a los fines de este dictamen, fuera lo que se dirá. Así, el carácter polémico se identificaría con la función de los
órganos jurisdiccionales, en su misión de aplicación del Derecho, siempre sujeto a un proceso, a un método y a una decisión
judicial podría quedar desprovista del valor de la juridicidad. Así, mientras la Ley representa la expresión de la voluntad ciudadana,
130

la función judicial se traduce en su correcta aplicación con arreglo al método instaurado por el propio sistema, que prescribe
interpretaciones contrarias a lo que impone la razón materializada en palabras y sintagmas. Por ello, determinadas
extralimitaciones en su exégesis podrían conducir a decisiones extrañas al sistema jurídico-político que nuestra Constitución
instaura, las afirmaciones procedentes, formuladas con las necesarias prevenciones y cautelas exigibles ante tan compleja y
discutible materia, no pueden desconocer la función integradora de la Jurisprudencia, útil frente a los más negativos efectos
propios de un método obediente a una estricta lógica formal ajena a la realidad social a la que el derecho sirve y de la que, al
mismo tiempo, se nutre. Función integradora impulsada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, integrada por los
criterios reiteradamente consolidados en el cuerpo argumentar conducente a la decisión en las Sentencias de las Salas del T.S.
Ello es singularmente apreciable en el ámbito civil, aunque no en la misma proporción en el penal, habida cuenta la diferente
significación y operatividad en este campo del principio de legalidad, y de cuya actividad integradora el sistema jurídico español
debe reconocerse deudor.
En este contesto deben necesariamente citarse los criterios contenidos en el auto del T.S. de fecha 20 de septiembre de
1989, citado expresamente por el querellante en su escrito y luego reiterados en autos de fechas 22 de noviembre de 1989 y 10
de octubre de 1991, resoluciones que, a pese a carecer del rango jurisprudencial, conforme al artículo 1.6 del Código Civil, gozan
del privilegiado valor propio del Alto Tribunal y del prestigio de sus miembros y resoluciones.
Conforme se infiere de las argumentaciones que han quedado expuestas, se difiera respetuosamente, en principio, de
los criterios sustentados por el Alto Tribunal en lo que atañe a la exégesis gramatical. En efecto, en el auto primeramente citado,
tan extenso como razonado, se expresa que "cualquier solución tropieza con obstáculos legales, dado que en estos términos,
puede pensarse razonablemente que existe un relativo vació legal si partimos de la expresión "ejercicio del cargo en la
Comunidad Autónoma" puede hacer referencia a los Jueces y Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal que prestan servicios
en ella y no simplemente a los que llevan a cabo una infracción dentro de la misma". Esta argumentación con la que se disiente,
presupone que las dos alternativas desarrolladas en su momento son en principio válidas. De ser esto cierto, debería aceptarse la
necesidad de otros criterios complementarios, y entre ellos, el teológico. Sin embargo, por las razones que se expusieron en su
momento, no existen dos alternativas en pie de igualdad, sino que una de ellas resulta absurda por suponer que existen Juzgados
Centrales de las Comunidades Autónomas. Por ello, se discrepa de este razonamiento, que integra a juicio del FISCAL el centro
de la cuestión, salvo que aceptamos -lo que se considera jurídicamente inadmisible- que en la interpretación finalista se amparen
contenidos radicalmente opuestos al sentido de las palabras, según la lógica-entendida en el ámbito jurídico no como pura lógica
formal sino lógica de lo razonable- y la gramática nos permite comprender. Frente a ello debe seguir manteniéndose que "in laria
non fit interpretatio", principio cuya vigencia debe reproducirse en nuestro tiempo, incluso con la fundamentación jurídico-política
a que hemos hecho referencia y sobre la que insistimos. Según esta fundamentación, la decisión extravagante al contenido de las
razones de las normas manifestado a través de la ordenación de la razón del lenguaje, puede llegar a integrar una invasión de las
competencias atribuidas a los órganos legislativos.
Debe añadirse a lo anterior la discrepancia sobre la interpretación teológica conducente a las decisiones del Tribunal
Supremo en los Autos citados. Sin que desconozcamos que los tales criterios son ciertamente estimables, no pueden entenderse
en ningún caso como los únicos existentes excluyentes de otros. Se olvida, por esa vía, el principio básico ordenador en el ámbito
procesal del todo sistema penal, esto es: la necesidad de que la respuesta de las instituciones se produzca allí donde el crimen se
ha cometido. Principio por ello que transciende de la pura ordenación procesal a la que responde el artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para integrar un vector de honda fundamentación ecológica.
Incidiendo en este último razonamiento, no podemos olvidar que desde la perspectiva territorial, en el presente caso
coincide el lugar en el que el delito imputado habría tenido lugar y el de la Sede del Juzgado Central nº 3. Coincidencia, por ello,
que desvirtúa, en el caso que nos ocupa, las razones que pudieran llevado a las decisiones del T.S. a que nos referimos. Dicho de
otro modo, podemos entender que en determinados delitos, no monetarios y en otros ámbitos ajenos al que nos ocupa, puede
propiciarse, por otro tipo de razones o argumentaciones ajenas a cuanto jurídicamente se fundamenta en este escrito, la
competencia el T.S. Pero mantenerla en el presente supuesto, dado el incontrovertible tenor de la norma y lo discutible de los
argumentos teológicos, representa, en el parecer e interpretación del derecho que la Constitución reserva a los Jueces y tribunales.
Los razonamientos precedentes, pueden resumirse en las siguientes CONCLUSIONES: 1.- El legislador excluye del ámbito
competencial de la Sala Segunda del T.S. al conocimiento de las causas contra los titulares de los Juzgados Centrales de
Instrucción. 2.- La LOPJ incorpora su tratamiento, de manera residual, entre las competencias de los TSJ. 3.- La interpretación
gramatical del artículo 73.3.b) de la citada norma atribuye la competencia en estos supuestos a los TSJ. 4.- La interpretación
teológica ni se manifiesta en un criterio único ni sirve para dar la misma respuesta a todos los supuestos contemplados.
Por todo lo cual EL FISCAL SOLICITA de la Sala tenga por evacuado en tiempo y forma el trámite conferido, para dictar auto por
el que, conforme a las razones que se contienen en el cuerpo de este escrito, se acuerde con carácter principal la inadmisión de la
pretensión formulada y; subsidiariamente, DECLARAR LA COMPETENCIA DE ESTA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID PARA EL CONOCIMIENTO Y FALLO DE LA PRESENTE CAUSA, que se
sigue contra el Iltmo. Sr. Don Miguel MOREIRAS CABALLERO. En Madrid 7-5- 1993. EL FISCAL JEFE Fdo. Mariano
FERNÁNDEZ BERMEJO.
INFORME DEL MINISTERIO FISCAL, DE 13 DE MAYO DE 1993; A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID http://padrecoraje.es/pdf/informesdelFiscaldonMarianoFernandezBermejo.pdf EL FISCAL,
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en la causa 2/93 que se sigue por los trámites de antejuicio contra el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la
Audiencia Nacional, Iltmo. Sr. D. Miguel MOREIRAS CABALLERO, evacuando el traslado conferido por providencia de fecha diez
de mayo de 1993, dice: Que, por medio del presente escrito IMPUGNA EL RECURSO DE SUPLICA interpuesto por la
representación procesal del querellado, lo que se fundamenta en las siguientes alegaciones.
I.- De carácter procesal.- El escrito de fecha siete de mayo, presentado el día diez, reúne todos los requisitos
procesalmente exigidos para ser considerado y tramitado como recurso de súplica, ante lo que el FISCAL muestra su conformidad.
II. En cuanto al fondo del asunto.- EL FISCAL muestra su oposición a las alegaciones del recurso, que se impugnan,
dando respuesta en forma correlativa a las contenidas en el escrito presentado.
A la primera y segunda.- Frente al parecer del querellado, mantiene EL FISCAL que la competencia para el conocimiento
y fallo de la causa viene legalmente atribuida a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según se
razonó en dictamen de fecha 7 de mayo de 1993, cuyos argumentos se reiteran en este momento y dan por reproducidos en
mérito a la brevedad. Igualmente, y frente al criterio del querellado, se sostiene que los hechos relacionados en la querella y que
dan lugar al antejuicio, sí son constitutivos de infracción penal, según se justificara más adelante.
A la tercera.- No le consta al FISCAL que, según afirma en la alegación tercera ".... uno de los miembros de la Sala, el
Iltmo. Sr. D. Alfredo VÁZQUEZ RIVERA, conocidamente se encontraba en el extranjero ... (sic)" en la fecha en que fue dictado el
auto recurrido, no pudiendo en ningún caso entenderse que se trata de un hecho notorio, como pretende el recurrente.
A la cuarta.- Frente a la posición del querellado, la Sala acierta al considerar que los hechos revisten caracteres de un
delito de prevaricación del artículo 356 del Código Penal. A tal objeto conviene tener presente el desarrollo cronológico de la
actuación procesal del Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 Iltmo. Sr. D. Miguel MOREIRAS CABALLERO.
1.- Con fecha 11 de julio de 1991, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Móstoles incoa Diligencias Previas nº
661/91, al objeto de investigar las conductas de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, por medio de Publi-Gest S.L. Estas Diligencias se
incoan en virtud de atestado de la Comisaría de esa localidad de la misma fecha, como consecuencia de comparecenciadenuncia
de Oscar CALLADO PALOMO.
2.- Con fecha 30 de octubre de 1991, la Unidad Central de Fraudes de la Policía Judicial, solicita mediante extenso oficio
ante el Juzgado central de Instrucción nº 3, la prórroga o el decreto de las escuchas telefónicas de 6 números correspondientes a
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, su empresa y personas relacionadas con la actividad investigada. No consta en esta causa la
resolución o resoluciones en que se acordó inicialmente la escucha telefónica, cuya prórroga se insto en el oficio policial ya citado.
Sin embargo, del hecho segundo de la querella y de los extremos antedichos, se infiere que fueron acordados por el Juzgado de
Móstoles.
3.- Con fecha 4 de noviembre, el Magistrado querellado dicta Auto requiriendo de inhibición al Juzgado de Móstoles.
4.- Con fecha 30 de diciembre de 1991, el mismo Magistrado dicta dos autos de entrada y registro en los siguientes
lugares: Calle de Juan de Juanes nº 1 de Móstoles, donde radica un Centro Informático de Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ y en el
chalet nº 9 de la calle Tórtolas, de la localidad de Las Rozas, que constituye el domicilio del anterior. En ambos autos, en su parte
dispositiva, se alude a "medios de prueba de la perpetración de delitos monetarios", significándose que se efectuará la misma por
la Policía -la entrada- el día 9 de enero de 1992".
5.- Con fecha 10 de enero de 1992 se dictan dos nuevos autos (¿?) con el mismo contenido que los anteriores, a excepción
del momento de cumplimiento de la entrada, en la que se indica "el día 10 de enero de 1992 y once del mismo mes y año,
por un tiempo total de cuarenta y ocho horas".
6.- Por los funcionarios policiales se practica el registro en los lugares indicados, el 9 de enero de 1992, en cuya fecha se
procede a la detención del querellante.
7.- Con fecha 12 de enero de 1992 se dicta auto prisión incondicional y comunicada contra Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ.
Se invocan los delitos de "cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto.
8.- Con fecha 14 de enero de 1992 se decreta la prisión con fianza de 3.000.000 de pesetas. La fianza se constituye y se
declara bastante en la misma fecha, librando mandamiento de libertad, pero constituyendo la obligación de comparecer los días 1
y 15 de cada mes.
9.- En la misma fecha dicta auto de inhibición al Juzgado de Móstoles.
La valoración jurídico penal de los hechos sintéticamente relacionados, desde la perspectiva de la admisión a trámite de
la querella presentada, no puede ser otra que la asumida por la Sala en el auto recurrido, según se justifica a continuación.
Las acusaciones sugieren, cuando menos, que el Juzgado de Instrucción de Móstoles, cuya competencia natural en esta
materia no podía ser cuestionada, estuvo dirigiendo una investigación, como consecuencia de una denuncia y de unas diligencias
seguidas ante la Comisaría de la localidad. Una vez se produce un sesgo policial en la actividad y asumida su dirección por la
Unidad Central, se pretende la práctica de determinadas medidas -prórroga de escuchas- no ante el propio Juez que las acordó,
sino ante el Juzgado de Instrucción, cuya competencia se pretende por la vía de uno de los oficios a los que he aludido. De esta
manera se sustrae la investigación de quien debe dirigirla y controlarla.
Pese a lo irregular de la actuación indicada, el Magistrado querellado requiere de inhibición al de Móstoles, dicta autos de
prórroga de las escuchas, acuerda la entrada y registro (dos, que luego se repiten pero en distintas fechas, es decir cuatro), con
las irregularidades añadidas de la fecha efectiva del registro y otras que se refieren a la lectura de las singulares resoluciones, en
que se invoca (en la parte dispositiva) la existencia de delitos de control de cambios.
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Incidiendo en la irregularidad continuada, acuerda la prisión incondicional en la fecha indicada, que modifica a los dos
días mediante fianza de 3.000.000 que se constituyen y declara bastante, pero con la obligación de comparecer "apud acta" con
periocidad quincenal, inhibiéndose en favor del Juzgado de Móstoles.
Prescindiendo de otras consideraciones sobre la actuación policial, fuera de lo que se dirá, por ajenas al ámbito de esta
causa, la pregunta obligada es la siguiente.
¿Pueden considerarse los autos de inhibición, entrada y registro, prisión incondicional, prisión con fianza dolosamente
injustos o son producto de la inexcusable negligencia del titular del Juzgado?, puesto que ésta y no otra observación es la que
determina la suerte del procedimiento, dada la atipicidad de la modalidad imprudente, conforme al artículo 356 del C.P. Con ello
damos por supuesto que la actuación del Magistrado querellado es objetivamente injusta, porque no existe alternativa
jurídicamente posible que explique la actuación procesal en cuestión. En efecto, en expresión del T.S., aun referida al artículo 359
del C.P., nos situamos ante una actuación que de modo "flagrante y clamoroso desborda la legalidad vigente, adentrándose en la
esfera de la ilicitud penal" (Sentencia de fecha 16 de mayo de 1992).
Podría entenderse que la Policía, incurriendo en una errónea valoración procesal y penal de los hechos, considerara que la
competencia correspondía a la Audiencia Nacional, pero esta pregunta no encuentra tan fácil respuesta al valorar la actuación del
Magistrado, que evidencia, en cualquier caso, la ausencia de reflexión jurídica sobre el presupuesto fundamental, cuál es la
existencia de hechos -no discutidos, que sean susceptibles, en el juicio indiciario en que nos situamos, de ser valorados como
integrantes de delito.
Aunque este previo filtro pudiera favorecer la hipótesis de la imprudencia del Instructor, quedaría pendiente de comprender
cómo es posible que se dicten unos autos con la cobertura de la ley de control de cambios. Esto sí parece verdaderamente
insólito, a la luz de las investigaciones policiales, tal y como se reflejan en el atestado y el oficio a que se ha hecho mención. A
tal efecto, resulta útil la lectura del folio 2 de la diligencia de exposición policial -obrante en las Diligencias nº 666/91 del Juzgado
de Móstoles- en la que se explícita el razonamiento policial por el que se considera competente la Audiencia Nacional, a la vista
de los hallazgos obtenidos por las escuchas telefónicas acordadas por el Juzgado de Móstoles:
"Que de dichas intervenciones se pudo concluir que el ámbito de operaciones ejercitadas por GONZÁLEZ LÓPEZ cubría a todo
el territorio nacional, ya que habría ofrecido su producto a la practica totalidad de las Cajas de Ahorros de nuestro Estado. Que a
la vista de lo anterior el Sr. Instructor decidió poner los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional, contestando el pasado
día treinta y uno de octubre del pasado año en oficio remitido a este servicio central, la misma, que el Juzgado central de
Instrucción número tres de dicha Audiencia se hacía cargo en diligencias previas número 262/91 de las actuaciones que nos
ocupan, y concediendo en la misma fecha la intervención de otros teléfonos correspondientes a personas también implicadas en
esta actividad ilegal".
Ante ello, la hipótesis de negligencia temeraria, siempre en el plano indicarlo a los efectos de la admisión a trámite, debe ceder
ante la más racionalmente fundada, según la cual nos situamos ante un intento de sustituir a un Juez, el de Móstoles, poco
propenso a las medidas solicitadas, con el artificio del inexistente delito de control de cambios, que en ningún momento parece tan
siquiera vislumbrarse de las actuaciones policiales. Es decir, se trata de un injusto doloso de competencia, típicamente relevante,
no en cuanto al contenido de las medidas adoptadas, que se podrían explicar por negligencia temeraria. De esta forma, toda la
actuación del Magistrado querellado, en cuanto procesalmente presupone su competencia, estaría viciada de un comportamiento
dolosamente injusto, al dictar las resoluciones indicadas fuera del ámbito de su competencia, delimitado aquél por el artículo 65 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, con plena conciencia y voluntad de ello, al objeto de atraer para sí el conocimiento de la causa.
Las alegaciones precedentes ponen de manifiesto la existencia de indicios racionales de criminalidad, lo que, sin
necesidad de consideraciones complementarías en este momento, debe conducir a la admisión a trámite de la querella, que
permita el más exacto conocimiento de la dimensión de los hechos, abarcando incluso otro tipo de actuaciones respecto de las
personas también implicada en las actuaciones
Lejos de compartir lo alegado por el recurrente, entendemos que los términos "temerario", "insólito", "pintoresco" e
"incompetente" no suponen sino una moderada descripción del comportamiento del Magistrado querellado, con toda certeza
incompatible con los principios de equilibrio, responsabilidad, ponderación, rigor técnico, proporcionalidad y juridicidad, que deben
presidir toda actividad judicial.
Respecto de la gravedad de la medida cautelar de suspensión del Magistrado, debiendo ser ésta adoptada por el
Consejo General del Poder Judicial, según correctamente entiende la Sala, conforme a los artículos 775 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y 384.1 en relación con el artículo 383.1 de la LOPJ, será ante dicha Sede donde, una vez firme la resolución
cuestionada, podrá alegarse lo que sea conducente a la justificación de la medida, singularmente en su tensión con el principio de
presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, respetando la doctrina del Tribunal
Constitucional -así, entre otras, en las sentencias nº 108/84, de 26 de noviembre y 77/85, de 3 de octubre-, cuestión ésta sobre la
que, por lo ya indicado, EL FISCAL n se pronuncia en este trámite.
A la quinta.- Al mero objeto de clarificar ciertos extremos referidos a las incidencias procesales en la causa seguida ante
el Juzgado de Móstoles, habida cuenta las distintas e inexactas versiones ofrecidas por el querellado, conviene precisar lo
siguiente: a).- Por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles se tramitaron Diligencias Previas nº 666/91, por delitos de cohecho y
revelación de secretos contra Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ y otros.
b).- Tras la inhibición acordada por el Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, con fecha 1 de septiembre de 1992
y de conformidad con la posición del FISCAL, el Juzgado de Móstoles dicta auto acordando el archivo de las actuaciones respecto
133

del delito de revelación de secretos, así como la deducción de testimonio en cuanto al delito de cohecho, para su remisión al
Juzgado decano de Sevilla, competente en razón del lugar de su comisión. c).- Contra la indicada resolución, la acusación
particular interpuso recurso de apelación, que fue resuelto en auto de fecha 17 de abril de 1993 de la Sección Tercera de la
Audiencia provincial de Madrid, por el que se desestima el recurso y se confirma el auto recurrido.
A la Sexta séptima.- No son susceptibles de refutación al no contener sino un anuncio de actuación procesal inmediata o
futura. Por todo lo cual EL FISCAL SOLICITA a la Sala tenga por evacuado en tiempo y forma el trámite conferido y por
IMPUGNADO EL RECURSO DE SUPLICA, para, una vez substanciado, dictar auto por el que con desestimación del recurso, se
confirme el auto de la Sala de fecha 4 de mayo de 1993 por ser plenamente conforme a derecho. Madrid 11/5/1993 EL FISCAL
JEFE Fdo. Mariano FERNÁNDEZ BERMEJO.
AUTO DE 19 DE MAYO DE 1993 http://padrecoraje.es/pdf/sentenciatsjdemadridl.pdf notificado el 22 de mayo de 1993.Presidente
Excmo. Sr. D. José MATEO DÍAZ Magistrados: Ilmo. Sr. D. Xavier O'CALLAGHAN MUÑOZ y D. Alfredo VÁZQUEZ RIBERA, en
Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres. ANTECEDENTES DE HECHO. Primero.- Formulada querella por
el Procurador Sr. VERDASCO, en nombre y representación de D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, contra el Magistrado-Juez Central
núm. 3 Iltmo. Sr. D. Miguel MOREIRAS CABALLERO, por el delito de prevaricación y tras los trámites legales, se celebró la vista
del antejuicio. 2º.- En fecha 4 de los corrientes, se dictó por la Sala Auto por el que, entre otros pronunciamientos accesorios, se
admitió a trámite dicha querella por el supuesto delito de prevaricación.
Tercero.- El Letrado D. Miguel SÁNCHEZ INIESTA, como Letrado del querellado presentó escrito en fecha 5 de
mayo, en el que suplicó se acordara la inhibición de la causa a favor de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo. Este
escrito fue considerado por la Sala como recurso de súplica y se dio traslado a las demás partes (Ministerio Fiscal y
querellante). Tanto el Procurador Sr. VERDASCO, en nombre del querellante como el Ministerio Fiscal presentaron
sendos escritos en los que mantuvieron la competencia de esta Sala de lo Civil y Penal.
Cuarto.- Con fecha 8 de los corrientes, la Procuradora Sra. FERNANDEZ CASADO, en nombre y representación
del querellado, presentó escrito en que suplicó que el anterior escrito del Letrado de éste, del día 5, no se tuviera como
recurso de súplica y anunciaba que presentaría éste en escrito aparte. Efectivamente, la misma Procuradora en la misma
representación y con la misma fecha presentó formalmente recurso de súplica contra el Auto de la Sala de 4 de los
corrientes. Quinto.- Se dictó por la Sala Providencia de fecha 10 de los corrientes, por la que se unieron todos los
escritos anteriores y se dio traslado del recurso de súplica a la parte querellante y al Ministerio Fiscal, para su
impugnación. Ambos presentaron sendos escritos impugnando el recurso de súplica, los cuales quedaron unidos a la
vista de resolución.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Primero.- Competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior.
En la tramitación de las presentes actuaciones no se había planteado la más mínima cuestión ni duda alguna sobre la
competencia de esta Sala. De aquí que el Auto recurrido hace una mera referencia, simple alusión, a este tema, sin
cuestionario, en el fundamento 3, segundo párrafo, de cuatro líneas escasa, en las que se recuerda que "no se ha
planteado cuestión alguna ni se ha discutido". Este Auto admitiendo la querella se notificó a la Procuradora Sra.
FERNÁNDEZ CASADO, el día 5 de mayo. Es en esta misma fecha cuando se presenta el escrito del Letrado del
querellado que niega la competencia de la Sala, lo que es reproducido en las alegaciones primera y segunda del escrito
de recurso.
Esta Sala mantiene, sin lugar a dudas y de acuerdo con el extenso y estudiado dictamen del Ministerio Fiscal, su
propia competencia en el presente caso. La más mínima duda hubiera dado lugar a que se hubiera planteado este tema
desde el primer momento, tanto más cuanto el "derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley" esta consagrado
constitucionalmente en el artículo 24.2 de la Constitución Española.
El art. 73.3.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a esta Sala la competencia objetiva para conocer de
las causas penales contra Jueces o Magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la
Comunidad Autónoma. Añade que esta competencia se entiende sin perjuicio de la que corresponda al tribunal
Supremo. A su vez y respecto a esta última, el artículo 57.1.3º se le atribuye para las causas penales contra Magistrados
de la Audiencia Nacional.
Lo que decide la cuestión es que un Juez Central no es un Magistrado de la Audiencia Nacional (de la misma
forma que un Juez de Instrucción no es un Magistrado de la Audiencia Provincial). En efecto, el artículo 63.1 dispone que
la Audiencia Nacional está compuesta por su presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados de cada una de las
Salas y secciones (en las que no se hallan los Jueces Centrales). (De la misma forma que el art. 81.1 no incluye en la
composición de la Audiencia Provincial a los Jueces de Instrucción). Por el contrario, el art. 88, incluido en el capítulo
que trata de los Juzgados (separando por tanto, del que trata de la Audiencia Nacional), se refiere a los Juzgados
Centrales de Instrucción. El Juez Central es, pues, un Magistrado incluido en el art. 73.3.b; el delito objeto de la querella
se ha cometido, según se alega en la misma, en el ejercicio de su cargo y la fase "en la Comunidad Autónoma" no puede
excluir la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad, sino, por el
contrario, la atribuye directamente, tanto más cuanto el delito objeto de la querella se ha supuestamente cometido dentro
del ámbito territorial de dicha Comunidad.
134

A mayor abundamiento, esta Sala hace suyas las minuciosas razones, convincentes por demás, que expresa en
su largo dictamen de fecha 7 de mayo, el Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal Superior. Respecto a los Autos que
menciona, y acompaña uno, del Tribunal Supremo, a esta Sala no le compete aquí discutirlos con detalle. Simplemente,
destaca la inexactitud de la frase que se emplea en el recurso de súplica, en su tercera hoja, al referirse a aquellos como
"cuerpo de doctrina vinculante"; ni la jurisprudencia es fuente del Derecho ni los autos integran la jurisprudencia.
SEGUNDO.- Insinuación de falsedad y alegación de nulidad por defecto formal de la Resolución por no estar firmada por
uno de los Magistrados. La alegación tercera del escrito de recurso es sorprendente por su ligereza. En el Auto recurrido, al folio 4
del mismo, el último, acaba con la frase "lo acuerdan, mandan y firman los Istmos. Sres. anotados; certifico", bajo la cual obran las
firmas del Presidente y del Magistrado Ponente; en esta misma hoja, al final se hallan las letras "DI-" y sigue en el recurso "-
LIGENCIA" en la cual consta la precisión del artículo 261 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir que el tercero de los
miembros de la Sala "voto en Sala y no pudo firmar", bajo fe del Secretario de la Sala y con la firma de su Presidente.
Inmediatamente tras la vista del antejuicio y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 253 se deliberó y votó la resolución,
estando presentes los tres miembros de la Sala. Y por razón del permiso oficial de que disfrutó un miembro de la misma, éste no
pudo, simplemente, firmarla, por lo que se utilizó la formula expuesta.
Todo lo cual consta en autos, claramente, por lo que esta alegación carece de sentido, tanto más cuanto insinúa una
falsedad (se dice en el recurso tras afirmar que falta la firma del Magistrado con licencia "sorprendentemente se afirma que la
resolución está acordada, mandada y firmada por los tres Magistrados ..."). Lo cual entiende esta Sala que cae en el ámbito del
art. 449.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que una absurda alegación de falsedad constituye, cuanto menos, una falta
de respeto por escrito, y procede la corrección de apercibimiento que prevé el art. 450.1.a.
TERCERO.- Fondo del asunto: delito objeto de la querella. En el auto recurrido se ha insistido en su estricto contenido de
que no hace más que admitir a trámite una querella, ya que los hechos en que se funda no puede decirse que "no constituyan
delito", tal como exige el art. 313 de la Ley Enjuiciamiento criminal para inadmitir a Trámite. Volver sobre estos hechos e incidir en
ellos es un tema un tanto peligroso para el propio querellado, ya que se desborda el contenido de aquel auto y se entra
excesivamente, en este momento procesal, en el detalle de los hechos y de su calificación jurídica. Así, el escrito del ministerio
Fiscal de impugnación del recurso rebate lo alegado en éste (alegación cuarta) manteniendo la tipificación penal en el delito de
prevaricación del art. 356 del código Penal de los hechos acreditados.
Sin entrar en el fondo total del asunto, esta Sala simplemente destaca que no puede afirmarse que los hechos en que la
querella se funda "no constituyan delito". Tal se dijo en el Auto recurrido, constan unos hechos que están testimoniados en autos;
un requerimiento de inhibición, un auto de prisión, un auto imponiendo una fianza, un auto de inhibición, un posterior auto de
archivo. Estos esquemáticos hechos, indiscutidos, no permiten su definitiva calificación de delictivos, pero tampoco de que "no
constituyan delito" y por ello, debe admitirse la querella y en la instrucción, averiguar el detalle de lo ocurrido verdaderamente.
Cuarto.- Medida cautelar de suspensión. se ha mencionado el tema de la medida cautelar que impone taxativamente el
art. 775.2º de la LECr. y reproduce el art. 383.1º de la Ley orgánica del Poder Judicial. Se trata, pues, de una medida que impone
la Ley. Esta Sala tiene que comunicar al Consejo General del Poder Judicial, el hecho de que se ha producido contra un
Magistrado. Este debe oír al Ministerio Fiscal. Y, por último, el Consejo "hará efectiva la suspensión".
LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DIJO: Se declara la
competencia de esta Sala para conocer de la presente causa denegando la inhibición, solicitada por la parte querellada, a
favor de la Sala 2ª del tribunal Supremo. Se desestima el recurso de súplica interpuesto por la Procuradora Sra. FERNÁNDEZ
CASADO en nombre del querellado, confirmándose expresamente el Auto de 4 de mayo, de admisión de la querella
formulada por el Procurador Sr. VERDASCO en nombre de D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ. Se acuerda la corrección de
apercibimiento del Letrado Procurador de la parte querellada, firmantes del escrito de recurso de súplica.
Comuníquese, por sendos testimonios esta Resolución y el Auto recurrido al Consejo General del Poder
Judicial, a los efectos de hacer efectiva la suspensión. Notifíquese la presente Resolución a las partes querellante y
querellada y al Ministerio Fiscal. Contra la misma no cabe recurso. Lo mandaron y firman los Sres. anotados al margen. Doy Fe..
PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
http://padrecoraje.es/pdf/providenciatsj25-5-1993.pdf El 25 de mayo, mediante Providencia la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid informaba al Consejo General del Poder Judicial (como órgano de gobierno del
Poder Judicial) de la irregularidad procesal que se estaba gestando en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: Dada
cuenta: El anterior oficio únase a los autos de su razón y dése traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas: cúmplase lo
ordenado y lo previsto en el art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En consecuencia, hágase fotocopia de todas las
actuaciones, testimonios y, como antecedentes, remítase a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, sin perjuicio de que si resuelve
acordando la competencia de la misma, se reclame y se le remitan los autos originales. Absténgase esta Sala de todo procedimiento,
salvo lo que considere urgente, a la vista de la autorización de la propia Sala 2ª y en tal carácter, siendo firme el auto
de 19 de mayo, remítase testimonio al Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de la presente comunicación del
Tribunal Supremo y de esta resolución. Lo acordaron los Iltmos. Sres. Magistrados firmando el Excmo. Sr. Presidente. Doy fe.
-------------------------------
Por su profesión u oficio perfectamente conocían los Excelentísimos Señores don Enrique Ruiz Vadillo, por aquel entonces
Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (hoy fallecido), don José Maria Luzón Cuesta entonces Fiscal Jefe de
135

la misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; y los Magistrados Fernando Cotta y Márquez de Prado y D. José Manuel
Martínez-Pereda Rodríguez.. Don Francisco Javier Delgado Barrio en su calidad de Presidente de la Sala Especial del Tribunal
Supremo, los cinco Presidentes de cada una de las cinco Salas del Tribunal Supremo, que entonces eran: don Ignacio Gil de la
Cuesta; don Ángel Ruiz García; don Luís Gil Suárez que actuaba como Magistrado Ponente; don José Maria Ruiz-Jarabo
Fernán y don Gregorio García Ancos y los Magistrados del Tribunal Supremo: don Pedro Antonio Mateos García; don Alfonso
Villa Gómez Rodil; don Adolfo Prego de Oliver y Tolivar; don Aurelio Desdentado Bonete; don José Francisco Querol
Lombardero; don Román García Varela; don Carlos García Lozano; don Andrés Martínez Arrieta; don Nicolás Antonio
Maurendi Guillén y don Jesús Gullón Rodríguez que la Ley para la Reforma Política comienza disponiendo:
Uno. La democracia, en el Estado Español se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del
pueblo. Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del estado. Dos. La
potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las cortes. el rey sanciona y promulga las leyes. Artículo Segundo
Uno. Las Cortes se componen del congreso de diputados y del senado. Dos. Los diputados del Congreso serán
elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad. Tres. Los Senadores serán
elegidos en representación de las entidades territoriales. (Como Wikipedía dice: La reforma tenía como objetivo
reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas fuertemente restringidos
con la legislación vigente a la sazón).
Que el 6 de diciembre de 1978, mediante Referéndum el heredero del General Franco, como NORMA FUNDAMENTAL DEL
ESTADO, nos ofreció la hoy vigente Constitución Española que, en su artículo 1º dispone: España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que en el artículo 9º dispone: 1 Los ciudadanos y los poderes
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos.
Que el constitucional articulo 9º dispone: 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales,
la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Que en el artículo 10 la vigente Constitución dispone: 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento
del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España como es el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que, tras haber sido publicado en el Boletín
Oficial del Estado, forma parte del Ordenamiento Jurídico Interno.
Que el constitucional artículo 14º, dispone: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
Que en el 16.3, dispone: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Que en el artículo 17.1 dispone: Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo
establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.
Constitución que en su artículo 18.1º garantiza: el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y en el siguiente garantiza la inviolabilidad del domicilio diciendo: Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el
sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Y añade: 3. Se garantiza el
secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
136

Constitución vigente que en el artículo 24º dispone: 1.- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de
los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión. 2º. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa
y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no
declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con
los efectos que determine la Ley.
Y el artículo 31, dispone: 1.-Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio, el 38 dispone: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía
de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con
las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. El artículo 47 dispone. Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Dispone el artículo 55 de la vigente Constitución Española: 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados
2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser
suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la
Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de
declaración de estado de excepción. 2. Una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma
individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en
los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación
con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización
injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha Ley orgánica producirá responsabilidad penal, como
violación de los derechos y libertades reconocidos por las Leyes.
En los artículos 66 al 80 se regula la Asamblea, en España bicameral cabe la pena destacar lo dispuesto en el artículo 67. 1.
Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad
Autónoma con la de Diputado al Congreso; y lo dispuesto en el artículo 69. 1. El Senado es la Cámara de representación
territorial
El artículo 81 dispone: 1.-Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas
en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del
Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. E el artículo 103 dispone: 1. La Administración Pública
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
El artículo 106 de la vigente Constitución Española dispone: 1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la
legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los
particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento de los servicios públicos.
Dispone el artículo 117. 1. La justicia emana del pueblo (y no de ningún favorito de la Corte de don Alfonso XII)y se
administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los
Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente
les sean atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho.
Artículo 118. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como
prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
137

Artículo 120. de la vigente Constitución Española 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que
prevean las Leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia
criminal.
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
El artículo 121 dispone: Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.
Dispone el artículo 124 de la vigente Constitución Española: 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones
encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así
como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El artículo
125 dispone: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la
institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los
Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Artículo 126. La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca.
Artículo 161.1 b).- Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2, de esta
Constitución, en los casos y formas que la Ley establezca.
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER, JUDICIAL, dispone: Artículo 2. 1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y
en los tratados internacionales. 2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el
párrafo anterior, las de Registro Civil y las demás que expresamente les sean atribuidas por Ley en garantía de
cualquier derecho. Artículo 5.1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los
Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional en todo tipo de procesos. Artículo 18. 1. Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en
virtud de los recursos previstos en las Leyes.
Que el artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 1º)
De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. º) De la
instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado,
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional,
miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y
de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente
y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así
como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 3º) De la instrucción y enjuiciamiento de
las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. 2. En las causas a que
se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará se designará de entre los miembros de la
Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
Que el artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: 3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala: b) La
instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o
faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda
al Tribunal Supremo.
Artículo 238 Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º Cuando se produzcan por
o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. 3º Cuando se prescinda de normas
esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.
Artículo 318.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: Los miembros de la Carrera Judicial prestarán, antes de
posesionarse del primer destino, el siguiente juramento o promesa: "Juro o prometo guardar y hacer guardar
fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e
imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos". 2. El mismo juramento o promesa prestará antes de
posesionarse del primer destino que implique ascenso de categoría en la carrera.
138

Y, por ende, que: “Ni la jurisprudencia es fuente del Derecho ni los autos integran la jurisprudencia por cuanto así lo
dispone el constitucional artículo 117.1”.
Y conociéndolo, por las razones que fuere, los miembros de la Carrera Judicial anteriormente citados, firmaron los informes y
autos que a continuación se reproducen:
De los informes del Fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Comunidad de Madrid anteriormente
reproducidos, de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había estudiado y desestimado la inhibitoria solicitada por la
defensa del Magistrado-Juez querellado declarándose competente para conocer, y de que el Auto dictado el 4 de mayo aviase
confirmado expresamente, tuvieron conocimiento los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que conocieron de
la Causa Especial 1440/93, pero, como Sus Señorías podrán comprobar, nada dicen en los Antecedentes de Hecho ni
tampoco en los Fundamentos de Derecho de la falta de Jurisdicción y de competencia para conocer del delito de revelación de
secretos del que venia conociendo el juez ordinario predeterminado por la ley, y de que el Magistrado-Juez querellado y
condenado en firme a ser Juzgado por haber prevaricado a sabiendas, nada dice el Auto dictado el 13 de julio de 1993 que no
nos fue entregado hasta tres días antes de comenzar el mes vacacional (agosto).
Nada dice tampoco el Auto dictado el 1º de junio de 1993 de que el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone: El
Ministerio Fiscal y las partes promoverán las competencias por inhibitoria o por declinatoria. El uso de uno de estos
medios excluye absolutamente el del otro, así durante la sustanciación de la competencia como una vez que ésta se
halle terminada. Y, como ellos perfectamente comprobaron, la inhibitoria ya había sido rechazada.
SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO CAUSA 1440/93 A.- INFORME DEL MINISTERIO FISCAL DE 14 DE MAYO
DE 1993: EL FISCAL, evacuando el traslado concedido para informe sobre competencia y contenido del escrito presentado por
la representación del Ilmo. Sr. D. Miguel MOREIRAS CABALLERO, en rollo nº 1440/93 DICE: Que, aunque en una interpretación
literal, pudiera pensarse que la competencia para conocer de la querella de antejuicio -y en su caso, de la instrucción y
enjuiciamiento de la causa- contra un Magistrado-Juez Central, no corresponde a esa Excma. Sala, al no figurar en la
enumeración del art. 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es lo cierto que tampoco resultaría procedente incluirlo en la
fórmula residual del art. 73 de la misma Ley, sometiéndolo a la Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, pues los delitos que dichos Magistrados pudieran cometer en el ejercicio de su cargo, se realizarían en su actuación,
no propiamente en al Comunidad Autónoma, en cuyos órganos jurisdiccionales no están integrados, sino en un Juzgado de
ámbito nacional, aunque geográficamente ubicado en Madrid, no en cuanto a capital de su Comunidad, sino como capital de
Estado, según el art. 5 de la Constitución. Y podría así llegarse, ante esa aparente orfandad de normas reguladoras, a la
absurda solución de que de la instrucción de tales Causas correspondería a los Jueces de Instrucción de Madrid y el fallo a los
Juzgados de lo penal o a su Audiencia Provincial.
El problema ha sido abordado y resuelto por esa Excma. Sala, "llenando lo que acaso pudiera ser una laguna
Legal" (en expresión utilizada en posterior Auto de la Sala Especial del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 7-XII-
1989), por Auto de 20.IX.1989 (doctrina ratificada por Auto de 22.XI.1989), al declarar su competencia para conocer del
antejuicio contra un Magistrado-Juez Central, partiendo de la base de que la expresión "ejercicio del cargo en la Comunidad
Autónoma", puede hacer referencia a los Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal que preste servicio en ella y no
simplemente que lleven a cabo infracción dentro de la Misma", concluyendo que, una interpretación teológica, lleva a
considerarlo incluido en el número 3 del art. 57, visto que "tanto la Sala Especial del art. 61 como la Sala Segunda han venido
insistiendo en una idea esencial: Los llamados fueros no constituyen privilegio alguno ni suponen preferencia de ningún
género, sino que representa un sistema de garantías para la Sociedad especialmente sensible, y es bueno que así sea, al
enjuiciamiento penal de aquellas personas que por razón de las importantes funciones que desempeñan, debe quedar
atribuidas a órganos cualificados y rodeado de determinadas y puntuales exigencias". (En el mismo sentido, y por iguales
razones, ha declarado su competencia, "de acuerdo con una interpretación conjunta e integradora de los artículos 57.2 y
73.3.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial", para conocer de la denuncia de un Fiscal del Tribunal Supremo, en Auto de
17.XII.1991).
En el presente caso, aunque, conforme al art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, en relación con el 272 y 764
de la misma Ley y el citado art. 57.3 de la ley Orgánica del Poder Judicial, lo procedente era que la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actuando como Sala de lo Penal, hubiera inadmitido la querella por no ser competente.
INTERESA que esa Excma. Sala ordene, conforme al art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a dicha Sala
que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día para, a su vista,
resolver de acuerdo con lo expuesto. Madrid, 14 de mayo de 1993 Fdo: José María LUZON CUESTA
139

(PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO El escrito dirigido al Excmo. Sr. Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fechado el 17 de mayo (registrado en Salida el 19 de mayo) dice:
En cumplimiento de lo acordado por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la causa especial de las anotaciones al
margen, dirijo a V.E. la presente, a fin de que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
abstenga de todo procedimiento, remita los antecedentes de esta Sala, en el termino establecido por la Ley, a los efectos de
decidir sobre la competencia, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2º de dicho artículo, respecto a la continuación de las
diligencias que estime urgentes. En Madrid, a 17 de mayo de 1.993. El Presidente D. Enrique RUIZ VADILLO
.
SUPUESTO DOLOSO AUTO EMITIDO POR LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
EL 1 DE JUNIO DE 1993: Sala segunda del Tribunal Supremo. Causa Especial 1440/93 Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique
RUIZ VADILLO Secretaría Sra. Palencia GUERRA Excmos. Sres. D. Enrique RUIZ VADILLO; D. Fernando COTTA Y
MÁRQUEZ DE PRADO y D. José Manuel MARTÍNEZ PEREDA RODRÍGUEZ, de fecha 1 de julio de 1993 decía:

Razonamientos Jurídicos: Primero.- Se declara la competencia de esta Sala para conocer de estas
actuaciones. Los argumentos en contra de esta atribución, expuestos con brillantez por el Excmo. Sr. Fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hechos suyos por dicho tribunal en la Sala Civil y Penal, actuando bajo este
último carácter penal, no destruyen en absoluto los que se utilizaron en las diversas resoluciones de esta Sala,
citados por unos y otros en sus respectivos escritos, y a las que nos remitimos.
En efecto, el art. 57.1.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a los Magistrados de la Audiencia Nacional o
de un Tribunal Superior de Justicia y en las resoluciones a las que se está haciendo referencia se dice que los Jueces
Centrales, aunque tengan categoría personal de Magistrados, no son Magistrados de la Audiencia Nacional. Ello, aun siendo
así, exige que, en el caso de entenderse cometido provisionalmente por un Magistrado-Juez Central un delito, algún órgano
jurisdiccional habrá de ser competente y este es el problema resuelto por esta Sala en anteriores Autos.
En efecto, siguiendo este discurso, se puede entender, por vía de hipótesis, que el órgano jurisdiccional competente
podría serlo la Sala Penal del tribunal Superior de Justicia. En este sentido habrá que citar el art. 73.3.b que se refiere a los
jueces y magistrados -y fiscales- por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad. Pero, en este
sentido y en estas circunstancias, cabe preguntarse, ¿el Magistrado-Juez Central comete delito (el que sea) o la falta en el
ejercicio de su cargo lo hacen siempre dentro del territorio nacional y no en determinada Comunidad Autónoma, aunque con
toda obviedad y físicamente en ella se haya producido el hecho penal de que se trate.
Esta solución conduciría, además, a que, dentro del organigrama judicial, la competencia para conocer de los posibles
delitos y faltas de los Magistrados-Jueces Centrales dependiera, en cada caso, del lugar en el, que el hecho se produjo y
quienes conocerían de los mismos no estarían, por tanto, situados, en la ordenación jurisdiccional, en la cúspide de la misma,
de tal manera que, un Tribunal que no es "superior" del Magistrado o Juez enjuiciado, conocería del hecho, sin que la jerarquía
del sistema judicial dependiera de él. Todos los Tribunales Superiores de Justicia de España serían potencialmente superiores
de los Magistrados-Jueces Centrales, lo que no es cierto.
Es por ello por lo que, reconociendo la seriedad de los argumentos en contra (y no se olvide que este razonamiento
se hizo también "mutatis-mutandi" con los Fiscales destinados en el Tribunal Supremo), es incuestionable que debe
declararse, como ya se ha dicho, la competencia de esta Sala Penal del Tribunal Supremo para conocer de la querella,
siguiendo la doctrina de esta Sala que, aunque haya sido establecida en Autos, es ya muy uniforme y está perfectamente
consolidada, careciendo de sentido que en las mismas circunstancias y sin ningún argumento contrario a los ya establecidos
se cambie de criterio.
Segundo.- Procede nombrar Instructor al Excmo. Sr. D. Carlos GRANADOS PÉREZ, a quien corresponde por turno,
a fin de que, de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico, proponga a esta Sala lo que corresponda en derecho. Tercero.- A
consecuencia de los razonamientos ya establecidos en orden a la declaración de competencia de esta Sala y consiguiente
incompetencia de la Sala de lo penal del tribunal superior de Justicia de Madrid, es procedente dejar sin efecto todas las
actuaciones practicadas ante dicho Tribunal, debiéndose, en consecuencia, proseguir la tramitación de la causa ante esta Sala
por el procedimiento legalmente establecido. Cuarto.- Diríjase atento oficio al Excmo. Sr. Presidente del citado tribunal
Supremo y del Consejo general del Poder Judicial, poniendo en su conocimiento el presente Auto a los efectos que estime
oportuno. En consecuencia, procede dictar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA: 1. Declarar su competencia para el conocimiento de las presentes actuaciones. 2. Dejar
sin efecto todas las actuaciones practicadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid desde la
presentación de la querella, a partir de cuyo momento proseguirá la tramitación de la causa ante esta Sala por el
procedimiento legalmente establecido.
3. Nombrar Ponente al Excmo. Sr. D. Carlos GRANADOS PÉREZ. 4. Dirigir atento oficio al Excmo. Sr. Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo general del Poder Judicial, poniendo en su conocimiento el presente Auto a los efectos
oportunos. Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que como
secretario certifico>>.
SUPUESTO DOLOSO INFORME DEL FISCAL JOSÉ MARIA LUZÓN CUESTA DE 6 DE JULIO DE 1993, que remite A LA
SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO: (Consta de 11 páginas). (Conocedor de la falta de competencia de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo para conocer en primera instancia, dijo:
El Fiscal, en relación con la querella de antejuicio, rollo nº 1440/93, presentada por la representación de Don Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ, contra el Iltmo. Sr. Don Miguel MOREIRAS CABALLERO, Magistrado-Juez del Juzgado Central nº 3 de la
Audiencia Nacional, por el presunto delito de prevaricación, previsto y penado en el art. 356 del Código Penal, evacuando el
traslado concedido "para que informe sobre el fondo de la querella", con objeto de efectuar una adecuada valoración,
considera necesario examinar brevemente el contenido de la misma y las actuaciones que dieron lugar a los Autos calificados
de injustos, examinando si existen o no elementos para la celebración del antejuicio del interesado.
A).- Contenido de la querella. a).- Obrante a los folios 1 al 8 de la Causa 2/1993, incoada por la Sala de lo Civil y
Penal del tribunal Superior de Justicia de Madrid, en síntesis, en la misma se relatan los siguientes hechos:
1º.- Incoación por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Móstoles el 13-VII-1991, de Diligencias previas 666/91, a virtud
de Atestado de la Comisaría de Policía de dicha población, por denuncia presentada contra el ahora querellante, en que se
relacionaban hechos relativos a que el Centro de cálculo de la empresa LEISA, había llevado, como representante de "Publi-
141

Gest S.L." varios archivos soportados en cinta magnética, conteniendo unos cuarenta y cinco a cincuenta millones de registros,
con el propósito de realizar copias, estados, listados, etc., para después proponer la implantación de una base de datos y que
comerciaba los ficheros, mediante la venta de los listados elaborados a entidades de crédito o financieras, habiendo el
Juzgado autorizado la intervención de varios teléfonos y denegado la petición, igualmente efectuada por la Policía, de
mandamiento de entrada y registro e intervención de soportes informáticos existentes en el domicilio de la empresa "Publi-Gest
S.L." y en el particular del ahora querellante.
2º.- Que la Sección de Delincuencia Económica-Financiera (Grupo de Fraudes), de la Policía, dio cuenta del resultado
de las investigaciones y escuchas, no al Juzgado de Móstoles (DEBIÓ AÑADIR QUE ERA EL JUEZ ORDINARIO POR LA
LEY), sino al Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional (Y OBVIÓ DECIR, CARENTE DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA
PARA CONOCER DE OTROS TEMAS DIFERENTES A LOS EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULO 65 Y 88 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL) , "so pretexto" -según valoración del escrito de querella- que los hechos investigados
pueden estar llevándose a cabo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y pese a que se trataba de los mismos hechos
de la denuncia presentada en Móstoles, denunciando "que las bases de datos se obtenían de un imaginario funcionario del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otras personas que tienen igual actividad con las que se intercambian bases de datos
y otros funcionarios" y "la oferta de listados por mi ahora patrocinado a distintos directivos de Cajas de Ahorros". Con tales
hechos, dice el querellante, el Juez central núm. 3 (CONOCIENDO DE SU FALTA DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA
PARA CONOCER DEL SUPUESTO DE LITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS DEL QUE ESTABA CONOCIENDO EL
JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY) requirió de inhibición al núm. 2 de Móstoles, incoando Diligencias
Previas 262/1991.
3º.- El Juez central dicto dos Autos de fecha 30-XII-1991, autorizando entrada y registro en el domicilio del Centro de
Calculo sito en Móstoles y en el domicilio particular del ahora querellante, amparados, no en Ley Procesal Penal, sino en la Ley
sobre Control de Cambios y para la comprobación de la perpetración de un delito "monetario". 4º.- El 12-1-1992, el Juez
Central tomó declaración al ahora querellante, sin que se desprendan infracciones de la Ley de Control de Cambios, ni de
hechos nuevos respecto a los denunciados en Móstoles y, pese a ello, dictó el mismo día Auto de prisión comunicada, por
delitos de cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto, tipos castigados con penas de prisión menor o arresto
mayor.
5º.- El 14-I-1992, el Juez Central dictó Auto acordando la libertad mediante fianza de tres millones de pesetas, que,
prestada, determino su libertad por Auto de la misma fecha y, antes de transcurrir diez días, se inhibió por considerarse
incompetente para la tramitación de las D. Previas, devolviéndolas al Juzgado de Instrucción núm. 2 de Móstoles (QUE ERA
EL ÚNICO COMPETENTE PARA CONOCER), que, finalmente, por Auto de 1-IX-1992, las sobresello "al considerar que no
existían indicios en la comisión de algunos de los delitos tipificados en el Código Penal.
6º.- Por último, señala el recurrente que todo ello coincide con la aprobación por el Gobierno, el 27-VII-1991, del
Proyecto de Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de Carácter personal, con el nacimiento de una Asociación
denominada "Comisión de Libertades e Informática", parte acusadora en las Diligencias sobreseídas, habiendo recurrido
contra el Auto de sobreseimiento, y "con una campaña inusitada de publicidad en todos los medios de comunicación de mayor
influencia social en nuestro territorio nacional y en los programas informativos de mayor audiencia, presentando las actividades
de mi mandante como una gran red ilegal de compraventa de datos informáticos, formando con todo ello una profunda
conciencia social de encontrarnos ante unas gravísimas actuaciones delictivas de la intimidad de todos los ciudadanos
españoles, para cuya intoxicación informativa, tanto en las distintas televisiones públicas, como en las privadas, se invirtieron
128 minutos y 2 segundos entre los días 10 y 18 del mes de enero de 1992".
b).- Partiendo de tal relato de hechos, la parte querellante considera que el Magistrado Juez querellado ha incurrido
en el delito de prevaricación del artículo 356 del Código Penal, al dictar los Autos de 12 y 14 de enero de 1992, de prisión sin
fianza y de libertad con fianza, pese a saber que era incompetente, pues los delitos expresados no se encuentran entre los
atribuidos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el artículo 65 de la LOPJ, como lo evidencia el que, en los Autos
de 30-XII-1991, recurriera a la Ley de Control de Cambios para justificar la autorización de entrada y registro y de aprehensión
de documentos y efectos, y el que "nada más concluir con la prisión del ahora querellante, se inhibió en favor del Juzgado de
Instrucción núm. 2 de Móstoles, al que previamente le arrebato la competencia; y pese a saber que la pena por los delitos no
permitía tal medida y que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y que existía una laguna legal "en relación al
secreto, uso informático de los datos informáticos relativos a las personas".
B) Actuaciones que dieron lugar a los Autos calificados de injustos y examen de los mismos. a).- Refiriéndonos, al
citar los folios, a los de la mencionada Causa 2/93, incorporada a la presente, observamos las siguientes: 1º.- A los folios 13,
14 y 15 se contiene la remisión por el Inspector jefe de la Comisaría de Policía de Móstoles, al Juez de Guardia de dicha
localidad, el 11-VI-1991, de comparecencia presentada el mismo día por el Director de la empresa LEISA, referente a las
copias efectuadas del material llevado a las misma por el ahora querellante de archivos soportados en cintas magnéticas, al
mismo tiempo que se solicitan del Juzgado mandamientos para la intervención de soportes informáticos que se hallen en el
Centro de Calculo y en el domicilio de tal querellante.
2º.- A los folios 16 y 17 obra informe, fechado en Madrid el 30-X-1991 y firmado por el Comisario Jefe del Servicio
Central de Policía Judicial, remitido al Magistrado-Juez Central núm. 3 de la Audiencia Nacional, en el que manifiesta que, con
motivo de la anterior denuncia, en la que se imputaba al ahora querellante "estar realizando programas de datos informáticos
142

de no muy clara procedencia", la Sección de delincuencia Económico-Financiera (Grupo de Fraudes) del Servicio Central de
Policía Judicial, practico gestiones para esclarecer los hechos, y que se solicitaron autorizaciones para intervención de
teléfonos de los Juzgados de Instrucción núm. 2 de Majadahonda, 2 de Móstoles y 4 de Madrid, que fueron facilitadas, y, visto
que, en la mayor parte de los casos, se trataba "de datos confidenciales y secretos a los que no podría tener acceso la
persona investigada", se ha averiguado que algunas de las fuentes de información, pueden ser: Un funcionario del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social; otras personas que se dedican a la misma actividad, con la que intercambian bases de datos,
que al parecer también obtienen a través de procedimientos ilegales; una funcionaría del Consejo de Presidencia de la
Comunidad de Sevilla, que trata de convencer a un Jefe de Servicio del Ministerio de Industria de esa ciudad, para que le
facilite una determinada información, consciente de que se trata de una actividad delictiva; y un funcionario del Ministerio de
Economía y Hacienda de Madrid (mentira, invento, repásese el escrito de 30-X-1991).
El informe concluye señalando que las investigaciones que al principio se limitaron a la demarcación de Madrid capital
o algunas localidades limítrofes, como Móstoles y Majadahonda, es necesario ahora hacerlas extensivas a otras provincias,
como la de Barcelona, Sevilla y Cuenca, indicando personas presuntamente implicadas y que los hechos se comunican al
Juzgado Central "por entender que los mismos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional, debido a que están
extendidos en todo el territorio del Estado Español, con objeto de que la instrucción la dirija ese Juzgado núm. 3 de los de la
Audiencia Nacional", y solicita continuar escuchas e intervenir otros teléfonos.
3º.- A los folios 18 y 19 obran sendos Autos, de fecha 30-XII-1991, en que el Magistrado-Juez querellado autoriza
entrada y registro en Centro Informático y en el domicilio del ahora querellante, así como para "examen y ocupación de cuantos
documentos y efectos constituyan medios de prueba de la perpetración de un delito monetario". 4º.- Al folio 20 obra
declaración en el Juzgado central núm. 3 el 12-I-1992, del ahora querellante, y a los folios 22 al 26, la prestada por el mismo, el
día 10-I-1992, ante el Grupo de Fraudes.>>
.
.
.

hacer posible el control jurisdiccional de la resolución, a través del sistema de recursos previsto en el ordenamiento. Y aunque
creemos que la exigencia de motivación no esta reñida con la utilización de formularios que cubran el formalismo externo del
Auto, ello será siempre que se cuide escrupulosamente con la exteriorización de la fundamentación, variable en cada caso; y,
precisamente, ante el riesgo de que no se haga así, esa Excma. Sala ha declarado (s. de 3-XII-1991) que "la decisión judicial
debe tomarse por medio de Autos motivado huyendo de los formularios estereotipados, adoptando una resolución en la que
ponderen y manejen criterios de necesidad y proporcionalidad". Pues bien, en los Autos examinados, como en otras
resoluciones judiciales que han sido anuladas en casación por falta de motivación, podrá apreciarse una actuación poco
cuidadosa o incluso claramente negligente, pero no generadora de responsabilidades penales.
5º.- Los Autos de prisión, obrantes a los folios 27 y 28, sobre los que el querellante basa su querella y la comisión de
un delito de prevaricación, adolecen de pobreza en su fundamentación, pero si se hubiera interpuesto recurso, lo que no
consta que se realizara, sin duda la Sala hubiera podido suplir la falta de motivación. En tal sentido, la clave de lo que pudo ser
su razón fundamental la proporciona el querellante, en el apartado Sexto del escrito de querella, al folio 4 vlto., en las últimas
veinte líneas. Cierto es que los jueces no deben actuar bajo influjo de "procesos paralelos", ni de campañas de prensa, pero es
la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en el art. 503.2, la que contempla, al expresar los requisitos necesarios para decretar
la prisión provisional, el supuesto de que, aunque el hecho tenga señalada pena de prisión menor o inferior (como ocurría en
los cuestionados Autos) "considere el Juez necesaria la prisión provisional, atendidos ... la alarma social que su comisión haya
producido". Y tal alarma resulta del informe de la Policía, que motivó la incoación de Diligencias por el Juzgado Central y de los
expresados datos que el querellante facilita. Y, sin duda, concurrían las otras dos circunstancias, 1ª y 3ª, que enumera el
artículo 503, no debiendo tampoco olvidarse que, incluso en un ulterior sobreseimiento, efectuado cerca de ocho meses después,
en que, presumiblemente se complementaría la instrucción, se razona sobre la posible existencia de un delito de
cohecho y se acuerda deducir testimonio para su investigación por el Juez competente>>.

considerados injustos los Autos de prisión, sin perjuicio de que puedan, como cualquier resolución judicial, ser discutibles -
aunque permanecieron "indiscutidos", al parecer, por falta de interposición de recurso-, compartirse o no el criterio del Instructor
e incluso apreciar, como ya se ha señalado una deficiente motivación. 2º.- Que equivocado o no, no se desprende de
las actuaciones dato alguno que revele una actuación dolosa por parte del Instructor.
Por todo lo expuesto, entiende este Ministerio que procede el archivo de la querella, sin necesidad de celebración de
Vista de antejuicio, prevista en los artículos 771 y SS. de la ley de Enjuiciamiento criminal, al proceder la aplicación de la
norma general establecida en el art. 313 de la misma Ley, al no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de delito.
Madrid, 6 de julio de 1993. Fdo. José María LUZÓN CUESTA.
D.- (Extenso Auto de 18 páginas) (emitido por un tribunal totalmente falto de competencia para conocer, a tenor con lo
dispuesto en la ley orgánica del poder judicial, cuyos miembros perfectamente conocen de que ni la jurisprudencia es
fuente del derecho ni los autos integran la jurisprudencia, por cuanto a sí lo dispone el constitucional artículo 117.1)
dijo: AUTO EMITIDO POR LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO EL 13 DE JULIO DE 1993. (Obsérvese que en
el Auto de 1 de junio se dispuso nombrar Ponente al Excmo. Sr.D. Carlos GRANADOS PÉREZ y ahora, en este Auto aparece
como Ponente D. José Manuel MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ ¿Acaso el Excmo. Sr. GRANADOS PÉREZ se negó a
colaborar Causa Especial 1440/93 Ponente: Excmo. Sr. MARTÍNEZ PEREDA Secretaria Sra. PALENCIA GUERRA. ALA
SEGUNDA Excmos. Sres., D. Enrique RUIZ VADILLO; D. Fernando COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO; D. José Manuel
MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ. En la villa de Madrid, a trece de julio de mil novecientos noventa t tres. El anterior escrito
del Ministerio Fiscal a los autos de la razón. Y a la vista de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO: Primero.- 1.- En la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Madrid se presentó escrito de querella, con data de 12 de enero de 1993 y suscrito por Don Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ, representado por el Procurador de los Tribunales, Don Jesús VERDASCO TRIGUERO, que hace constar
en la antefirma que lo hacia "a los solos efectos de representación", y dirigida contra el Iltmo. Sr. Don Miguel MOREIRAS
CABALLERO, Magistrado-Juez del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional.
2.- Después de hacer constar en el primer apartado los fundamentos objetivos y los presupuestos procésales,
señalaba que, en virtud de atestado instruido por la Comisaría de Policía de Móstoles (Madrid) de fecha once de julio de mil
novecientos noventa y uno, el Juzgado de Instrucción de aquella población incoó Diligencias Previas bajo el nº 666/91 con
fecha 13 de julio de 1991, para investigar los hechos y conductas denunciados contra el querellante y otras personas
accediendo a la petición policial de intervención de distintos teléfonos pretendida por dicha Comisaría y denegando, por el
contrario, la solicitud de mandamiento de entrada, registro e intervención de soportes informáticos existentes en el domicilio de
la empresa "PUBLI-GEST SL." y en el del hoy querellante.
Las investigaciones y escuchas telefónicas llevadas a cabo por la Sección de Delincuencia Económico-Financiera
(Grupo de Fraudes) de las que dio cuenta, no al Juez Instructor nº 2 de Móstoles, sino al Juzgado Central nº 3 de la
Audiencia Nacional, si bien, del atestado se desprendían los hechos siguientes: Que las bases de datos se obtenían de un
desconocido funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la oferta de los listados se hacía a distintos directivos
de Cajas de Ahorros y diversos Bancos. Con tales datos, el Juez querellado requirió de inhibición al de Instrucción nº 2 de
Móstoles y asumió la competencia para la instrucción de la causa, incoando las diligencias previas 262/91. El Juez querellado
dicto dos autos en la misma fecha, treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, por los que autorizó la entrada y
registro, así como la ocupación de medios de prueba de los domicilios del Centro de Calculo, sito en Móstoles, y en el domicilio
particular del querellante, en Las Rozas (Madrid), amparándose ambos autos en la Ley sobre Control de Cambios.
El doce de enero de mil novecientos noventa y dos el querellado tomó declaración al hoy querellante, el que ratificó
las declaraciones prestadas ante la Policía y contestó a las preguntas que se le formularon. Terminada la declaración, el
mismo día doce de enero de mil novecientos noventa y dos, dicto auto de prisión comunicada, sin fianza, presentando
como antecedentes de hecho la instrucción de diligencias por delitos de cohecho, revelación de secretos y uso de
nombre supuesto. A los dos días de dictada dicha resolución, la reformó el querellado mediante otro nuevo auto de catorce
de enero de mil novecientos noventa y dos, por el que concedió la libertad bajo fianza de tres millones de pesetas, que
una vez prestada, sirvió para la puesta en libertad del querellante, inhibiéndose antes de transcurridos diez días por
considerarse incompetente para la tramitación de las diligencias previas y devolviéndolas al Juzgado de origen, que
las sobresello, y decretó su archivo mediante auto de uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos.
3.- La actuación judicial relatada coincidió con la aprobación por el Gobierno de la Nación del proyecto de Ley de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, en su reunión del Consejo de Ministros
celebrada el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y uno, esto es, dieciséis días después de formularse la denuncia en
la Comisaría de Móstoles. De igual modo coincidió con el nacimiento de una asociación denominada "COMISIÓN DE
LIBERTADES E INFORMÁTICA, compuesta por personas e instituciones de reconocimiento profesional, honestidad e
imparcialidad, como Jueces para la Democracia, Asociación Pro Derechos Humanos, Unión General de Trabajadores,
Comisiones Obreras, Unión de Consumidores Españoles y otras varias sobresabidas que, como acusación particular,
mantiene un recurso contra el auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles. Coincidió
igualmente la intervención policial autorizada por el Juez querellado con una campaña inusitada de publicidad en todos los
145

medios de comunicación social y en los programas de mayor audiencia, en los que se presentaban las actividades del
querellante como una red ilegal de compraventa de datos informáticos.
4.- Dentro de las consideraciones jurídicas, enmarcaba los hechos relatados en el escrito de querella en el artículo
356 del Código Penal, sosteniendo que el auto de prisión provisional sin fianza y el siguiente de reforma del anterior de libertad
bajo fianza de tres millones de pesetas eran injustos, a juicio del querellante, porque conocía el proveyente, que era
incompetente para la instrucción de la causa. Existía, además, una laguna legal sobre el denominado delito informático.
5.- En cuanto a la responsabilidad civil solicitó por daños y perjuicios la cantidad de mil quinientos millones de pesetas
y, tras señalar determinadas diligencias probatorias, una acompañadas como documentos con el escrito de querella y otras a
practicar, termino suplicando que presentado dicho escrito de querella se tuviera por interpuesto antejuicio para la posterior
tramitación de la causa por presunto delito de prevaricación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la
Audiencia Nacional y admitida se ordenara la práctica de las diligencias interesadas y se admitiera a trámite la querella,
fijándose la responsabilidad penal y condonándole al pago de la indemnización de mil quinientos millones de pesetas por
resarcimiento de daños y perjuicios.
SEGUNDO.- La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó el registro en el libro
correspondiente y nombro Instructor, continuando la tramitación.(FALTA AÑADIR QUE UNA VEZ CELEBRADA LA VISTA
ORAL ANTE EL ÚNICO TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER EN PRIMERA INSTANCIA LA SALA ACORDÓ
DICTAR SENTENCIA, Y QUE QUINCE DÍAS DESPUÉS LA SENTENCIA DEVINO EN FIRME, SON PODE-ROSAS
RAZONES PARA ASEGURAR QUE ESTE DOCUMENTO ADOLECE DE FALSEDAD)
TERCERO.- 1.- El ocho de mayo de mil novecientos noventa y tres tuvo entrada en el Registro General del Tribunal
Supremo escrito de la Procuradora, Doña Isabel FERNÁNDEZ CRIADO, en nombre y representación del Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Don Miguel MOREIRAS CABALLERO, interesando que se diera
cumplimiento por la Sala a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. 2.- Formado el rollo 1440/93 y
pasados al Ministerio Fiscal las actuaciones, emitió el correspondiente escrito manteniendo la competencia de esta Sala, a
cuyo fin se acordó oficiar al Tribunal Superior de Justicia para la abstención de todo procedimiento, reca-yendo con fecha uno
de junio de mil novecientos noventa y tres auto acordando declarar la competencia de la Sala para el conocimiento de estas
diligencias y dejar sin efecto las actuaciones practicadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Madrid desde el momento de la presentación de la querella, a partir de cuyo instante proseguiría la tramitación de la causa
ante esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, designándose Instructor al Excmo. Sr. D. Carlos GRANADOS PÉREZ y asimismo
dirigir atento oficio al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, poniendo en
su conocimiento dicho auto.
CUARTO.- Nombrado Ponente y pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, contestó por extenso escrito con fecha
de seis de julio de mil novecientos noventa y tres, en el que resaltaba que el informe de treinta de octubre de mil novecientos
noventa y uno, remitido al Juzgado Central nº 3 y origen de las diligencias en dicho Juzgado incoadas no podía considerarse
como una mera repetición de la comparecencia denuncia de once de julio de mil novecientos noventa y uno, remitida al
Juzgado de Móstoles, pues aparecía suscrita por el Comisario Jefe del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid, no
pudiendo considerarse anormal que el Juzgado Central acordara la incoación de Diligencias Previas. En cuanto al
requerimiento de inhibición podrá calificarse de erróneo o acertado, pero no puede, como se hace en la querella, estimarse que
"arrebato la competencia" al Juzgado de Móstoles, en cuanto ésta, no subordinada al Central, pudo negar la inhibición que se
le solicitaba.(NADA DICE ESTE AUTO DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL
JUEZ ENTONCES QUERELLADO)
Los autos obrantes a los folios dieciocho y diecinueve incurren en el defecto censurable de usar y abusar de modelos
impresos, pero esta falta de motivación podrá estimarse como una actuación poco cuidadosa, incluso negligente, pero no
generadora de responsabilidades penales. En cuanto a los autos de prisión, si bien adolecen de pobreza en su
fundamentación, no consta que se interpusiera recurso contra ellos, y si tal hubiera acaecido, la Sala hubiera podido suplir tal
falta de motivación en su caso. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 503.2º, permite decretar la prisión provisional
aunque el hecho tenga señalada pena inferior a prisión menor, atendida la alarma social, que aquí resulta del informe de
la Policía. No existe a juicio del Ministerio Fiscal el delito de prevaricación que se pretende en la querella, puesto que el tipo de
prevaricación del artículo 356 del Código penal exige que la resolución sea injusta y que se dicte a sabiendas, no pudiendo ser
considerados los autos como injustos sin perjuicio de que puedan ser discutibles. Por todo lo cual el Ministerio Fiscal entendió
que procedía el archivo de la querella sin necesidad de celebración de vista. QUINTO.- Siendo Ponente el Excmo. Sr. Don
José Manuel MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, Magistrado del Tribunal que hace constar el parecer unánime de la Sala.
II RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. Primero.- Estima la parte querellante que el Magistrado-Juez, al dictar los autos de
doce y catorce de enero de mil novecientos noventa y dos, de prisión sin fianza y de libertad con fianza, ha incurrido en delito
de prevaricación del artículo 356 del Código Penal, (pues sabia que era incompetente, ya que los delitos investigados no
se encuentran en los expresados en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) como se evidencia, según la
querella, en que se recurriera en las resoluciones de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno a la Ley de Control
de Cambios para dar cobertura y justificación a la autorización de entrada y registro, y pese a saber que la pena de los delitos
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ecogidos en el atestado original no permitía tal medida cautelar, y, por otra parte, existía una laguna legal relativa a los datos
informáticos referentes a las personas y no obstante dicto dichas resoluciones.
Pero ello no es así, A los folios trece a quince consta la remisión por el Inspector Jefe de la Comisaría de Policía de
Móstoles al Juez de Guardia de la misma localidad un atestado, conteniendo entre otros extremos, la comparecencia del
Director de la empresa LEISA referente a copias efectuadas del material llevado a la misma por el hoy querellante, de archivos
soportados en cintas magnéticas, solicitando, al mismo tiempo, mandamientos para la intervención de tales soportes
informáticos que se encontraban en el Centro de Calculo y en el propio domicilio del querellante. Asimismo, a los folios
dieciséis y diecisiete consta un informe emitido y firmado por el Comisario Jefe del Servicio Central de Policía Judicial de
treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno y remitido precisamente al Magistrado-Juez Central nº 3 de la Audiencia
Nacional en el que se imputa al hoy querellante "estar realizando programas de datos informáticos de no muy clara
procedencia" (DONDE NADA SE DICE DEL DELITO EN EL QUE PUDIERA ESTAR INCURRIENDO).
El Grupo de Fraudes de la Sección de Delincuencia Económico-Financiera del servicio Central de Policía Judicial
realizó, según su cometido diversas gestiones para el esclarecimiento de los hechos y solicitó autorización para la intervención
de teléfonos, que fueron facilitados de diversos Juzgados de Instrucción, y habiéndose averiguado que la fuente de
información podía ser un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de otras personas con las que se
intercambiaban datos por dedicarse a la misma actividad, al parecer, obtenidos por procedimientos ilegales. Se mencionaba
asimismo a una funcionario de la Presidencia de la Comunidad de Andalucía en Sevilla que pretendía convencer a un jefe de
Servicio del Ministerio de Industria de dicha localidad para la facilitación de determinada información con la conciencia de
tratarse de una conducta ilícita y delictiva y, por último, a un funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid.
El informe concluye destacando que si las investigaciones en un principio se centraron en Madrid y localidades
próximas como Móstoles y Majadahonda, se hacia preciso su extensión a otras localidades como Barcelona, Cuenca y Sevilla,
y se indicaba que los hechos podían ser "competencia de la Audiencia Nacional, debido a que están extendidos en todo el
territorio del Estado Español, con objeto de que la instrucción la dirija ese Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional", solicitando
continuar con escuchas e intervenciones telefónicas. Por tanto, el informe de treinta de octubre de mil novecientos noventa y
uno, remitido al Juzgado Central nº 3 no puede considerarse una mera repetición de la denuncia de once de julio de dicho año
enviada al Juzgado de Móstoles, pues ésta, suscrita por el Inspector Jefe de la Comisaría de dicha localidad (DEBIÓ DECIR
POR DOS INSPECTORES JEFES DEL MISMO GRUPO DE FRAUDES DE LA POLICÍA JUDICIAL) , tan sólo consta de los
datos de la comparecencia del director de LEISA, mientras que la dirigida al Juzgado Central aparece suscrita por el Comisario
Jefe del (MISMO GRUPO DE FRAUDES DE LA POLICÍA JUDICIAL QUE RECEPCIONARON LA DENUNCIA INICIARIA),
Servicio Central de Policía de Madrid, y aunque exista una coincidencia de datos, se trata de un comienzo de investigación que
ya no sólo se circunscribe al Juzgado de Móstoles sino también a Majadahonda y Madrid. Por tanto no puede considerarse
ninguna anormalidad que el Magistrado querellado acordara la incoación de Diligencias Previas.
2.- En cuanto al requerimiento de inhibición al Juzgado de Móstoles, determinado por el informe policial, puede estimarse
como acertado o erróneo, pero en modo alguno sostenerse, como hace el escrito de querella, que "arrebató la
competencia" al Juzgado de esta localidad. Este no estaba sometido como inferior jerárquico al Central y pudo negarse a la
inhibición, que sería resuelta por el superior común a ambos órganos jurisdiccionales, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y
al no hacerlo así, resolvió por acuerdo la competencia del Juzgado Reclamante (REALMENTE NO SE INHIBIÓ SINO SOLO
SE INHIBIÓ PARA CONOCER DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 65.6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL, COMO DOCUMENTALMENTE LO PRUEBA EL AUTO DICTADO POR EL JUEZ ORDINARIO
PREDETERMINADO POR LA LEY EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1991, Y QUE CONSTA EN LAS DILIGENCIAS A ESTE
ESCRITO ADJUNTADAS)
3.- En la declaración prestada ante el Juzgado central por el propio querellante, asistido de Letrado, manifestó, entre
otros, los siguientes extremos: a) Que los datos que posee de los ficheros le son facilitados por el Insalud, Seguridad Social,
Hacienda y demás organismos oficiales y b) Que en el año mil novecientos ochenta y cinco compró información a una persona
que trabajaba en el Ministerio de Hacienda. También en la declaración prestada ante la Policía reconoció comprar por ciento
cincuenta mil pesetas un listado sobre empresas jurídicas a una persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda. De esta
declaración parecen deducirse presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos por funcionario y uso público de nombre
supuesto, pues al parecer el funcionario en cuestión utilizaba nombre y apellidos diferentes a los propios. ,(INCIERTO
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO COMO A CONTINUACIÓN SE DEMUESTRA EN LA REPRODUCIDA
DECLARACIÓN PRESTADA ANTE EL TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE LOS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL o actual Tribunal de Orden Publico, donde nada se habla de su empresa sino de la mercantil
CODITEL, dependiente de Telefónica)
Los autos de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno -folios dieciocho y diecinueve- relativos a la autorización de
entrada y registro en el Centro informático del querellado en calle Juan de Juanes nº 1 de Móstoles y en su Domicilio de Las
Rozas, pueden presentar el defecto de una escasa o deficiente motivación, por el abuso, denunciado por el Ministerio Fiscal,
de utilización de modelos impresos. Ello es así y esta Sala no puede desconocerlo y exigir también el cumplimiento de esta
motivación y fundamentación, que se deriva del artículo 141 de la ley de Enjuiciamiento criminal y el artículo 248.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Pero esta falta de motivación, que pudiera haberse hecho valer por la parte querellante, en su
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momento, y haber determinado, en su caso, la anulación de tales resoluciones, no significa que las mismas deban generar la
responsabilidad criminal pretendida en el escrito de querella.
4.- Los autos de prisión en cuanto tales aparecen dictados por Juez competente para tales resoluciones. Para percatarse
de ello basta examinar el artículo 502 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. El presupuesto para decretar tal medida se
desprende de la causa con la existencia de delitos de cohecho, revelación de secretos de particulares por funcionarios públicos
y uso de nombre supuesto (FALTA AÑADIR, DELITOS DE LOS QUE EL MAGISTRADO-JUEZ QUERELLADO NO PODÍA
CONOCER POR NO COINCIDIR CON LOS EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 88 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL). La limitación penológica referida a la prisión menor no es suficiente pues, en estos casos, los
antecedentes del imputado ¿ANTECEDENTES?, las circunstancias del hecho, la alarma social que su comisión haya
producido o la frecuencia de comisión de hechos analógicos pueden ser determinantes de tal medida cautelar, y ello, sin tener
en cuenta la exasperación de la penalidad por la continuación delictiva y por los concursos reales o ideales de infracciones
penales. La alarma social se desprende del informe policial y concurrían en todo caso las circunstancias primera y tercera del
artículo 503 del Código Penal. El sobreseimiento y posterior archivo decretado por el Juzgado de Móstoles cuyo acierto o
desacierto no ha de ser objeto de discusión, no puede servir de argumento contra el querellado, precisamente por las características
y circunstancias que lo acompañan.
SEGUNDO.- 1.- El tipo de prevaricación judicial del artículo 356 del Código Penal, que es el imputado al querellado,
sanciona con la pena de suspensión al Juez que, a sabiendas, dictare auto injusto (SUPUESTA FALSEDAD POR CUANTO
LO DICTO CONOCIENDO DE SU FALTA DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS DELITOS
DE COHECHO REVELACIÓN DE SECRETOS Y USO DE NOMBRE SUPUESTO EN LOS QUE SE APOYÓ AL DICTAR EL
AUTO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 Y 88 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL COMO MUY
BIEN SABÍAN LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL QUE DICTARON ESTA SUPUESTAMENTE DOLOSA
RESOLUCIÓN JUDICIAL) . La exigencia de que el Juez actúa "a sabiendas" es considerada por la mayoría de la doctrina
científica como indicativo de que no sólo se trata de un delito doloso, sino que además es preciso que sea realizado con dolo
directo (CON DOLO DIRECTO PUESTO QUE SE DECRETÓ EL INGRESO EN PRISIÓN PROVISIONAL NO ELUDIBLE
MEDIANTE FIANZA EXCLUSIVAMENTE PARA SER ASESINADO COMO DOCUMENTALMENTE PROBARÉ ANTE LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA), quedando totalmente excluida la posibilidad del dolo eventual. En cuanto a
la jurisprudencia ha exigido siempre la atención deliberada de faltar a la justicia, pues la locución "a sabiendas" equivale a
ciencia segura, coincidencia e intención deliberada de faltar a la justicia -sentencia de 14 de octubre de 1884- siendo preciso
que el reo con intención deliberada de faltar a la Justicia -sentencia de 10 de enero de 1900- o sea, que se obre con malicia y
verdadera conciencia de su injusticia -sentencia de 13 de diciembre de 1919-.
El mero error en la aplicación de la Ley no integra este delito, que sólo existe cuando la resolución judicial significa
una injusticia que no puede exculparse mediante una interpretación razonable de la Ley -sentencia de 25 de enero de 1911-,
porque si el procesado no obró dolosamente o con conciencia e intención maliciosa de faltar a la justicia no hay delito -
sentencia de 3 de diciembre de 1930-. El término "a sabiendas" exige pues el conocimiento por parte del Juez de que la resolución
es injusta (SON INJUSTAS POR CONTRARIAS A DERECHO), habiendo identificado esta Sala, desde muy antiguo, tal
expresión como conciencia e intención deliberada de faltar a la justicia -sentencias ya citadas de 14 de octubre de 1884, 10 de
enero de 1900 y 13 de diciembre de 1919-. O dañada voluntad de hacer u omitir lo que la Ley prohíbe o manda bajo amenaza
de una pena -sentencia de 13 de marzo de 1940-.
Expresa tal locución recogida en el art. 356 del Código Penal la necesidad de que la conducta típica sea realizada con
dolo directo y requiera que se justifique haber obrado el reo a ciencia segura, con conciencia de que faltaba a la justicia e
intención deliberada de faltar a ella, no siendo suficiente que esto se presuma o conjetura -sentencia de 5 de octubre de 1906-
o sea, en definitiva, que el sujeto sepa y le conste que la resolución que dicta es injusta, por contraria a la Ley, y que a pesar
de ello la dicte conscientemente -sentencia de 3 de mayo de 1986-.(SIN JUZGAR NUNCA PODRÁN LLEGARSE A ESTAS
CONCLUSIONES, Y LA SALA TOTALMENTE FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER, AL MENOS EN PRIMERA
INSTANCIA, –SIN JUZGAR- RESOLVIÓ QUE LOS HECHOS NO ERAN CONSTITUTIVOS DE DELITO APOYÁNDOSE EN
UNA LEY OBSOLETA A TENOR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL APROBADA 103 AÑOS DESPUÉS DE HABERSE APROBADO LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL).
2.- El calificativo de injusto del auto, que también se utiliza por el Código Penal en la prevaricación cometida por
funcionario administrativo en el art. 358, supone según la doctrina de este Tribunal, que es manifiestamente contraria a la Ley -
sentencia de 27 de mayo de 1992- y la injusticia ha de ser clara y manifiesta, de tal modo que de producirse cualquier duda
razonable, se produciría la atipicidad de la conducta, que se tendría que depurar, en su caso, en otros ámbitos extrapenales,
administrativos y contencioso-administrativo -sentencias de 26 de marzo y 10 de abril de 1992-. La sentencia de 18 de junio de
1992 recoge que no toda infracción de las normas legales, bien de decisión o en la conducción de un asunto, acarrea de
inmediato la responsabilidad criminal, habida cuenta que el elemento normativo del tipo penal es la resolución injusta, no la
simple resolución ilegal. Dicha sentencia expresa también que el reproche que la sanción penal entraña no se manifiesta ante
la mera infracción de Ley (que tiene su correctivo en otros campos jurisdiccionales) sino en la consciente aplicación de
perjudicar o beneficiar a alguien).
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TERCERO.- 1º.- A la vista de cuanto antecede puede concluirse que ninguno de los hechos explicitados en el escrito
de querella pueden generar la figura punible del artículo 356 del Código Penal. El Juez querellado ha sido competente en las
resoluciones dictadas. La competencia reclamada fue aceptada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles, órgano jurisdiccional
no subordinado al querellado y que, al no plantear la oportuna cuestión para que fuera resuelta por el superior común,
Sala Segunda del Tribunal Supremo, quedó determinada la competencia por acuerdo. Además de este aspecto formal, desde
el punto de vista material la competencia del Juzgado Central se apoyaba en el propio atestado e informe de la Policía Judicial
Especializada, y en los hechos presuntamente delictivos transvasaban en territorio del Juzgado requerido e incluso de la
Propia Comunidad Autónoma.
2º.- En todo caso, y aun admitiendo a efectos puramente dialécticos que el órgano jurisdiccional del querellado no
fuera competente, lo que desde luego se niega, siempre lo seria para dictar los autos de prisión provisional pues ejercía
interinamente, al menos, funciones de instructor, como se deduce del artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3º.- En cuanto a los autos de prisión y de libertad, examinados desde el prisma de su propia legalidad, han de
reputarse totalmente justos, pues contaba en la causa la existencia de hechos que presentaban caracteres de delito,
algunos reiteradamente confesados por el propio querellante, y se cumplieron los requisitos establecidos en el
artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concurriendo por otra parte, la alarma social a la que se refiere dicho
precepto.
4º.- Al no poder ser calificada ninguna de las actuaciones referidas de injustas y ni siquiera los autos de prisión, que,
por otra parte, no fueron impugnados por el afectado y bien se comparta o no el criterio del Instructor o su escasa motivación,
equivocadas o no tales resoluciones, no pueden generar en modo alguno la actuación dolosa a que se refiere el artículo 356
del Código Penal.
CUARTO.- El artículo 313 de la Ley Procesal Penal ordena desestimar la querella cuando los hechos en que se
funda no constituyan delito, lo que ocurre en este caso. Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación al caso
de autos, procede dictar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA: Desestimar la querella presentada por el Procurador de los Tribunales, Don Jesús VERDASCO
TRIGUERO, en nombre y representación procesal de Don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ contra el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez,
don Miguel MOREIRAS CABALLERO, titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, por no ser los hechos
denunciados en dicho escrito constitutivos de infracción penal y ordenando en consecuencia el archivo de estas
actuaciones. Esta resolución no es firme y cabe contra ella recurso de suplica ante la propia Sala dentro de los cinco días
siguientes a su notificación. Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el
presente, de lo que como Secretario certifico>>.
AUTO SUPUESTAMENTE DOLOSO EMITIDO POR LA SALA II DEL TRIBUNAL SUPREMO
El 13 de octubre de 1993 DONDE SE DESESTIMA EL RECURSO DE SUPLICA.

por proveído de este Tribunal de seis de septiembre pasado, se tuvo por interpuesto en tiempo y forma dicho recurso y se
acordó dar traslado del escrito al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.
CUARTO.- Que el Ministerio Fiscal mediante escrito con data de 16 de septiembre de 1993 dio por reproducidos,
tanto su anterior informe como los fundamentos del auto recurrido, estimando procedente la desestimación del recurso de
súplica, al ser de aplicación el art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin celebración de vista de antejuicio. (al
apoyarse en el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obvia indicar que el artículo 5.1º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial –aprobada ciento tres años después dispone: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y
vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los
preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.Como la otra parte personada no formuló escrito alguno,
se dio cuenta del transcurso del plazo concedido para ello conforme a lo prevenido en el art. 222 de la Ley procesal penal.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. Primero.- El recurso se desenvuelve en cuatro alegaciones y, por motivos lógicos,
debe comenzar este Tribunal por la última, en donde injusta e infundadamente imputa a esta Sala que tiene un criterio predeterminado
sobre la tramitación e instrucción de la querella, pero donde vuelve a sostener que su escrito es fundado y pretende
una investigación y esclarecimiento de los hechos. La realidad es que el escrito del recurso no aporta ni una sola alegación ni
un pequeño argumento, que intente desvirtuar siquiera cuanto se expresó en la resolución recurrida -auto de este Tribunal de
13 de julio de 1993-, alude a , pero sin aducir argumento alguno que cuestione cuanto se mantuvo en la resolución impugnada.
SEGUNDO.- Se alega, en primer término en el escrito del recurso de súplica la nulidad, al amparo del art. 238.3
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sosteniendo que esta Sala ha prescindido absolutamente de las reglas de
procedimiento establecidas en el art. 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque no se ha dado traslado a las
partes y señalado día y ora para la vista del antejuicio. Ignora, o pretende ignorar el recurrente, que el art. 313 de la ley
procesal penal es también aplicable a los Jueces y Magistrados, cuando, como en el caso ahora contemplado, de la
lectura de los propios hechos expresados en el escrito de querella y de la propia documentación adjunta presentada con tal
escrito, se desprenda que, los hechos no son típicos, tal querella inadmisible y ello compone el deber de explicitarlo así al
Tribunal. Existen dos momentos diferentes por parte del órgano jurisdiccional al recibir una querella de antejuicio. Una vez
presentada con documentación procede a su examen y puede decir con suficiente motivación que procede realizar las
pretensiones del querellante en base a lo dispuesto en el art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si falta la tipicidad en
los hechos denunciados. Otra cosa significaría hacer de peor condición al Juez en que bastaría un simple escrito de querella
para tener que abrir necesariamente el antejuicio y hacer al juzgador de peor condición que los demás ciudadanos.
Esta es la doctrina constante de este Tribunal -autos del Tribunal Supremo de 20 de mayo, 28 de julio, 4 de
noviembre y 1 de diciembre de 1987, 1 de marzo, 3 de junio y 1 de diciembre de 1988, etc. etc. El auto 369/1984, de 20 de
junio del tribunal Constitucional estimó conforme a la Constitución Española la posibilidad de que apreciasen circunstancias
eximentes de la responsabilidad criminal en el auto de la inadmisión de una querella contra un Magistrado y con mayor razón
cuando es la propia Sala del Tribunal Supremo instructora y en su caso decisoria en única instancia del proceso penal. Tal
doctrina del principal intérprete de nuestro texto fundamental se ha reiterado e incluso desarrollado en su sentencia 156/1989,
de 5 de octubre, no compartiendo la premisa y llega a la conclusión de que y, por consiguiente, no para los casos en que la querella se desestima. Tales resoluciones
coincidentes en ambos Tribunales hacen inoperante la primera alegación y por consiguiente no existe la pretendida
nulidad que se propugna en el escrito del recurso de súplica.
TERCERO.- La segunda alegación hace referencia a la omisión de antecedentes fácticos, subrayándose la identidad
fáctica entre el escrito del Ministerio Fiscal y el del auto recurrido, lo cual nada importa a esta Sala -sin entrar para nada en
debatir sobre la certeza de tal afirmación y supone tan solo que, tanto el órgano defensor de la legalidad y parte imparcial y
este Tribunal han coincidido en la selección de los hechos alegados. Ante la inanidad de este primer argumento, el recurrente
acude a denunciar el auto recurrido de determinadas omisiones, pero ello no es cierto y se trata tan sólo de interpretaciones
distintas del querellante con su interés parcialidad y subjetivismo y la de este Tribunal objetiva y aséptica. Es indiferente que se
tratara de unas diligencias indeterminadas o no, lo cual no va a cuestionarse aquí, pues en nada alteraría la argumentación no
rebatida del auto recurrido.
También se expresa que no se le pidió al Juez querellado por la policía ninguna diligencia fuera de la provincia de
Madrid, pero, se omite por el recurrente, que si hubo varias en diferentes partidos judiciales lo que extravasaba lógicamente la
competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Móstoles, pero no así del Juzgado de la Audiencia Nacional con
competencia en todo el territorio del Estado. El que el querellante declarase, en forma exculpatoria o no, otros actos iguales a
los que él cometidos por otras empresas en nada empecé a cuanto se razona en la resolución recurrida, pues la cuestión se
cifraba en la conducta de tal denunciado y la posible competencia del Juez querellado, frente al de Móstoles.
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Esta Sala no ha disculpado el uso y abuso de modelos impresos que luego se rellenan para dictar medidas restrictivas
de libertad como la prisión, antes al contrario, lo que ha dicho es que el uso no determina el delito imputado al querellado, por
lo que la imputación, a más de injusta es totalmente inveraz. La justificación de la prisión acordada por el Juez querellado no
se basaba sólo en la alarma social producida, como indebidamente pretende deducir el recurso, sino en la pluralidad de
infracciones penales imputadas en el atestado policial y algunas reconocidas paladinamente por el denunciado y se aducía la
alarma social, como un dato más, a la vista de lo señalado en los artículos 503 y 504 de la Ordenanza procesal penal. Por lo
demás, los datos recogidos ahora por el recurrente son posteriores a la resolución del querellado.
CUARTO.- Bajo la rúbrica de carácter del auto recurrido se dice que más que un auto de inadmisión es una sentencia
absolutoria. Sentimos discrepar de tal interpretación, una sentencia absolutoria supone una acusación con base fáctica y
jurídica y aquí prima facie se demuestra la atipicidad de los hechos denunciados por mucho que molesten al recurrente. En
cuanto a la imputación de desconocimiento sobre la finalidad de antejuicio, que el querellante atribuye a esta Sala, hace unas
consideraciones extrajurídicas en las que el Tribunal Supremo no debe entrar y limitarse tan sólo a la exigencia de la tipicidad
en las conductas atribuidas en las querellas lo que, en definitiva no supone, sino una consagración del principio de legalidad de
rango constitucional, tales razones hacen obligado la desestimación del recurso.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de aplicación al caso de autos, procede dictar la siguiente parte
dispositiva: LA SALA ACUERDA: Desestimar íntegramente el recurso de súplica, interpuesto por el Procurador de los
Tribunales, Don Jesús VERDASCO TRIGUERO, en nombre y representación de Don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, contra el
auto de esta Sala de 13 de julio de 1993, desestimatorio de la querella interpuesta por dicha parte contra el Iltmo. Sr. Don
Miguel MOREIRAS CABALLERO, Magistrado-Juez del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, auto que se mantiene
en toda su integridad y que determina el archivo de las actuaciones>>.
INFORME EMITIDO EN 1994 por el Letrado José Manuel OLARIETA ALBERDI
PRIMERO.- Con fecha 12 de enero de 1993 se presento, ante el Juzgado de Guardia, escrito en forma de querella contra el
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción Central nº 3, D. Miguel Moreiras Caballero, por los delitos de prevaricación
que pudiera haber cometido esté Juez.
SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 20
de enero de 1993, se dispuso tener por recibido el antejuicio interpuesto y, de conformidad con lo previsto en el artículo 73
párrafo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se designo instructor de la causa, recayendo en el Magistrado D. Antonio
Pereira Andrade.
TERCERO.- Una vez recibidas las actuaciones, remitidas por el Juez Instructor, acuerda remitirlas a la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia por Auto de fecha 3 de febrero a fin de que proceda a la tramitación del antejuicio.
Devueltas las actuaciones al Presidente de la Sala de lo Civil y Penal del referido Tribunal Superior de Justicia, con
fecha 10 de enero de 1993 se acordó formar el rollo correspondiente y se designo ponente al Magistrado D. Xavier
O’Callaghan Muñoz.
Con fecha 28 de abril se persona en el antejuicio el querellado, aportando poder al efecto y presentando escrito de
alegaciones en el que no aduce en ningún momento la falta de competencia vertical de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia.
CUARTO.- Se señala la vista pública del antejuicio para el 29 de abril de 1993, dictando auto el Tribunal Superior de Justicia
el 4 de mayo de 1993 por el que admitía la querella.
No obstante, con fecha 8 de mayo presentó el Magistrado-Juez querellado un escrito al que se dio por la Sala carácter
de recurso de súplica, sustancialmente alegando, por vez primera, la falta de competencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid para conocer de la causa.
QUINTO.- Con fecha 9 de mayo, el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia emitió informe impugnando el recurso de falta de
competencia interpuesto por el querellado, argumentando en apoyo de sus tesis, lo dispuesto en el artículo 73.3º.b) de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
SEXTO.- Con fecha 19 de mayo de 1993, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acordó por
auto admitir la competencia de la Sala para conocer de la causa, denegando la inhibición solicitada por la parte querellada y
confirmando expresamente el auto de 4 de mayo de admisión de la querella.
Dicho Auto era firme y contra el mismo no cabía recurso alguno.
SÉPTIMO.- Con fecha 17 de mayo de 1993, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dirige oficio al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, firmado por su presidente y referenciado como causa especial 1440/93, ordenando se abstuviera de todo
procedimiento y le remitiera las actuaciones a los efectos de decidir sobre la competencia.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, una vez recibida la comunicación de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo y por providencia de fecha 25 de mayo, sin perjuicio de remitir testimonio de lo actuado, reitera la firmeza del
auto de 4 de mayo por el que se admitía la querella y su propia competencia para conocer de las actuaciones incoadas hasta
la fecha.
Remitidas las actuaciones a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, los Magistrados integrantes de la misma, dictan
un auto claramente prevaricador en fecha 1 de junio acordando su propia competencia para conocer del antejuicio y dejando
sin efecto las actuaciones practicadas por la Sala de lo Civil Y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde la
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fecha de la presentación de la querella de antejuicio, ordenando, además, proseguir la tramitación de la causa ante aquella
Sala Segunda a partir de dicho momento.
La naturaleza parcial y delictiva de esta resolución queda al descubierto teniendo en cuenta que la misma rompe de
una manera total y absoluta el principio de cosa juzgada, aduciendo una supuesta "nulidad de actuaciones" del antejuicio
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia que no existía en forma alguna. Dicha resolución delictiva vulnera el principio de
intangibilidad de la cosa juzgada, que es bastante más que la pura irrecurribilidad de una resolución judicial Firme.
El Auto prevaricador de 1º de junio, pudo ciertamente determinar la competencia del Tribunal Supremo y no del
Tribunal Superior de Justicia; lo que en ningún caso pudo hacer es decretar la nulidad de las actuaciones ya iniciadas, por lo
que debió, en todo caso, continuar con la tramitación de las mismas en la fase procesal en la que se encontraban, es decir,
respetando el Auto firme acordado admitir la querella contra el Magistrado-Juez Sr. Moreiras Caballero.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se refiere de un modo inequívoco a la nulidad de pleno derecho: no existe
tal forma de nulidad sino una pura anulabilidad que únicamente puede hacerse valer por medio de los recursos previstos en
las resoluciones judiciales. En consecuencia, no cabe impugnar una resolución contra la que no cabe recurso, como en este
caso. Es claro el principio general establecido por el art. 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: .
La falta de competencia, en consecuencia, solo es admisible por la vía de recurso que en cada momento quepa; no
producen nulidad de pleno derecho las resoluciones dictadas por la autoridad judicial incompetente sino mera anulabilidad, de
donde se desprende también que tal nulidad es convaliable y sanable cuando alcanza el efecto de cosa juzgada: si hay
cosa juzgada no cabe invocar la nulidad. Sostener que una resolución nula no produce ningún efecto y, por tanto, tampoco el
de cosa juzgada: es imposible en nuestro Derecho positivo, máxime tras las reformas procésales y orgánicas operadas a partir
de 1984. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto, con su regulación de la "nulidad de pleno derecho" ha procedido a
una equiparación de la nulidad de impugnación; ha igualado los medios de combatir la forma con los medios de combatir el
fondo, el control de legalidad al control de justicia, con la sola salvedad del recurso de revisión, ceñido siempre al fondo del
fallo. Es procesalmente inviable la nulidad de pleno derecho de una resolución firme por falta de competencia, de modo que la
propia Constitución (art. 121) asume el error judicial y no arbitra medio alguno de subsanarlo. La nulidad absoluta o de pleno
derecho no tiene pues, cabida en nuestro Derecho Procesal.
Dicha Ley Orgánica trata de preservar a toda costa la eficacia de las resoluciones judiciales firmes. Al respecto es
exacta y contundente la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1950 al sostener que los
vicios que puedan afectar a los actos de un proceso quedan subsanados cuando la resolución que le pone término adquiere
firmeza, ya que la ley señala en cada momento del proceso los recursos que disponen las partes para corregir las infracciones
que puedan cometerse.
La desaparición en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de un recurso de anulación asimilado a la revisión,
significa que la revisión se mantiene como remedio contra la injusticia de la resolución, no contra su legalidad, que la firmeza
de las sentencias convalida cualquier posible falta jurisdiccional, únicamente alegable, pues, antes de la firmeza.
El recurso de revisión tiene por objeto precisamente combatir las sentencias firmes, hasta el punto de que por su
propósito de quebrar la cosa juzgada, la doctrina repudia el calificativo de "recurso" por tratarse de un remedio extraprocesal.
Pero el recurso de revisión en nuestro ordenamiento está configurado para reparar el fondo del fallo no su legalidad. Ninguna
clase de "falta" de competencia, aunque sea manifiesta, es motivo suficiente para formular este recurso.
Una vez firme el Auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiendo la querella,
no se trataba ya de un asunto de competencias en sentido estricto: no trataba de la competencia para resolver sino la
ejecución de lo ya resuelto. La disputa, en tal tesitura, no podía versar sobre quién tomaba la decisión de admitir la querella,
sino sobre quién lleva a cabo la decisión ya tomada, en que forma, cómo y cuándo. Según el art.118 de la Constitución: .
Y el artículo 17-1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por su parte prescribe: añadiendo el número siguiente del mismo artículo: .
Por fin, el artículo siguiente afirma que .
Es igualmente cuestionable que no cabe suscitar cuestiones de competencia al Tribunal Supremo, principio
expresado en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero ello no justifica, sino todo lo contrario, desacredita, el
Auto de 1 de junio emitido por los Magistrados actuantes en la Causa Especial 1.440/93, precisamente porque las cuestiones
de competencia están limitadas a las resoluciones virtuales, por lo que una vez firme una resolución judicial, no cabe volver
sobre ella, ya que el conflicto trataría precisamente de determinar a quien corresponde fallar.
Admitir conflictos de competencias sobre fallos firmes es desnaturalizar la institución y permitir los conflictos positivos
reales. En la fase de ejecución de resoluciones judiciales no es concebible el conflicto: no cabe más que cumplir con fidelidad
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la encomienda. Nada más lejos de esa obligación constitucional que suscitar un conflicto en ese momento, cuando debe
llevarse a cabo. De aquí que la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 76 tuviera ordenado: . Las cuestiones
de competencia son anteriores al fallo, deben deducirse durante el proceso de cognición y no en la ejecución.
La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la nulidad de pleno derecho por "manifiesta falta de jurisdicción" en el
artículo 238-1, y sanciona que no existe la nulidad de pleno derecho, sino de una mera anulabilidad. No determina con la
nulidad radical la "falta manifiesta" de jurisdicción cometida, sino que, por el contrario, trata de arbitrar remedios estrictamente
procésales para subsanarla pues, como dice el artículo 240 de la misma Ley Orgánica, la nulidad de pleno derecho se hará
valer . Es claro que contempla solo el supuesto de que la resolución no sea aún firme,
de ahí la mención a los "recursos".
Finalmente el artículo 50 añade otro posible remedio frente a la "falta" de competencia de las resoluciones judiciales:
.
Cabría quizá pensar en la existencia de un vacío legal al respecto, subsanable con la aplicación analógica del artículo
50 a la falta de competencia. Pero el artículo 50 está pensado para el ciudadano que acude en demanda de amparo ante los
órganos judiciales; es una consecuencia del derecho a la tutela Judicial efectiva; no contempla el supuesto de una resolución
firme exactamente, sino el caso de una resolución judicial inhibiéndose del asunto, sin abordar el fondo e incluso sin entrar en
el proceso propiamente dicho. Solo prevé dicho recurso frente a la inhibición declarada del órgano judicial ("defecto de
jurisdicción"), es decir, en los conflictos negativos, no frente a los positivos, en los que ambos órganos judiciales se reputan
competentes.
Por todo lo expuesto esta parte considera que el Auto prevaricador emitido por los Magistrados actuantes en la Causa
Especial 1.440/93, de 1º de junio de 1993, no es jurídicamente sostenible, quiebra el principio de cosa juzgada y declara una
nulidad de actuaciones que carece de cualquier respaldo legal.
6-7-1999 *** Auto de 32 páginas “supuestamente” emitido por: LA SALA ESPECIAL (Art. 61 LOPJ). (CUYOS MIEMBROS
PERFECTAMENTE CONOCÍAN LA FALTA DE COMPETENCIA DE LA SALA QUERELLADA, PARA CONOCER DE LOS
HECHOS, AL MENOS EN PRIMERA INSTANCIA) SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA SALA ESPECIAL Causa nº 24/1998
Auto emitido el 6 de julio de 1999 por el Ponente Excmo. Sr. D. Luís GIL SUÁREZ que formaba Sala con los Excmos. Srs.
Presidente del Tribunal Supremo
D. Francisco Javier DELGADO BARRIO.
Presidentes de Sala
D. Ignacio SIERRA GIL DE LA CUESTA
D. Ángel RODRÍGUEZ GARCÍA
D. Luis GIL SUAREZ
José Maria RUIZ-JARABO FERRÁN
D. Gregorio GARCÍA ARCOS
Magistrados
D. Pedro Antonio MATEOS GARCÍA
D. Alfonso VILLAGÓMEZ RODIL
D. Adolfo DESDENTADO BONETE
D. José Francisco QUEROL LOMBARDERO
D. Román GARCÍA VÁRELA
D. Carlos GARCÍA LOZANO
D. Andrés MARTÍNEZ ARRIETA
D. Nicolás Antonio MAURANDI GUILLÉN
D. Jesús GULLÓN RODRÍGUEZ
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 18 de diciembre de 1998 el Procurador de los Tribunales D. Omar Carlos
CASTRO MUÑOZ, actuando en nombre y representación de don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ presentó en el Registro General del
Tribunal Supremo querella por delito de prevaricación, dirigida a la Sala Especial del art. 61 de la LOPJ de dicho Tribunal. En dicha
querella se imputa la comisión del delito de prevaricación a los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Excmos.
Sres. D. José Manuel MARTÍNEZ PEREDA y D. Fernando COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO (hoy jubilado), y contra el Fiscal de la
Sala de dicho Tribunal Excmo. Sr. D. José Maria LUZÓN CUESTA.
Los hechos en que se funda esta querella se pueden resumir del siguiente modo: 1º).- El 12 de enero de 1993 don
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid querella contra el Magistrado Juez Titular del
Juzgado Central de Instrucción nº 3 don Miguel MOREIRAS CABALLERO, por un presunto delito de prevaricación; 2).- Por Acuerdo
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del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de enero de 1993 se tuvo por recibida dicha querella y se designó
Magistrado Instructor de la Causa; 3).- Dicho Instructor, mediante Auto de 3 de febrero de 1993, dispuso la remisión de las
actuaciones al Presidente del referido Tribunal Superior, con el fin de se procediese a la tramitación del antejuicio; recibidos los
Autos por esa Presidencia, se acordó formar el rollo correspondiente y se designo al Magistrado Ponente de la citada Causa;
habiéndose dado vista de lo actuado a las partes, el 28 de abril se personó el querellado Sr. MOREIRAS, presentando escrito de
alegaciones, en el que no adujo falta de competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; 4º).-
Se celebró la vista pública del antejuicio el 29 de abril de 1993, y el 4 de mayo siguiente la mencionada Sala dicto Auto admitiendo
la querella a trámite; el día 8 de mayo el querellado Sr, MOREIRAS presentó escrito en el que manifiesta su discrepancia sobre la
competencia sobre la referida Sala de lo Civil y Penal para conocer de tal asunto, postulando su inhibición a favor de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo; la antedicha Sala de lo Civil y Penal considera que se trata de un escrito entablando recurso de
súplica, y como tal da traslado a las partes; el querellante lo impugna y el Ministerio Fiscal insta que se rechace la pretensión del
querellado; 5º).- El mismo día 8 de mayo, el querellado presenta nuevo escrito, ya como recurso de súplica propiamente dicho, en el
que se pide que se deje sin efecto el Auto de 4 de mayo, se declare la nulidad de lo actuado y se remitan los autos a la Sala
Segunda del Tribunal Supremo; el Ministerio Fiscal impugnó dicho recurso, pidiendo la confirmación del Auto de 4 de mayo de
1993; la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante Auto de 19 de mayo siguiente, confirmó el de
4 de mayo anterior, declaró su competencia para conocer de tal causa y denegó la inhibición solicitada por el querellado;
dicho Auto de 19 de mayo "tenía carácter firme"; 6º).- El 17 de mayo la Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenó al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que se abstuviera de todo procedimiento y le remitiera las actuaciones a fin de decidir sobre la
competencia (IMPOSIBILIDAD LEGAL POR CUANTO ASÍ LO DISPONE EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL QUE TEXTUALMENTE DISPONE: El Ministerio Fiscal y las partes promoverán las competencias por
inhibitoria o por declinatoria. El uso de uno de estos medios excluye absolutamente el del otro, así durante la
sustanciación de la competencia como una vez que ésta se halle terminada; Y LA RESOLUCIÓN JUDICIAL ACORDADA
POR LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL INHIBIDO POR LOS MIEMBROS DE LA SALA QUERELLADA,
PERFECTAMENTE CONOCÍAN QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, MEDIANTE RESOLUCIÓN
FIRME, HABÍA ACORDADO RESOLVER SOBRE SU PROPIA COMPETENCIA PARA RESOLVER Y DESESTIMADO EL
RECURSO PRESENTADO POR LA DEFENSA DEL JUEZ QUERELLADO).
. La Sala de lo Civil y Penal mencionada, al recibir tal comunicación, por Providencia de 25 de mayo dispuso la remisión de
testimonio de lo actuado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y reiteró la firmeza del Auto de 19 de mayo, remitiéndose así
mismo "testimonio al Consejo General del Poder Judicial ADVIRTIENDO" de tal comunicación del Tribunal Supremo; a su
vez, recibidas las actuaciones en la Sala Segunda de este último Tribunal, dicha Sala, de la que formaban parte los Magistrados
contra los que se dirige la actual querella, dictó Auto de 1 de junio de 1993 declarando su propia competencia y dejando sin efecto
las actuaciones practicadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde la presentación de la querella, ordenando seguir la
tramitación de la causa ante dicha Sala Segunda; 7º).- El 13 de julio de 1993 los Magistrados contra los que se dirige la actual
querella, con informe favorable del Fiscal también querellado en la misma, dictan auto desestimando la querella presentada en
enero de 1993 "por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal" y ordenando el archivo de tales actuaciones;
8º).- Interpuesto por el querellante recurso de súplica contra dicho Auto de 13 de julio, el 13 de octubre siguiente la Sala Segunda
del Tribunal Supremo dictó Auto desestimando tal recurso. El querellante considera que los Magistrados que dictaron estos tres
últimos Autos y el Fiscal que informó en favor de la decisión en ellos adoptada, han cometido prevaricación, calificando a tales
resoluciones de manifiestamente injustas y afirmando que fueron dictadas a sabiendas de su injusticia, revistiendo las mismas "los
típicos caracteres de un delito de prevaricación, definido en el art. 356 del C.P. vigente en la época que se dictaron los citados
Autos". Por ello terminó suplicando que se admitiese a trámite esta querella y se ordenase se practicasen las diligencias pedidas
por el querellante en la misma; así como que se acordase la suspensión de los querellados y ordenar que los mismos prestasen
fianza suficiente, y caso de no hacerlo en el plazo fijado se procediese al embargo de sus bienes.
SEGUNDO.- Por providencia de 23 de diciembre de 1998 se tuvo por presentado el antedicho escrito y se ordenó su
registro y la "apertura del correspondiente expediente". Por providencia de 8 de febrero del año en curso se nombró Instructor de la
Causa al Magistrado Excmo. Sr. D. José Luis BERMÚDEZ DE LA FUENTE. El 1 de marzo siguiente se dicto otra providencia en la
que se dispuso que "antes de resolver sobre la admisión de la querella" citada, "pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal por plazo
de cinco días para que informe acerca de la competencia de la Sala Especial para conocer de la misma".
TERCERO.- El Ministerio Fiscal formuló el informe mencionado con fecha 16 de marzo, y el 13 de abril de 1999 el
Magistrado Instructor dictó Auto en el que desestimó la querella presentada, "por no corresponder a este Juzgado Instructor ni a la
Sala especial del art. 61 de la LOPJ, de que dependo, el conocimiento de la misma.
Contra ese Auto interpuso recurso de reforma el querellante y de reforma y subsidiario de apelación el Ministerio Fiscal.
Los recursos de reforma fueron desestimados por Auto de 4 de mayo de 1999; en este auto se tuvo por entablado el recurso de
apelación formulado por el Ministerio Fiscal. El querellante interpuso recurso de apelación contra dicho Auto.
CUARTO.- Se elevaron las actuaciones al Pleno de la Sala Especial referida, emplazando a las partes para comparecer
ante el mismo. Personadas las referidas partes ante esta Sala, se dio vista de los autos a las mismas para instrucción, señalándose
la vista de apelación el día 28 de junio a las diez y media horas de la mañana. Dicha vista tuvo lugar en el día y hora señalados.
154

QUINTO.- Esta Sala Especial del art. 61 de la LOPJ resolvió el indicado recurso de suplicación mediante Auto de 30 de
junio de 1999, en el que declaró que tal Sala es competente para conocer de la querella origen de las presentes actuaciones. Ahora
bien, conforme a la doctrina de esta Sala a ella le corresponde decidir sobre la admisión o inadmisión de tal querella, pero no cabía
adoptar en ese momento tal decisión pues el comentado Auto de 30 de junio de 1999 tenía por objeto tan sólo resolver el Recurso
de apelación dicho, en el que no se había tratado de tal cuestión; por ello, se dispuso que se convocase de nuevo a la Sala para
resolver sobre la admisión o inadmisión de la querella referida. Y así en virtud de providencia del mismo día 30 de junio se señaló el
día 6 de julio inmediato siguiente a fin de que se celebrase la votación y fallo en que se resolvieses dicha cuestión; estos actos se
llevaron a cabo el día y hora señalados.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO: - El 11 de julio de 1991 don Oscar CALLADO PALOMO, que dijo ser Director Técnico
de la empresa Leisa, empresa domiciliada en Móstoles y dedicada a la formación informática y prestación de servicios, presento
una denuncia ante la Comisaría de Policía de dicha localidad contra don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, "que decía representar a la
empresa Publi-Gest", afirmando que los locales de Leisa habían sido arrendados al Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ y que éste utilizó las
maquinas instaladas en ellos, en concreto un ordenador IBM, para reproducir bancos de datos informáticos de distintas
dependencias oficiales (Hacienda, Tráfico, Censo Electoral, etc.), los cuales vendía a distintas empresas; que estos bancos de
datos eran facilitados al Sr. GONZÁLEZ por personas desconocidas presumiblemente funcionarios de los centros oficiales
correspondientes.
La Comisaría de Policía de Móstoles remitió el atestado levantado a consecuencia de tal denuncia a los Juzgados de
Instrucción de dicha localidad, y el Juzgado de Instrucción nº 2 de la misma, mediante Auto de 13 de julio de 1991, ordenó la
incoación de Diligencias Previas por un posible delito de violación de secretos. Posteriormente, el 31 de julio inmediato
siguiente, el citado Juzgado nº 2 de Móstoles autorizó la intervención de los teléfonos de la empresa Publi-Gest S.L., en virtud de
auto dictado en las Diligencia Indeterminadas nº 143/91; prorrogándose tal intervención mediante varios Autos posteriores.
El Servicio Central de la Policía Judicial (Grupo de Fraudes) elaboró con fecha 30 de octubre de 1991 un informe sobre las
actividades desarrolladas por don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, "propietario de la empresa Publi-Gest", basado en las investigaciones
llevadas a cabo hasta aquel momento. En este informe se manifiesta que "de todo lo hasta ahora practicado, se desprenden
indicios razonables de que Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ a través de la Sociedad Cevenco tiene información sobre los datos
personales, íntimos y confidenciales de varios millones de personas. Algunos de los datos son: los del DNI, los del Censo, la
totalidad de vehículos, cuentas bancarias, empresas o lugar de trabajo, salario, etc. También manifiesta tener información sobre
jubilados y funcionarios". Se añade que el Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ "ofrece esta información a los clientes potenciales", sobre todo
entidades de crédito, habiendo cerrado varias operaciones con distintas Cajas de Ahorros. Se dan los datos de varias personas que
podían ser las fuentes de información del Sr. GONZÁLEZ. Se indica además que "las investigaciones que al principio se limitaron a
la demarcación de Madrid capital y algunas localidades limítrofes, como Móstoles o Majadahonda, es necesario ahora hacerlas
extensivas a otras provincias", como Barcelona, Sevilla o Cuenca.
El citado Servicio Central de la Policía remitió el informe a que se acaba de aludir al Juzgado Central de Instrucción nº 3,
de la Audiencia Nacional. El titular de ese Juzgado en aquellas fechas, el Ilmo. Sr. D. Miguel MOREIRAS CABALLERO,
(FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO PUESTO QUE OBVIÓ DECIR “TOTALMENTE FALTO DE JURISDICCIÓN Y DE
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS DELITOS DE COHECHO REVELACIÓN DE SECRETOS Y USO DE NOMBRE
SUPUESTO, PUESTO QUE ASÍ LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 65 Y 88 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL”),
dictó providencia de 31 de octubre de 1991 en la que ordenó la incoación de las oportunas Diligencias Previas, a las que se les dio
el número 262/91 de ese Juzgado Central.
En estas actuaciones del Juzgado Central de Instrucción nº 3 se dictó Auto de 4 de noviembre de 1991, en el que se
requirió de inhibición al Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles, para que lo actuado por éste se uniese a las Diligencias Previas
262/91 de dicho Juzgado Central, "por referirse a los mismos hechos". Recibido este requerimiento de inhibición por el juzgado de
Móstoles citado (EN EL QUE EL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY SE INHIBÍA PARA CONOCER DE LOS
DELITOS EXPUESTOS EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL COMO LO DEMUESTRA EL
AUTO QUE ESTE JUEZ DICTÓ EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1991), el mismo dictó Auto de fecha 12 de noviembre de 1991, en cuyo
hecho primero se indica que "en este Juzgado se siguen Diligencias Previas en virtud de atestado instruido por la Policía Judicial,
incoadas por un posible delito de violación de secretos, y en las que se ha venido acordando la intervención Telefónica del teléfono
inscrito a nombre de Publi-Gest S.L."; en su fundamento jurídico segundo se declara que "conforme a lo indicado en el artículo
65.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es procedente acordar la inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción
nº 3"; y en su parte dispositiva se ordena esta inhibición.
El Juzgado Central de Instrucción nº 3, en las Diligencias Previas nº 262/91 seguidas ante el mismo, dictó varios Autos de
fecha 30 de diciembre de 1991 en los que autorizó la entrada y registro en el domicilio de don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, sito en
Las Rozas, y en el centro informático del Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ (NO ERA PROPIEDAD DEL AHORA RECURRENTE SINO
ALQUILADO COMO SE DECLARO ANTE EL MAGISTRADO-JUEZ QUERELLADO), con sede en Móstoles. Las correspondientes
diligencias de entrada y registro en los locales mencionados fueron llevadas a cabo por funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía.
El Iltmo. Sr. Magistrado Titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 recibió declaración, en concepto de imputado, a don
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ el 12 de enero de 1992. Después de haber prestado esta declaración, el mencionado Magistrado dictó
Auto de la misma fecha, en el que decretó la prisión provisional sin fianza del Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ; en el único antecedente de
155

hecho de esa resolución se decía que "las presentes diligencias se instruyen por delito de cohecho, revelación de secretos y uso de
nombre supuesto contra Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ." (DELITOS DE LOS QUE EL JUEZ QUE LO DICTO NO PUEDE
CONOCER A TENOR CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 88 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL).
Dos días después, mediante Auto de 14 de enero, se reforma el Auto del día anterior, y se decreta "la prisión provisional
comunicada del inculpado... de la que podrá librarse si previamente constituye fianza en metálico o mediante aval bancario por la
suma de tres millones de pesetas". El Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ constituyo inmediatamente esta fianza, y por un nuevo Auto del día
14 de enero de 1992 se admitió y declaró bastante la misma y se decretó la libertad provisional de aquél.
El Juzgado Central de Instrucción nº 3 dictó en esa misma fecha, 14 de enero de 1992, un nuevo Auto en cuyo
fundamento jurídico se declara que "de conformidad con el Ministerio Fiscal, no siendo los hechos a que se centran las
presentes diligencias susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de
los Juzgados de Instrucción y de la Audiencia Nacional, es procedente devolver las actuaciones al Juzgado nº 2 de
Móstoles". Por ello en la parte dispositiva de esa resolución se acordó "la inhibición en el conocimiento y trámite de las presentes
diligencias por este Juzgado Central de Instrucción nº 3, declarándose la competencia a tal efecto del Juzgado de Instrucción nº 2
de Móstoles, al que se remitirán". (EN ESTE PÁRRAFO SE DEMUESTRA QUE TANTO LA SALA QUERELLADA COMO LA
SALA QUERELLANTE CONOCÍAN DE QUE EL MISMO MAGISTRADO-JUEZ JUZGADO Y CONDENADO EN FIRMA SER
JUZGADO POR DICTAR RESOLUCIONES JUDICIALES TAN MANIFIESTAMENTE INJUSTAS COMO CONTRARIAS A
DERECHO, RECONOCIÓ SU FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS DELITOS DE COHECHO REVELACIÓN
DE SECRETOS Y USO DE NOMBRE SUPUESTOS POR LOS QUE PRIMERO DECRETO EL INGRESO EN PRISIÓN
COMUNICADA NO ELUDIBLE MEDIANTE FIANZA DEL AHORA DEMANDANTE, QUE A LOS DOS DÍAS TRASFORMO EN
LIBERTAD CONDICIONADA MEDIANTE UNA ELEVADÍSIMA CANTIDAD DE DINERO PARA RESPONDER DE UN
INEXISTENTE DELITO PUESTO QUE EL AHORA RECURRENTE, NI ERA NI ES FUNCIONARIO DEL ESTADO).
Asumida de nuevo la competencia por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles, siguió adelante la tramitación de las
Diligencias Previas incoadas por el mismo, hasta que en virtud de Auto de 1 de septiembre de 1992, se ordenó "el sobreseimiento y
archivo de las presentes actuaciones al no existir indicios de la comisión de algunos de los delitos tipificados en el Código Penal,
excepto lo referido en el fundamento de Derecho quinto, a cuyos efectos se deducirá testimonio de los particulares (pertinentes) ... y
se remitirá al Juzgado de Instrucción Decano de los de Sevilla". En ese fundamento de Derecho quinto se decía que "de las
diligencias obrantes en autos sí parece desprenderse la comisión de un delito de cohecho, previsto y penado en el artículo 391 del
Código Penal, que viene configurado por gestiones llevadas a cabo por D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, a través de una
funcionaría de la Junta de Andalucía".
SEGUNDO.- Algunos meses después de haber sido sobreseídas las actuaciones penales a que se acaba de hacer
alusión, el Procurador de los Tribunales D. Jesús VERDASCO TRIGUERO, actuando en nombre y representación de D. Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ, presento querella contra el Magistrado D. Miguel MOREIRAS CABALLERO ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, presentación que tuvo lugar el día 13 de enero de 1993. En esa querella se imputaba al mencionado Magistrado
la comisión de un delito de prevaricación, dado que, según dicho querellante, el mismo incurrió en la conducta que sancionaba el
art. 356 del Código Penal, entonces vigente, (hoy art. 446 del Código Penal de 23 de noviembre de 1995) "al dictar el Auto de
prisión provisional, sin fianza, de fecha 12 de enero de 1992 y posteriormente al dictar nuevo Auto, en fecha 14 inmediato siguiente,
reformando el anterior y decretando la libertad bajo fianza de 3.000.000 pts".
Dicha querella dio lugar a las actuaciones procésales en que se funda la actual querella que se refleja en el antecedente
primero de la presente resolución. De tales actuaciones procésales penales hay que distinguir entre las llevadas a cabo por la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las efectuadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Las primeras, a las que se refieren los números 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y parte del 6º del antecedente de hecho primero del
presente Auto, y se pueden resumir del siguiente modo: a).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por recibida aquella
querella el 20 de enero de 1993 y nombró Magistrado Instructor de la Causa, el cual, por Auto de 13 de febrero, devolvió lo actuado
al citado Tribunal a fin de que se procediese a la tramitación del correspondiente antejuicio; b).- La vista pública del antejuicio se
efectuó el 29 de abril de 1993, y la Sala de lo Civil y Penal de dicho Tribunal dictó Auto de 4 de mayo siguiente, admitiendo a trámite
tal querella;- El día 8 de mayo el Magistrado Sr. MOREIRAS presentó dos escritos diferentes impugnando el Auto del día 4
inmediato anterior, alegando fundamentalmente que el conocimiento de tal asunto correspondía a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, y no a la citada Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que ésta debía inhibirse en
favor de aquélla; d).- El día 17 de mayo de 1993 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia dictó Auto en el que
rechazó las alegaciones del citado Magistrado, confirmó el Auto de 4 de mayo, declaró su competencia para conocer de tal causa y
denegó la inhibición solicitada; este Auto adquirió firmeza; e).- Posteriormente, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
recibió el Auto del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1993, del que más adelante se hablará, dicto Auto de fecha 11 de igual mes y
año, en cuyo fundamento jurídico 2 se dice que la mencionada resolución del Tribunal Supremo "no puede significar otra cosa que
la pérdida de competencia por esta Sala que deberá archivar las actuaciones ya que han sido declaradas sin efecto"; y en la parte
dispositiva del mismo ordena que "queden sin efecto las presentes actuaciones desde la presentación de la
querella".(SUPUESTAMENTE DE FORMA INTENCIONADA NO HACE MENCIÓN ALGUNA LA SALA JUZGADORA A LO
DISPUESTO EN EL CONSTITUCIONAL ARTICULO 118 –QUE TEXTUALMENTE DISPONE Es obligado cumplir las
sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos
en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto; NI TAMPOCO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 18.1 DE LA LEY
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ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, EL CUAL DISPONE: Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en
virtud de los recursos previstos en las Leyes. Y EL JUEZ QUERELLADO Y CONDENADO A SER JUZGADO DESPUÉS DE
CELEBRADO EL PRECEPTIVO ANTEJUICIO, NI RECURRIÓ ENTONCES NI HA RECURRIDO HASTA LA FECHA).
Los trámites que se siguieron en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se iniciaron mediante escrito que presentó ante la
misma el 8 de mayo de 19903 la Procuradora de los Tribunales doña Isabel FERNÁNDEZ CRIADO, en nombre y represen-tación
"del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional D. Miguel MOREIRAS CABALLERO". En este
escrito se puso en conocimiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la formulación de la querella antedicha ante la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se pidió que se admitiese el mismo "a los efectos del art. 21 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, adoptando la Sala la decisión que considere más conforme a Derecho". Los trámites posteriores
ante esta misma Sala Segunda fueron los siguientes: 1º).- Por providencia de 11 de mayo de 1993 se tuvo por recibido el citado
escrito y se ordenó que pasasen las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informase; 2º).- Emitido el informe del Ministerio Fiscal
el día 14 de mayo en favor de la competencia de la Sala Segunda, ésta dictó providencia de fecha 17 del mismo mes y año, en la
que dispuso que se oficiase "al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que absteniéndose de todo procedimiento, remita
los antecedentes de esa Sala, en el termino establecido en la Ley a los efectos de decidir sobre la competencia"; 3º).- El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, a consecuencia del proveído mencionado, dispuso el envío al Tribunal Supremo de testimonio de lo
actuado; 4º).- Recibido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo dicho testimonio, ésta dictó Auto de 1 de junio de 1993, en el que
declaró su propia competencia, dejó sin efecto las actuaciones practicadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde la
presentación de la querella, y ordenó seguir la tramitación de la causa ante el Tribunal Supremo; 5º).- Después de diversas
actuaciones ante dicha Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre las que destaca la personación ante la misma del
querellante Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ, el Ministerio Fiscal emitió informe el 6 de julio de 1993 en favor de la desestimación de la
querella con base en lo dispuesto en el art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "al no ser los hechos objeto de la misma
constitutivos de delito"; 6º).- El 13 de julio de dicho año la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó Auto desestimando la referida
querella, que se había presentado en enero de 1993, "por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal" y
ordenando el archivo de tales actuaciones; 7º).- El querellante interpuso recurso de súplica contra ese Auto de 13 de julio, recurso
que fue desestimado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante Auto del 13 de octubre de 1993.
TERCERO.- La querella que da origen a los presentes autos se presentó el 18 de diciembre de 1998 ante la Sala Especial
del art. 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo. En ella se sostiene que cometieron delito de prevaricación los Magistrados de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo que dictaron los mencionados Autos de 1 de junio y 13 de julio de 1993 y también de 13 de octubre
de igual año, y que también lo cometió el Fiscal que informó favorablemente a las decisiones adoptadas en esos Autos.
En el epígrafe IV de esta querella se expresan los "hechos que motivan la interposición" de la misma, recogidos en nueve
ordinales diferentes, y a continuación, dentro de ese mismo epígrafe IV, en las páginas 7 a 29, ambas inclusive, de tal escrito de
querella, se designan, en extenso y de forma un tanto reiterativa, desordenada y profusa, las razones que, en opinión del
querellante, ponen de manifiesto que los querellados cometieron la prevaricación que les imputa. En esas razones se diferencian
aquéllas que se refieren al Auto de 1 de junio de 1993, que se reflejan en las páginas 7 a 14, de aquéllas otras que atañen al Auto
de 13 de julio de 1993, y en consecuencia también al Auto de 13 de octubre de igual año, las cuales dan lugar a la exposición que
se efectúa en las páginas 14 a 29 del aludido escrito. Y siguiendo esta misma línea discursiva, en los razonamientos jurídicos que
en el presente Auto se consignan a continuación, primero examinaremos las imputaciones que el querellante efectúa en relación
con el Auto de 1 de junio de 1993, y luego las que expone en cuanto al auto de 13 de julio, extensivas al de 13 de octubre, ambos
del mismo año de 1993.
Ahora bien, antes de comenzar tal análisis particularizado, es necesario dejar claro que:
1).- El delito que se imputa a los querellados es el que tipifica el art. 356 del Código Penal de 14 de septiembre de 1973,
que disponía: "El juez que, a sabiendas, dictare auto injusto incurrirá en la pena de suspensión". Hoy en día esta figura delictiva
tiene encaje en el art. 446.3º del Código Penal de 23 de noviembre de 1995.
2).- En relación con el carácter o condición de "injusta" que ha de predicarse en toda resolución prevaricadora, conviene
destacar que: a).- La sentencia del tribunal Supremo de 27 de mayo de 1992 indica que para ello tal resolución ha de ser
manifiestamente contraria a la Ley; b).- Las sentencias de 26 de mayo y 10 de abril de 1992 afirman que la injusticia ha de ser clara
y manifiesta, de modo que si concurriera cualquier duda razonable se produciría la atipicidad de la conducta; c).- Y la sentencia de
18 de junio del mismo año proclama que no toda infracción de normas legales acarrea la responsabilidad criminal, dado el elemento
del tipo penal es la resolución injusta, no la simple resolución legal.
3).- Además se requiere que la resolución se haya dictado "a sabiendas". Y el Tribunal Supremo ha entendido desde
mucho tiempo atrás que la locución "a sabiendas" equivale a ciencia segura, conciencia e intención deliberada de faltar a la justicia
(sentencias de 14 de octubre de 1884, 10 de enero de 1900 y 12 de noviembre de 1901); siendo preciso que la sentencia o el auto
los dicte el Juez con malicia y verdadera conciencia de injusticia, no siendo suficiente el mero error interpretativo o de aplicación de
la ley (sentencia de 13 de diciembre de 1919 y 13 de noviembre de 1929); con intención deliberada de faltar a la justicia, no
bastando que esto se presuma o conjeture (sentencia de 5 de octubre de 1906). Y ya en tiempos más recientes la sentencia de 16
de mayo de 1992 precisó que "se requiere además un dolo especifico y en cierto modo reforzado en cuanto que se exige que se
trate de una resolución tomada a sabiendas y con conocimiento pleno de la injusticia de sus adopción"; y la sentencia de 25 de
mayo de 1992 puntualiza que la resolución ha de dictarse "a sabiendas de su injusticia, lo que ha de entenderse como conciencia y
voluntad del acto, esto es con intención deliberada y plena conciencia de la legalidad del acto realizado".
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CUARTO.- Como se ha dicho, el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1993 (del que fue
ponente el Excmo. Sr. D. Enrique RUIZ VADILLO, hoy fallecido) declaró la competencia de tal Sala para conocer de las actuaciones
penales a que dio lugar la querella que había presentado el Procurador don Jesús VERDASCO TRIGUERO, en nombre y
representación de don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, el día 13 de enero de 1993 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tal
decisión es totalmente acertada, correcta y conforme a derecho, como ponen en evidencia las siguientes consideraciones:
1).- El art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, en su párrafo segundo, que "cuando algún Juez o Tribunal
viniere entendiendo en asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo ordenara éste a aquel, de oficio, a
excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el
termino del segundo día para, en su vista, resolver". (NO DICE ESTE TAN ALTO TRIBUNAL QUE NOVENTA Y SEIS AÑOS
DESPUÉS DE DE HABERSE APROBADO LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL SE HABÍA APROBADO LA VIGENTE
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LA CUAL DISPONÍA COMO FUNDAMENTAL DERECHO EL JUEZ PREDETERMINADO `POR
LA LEY, NI TAMPOCO QUE CIENTO TRES AÑOS DESPUÉS DE HABERSE APROBADO LA CITADA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL SE HABÍA APROBADO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL QUE, EN SUS
ARTÍCULOS 42 A 52, REGULA LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA QUE NO COINCIDEN CON LOS ARGUMENTOS
EXPUESTOS POR LA SALA JUZGADORA, DE LO QUE DEBERÁ DEDUCIRSE QUE INCURRIÓ EN EL DELITO DE
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO PARA ENGAÑAR AL QUERELLANTE).
Es obvió, pues, que, por virtud del mandato que esta norma expresa, en los casos a que la misma se refiere es el Tribunal Supremo
el que, con jurisdicción plena como corresponde a su alto rango, decide a quien corresponde el conocimiento del asunto; y así, si
llega a la conclusión de que la Ley le otorga a él la competen-cia, abocará para si tal conocimiento y ordenará al Tribunal inferior
que se abstenga de seguir tramitando el asunto. Y ello es así, cualquiera que sea el momento procesal en que se encuentre la
causa penal, en tanto no haya recaído sentencia definitiva. No cabe duda, por ende, que el Tribunal Supremo puede hacer
uso con plena licitud y efectividad de esta facultad que le otorga el art. 21 que comentamos, cuando el proceso penal se
encuentre en la fase de sumario, y con mayor razón aún cuando ni siquiera esa fase sumarial se haya iniciado, como
acontecía en los casos del antejuicio que regulaban los arts. 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el art.
410 de la L.O.P.J.(SUPUESTAMENTE DE FORMA INTENCIONADA, LOS MIEMBROS DE LA SALA JUZGADORA, OBVIAN
AÑADIR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA MISMA LEY DE ENJUICIA-MIENTO CRIMINAL QUE, TEXTUALMENTE
DISPONE: El Ministerio Fiscal y las partes promoverán las competencias por inhibitoria o por declinatoria .El uso de uno
de estos medios excluye absolutamente el del otro, así durante la sustanciación de la competencia como una vez que ésta
se halle terminada), Y LA INHIBITORIA YA HABASE DESESTIMADO AL DEVENIR EN FIRME LA SENTENCIA QUE
CONDENADA AL MAGISTRADO-JUEZ QUERELLADO A SER JUZGADO POR LOS NUEVE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE SU CARGO).
2).- Respalda y confirma totalmente la conclusión que se acaba de expresar, el art. 52 de la LOPJ que dispone que "el
Juez o Tribunal Superior fijará en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia.
3).- Es cierto que la Ley no determina de forma explícita (véanse los arts. 57, 65 y 73 de la LOPJ) cual es el órgano judicial
competente para conocer de las querellas que se formulen contra los Jueces Centrales de Instrucción; pero no es menos cierto que
la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha construido una doctrina, firme y consolidada, según la que, interpretando con criterios
lógicos y sistemáticos esos preceptos, es obligado mantener que tal competencia viene asignada a la propia Sala Segunda. Así lo
han declarado numerosas resoluciones de la misma, de las que mencionamos los Autos de 20 de septiembre y 22 de noviembre de
1989, 10 de octubre de 1991, y 27 de septiembre de 1996, entre otros.(ESTOS MAGISTRADOS, POR SU PROFESIÓN U OFICIO,
PERFECTAMENTE CONOCEN QUE –UNA VEZ APROBADA LA VIGENTE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA COMO NORMA
FUNDAMENTAL DEL ESTADO- NI LA JURISPRUDENCIA ES FUENTE DEL DERECHO NI LOS AUTOS INTEGRAN LA
JURISPRUDENCIA, A TENOR CON LO DISPUESTO EN EL CONSTITUCIONAL ARTÍCULO 117.1).
Queda claro, pues, que el Auto de 1 de junio de 1993, al declarar la competencia del Tribunal Supremo para conocer de la
querella que presentó el Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ en enero de 1993, no hizo otra cosa que seguir, acatar y aplicar esa doctrina firme
y consolidada; lo que derriba y quebranta por completo las imputaciones de prevaricación que en relación a dicho Auto efectúa el
citado querellante, puesto que es prácticamente imposible que incurra en tal delito una resolución judicial que sigue fielmente la
doctrina establecida con reiteración por el Tribunal Supremo en supuestos anteriores.
4).- También es verdad que el art. 52 de la LOPJ precisa que el Juez o Tribunal superior, para fijar su propia competencia
con arreglo a este precepto lo hará "oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de diez días", y que la Sala Segunda del
Tribunal Supremo antes de dictar el Auto de 1 de junio de 1993 no oyó al querellante Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ. Pero a este respecto
debe destacarse que: a).- en el momento en que se pronunció ese auto, en las actuaciones que se seguían ante la Sala segunda,
no se había personado ese señor; b).- además no puede olvidarse que el art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma
especifica aplicable al proceso penal, no exige esa previa audiencia; c).- en cualquier caso el incumplimiento de ese requisito no
puede convertir en injusta a una decisión que aplica y mantiene con exactitud los criterios de una doctrina constante del tribunal
Supremo.
5).- Sin duda, el Magistrado Sr. MOREIRAS acudió al Tribunal Supremo después de haberse celebrado la vista del
antejuicio ante el Tribunal Superior de Justicia y después de que éste hubiese dictado el Auto de 4 de mayo de 1993 que admitió la
querella. Pero esto no constituye obstáculo de clase alguna para que el Tribunal Supremo pudiera aplicar, sin cortapisas, los
artículos 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 52 de la LOPJ, dado que el mandato que estos preceptos contienen puede
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entrar en acción cualquiera que sea el estado en que se encuentren las actuaciones seguidas en el tribunal inferior, como se ha
dicho. (SUPUESTA FALSEDAD POR CUANTO ASÍ LO DISPONE EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL ANTERIORMENTE REPRODUCIDO)
QUINTO.- Ahora bien, la argumentación que el querellante esgrime en relación a este Auto de 1 de junio de 1993 se
encuentra fundamentalmente en la decisión que en él se adoptó, en el número 2 de su parte dispositiva, de "dejar sin efecto todas
las actuaciones practicadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid desde la presentación de la
querella". Y por ello en la actual querella, que constituye el origen de las presentes actuaciones, se contienen alegaciones tales
como las siguientes: el comentado Auto podía "ordenar la inhibición .... pero en modo alguno anular lo actuado hasta el momento ...
en el TSJ"; según previene el art. 240.1 de la LOPJ la nulidad de los actos procésales "se hará valer por medio de los recursos
establecidos en la Ley contra la resolución de que se trate"; "ni siquiera era procedente aplicar el art. 240.2 ya que el Fiscal y
Magistrados querellados no podían proceder de oficio para anular un acto judicial firme..."; "la naturaleza parcial y delictiva de esta
resolución queda al descubierto, además teniendo en cuenta que la misma rompe de una manera total y absoluta el principio de
cosa juzgada, aduciendo una supuesta nulidad de actuaciones... que no existía de forma alguna"; en ningún caso se podía
"decretar la nulidad de la admisión de la querella, ratificada por auto firme, por lo que debió, en todo caso, continuar con la
tramitación de la misma, en la fase procesal en que se encontraba, es decir, respetando el efecto judicial del que había acordado
admitir la querella contra el Magistrado-Juez Sr. MOREIRAS CABALLERO"; "el Tribunal Supremo no tiene competencia para anular
un auto de otro Tribunal que tenía carácter firme y que era irrecurrible"; "la falta de competencia... solo es admisible por la vía del
recurso procedente en cada momento procesal, pero nunca producen nulidad de pleno derecho de las resoluciones dictadas por
autoridad judicial incompetente sino en todo caso mera anulabilidad"; "es procesalmente inviable la nulidad de pleno derecho de las
resoluciones dictadas por autoridad judicial incompetente sino en todo caso mera anulabilidad" "es procesalmente inviable la
nulidad de pleno derecho de una resolución firme por falta de competencia"; "la nulidad absoluta no tiene cabida en nuestro
Derecho Procesal"; "una vez firme el Auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia admitiendo la querella, no
se trataba ya de un asunto de competencias en sentido estricto: no se trataba de la competencia para resolver sino de la ejecución
de lo ya resuelto"; "la disputa en tal tesitura no podía versar sobre quien tomaba la decisión de admitir la querella, sino sobre quién
lleva a cabo la decisión ya tomada".
La Sala no comparte, en forma alguna, la construcción dialéctica del querellante que se recoge en su escrito de querella,
de la que son exponente las frases que se acaban de reproducir, amen de otras de similar tenor. Tales argumentaciones son
manifiestamente desacertadas y carentes de base y de razón, como ponen en evidencia las consideraciones siguientes.
1).- El discurso argumental del querellante desconoce o se olvida del sentido y efectos del art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, TOTALMENTE OBSOLETO A TENOR CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 42 A 52 DE LA VIGENTE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL) y del art. 52 de la LOPJ.
Como dice el Ministerio Fiscal en su informe de 16 de marzo de 1999 "la querella... parece ignorar su naturaleza y alcance" (las del
art. 21 citado). Es evidente y claro que cuando el Tribunal Supremo, en virtud de lo que estas normas disponen, aboca para sí la
competencia de un asunto que venía siendo conocido hasta ese momento por un Juzgado o Tribunal inferior, puede con plena
licitud y legalidad declarar la nulidad de las resoluciones y actos llevados a cabo por ese Juzgado o Tribunal incompetente. Como
explica de forma atinada el Ministerio Fiscal en su mencionado informe: a).- Cuando con base en el citado art. 21 (TOTALMENTE
OBSOLETO DE ACUERDO CON EL CONSTITUCIONAL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY)
el Tribunal Supremo "declara su propia competencia, ésta ha de ser plena, reiniciándose el procedimiento desde el principio con la
posibilidad de inadmisión "a limine" de la querella"; b).- "Lo resuelto, en definitiva, por el Auto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de
1 de junio de 1993, de "dejar sin efecto todas las actuaciones practicadas ante dicho Tribunal" (el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid) era lo lógico al afirmar el Tribunal Supremo su propia competencia y la consiguiente incompetencia del Tribunal Superior de
Justicia de acuerdo con el sistema jerárquico plasmado en el art. 21 de la LECr.; c).- "De no hacerlo así, se hubiera producido no
sólo la negación del propio sistema, sino la irrazonable consecuencia de que el Tribunal Supremo hubiera quedado inicialmente
vinculado a la decisión de un órgano inferior, ... lo que suponía el absurdo de que el Tribunal Supremo tendría que empezar la
tramitación del antejuicio con una competencia condicionada, lo que es inadmisible".(ASÍ LO DISPONE EL CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO 118 Y EL 18.1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL).
Y esta conclusión no se contrapone a lo que prescriben los arts. 240 y siguientes de la LOPJ, dado la regulación general
de la nulidad de actuaciones que en ellos se contiene, no impide las consecuencias que se derivan de la aplicación del art. 52 de la
misma Ley y del art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debiéndose de puntualizar, por otra parte, que los art. 238 y
siguientes de la LOPJ, aluden a la nulidad "de pleno derecho" de los actos judiciales, expresión ésta que en derecho no es, en
absoluto, aplicable a los supuestos de mera anulabilidad.
Las razones que se acaban de consignar, destruyen y desmontan la particular estructura argumental del querellante; pero,
"ex abundantia", queremos añadir las precisiones que se recogen en los números que siguen.
2).- El art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que cuando el órgano judicial ante el que se ha presentado la
querella "no se considere competente para instruir el sumario objeto de la misma", la "desestimara". Y el tribunal Supremo ha
mantenido en numerosas resoluciones que este artículo es perfectamente aplicable a las querellas dirigidas contra Jueces y
Magistrados, por lo que era totalmente lícito rechazarlas "ad limine", antes de llevar a cabo el trámite del antejuicio que preveían los
arts. 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando concurrían los supuestos recogidos en dicho art. 313. Así se
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deduce de los Autos del tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1986, 27 de febrero, 20 de mayo, y 28 de julio de 1987, 1 de
marzo de 1988, 9 de julio y 13 de septiembre de 1991, y 22 de febrero y 4 de noviembre de 1993. Manteniéndose también ese
criterio por el Tribunal Constitucional en su sentencia 156/1989, de 5 de octubre y en su Auto de 20 de junio de 1984.
Pues bien, si el Tribunal Supremo en su Auto de 1 de junio de 1993 proclama su propia competencia para conocer de la
querella de que allí se trataba, y, en consecuencia, declara a su vez la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a
tal objeto; con tal punto de partida era forzoso decretar la nulidad de las actuaciones efectuadas por éste último, toda vez que
siendo el mismo incompetente, como lo era, tenía que haber cumplido con lo que dispone el citado art. 313 y haber desestimado tal
querella. Al no haberlo hecho así el referido Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vulnero la norma procesal aludida, derivándose
de ello la nulidad de la admisión de la querella efectuada por órgano incompetente y de los siguientes trámites realizados ante él.
(DESAFORTUNADA FALSEDAD PUESTO QUE CONSTITUCIONAL LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL ANULA LO
DISPUESTO EN CUALQUIER OTRO TEXTO LEGAL EN DESACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA VIGENTE
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. OTRA PRUEBA DOCUMENTAL DE QUE DE FORMA INTENCIONADA Y CON ANIMO DE
PREVARICAR, SE FALSEA LO DISPUESTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SUPUESTA-MENTE PARA EVITAR EL
TENER QUE JUZGAR A LOS QUERELLADOS).
3).- A lo que se añade que el art. 238.1 de la LOPJ establece que "los actos judiciales serán nulos de pleno derecho...
cuando se produzcan con manifiesta falta de Jurisdicción o de competencia objetiva o funcional". Debiéndose de reiterar que la
expresión "nulidad de pleno derecho que este precepto utiliza, no se refiere en modo alguno a la mera anulabilidad.
4).- Las situaciones procesales que dieron lugar al tan repetido Auto de la Sala Segunda de 1 de junio de 1993 no tienen
nada que ver con la fase de ejecución del proceso penal, ni con el art. 17.1 de la LOPJ; ni tal Auto infringe, en forma alguna, el art.
118 de la Constitución.
Por otra parte, es claro que las frecuentes alusiones a la cosa juzgada que se exponen en el escrito de querella que
estamos analizando, no puede referirse a la cosa juzgada material, que el proceso penal sólo es predicable de las sentencias y de
los autos de sobreseimiento libre, siempre que estas resoluciones sean firmes. Por consiguiente tales alegaciones del escrito de
querella se refieren a la firmeza de cosa juzgada formal. Y es obvio que, cuando un proceso se encuentra en trámite, la nulidad de
actuaciones que en el mismo pudiera decretarse, por concurrir causa legal para ello, no resulta obstaculizada ni impedida por el
hecho de que las resoluciones judiciales dictadas en la parte del proceso afectada por la nulidad, fueron formalmente firmes
(HABÍAN DEVENIDO EN FIRME SEGÚN EL AUTO DICTADO EL 19 DE MAYO DE 1993, Y EL AUTO DE INHIBITORIO LO
DICTO LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 12 DÍAS DESPUÉS DE HABER DEVENIDO EN FIRME LA
RESOLUCIÓN JUDICIAL A LA QUE SE HACE REFERENCIA) . Y, como se viene repitiendo, la decisión del Tribunal Supremo
que proclama su competencia con apoyo en el art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede declarar la nulidad de determinadas
actuaciones llevadas a cabo por el Juez o Tribunal inferior que carecía de competencia.
5).- El Auto de 1 de junio dejó sin efecto lo actuado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actuaciones que
consistían fundamentalmente en las propias del antejuicio que regulaban los arts. 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y art. 410 de la LOPJ (institución que, como es sabido, fue derogada por la Disposición Adicional primera de la Ley 5/1995,
de 22 de mayo). Y los Autos del tribunal Supremo de 3 de enero de 1990 y 12 de junio de 1995 han declarado que "la naturaleza
del antejuicio... es la de un juicio preliminar formalizado para la admisión de la querella, que opera, en consecuencia, como un
presupuesto procesal de perseguibilidad del delito". De lo que se desprende que esa actuación, tendente a controlar la existencia
de ese requisito de perseguibilidad, tenía que ser llevada a cabo necesariamente por el Tribunal competente para conocer de tal
delito; sin que pudiera reconocer valor ni eficacia alguna al antejuicio realizado ante órgano judicial incompetente, el cual no puede
vincular a aquél, máxime cuando se trate del Tribunal Supremo (DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53
AL 79 –AMBOS INCLUSIVE- EL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER, EN VÍA PENAL DE: La instrucción y el fallo
de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el
ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo .ES
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA). . Mantener otro criterio conduciría al absurdo de que el Tribunal Supremo, en la
tramitación de un proceso cuya competencia le correspondiese a él en exclusiva, sin embargo quedaría sometido a las decisiones
de un Tribunal inferior, que además carecía de competencia para conocer de tal asunto; convirtiendo así al más alto Tribunal penal
de la nación en mero cumplidor de lo dispuesto por un órgano judicial de inferior rango. El Completo contrasentido de esta tesis, que
propugna el querellante, es demostración evidente de su inconsistencia.
SEXTO.- Lo expresado en los razonamientos jurídicos inmediatamente anteriores hace lucir con plena nitidez que el Auto
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1993 es totalmente correcto y conforme a Ley; siendo contrario a razón
calificarlo de "injusto", como hace el querellante. E igual conclusión hay que aplicar en relación con el informe del Ministerio Fiscal
que precedió a esa resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
SÉPTIMO.- El escrito de querella a que se contrae la presente resolución, dedica sus páginas 14 a 29 a expresar un
conjunto de alegatos, extensos y poco sistematizados, en los que se afirma que el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
de 13 de julio de 1993, que desestimó la querella que había presentado en enero de ese año el Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ, incurre en
delito de prevaricación, así como que también cometió ese delito el Ministerio Fiscal que informó en favor de la adopción de esa
decisión. En estos alegatos no se alude de forma explícita al Auto de 13 de octubre de 1993, que desestimó el recurso de súplica
interpuesto contra el anterior, ni al informe del Ministerio Fiscal que le precedió, pero sin duda aquellas manifestaciones también se
refieren a esta resolución e informe.
160

La querella que el Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ formuló en enero de 1993 contra el Magistrado D. Miguel MOREIRAS
CABALLERO, sostenía que éste había cometido prevaricación al dictar el Auto de prisión incondicional de 12 de enero de 1992 y el
Auto de prisión condicional bajo fianza del día 14 inmediato siguiente, a que se hizo alusión en el primer razonamiento jurídico de la
presente resolución. Los Autos del Tribunal Supremo de 13 de julio y 13 de octubre de 1993 concluyeron que no existía tal delito y
desestimaron dicha querella.(PERO SI LO HABÍA ESTIMADO CON ANTERIORIDAD EL ÚNICO TRIBUNAL COMPETENTE
PARA CONOCER A TENOR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 73.3.b) DE LA VIGENTE LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL APROBADA 106 AÑOS DESPUÉS DE HABERSE APROBADO LA OBSOLETA Y ANTICONSTITUCIONAL LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL) (ANTICONSTITUCIONAL LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL POR CUANTO NO
REÚNE LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN EL ARTÍCULO 81 DE LA VIGENTE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA). Por tal razón,
el mismo querellante afirma que los Magistrados del Tribunal Supremo que dictaron estos autos, y también el Ministerio Fiscal que
los informó favorablemente, han prevaricado a su vez, y por ello presentó la querella que ha dado origen a los presentes trámites. A
la vista de este modo de proceder del querellante, no nos resistimos a consignar, lo que se dice en varios autos de la Sala Segunda
de la misma fecha (16 de septiembre de 1992), según los que: "poco o nada se descubre dejando constancia del gran número de
denuncias o querellas que se presentan en esta Sala por quienes no ven satisfechas sus respectivas pretensiones en orden a
problemas de la más variada índole, asociando muchas veces, sin más, denegación o no acogimiento de las solicitudes, a través de
las correspondientes resoluciones, con el delito de prevaricación de quienes las dictaron".
Pero las profusas y extensas alegaciones que el querellante efectúa intentando dejar patente que los referidos Autos de la
Sala Segunda y los aludidos informes del Fiscal son manifiestamente injustos y fueron dictados a sabiendas de su injusticia,
carecen por completo de fundamento y apoyo. En realidad, si a las mismas se les despoja de las descalificaciones y diatribas que
se lanzan contra los Autos objeto de tal querella, las cuales son fruto de la opinión personal y tendenciosa de dicho querellante (y
que da lugar a frases tales como: "el 13 de julio la Sala Segunda del tribunal Supremo... en un nuevo ejercicio de parcialidad
corporativa, dicta un segundo Auto prevaricador..."; "Los magistrados querellados dictan este Auto a sabiendas de que las
actuaciones del Magistrado-Juez Sr. MOREIRAS se habían realizado fuera de todo apoyo legal y con violación incluso de los
derechos constitucionales de mí representado"; "el seudo-argumento demuestra justamente que la resolución de los Magistrados
antequerellados carece de todo respaldo legal"; "este es otro ejemplo de burda total de argumentación jurídica en la resolución de
los Magistrados y Fiscal querellados y constituye una falacia absoluta", y otras muchas de parecido jaez, poco o nada queda en el
mencionado escrito digno de ser tomado en consideración. La carencia de fundamento de las alegaciones del mismo la ponen de
manifiesto las consideraciones que a continuación se exponen.
19.- En primer lugar, la actual querella (al igual que la anterior) afirma que el Juez Sr. MOREIRAS dictó los Autos de
prisión de 12 y 14 de enero de 1992, a pesar de que carecía de competencia. En aquella primera querella, con base en esa falta de
competencia se sostenía que dicho Juez había prevaricado al haber dictado esas resoluciones; y en la presente querella se afirma
que la prevaricación la han cometido, por la misma causa, los Magistrados del Tribunal Supremo que desestimaron aquélla otra. No
pueden aceptarse estos argumentos del querellante que son manifiestamente inconsistentes.
El Auto de 13 de julio de 1993 analiza esta específica problemática en sus razonamientos jurídicos primero (números 1º, 2º
y 4º) y tercero (números 1º y 2º), y la argumentación que utiliza es totalmente válida e impecable, sin que las alegaciones que el
querellante vierte para descalificarla mermen un ápice el acierto y exactitud de la misma. En este extremo, la línea argumental del
querellante se funda, sobre todo, en poner en conexión la falta de competencia que achaca al Magistrado Sr. MOREIRAS para
dictar los referidos autos de prisión, con la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró el Auto del Tribunal Supremo de
1 de junio de 1993. Pero no es en absoluto admisible establecer parangón alguno entre la situación procesal en la que se dictaron
los referidos Autos de prisión, con la que dio lugar a la decisión que adoptó el Auto de la Sala Segunda de 1 de junio de 1993. Se
trata de situaciones claramente distintas, que no es posible equiparar. En una se trata de actuaciones típicas del sumario o de las
llamadas Diligencias Previas penales, y en la otra de la admisión a trámite de una querella contra un Juez, promoviendo el
antejuicio; en la primera se trató de una cuestión de competencia entre dos Jueces de Instrucción, que se soluciono con toda
rapidez al haber aceptado el Juez de Móstoles (PARCIALMENTE) el requerimiento de inhibición que le formuló el Juez Central de
Instrucción nº 3, y en la segunda el Tribunal Supremo impuso su competencia por virtud de lo que dispone el art. 21 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (OBSOLETA Y ANTICONSTITUCIONAL LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, EN DESACUERDO
TOTAL CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL COMO
PERFECTAMENTE CONOCEN LOS MIEMBROS DE LA SALA JUZGADORA QUE EN EXTENSO AUTO DE 32 PÁGINAS
TRATAN DE RESOLVER MEDIANTE EL EJERCICIO CORPORATIVO SUPUESTAMENTE PARA EVITAR QUE LOS
QUERELLADOS –AL SER JUZGADOS- TENGAN QUE DECLARAR QUIENES FUERON LAS PERSONAS QUE LES
CONVENCIERON COHECHARON O CORROMPIERON. ; conviene destacar que desde que el Juez nº 2 de Móstoles, mediante
Auto de 12 de noviembre de 1991, aceptó aquel requerimiento y acordó su inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción nº
3, la competencia para el conocimiento de tales actuaciones, mientras no se modificasen esas decisiones, quedó residenciada en
este último, por virtud de los que prescriben los arts. 22 y 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y nada aparecido aconteció
con respecto a las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dieron lugar al Auto del Tribunal Supremo de 1 de
julio de 1993. Y no puede olvidarse que, como destaca el Auto de 13 de julio de 1993, el art. 502 de la Ley procesal comentada,
permite que decrete la prisión provisional el Juez "que forme las primeras diligencias". Además una cosa es que la falta de
competencia dé lugar a dejar sin efecto lo actuado (que es lo que dispuso el Auto de 1 de junio de 1993), y otra cosa
completamente diferente el que esa falta de competencia haga evidente la comisión de un delito de prevaricación.
161

2).- El Auto del Tribunal Supremo de 13 de julio llega de 13 de julio llega a la conclusión de que los autos de prisión
dictados por el Magistrado Sr. MOREIRAS cumplen las exigencias que establece el art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(PERO EN DESACUERDO TOTAL CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA VIGENTE
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA); como se expone en los razonamientos jurídicos primeros (números 1, 3 y 4) y tercero (número 3)
de aquél, que damos aquí por reproducidos. Esta argumentación es sólida y convincente; no resultando en absoluto quebrantada
por las afirmaciones, elucubraciones y descalificaciones que con respecto a este auto efectúa la representación del Sr. GONZÁLEZ
LÓPEZ.
El Tribunal Supremo considera que una de las razones justificativas de los citados autos de prisión fue la alarma social que
el caso produjo en su momento. Y ahora el querellante afirma, como tesis esencial de sus alegaciones en relación con este tema,
que esa alarma social fue provocada y producida por el propio Juez Sr. MOREIRAS. Pero aparte de gratuidad e inconsistencia de
este alegato, pues no es nada verosímil que toda una intensa y tenaz campaña de prensa haya sido montada y dirigida por un
Juez, lo cierto es que tal alegación no tiene ninguna efectividad en relación con los Autos del Tribunal Supremo de 13 de julio y 13
de octubre de 1993. Téngase en cuenta que la existencia de esa alarma social en el supuesto referido no sólo quedó claramente
constada en aquellas actuaciones, sino que además el propio querellante en la querella que dio lugar a las mismas, la reconoció
paladinamente ("presupuesto procesal" sexto, párrafo tercero de esa querella de enero de 1993). Por consiguiente, el tribunal
Supremo actuó con pleno acierto y corrección cuando tomó en consideración esa alarma social a los efectos del art. 503.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.(LA ALARMA SOCIAL ALUDIDA FUE CREADA DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR AQUELLA
ORGANIZACIÓN QUE, EN EL ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN, INTRODUJO EL APARTADO 4º AL ARTÍCULO 18º
CUANDO YA LOS APARTADOS 1º, 2º Y 3º PERFECTAMENTE REPRODUCÍAN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS), (LA ALARMA SOCIAL DICTADA FUE PREPARADA POR
QUIENES MANEJABAN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL CUANDO EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
ENTONCES EN LA OPOSICIÓN, TRATABA DE SATISFACER LOS MERCANTILISTAS INTERESES DE LAS ENTIDADES
CREDITICIAS), descolgar la página http://www.padrecoraje.es/pdf/laverdaderahistoriadelalortadsegunlaprensaescrita.pdf
Pero es que, además, esa querella de enero de 1993 (a la que se refirieron los Autos de 13 de julio y 13 de octubre de
aquel año) que reconoce la concurrencia de esa alarma social, en ningún momento la pone en conexión con el Magistrado Sr.
MOREIRAS, ni afirma en parte alguna que éste la hubiese producido o generado. Por tanto si nada se decía a este respecto en la
propia querella que había dado lugar a las comentadas actuaciones, mal podrían los Magistrados del Tribunal Supremo que
redactaron los mencionados autos, pensar ni siquiera que tal alarma social había sido causada por el Sr. MOREIRAS y menos aún
tener en cuenta tal dato al dictar esas resoluciones. (PARA CONOCER Y RESOLVER ES PRECISO ESCUCHAR A LAS
PARTES, SI LA SALA QUERELLANTE PREJUZGABA PARA NO JUZGAR, SERÁ PRECISO QUE CONOZCA Y RESUELVA
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA, TODA VEZ QUE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO, NO
ESTÁ PREVISTO QUIENES PODRÁN JUZGAR A LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA SALA QUERELLADA SI
ACUERDAN INCURRIR EN EL DELITO DE PREVARICACIÓN O PREVARICATO) (PREVARICAR = DICTAR RESOLUCIONES
INJUSTAS Y/O CONTRARIAS A DERECHO), estos Autos tuvieron en cuenta las situaciones y realidades que entonces fueron
puestas de relieve y las alegaciones que en aquel momento se hicieron, sin que pueda afectar, para nada, sobre su acierto o
desacierto las particulares afirmaciones del querellante hechas más de cinco años después de haberse aquellos pronunciado.
3).- No se alcanza a comprender como se aduce, al objeto de acreditar la prevaricación, que los antecedentes de hecho
del Auto de 13 de julio de 1993 son insuficientes y defectuosos; tales insuficiencias y defectos, caso de ser ciertos, nada tienen que
ver con ese delito. Se advierte que esta peculiar alegación se pone también en relación, en este punto de la querella, incidiendo una
vez más en clara falta de sistemática, con el Auto de 1 de junio de 1993, pero la completa irrelevancia e inconsistencia de tal clase
de alegato es la misma.
4).- Vuelve a insistir el querellante, como ya lo hizo en sus escritos de las actuaciones de 1993, que las resoluciones
dictadas por el Magistrado Sr. MOREIRAS adolecían de una escasa o deficiente motivación y habían abusado de la utilización de
modelos impresos. Y aquellas actuaciones de 1993, los Autos del Tribunal Supremo de 13 de julio y 13 de octubre ya dieron
respuesta certera a tal formulación, declarando que esos vicios o defectos no significaban, en absoluto, que generasen "la
responsabilidad criminal pretendida". Siendo, como es, claramente acertada esta conclusión del Tribunal Supremo, no puede
admitirse el nuevo planteamiento del querellante, esta vez en relación con los dos Autos de este Tribunal, que se acaban de citar.
5).- Por último, en la querella a que se contrae el presente análisis, se vierten una serie de consideraciones relativas al
Auto de 13 de julio de 1993, en las que se viene a sostener, en definitiva, que el mismo excede del marco que es propio de las
resoluciones que disponen la inadmisión de una querella en la que insta la celebración de antejuicio contra un Juez o Magistrado.
Así se precisa en tal querella que el antejuicio "nunca puede ser, como tiene declarado el T.C., un juicio para decidir sobre la
pretensión punitiva, sustrayendo el proceso penal"; "no se trataba, pues, de condenar o absolver para lo cual hacen falta pruebas;
no se trataba ni siquiera de investigar, para lo que son necesarios indicios; tampoco se trataba de instruir ni investigar, sino de saber
precisamente si había o no elementos suficientes para iniciar un proceso penal". Y más adelante tal querella puntualiza "el referido
Auto es, en realidad, bajo su nombre aparente, una sentencia definitiva que valora los elementos subjetivos del injusto, el dolo, la
intencionalidad del inculpado, etc.. En Lugar de juzgar, lo que se hace es prejuzgar sobre el fondo, anticipar una resolución o fallo
final, saltándose por encima todo el proceso penal".
No pueden aceptarse, en forma alguna, estas aseveraciones. El Auto de 13 de julio de 1993 responde perfectamente a los
parámetros y exigencias que fija el art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y encaja con holgura en el área propia de las
162

esoluciones que este artículo prevé. Se recuerda que el Tribunal Constitucional en su sentencia 156/1989, de 5 de octubre, ha
declarado: "... Es razonable admitir que sea rechazada a limine (la querella) si los hechos en ella descritos no son constitutivos de
delito o cuando el órgano judicial . Estos dos únicos supuestos contenidos en el art. 313 pueden
ser apreciados sin actividad probatoria alguna, y cuando así sucede es razonable la aplicación del precepto en cuestión con
independencia de quien sea el querellado, dato éste no contemplado por el citado artículo, que por todo ello es lógico considerar
aplicable de forma directa y no por vía analógica siempre que concurran en cualquier caso de los dos supuestos a los que anuda el
rechazo de la querella y el archivo de las actuaciones. Y el Auto del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987 precisó: "En estas
circunstancias, la Sala puede continuar adelante la tramitación que señalan los artículos 771 a 773 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, previa compulsa de los documentos aportados, y señalamiento de vista o proceder al examen y consideración de la
querella, incluso llegando al rechazo de la misma, cual propugna el Ministerio Fiscal, si estima que los hechos en que se funda,
teniendo en cuenta el material probatorio aportado, no constituyen delito, al igual que se efectúa con la querella presentada contra
un particular, aplicando por vía analógica, el art. 313 de la aludida Ley Procesal Penal, pues no puede tener peor condición una
persona, por concurrir en él la cualidad de Juez o Magistrado, y presuntamente, ser autor de un delito cometido en el ejercicio de su
cargo, máxime cuando en ambos caminos, que deben ser consecuencia de las actuaciones de hecho y de derecho que en cada
caso se contemplan, se da satisfacción al derecho o a la tutela judicial efectiva que proclama nuestra Ley Fundamental, línea
además, la segunda de las expuestas, la seguida por esta Sala Especial en su Auto de 27 de febrero de 1987, en asunto similar al
presente". Siendo de destacar que siguen estos criterios otras muchas resoluciones del Tribunal Supremo, de las que
mencionamos los Autos de 9 de julio de 1991 y 4 de noviembre de 1993.
Y es claro que el Auto de 13 de julio de 1993, tachado de prevaricador por el querellante, no hizo otra cosa que seguir
fielmente esta doctrina; pues examinó, en extenso y con detalle, si los hechos que se exponían en la querella que formuló el Sr.
GONZÁLEZ LÓPEZ en enero de 1993, eran o no constitutivos de delito, y al llegar a la convicción de que no lo eran, aplicó el tan
repetido art. 313 y desestimó tal querella. La actuación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al dictar dicho Auto es totalmente
correcta y conforme a Ley. Siendo absurdo basar la pretensión del querellante en contra del mismo en la extensión y detenimiento
de los razonamientos de dicho Auto, pues el referido precepto no está reñido, de ninguna forma, con un análisis minucioso y
meditado del rechazo de la querella; siempre que este rechazo tome por punto de partida los datos y alegaciones de tal querella y
con tal base llegue a la conclusión que de los mismos se deduce la existencia de delito. Y eso es lo que ha hecho, con seriedad y
estudio, el tan repetido Auto de 13 de julio de 1993. En cualquier caso y por último, no podemos silenciar que la amplitud y
meditación de los razonamientos de las resoluciones judiciales son siempre una mayor garantía para las partes y propician el
acierto de tales resoluciones.
OCTAVO.- En consecuencia, pues, es totalmente erróneo e inadmisible tachar de injustos a los Autos del tribunal
Supremo de 13 de julio y 13 de octubre de 1993 y a los informes del Ministerio Fiscal que se emitieron en relación a los mismos.
Por ende, dado lo que establece el art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede desestimar la querella
presentada ante esta Sala Especial del art. 61 de la LOPJ el 18 de diciembre de 1998 por el Procurador de los Tribunales don
Omar Carlos CASTRO MUÑOZ, en nombre y representación de D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ.
LA SALA ACUERDA: Desestimamos la querella presentada el día 18 de diciembre de 1998, ante esta Sala Especial del
art. 61 de la LOPJ por el Procurador de los Tribunales D. Omar Carlos CASTRO MUÑOZ, en nombre y representación de D.
Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ. Así por este nuestro Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos>>.
AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Escrito registrado en la
entrada del más alto tribunal el 29 de julio de 1999 dirigido
DERECHO DE PETICIÓN Que presenta Joaquín González López, DNI 173785, industrial y vecino de LA NAVATA C/.
Margarita Nelken, 57-B 28420 de Madrid; querellante en la Causa Especial 24/1998 seguida en La Sala Especial que describe
el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el cual solicita le sea remitida mediante correo certificado copia,
autentificada por el Secretario de esa Excma. Sala Especial, del Auto emitido el 14 de julio p.p. que le fue notificado al
procurador, Sr. Castro Muñoz, el pasado día 27:
En el documento solicitado deberán constar las firmas de la totalidad de los miembros de la Sala que acordaron
desestimar la querella presentada el 18 de diciembre de 1998, ante la Sala Especial del art. 61 de la Ley orgánica del Poder
Judicial en nombre y representación del ahora firmante.
Considera el querellante que la decisión acordada pudiera ser constitutiva del delito previsto en el vigente Código
Penal Artículo 542 toda vez que los firmantes (según dice el propio Auto) apoyándose en lo dispuesto en el artículo 313 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal (que por Real Decreto fue promulgada el 14 de septiembre de 1882) entran a prejuzgar y
acuerdan no juzgar los hechos denunciados violando el constitucional derecho, del querellante, a la tutela judicial efectiva; en
detrimento, además, de lo dispuesto en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, a lo dispuesto en los
artículos 6.1º y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (que al haber sido oficialmente
publicado forma parte del ordenamiento jurídico según lo dispuesto en el constitucional art. 96.1º). Con independencia de que
los miembros de la carrera judicial que a continuación se relacionan puedan haber actuado con animo de encubrir a los
miembros de la carrera judicial querellados. Además de incumplir con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial (117.1º de la Constitución) que juraron o prometieron según lo dispuesto en el artículo 318 de la misma Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Finaliza el Auto diciendo:
Por ende, dado lo que establece el art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede desestimar la querella
presentada ante esta Sala Especial del art. 61 de la LOPJ el 18 de diciembre de 1998 por el procurador de los Tribunales don
Omar Carlos Castro Muñoz, en nombre y representación de D. Joaquín González López.
LA SALA ACUERDA: Desestimamos la querella presentada el día 18 de diciembre de 1998, ante esta Sala Especial
del art. 61 de la LOPJ, por el procurador de los Tribunales D. Omar Carlos Castro Muñoz, en nombre y representación de D.
Joaquín González López.
Así por este nuestro auto, lo acordamos, mandamos y firmamos
............................................................
Ponente Excmo. Sr. D. Luís GIL SUÁREZ
Excmos. Sres.:
Presidente del Tribunal Supremo, D. Francisco Javier DELGADO BARRIO
Presidentes de Sala: D. Ignacio SIERRA GIL de la CUESTA
D. Ángel RODRÍGUEZ GARCÍA
D. Luis GIL SUAREZ
D. José Maria RUIZ-JARABO FERRÁN
D. Gregorio GARCÍA ANCOS
Magistrados: D. Pedro Antonio MATEOS GARCÍA
D. Alfonso VILLAGÓMEZ RODIL
D. Adolfo PREGO de OLIVER y TOLIVAR
D. Aurelio DESDENTADO BONETE
D. José Francisco QUEROL LOMBARDERO
D. Román GARCÍA VALERA
D. Carlos GARCÍA LOZANO
D. Andrés MARTÍNEZ ARRIETA
D. Nicolás Antonio MAURANDI GUILLÉN
D. Jesús GULLÓN RODRÍGUEZ
Madrid, 28 de julio de 1999 Incomprensiblemente, a pesar de lo dispuesto en el art. 6.2 de la Ley 92/1960 de 22 de
diciembre continua sin ser contestado ni tan siquiera emitido el preceptivo acuse de recibo ¿--?.
9 de septiembre de 1999 registrado en entrada este escrito que “también” continua sin tan siquiera acusarse recibo tampoco Su
Señoría cumplió con lo dispuesto en el art. 11.3 del mismo texto legal citado anteriormente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DERECHO DE PETICIÓN (continuación al recepcionado en Registro
de Entrada el 29 de julio pp): Que presenta Joaquín González López, DNI 173785; querellante, en vía penal, ante la Sala
Especial descrita en el art. 61.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (diligencias 24/1998); el cual, con total y absoluto
respeto ante la más alta magistratura de la Administración de Justicia, en defensa de su constitucional derecho a la tutela
judicial efectiva, se permite recordar que la Ley 92/1960 de 22 de diciembre, reguladora del derecho de petición, en su artículo
6.2º dispone: La autoridad a quien se dirija la petición estará obligada a acusar recibo de la misma y, en el 11.3º dispone: En
cualquier caso deberá comunicarse al interesado la resolución que se adopte.
Considera el peticionario que pudo existir error al afirmar mediante Auto que el Excelentísimo Sr. Presidente de la Sala
Especial, a su vez Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; los cinco Presidentes de cada
una de las cinco Salas del Tribunal Supremo que como Magistrados forman parte de la Sala citada; al igual que cada uno de
los cinco Magistrados más antiguos de cada una de las cinco Salas del Tribunal Supremo y los cinco Magistrados más
modernos de cada una de ellas puedan haber ACORDADO, MANDADO Y FIRMADO un Auto donde se le priva a un
ciudadano español del constitucional derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con
todas las garantías apoyándose en lo dispuesto en el art. 313 de aquel Real Decreto de 1882.
Los constitucionales derechos del querellante, a la libertad, al honor y a la presunción de inocencia fueron premeditadamente
violados cuando el Juez Moreiras (mientras usurpaba las atribuciones reservadas al juez ordinario predeterminado por la Ley),
en contra de lo dispuesto en los artículos 5.1º del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de lo
dispuesto en el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; autorizó, a la Dirección General de la Policía, para que, mediante
rueda de prensa le presentara como el cerebro de una red de tráfico de datos informáticos y posteriormente decretara su
ingreso en prisión; sabiendo, por la propia denuncia iniciaria, que el proveedor de los ficheros era la empresa multinacional
Publienvio de Esplugas del Llobregat (Barcelona); por lo que nunca podría ser detenido y posteriormente encarcelado, el ahora
querellante, acusado de los delitos de cohecho y de revelación de secretos.
A la Sala Especial le corresponderá entender sobre los "verdaderos" motivos que tuvo, o tuvieron, la persona o personas que
tras corromper o cohechar al entonces juez de los delitos monetarios corrompieron o cohecharon a los miembros de la carrera
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judicial, intervinientes en la Causa Especial 1.440/93 de la Sala II del más alto Tribunal, con la exclusiva intención de conseguir
alcanzar la impunidad del primero.
Con independencia de que: Aquella misma persona, o personas, que "convencieron" o cohecharon a los miembros de la
carrera judicial (pendientes "todavía" de ser juzgados), cohecharan o corrompieran al actual Presidente de la Sala de lo Social
del TSJ de Sevilla (D. ANTONIO MARÍN RICO) ponente en el informe sobre el anormal funcionamiento de la Administración de
la Justicia 61/94 que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado el 30 de noviembre de 1994, conociendo de la
Providencia emitida por la Sala de lo Civil y Penal que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto el 25 de mayo de 1.993
(cuya fotocopia se adjunta); acordó, "a sabiendas", presentar al firmante como presunto culpable para, a continuación, negarle
los constitucionales derechos a ser indemnizado y al de la tutela judicial efectiva. (Art. 194 del entonces vigente Código Penal).
Así lo prueba la Providencia emitida (cuya fotocopia se adjunta al igual que las fotocopias de la denuncia iniciaría y del
informe del Consejo también citado en el párrafo anterior); que pudieran probar que resulta desafortunada la decisión de
acogerse a lo dispuesto en un Real Decreto obsoleto por lo dispuesto en la Constitución Española de 1978 y de lo que dispone
el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos por cuanto a que pudiera probarse el que, la persona o
personas que acordaron, mandaron y firmaron el Auto de 14 de julio pp, prevaricaron "a sabiendas" impidiendo a una persona
el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. (Art. 542 del vigente Código Penal).
Observe, Excmo. Sr. como, mediante Providencia, el TSJ de Madrid advierte al Consejo General del Poder Judicial (órgano
de gobierno del Poder Judicial en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario), de
las "anómalas" intenciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de violar, por segunda vez al mismo ciudadano, el
constitucional derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las
garantías; hechos -hoy- pendientes de ser juzgados.
Le recuerdo además, Excmo. Sr., que el art. 5.5º del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos
dispone: Toda persona victima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las
disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación. El art. 6.1º dispone: Toda persona tiene derecho a que su
causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial establecido
por la Ley. Mientras que el 13 dispone: Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan
sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya
sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. En Madrid a 9 de septiembre de 1999,
pendiente de sus noticias se reitera agradecido de antemano: Firmado: Joaquín González López DNI 173.785
SALA ESPECIAL art. 61 L.O.P.J. SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA SALA ESPECIAL Causa nº
24/1998 Auto acordado el 28 de octubre de 1999 Ponente Excmo. Sr. D. Luís GIL SUÁREZ que formaba Sala con los
Excmos. Sres. Presidente del Tribunal Supremo D. Francisco Javier DELGADO BARRIO.
Magistrados.
D. Ignacio SIERRA GIL DE LA CUESTA
D. Luís Román PUERTA LUÍS
D. Ángel RODRÍGUEZ GARCÍA
D. Luis GIL SUAREZ
D. José María RUIZ-JARABO FERRÁN
D. Alfonso VILLAGÓMEZ RODILL
D. Francisco José HERNANDO SANTIAGO
D. Adolfo DESDENTADO BONETE
D. Gregorio GARCÍA ARCOS
D. José Francisco QUEROL LOMBARDERO
D. Jesús Eugenio CORBAL FERNÁNDEZ
D. Andrés MARTÍNEZ ARRIETA
D. Nicolás Antonio MAURANDI GUILLÉN
D. Jesús GULLÓN RODRÍGUEZ
D. Ángel CALDERÓN CEREZO
En la Villa de Madrid, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de súplica entablado contra el
Auto de esta Sala Especial de 14-7-99, que desestimó la querella formulada contra dos Magistrados de la Sala 2ª. Se rechaza el
recurso.
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Esta Sala Especial del Tribunal Supremo dictó, en las presentes actuaciones,
Auto de fecha 14 de julio de 1999 por el que desestimó la querella presentada ante la misma por el Procurador de los Tribunales D.
Omar Carlos CASTRO MUÑOZ en nombre y representación de D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ. SEGUNDO.- Contra dicho Auto
presentó recurso de súplica el citado querellante, solicitando se "declare la procedencia de la admisión de la querella" mencionada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El escrito en que se interpone el recurso de súplica por la representación del Sr.
GONZÁLEZ LÓPEZ, en esencia, viene a reiterar y reproducir alegaciones y argumentos ya expresados anteriormente en la querella
por él formulada y en otros escritos de dicho señor obrantes en autos, y por ello las propias razones que se exponen en el citado
Auto de esta Sala de 14 de julio de 1999, dan cumplida respuesta a esas alegaciones y argumentos del actual recurso de súplica,
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en el que no se recoge nada nuevo ni ninguna consideración o fundamento que pudiera desvirtuar o quebrantar la estructura de los
razonamientos de dicho Auto, que aquí damos por reproducidos.
Pero además, se estima conveniente hacer las siguientes precisiones.
1).- En la "alegación" primera del escrito en que se formula el recurso de suplica, se aduce la "omisión que hace el Auto de
ciertos antecedentes de hecho que merecen mención". Sorprende un tanto este particular alegato toda vez que el Auto ahora
recurrido es especialmente meticulosos en la narración de los hechos acontecidos, como se puede apreciar con la simple lectura de
sus razonamientos jurídicos primero y segundo, e incluso también la de sus antecedentes de hecho primero. Los hechos allí
recogidos son los esenciales, sin que sea necesario reflejar otros de carácter menos relevante. Debiéndose recordar que, como es
obvio, un Auto de tal clase no está obligado a recoger un relato de los hechos probados. Es más, aunque se admitiese como
hipótesis que la exposición de los hechos reflejados en dicho Auto no es suficientemente completa (hipótesis que sin duda es
errónea), ello no podría determinar, de ningún modo, que se tuviese que estimar el recurso de súplica; toda vez que el Auto
recurrido se basa para desestimar la querella, las cuales se mantienen incólumes y validas.
2).- Se imputa al Auto de esta Sala de 14-7-1999 la "desnaturalización jurídica del art. 21 de la L.E.Cr."; imputación que no
puede aceptarse. Las afirmaciones y observaciones en que el recurrente se basa, son totalmente inconsistentes, pues ni es cierto
que dicho art. 21 sea un precepto que "está bastante obsoleto", ni el mismo entra en contradicción con la Constitución Española, ni
con la LOPJ, ni con ninguna otra Ley orgánica, ni se contrapone a ningún tratado internacional sobre derechos humanos. Es más,
las aseveraciones que el recurrente expresa en relación con estas pretendidas vulneraciones se llevan a cabo de forma genérica,
sin citar ningún precepto concreto y sin aportar ningún argumento ni razón que las justifique.
Reiterada doctrina sentada, por la Sala Segunda del tribunal Supremo, en las resoluciones que se mencionan en el nº 3 del
razonamiento jurídico cuarto del Auto de 14-7-1999, ha interpretado los art. 57, 65 y 73 de la LOPJ, llegando a la conclusión de que
la competencia para conocer de las querellas que se formulan contra los Jueces Centrales de Instrucción, corresponde a la citada
Sala Segunda del tribunal Supremo. Por ello el Auto que la misma dictó el 1 de junio de 1993 (en el proceso penal que constituye el
antecedente en que se basa la actual querella), "no hizo otra cosa que seguir, acatar y aplicar esa doctrina firme y consolidada". Si
a ello se unen los mandatos de los arts. 21 de la LECr. y 52 de la LOPJ, es claro que todo eso "derriba y quebranta por completo las
imputaciones de prevaricación que en relación a dicho Auto (de 1-6-1993) efectúa el citado querellante, puesto que es
prácticamente imposible que incurra en tal delito una resolución judicial que sigue fielmente la doctrina establecida con reiteración
por el tribunal Supremo en supuestos anteriores", como precisa el Auto contra el que ahora se recurre en súplica.
Tampoco puede prosperar, por ende, la "alegación" segunda del escrito en que se formula dicha súplica.
3).- En la tercera "alegación" se aduce la "improcedencia de la nulidad de actuaciones que decreta el Auto de 1 de junio de
1993". En ella, lo único que hace el querellante es repetir y reiterar las razones que, a tal respecto, se consignaron en el escrito de
la querella. Por eso lo que declara y explica el Auto de 14-7-1999, en relación a estos extremos, pone de manifiesto el decaimiento
de esta tercera "alegación" del recurso de súplica. Damos por reproducido, en consecuencia, el contenido del quinto razonamiento
jurídico de ese Auto. Como muestra y resumen de esa argumentación, reseñamos las consideraciones siguientes, tomadas del
informe del Ministerio Fiscal y asumidas plenamente por tal Auto; la decisión del Auto de 1-6-1993 de dejar sin efecto las
actuaciones llevadas a cabo por el TSJ de Madrid, "era lo lógico al afirmar el Tribunal Supremo su propia competencia y la
consiguiente incompetencia del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el sistema jerárquico plasmado en el art. 21 de la
LECr"; y a continuación se añade, "de no hacerlo así, se hubiera producido no sólo la negación del propio sistema, sino la
irrazonable consecuencia de que el Tribunal Supremo hubiera quedado inicialmente vinculado a la decisión de un órgano inferior, ..
lo que suponía el absurdo de que el Tribunal Supremo tendría que empezar la tramitación del antejuicio con una competencia
condicionada, lo que es inadmisible". Precisándose inmediatamente después que "esta conclusión no se contrapone a lo que
prescriben los arts. 240 y siguientes de la LOPJ, dado que la regulación general de la nulidad de actuaciones que en ellos se
contiene, no impide las consecuencias que se deriven de la aplicación del art. 52 de la misma Ley y el art. 21 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal". No cabe duda que esta alegación tercera ha de recibir la misma solución adversa que las dos anteriores.
4).- La cuarta y última de las "alegaciones" del recurso de súplica lleva la denominación de "uso y abuso del art. 313 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal", y tampoco puede ser acogida favorablemente. No cabe duda que este art. 313 de la LECr dispone
que cuando los hechos en que se funda la querella no constituyan delito, el Juez desestimará la querella; también es evidente que
en la actuación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al dictar los Autos de 1 de junio, 13 de julio y 13 de octubre, todos ellos
de 1993, y en los informes del Ministerio Fiscal previos a estas resoluciones, no se ha cometido delito alguno de prevaricación,
como se explica en el razonamiento jurídico séptimo del Auto de 14-7-1999, al cual nos remitimos. Por ello, este Auto de 14-7-1999,
con base al art. 313 citado, desestimo la querella origen de estas actuaciones. Lo cual es totalmente correcto y conforme a la Ley.
Esta resolución de 14-7-1999 no prejuzga nada, sino que se limita a explicar lo que establece dicho art. 313 de la LECr. También
decae por completo esta cuarta y última "alegación" del recurso de Súplica.
SEGUNDO.- Procede, por consiguiente, desestimar el recurso de súplica entablado por la parte querellante.
LA SALA ACUERDA: Desestimamos el recurso de súplica interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Omar
Carlos CASTRO MUÑOZ, en nombre y representación de D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ contra el Auto de esta Sala Especial del
Tribunal Supremo de 14 de julio de 1999, el cual mantiene íntegramente la totalidad de sus pronunciamientos y decisiones. Contra
este Auto no cabe recurso alguno.
Así por este nuestro Auto lo acordamos, mandamos y firmamos>>.
166

Providencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, Donde los Excmos. Sres. DE MENDIZÁBAL ALLENDE; VIVES ANTÓN; y, JIMÉNEZ SÁNCHEZ en el
Recurso de Amparo presentado contra dos Autos emitidos por la Sala Especial del Art. 61 de la LOPJ, de 28 de octubre de 1999,
que ratifica el dictado el 14 de julio de 1999, por el que se inadmite la querella criminal por prevaricación presentada contra dos
magistrados del T.S. y un Fiscal de su Sala II presentada por el Recurrente Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ: de tráfico de datos informáticos y utilizado por un grupo de personas, capitaneados por el Magistrado de la Sala
167

Segunda del Tribunal Supremo Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que supo manejar a su antojo a un mando de la
Policía Judicial y al Magistrado-Juez D .Miguel Moreiras Caballero, en su intento de situar y situarse conjuntamente con otros
cómplices en un ente que pudiera crearse al amparo de la LORTAD, desde donde podrían facilitar a IBM información sobre
todos los ordenadores, periféricos de ordenador y sistemas de comunicaciones de este país, octavo del mundo en cuanto a
consumo informático.
l. ANTECEDENTES.- La constitución Española de 1.978, prevé, en el artículo 18.42 que: La ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derecho.
Cuando se acordó aprobar este artículo, debió estar en la mente de los legisladores o representantes, limitar el poder de la
Administración para almacenar datos con ayuda de la informática que pudiera llegar a coartar la libertad de los ciudadanos y
posiblemente no se pensó que esta ley tendería a obstaculizar el ejercicio de la publicidad directa .La reforma fiscal iniciada
por el entonces Ministro de Economía D. Francisco Fernández Ordóñez hubiera resultado imposible de haberse desarrollado
este Constitucional Derecho. Esta ley hubiera impedido las transformaciones siguientes:
Introducción: A poco que conozcamos la informática sabremos que son elementos capaces de manejar enormes cantidades
de información en un mínimo de tiempo. Para almacenar esta información sobre cada persona es preciso tener algún carácter
que los individualice como puede ser el D.N.I. Recordemos que antes, en las relaciones bancarias, bastaba conocer nuestro
nombre y dirección y tener la firma registrada. Posteriormente, y por necesidades deestá reforma fiscal hubo de incluirse el nº
del D.N.I. a cada una de las cuentas, por cuanto fue preciso que los bancos y cajas presentaran a la Hacienda Publica relación
de las cuentas corrientes y posteriormente incluso saldos.
En cuanto a la Seguridad Social cada beneficiario estaba, y sigue estando, identificado por el número que, precedido del
código provincial, identifica a cada usuario con su nombre y dos apellidos. Lo mismo sucedía con los empresarios cuyo número
patronal se identificaba de forma similar. Luego y en virtud de la pretendida reforma fue preciso incorporar a cada número de
identificación personal y patronal se preciso añadir el identificativo DNI y/o el NIF. Al mismo padrón de habitantes se le
incorporó el campo del DNI desde el 31 de marzo de 1986 y desde entonces estamos mejor controlados por la Administración
del Estado. La última agresión al proyecto de ley la sufrimos cuando nos fue incorporado el carácter alfabético que se obtiene
luego de realizada una operación matemática que se realiza con cada uno de los números del DNI, del resto o valor obtenido
se obtiene tras el enfrentamiento con una tabla el carácter alfabético. Con este carácter alfabético nos resultara imposible tratar
de cometer ningún error al facilitar el número del DNI que nos identifica, ya que al introducir el carácter alfabético después de
los numéricos el ingenio informático que recibe esta información, establece la operación matemática anteriormente
mencionada y si el carácter alfabético no resulta igual al facilitado por el ingenio informático, éste rechaza la información y se
hace preciso una investigación en profundidad.
Los intereses mercantilistas, y posiblemente la necesidad de financiación de los partidos políticos, insistieron en que se
desarrollara esta ley a pesar de que en realidad ya naciera obsoleta. Desde los puestos directivos a los que daría lugar el
desarrollo de la ley se podría tener acceso a todas las instalaciones informáticas españolas, tanto las pertenecientes a la
empresa privada como a las que dependieran de las diferentes administraciones, con lo que sería posible mantener siempre
actualizado un censo de la maquinaria informática y de los sistemas de comunicación, con independencia de poder obtener
cualquier otra información que pudiera ser interesante para el equipo comercial de IBM.
Pudiera resultar que de estas necesidades mercantilistas y con el ánimo de satisfacerlas pudiera estar D José Antonio Martín
Pallín, ya que siendo Fiscal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se hizo nombrar vicepresidente de la APDHE para crear
las "Jornadas de la Informática y los Derechos Humanos".
A pesar de la poca o nula relación que pudiera existir entre la carta de intenciones de Derechos Humanos, y la Informática,
este hombre, un año después, en 1.984 presentó conjuntamente con Diego López Garrido un proyecto de ley que desarrollara
lo que luego dio en llamarse LORTAD. Nuestros vecinos franceses, en 1.978, crearon la COMISSION NATlONALE de L
'INFORMA TlQUE et des LIBERTES (C.N.I.L.) Ignoro si en esta comisión consiguió o no introducir algún lobby IBM, lo que si
es cierto que cuando en España se formó la Comisión de Libertades e Informática (CL/), (eliminando la N de Nacional por
respeto a las diferentes Autonomías) se hizo entre el Magistrado D. José Antonio Martín Pallín y otros oscuros personajes
entre los que se encuentran incluso empleados directos de 18 M.
La CL/ fue creada en abril de 1.991, y según se deduce de su manifiesto fundacional, la mayor preocupación de esta Comisión
estaba en como hacer comprender al español medio los graves problemas o grave riesgo que podría suponer que sus datos
informatizados podrían estar incluso en manos de terceros.
A pesar del mucho dinero que debieron invertir en obtener artículos de apoyo en la presa contratada (principalmente "ABC" y
"EI País''), no supieron aprovechar, para promocionarse, una noticia facilitada por "EI Sol" (mayo de 1.991) sobre un <
>, como no supieron aprovechar la facilitada en mayo de 1.989.
168

El reconocimiento de estos dos fallos les indujo a apoyar la posibilidad de una nueva denuncia al respecto contra Joaquín
González López y Publigest. Conocieron por IBM que existía una persona que podría, a requerimiento de 18M, denunciar a
otra que había tenido la inoportunidad de ponerse en comunicación con los directores de Seguridad y de Asesoría Jurídica de
esta multinacional. De esta persona y empresa conocían que estaba desarrollando una base de datos con información sobre
VEINTIÚN millones de personas físicas y la práctica totalidad de las jurídicas, pudieran haber tenido incluso información de
que se trataba de un solo hombre, que arrastraba dos operaciones de corazón y que difícilmente podría defenderse caso de
sobrevivir al impacto emocional que presumieron iban a producirle, a la vista del gran escándalo social que decidieron montar a
socaire de la denuncia, denuncia esta, que colaborarían ellos en que fuera admitida. Una vez admitida la denuncia e
incautados los soportes informáticos, y filtrada la noticia utilizando para ello a ''ABC'', cada uno, de los supuestos delincuentes,
colaboraría cerca de los medios de comunicación para sensacionalizar la noticia; como luego seis meses más tarde hicieron no
faltando ruedas de prensa, colaboraciones con los diferentes medios de comunicación, notas de prensa y demás intentos de, a
la vez que nos desprestigiaban y cargaban nuestro historial de falsas y exageradas acusaciones promocionaban a la CL/, en
detrimento de la verdad y de nuestro honor.
Supuestamente fue el Magistrado Martín Pallín el que comprometió a algún mando de la Policía Judicial, de mando superior a
los diferentes Comisarios Jefes que luego firmaron diferentes documentos que obran en las diligencias, teóricamente D.
Manuel Reverte o quizá el mismo D. Carlos Conde Duque. Estos mandos policiales instaron a los policías judiciales
inspectores jefes nº 15.279 y 16.809 afectos al Grupo de Delincuencia Económica Financiera (Fraudes) del Servicio Central de
la Policía Judicial de Madrid destinados en Móstoles, población esta donde debería denunciarse según el artículo 14.2º de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los mencionados policías judiciales recibieron instrucciones de solicitar autorizaciones de
entrada registro e incautación de los soportes informáticos que pudieran encontrarse en el domicilio profesional de Móstoles y
en el particular de Las Rozas, pero no les indicaron qué artículo o ley pudieran haber esgrimido como vulnerado o incurrido.
La denuncia se recibió un 11 de julio, el día 23 se presentaba la LORTAD a los miembros del Congreso. Eran momentos
decisivos y por eso la premura en las intervenciones, que posteriormente serían negadas por el honrado Juez de Móstoles, al
que por reparto le correspondió entender de los hechos denunciados, y, meses más tarde, no tendría escrúpulos para autorizar
el Juez Moreiras. Hasta aquí ningún daño para Publigest, los policías judiciales intervinientes y la posterior incorporación del
Inspector Jefe Alejandro Almaraz nº 12.585, el cual no tuvo escrúpulo alguno al informar al Juez de Móstoles de que en
Publigest, bien pudieran estar facilitando información a ETA sobre los domicilios de los jueces y así conseguir autorizaciones
para intervenir los teléfonos de Las Rozas y Móstoles, lo que consiguen luego de facilitarles éste, un oficio firmado con un
garabato y P.O. del Comisario Jefe del Servicio Central de la POlicía Judicial de Madrid. Después de tres meses de
persecución policial, al no encontrar ningún motivo o sospecha por el cual poder acusarme ante el Juez de Móstoles deciden
contactar con el Juez Moreiras y pedirle que intervenga en estas diligencias. Desconozco quienes corrompieron al Juez
Moreiras, ignoro si fue Martín Pallín o si fue aquel mando policial del que sospecho con categoría suficiente para dar ordenes a
los diferentes Comisarios Jefes del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid. Lo cierto es que ambos acuerdan la
redacción del escrito de 30 de octubre de 1.991, desconociendo que la dificultad que se cita como disculpa base en el citado
escrito, fue especialmente prevista en el artículo 22 del R.D. 867/1.987 sobre regulación de la Policía Judicial; como así mismo
que este mismo escrito adolece de la falta de información de los Juzgados intervinientes, de los motivos y del tipo de apertura
de las diligencias, así como de los números identificativos de las mismas.
Resulta curioso observar el comportamiento de este Juez, que en su irreflexivo impulso dicta varios autos un jueves y no
puede continuar hasta el próximo lunes en el que mediante una sorpresiva falsificación pudiera haberse enterado de la
información que le faltaba. Esta Comisión de Libertades e Informática, que se nos decía ser una Asociación no Gubernamental
compuesta por la Asociación de Jueces para la Democracia, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE), la Unión de
Consumidores Españoles (UCE), CC.OO y UGT, entre otros, nunca llegó a existir según los informes del Ministerio del Interior
y las personas dirigentes y dirigidas hicieron uso de nombre supuesto para tratar de alterar el articulado de la LORTAD en
beneficio de 18M. El Magistrado Martín Pallín comprometió el buen nombre de las dos primeras instituciones, bajo cuya
cobertura y al amparo del prestigio que pudieran proporcionarle dirigió o dirigieron una serie de escritos con enmiendas a la
LORTAD a todos los Grupos Parlamentarios.
Considero que Miguel Moreiras Caballero, aprovecho su condición de Juez para cometer delito y que fue utilizado por Martín
Pallín para sensacionalizar la noticia que era el principal motivo de esta trama delictiva, a nuestra forma de entender y después
de más de dos años de investigación. es sobradamente conocido el volumen y la amplitud del escándalo social obtenido, no
obstante se adjuntan algunos recortes de prensa y repicados en televisión, que aún cuando no llegan a ser la totalidad, si van
acompañados de un estudio pericial emitido al respecto por una empresa especializada.
Tanto era el afán de protagonismo, o tan fuerte la necesidad de obedecer a terceros que los componentes de la CLI, que por
su profesión y oficio –incluso dirigidos por Martín Pallín- conocían de la, anulada, mascarada del Juez Moreiras decidieron
169

presentar recurso al auto de sobreseimiento y archivo emitido por el juez de Móstoles, prolongando por nueve meses más la
agónica sensación de indefensión.
No tuvo Martín Pallín el menor empacho en sugerir, u ordenar, a sus cómplices para que se personaran como acusación
privada, utilizando el derecho que señala el artículo 125 de la Constitución para ejercer la acción popular, aun cuando
posiblemente continúe luchando, este Magistrado, para posponer el derecho al jurado que señala este mismo artículo.
II-.EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS. El 11 de julio de 1.991, Oscar Callado Palomo, ex colaborador de Publigest y empleado
indirecto de IBM, siguiendo instrucciones de terceros, se personó ante los inspectores jefes nº 15.279 y 16.809 afectos al
Grupo de Delincuencia Económica Financiera (Fraudes) del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid, los cuales
debieron de haber recibido instrucciones de alguno de sus superiores para que admitieran esta comparecencia. Los
funcionarios policiales, anteriormente citados y el denunciante, conocedores de que los hechos denunciados no eran, de su
competencia ni constitutivos de delito alguno, y de que se trataba de una actividad común y suficientemente generalizada
desde décadas anteriores; siguiendo las ordenes o sugerencias recibidas no solo admitieron la comparecencia, sino que
adjuntaron solicitud de autorizaciones de entrada registro e intervención de los soportes informáticos en el domicilio particular
de Las Rozas y profesional de Móstoles sin apoyarse o mencionar ningún artículo o ley que pudiera haberse infringido.
El Titular del Juzgado nº 2 de Móstoles al que, por reparto, le correspondió entender de los hechos denunciados, entendió que
los mismos no eran constitutivos de delito y denegó las autorizaciones para estas intervenciones (archivando provisionalmente
las diligencias), las mismas autorizaciones que luego, meses más tarde, autorizaría el -también Magistrado-Juez D. Miguel
Moreiras Caballero aún a sabiendas de que estas fueron anteriormente denegadas por el único Juez que podía, legalmente,
entender de los hechos denunciados.
No satisfechos, los funcionarios policiales actuantes o lo que es lo mismo el mando policial "interesado" ordenó o pidió que se
insistiera, contra esta decisión judicial, en contra de los estipulado en el art. 5º del R.D. 769/87, sobre regulación de la Policía
Judicial.
Estos funcionarios policiales siguieron insistiendo cerca del citado Juez de Móstoles el cual se negó a facilitarles las
autorizaciones solicitadas. Posteriormente debió intervenir el también inspector jefe D. Alejandro Almaraz nº 12.585, el cual
presentó el escrito de referencia 7.508, de fecha 31 de julio de 1.991 donde (tratando de confundir) se decía que < > en lugar de indicar
que la denuncia fue presentada ante funcionarios de su propio departamento, los cuales (y en prueba de lo irregular de la
denuncia) se vieron obligados a pedir un número de identificación o registro de las actuaciones a la Comisaría de la Policía
Nacional, donde se reciben "normalmente" las denuncias que no se realizan en el Juzgado de Guardia. En este escrito se
solicitaban unas intervenciones telefónicas y se abrieron nuevas diligencias. Este oficio procedía del Servicio Central de la
Policía Judicial, grupo de Fraudes y lo firmaba por orden un Comisario Jefe sin indicar el nombre del firmante. Estas
intervenciones telefónicas fueron autorizadas al igual que todas las solicitudes de prórroga que fueron presentadas, estas
solicitudes de prórroga, siempre, eran firmadas por algún comisario jefe.
Después de transcurridos tres meses de persecución policial, al comprobar que no se había cometido ningún tipo de delito,
que no existía motivo alguno para convencer al honrado Juez de Móstoles de que debía autorizar las intervenciones solicitadas
el 11 de julio, el 30 de octubre, uno de los comisarios jefes que ya había firmado solicitudes de prórroga, firma un extraño
escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción nº tres, solicitando su intervención en las diligencias abiertas en Móstoles
argumentando una necesidad ya prevista en el artículo 22 del Real Decreto antes citado. Los funcionarios de la Policía
Judicial, que dependen funcionalmente del Ministerio de Justicia, reciben formación en el Centro de Estudios Judiciales y por
razón de oficio conocen de las competencias de la Audiencia Nacional que señala el artículo 65 de la Ley Orgánica del poder
Judicial. Conocen además de los irrenunciables derechos constitucionales que señala el artículo 24.1º y 24.2º, Y también, a no
dudarlo, lo dispuesto el artículo 117.3º y el 117.4º de la Constitución, y el 14 y 15 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, como
nos demostraron al "arreglar" la presentación de la denuncia en Móstoles y solicitar las intervenciones en Móstoles, lugar
donde fuera cometido el delito.
Ignoro quien/es intervinieron cerca del Juez Moreiras para pedirle, obligarlo o forzarlo, a intervenir en estas diligencias,
desconozco los motivos que indujeron para aceptar u obligar o forzar a éste para que interviniera en las diligencias
comentadas, lo innegable sería decir que D .Miguel Moreiras Caballero no supiera que dicha intervención le estaba
especialmente negada por las propias leyes que él está obligado a respetar; no solo por los artículos citados de la Constitución
Española de 1.978 (24.1º, 24.2º, 117.3º Y 117.4º), los citados 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que
además conocía el párrafo tercero del artículo 55 de la Constitución. Sabía que su intervención estaba especialmente al
margen de los artículos 2.1º, 2.2º, 3.1º, 4º, 5.1º, 5.2º, 6º, 7.1º, 7.2º, 7.3º, 8º, 9. 1º y 9.6º, sin olvidar, por supuesto lo previsto en
el artículo 238.1º, también, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
170

De la complicidad existente entre los funcionarios intervinientes miembros de la Policía Judicial y el Juez Moreiras tendremos
pruebas si comprobamos que, a los medios de comunicación se les informó de que el denunciante fue una persona, de
nombre Manuel, que había recibido un mensaje publicitario donde se citaba su segundo nombre, Argimiro, y que este dato solo
lo conocían su familia y la Seguridad Social y que lo denunció al Grupo de Delincuencia Económica Financiera. De haberse
sabido que el Juez Moreiras había inhibido al Juez de Móstoles, cualquier persona hubiera podido sospechar el posible delito
de prevaricación o de corrupción del Juez Moreiras.
PRINCIPIOS DE DERECHO: El Juez Moreiras conocía de su falta de competencia y de la ilegalidad de su intervención en
estas diligencias como nos prueba el documento que firma el 31 de Octubre dirigido al Fiscal donde miente al decir haber
abierto unas diligencias por un supuesto delito económico. Una vez recibidas las diligencias, el Juez Moreiras comprueba que
ya fueron solicitadas intervenciones de registro e incautación de los soportes informáticos que pudieran encontrarse en el
domicilio particular de Las Rozas y en el de Móstoles, conoce que, éstas, no fueron autorizadas, a pesar de esto él, decide
autorizar estas intervenciones policiales, a pesar también de saberse falto de competencia, de jurisdicción, y al margen de lo
estipulado en las diferentes leyes que él debería defender.
El Juez Moreiras entra de lleno en lo previsto en el párrafo tercero del artículo 55 de la Constitución cada vez que firma un Auto
autorizando intervenciones telefónicas, incurre en el mismo DELITO, cuando conociendo de su falta de jurisdicción y de
competencia y de la nulidad de sus actuaciones viola no solo las conversaciones telefónicas, sino también la de nuestros
domicilios particulares y profesionales.
Por un supuesto delito de cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto, de los cuales entiende, sin poder
entender o entendiendo de ellas de forma delictiva o al margen de la ley, este Juez decreta mi ingreso en prisión comunicada
sin fianza, y por lo que se deduce del documento dirigido al Director General de la Policía (12-1-92) por varios meses. (Fue el
Fiscal de la Audiencia Nacional que compareció mediante escrito de fecha 13 de enero, el que obligó a Moreiras a remitir las
diligencias al Juzgado de Móstoles, y aún cuando éste mismo Fiscal entendía que deberían ponemos en libertad, el Juez
Moreiras decretó una libertad bajo fianza y un control apud-acta.
Estas, supuestamente dolosas, intervenciones culminaron con una rueda de prensa facilitada por la propia Policía Judicial,
dependiente, funcionalmente, del Ministerio de Justicia y orgánicamente de la Dirección General de la Policía, donde, en total
desacuerdo con lo ordenado en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, faltos de veracidad y con el exclusivo
objeto de dictar una serie de titulares que pudieran crear o aumentar un escándalo social.
Se adjuntan repicados de las diferentes televisiones españolas, emitidas en las horas de mayor audiencia y fotocopias de
algunos artículos periodísticos donde podrá apreciarse, además del daño a nuestro honor, que fueron aprovechados los
titulares antes mencionados, y del auto de sobreseimiento y archivo (de uno de septiembre emitido por el Titular del Juzgado
nQ 2 de Móstoles luego confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid), podrá conocerse que estos titulares fueron
desmentidos.
III..-RAZONAMIENTOS Jurídicos En enero de 1992 fuimos objeto de unas irregulares actuaciones policiales y judiciales (que
suponemos Anormal Funcionamiento de la Justicia) que han destrozado, totalmente, nuestro negocio familiar y todo nuestro
patrimonio, personal, profesional, heredado y familiar, la propia POlicía Judicial, que depende orgánicamente del Ministerio de
Justicia, y que decían seguir ordenes de los jueces nos han presentado ante TODA la opinión pública, ante nuestros propios
familiares, amigos, vecinos y clientes; como perversos delincuentes destrozando nuestro honor personal, familiar y profesional
y aún cuando tratamos de levantamos seguimos siendo víctimas del ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
Esta parte denuncia que se realizó una usurpación de funciones con ánimo de cometer delito mediante la asociación de
determinados miembros de la Policía Judicial dependiente, funcionalmente, del Ministerio de Justicia y el Magistrado-Juez D.
Miguel Moreiras Caballero, en desacuerdo con los artículos constitucionales 14, 24.2, 117.3º Y 117.4º de la Constitución. Los
artículos 2º y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Que aun cuando los autos judiciales pudieran y debieran haberse considerado nulos, por la intervención en las diligencias de
otro Juez carente de competencia y de jurisdicción, la instrucción de la causa, prosiguió durante nueve meses. Que privado del
derecho constitucional a la presunción de inocencia se ha visto obligado a demostrar su inocencia, que primero se emitió un
auto de sobreseimiento y archivo, que posteriormente este Auto fue recurrido, por los cómplices del Magistrado D. José
Antonio Martín Pallín, ante la Audiencia Provincial quienes, nueve meses después de paro y sufrimiento, desestimaron este
recurso confirmando el auto de sobreseimiento y archivo.
171

Que denuncio al Magistrado-Juez por supuestos delitos de prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde
esta parte entiende que le correspondía ser juzgado según el artículo 57.3 y 73.3.b, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
mayor rango o categoría, más directa, concisa, concreta, directa, moderna o actual, y clara; que la más genérica Ley de
Enjuiciamiento Criminal en su artículo 21 luego esgrimida por el Tribunal Supremo para inhibir al anteriormente citado T.S.J.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió la querella después de una brillante exposición de los hechos por el Fiscal
Jefe de Madrid. Este Fiscal, que calificó de insólita la decisión del Juez querellado de pedir la inhibición al de Móstoles llegó a
agregar < < que existen indicios para sospechar que pudo haber "intencionalidad" en la decisión de ordenar el
encarcelamiento de Joaquín González. Los autos de prisión y posterior libertad del empresario demuestran, según el
fiscal, "una más que manifiesta incompetencia" en un proceso que nunca debió salir del juzgado de Mostotes>>.
Después de realizado el antejuicio, una vez admitida la querella contra el Magistrado-Juez D. Miguel Moreiras Caballero, por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimado el recurso de súplica del querella do y siendo firme la sentencia, la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, la misma Sala donde ejerce el Magistrado D. José Antonio Martín Pallin, inhibió al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Que con fecha ocho de julio el Fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo D. José Maria Luzón, emitió un informe a la
Sala citada donde, falseando los antecedentes de hecho tratando de representar una, profunda y no ocasional, oligofrenia,
ignorando, o tratando de ignorar los artículos de las leyes infringidos por el Juez Moreiras, y en su afán de proteger a terceros
de las declaraciones que pudiera realizar Moreiras al verse justiciable, prevaricó descaradamente en favor de éste al decir que:
entiende este Ministerio que procede el archivo de la querella, sin necesidad de celebración de vista de antejuicio prevista en
los artículos, 771y ss de la Ley de f.C., al proceder la aplicación de la norma general establecida en el artículo 313 de la misma
ley, al no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de delito.
Basándose en el informe del Fiscal, los componentes de la Sala que entienden de la Causa Especial 1440/93, Excmos. Sres.
D .Enrique Ruiz Vadillo, D.Fernando Cotta y Márquez de Prado y D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, nuevamente
prevarican al apoyar el informe del Ministerio Fiscal,' falsean los antecedentes de hecho, ignoran lo preceptuado en el 771 de
la L. de f.C., incurriendo en lo previsto por el 238.3 de la L.O. del P.J.; llegan a unos razonamientos jurídicos exclusivamente
proteccionistas con los que tratan de justificar un desestimatorio absolviendo injusta y premeditadamente, según auto de
desestimación y archivo de fecha 13 de julio comunicado el 23 y 26 de julio donde también son "olvidados" las leyes y artículos
pisoteados o infringidos con las actuaciones del Juez Moreiras en su intento de proteger al Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo supuesto culpable de toda esta trama judicial policial cuyas consecuencias nosotros estamos pagando.
Decía este Auto: < >>.
Que se remitió en tiempo y forma recurso de súplica, que con independencia del recurso de súplica presentado por el
abogado, el querellante adjuntó escrito informando a la Sala Segunda del Tribunal supremo del posible origen de las
actuaciones del Juez Moreiras y graves acusaciones de supuesta corrupción hacia el Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, O José Antonio Martín Pallín, de las cuales esta Sala del T.S. no correspondió informando al Ministerio
Fiscal como indica el artículo 407 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que en su Auto acordaron: < < Desestimar
íntegramente el recurso de súplica, interpuesto, contra el auto de esta Sala de 13 de julio de 1.993, desestimatorio de
la querella interpuesta por dicha parte contra el Ilmo. Sr. D .Miguel Moreiras Caballero, Magistrado-Juez del Juzgado
Central nº 3 de la Audiencia Nacional al que se mantiene en toda su integridad y se determina el archivo de las
actuaciones. Esta resolución es firme y no cabe contra ella recurso alguno> >.
Sala Segunda del Tribunal Supremo, los artículos, 24, 55, 117.1, 117.3 117.4 Y 126 de la Constitución de 1.978. 12, 2.1, 2.2,
5.1, 7.1, 7.3, 9.1, 9.6, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 16.1, 65, 87, 88, 238.1, 417, 417.2, 443, 446.1 y 446.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y el arto 22 del R.O. de regulación de la Policía Judicial. Ignorando o tratando de ignorar el 14 y ss., de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal por lo que pudieran haber cometido delito al ignorar el artículo 7.12 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que dice: Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título I de la Constitución vinculan, en su
integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos 7.2º En especial, los
derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido
constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.
III. MÁS SOBRE LO MISMO. Nuestro calvario que pudo titularse "El falso < < cerebro> > de la falsa < > de tráfico de
datos informáticos", comenzó el 11 de junio de 1.991 en que Oscar Callado Palomo compareció y denunció, ante los
funcionarios policiales, Inspectores Jefes afectos al Grupo de Delincuencia Económica-Financiera del Servicio Central de la
Policía Judicial de Madrid, la tenencia de una serie de ficheros magnéticos que nosotros teníamos, como otras 100 empresas
españolas, para desarrollar nuestra actividad de publicidad postal, en MOSTOLES y lo hizo ante los policías judiciales afectos
172

al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. núm. 15.279 v 16.809 que actuaban de
instructor v secretario.
Estos funcionarios policiales adjuntaron a la denuncia solicitud de intervención de los soportes informáticos que pudieran
encontrarse en nuestros diferentes domicilios, particular y social, sin especificar o tipificar delito alguno. Según se desprende
de las Diligencias el Juez de Instrucción que por reparto podía entender LEGALMENTE del tema, consideró que los hechos
denunciados no eran constitutivos de delito por lo que no facilitó estos mandamientos (artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal)
En contra de lo establecido en el arto 5 del Real Decreto de Regulación de la Policía Judicial y supongo que podrá confirmar
este Juez de Móstoles, la Policía Judicial actuante miembros del Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central, siguió
insistiendo cerca del mismo hasta conseguir que les autorizara la intervención de todos mis teléfonos. y fueron removidos de
su puesto los inspectores jefes actuantes iniciariamente en contra de lo estipulado en diferentes artículos de nuestras leyes.
(31-7-91)
Según se desprende de las propias Diligencias, después de tres meses de estrecho cerco policial (30-10-91) Y sin ningún
argumento o prueba que aportar al Juez de Móstoles los policías Judiciales actuantes, EXACTAMENTE LOS MISMOS que
actuaban desde el 11 de julio (inspector jefe 12.585), contactaron, directamente o a través del Magistrado José Antonio Martín
Pallín, con otro Juez "menos riguroso" y conjuntamente, conociendo que cometían delito, planearon una acción para "arrebatar'
las Diligencias al juez de Móstoles, único que por reparto podía entender LEGALMENTE del hecho denunciado. (14, 24.2º,
117.3º y 117.4 de la Constitución y etc.,.etc., Dirigieron un EXTRAÑO escrito (injustificable a la vista del artículo 22 del Real
Decreto a que hicimos referencia anteriormente) al titular del Juzgado Central de
Instrucción núm. 3 pidiéndole se hiciera cargo de las Diligencias.
Este Magistrado Juez, mediante extrañas maquinaciones y manipulaciones, incluso engañando al Ministerio Fiscal, abre otras
diligencias e inhibe al Juez que por reparto le correspondía entender LEGALMENTE del hecho denunciado en favor de las
posteriormente abiertas por él, por el mismo motivo y origen de la denuncia.
Por lo que estimamos transgredió, este juez, los artículos, 24, 55, 117.1, 117.3, 117.4 y 126 de la Constitución de 1.978. 1Q,
2.1, 2.2, 5.1,7.1 ,7.3, 9.1, 9.6, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 16.1, 65, 87, 88, 238.1, 417, 417.2, 443, 446.1 y 446.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y el arto 22 del R.D. de regulación de la Policía Judicial. El 13-11-91 emite auto autorizando, por dos meses
intervenciones telefónicas, basándose según los Fundamentos Jurídicos en un POSIBLE DELITO MONETARIO. El 30-12-91
se emite Auto donde en los Antecedentes de Hecho Primero y único se ARGUMENTA que las Diligencias se incoaron en virtud
de informes del Servicio Central de Policía Judicial contra Joaquín González López. En los razonamientos Jurídicos se ampara
en el Art. 18, párrafo 212 de la Vigente Lev de Cambios.
En la Parte Dispositiva de este Auto se autoriza al Comisario Jefe de la Brigada Central de Policía Judicial, para que
ACOMPAÑADOS DE PERITO Informático realicen un registro donde buscar pruebas de la PERPETRACIÓN DE UN DELITO
MONETARIO. En el Domicilio Social de Publigest S.L. de Móstoles.
Presenté mi disconformidad a la redacción del documento y la ley en la que decía ampararse y se me informó (mediante
engaño) que las acciones policiales que estaban realizando lo hacían por que una persona, que dijo llamarse Manuei, había
denunciado ante la Policía Judicial del Grupo de Delincuencia Económica-Financiera había recibido una carta publicitaria
donde figuraba su segundo nombre, Argimiro, dato que solo conocía su familia y la seguridad social y que el Grupo de
Delincuencia Económica actuaba bajo la Dirección del Juez de Instrucción del Juzgado central nº tres y que este juez de
instrucción una vez instruidas las diligencias previas informaría o trasladaría a quien debiera entender.
Otro AUTO, exactamente igual redactado, y de la misma fecha, se dictó contra nuestro domicilio particular de Las Rozas,
también se exigía que los funcionarios policiales actuantes fueran acompañados de peritos informáticos.
El tercer Auto, redactado en los mismos términos, fue emitido el día 10 de enero de 1.992 y lo fue, nuevamente, contra el
domicilio social de Móstoles. Fuimos detenidos y en la declaración prestada ante los inspectores jefes del mismo Grupo de
Delincuencia Económica del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid, núm. 12.585 y 14.526, que actuaban, también,
como instrucción y secretario manifesté, en un claro intento de recordar el irrenunciable derecho constitucional de igualdad
ante la Ley (Constitucional 14, 1) < < que, conoce otras muchísimas empresas que se dedican a la misma actividad por la que
él ha sido detenido, teniendo en su poder éstas igual o más cantidad de ficheros que él, significando que entre las mismas
están las siguientes: CAMERDATA de las Camaras de Comercio, CODITEL de Telefónica, PUBLlPOST, PUBLlENVIO,
MEYDIS, GARRA, B.D.MAIL, PAQUEBOTT, EUROMAILlNG, PROCESO DE DATOS A2 > >.
173

Transcurridas las 72 horas prestamos declaración ante el Titular del Juzgado de Instrucción Central Núm. Tres, ante quien
manifesté que: < >
Con independencia de que estas declaraciones fueron desvirtuadas por el Fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y
sirvieron de apoyo al auto exculpatorio de los componentes de la Sala citada, este nuevo intento de suplicar la aplicación de
los irrenunciables derechos constitucionales, el principio de igualdad ante la Ley, fue también desoída ignorado por el Juez
Moreiras, a continuación una pregunta de origen económico que bien pudiera responder a los informes peritales ambos
aludidos.
< >.
Sin más preguntas, Miguel Moreiras Caballero, ordeno mí ingreso en prisión Comunicada y sin fianza. Pudo este juez haberse
sentido ofendido entre lo por mi manifestado en cuanto a costes e inversiones y los informes que le pudieran haber facilitado
los peritos informáticos, que actuando OFICIALMENTE, valoraron en 1.500 millones (MIL QUINIENTOS MILLONES) de
pesetas mis inversiones en Ordenadores y de varios miles de millones de pesetas en beneficios.
Antes de declarar ante el Juez de instrucción Central núm. Tres, y según se desprende de documentos que adjuntaremos, de
las noticias emitidas por TODOS los medios de comunicación de este País, hubo una rueda de prensa celebrada CON GRAN
POMPA Y ALGARABÍA, en desacuerdo total con lo estipulado en el Artículo 520 de la L. de Enjuiciamiento Criminal, donde se
dijeron tal cúmulo de EXAGERADAS FALSEDADES que no perecía sino, ser obra de mentes enfebrecidas o altamente
interesadas en promocionar a la Comisión de Libertades e Informática (CU) inexistente asociación que lideraba D. José
Antonio Martín Pallín, para apoyarlos en su empeño de conseguir articular la LORTAD en beneficio de IBM. Esta Rueda de
prensa fue el desencadenante de un alarma social de cuyas noticias adjuntamos duplicados, repicados o fotocopias. En esta
Rueda de prensa se falseó también el origen de la Denuncia. Se informó que la denuncia la realizó un tal Manuel de segundo
nombre Argimiro, que recibió una carta publicitaria donde figuraba el segundo nombre de Argimiro y que este dato solo era
conocido por su familia más íntima y por la Seguridad Social, que este Manuel Argimiro lo denunció ante el Grupo de Fraudes
y que éstos realizaron una investigación, cuando lo cierto es que lo denunció en Móstoles Oscar Callado Palomo, empleado
indirecto de IBM y lo hizo días antes de presentarse la LORTAD ante el Congreso de los diputados. De haberse conocido este
dato y de que el. Juez Moreiras había inhibido al Juez de Móstoles muchas personas hubieran conocido de la ilegalidad del
Juez Moreiras, por lo mismo sus cómplices trataron de ocultarlo.
Nuestros clientes, casi exclusivamente Cajas de Ahorros y Bancos, alarmadas por las noticias siguen aún hoy, 27 meses
después, sin ponerse al teléfono siquiera, lo que viene a confirmar que tanto mi negocio como mi prestigio han desaparecido a
tenor de estas anómalos comportamientos Judiciales.
El 12 de enero de 1.992 D. Miguel Moreiras Caballero firma un oficio dirigido al Director General de la Policía, comisionándole
para que recoja las cintas de ordenador de Canillas y las traslade a las instalaciones informáticas de El Escorial y le informe
del resultado de las investigaciones con PERIOCIDAD MENSUAL lo que prueba que deseaba mantenerme durante meses en
la cárcel. En este mismo documento de 12 de enero se da como responsable de toda la trama o "RED" de tráfico de datos a
CARLOS ÁLVAREZ OBREGÓN dato que nos prueba que fue el Magistrado-Juez D. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO el que
informó directamente al diario ''ABC'' en "primicia informativa" y que aun cuando "ABC" indicó que la información la recibió de
fuentes próximas a interior estaba desviando u ocultando a su informante, ya que la Policía Judicial amparándose en la
Dirección General de las Policía informó hasta la saciedad en su rueda de prensa que el < < cerebro> > era Joaquín González
López.
Se justifica también la procedencia de la información por el hecho de que ''ABC'' no se preocupa en constatar la veracidad de
la información, y sin constatar esta información le dedica nada menos que un tercio de la primera página, y media del interior, a
un suceso tan vulgar o común como pudiera ser un posible delito de cohecho. Este "suceso" conmueve a la opinión pública
durante varios días dándose el caso de que los medios de comunicación que más agresividad demuestran son aquellos a los
que parece haber informado la CLI
.
El 13 de enero de 1.992, mediante escrito, comparece y se persona, en las Diligencias Previas abiertas por Moreiras
Caballero, el Fiscal de la Audiencia Nacional, el cual, según las fotocopias adjuntadas dice que: los hechos denunciados no
174

son constitutivos de ninguno de los supuestos legales de competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción y de
la Audiencia Nacional, según establecen los artículos 65 y 88 de la L. O. del P. J., por lo que no es procedente que siga
conociendo de la presente causa el Juzgado Central núm. Tres, debiendo remitirse lo actuado al Juzgado de
Instrucción núm. dos de Móstoles, que primero comenzó a conocer de los hechos en donde iniciariamente tuvieron
lugar, al amparo del arto 14 y siguientes de la L. de Enjuiciamiento Criminal. b) En atención a lo expuesto y de la
dificultad, en principio, de los hechos denunciados, el fiscal entiende que procede la libertad de los denunciados, por
este Juzgado.
A pesar de lo manifestado por el Ministerio Fiscal El juez Moreiras desoye los consejos del fiscal, negocia con mis abogados
una fianza y me permite la libertad bajo fianza de TRES MILLONES de pesetas, que acuerda en Auto de 14 de enero con lo
que entramos en Móstoles en libertad bajo fianza, y control apud-acta.
Posteriormente y a pesar de que el Titular del Juzgado de Móstoles nos devuelva la fianza y autorice el que se desprecinten
los locales, nosotros no podemos trabajar por que nuestros ficheros magnéticos, fruto tras el que actuaron los funcionarios y
jueces, presumiblemente culposos no nos han sido devueltos, al menos antes de haber perdido la propiedad del centro de
proceso de datos de Móstoles, por desahucio ante el Juzgado nQ 8 de esa villa de Móstoles.
No consta en las Diligencias valoración o tasación alguna emitida por los peritos informáticos, pero la valoración dada a ''ABC''
en su primera FUGA de información, publicada el 10, de enero de 1.992 y la facilitada por el Portavoz de la Dirección General
de la Policía sobre 1.500 millones (MIL QUINIENTOS MILLONES) de pesetas, me hacen pensar que estas valoraciones les
fueron entregados por los Peritos Informáticos actuantes y los datos retenidos o no adjuntados a las diligencias, por lo que esta
parte se allana a la valoración hecha por el Juez Moreiras ante ''ABC'' y la de la Dirección General de Policía ante las cámaras
de televisión y todos los medios y agencias de noticias asistentes al acto.
El 12 de enero de 1.993 antes de que prescribieran los posibles delitos de prevaricación que pudiera haber cometido el Juez
Moreiras Caballero, presenté escrito en forma de querella y firmado por letrado ante Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, por considerar que el citado juez Moreiras era un Magistrado-Juez de Instrucción en el Juzgado
de Instrucción Central, núm., Tres. Admitido que fue por la Sala, ésta llegó a fallar acordando abrir las diligencias.
El informe del Fiscal Jefe de Madrid, concluyente llegó a calificar la actuación del juez de delitos monetarios de "INSÓLITA" e
"INCOMPETENTE" y entre otras cosas explicó que las medidas cautelares tomadas contra mí, <

presentada ante el Juzgado de Guardia de Móstoles por un presunto delito de revelación de secretos, supuestamente
realizado por un industrial, que no es ni funcionario ni autoridad.
En su folio 4, del informe Fiscal, trata nuevamente de enredar los hechos al decimos que los folios 13, 14 Y 15 se contiene la
remisión por el Inspector Jefe de la Comisaría de Mostoles. cuando sabemos, como consta en la denuncia, que los que
remiten la denuncia son los Inspectores Jefes adscritos al Grupo de Delincuencia Económico Financiera del Servicio central de
Policía Judicial, y que los folios 16 y 17 deben de considerarse como diferentes ya que son remitidos por el Comisario Jefe del
Servicio Central de Policía Judicial. Cuando la realidad de los hechos se confirma a la vista de los dos documentos de fecha 30
de septiembre de 1.991 uno y de 11 de julio el otro, es que ambos son redactados y firmados por funcionarios del Grupo de
Delincuencia Económica del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid. Y que ese mismo Comisario Jefe firmante del
documento formado por los folios 16 Y 17, D. Marceliano Gutiérrez Rodríguez firma otros dos documentos dirigidos al Juez de
Móstoles y al de Majadahonda, el 30 de septiembre, solicitando, nuevas prórrogas de las intervenciones telefónicas
autorizadas el 31 de julio del 91.
Remitiéndonos al folio 6 del documento emitido por el Fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, observaremos que,
nuevamente el fiscal, trata de presentamos los mismos hechos, como hechos diferenciados. Observados todos los
documentos policiales que constan en las Diligencias, todos han sido emitidos por el Servicio Central de la Policía Judicial de
Madrid, y siempre están firmados por El COMISARIO JEFE, salvo la falsificación del día 31, sea éste uno u otro Comisario
Jefe. Debiendo quedar claro que incluso se trata del mismo Comisario Jefe que firmó los dos documentos de 30-9-91
solicitando prórrogas a los juzgados de Instrucción de Móstoles v Majadahonda. En ningún momento puede considerarse el
informe de 30-10-91, remitido al Juzgado central núm 3, sino como una continuación de la comparecencia de 11-7-91 bien por
que el Comisario Jefe firmante de este documento, Marceliano Gutiérrez Rodriguez, lo fue de al menos dos documentos de las
indeterminadas de Móstoles, 30-9-91, y por que la < >, como dice el Fiscal al referirse a la
comparecencia en Móstoles, fue suscrita por los, inspectores jefes 15.279 y 16.809 afectos ambos al Grupo de Delincuencia
Económico-Financiera del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. De estos documentos escritos, que obran en las
diligencias debe de considerarse probado que las actuaciones comenzadas por la Policía Judicial en Móstoles, fueron
interrumpidas por orden del ÚNICO Juez que LEGALMENTE podía entender del hecho denunciado al no considerar delictivos
los actos denunciados (art. 313 de la L.de E.C.).
Que posteriormente estos policías judiciales, QUE DEPENDEN FUNCIONALMENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
insistieron cerca de este honrado juez hasta conseguir, mediante engaño y maliciosas afirmaciones sobre suministro de datos
relativos a los jueces a ETA, que autorizara la intervenciones telefónicas. Que después de tres meses de tener todos los
teléfonos intervenidos y no encontrando ningún argumento que pueda justificar la persecución de la que me hacen objeto ante
el honrado Juez de Mostoles, estos funcionarios policiales, ayudados o no por terceras personas, localizan a un Juez que
"entienda" sus necesidades y este dispuesto a "colaborar" ciegamente .Decía el informe del fiscal de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. que: >.Manifiesta el Ministerio Fiscal que no puede considerarse anormal el que el
Magistrado Juez acuerde la incoación de las Diligencias previas. Y lo dice este representante del Ministerio Fiscal conociendo
que, incluso el juez querella do incluso disfrazó o mintió deliberadamente su decisión de abrir unas previas al Fiscal de la
Audiencia Nacional al decirle que las abría por un Delito Económico. En su afán de proteger al Juez Moreiras Caballero este
representante del Ministerio Fiscal trata de ignorar lo preceptuado en los arto 24, 55, 117.1, 117.3º, 117.4º, Y 126 de la
Constitución Española de 1.978. La Ley Orgánica del Poder Judicial artículos 1º, 2.1º, 2.2º, 5.1º, 7.1º, 7.3º, 9.1º, 9.6º, 11.1º,
11.2º, 12.1º, 12.2º, 16.1º, 65, 87,88, 238.1º, 417, 417.2º, 443; 446.1º y 446.2º Núm. 5 y 22 del Real Decreto de regulación de
la Policía Judicial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los artículos 14, 14.2º y 15
En su afán de proteger, defender, exculpar o justificar al juez Moreiras este Fiscal argumenta en el apartado 4Q que los
documentos que corresponden a los obrantes Autos 18y 19 (las autorizaciones para arrebatar a un hombre la inviolabilidad del
domicilio), que además fueron redactados fraudulentamente, están o pudieran estar pre-impresos. Ante la redacción de estos
documentos,· apoyándose en la ley de cambios v los delitos monetarios, presenté mi disconformidad ante el funcionario policial
que me lo exhibió en las instalaciones de Móstoles. Este funcionario me argumentó que fue en ese juzgado donde se recibió la
denuncia del tal Manuel de segundo nombre Argimiro (antes reseñado) y que la denuncia la estaba instruyendo este juez y que
una vez concluida pasaría a donde correspondiera. No pretende esta parte, sino informar que una peritación demostraría que
los documentos originales iniciales fueron emitidos ese mismo día, por tratarse de un número elevado de intervenciones, sobre
todo si consideramos el afán del Juez Moreiras y sus cómplices de justificar una EXTENSA RED DE TRÁFICO DE DATOS, De
todas formas si el fiscal no tuviera tanto empeño en disculpar o proteger al Juez, hubiera podido apreciar que todos los Autos
de Intervenciones telefónicas se amparaban en los supuestos delitos económicos, Que al mismo Fiscal de la Audiencia se le
engañó, o se le pretendió engañar, diciéndole que se trataba de delitos económicos, y que el Juez Moreiras no pudo utilizar
otro despacho para cometer sus PREMEDITADOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y DE CORRUPCIÓN que los del Juzgado
Central núm. Tres, que solo puede entender de delitos económicos.
176

En el b) 4º, El Fiscal trata de justificar la decisión de encarcelamiento tomada el día 12 de enero, al amparo de la ALARMA
SOCIAL que podría justificar el que este juez se acogiera al 503.2g para encarcelarme. No puede ser nadie más sordo que
aquel que no quiere oír. Desconozco las verdaderas razones que movieron a este Fiscal a emitir tan pobres argumentaciones.
Con solo observar y recordar hubiera sabido este Fiscal quien organizó la alarma social. El 12 de enero, después de
encarcelarme, el Magistrado-Juez Moreiras Caballero firmó un escrito dirigido al Director General de la Policía diciéndole que,
diera orden de que las cintas de ordenador se trasladaran a las instalaciones de El Escorial. En ese escrito se decía que
CARLOS Álvarez Obregón era el nombre del principal implicado en la "RED".ABC en su "primicia informativa" nos habló de
CARLOS A.O también como del principal responsable.
En ese mismo documento el Juez Moreiras confirma la teoría de que me llevó a la cárcel para varios meses. Para comprobar
esto basta con leer, el documento dirigido a la D.G. de Policía donde dice que, los informes informáticos que produzcan las
cintas le sean entregados mensualmente. Confirma este mismo documento que las, delicadas, cintas de ordenador se
trasladaron a las instalaciones de Canillas ÚNICAMENTE para, vestir la foto, en la rueda de prensa. Y que esta rueda de
prensa fue especialmente preparada en contra de lo que ordena el artículo 520 de la L. de E.C. que dice: < < 520. 1 La
detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su
persona, reputación y patrimonio. > >.
Durante la declaración policial trató este querellante de aludir que no se atrevió a exigir, el irrenunciable derecho constitucional
de igualdad ante la ley; al igual que luego declarando ante el Juez se repitió obteniendo como respuesta de este Juez la orden
de prisión comunicada sin fianza. El informe adjuntado por la Policía decía más o menos que todos somos iguales ante la ley, y
que en las mismas condiciones que trabajaba Publigest S.L. y con los mismos ficheros trabajaba Camerdata, que Camerdata
era una empresa de las Cámaras de Comercio: que también la Empresa Coditel de la Cía. Telefónica era otra empresa de la
competencia, al igual que, Publipost, Publienvío, P.D.M., B.D. Mail, Meydis, Garra. etc.
Menos de tres minutos antes de decretar el ingreso en prisión comunicada sin fianza, este querellante, personalmente, había
informado al Juez Moreiras Caballero, y así consta en la declaración, que la Empresa Camerdata era propiedad de las
Cámaras de Comercio, que Coditel era de la Compañía Telefónica y que ambas como Publigest compraban y vendían
ficheros. De nada me sirvió tampoco ese intento de recordar el irrenunciable derecho constitucional al juez Moreiras,
posiblemente mi ingreso en la Cárcel fue acordado ya varios meses antes.
En cuanto al estado de Alarma Social que dice el Fiscal informante, debo rectificarlo al decirle que lo que él llama Alarma
Social era solamente un "SHOW" a los que tan aficionado parece este Juez y fue iniciado precisamente por él.
Efectivamente si observamos el documento de 12-1-92 dirigido al Director General de la Policía, para que retire las cintas de
ordenador de Canillas (a donde fueron llevadas por orden, posiblemente, del Juez Moreiras para 'VESTIR" la
PREPARADÍSIMA rueda de prensa no prevista en el 520 de L.E.C.) y las traslade a las instalaciones informáticas de El
Escorial, de donde le irían informando CADA MES de las investigaciones, podremos observar que el Juez Moreiras incurre en
este documento en el mismo defecto que incurrió al facilitarle la noticia EN PRIMICIA a ABC, ya que el Juez Miguel Moreiras
Caballero dice en ambas ocasiones que el responsable o la cabeza de turco de esta sucia maniobra policiaco-judicial se llama
Carlos Álvarez Obregón. (ver ABC de 10-1-1.992). y que el artículo 417.2º considera como muy graves: < < La intromisión,
dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro
órgano jurisdiccional>>. Para probar la inocencia del Juez Moreiras tendrían que tener respuesta fundada muchas de estas
preguntas. ¿Porqué se decidió la intervención policial y no se esperó a conseguir alguna prueba? ¿Porqué se solicitaron con
urgencia el 11-7-91 autorizaciones para la entrada registro e intervención de todos los soportes informáticos? ¿Porqué
teniendo un juez "DISPUESTO A COLABORAR" desde el31 de octubre no se actúa hasta el 9 de enero? Acaso las
condiciones de la CL! en cuanto a la LORTAD y de Martín Pallín así lo precisaban.
¿Desconocía acaso el Juez Moreiras que estaba actuando fuera de su competencia y sin jurisdicción, al falsear o disfrazar los
oficios y autos con supuestos delitos económicos? ¿Conocían los funcionarios policiales actuantes de la falta de jurisdicción y
de competencia del Juez Moreiras? ¿Fue el conocimiento de la falta de jurisdicción y de competencia lo que motivó al portavoz
de la rueda de prensa de la Dirección General de Policía a decir que el denunciante era otro diferente para ocultar los delitos
de prevaricación que sabían estaba cometiendo Moreiras?
¿Acaso me encarceló Moreiras para que yo no dijera públicamente que existían empresas como Camerdata y Coditel? Trataba
Moreiras al encarcelarme de apoyar los juicios paralelos que sus cómplices de la CL! estaban formando ante los medios de
comunicación? ¿Pretendía Moreiras mantenerme durante meses en prisión como indica al solicitar los informes con cadencia
mensual? ¿Podía negarse Moreiras a aceptar la MISIÓN que le encomendaron con el "INFORME" de 30-10-91? ¿Es legal
este informe desde el punto de vista del art. 22 del R.O. de regulación de la Policía Judicial? ¿Era legal la insistencia
177

demostrada ante el Titular de Móstoles durante 20 días teniendo en cuenta el arto 5 de esa misma Ley, o por el contrario y a la
vista de las Diligencias debería considerarse un exceso de celo, o por el contrario, tengo razón y todo obedeció a un complot?
Pregunto además, ¿Debería ser Juzgado el Juez Miguel Moreiras Caballero por delitos o faltas cometidos en el desempeño de
sus funciones, o quizá mejor, debería ser juzgado por usurpar unas funciones con ánimo de delinquir?
----------------------------
La Sala Segunda del Tribunal Supremo emitió un Auto desestimando la querella el día 13 de julio si bien no lo comunicó hasta
el día 23, posiblemente esperando la reacción de los medios de comunicación ante la publicación, que le fue facilitada por
el T.S., del informe del Ministerio Fiscal. Este documento emitido por la Sala Segunda difiere poco del remitido por el Fiscal,
ambos tratar por igual de DEFENDER al juez Moreiras Caballero sin tratar de juzgarle.
Trataré pues Excmo. Sr. de analizar este auto donde observaremos: Como en los antecedentes de hecho PRIMERO núm. 2 se
dice que el atestado fue instruido ante la Comisaría de Policía de Móstoles el 11-7-1.991, cuando según consta en el mismo
documento comentado dice: < < que en la Comisaría Nacional de Policía, siendo las por el Inspector Jefe titular del carnet
profesional número 15.279 y el inspector del mismo Cuerpo y categoría, con carnet profesional número 16.809, ambos afectos
al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid instructor y secretario respectivamente
para la práctica de las presentes, comparece el que documentalmente acredita ser y llamarse: Oscar CALLADO PALOMO,
nacido ... > >
Los funcionarios policiales por tanto, caso de encontrarse en la comisaría de Móstoles, sería acompañando al denunciante a
ese escenario a que realizara ese acto, toda vez que según este mismo documento pertenecen a Servicio Central de
Policía Judicial de MADRID, y más concretamente al Grupo de Delincuencia Económica que tiene su sede en las instalaciones
de Canillas. En la Comisaría de Móstoles, en la que se recogen las denuncias y donde corresponde el núm. 12.882 de la
referencia no existen policías Judiciales.
Si existen, creo yo, en la nueva Comisaría, pero allí no se reciben denuncias. (Este detalle debe confirmamos que fueron los
mismos funcionarios policiales los que ante la demostrada honradez del Juez titular de Móstoles recurrieran a otro menos
escrupuloso). Adjuntada a la denuncia y con la misma fecha se solicitaba ya la autorización para intervenir los soportes
magnéticos o cintas de ordenador que pudieran encontrarse en mi domicilio particular de Las Rozas, y en el Social de
Publigest en Móstoles, debiendo considerarse esta premura como prueba de tratarse de una acción programada en base a la
LORTAD, ya que 13 días después este proyecto de ley sería presentada a las Cortes.
NO CONCEDIÓ ESTOS mandamientos de entrada, registro e intervención de los soportes informáticos lo que deberá
demostrar que este Juez, al que por reparto le correspondió entender LEGALMENTE del hecho denunciado, denegó, como
bien dice la Sala en su Auto ahora comentado, los mandamientos de entrada registro e incautación de los soportes magnéticos
de mi domicilio particular de las Rozas y del social de Publigest en Móstoles, posiblemente por considerar que los hechos
denunciados no eran constitutivos de delito. Posteriormente, VEINTE DÍAS DESPUÉS, el 31 de octubre, después de mucho
insistir ante el titular de Móstoles, con argumentos engañosos, según este juez podrá y deberá declarar, sobre la intimidad, de
la confidencialidad, de datos secretos que pudieran ser entregados a ETA sobre destinos de los jueces y domicilios privados,
etc. consiguieron de este honrado Juez la autorización para la intervención de los teléfonos de Móstoles. Para autorizar la
intervención de los teléfonos de los de mi domicilio en Las Rozas debió este Juez enviar oficio, de 31-7-91, al de Majadahonda
para que autorizara estas intervenciones.
Las investigaciones y escuchas fueron llevadas a cabo por los mismos funcionarios que actuaron desde el momento de la
denuncia durante tres largos meses, inspectores jefes del Grupo de Delincuencia Económica del Servicio General de la Policía
Judicial de Madrid. Cada mes se fueron pidiendo prórrogas de las autorizaciones para intervenciones telefónicas (una para el
Juzgado de Móstoles por los teléfonos del domicilio social de Publigest y otra al Juzgado de Majadahonda por los teléfonos de
mi domicilio privado en Las Rozas). Todas estas peticiones estaban firmadas por COMISARIOS JEFES del Servicio Central de
la Policía Judicial, debidamente sellados y con registros de salida.
Los funcionarios policiales actuantes, y los Comisarios Jefes firmantes deberían habemos informado, en el momento procesal
oportuno, en el supuesto de juzgar al Juez, sobre quien/quienes ordenó u ordenaron cambiar de juez y por que razón se
cambió de Juez. Indiscutiblemente me consta que con los pobres argumentos encontrados a lo largo de tres meses donde en
una o dos ocasiones pudiera hablar con mi amigo Cesar para pedirle un trabajo, que no un fichero, ni nada que significara
delito, ni significa delito después de la LORTAD. y después de unas conversaciones con Charo, la sobrina de mi amigo Pedro
Barrios,· emigrante en Sao Paulo, sobre la posibilidad de la respuesta a un documento escrito presentado en el Registro de
Sevilla, cuyo documento (debidamente registrado) figura en las Diligencias. No hubiera, este honrado Juez de Mostoles
firmado esos delicados documentos con tanta precipitación o mala intención como los firmó Miguel Moreiras.
178

Estoy casi por asegurar que este y cualquier otro juez honrado me hubiera citado a declarar, y solo en el supuesto de que mis
declaraciones no fueran totalmente satisfactorias hubiera ordenado, en el peor de los casos, mi ingreso en los calabozos hasta
aclarar sus dudas, y solo en el supuesto de confirmarse las sospechas de los delitos por los que fui acusado, me hubiera
abierto unas Diligencias Previas, e incluso dudo si con la falta de antecedentes y mi merecida solvencia me hubieran pedido
fianza.
Solo en el supuesto de estar "ESPECIALMENTE INTERESADO" en encarcelarme, o en PREVARICAR A "SABIENDAS",
hubieran CAMBIADO de juez, lo que deberemos asimilar al juez aceptante. La entrega de la información por parte de la Policía
Judicial al Juez Moreiras (escrito de 30 de octubre) para la posterior inhibición fue concertada o negociada con anterioridad,
posiblemente entre varias personas o intermediarios. Si estudiamos un escrito de fecha 22-10-91, observaremos que se trata
del informe policial posiblemente emitido por A1ejandroAlmaraz (núm. 12.585), este informe, que adolece de pobreza en los
resultados tras tres meses de investigaciones, no podía ser presentado al juez de Móstoles ya que éste, inmediatamente
cerraría las diligencias y desautorizaría las intervenciones telefónicas.
Como quiera que por aquellas fechas las enmiendas propuestas a la LORTAD habían tenido una muy favorable acogida por
casi todos los Grupos Parlamentarios el momento era de euforia, y de haber hecho algo se haría a lo grande. Por lo mismo se
pensó en un super-juez o famoso juez que respaldara con su fama la importancia de la operación, y se decidió que no era
conveniente iniciar la acción policial inmediatamente después de solicitar la inhibición por que los mismos jueces inhibidos
podrían pensar mal y llegar a ser testigos molestos. Aceptó Moreiras esta "SAGRADA MISIÓN" Y el intermediario y el mando
policial (todavía sin identificar por mí), realizaron el escrito de 30 de octubre, basándose en el escrito anteriormente comentado
de 22-10-91.
Este escrito, pobre en fundamentos, adolece de falta de información y nos dice solamente que: < >.
No indica si fueron o no abiertas Diligencias ni tipo de estas, ni tan siquiera el número para poder iniciar la "parodia" de la
inhibición. Para suplir esa falta se utilizó un escrito sobre papel de la Dirección General de Policía que carecía del anagrama
SERVICIO CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL, como carecía de núm. de registro de salida, de firma e incluso de fecha por que
si bien dice "31 de Noviembre de 1.991", también rectificado a mano dice "Octubre", lo que termina por demostrar que se trata
de un falso documento o un simple borrador expliquemos:
Si faltaba esa información en el escrito del 30-10-91, Y no existe ningún documento emitido por Moreiras que, dirigido al
Servicio Central de Policía Judicial FRAUDES, solicite estos datos, podría deberse a que la gestión se pudo hacer por teléfono,
en el supuesto de que la gestión se hubiera realizado por teléfono (algo poco común o razonable), los datos o la respuesta se
hubieran facilitado también por teléfono. Si por el contrario los datos solicitados por teléfono se hubieran facilitado por escrito,
este escrito debería ir como los anteriores y como es preceptivo, firmado, sellado, debidamente registrado y sobre todo
DIRIGIDO A ALGUIEN, ya que este BORRADOR adolece incluso de ese detalle. El detalle de las fechas demuestra la duda,
no puede ser el 31 de Noviembre, por que las gestiones de inhibición se cursaron el 4 de Noviembre (demasiados días antes)
y si la fecha real hubiera sido octubre, por que octubre figura corregido en letra y aparece bien escrito con la misma máquina
noviembre.
El Auto de inhibición de cuatro de noviembre dice en sus Antecedentes de Hecho: < < ÚNICO.- Las presentes Diligencias
Previas 262/91, se incoaron en virtud de acta informe del Servicio Central de Policía Judicial, en el que se solicitó la
intervención de varios números telefónicos. En fecha 31 de octubre del corriente, se recibió comunicación de la Dirección
General de la Policía informando de la intervención telefónica de varios números, que han sido autorizadas por el .
Fundamentos Jurídicos ÚNICO.- Siendo delitos conexos, > >.
Dice la Sala en sus fundamentos de hecho, página 39, párrafo 12 que: < < Con tales datos, el Juez querella do requirió de
inhibición al de instrucción nº 2 de Móstoles y asumió la competencia para la instrucción de la causa, incoando las
Diligencias Previas 262/91 > >.
Dice esta parte, que lo que debió haber hecho el Juez Moreiras como cualquier otro juez, honrado (como debiera haber hecho
el Fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, antes comentados, y está Sala Segunda, del mismo Tribunal, ahora
comentada), era haberse atenido exclusivamente a lo previsto por las leyes y abstenerse totalmente de cualquier
incumplimiento, ya que él, es, o era (y ellos son y serán) unas de las pocas personas que tienen la facultad de administrar
Justicia y hacer que cumplamos las leyes, Por lo mismo y por razón de oficio conocen perfectamente todos ellos lo que indica
179

la: Constitución Española 1978 Artículo 24.1º Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión.
2º Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado a ser
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a utilizar los medios de
prueba pertinentes para su defensa..... Artículo 55.2º Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de
forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los
artículos 178, apartado 2, y 18, apartados 2 y tres pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o
abusiva de las facultades en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades
reconocidos por las leves.
Artículo 117.1º La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados, integrantes del
Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. 3º El ejercicio de la
potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas
establezcan. 4º Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior v las que
expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho.
Artículo 126. La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Ley Orgánica
del Poder Judicial Art. 1º La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados,
integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución v al
imperio de la Lev. Art.2º.1º El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, yen los tratados internacionales. 2º Los Juzgados y
Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior, las de Registro Civil v las demás que
expresamente les sean atribuidas por la Ley en garantía de cualquier derecho. Art. 5º.1º La Constitución es la norma suprema
del ordenamiento jurídico, y vinculan a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Art. 7º.1º
Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título 1º de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos
los Jueces y Tribunales y están Garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. 3º Los Juzgados y Tribunales protegerán
los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten
afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción. Artículo 9.1º Los Juzgados y Tribunales ejercerán
su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley. 3º Los del orden jurisdiccional
penal tendrán atribuido el conocimiento de las causa y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la
jurisdicción militar. 6º La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y
resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se
efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente. Artículo 11.1º En todo tipo de procedimiento se
respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los
derechos o libertades fundamentales. 2º Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes v
excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.
Artículo 12 1º En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los
órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. 2º No podrán los Jueces o Tribunales corregir la aplicación o interpretación
del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de
los recursos que las leyes establezcan. Artículo 16 1º Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y
en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley. 2º Se prohíben los
Tribunales de Honor en la administración de justicia, Artículo 53 El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el
órgano Jurisdiccional superior en todos los órdenes, SALVO LO DISPUESTO EN MATERIA DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
Artículo 57.1º La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 3º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra
Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. Artículo 65. La Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional conocerá: 1º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal,
de las causas por los siguientes delitos: b). Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios. c).
Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la
180

seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio
de más de una Audiencia. 6º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Artículo 73.3º La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Penal. b). La instrucción y
el fallo de las causas penales contra Jueces Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el
ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. Artículo 87
1º Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal: ajo De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento
corresponda a las Audiencias Provinciales ya los Juzgados de lo penal. 2º Corresponde también a los juzgados de instrucción
la autorización en resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares de acceso
dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
Artículo 88. En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España,
que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los
Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de extradición pasiva en los términos previstos en la Ley.
Artículo 238 Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º Cuando se produzcan con
manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional 3º. Cuando se prescinda total y absolutamente de las
normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y
defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.
Artículo 417 Se consideraran faltas muy graves. 2º La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la
aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano Jurisdiccional. 420 y siguientes. Artículo 443
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de
los delitos... Artículo 446.1º En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la' dirección de los
Juzgados y Tribunales y del Ministerio Fiscal. 2º Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una
actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 443 de esta Ley, no podrán ser
removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la 6º De cualquier
otro asunto que le atribuyan las leyes.
Artículo 73 3º La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Penal. B). La instrucción y
el fallo de las causas penales contra Jueces Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el
ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. Artículo 87
1º Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal: aj. De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento
corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo penal. 2º Corresponde también a los juzgados de instrucción
la autorización en resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares de acceso
dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
Artículo 88. En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España,
que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los
Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de extradición pasiva en los términos previstos en la Ley.
Artículo 238 Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º Cuando se produzcan con
manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional 3º. Cuando se prescinda total y absolutamente de las
normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y
defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión. (Como en este caso acontece)
Artículo 417 Se consideraran faltas muy graves. 2º La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la
aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano Jurisdiccional. 420 y siguientes. Artículo 443
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de
los delitos... Artículo 446 1º En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los
Juzgados y Tribunales y del Ministerio Fiscal. 2º Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una
actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 443 de esta Ley, no podrán ser
removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la origino, si no es
por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente. Real decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial.
Art. 5º Cualquiera que sea el funcionario policial que haya iniciado la investigación habrá de cesar en la misma al comparecer
para hacerse cargo de ella la Autoridad judicial o el Fiscal encargado de las actuaciones, directamente o a través de la
correspondiente Unidad Orgánica de Policía Judicial, a quienes hará entrega de las diligencias practicadas y de los efectos
intervenidos así como de las personas cuya detención se hubiese acordado.
Art. 22. Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su trascendencia o complejidad, requieran la
permanente adscripción de funcionarios o de medios pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la
181

correspondiente Unidad Orgánica, O cuya investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior
al de la Autoridad judicial o fiscal que ordene la investigación el encargo habrá de cursarse por conducto del
Presidente del Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado, del presidente o Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del
Tribunal Superior de Justicia respectivo.
Ley de Enjuiciamiento Criminal: Artículo 1. No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión
incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en
virtud de sentencia dictada por el Juez Competente. Artículo 9. Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer
de una causa determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación
y para la ejecución de sentencias. Artículo 14. Fuera de los casos que expresa y limitativamente atribuyen la Constitución y las
Leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes. 14 Segundo. Para la instrucción de las causas, el Juez de
Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido y el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley
determine. Artículo 15. 1º. El del termino municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales
del delito. Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por orden con que
están expresados en los números que preceden. Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, se
remitirán las diligencias al Juez o al Tribunal a cuya demarcación corresponda, poniendo a su disposición a los detenidos y
efectos ocupados.
Artículo 21. El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias y ningún juez, Tribunal o parte podrá promoverlas
contra él. Cuando algún Juez o Tribunal viniere conociendo en asunto estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste
a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los
antecedentes en el término de segundo día, para en su vista resolver. El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la
misma orden y entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad
fueran manifiestas. Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno.
Código penal 325. Los que imputaren falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito o falta de
los que dan lugar a procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por
razón de su cargo debiera proceder a su averiguación y castigo, serán sancionados: 12 Con las penas de prisión menor y
multa de 100.000 a 500.000 pesetas si se imputare un delito. 22 Con la de arresto mayor y la misma multa, si la imputación
hubiera sido una falta. No se procederá, sin embargo, contra el denunciador o acusador sino en virtud de sentencia firme o
auto, también firme, de sobreseimiento del tribunal que hubiere conocido del delito imputado. Este mandará proceder de oficio
contra el denunciador o acusador, siempre que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir de nuevo el
proceso
De la prevaricación 356. El juez que, a sabiendas, dictare auto injusto incurrirá en la pena de suspensión. De haberse
observado estos artículos no tendría razón que la Sala Segunda en su párrafo tercero de la página 3e hubiera dicho que:
< < El doce de enero de mil novecientos noventa y dos el querella do tomó declaración al hoy querellante, el que ratificó las
declaraciones prestadas ante la Policía y contestó a las preguntas que se le formularon. > >. Joaquín González López,
contestando a la primera pregunta del Juez Moreiras Caballero < < ...se afirmó y ratificó en su declaración prestada ante ayer
ante los inspectores de Policía Judicial, reconociendo como de su puño y ... > >. Lo que elude hacer mención los miembros de
la Sala Segunda es que en la declaración citada, prestada ante los inspectores aludidos, haciendo referencia a lo preceptuado
entre los irrenunciables derechos constitucionales, la igualdad ante la Ley, dije:
< < Que el declarante quiere significar que conoce otras muchísimas personas y empresas que se dedican a la misma
actividad por la que él ha sido detenido, teniendo en su poder éstas igualo más cantidad de ficheros que él, significando que
entre las mismas están las siguientes: CAMERDATA de las Cámaras de Comercio, CODITEL de Telefónica, PUBLlPOST,
PUBLlENVIO, MEYDIS, GARRA, B.D.MAlL,PAQUEBOTT, EUROMAlLlNG, PROCESO DE DATOS A2..... > > Eluden también
en su informe hacer referencia a que inmediatamente después de la pregunta contestada sobre ratificación de declaraciones
esta parte manifestó que: < >.
Posteriormente una pregunta de mi letrado sobre un fichero comprado al Colegio de Huérfanos de Hacienda, hoy
suficientemente documentado con las ofertas presupuestos y facturas de esta Institución que figuran en las Diligencias, con
independencia de que se trataba de hechos acaecidos en 1.985.
182

La pregunta segunda y última del Juez Moreiras Caballero fue: < < Preguntado por S.Sª quien le ha facilitado los medios
económicos para montar sus empresas Publigest así como para adquirir los ordenadores y demás material informático de que
disponía manifiesta que lo tiene todo en alquiler por lo que paga cien mil pesetas al mes. Leída que fue la presente
declaración.... > >. No hacen alusión alguna a esta observación, tanto el Fiscal como los Magistrados componentes de la Sala
Segunda emisores del/los documento/s ahora comentados, en su DESMESURADO y DESPROPORCIONADO afán de
PROTEGER o DEFENDER los intereses del juez Moreiras, ignoran que el querellante con esta intervención trata de reclamar
con total suavidad y sin el menor atisbo de exigencia o falta de respeto ante el juez ahora querella do el irrenunciable derecho
constitucional de igualdad ante la Ley.
Continúa la Sala Segunda del T.S. en su Auto desestimativo de la querella presentada contra el Juez Miguel Moreiras
Caballero, en el párrafo 32 de la página tres diciendo: < < Terminada la declaración, el mismo día doce de enero de mil
novecientos noventa y dos, dicto auto de prisión provisional comunicada, sin fianza, presentando como antecedentes
de hecho la instrucción de Diligencias por delitos de cohecho, revelación de Secretos y uso de nombre supuesto. > >.
Deberemos recordar en primer lugar lo que dice el artículo 238. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El incumplimiento de
este artículo perfectamente conocido por el Juez querella do indica con absoluta claridad que ASUMIÓ LA COMPETENCIA
EXCLUSIVAMENTE PARA COMETER DELITO. (A "sabiendas' ). Posteriormente y en un estudio más detenido podremos
observar que, los miembros componentes de esta Sala Segunda, que emiten el Auto de desestimación de la querella de 13 de
julio, falsean PREMEDITADAMENTE la realidad al indicamos que el juez, ahora querella do, dictó Auto de prisión provisional
comunicada, sin fianza, presentando como antecedentes de hecho la instrucción de Diligencias por los delitos de cohecho,
revelación de secretos y uso de nombre supuesto. En el supuesto, no probado ni suficientemente argumentado de existir un
delito de cohecho, deberíamos atenemos al citado artículo que como recordaremos dice: Sobre el cohecho. 385. - El
funcionario público que solicitare o recibiere por si o por persona intermedia, dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento o
promesa por ejecutar un acto relativo al ejercicio de su cargo que constituya delito. será castigado con las penas de prisión
menor y multa del tanto al triple del valor de la dádiva, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de
la dádiva o promesa. 386.- El funcionario público que solicitare o recibiere, por sí o por persona intermedia, dádiva o presente ,
o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo, que no constituya delito. y que
lo ejecutare, incurrirá en la pena de prisión menor y multa del tanto al triplo del valor de la dádiva; si el acto injusto no llegara a
ejecutarse, se impondrán las penas de arresto mayor y multa del tanto al duplo del valor de lá dádiva. 387.- Cuando la dádiva
solicitada, recibida o prometida tuviere por objeto abstenerse el funcionario público de un acto que debiera practicar en el
ejercicio de su cargo, las penas serán las de arresto mayor y multa del tanto al triplo del valor de aquélla. .
388.- Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá aplicación a los jurados, árbitros, arbitra dores, peritos, hombres buenos
o cualesquiera personas que desempeñaren una función pública. 389.- Las personas responsa les criminalmente de los delitos
comprendidos en los artículos anteriores incurrirán, además de en las penas en ellos señaladas, en las de inhabilitación
especial. 390.- EI funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o
para la consecución de un acto no prohibido legalmente, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de del tanto al
triplo del valor de la dádiva o regalo, sin que pueda ser inferior a 100.000 pesetas.
391.- Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a los funcionarios
públicos, o aceptaren sus solicitudes serán castigados con las mismas penas que éstos menos la inhabilitación > >. Con
independencia de que no existió ni el más mínimo acto que pudieran relacionar las conversaciones telefónicas con dos
personas con las que me unía una relación diferente a la meramente puntual que se precisaría para poder siquiera pensarse
en indicios del delito de cohecho, tan GRATUITAMENTE adjudicado, con independencia de que yo no soy ni he sido nunca
funcionario público. lo que parece ser condición sine-cuanon para cometer este tipo de delitos de los que tan gratuitamente fui
acusado, observaremos que para acogerse al arto, 385 es preciso que el acto a realizar constituya delito y recordemos que ni
antes de aprobarse la LORTAD fue delito, ni es delito una vez aprobada la LORTAD la cesión de ficheros informatizados.
En cuanto al 386 precisa que el acto a realizar sea injusto aun cuando no constituya delito, y no encontramos razón alguna
para que me pudiera ser adjudicado. El 387 habla de que sería preciso para incurrir en este delito, que el funcionario público
cuestionado se abstuviese de practicar un acto en el ejercicio de su cargo. Tampoco este recurrente ante el Ministro de Justicia
se reconoce jurado, árbitro, perito, hombre bueno (aunque sí buen hombre) o cuales quiera persona que desempeñe una
función pública como señala el arto 388. Tampoco parece acertado pensar en el 391 si no existe probado ninguno de los
anteriores.
En cuanto al supuesto delito de revelación de secretos por el que fui acusado y encarcelado observemos que parece ser
preciso que para poder cometer este tipo de delito era preceptivo en principio que yo fuera funcionario público o autoridad, y
desde luego que los DATOS REVELADOS FUERAN SECRETOS; algo muy lejos de la realidad. Recordemos por la relación
de ficheros denunciados el 11 de julio del 91 y por la referencia que hace a este apartado el auto de archivo de las Diligencias
183

de 1 de septiembre confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid que decía: < < En definitiva lo que ha de quedar claro es
que los datos con los que operan estas personas y empresas no son secretos, en el sentido de que afectan a la esfera íntima
de la persona, por el contrario, parece dudoso que hechos o actos de aquella índole figuren inscritos en registros públicos, e
incluso en ocasiones expuestos para el conocimiento general (vgr. las listas electorales que se exponen en los colegios
electorales cuando se celebran elecciones) > >.
Observemos los artículos comentados. < < 367. El funcionario público o autoridad que revelare los secretos o cualquier
información de que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados será castigado con las
penas de suspensión y multa de 100.000 a 200.000 pesetas. Si de la revelación de secretos a que se refiere el párrafo anterior
resultase grave daño para la causa pública o para terceros, las penas serán de prisión menor e inhabilitación especial. Si se
tratase de secretos de un particular, las penas serán de arresto mayor, suspensión y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.
368.- El funcionario público o autoridad que, haciendo uso de un secreto de que tenga conocimiento por razón de su oficio o
cargo, o de una información privilegiada, obtuviere un beneficio económico para sí o para tercero, será castigado con las penas
de inhabilitación especial y multa por el importe del valor del beneficio obtenido o facilitado. Si resultare grave daño para la
causa pública o para tercero, las penas serán las de prisión menor e inhabilitación especial. > >
Tampoco demuestra esta Sala tener un conocimiento, al menos superficial de las Diligencias, o deliberadamente trata de
sumimos en confusionismo al argumentar que: < >.
Conocen los componentes de esta Sala Segunda como conocía el Fiscal informante de la existencia del documento de 13 de
enero, justo el día después de mí ingreso en prisión, que a continuación transcribo y que obra en las diligencias consultadas.
Solo la intención de fallar injustamente y “A SABIENDAS” en favor de su compañero o de un EXAGERADO
PROTECCIONISMO CORPORATIVO pueden justificar la argumentación expuesta por los miembros de esta Sala.
Precisamente la Sala de más prestigio de toda España.
Recordemos que Moreiras abrió las Diligencias el 31 de octubre informando al fiscal que lo hacía por un DELITO
MONETARIO. Según consta en los documentos que componen las Diligencias comentadas, el Fiscal de la Audiencia Nacional,
tuvo que personarse el 13 de enero y comparecer mediante escrito diciéndole al Magistrado-Juez Miguel Moreiras Caballero,
que: < < Comparece en las presentes Diligencias y a la vista de lo actuado, procede: A) Que los presuntos hechos
denunciados no son susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los
Juzgados Centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional, según establecen los artículos 65 y 88 de la L.O. del Poder
Judicial, por lo que no es procedente que siga conociendo de la presente Causa el Juzgado Central núm. 3, debiendo remitirse
lo actuado al Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles, que primero comenzó a conocer de los hechos en donde
iniciariamente tuvieron lugar, al amparo del artículo 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. B) En atención a lo
expuesto y de la dificultad, en principio, de los hechos denunciados, el Fiscal entiende que procede acordar la libertad de los
denunciados, por este Juzgado. > >.
Por tanto ninguna otra cosa puede achacársele al Juez Moreiras sino una TEMERIDAD MANIFIESTA al desoír al Fiscal en
cuanto al apartado B), ya que nos mantuvo una libertad bajo fianza y una obligación apud-acta a pesar de sabemos inocentes.
Preguntaría gustoso a los miembros de la Sala Segunda que firman este Auto que si consideran que Moreiras estaba, tal y
como indican, perfectamente capacitado y suficientemente protegido por la ley para asumir la competencia y para la instrucción
de la causa, ¿porqué se inhibió, a requerimiento del Fiscal? Recordemos el documento de fecha 12 de diciembre, luego
retocado con fecha 12 de enero, remitido por el juez Moreiras al Director General de la Policía que le indicaba que los
resultados de la investigación de las cintas magnéticas que le pedía trasladaran a las instalaciones de el Escorial se le facilitara
mensualmente.

En cuanto al párrafo siguiente al comentado lo acusan en sus Antecedentes de hecho sin querer darse por enterados de la
velada intención que se expuso al redactar el documento, de que se conocería el objeto de la coincidencia de la detención y el
inusitado interés de los medios de comunicación por un asunto tan banal, así como la publicidad obtenida por el Sr. Martín
Pallín, la CU a través de la rueda de prensa especialmente preparada para este acto, donde se ignoró PREVARICADAMENTE
del contenido del arto 520 de la L. de E.C.
Continúan los antecedentes de hecho hasta el señalado CUARTO donde la Sala dice: < >
Esta parte estima que, si estudiamos todos los documentos emitidos por la Dirección General de la Policía, observaremos que:
1º.- La comparecencia o denuncia, 11-7-91, se efectuó ante los dos Inspectores Jefes núm. 15.279 y 16.809, afectos ambos al
Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. 2º.- 31-7-91. La primera petición de
intervenciones telefónicas de 31-7-91 la Firma P.O. EL COMISARIO JEFE del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid.
3º.- 30-8-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones telefónicas en los locales de Móstoles dirigida al Juzgado núm.
2 de Móstoles la Firma EL COMISARIO JEFE D. Mariano Casado Fernández, del Servicio Central de Policía Judicial de
Madrid. 4º.- 30-8-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones telefónicas en nuestro domicilio privado de las Rozas,
dirigida al Juzgado núm. 2 de Majadahonda la Firma EL COMISARIO JEFE D. Mariano Casado Fernández, del Servicio
Central de Policía Judicial de Madrid.
5º. - 9-9-91 El escrito solicitando datos de los titulares de 9 de Septiembre lo firma EL COMISARIO JEFE D. Mariano Casado
Fernández del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. 6º.- 30-9-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones
telefónicas en los locales de Móstoles dirigida al Juzgado núm. 2 de Móstoles la Firma EL COMISARIO JEFE D. Marceliano
Gutiérrez Rodríguez, del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. PRECISAMENTE EL MISMO Comisario Jefe de la
Policía Judicial de Madrid, QUE LUEGO EL 30-10-91 FIRMA EL ESCRITO QUE TANTO EL FISCAL COMO LOS
MAGISTRADOS ACTUANTES EN LA SALA SEGUNDA pretenden hacemos ver como mera repetición de la comparecencia de
11 de julio. Efectivamente, si bien queda suficientemente demostrado que siempre actúo el Servicio Central de la Policía
Judicial de Madrid, y en fecha 11 de Julio lo hizo desde la Comisaría de Policía de Móstoles quiere esto decir que,
efectivamente los funcionarios policiales se desplazaron directamente a la citada Comisaría "exclusivamente" para asistir a
esta comparecencia (lo que probaría que estaba programada) o por el contrario estos funcionarios policiales realizaron la
comparecencia en cualquier otro lugar y solicitaron de la Comisaría de Móstoles número para referenciar esta denuncia o
comparecencia, lo que también demostraría que la denuncia fue especialmente preparada y demostrar un "exceso de celo".
De otra parte deberá considerarse que, el Servicio Central de Policía Judicial recurrió a un juez "menos escrupuloso" que el
que legalmente le correspondía entender, y ambos, juez y policías (actuantes), se asociaron para delinquir en su intento de
satisfacer las necesidades de terceros. 7º. - 30-9-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones telefónicas en nuestro
domicilio privado de las Rozas, dirigida al Juzgado núm. 2 de Majadahonda la Firma EL COMISARIO JEFE D. Marceliano
Gutiérrez Rodríguez, del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. También el mismo que luego firma el informe "oferta de
actuaciones" dirigido al Juez Moreiras Caballero. 8º.- 29-10-91 Escrito, dirigido al Juez de Majadahonda, solicitando prórroga
de intervenciones telefónicas, en los teléfonos de nuestro domicilio particular de Las Rozas firmado por EL COMISARIO JEFE
D. Javier Fernández Muñoz del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid. 9º. - Oficio de la misma fecha motivo y
firmante que el anterior dirigido al Juez de Móstoles par los del domicilio social de Publigest.
10.- El, extraño y difícilmente confesable, escrito de referencia de 30-10-91 firmado por EL "TAMBIÉN" COMISARIO JEFE del
Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid, precisamente D. Marceliano Gutiérrez Rodríguez, EXACTAMENTE la MISMA
PERSONA que solo un mes antes firmaba dos documentos de ESTAS MISMAS ACTUACIONES comenzadas y autorizadas
tras "MUCHA" insistencia cerca del titular de Móstoles. Es de destacar que en este documento no se hace relación alguna a
que se hubieran abierto diligencias anteriores, ni la referencia de las mismas. Se dice que los Juzgados de Instrucción núm. 2
de Majadahonda y núm. 2 de Móstoles dice únicamente "que se solicitaron" y que resultaron intervenidos ocho teléfonos
(cuatro en mí casa, dos en Móstoles, ¿quién y porqué motivo intervino los otros dos teléfonos? ¿Con que respaldo LEGAL se
apoyan los Magistrados firmantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para decir en su Auto de 13 de julio, como dice,
que: < < .., no pudiendo considerarse anormal que el Juzgado Central acordara la incoación de Diligencias Previas. > >
185

Dice este mismo documento, en el párrafo segundo de la página 7 que: < >.
Estamos de acuerdo en que no se utilizó fuerza física para que al Juez de Móstoles le "arrebataran la competencia", la
competencia, al Juez de Móstoles le fue "arrebatada" con gran cantidad de astucia y artimañas propias de personas que
pudieran ser expertas en transgredir la ley. De otra parte considero que no podrá suponer indefensión si el honrado Juez de
Móstoles no decidió "iniciar otro pleito" para mantener su competencia. Ni se sabrá nunca si ya Martín Pallín tendría preparada
esta posibilidad como estar preparado en esta ocasión para proteger a Moreiras.
Consideran los Magistrados firmantes de este Auto de desestimación de la querella presentada por esta parte, una vez que fue
admitida la querella por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no pueden considerarse generadores de
responsabilidades penales unos autos, por que estos autos estaban pre-impresos.
Esta parte tendría que comprender estas afirmaciones, si estos Magistrados actuaran en defensa de un corporativismo
extremo. Pero al tratarse de decidir si existen o no razones suficientes para que las actuaciones del Magistrado-Juez Miguel
Moreiras Caballero sean juzgadas, sin dar por supuesto fallo acusatorio alguno, a esta parte no puede sino acusar de
prevaricadoras estas afirmaciones. Observemos en primer lugar los tipos de letra- que difieren de los tipos de imprenta como
cualquier perito podrá observar. Comprendamos que no fueron dos los domicilios donde se cometieron estos supuestos
abusos/delitos, sino varios ya que se trataba de disfrazar la acción como de una "red" de tráfico de datos, y fueron varios los
documentos por lo que no es de extrañar que se estandarice el trabajo, máximo si se trata de un juez que como demostró
Moreiras en esta ocasión no tenga grandes escrúpulos para meter en la cárcel a cualquiera existan o no motivos suficientes.
De otra parte si no hubieran tenido tanto interés los Srs. Magistrados en defender a ultranza al Juez Moreiras, podrían haber
observado que el citado juez en algunos casos eludió exponer la motivación de sus actos o bien con todo descaro
argumentaba supuestos DELITOS MONETARIOS, o teóricas infracciones a la ley de Control de Cambios. Por lo tanto los
Autos de entrada y registro no hacen sino continuar como empezó mintiendo y conociendo que por ley le estaba vedado
conocer de estos hechos, observemos, primero recibe el oficio, después: 1º Emite una PROVIDENCIA, el 31-10-91, para abrir
las Diligencias, 262/91 refiriéndose al acta informe policial pero no dice o elude decir los motivos por los que abre estas
Diligencias 2º Informa al Ministerio Fiscal que se da comienzo a las Diligencias Previas 262/91 por DELITO MONETARIO. 31-
10-91. 3º Comunica mediante oficio al Servicio Central de Policía Judicial haber incoado Diligencias Previas Registradas con el
núm. 262/91. 4º Emite auto autorizando las intervenciones telefónicas en cuatro domicilios Particulares, en averiguación de un
DELITO MONETARIO.
5º El 4-11-91 emite el "chanchullero" Auto inhibíente sin que antes de emitirlo nadie le haya comunicado LEGALMENTE cual
son los tipos de Diligencias abiertas y el número o referencia de las mismas. En esta ocasión no dice nada sobre el delito y en
vez de comunicar que SE TRATA DEL MISMO DELITO se disfraza con delitos conexos. 6º El mismo día 4-11-91 emite oficio,
inhibiente, al Juzgado 2 de Móstoles diciéndole que las diligencias se siguen por los mismos hechos. 7º Lo mismo y la misma
fecha para Majadahonda. 8º El 13-11-91 Emite nuevo Auto autorizando intervenciones telefónicas amparándose en los
Fundamentos Jurídicos (como en el caso anterior) en averiguación de un DELITO MONETARIO.
No se incluyen aquí los autos que pudieran haberse emitido para otras personas o empresas de esa supuesta "RED", lo que si
parece cierto es que el Juez Moreiras Caballero "SABIA PERFECTAMENTE"que solamente podría actuar como Juez de
Instrucción del Juzgado Central núm. Tres, como juez de delitos económicos. Cualquier otro intento de prestar a este querella
do colaboración o ayuda deberá ser convenientemente mal-interpretado.
El párrafo 4 de la citada página siete dice: < >. Reconocen los Srs. Magistrados que los autos de prisión adolecen de pobreza en su
fundamentación; efectivamente aquí si quitamos el texto pre-impreso no tiene otro fundamento jurídico que el nombre del
encarcelado. Como carecía no solo de fundamento sino de motivo o justificación para este encarcelamiento. Cuando el Juez
querella do decidió hacerse cargo de las Diligencias sabia PERFECTAMENTE lo compromisos que adquiría, son los
Magistrados miembros de esa Sala Segunda los que tratan de EVITAR que se sepa al juzgar a Moreiras.
Sres. Magistrados cuando se tiene dinero para "manejar" a un Juez como pudiera haber sucedido en este caso, que se puede
argumentar contra unos abogados, quienes quizá, por el mismo vil metal no hubiera interpuestos los recursos por ustedes
aludidos. Adjunto al Excmo. Sr. Ministro de Justicia documentación de haber reclamado ante el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid contra los encargados de mi defensa. Es de lamentar que incluso un Catedrático de Derecho Penal pudiera haber
actuado de forma tan irregular. Comienzan diciendo en su último párrafo de la página 7 los Srs. Magistrados que el Artículo
186

503.2º permite decretar la prisión provisional. No nos dicen por el contrario estos Magistrados que el 503 y 503.1º nos dicen
que: < < Para decretar la prisión provisional serán necesarias las causas siguientes. 1º.- Que conste en la causa la existencia
de un hecho que presente las características de delito. ¿-? 2º.- Que éste tenga señalada pena superior a la prisión menor, o
bien. .. > >. Sres Magistrados informantes en este documento, ustedes han estudiado con todo detenimiento, como es su
obligación y su deber. todos los documentos que componen las Diligencias, y que, tienen que estudiar para estimar si a el Juez
Moreiras debe o no, admitir una querella, sin que por esto nadie pretenda emitir un juicio precipitado. Por la misma razón sus
Señorías no deben declarar inocente o lo que es casi lo mismo, tratar de justificar que el auto de prisión fue motivado por la
"ALARMA SOCIAL". Un estudio menos interesado en defender tan claramente a su compañero les hubiera permitido observar
que, fue precisamente el Juez Moreiras Caballero quien participó más directamente en conseguir esta alarma social como
nos prueba el que facilitara información en "primicia" a ABC, el documento de fecha 12 de enero, dirigido al Director General
de la Policía donde se dice que: < < en Diligencias Previas 262/91 seguidas contra Carlos Alvarez Obregón y otros, > >.
Decía ABC: < < donde Carlos Aa. era capaz de conocieron la existencia de un individuo que ofrecía en venta bases de datos a
empresas, identificado como Carlos Aa., se supo que... > >. Tanta garantía le mereció a ABC la fuente de la información que
no dudó en concederle sitio en primera plana, y media página en el interior. Esta "primicia informativa" sobre la "Red" de
Tráfico de Datos fue aprovechada por los cómplices de Moreiras Caballero para insistir demandando con ansiedad noticias a
los diferentes medios de comunicación. Estos medios de comunicación tuvieron 'incluso una rueda de prensa, especialmente
preparada, en las dependencias del Servicio Central de la Policía Judicial, donde fueron expuestas las mil quinientas cintas de
ordenador y se REGALO a televisión imágenes tomadas el día anterior en las instalaciones de Móstoles sin que en las
Diligencias conste quién, cómo y porqué se tomaron estas imágenes. Por tanto deben descartar la expresión alarma social
para definirlo "SHOW".
No estima el Ministerio Fiscal el delito de prevaricación pretendido en la querella (termina así, en los antecedentes de hecho, el
informe del Ministerio Fiscal). Este ministerio Fiscal estima que la prevaricación que señala el 356 del Código Penal exige que
la resolución sea injusta y a sabiendas, y no le parece a este Ministerio Fiscal que deban ser considerados los autos como
injustos, aun cuando añade de que puedan ser discutibles. No pretende esta parte discutir con el Ministerio Fiscal sobre lo que
pueda parecer justo o injusto a sus ojos, lo que si pretendo dejar claro es que la ley debe ser respetada por todos, o lo que es
igual que todos somos iguales ante la ley. Esta parte considera que ese Ministerio Fiscal al informar, y luego los Magistrados al
acordar tratan de diferenciar la ley o de diferenciamos ante la ley.
El exceso de proteccionismo corporativo parece haber ofuscado la mente y enturbiado la vista del representante del Ministerio
Fiscal actuante. Por lo mismo este querellante ya puso en conocimiento del Fiscal General del estado, que denunciaba la
actuación del citado Fiscal y solicitaba fuera abierto un expediente aclaratorio de los hechos que pudieran haber inducido a
este Fiscal a actuar de forma tan irregular.
Deberemos de considerar que el Ministerio Fiscal se definió de forma diferente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya
este Ministerio no pueden ni deben pedir sino una observancia perfecta de la Justicia, nunca un proteccionismo a la injusticia.
En sus Razonamientos Jurídicos párrafo segundo página 9, dice la Sala: < < Pero ello no es así. A los folios trece a quince
consta la remisión por el inspector Jefe de la Comisaría de Policía de Móstoles al Juez de Guardia de dicha localidad un
atestado , conteniendo entre otros extremos, la comparecencia del director de LEISA> >.
Recuerda nuevamente esta parte que los documentos trece a quince consta la remisión, no por el Inspector Jefe de la
Comisaría de Mostoles, sino por los INSPECTORES JEFES afectos al GRUPO DE DELINCUENCIA ECONÓMICA DEL
SERVICIO CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL DE MADRID núm. 15.279 y 16.809, que actúan como instructor y secretario.
Pretende esta parte significar que no debe ser suficiente realizar una falseada o disfrazada exposición de los Antecedentes de
Hecho para, una vez preparado el camino, poder llegar con facilidad a unos Razonamientos Jurídicos que puedan dar paso a
desestimatoria partidista o prevaricadora. Nuestro Ordenamiento Jurídico prevé, que los fallos del Tribunal Supremo
sienten JURISPRUDENCIA, parece pues la misión de estos Magistrados más de divinos que de humanos. Dejen pues,
señores Magistrados, los errores a los humanos y si estos, en su libertad, han cometido delito júzguenlos pero no los
defiendan. No empañen tan sagrada labor por tratar de alterar los Antecedentes de Hecho.
En su momento procesal oportuno, y una vez abiertas las Diligencias Previas, se tratará de "conocer' quién, y por qué manejó
a determinados miembros del Servicio Central de la Policía Judicial, que depende funcionalmente del Ministerio de Justicia, y
quién indujo a colaborar al Magistrado-Juez D. Miguel Moreiras Caballero. Tratar de proteger a estas personas, incluso aunque
fueran compañeros en la Sala deberá considerarse delictivo. Volviendo a nuestros Antecedentes, ha de quedar probado, por
que así figura escrito en el documento de la denuncia, que fue el Servicio Central de la Policía Judicial el único que tuvo
relación con estas actuaciones, primero ante el Juzgado de Móstoles y luego, al faltarles argumentos legales optaron por
"asociaciones" ilegales, ante el Central nº3. Si los Inspectores Jefes 15.279 y 16.809, utilizaron impresos de la Comisaría de
Móstoles, y además, referenciaron la denuncia con la numeración de Móstoles, ésta circunstancia debe de ser objeto de
187

investigación por si estos hechos fueran demostrativos de que determinado Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, muy interesado en la LORTAD, hubiera tenido relación DIRECTA con los hechos contra mí acontecidos.
En cuanto a los folios dieciséis y diecisiete de los que consta el informe emitido por UNO DE LOS COMISARIOS JEFES del
Servicio Central de Policía Judicial que con anterioridad ya habían firmado oficios solicitando prórrogas para las autorizaciones
de intervenciones telefónicas en el domicilio social de Móstoles y el privado de las Rozas, concretamente D. Marceliano
Gutiérrez Rodriguez, el mismo COMISARIO JEFE que firma el treinta de septiembre (justo un mes antes) dos oficios
solicitando la RENOVACIÓN de autorizaciones para inteNenciones telefónicas, no deben ni pueden en ningún momento
considerarse dos actuaciones diferentes, sino, exclusivamente una por que así está documentalmente probado. < < El Grupo
de Fraudes de la Sección de Delincuencia Económico Financiera del SeNicio Central de Policía Judicial realizó, según su
cometido,.... > >.
Por favor Señorías, sin desvaríos; mal está, que determinado Magistrado esté o estuviera utilizando al Grupo de Fraudes para
promocionar su propia "Comisión", pero de eso, a decir que estos funcionarios policiales, especialmente preparados en el
"Centro de Estudios Judiciales" donde ese otro Magistrado, anteriormente aludido, colabora o colaboró en su formación,
tuvieran como cometido destruir empleo persiguiendo a honrados industriales, hay un maxi-espacio.
Los funcionarios del "Grupo de Fraudes" que comenzaron estas actuaciones en Móstoles, PIDIENDO con mucha urgencia la
intervención de los soportes magnéticos que pudieran encontrar en mis domicilios (social y privado) porque solo 13 días
después se presentaba en el Congreso de los Diputados el proyecto de la LORTAD, permanecieron durante tres meses
persiguiéndome por media España para tratar de encontrar un argumento que fuera capaz de convencer al único Juez que
LEGALMENTE podía entender del caso de lo ilegal de las actividades de Publigest. Cuando, encontrando que no existía delito,
ni delincuente, decidieron FABRICAR uno y otro con la colaboración de un Juez lo suficientemente CORRUPTO como para
que, USURPANDO unas funciones que por Ley le estaban especialmente vedadas emitir numerosos Autos
PREVARICADORES al amparo, quizá, de la impunidad que podría proporcionarle su cómplice en la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de la que parece estar dando muestras palpables.
Dicen S,Ss. que: < < El informe concluye destacando que si las investigaciones en un principio se centraron en Madrid y
localidades próximas como Mostoles y Majadahonda, se hacía preciso su extensión a otras localidades como Barcelona,
Cuenca y Sevilla, y se indicaba que los hechos podían ser "competencia de la Audiencia Nacional, debido a que están
extendidos en todo el territorio del Estado Español, con objeto de que la instrucción la dirija ese Juzgado nº 3 de los de la
Audiencia Nacional", solicitando continuar con escuchas e intervenciones telefónicas. > >.
Con independencia de que el arto 22 del R.D de regulación de la Policía Judicial ya prevé esta necesidad y regula que a través
del T.S.J., de la Audiencia Nacional, del Fiscal General del Estado o del Tribunal Supremo pueden concederse autorizaciones
para aumentar geográficamente las actuaciones policiales. Ya conocían "perfectamente" los componentes del Grupo de
Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial, desde el mismo momento de la denuncia que las actividades
de Publigest se desenvolvían a escala nacional.
Recordemos la misma comparecencia o denuncia: < < ...., recuerda el compareciente que se realizaron trabajos para CAJA
MADRID, CAJA DE SORIA, CAJA DE GALICIA, CAJA DE VALENCIA, etc., todos ellos eran cerrados por parte de Joaquín
González por teléfono, con una intermediaria que, al parecer trabaja o vive en Valencia, de la que desconoce cualquier dato de
filiación ... ... , trajo a las oficinas nuevos ficheros que a continuación se relacionan: CENSO ELECTORAL, este fichero llegó de
Barcelona vía Seur, procedente de la empresa Publienvio, situada en Esplugas del L1obregat, empresa con la que Joaquín
González mantenía frecuentes relaciones comerciales. > > .
Si estos "fieles" defensores del orden hubieran perseguido "realmente" un delito, conocían, por la propia denuncia que el
suministrador era Publienvío de Esplugas del Llobregat y hubieran dirigido hacia allí las actuaciones policiales. Sí por el
contrario lo que perseguían era colaborar con algún Magistrado para promocionar una Comisión hubieran continuado
insistiendo cerca del Juez de Móstoles hasta conseguir que este colaborara y les proporcionara la cabeza de turco deseada.
Se conoce perfectamente que Publienvío, de Esplugas del L10bregat es filial de una multinacional alemana difícil de "manejar"
y se supone que Publigest era una pequeña empresa formada por una familia en la que el Administrador estaba gravemente
enfermo, que serviría para utilizarlo para cabeza de turco y si moría, ya reclamaría su familia y le indemnizaría la
Administración (pensamiento lamentablemente común a muchos funcionarios españoles).
Estas relaciones inter-provinciales < < ....extendidas en todo el territorio del Estado Español, .. > > eran perfectamente
conocidas por el Grupo de Fraudes de la Sección Económico-Financiera del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid,
desde el 11 de julio de 1.991 en que tomaron la denuncia en la Comisaría de Mostoles, hasta que el informe del Fiscal de la
Audiencia Nacional cortó esta delictiva actuación policial-judicial.
188

En cuanto a su párrafo último de la página 10 que dice: < < Por tanto, el informe de treinta de octubre de mil novecientos
noventa y uno, remitido al Juzgado Central nº 3 no puede considerarse una mera repetición de la denuncia de once de julio de
dicho año al Juzgado de Móstoles, pues está suscrita por el Inspector Jefe de la Comisaría de dicha localidad, ... ...., mientras
que la dirigida al Juzgado Central aparece suscrita por el Comisario Jefe del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid> >.
Las actuaciones policiales comenzadas por los dos miembros, anteriormente descritos, del Grupo de Fraudes de la Sección de
Delincuencia Económico Financiera del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid, no cesaron en las investigaciones al
hacerse cargo la Autoridad judicial, como determina o señala el artículo cinco del R.O. de Regulación de la Policía Judicial.
Muy por el contrario, demostrando lo que podríamos llamar "exceso de celo", insisten durante veinte días cerca del juez que
LEGALMENTE entiende del hecho denunciado, hasta conseguir, mediante alarmismos innecesarios, que este honrado juez
abra unas Diligencias Indeterminadas y les autorice algunas intervenciones telefónicas.
Después estos mismos funcionarios policiales que, como nos demuestra el Comisario Jefe que firma el oficio de treinta de
octubre es el mismo Comisario Jefe, D. Marceliano Gutiérrez Rodriguez, el mismo que exactamente un mes antes, firma dos
solicitudes de autorizaciones para prorrogar las intervenciones telefónicas autorizadas, iniciariamente,' el treinta y uno de julio
a solicitud del oficio firmado por El Comisario Jefe del Grupo de Fraudes del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid,
transcurridos tres meses estos MISMOS funcionarios policiales -y no otros directamente, o a través de terceros, dirigen este
extraño e innecesario escrito, carente de cualquier apoyo legal, a un Juez al que "conocen" más tolerante, menos honrado y
puntilloso por los motivos que se deberían investigar, consiguen un falso respaldo judicial. Falso respaldo judicial porque si
bien se trata de un juez. éste está falto de Jurisdicción y de Competencia, cosa que ambos conocen (policías y jueces).
Para subsanar esta dificultad el querellado Moreiras engaña al Ministerio Fiscal diciéndole que abre las Diligencias por un
DELITO MONETARIO Y los funcionarios policiales actuantes engañan a los medios de comunicación) diciéndoles que la
denuncia la presentó el tal Manuel de segundo nombre Argimiro, para ocultar la falta de jurisdicción y de competencia del Juez
Moreiras Caballero, y para ocultar el escándalo que hubiera supuesto de conocerse que el juez Moreiras para poder encarcelar
había tenido que inhibir a un juez en Móstoles. Reconozcamos que los miembros de esta Sala están dispuestos a negar que el
Juez de Móstoles aplicara el 313 por ellos argumentado, a los hechos denunciados, y que a pesar de eso con la colaboración
de Moreiras consiguieran verme encarcelado.
El que no me fallara el corazón -como supongo que estaba previsto- con estas fuertes emociones, forzó al Juez Moreiras a
encarcelarme por varios meses, recordemos el escrito de 12 de enero al Director General de la Policía. Posteriormente, y en el
supuesto que no resultaran sobornables los abogados defensores, sería declarado el secreto de las investigaciones hasta que
me pudiera fallar el corazón o tener un "accidente" dentro incluso de la cárcel. La "imprevista" y oportuna actuación del fiscal
de la Audiencia Nacional que compareció mediante el escrito de trece de enero de 1992 dió al traste con esta actuación que
ahora los compañeros del Magistrado José Antonio Martín Pallín tratan de silenciar.
Por lo tanto el informe de treinta de octubre queda probado que fue una continuación de las actuaciones policiales iniciadas por
el mismo Grupo de Fraudes el once de julio, y que el JUEZ de Instrucción querella do acordara la incoación de Diligencias
Previas, deberá ser considerado, como contrario a lo dispuesto en los artículos y leyes que a continuación se reproducen:
Constitución Española 1978
Artículo 24. 1º Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión. 2ºAsimismo, todos tienen derecho al
Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado a ser informados de la acusación formulada
contra ellos, a un proceso publico sin dilaciones indebidas, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa .....
Artículo 55.2º Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria
intervención, judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 178, apartado 2, y 18,
apartados 2 y tres pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes
a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades en dicha ley
orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leves.
Artículo 117.1º La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados, integrantes del
Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. 3º El ejercicio de la
potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas
establezcan. 4º Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que
expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho.
189

Artículo 126. La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Ley Orgánica del Poder Judicial Art. 1º La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces
y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes inamovibles responsables y sometidos únicamente a la
Constitución y al imperio de la Ley. Art.2º.1º El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. y en los tratados internacionales.
2º Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior. las de Registro Civil y las
demás que expresamente les sean atribuidas por la Leven garantía de cualquier derecho.
Art. 5º.1º La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. y vinculan a todos los Jueces y Tribunales quienes
interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
Art. 72.1 Los derechos v libertades reconocidos en el capítulo segundo del título 12 de la Constitución vinculan en su
integridad. a todos los Jueces v Tribunales y están Garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
3º. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en
ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las
corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.
Artículo 9.1º Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida
por esta u otra ley. 3º Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causa y juicios criminales, con
excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. 6º La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales
apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio fiscal. En
todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Artículo 11 1º En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas,
directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. 2º Los Juzgados y Tribunales rechazarán
fundadamente las peticiones, incidentes v excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de
ley o procesal.
Artículo 12.1º En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los
órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. 2º No podrán los Jueces o Tribunales corregir la aplicación o interpretación
del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de
los recursos que las leyes establezcan. Artículo 16.1º Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y
en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley. 2º Se prohíben los
Tribunales de Honor en la administración de justicia.
Artículo 53 El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano Jurisdiccional superior en todos los órdenes,
SALVO LO DISPUESTO EN MATERIA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún
otro podrá tener el título de Supremo. Artículo 57.1º La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 3º De la instrucción y
enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. Artículo 65.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 1º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a
los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: b). Falsificación de moneda, delitos monetarios y
relativos al control de cambios. e). Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o
puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una
generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. 6º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Artículo 73 3º La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Penal. b). La instrucción y
el fallo de las causas penales contra Jueces Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el
ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. Artículo
87.1º Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal: De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento
corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo penal. 2º Corresponde también a los juzgados de instrucción
la autorización en resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares de acceso
dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
Artículo 88. En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España,
que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los
Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de extradición pasiva en los términos previstos en la Ley.
190

Artículo 238 Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º Cuando se produzcan con
manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional 3º. Cuando se prescinda total y absolutamente de las
normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y
defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.
Artículo 417 Se consideraran faltas muy graves. 2º La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la
aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano Jurisdiccional. 420 Y siguientes. Artículo 443
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de
los delitos... Artículo 446 1º En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los
Juzgados y Tribunales y del Ministerio Fiscal. 2º Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una
actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 443 de esta Ley, no podrán ser
removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la origino, si no es
por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente.
Real decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial. Art. 5º Cualquiera que sea el funcionario policial que haya
iniciado la investigación habrá de cesar en la misma al comparecer para hacerse cargo de ella la Autoridad judicial o el Fiscal
encargado de las actuaciones, directamente o a través de la correspondiente Unidad Orgánica de Policía Judicial, a quienes
hará entrega de las diligencias practicadas y de los efectos intervenidos así como de las personas cuya detención se hubiese
acordado.
Art. 22. Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su trascendencia o complejidad, requieran la
permanente adscripción de funcionarios o de medios pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la
correspondiente Unidad Orgánica, O cuya investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior
al de la Autoridad judicial o fiscal que ordene la investigación el encargo habrá de cursarse por conducto del Presidente del
Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado, del presidente o Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal
Superior de Justicia respectivo.
Ley de Enjuiciamiento Criminal: Artículo 1. No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión
incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en
virtud de sentencia dictada por el Juez Competente. Artículo 9. Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer
de una causa determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación
y para la ejecución de sentencias.
Artículo 14. Fuera de los casos que expresa y limitativamente atribuyen la Constitución y las Leyes a Jueces y Tribunales
determinados, serán competentes. 14 Segundo. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el
delito se hubiere cometido v el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine.
Artículo 15.1º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por orden con que están
expresados en los números que preceden. Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, se remitirán
las diligencias al Juez o al Tribunal a cuya demarcación corresponda, poniendo a su disposición a los detenidos y efectos
ocupados.
Artículo 21. El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias y ningún juez, Tribunal o parte podrá promoverlas
contra él. Cuando algún Juez o Tribunal viniere conociendo en asunto estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste
a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los
antecedentes en el término de segundo día, para en su vista resolver. El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la
misma orden y entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad
fueran manifiestas. Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno.
Código penal 325. Los que imputaren falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito o falta de
los que dan lugar a procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por
razón de su cargo debiera proceder a su averiguación y castigo, serán sancionados: 1º Con las penas de prisión menor y multa
de 100.000 a 500.000 pesetas si se imputare un delito. 2º Con la de arresto mayor y la misma multa, si la imputación hubiera
sido una falta. No se procederá, sin embargo, contra el denunciador o acusador sino en virtud de sentencia firme o auto,
también firme, de sobreseimiento del tribunal que hubiere conocido del delito imputado. Este mandará proceder de oficio contra
el denunciador o acusador, siempre que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir de nuevo el proceso.
De la prevaricación 356. El juez que, a sabiendas, dictare auto injusto incurrirá en la pena de suspensión. Dice el párrafo 2 de
la página 11: < < En cuanto al requerimiento de inhibición al Juzgado de Móstoles, determinado por el informe policial, No
191

encuentra este querellante relación directa entre el informe policial aludido y el requerimiento de inhibición como no encuentra
tampoco relación alguna entre el artículo 65 de la L.O. del Poder Judicial que nos indica de los delitos cuya competencia
corresponde a la Audiencia Nacional y el irrenunciable derecho constitucional que nos indica el arto 117 de la Constitución de
1.978 que nos dice que el ejercicio de la potestad Jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde EXCLUSIVAMENTE a
los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Y que los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las
señaladas en el apartado anterior. Por tanto de nada debe de servir que, como en este caso parece suceder, la Sala Segunda
del Tribunal Supremo pretenda dejar ejemplo que genere jurisprudencia sobre como argumentar inexactitudes e ignorar
disposiciones para eludir el compromiso que supone aceptar el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El requerimiento de inhibición al Juzgado de Móstoles no puede ni debe ser considerado ni acertado ni erróneo. La única
definición acertada sería la de delictivo. Por lo mismo S.Ss. deberían haber calificado como delictivo o en desacuerdo con las
diferentes leyes, anteriormente expuestas. Salvo, claro está, que se pretenda EXCLUSIVAMENTE proteger irregularidades
procesales de terceros, lo que debería ser considerado delito penal. Si le arrebató la competencia al Juzgado de Móstoles, de
una forma o de otra, o de si pudiera o no haberse defendido el inhibido, no parece determinante para tratar de justiciar a este
Juez, que en contra de lo establecido en el ordenamiento Jurídico Español ARREBATO con premeditación y totalmente falto
de apoyo legal la competencia al titular del Juzgado de Mostoles, único que por reparto podía entender LEGALMENTE de los
hechos denunciados. Y pese al empeño que ponen para apoyarlo los Magistrados componentes de esta Sala Segunda del
T.S. lo cierto es que el Juez Moreiras tuvo que engañar al Fiscal de la Audiencia Provincial diciéndole que se trataba de Delitos
Monetarios y que cuando el mismo Fiscal le recriminó su actitud, el Juez Moreiras se apresuro a rectificar. Otra cosa parecen
pretender los miembros de esta Sala en sus DEMOSTRADOS deseos de colaborar en la PROTECCIÓN de un presumible
delincuente.
El párrafo 3 de la página 11 de estos Razonamientos Jurídicos está tan suciamente manipulado que las nauseas que produce
su lectura hacen difícil contestar estas FALSAS AFIRMACIONES. Dice este documento: < < 3. En la declaración prestada ante
el Juzgado Central por el propio querellante, asistido de Letrado, manifestó, entre otros, los siguientes extremos a). Que los
datos que posee de los ficheros le son facilitados por el Insalud, Seguridad Social, Hacienda y demás organismos oficiales> >.
Dice el documento aludido EXACTAMENTE, y pretende decir o pedir el irrenunciable derecho constitucional que también esta
Sala Segunda del T.S. parece querer negarme, que todos somos iguales ante la ley. Esta Sala Segunda pretende representar
una oligofrenia galopante capaz de argumentar en mi contra las declaraciones que afortunadamente prueban
documentalmente mi inocencia. Todo parece indicar que las suposiciones de este querellante son acertadas y la decisión de
tan alto Tribunal de desestimar la querella ha sido tomada anticipadamente Dice así el documento: < >
Lo que debe de dejar suficientemente claro es que si al argumentar la Sala esta especie de auto-confesión no ha existido
oligofrenia incompetencia, si ha existido una manifiesta intención de alterar el contenido de este documento en perjuicio del
querellante y en beneficio del querella do, injusto de todos modos. Las declaraciones siguientes referentes a una compra
realizada en 1.985 no hacen sino demostrar la buena fe del querellante el cual luego ante las Diligencias demostró que se
compraron estos ficheros al Colegio de Huérfanos del Ministerio de Hacienda, habiendo quedado en las Diligencias copias de
las ofertas contratos y recibos de estos pagos.
Hace alusión este informe a la declaración ante la Policía pero no dice que en esta declaración también se pedía la IGUALDAD
ANTE LA LEY al decir: < < Que el declarante quiere significar que conoce otras muchísimas personas y empresas que se
dedican a la misma actividad por la que él ha sido detenido, teniendo en su poder éstas igualo más cantidad de ficheros que él,
significando que entre las mismas están las siguientes: CAMERDATA de las Cámaras de Comercio, CODITEL de Telefónica,
PUBLlPOST, PUBLlENVIO, MEYDIS, GARRA, B.D.MA/L, PAQUEBOTT, EUROMA/LlNG, PROCESO DE DATOS A2.... > >.
Nos ofrecen, los Magistrados firmantes en este Auto, en el párrafo siguiente argumentaciones contrarias y este otro que
demuestra el ánimo de incumplir con la ley de estos funcionarios policiales, a pesar de ser requeridos, sin aludir sordera o
ignorancia PASAN de cumplir con lo preceptuado en la ley.
Argumenta en el párrafo segundo de la página 12 que dice: < >.
Como hemos visto con anterioridad para cometer el delito de cohecho son precisas muchas coincidencias y que una vez
acordes las circunstancias sean constitutivas de delito. Los delitos informáticos a pesar de la LORTAD siguen inexistentes aun
192

en el supuesto que se hubieran producido. En cuanto a la revelación de Secretos los artículos son concluyentes se precisa ser
funcionario Público o autoridad y no es éste el caso ni los ficheros informáticos, perfectamente relacionados en la
comparecencia de 11 de julio del 91, son secretos, como muy bien dice en su auto de archivo de 1 de septiembre el único Juez
que LEGALMENTE podía entender del tema.
Este artículo de revelación de secretos deseo adjudicárselo en su momento procesal oportuno al Juez Moreiras por la "primicia
informativa" que le proporcionó a "ABC". En cuanto al funcionario que utilizaba nombres y apellidos diferentes, y que hubiera o
no cometido el delito de uso de nombre supuesto, no puede tratarse de este honrado industrial, el cual nunca fue funcionario, y
solo en dos ocasiones a lo largo de seis meses mintió deliberadamente al facilitar sus datos personales, algo no
previsto ni castigado por la ley.
En cuanto a la teórica salida exculpatoria, con la que esta Sala Segunda del Tribunal Supremo pretende eludir la
responsabilidad criminal en la que incurrió el Juez Moreiras Caballero y los policías judiciales actuantes, al haberse investido
de falsa e insuficiente legalidad para que, desoyendo el arto 55 de la Constitución española, violaran PREMEDITADAMENTE
los irrenunciables derechos constitucionales que prevén los artículos 18.1, 18.2 Y 18.3 de la Constitución Española de 1978.
Así lo demuestra el Juez Moreiras al dirigir informe al Ministerio Fiscal que le miente diciéndole que las Diligencias las abre por
un DELITO MONETARIO al igual que hace con los autos autorizando intervenciones telefónicas y lo remata con las
autorizaciones de entrada y registro de muy diferentes personas y empresas en su afán de simular una supuesta RED
delictiva, entre otras razones por una muy bien conocida por los Magistrados firmantes de este auto desestimatorio que
deberían llamarse, Magistrados SIMPATIZANTES de las delictivas actuaciones del Juez Moreiras, o quizá, colaboradores a
ultranza de los caprichos del Magistrado José Antonio Martín Pallín.
Las declaraciones policiales demuestran que existió asociación para cometer estos delitos como nos prueba la falsa noticia
facilitada a los diferentes medios de comunicación en la rueda de prensa sobre el origen de la denuncia, con el único propósito
u objeto que ocultar los delitos de prevaricación que sabían estaba cometiendo el Juez ahora querellado.
Dice el párrafo 4 de la página 12: < < 4. Los autos de prisión en cuanto tales aparecen dictados por Juez competente para
tales resoluciones. Para percatarse de ello basta examinar el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. > > y luego
continua en su aberrante demostración de defender aun en contra de la ley y de la lógica al juez querellado.
Este querellante no trata de enjuiciar la competencia profesional de este Juez, sino la falta de COMPETENCIA de este juez
para tratar de justiciarle y decretar su prisión provisional comunicada y sin fianza (artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y tantos otros con anterioridad expuestos). Trata este querellante de que se juzgue la ilegalidad de las actuaciones
judiciales en las que pudiera haber incurrido el Juez querellado al menos con el mismo interés que esta demostrando esta Sala
Segunda, según se demuestra a través de este auto en tratar de evitar que pueda este Juez ser enjuiciado o querellado.
Una vez desmontada su teoría sobre los artículos sobre los que sin base ni fundamento no solo fui acusado, sino que parece
que esta Sala Segunda sigue pretendiendo seguir acusándome en defensa de sus intereses que no del normal funcionamiento
de la Justicia, y sin tener en cuenta los fallos judiciales al respecto dados por el titular de Móstoles y posteriormente confirmado
por la Audiencia Provincial.
No pueden en ningún momento, los Magistrados de esta Sala Segunda argumentar como pretenden en la página 12
SEGUNDO - 1- que el argumento 'A SABIENDAS" sea ignorado en beneficio del juez querellado.
El Juez Moreiras cuando decidió colaborar con los miembros de la Policía Judicial que estaban demostrando un "exceso de
celo" en la persecución de que estaba siendo objeto este querellante, conociendo como "CONOCIÓ", al recibir las Diligencias
Indeterminadas de Móstoles que este Juez al que tan injustamente y fuera de DERECHO había 'ARREBATADO" la
competencia el4 de noviembre, que el citado titular de Mostoles había negado las intervenciones solicitadas de entrada,
registro e incautación de los soportes informáticos que pudieran encontrarse en el domicilio social de Publigest en Móstoles y
privado de sus propietarios en Las Rozas por considerar que no eran constitutivos de delito (art. 313 de la L.de E.C.).
Si a pesar de lo expuesto, perfectamente conocido por el juez querella do siguió "dirigiendo" las investigaciones policiales,
sabiendo que no había variación alguna con los hechos denunciados el 11 de julio y prácticamente archivados. Viéndose
incluso obligado a tener que mentir en la redacción de los autos y documentos sobre el VERDADERO motivo de las
investigaciones para las que fueron abiertas las diligencias 262/91. Con toda esta información Señorías deberá admitir
cualquier persona, formada o no judicialmente, que las actuaciones del Juez Moreiras fueron realizadas A SABIENDAS con
premeditación y mediante asociación para cometer delito. (Falto totalmente de acusación policial alguna, observemos que los
Autos autorizando las entradas registro e incautaciones aludidas tienen fecha de treinta de diciembre de mil novecientos
noventa y uno, y las DILIGENCIAS DE EXPOSICIÓN realizadas por los inspectores jefes del Grupo de Fraudes de la Sección
193

de Delincuencia Económico-Financiera del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid, al final de las cuales se solicitan
estos mandamientos, son de fecha 7 de enero de mil novecientos noventa y dos).
Cuando este Juez, ahora querellado, decide sin más pruebas firmar unos autos tan restrictivos de los irrenunciables derechos
constitucionales, como es la inviolabilidad del domicilio y por mucho que pretenda ampararse en el artículo 545 de la L.de E.C.,
no puede olvidar ni se le puede disculpar de lo que señala el arto 55 de la Constitución Española. Este Juez actuó
absolutamente falto de jurisdicción y competencia, conocía la responsabilidad penal que prevé el artículo 55 de la
Constitución y debe darse por sentado de que el Juez Moreiras actúo y/o prevaricó a sabiendas.
No puede ni debe esta parte acogerse al error judicial que parece querérsele brindar en el párrafo tercero de la página 12 del
escrito estudiado, por considerar que no existió error judicial sino que la Justicia fue administrada de forma IRREGULAR,
considerándose esta parte como víctima del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia de la que espera ser
indemnizado según señala el artículo 292 de la L. O. del Poder Judicial.
Considera este querellante que debe continuar colaborando e informando sobre cuanto conoce, deduce y sabe, por
considerarlo un deber social para que sean los responsables de está Administración de Justicia o cualquiera de los señalados
en los artículos 407, 408 Y 409 los que cumplan con lo preceptuado según el 406 de la misma ley orgánica citada. Con
independencia de lo expuesto, este Magistrado-Juez, ahora querella do, deberá, una vez abiertas las diligencias previas
comunes a toda querella deberá facilitar la información que pudiera implicar al Magistrado Martín Pallín ahora tan empeñado
en defenderlo.
En total desacuerdo con los magistrados firmantes de este desestimatorio que según el párrafo señalado como TERCERO de
la página 16 argumentan que: < >.
El Juez querella do como muy bien conocen los Magistrados de la Sala Segunda que tratan de defenderlo, absolverlo o
protegerlo incumplió o transgredió el Código Penal al menos en estos artículos.
Artículo 24 de la Constitución.
El 55 de la Constitución.
El 117.3 de la Constitución.
El 117.4 de la Constitución.
El 2 de la L.O. del Poder Judicial.
El 2.2 de la L.O. del Poder Judicial.
El 3 de la L.O. del Poder Judicial.
El 4 de la L.O. del Poder Judicial.
El 5 de la L.O. del Poder Judicial.
El 9.1º de la L.O. del Poder Judicial.
El 9.3º de la L.O. del Poder Judicial.
El 9.6º de la L.O. del Poder Judicial.
El 11.1º de la L.O. del Poder Judicial.
El 11.2º de la L.O. del Poder Judicial.
El 65 de la L.O. del Poder Judicial.
El 87 de la L.O. del Poder Judicial.
El 88 de la L.O. del Poder Judicial.
El 238 de la L.O. del Poder Judicial.
El 417 de la L.O. del Poder Judicial.
El 446 de la misma ley.
Del Real decreto 769/1987 el 5º y el 22.
El 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 9º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
194

El 14º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 14.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El nº 2 del Código Penal.
El nº 10 del Código Penal.
El nº 10.6 del Código Penal.
El nº 10.5 del Código Penal.
El nº 10.7 del Código Penal.
El nº 10.10 del Código Penal.
El nº 12.1º del Código Penal.
El nº 12.2º del Código Penal.
El nº 13.1º del Código Penal.
El nº 13.3º del Código Penal.
El nº 19. del Código Penal.
El nº 69 del Código Penal.
El nº 101 del Código Penal.
El nº 101.1º del Código Penal.
El nº 101.2º del Código Penal.
El nº 101.3º del Código Penal.
El nº 103 del Código Penal.
El nº 104 del Código Penal.
El nº 105 del Código Penal.
El nº 155 del Código Penal.
El nº 178 y siguientes del Código Penal.
El nº 191 del Código Penal.
El nº 192.bis. del Código Penal.
El nº 325 y 325. 1 del Código Penal.
El nº 356 del Código Penal.
El nº 367 y 368 del Código Penal.
El nº 385 y siguientes del Código Penal.
El nº 453 y siguientes del Código Penal.
El nº 481 del Código Penal.
Si a pesar de lo expuesto los Magistrados de la Sala Segunda firmantes del auto de desestimación de la querella a esta parte
no la queda sino reclamar del Sr. Ministro de Justicia que el Gobierno el Ministerio público o quien proceda se sirva ejecutar lo
previsto en el artículo 61 de la L.O. del Poder Judicial.
Al estimar la Sala que el Juez querella do ha sido competente en las resoluciones dictadas, no hacen sino confirmar mi teoría
de que en estos Magistrados están más interesados en proteger a sus compañeros que en cumplir con el sagrado magisterio
del que están in vestidos. De esta deshonrosa postura, como español me siento avergonzado. Al argumentar en su intento,
descarado, de defender al querella do que el titular de Móstoles pudiera haber planteado una cuestión de competencia,
precisamente, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo olvidan estos Magistrados indicamos cual hubiera sido la postura de
esa Sala Segunda, en este supuesto, sobre todo a la vista de este vergonzante documento de 13 de julio. Supone esta parte,
que esa Sala, a la vista de lo argumentado en el documento aludido, hubiera confirmado la ilegalidad al Juzgado Central nº 3y
en ese supuesto, este querellante, hubiera permanecido en la cárcel hasta que la LORTAD hubiera sido aprobada.
Posteriormente y a la vista de los pobres resultados obtenidos por el LOBBY de IBM, la CLJ con la ayuda o no de terceros,
posiblemente, me hubiera ajusticiado. Visto de otra forma, sobre la argumentación que hacen S.Ss. de que el juez de Móstoles
no reclamó como pudo haber hecho. Señorías, en el supuesto que este Juez de Móstoles hubiera iniciado un pleito de
competencia que precisamente hubiera fallado está misma Sala Segunda ¿cual hubiera sido el resultado de su informe en
estos supuestos?
Sin intervención de nadie.
Interviniendo Martín Pallín.
---------------------------------
Además de conocer S.Ss. PERFECTAMENTE que desde el 11 de julio de 1.991 en que se tomó la denuncia mediante la
comparecencia de OSCAR CALLADO PALOMO ante los dos miembros policiales que actuaban como INSTRUCTOR y
SECRETARIO, núm. 15.279 y 16.809, ambos afectos al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía
Judicial de Madrid hasta el día de la fecha en que siguen negándome los objetos personales de los que fui "expoliado" en mi
propio domicilio particular, por el agente 12.585 inspector jefe, Alegando Almaraz, afecto al Grupo de Delincuencia Económica
195

del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. En este largísimo período se produjo la famosa y extraña comunicación que
firmó, el treinta de octubre de 1.991, el Comisario Jefe D. Marceliano Gutiérrez Rodríguez. Precisamente el mismo Marceliano
Gutiérrez Rodríguez que como podrán cotejar por las firmas y ANTEFIRMAS firmó dos comunicados solicitando autorizaciones
judiciales para prorrogar las intervenciones telefónicas de que ya era objeto; con independencia de que ya en la denuncia de
11 de julio de 1.991 (que como hemos comentado anteriormente se realizó ante los dos funcionarios del mismo Grupo de
delincuencia económica que este comisario jefe antes citado) ya se denunció QUE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE
DELlCTlVOS TRASPASABAN EN TERRITORIO DEL JUZGADO REQUERIDO E INCLUSO DE LA PROPIA COMUNIDAD
AUTÓNOMA, recordemos que esta denuncia decía:
< >.
Por lo mismo deberá esa Sala, renunciar a cualquier tipo de argumentación que trate de defender o justificar las DELlCTlVAS
ACTUACIONES del Juez Moreiras al aceptar unas Diligencias que le están, por la ley, especialmente vedadas y los miembros
actuantes del Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid que conocían
perfectamente, por la misma comparecencia, que las actividades de Publigest se desarrollaban a escala nacional; y que si en
el supuesto de precisar una mayor cobertura geográfica podían, según lo estipula el artículo 22 de su propio reglamento acudir
al T.S.J., al Fiscal General, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo (supongo que Martín Pallín les ayudaría).
En el párrafo 2º de la página 17 dicen estos Magistrados: < >.
En ningún caso, incluso dialéctico puede insinuarse que el Magistrado-Juez Miguel Moreiras Caballero pudiera estar investido
de función alguna, como señala el artículo 238 de la L. O. del Poder Judicial cuando nos dice: < < Los actos judiciales serán
nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º.-Cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de
competencia objetiva o funcional. > >.
En cuanto al párrafo 3º de esta misma página 17 que dice: < < En cuanto a los autos de prisión y de libertad, examinados
desde el prisma de su propia legalidad, han de reputarse totalmente justos, pues constaba en la causa la existencia de hechos
que presentaban caracteres de delito, algunos reiteradamente confesados por el propio querellante, y se cumplieron los
requisitos establecidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concurriendo por otra parte, la alarma social a la
que se refiere dicho precepto. > >.
Estos autos de prisión y de libertad emitidos con total y absoluta falta de jurisdicción y de competencia, arto 238, como bien
conocía el Juez querella do y los Magistrados ahora empeñados en absolverle < < "no susceptibles de incriminación con
arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción y de la Audiencia
Nacional, según establecen los artículos 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que no es procedente que siga
conociendo de la presente causa el Juzgado central número 3,.. "> >, como bien decía el 13 de enero el Fiscal de la Audiencia
Nacional al recriminar mediante comparecencia escrita las irregulares actuaciones que ahora estos Magistrados de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo en su teórico intento de proteger a ultranza al Juez Moreiras de ser querellado y así impedir
que puedan conocerse las relaciones del también Magistrado Martín Pallín en esta trama o enredo penalmente castigado.
En cuanto a que los informes policiales pudieran demostrar unas probatorias que pudieran justificar la encarcelación y posterior
libertad condicionada, deberán ser en su día motivo de enjuiciamiento como tratan de impedir estos Magistrados, que en su
empeño de erigirse en defensores parecen olvidar sus obligaciones de juzgadores ya que de haber realizado, como obliga el
normal comportamiento ante la ley, un pequeño estudio de las pruebas aportadas observarían que donde estos Magistrados
ven reconocimiento del querellante de delitos cometidos, solo existen argumentaciones para concienciar al juez querella do y
antes a sus cómplices que la igualdad ante la leyes un derecho constitucional irrenunciable.
196

Derecho constitucional este de igualdad ante la ley que parece querer ignorar los componentes de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, que al pretender imponer una ley diferente a cada caso parecen dar como acto justo el privar a un inocente
de sus derechos constitucionales a capricho y voluntad de un delincuente.
No encuentra este grupo de Magistrados motivo por el que calificar de injustas las ilegales actuaciones cometidas por un
Magistrado-Juez que usurpando unas atribuciones judiciales que según la ley le están vedadas, decide cometer delitos en
cadena incluso contra los irrenunciables derechos constitucionales, incluso los autos de prisión dolosamente decretados.
Este querellante considera, que la intencionalidad de los delitos que pudiera haber cometido el Juez Moreiras pudiera quedar
demostrada con los documentos donde este juez disfraza o miente sobre los supuestos delitos que persigue al redactar los
documentos de informe al Ministerio Fiscal de 31-10-91, de autorizaciones de intervenciones telefónicas, de 31-10-91 Y 13-11-
91, los DOS autos de entrada y registro de 30-12-91 y el de 10-1-92, con independencia de los otros muchos autos delictivos
que emitió en su censurable y delictivo intento de crear una "RED" DE TRAFICO DE DATOS INFORMATlZADOS, con
independencia de si cometió o no estos delitos por orden o con la colaboración de José Antonio Martín Pallín.
Prácticamente termina la Sala su falseada exposición de los hechos y su disfrazada exposición de los Fundamentos Jurídicos
con estas palabras del primer párrafo de la página 18: < >.
Efectivamente estos Magistrados exponen el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su claro intento de defender
la impunidad con la que pretenden proteger al juez Moreiras y subsidiariamente al Magistrado Martín Pallín, compañero de
Sala. LO QUE SI QUE ES CIERTO ES QUE: El Juez de Mostoles acogiéndose a lo preceptuado en este mismo artículo
desestimó la querella que le fue presentada por los miembros del Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de la
Policía Judicial de Madrid actuantes el once de julio de mil novecientos noventa y uno, tomando de forma irregular la
comparecencia que OSCAR CALLADO PALOMO facilitó contra el ahora querellante al que acusó de tener una serie de
ficheros archivados en cintas magnéticas, con los que estaba realizando una serie de programas tendentes a obtener una
BASE DE DATOS de determinadas características técnicas. Que el ahora querellante tenía una representante en Valencia,
vendía información a diferentes Cajas de Ahorros que prácticamente cubrían toda España. Que al menos un fichero, el
CENSO ELECTORAL contenido en 56 cintas magnéticas, le había sido facilitado por PUBLIENVIO de Esplugas del Llobregat,
que había tenido relaciones con una empresa de Barcelona con la que realizó una transacción comercial por un importe de
veinte millones de pesetas.
Que los funcionarios policiales Inspectores Jefes 15.279 y 16.809 adscritos ambos al Grupo de Delincuencia Económica del
Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid referenciaron esta denuncia con el número 12.882 tomado al efecto de la
Comisaría de Policía de Móstoles. Que este ATESTADO fue registrado en Salida con el núm. 12.281 y remitido al Juzgado de
Guardia conjuntamente con la solicitud de Mandamientos expedidos para proceder a la intervención de soportes informáticos
que se hallaran en el Centro de Cálculo de la Localidad de Móstoles y en el domicilio particular de Las Rozas.
Que por reparto le correspondió entender al Titular del Juzgado de Instrucción núm. 2 de los de Móstoles. Que este Juez
estimo que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y basándose en el arto 313 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal desestimó la querella. Que según se deduce de las Diligencias hubo insistencia por parte de los funcionarios adscritos
al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid, lo que al estar en desacuerdo con el
artículo 5º del R.D. de Regulación de la Policía Judicial podría probar un "exceso de Celo" como siguió demostrando sus
intenciones delictivas al ofrecerse a otro juez las diligencias. Que el 31 de julio de 1.992 el Servicio Central de la Policía
Judicial de Madrid emitió un escrito firmado por El Comisario Jefe solicitando intervenciones telefónicas en Mostoles y Las
Rozas.
< >.
Que el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles abrió Diligencias Indeterminadas y las referenció como el 143-A/91,
por el hecho de INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Que ese mismo 31 de julio, el titular de Móstoles, emitió oficio al
Juzgado 2 de Majadahonda comunicándole haber abierto diligencias por un posible delito de violación de secretos, rogándole
se sirviera ordenar la intervención de los teléfonos particulares, de este querellante, en Las Rozas.
Que el treinta de agosto se emitieron dos oficios solicitando: Prórrogas de autorizaciones de intervenciones telefónicas en
Móstoles Y en Las Rozas, firmados por un Comisario Jefe del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid llamado
197

Mariano Casado Fernández. Que el 3D de Septiembre de 1.991 El Comisario Jefe del Servicio Central de la Policía Judicial de
Madrid D. MARCELlANO Gutiérrez RODRÍGUEZ firmó dos oficios solicitando prórrogas de intervenciones telefónicas en los
locales de Móstoles y el chalet de Las Rozas. En el momento procesal oportuno (una vez abiertas las Diligencias será curioso
comparar el texto del oficio dirigido al nº 2 de Majadahonda).
El 29 de octubre de 1.991 El Comisario Jefe del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid, D. Javier Fernández Muñoz
firmó dos oficios: Solicitando prórrogas de intervenciones telefónicas en los locales de Móstoles y el chalet de Las Rozas.
Que el 30 de octubre de 1.991 El Comisario Jefe del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid firmó un escrito: Dando
cuenta Investigaciones y solicitando mandamientos Judiciales de intervenciones telefónicas pero que lejos de ser enviado
al Juez que LEGALMENTE conoce, se le envía al Juzgado Central, y más concretamente al número 3 de los de la Audiencia
Nacional. Que en este escrito se decía que precisaban cubrir un espacio geográfico mayor que el anteriormente utilizado
Madrid, Mostoles y Majadahonda y que por eso precisaban que las investigaciones las llevara este Juzgado Central Nº 3 de los
de La Audiencia Nacional.
Que el artículo 22 del R.O. de Regulación de la Policía Judicial dice: < < Excepcionalmente, para realizar actuaciones o
pesquisas que, por su trascendencia o complejidad, requieran la permanente adscripción de funcionarios o de medios
pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la correspondiente Unidad Orgánica, o cuya investigación
haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior al de la Autoridad judicial o fiscal que ordene la
investigación el encargo habrá de cursarse por conducto del Presidente del Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado,
del presidente o Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal Superior de Justicia respectivo. > >.
Que a la vista de estos informes y aun desconociendo (por que no consta en el oficio que Juzgados tienen abiertas las
Diligencias, ni porque motivo estos juzgados han abierto las Diligencias, ni las referencias de estas Diligencias. Que se
desconoce la motivación que impulsó a este Juez de Instrucción para aceptar este IRREGULAR documento, fuera de cualquier
lógica, yen contra de varios artículos de las leyes que forman nuestro Ordenamiento Jurídico. Que en contra de toda lógica,
con gran temeridad, y sin respaldo legal alguno, emite una PROVIDENCIA el 31 de octubre del 91, con la que abre unas
diligencias sin especificar ningún tipo del delito perseguido por que conoce PERFECTAMENTE que solo puede conocer de
DELITOS ECONÓMICOS interprovinciales al menos.
Que la Constitución española de 1.978 dice: < >.
Que la Ley Orgánica del Poder Judicial dice: <

correspondan a la jurisdicción militar. 6º La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de
jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio fiscal. En todo caso, esta resolución será
fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Artículo 11.1º En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas,
directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. 2º Los Juzgados y Tribunales rechazarán
fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de
ley o procesal. Artículo 12.1º en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto
a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
Artículo 65. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 1º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera
instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: a). Delitos contra el titular de la
Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno. b). Falsificación de moneda, delitos
monetarios y relativos al control de cambios. c). defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que
produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio
patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. d). Tráfico de drogas o estupefacientes,
fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos
organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. e). Delitos cometidos fuera del territorio
nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
En todo caso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos
con todos los anteriormente reseñados. 2º De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de
sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o de cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros o del
cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda
a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o
el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad. 3º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en
materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. 4º De los procedimientos
judiciales de extracción pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del presunto
extradito. 5º De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias .y otras resoluciones de los juzgados Centrales de lo
Penal y de los Juzgados Centrales de Instrucción. 6º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Artículo 87.1º Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal: De la instrucción de las causas por delito cuyo
enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo penal. 2º Corresponde también a los juzgados
de instrucción la autorización en resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares de
acceso dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la
Administración. Artículo 88. En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en
toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en
su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de extradición pasiva en los términos previstos
en la Ley.
Artículo 238 Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º Cuando se produzcan con
manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. Artículo 416.1º Las faltas cometidas por los Jueces y
Magistrados en el ejercicio de sus cargos podrán ser leves, graves y muy graves. Artículo 417 Se consideraran faltas muy
graves. 2º La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la aplicación o interpretación de las leyes que
corresponda a cualquier otro órgano Jurisdiccional. 420 y siguientes. > >.
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal: < < Artículo 14. Fuera de los casos que expresa y limitativamente atribuyen la
Constitución y las Leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes. 14 Segundo. Para la instrucción de las
causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido y el Juez Central de Instrucción respecto de los
delitos que la Ley determine. > >. Que el mismo día 31 de octubre informó este Juez al Ministerio Fiscal Haber abierto unas
diligencias, pero falseo la verdad diciéndole que las había abierto por DELITO MONETARIO Y no por revelación de secretos,
cohecho ni nada parecido. Que el mismo día 31 de octubre se emitió un AUTO autorizando las intervenciones telefónicas en
CUATRO domicilios particulares, argumentando que se autoriza las intervenciones telefónicas en averiguación de un DELITO
MONETARIO
Que la Constitución Española dice: <

casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos
reconocidos en los artículos 178, apartado 2, y 18, apartados 2 y tres pueden ser suspendidos para personas determinadas, en
relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización
injustificada o abusiva de las facultades en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos
y libertades reconocidos por las leyes. > >.
Que con fecha 4-11-91 este mismo Juez emite Auto de inhibición a los juzgados de Móstoles y Majadahonda a favor del
Juzgado de Instrucción Central nº 3, argumentando tener abiertas unas Diligencias Previas pero sin indicar el motivo por
el cual las abrió. Dice (falsamente) este juez haber conocido el 31 de octubre mediante comunicación de la Dirección General
de Policía que esos teléfonos estaban intervenidos. Argumenta este Juez que se trata de delitos conexos, y que de acuerdo al
22 de la L. de E.C. declara procedente la inhibición de los juzgados de Móstoles y Majadahonda.
Que este Juez querella do emitió oficios de inhibición donde aparecen perfectamente relacionados los tipos de Diligencias así
como sus números de referencia, sin que oficialmente (solo mediante documento falsificado) haya podido conocer estos datos.
Que este Juez de Instrucción sigue emitiendo autos (supuestamente dolosos) amparándose siempre en la Ley de Control de
Cambios y en la simulación o argumentación de Delitos Monetarios tres de los cuales autorizando violaciones de domicilio por
grupos de gente armada.
Que se supone que los funcionarios policiales actúan sabiendo de las ilegalidades que cometen al tratar de ampararse en
irregulares documentos que no legalizan sus actuaciones. Centro de Estudios Judiciales. Que las autorizaciones de entrada
registro e incautación de soportes magnéticos solicitadas el 11 de julio de 1.992, negadas, a los componentes del Grupo
de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid, por el único Juez que podía entender
LEGALMENTE del hecho denunciado apoyándose en el 313 de la L.de E.C.; fueron autorizadas por este otro Juez que
ilegalmente "ARREBATO" la competencia a aquel.
Que según consta en las DILIGENCIAS DE EXPOSICIÓN (realizadas OCHO días después de la fecha en que se emiten los
autos de entrada y registro) las actuaciones comienzan el once de julio en Móstoles y en: < < La Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía, que tras diferentes investigaciones se pudo concluir que el ámbito de las actuaciones ejercidas por
González López cubrían todo el territorio nacional, ya que había ofrecido su producto a la practica totalidad de las Cajas de
Ahorros de nuestro Estado, habiendo alguna de ellas adquirido el mismo, así también se llegó al conocimiento de que esta
persona ofrecía gran cantidad de dinero a algunos funcionarios para que estos le facilitasen información privada que poseían
con razón de su cargo.
Que en vista de lo anterior el señor instructor decidió poner los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional, contestando
el día treinta y uno de octubre del pasado año, en oficio remitido a este Servicio Central ..... > >. Que Joaquín González López
fue detenido y encarcelado, y que en su, voluntaria, declaración ante los funcionarios policiales dijo: < < Que el declarante
quiere significar que conoce otras muchísimas personas y empresas que se dedican a la misma actividad por las que ha sido
detenido, teniendo en su poder éstas igualo más cantidad de ficheros que él, significándole que entre las mismas están las
siguientes: CAMERDATA de las Cámaras de Comercio, CODITEL de Telefónica, PUBLlPOST, PUBLlENVIO, MEYDIS,
GARRA, B.D.MAIL, PAQUEBOTT, EUROMAlLlNG, PROCESO DE DATOS A2.... > >
Que, el 12-1-92, una vez en presencia del Juez ahora querella do, el querellante dijo: < < Quiere añadir en relación con lo
declarado de la Empresa Camerdata que esta empresa es de las Cámaras de Comercio y se dedica a la venta de los datos
que posee de los ficheros que le facilita ellnsalud la Seguridad Social, Hacienda y demás organismos oficiales. Lo mismo que
la Empresa Coditel que depende de Cetesa vende los datos de la Compañía Telefónica. Que entre la documentación
aprendida por la Policía se encuentra un folleto editado por Coditel en el que ofrece a la venta los datos personales de que
dispone> >.
Que ni jueces ni policías judiciales hicieron ninguna señal de haber entendido la insinuación de que se reclamaba el
irrenunciable derecho constitucional de igualdad ante la ley. Muy por el contrario los policías judiciales me tuvieron retenido
cuarenta horas más después de tomarse la primera y última declaración antes de ponemos en presencia del Juez.
Que el Juez querella do una vez escuchó la alusión o solicitud de la aplicación del irrenunciable derecho constitucional decretó
la prisión comunicada sin fianza de fecha 12 de enero del 92. Que consta en las diligencias un documento emitido y firmado
por el querella do, dirigido al Director General de la POlicía donde se dispone que las cintas magnéticas depositadas en las
instalaciones del Servicio Central de la Policía judicial de Madrid (las delicadas cintas fueron trasladadas a las dependencias
de Canillas exclusivamente para realizar la rueda de prensa que tanto nos perjudicó y que pudo ser el motivo principal
perseguido al realizar todos estos hechos supuestamente delictivos), para que fueran trasladadas a las instalaciones de El
Escorial, se inspeccionara el contenido de las cintas y se le informara MENSUALMENTE.
200

Que con ese mismo documento, anteriormente citado, podría probarse que el hoy querellado juez Miguel Moreiras Caballero
fue la persona que inicio VOLUNTARIA y PREMEDITADAMENTE lo que estos Magistrados dan en llamar Alarma Social, ya
que esta alarma social se inició mediante una SENSACIONAL noticia a la que ABC le mereció tanta garantía que sin
contrastarla le dedico parte de la PRIMERA PLANA Y media página interior. ABC en su primicia informativa del 10 de enero
según fuentes "próximas a interior' citaba a Carlos A.O, como máximo responsable de la "RED" de datos informáticos y en este
documento de referencia el Juez Moreiras cita como máximo responsable a Carlos Álvarez Obregón.
Que con fecha de trece de enero se personó mediante escrito en las Diligencias el Fiscal de la Audiencia Nacional el cual
decía: < < Que comparece en las presentes diligencias y a la vista de lo actuado, procede: A) Que los presuntos hechos
denunciados no son susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los
Juzgados Centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional, según establecen los artículos 65 y 88 de la L.O. del Poder
Judicial, por lo que no es procedente que siga conociendo de la presente Causa el Juzgado Central nº 3, debiendo remitirse lo
actuado al Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles, que primero comenzó a conocer de los hechos en donde
iniciariamente tuvieron lugar, al amparo del Artículo 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. B) En atención a lo
expuesto y de la dificultad, en principio, de los hechos denunciados, el Fiscal entiende que procede acordar la libertad de los
denunciados, por este Juzgado. > >.
A pesar de este escrito el Juez querella do NEGOCIO la libertad bajo fianza y comenzó pidiendo QUINCE MILLONES de
pesetas, y descendió hasta los tres. El día 14 de enero se inhibió en favor de los de Móstoles. El 24 de enero se nos devolvió
la fianza. El 10 de febrero de 1.992 cinco de los compañeros del Magistrado Martín Pallín se personaron en las diligencias en
Móstoles como acusadores, no se personaron como la Comisión de Libertades e Informática (CU) por que esta organización
realmente no existe. Entre todos los componentes de la CU que pedían mi encarcelamiento, sabiéndome inocente, están tres
vicepresidentes de la Asociación Pro Derechos Humanos. Conociendo estos... personajes que la intervención del Juez
Moreiras activó el 238.1 de la L.O. recurrieron el auto de archivo de 1 de septiembre.
Esta parte a la vista de cuanto antecede y con el apoyo documental no tenido en cuenta por la Sala Segunda del Tribunal
Supremo en su demostrado, desmedido, injustificable y incalificable afán de proteger los intereses mercantilistas que pudieran
tener el Juez Moreiras y/o su compañero de Sala Magistrado Martín Pallín ha despreciado lo establecido en el artículo 771
dando origen a lo previsto en el artículo 238.3 de la L.O. del Poder Judicial.
Los Magistrados componentes de la Sala han decidido a priori ignorar las compulsas y las diligencias probatorias solicitadas en
la querella ni tan siquiera a tenido por hechas las practicadas por el T.S.J. con el único objeto de DEMOSTRANDO
IGNORANCIA YFALTA DE INFORMACIÓN realizar una Exposición de los Hechos ALTERADA Y falta de veracidad para poder
llegar a una exposición MANIPULADA de los Razonamientos Jurídicos con los que poder disfrazar la impresentable, e irregular
desestimación de la querella con el solo y único objeto de proteger de los riesgos de unas Diligencias a los compañeros que
saben sospechosos de actividades castigadas penalmente. Por lo expuesto este querellante desiste del Quijotismo iniciado, se
ofrece como informador y testigo de los hechos denunciados ofrece la probatoria de la complicidad de Martín Pallín e IBM en
los delitos penales determinados en el 155 del Código Penal y presenta este escrito en forma de recurso para solicitar la
indemnización de MIL QUINIENTOS MILLONES de pesetas basándose en el ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
JUSTICIA.
IV.-CONCLUSIONES Partiendo de que, todo fue un montaje, y de que la actividad que desarrollaba Publigest, ni era ni es
constitutiva de delito y menos delito penalmente castigado (hoy una vez aprobada la LORTAD, en el peor de los casos hubiera
sido falta. En cualquier forma, sea por culpa del Magistrado Martín Pallín, hayamos sido víctimas del exceso de celo de los
funcionarios policiales o nos encontremos en esta situación solo por el capricho del Juez Moreiras, lo cierto es que: Hubo una
primera denuncia, que "recomendada" o no recomendada fue archivada por el único Juez que legalmente podía entender de
los hechos denunciados y aquel decidió que aquellos no eran constitutivos de delito, posteriormente y obligado por las
circunstancias abrió unas diligencias previas que, no solo fuero sobreseídas y archivadas, sino que al ser recurridas, fue
confirmado el sobreseimiento por la Audiencia Provincial de Madrid.
Si la Policía Judicial, en contra de lo previsto en el artículo 5 del R.O. 769/87, sobre regulación de la Policía Judicial siguió
insistiendo, si luego, estos mismos funcionarios policiales, siguiendo o no instrucciones de sus superiores, contactaron con otro
Juez a espaldas de la Ley deberá considerarse como delito, si así lo estima el Ministro de Justicia, que forma parte del
Gobierno, o el Consejo General del Poder Judicial, y estos de oficio y según el artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial podrán abrir unas diligencias.
Lo innegable resulta que por uno u otro motivo, todos ajenos a la voluntad del solicitante, el patrimonio familiar de éste, y el
negocio que representaba el único sustento de toda la familia ha quedado destruido. Publigest y Joaquín González López,
presentados ante toda España por, Magistrados, Jueces y Policías como un importante negocio sin escrúpulos, que trataba, y
así lo apoyaban asociaciones de tanto prestigio como, la Asociación de Jueces para la Democracia, la Asociación Pro
Derechos Humanos, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, la Unión de Consumidores Españoles, con
datos tan íntimos y secretos, como los de las amantes, la salud, la raza, la religión, la vida sexual y los ingresos y propiedades,
que con independencia de los datos personales saldos, salarios y todo tipo de movimientos bancarios.
No solo la mayor parte de nuestra familia, tíos, primos, etc., sigue pensando que < < cuando el río suena agua lleva J> > sino
que al igual que la mayor parte de los españoles, que antes pudieran haber presumido del signo de alto prestigio social que
201

epresentaba encontrar en su buzón más cartas publicitarias que el vecino, hoy se sienten heridos o enfadados por cuanto a
que a pesar de todo el escándalo o alarma social de la "Red de Datos", las empresas de publicidad siguen teniendo aquellos
datos íntimos y secretos que el Magistrado Martín Pallín (propuesto para Defensor del Pueblo), dijo que estas empresas
tenían; y lo cierto y real es que esta actividad ha visto disminuidos sus ingresos a causa del SHOW montado por estos señores
que incluso hacían uso de nombre supuesto.
Quede pues la Justicia encargada de cumplir con su misión si así lo desea, este solicitante ha podido comprobar que el
Quijotismo fue obsoleto, sobre todo si se desea juzgar a un Juez, y el antejuicio un arma que pudiera utilizarse para el
proteccionismo corporativo.
El Escándalo Social o la Alarma Social destapada con aquella rueda de prensa terminó no solo con nuestro negocio y nuestro
patrimonio, no solo hube de malvender la vivienda donde murieron mis padres (Palencia 17-2º), y la segunda vivienda en
Segovia (Espirdo-Segovia), sino que nuestro propio domicilio de las Rozas (Tórtolas,9 chalet), ha tenido que ser mal vendido
por cantidades muy por debajo de su valor de tasación, ya que aunque éstos, supuestamente corruptos, funcionarios policiales
que dirigieron la rueda de prensa, y el primer informe a ''ABC" decían que nuestra inversión superaba los MIL QUINIENTOS
millones de pesetas y nuestros ingresos en varios miles de millones, lo cierto, y lo sabían los funcionarios policiales citados que
además supervisaban mis conversaciones, es que tuvimos que comprometemos con un crédito de garantía hipotecaria de
nuestra propia vivienda y hoy tenemos que vivir en un piso de alquiler (Soria,5-2º A).
Pueden ustedes, señores profesionales de la Justicia y del Ministerio de Justicia, jugar con nosotros y, concedemos la cantidad
más o menos irrisoria que consideren oportuna y hacerlo antes o después de terminar con nuestra paciencia; pero también
pueden, si quieren, abrir una investigación en profundidad para que sea la multinacional IBM la que corra con los gastos de los
daños que, a su requerimiento, se nos han infringido. Nosotros, después de la experiencia con Moreiras y mientras exista el
arto 410, no podremos hacer nada.
Tampoco puedo recurrir contra los medios de comunicación que, sí, me han calumniado e injuriado pero lo han hecho después
de que la propia Dirección General de la Policía les citara a una rueda de prensa y me calumniara e injuriara. Ustedes, repito,
pueden, a la vista de las diligencias de Móstoles hacer que los funcionarios policiales actuantes les digan de quién partieron las
órdenes para realizar este desaguisado, este mando policial les facilitara el nombre de la persona que les corrompió y
corrompió al Juez Moreiras, y éste, a su vez, les dirá quienes son los responsables de IBM que le corrompieron a él. Tiene
además la posibilidad de que, tanto el denunciante como su jefe y cualquiera de los individuos que decían componer la CL! les
faciliten informaciones precisas y preciosas.
Yo, nosotros si cuento a mi mujer y mis hijos, tendremos de por vida que seguir marcados como delincuentes comunes y mis
hijos serán hijos de un ex-presidiario, con unos informes y unas "imborrables" fichas policiales, que a no dudarlo perjudicarán
mi/nuestro porvenir.
La cantidad solicitada de MIL QUINIENTOS (1.500.000) millones de pesetas la justifico por cuanto a que fue la facilitada por la
Dirección General de la Policía en su rueda de prensa después de haber realizado unos registros e incautaciones
acompañados de peritos, como se deduce de las diligencias 666/92 del Juzgado nº 2 de los de Móstoles.
Aceptaré esta cantidad, aún cuando reconozca que sería totalmente insuficiente para abonar los gastos que podrían producir
cualquier intento de limpiar nuestra imagen. Considero que los sufrimientos pasados presentes y futuros, por todos nosotros,
por el capricho o necesidad mercantilista de una multinacional bien merecían mucha más retribución.
No olviden, a aquellos empleados y colaboradores de Publigest, que se han visto acusados maltratados y despedidos por los
mismos motivos, alguno de ellos todavía en el Paro. La policía inteNino no solo los soportes informáticos del local de
Móstoles, sino, ademas, todos los soportes informáticos que se guardaban en nuestro domicilio como bac-kup (copia de
seguridad). Aún cuando yo considero que la intervención del Juez Moreiras en las diligencias de Móstoles debieran haber dado
lugar a lo previsto en el artículo 238.1Q de la Ley Orgánica, lo cierto es que los abogados a los que nosotros pagábamos, y
que supuestamente la CLI pudo sobornar, no solicitaron la nulidad de las actuaciones y la inmediata devolución de los soportes
citados, y estos continuaron en poder de la policía, a pesar de nuestros ruegos, hasta que el recurso interpuesto por los
cómplices del Magistrado Martín PaJlin no fue desestimado por la Audiencia Provincial, abril del 93. Para estas fechas abril del
93 ya el Juzgado nº 8 de Móstoles había ejecutado el desahucio, que por falta del pago de los alquileres ejecutó mi mismo
denunciante.
La imposibilidad de poder encontrar siquiera un local donde trasladar los ordenadores de Móstoles me obligaron a prescindir
de los mismos. Desde abril del 93 puedo retirar los soportes informáticos que para realizar esta "mascarada" me fueron
arrebatados de los locales de Móstoles y del domicilio particular de Las Rozas y trasladados a las dependencias policiales de
El Escorial, pero no puedo ya que, repito, ya no tengo chalet donde guardar/os sino piso en alquiler a todas luces insuficiente.
No solo fueron intervenidas las cintas de ordenador, o soportes informáticos, por los funcionarios policiales actuantes, sino que
bajo el pretexto de un delito económico y protegidos por el artículo 18 párrafo 2Q de la Ley de Cambios, estos funcionarios
policiales, más concretamente Alejandro Almaraz, inspector jefe nº 12.585, "requisó" cinco escopetas de caza perfectamente
documentadas a nombre de mi cónyuge, dos rifles de caza mayor y una escopeta de caza perfectamente documentada a mi
nombre y otras cinco armas réplicas de avan-carga. Estas armas me fueron devueltas por cuanto constaban en acta, así como
parte de la munición requisada por la misma razón, pero, un marcador automático de teléfonos de importe sobre CINCUENTA
MIL 50.000 pts, un cuchillo de monte marca Puma, de un costo superior a las DOSCIENTAS MIL (200.000) Y un lanzachinas
de alto valor sentimental no me fueron devueltos por cuanto a que no constaban en acta.
202

Hoy Sres. me veo víctima de, algunos de aquellos a los que pagamos para defendemos; al menos dos Jueces, uno de ellos
Magistrado, dos policías más el mando policial citado, que protegidos por un Fiscal y tres Magistrados de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, que, desoyendo los derechos constitucionales y haciendo ''parcial interpretación de las leyes" producen
nuestra indefensión.
Teniendo en cuenta los daños, morales y materiales producidos por este Anormal Funcionamiento de la Justicia, visto que no
se trata solo de indemnizar económicamente por un negocio destrozado que llevaba 20 años dándonos la oportunidad de
seguir prosperando y vivir decorosamente, sino que además y de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1.982, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y teniendo en cuenta que los funcionarios de la Policía
Judicial, que dependen funcionalmente del Ministerio de Justicia y jerárquicamente de la Dirección General de la Policía, en
contra de lo previsto u ordenado en el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se apresuraron a realizar una
sensacionalizada rueda de prensa, donde con gran pompa y algarabía se nos calumnió e injurió ante todos los medios de
comunicación españoles, incluidas las agencias de noticias; y que posteriormente y a la vista del/de los fallos judiciales
(Móstoles y Audiencia Provincial), los cuales desmentían todas las falsas acusaciones por ellos lanzadas como titulares, no
rectificó sus acusaciones, como pudiera haber hecho, encontramos como justa la' indemnización de los MIL QUINIENTOS
MILLONES (1.500.000) de pesetas, con independencia de que se celebre otra rueda de prensa donde los mismos funcionarios
faciliten una exculpatoria información informando de los realmente acontecido y de los motivos reales que les llevaron a
comportarse tan indignamente.
Se allana a esta cantidad, el querellante, por deducir ésta suficientemente aceptada por la Sala Segunda que la menciona y
que fue la facilitada a los medios de comunicación social en la rueda de prensa que la Policía Judicial y la Dirección General de
Policía facilitó para dar cuenta de las intervenciones policiales que se hicieron acompañados de Perito y que, aún cuando en
las Diligencias no conste otro informe pericial que esta valoración, esta valoración coincide con la facilitada a ''ABC'' en la
''primicia Informativa" publicada el día diez de enero de mil novecientos noventa y dos.
De otra parte, éste afectado por el daño causado por EL ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA acepta esta peritación voluntariamente. Se acepta además por ser la cantidad precisa para iniciar un nuevo negocio
editorial que supla a la empresa Publigest que destrozaron estas intervenciones policiales y judiciales.
Adjunto valoraciones parciales que demostrarán que las cantidades precisas para restituir el crédito y el honor de este
solicitante, cumplidamente cuadruplicarían estas cifras, salvo que los tribunales ordenarán, una nueva rueda de prensa donde
la Policía Judicial, dependiente funcionalmente del Ministerio de Justicia y orgánicamente de la Dirección General de la Policía
realizará otra rueda de prensa, con la repercusión suficiente para dar a conocer la realidad de lo sucedido y así poder restituir
nuestro honor y nuestra imagen.
Los documentos probatorios de lo expuesto deberán deducirse testimonios de: Las Diligencias Previas 666/92 del Juzgado de
Instrucción nº 2 de los de Móstoles. De las Diligencias nº 2/93, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De la Causa
Especial nº 1.440/93 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ,) Se acompañan xxxxxxx fotocopias de impactos en prensa,
con su correspondiente peritación. Se acompaña cinta de video sistema VHS conteniendo el repicado de las noticias
transmitidas en el medio televisión por las diferentes cadenas nacionales y autonómicas. Se acompaña relación y valoración o
correspondiente peritación de los impactos televisivos en los informativos. Se adjuntan repicado de algunos de los programas o
debates a que dio origen esta mascarada que seguimos sufriendo y seguimos pidiendo justicia. Se adjunta libro soporte
editado por la Asociación de Marketing Directo, donde, en 1989 éramos muchas las empresas que se dedicaban a la
publicidad directa. Firmado: Joaquín González López, en su propio nombre y como administrador único de Publigest S.L.
EXPEDIENTE INDEMNIZATORIO DENUNCIANDO LOS HECHOS SUPUESTAMENTE DOLOSOS ACAECIDOS EN LA
SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
MINISTERIO DE JUSTICIA REGISTRO GENERAL [ 14 ABR.1994 ] VENTANILLA [W .] MINISTERIO DE JUSTICIA
Excmo. Sr. Ministro de Justicia. Madrid, 11 de abril de 1994
Relación de Pruebas que se adjuntan al escrito que presenta Joaquín González López, en nombre propio y en el de la
compañía mercantil Publigest S.L., por “Anormal Funcionamiento de la Justicia” Una cinta, VHS, con los repicados de las 72
noticias dadas en las diferentes cadenas de televisión en las horas de mayor audiencia, Informativos.
Desglose unitario, pericial, realizado por Power Axle, Consejeros de Comunicación; por un importe de SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES, CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (738. 188.250) pesetas.
266 recortes de prensa a escala Nacional con su correspondiente resumen informatizado.
Resumen cuantitativo de Power Axle de los 266 inserciones, con una tirada de 21.424.755 ejemplares y una audiencia de
64.274.265 lectores y un costo aproximado de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTAS (69.688.600.-) pesetas.
Recortes de “ABC” diario que, presumiblemente, colaboro con la Comisión de Libertades e Informática (CLI), y se freno al
conocer que Moreiras se inhibió en favor de Móstoles. Recortes de “El País” diario que, presumiblemente, colaboró
descaradamente con la Comisión de Libertades e Informática (CLI), mediante precio o promesa.
203

Una cinta VHS con la rueda de prensa facilitada por la Dirección General de la Policía, el día 10 de enero de 1.992, iniciaría de
la Alarma Social. . Una cinta VHS con repicado de la doble comparecencia que realizó el anterior Ministro de Justicia ante Las
Cortes, el día 11 de febrero de 1.992. (Articulo 155 del C.P.) Una cinta VHS con el repicado del Programa l/ElEspejoll, donde el
Magistrado D. José Antonio Martín Pallín acude como Comisión de Libertades e Informática (CLI). Una cinta VHS conteniendo
el repicado de la rueda de prensa celebrada en los locales de CC.OO, donde se dice que se personará en las diligencias de
Móstoles la CLI como acusación Privada. Una cinta VHS conteniendo el repicado de la Rueda de prensa celebrada en los
locales de la Asociación Pro Derechos Humanos dando cuenta de sus gestiones en las diligencias de Móstoles. Una cinta VHS
del programa a debate celebrado con los miembros de la CLI. Un ejemplar del''Anuario Español del Marketing Directo", editado
en 1.989, donde podrá apreciarse que se encuentra Publigest, página 90. Un ejemplar de “El Descerebrado” A su disposición,
en las instalaciones de la Dirección General de la Policía de El Escorial, 1.500 cintas de ordenador, o soportes informáticos,
donde podrá observarse que no existen datos íntimos o secretos en los ficheros propiedad de Publigest S.L., como el
Magistrado Martín Pallín y sus cómplices pretendían colgarnos.
Fotocopia de fecha 24 de Mayo de 1.989 publicado por "El País", titulada < > donde un hecho similar se resuelve de muy
distinta forma sin la intervención “interesada" de IBM. Extracto de “El Descerebrado”, de una noticia aparecida en "El Sol"
titulada "EL PELIGROSO "MERCADEO" DEL PADRÓN MUNICIPAL', que pudo haber sido el detonante de toda la farsa urdida
para promocionar a la CLI, de fecha 26 de mayo de 1.991, donde un hecho similar se resuelve de muy diferente forma sin la
intervención "interesada" de IBM Fotocopias DOS, del Ministerio de! Interior negando la existencia de la Comisión de
Libertades e Informática (CLI). Uso de nombre supuesto.
Se adjuntan tres juegos de fotocopias sobre la CLI, entre ellos el Manifiesto Fundacional y las enmiendas donde, entre otras,
se podrán ver la de homologar la maquinaria informática en detrimento del Ministerio de Industria.
Entregue: Joaquín González. López, en su propio nombre y como' administrador único de Publigest S.L.
SUPUESTO DOLOSO INFORME APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL El 30 de noviembre de 1994. http://padrecoraje.es/pdf/dolosoinformeaprobadoporelcgpj1994.pdf
JESÚS GULLON RODRÍGUEZ SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DEl PODER JUDICIAL Certifica que el
pleno de este Consejo, en su reunión del día de la fecha, acordó emitir el siguiente Asunto: don Joaquín González López en su
nombre propio y en representación de Publigest SL. Pide indemnización al Estado por funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia.
1. ANTECEDENTES Primero. El mencionado dirige escrito al Ministerio de Justicia e Interior que contiene, entre otras y en
resumen, las alegaciones siguientes: 1) Considera que fue presentado ente la opinión pública y por todos los medios de
comunicación como el cerebro de la Red de Tráfico de datos informáticos y utilizado por un grupo de personas capitaneados
por el Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Excmo. Sr. Don José Antonio Martín Pallfn, que supo manejar a su
antojo a un mando de la Policía Judicial y al Magistrado Juez Don Miguel Moreiras Caballero en su intento de situarse
conjuntamente con otros cómplices en un ente Que pudiera crearse al amparo de la LORTAD desde donde podrán facilitar a
IBM información sobre todos los ordenadores, periféricos de ordenador y sistemas de comunicaciones de este país, octavo del
mundo en cuanto a consumo informático; 2)
El 11 de julio de 1991, Osear Callado Palomo, ex colaborador de Publigest y empleado indirecto de IBM, siguiendo
instrucciones de terceros. se personó ante dos inspectores jefes del Grupo de Delincuencia Económica-Financiera (Fraudes)
del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid los cuales conocedores como el denunciante, de que los hechos no eran
de su competencia ni constitutivos de delito, solicitaron autorización de entrada y registro e intervención de los soportes
informáticos en su domicilio particular de Las Rozas y en el profesional de Móstoles; 3) El Juzgado nº 2 de Móstoles al que, por
reparto, correspondió el asunto, entendió que los hechos no constituían delito y denegó las autorizaciones para estas
intervenciones archivando provisionalmente las diligencias, las mismas autorizaciones que luego meses más tarde autorizaría
el Magistrado-Juez Sr. Moreiras a sabiendas de que fueron anteriormente denegadas por el único Juez que podía legalmente
entender de los hechos denunciados; 4) Posteriormente debió intervenir el también Inspector Jefe Don Alejandro Almaraz que
presentó el escrito de 31 de julio de 1991, donde, tratando de confundir, decía que la Comisaría de Policía de Móstoles tramitó
las diligencias, en lugar de decir que la denuncia fue presentada ante funcionarios de su propio departamento; 5) En este
escrito se solicitaban unas intervenciones telefónicas y se abrieron nuevas diligencias autorizándose las intervenciones
telefónicas, al igual que todas las solicitudes de prórrogas que siempre firmaba un comisario jefe; 6)Transcurridos tres meses
de persecución policial al comprobar que no se había cometido delito alguno y que no existía motivo alguno para convencer al
honrado Juez de Móstoles de que debía autorizar las intervenciones solicitadas el 11 de julio, el 30 de octubre un comisario
jefe que ya había firmado solicitudes de prórroga firma un extraño escrito dirigido al Juzgado Central Instrucción nO 3,
solicitando su intervención en las diligencias abiertas en Móstoles; 7) Ignora quien o quienes intervinieron cerca del Juez
Moreiras para pedirle obligarle o forzarle a intervenir en estas diligencias y desconoce los motivos que tuvieron para ello y lo
Innegable sería decir que dicho Juez no supiera que dicha intervención le estaba especialmente negada por las propias leyes;
8) De la duplicidad existente entre los funcionarios policiales intervinientes y el Juez Moreiras tendremos pruebas si
comprobamos que a los medios de comunicación se les informó que el denunciante se llamaba Manuel, que había recibido un
mensaje publicitario donde se citaba su segundo nombre, Argimiro y que este dato solo lo conocían su familia y la Seguridad
204

Social que 10 denunció al Grupo de Delincuencia Económica Financiera; 91 De haberse sabido que el Juez Moreiras había
inhibido al Juez de Móstoles, cualquier persona hubiera podido sospechar el posible delito de prevaricación o de corrupción del
Juez Moreiras; 101 Al recibir las diligencias, el Juez Moreiras comprueba que los registros e incautación de soportes
informáticos no fueron autorizados; y a, pesar de ello, decide autorizarlos, -entrando de lleno en lo previsto en el párrafo
tercero del articulo 55 de la Constitución cada vez que firma un Auto autorizando intervenciones telefónicas, incurriendo en
delito al violar las conversaciones telefónicas de su domicilio y las profesionales; 111 Por un supuesto delito de cohecho,
revelación de secretos y uso de nombre supuesto dicho Juez acuerda su ingreso en prisión sin fianza y por lo que se deduce
del documento dirigido al Director General de la Policía { 12 de enero de 19921, por varios meses; 121 Fue el Fiscal de la
Audiencia Nacional que compareció por escrito de 13 de enero el que obligó al Juez Moreiras a remitir las Diligencias al
Juzgado de Móstoles y aún cuando dicho Fiscal entendía que debía ponerlo en libertad, la decretó bajo fianza y control apudacta;
13) Estas supuestamente dolosas intervenciones culminaron con una rueda de prensa facilitada por la propia Policía
Judicial, falta de veracidad y con el exclusivo objetivo de crear o aumentar el escándalo social; 14) Del auto de sobreseimiento
y archivo de 1 de septiembre del Juzgado nº 2 de Móstoles, confirmado por la Audiencia de Madrid, podrá conocerse que los
titulares de la prensa fueron desmentidos; 15)-En enero de
1992 fue objeto de unas irregulares actuaciones policiales y judiciales (que suponemos anormal funcionamiento de la Justicia)
que han destrozado totalmente su negocio familiar y patrimonio personal y profesional presentándolo ante toda la opinión
pública, como perversos delincuentes; 161 Denuncia que se realizó una usurpación de funciones, con ánimo de cometer delito,
mediante la asociación de miembros de la policía y el Juez Moreiras, habiendo proseguido la instrucción de la causa durante
nueve meses; 17) Privado del derecho a la presunción de inocencia, se vio obligado a demostrar esta última,
emitiéndose primero un Auto de sobreseimiento y archivo, posteriormente recurrido por los cómplices del Magistrado don
Antonio Martín Pallín, ante la Audiencia Provincial, que, después de nueve meses de paro y sufrimiento, desestimó el recurso,
confirmando el archivo; 18) Denunció al Magistrado-Juez por supuestos delitos de prevaricación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que admitió la querella, tras una brillante exposición del Fiscal Jefe de Madrid y después del antejuicio y
siendo firme la sentencia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde ejerce el Magistrado Sr. Martín Pallín, inhibió al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde el Fiscal, prevarico descaradamente a favor del Juez Moreiras pidiendo el
archivo, al no ser los hechos constitutivos de delito, y los magistrados de la Sala, que siguen la causa especial 1440/93
nuevamente prevarican y dictan Auto de 13 de julio de desestimación y archivo, contra el que formulo recurso de Súplica que
fue desestimado en resolución firme y no susceptible de recurso alguno; 19) El 30 de noviembre de 1991 dicta Auto,
autorizando a la policía a un registro para buscar pruebas de la perpetración de un delito monetario en el domicilio de Publigest
SL en Móstoles; 21) Fue detenido declarando ante la Policía y Juzgado Central de Instrucción nº 3 cuyo titular ordenó su
ingreso en prisión; 22) Los peritos informáticos actuando oficialmente valoraron en 1.500 millones sus inversiones en
ordenadores y en varios miles de millones de pesetas en beneficios: 23) Antes de declarar ante el Juez hubo una rueda de
prensa, con gran pompa y algarabía, donde se dijeron un cúmulo de falsedades obra de mentes enfebrecidas o altamente
interesadas en promocionar a la Comisión de Libertades e Informática (CLI) inexistente asociación que Iideraba Martin Pallin,
para apoyarlos en su empeño de conseguir articular la LORTAD en beneficio de IBM; 24) Sus clientes, casi exclusivamente
Bancos y Cajas de Ahorro, alarmados por las noticias siguen hoy, 27 meses después, sin ponerse siquiera al teléfono, lo que
confirma que su negocio y prestigio han desaparecido a tenor de los anómalos comportamientos judiciales; 25) El 12 de enero
de 1992 al Juez Moreiras dirige oficio a la Policía para que recoja las cintas del ordenador de Canillas y las traslade a las
instalaciones informáticas de El Escorial, donde en el mismo oficio como responsable de toda la trama: RED de tráfico de
datos a Carlos Álvarez Obregón, lo que prueba que fue el Juez el que informó a ABC, aún cuando este periódico desvió el
informante diciendo que la información la recibió de fuentes próximas a Interior, ya que la Policía informo en rueda de prensa
que el cerebro era Joaquín González López ; 26) El 12 de enero de 1992 el Fiscal se persona en las Diligencias Previas
abiertas por el Juez Moreiras y dice que los hechos no constituyen delito de competencia de los Juzgados Centrales y de la
Audiencia Nacional debiendo remitirse lo actuado al Juzgado nº 2 de Móstoles, que comenzó a conocer de los hechos y que
entiende procede se acuerde la libertad de los denunciados; 27) A pesar de ello el Juez Moreiras acuerda la libertad bajo
fianza de tres millones de pesetas en Auto de 14 de enero ; 28) Posteriormente el Juzgado de Móstoles le devuelve la fianza y
autoriza se desprecinten los locales, pero no pueden trabajar porque los ficheros magnéticos no les han sido devueltos al
menos antes de haber perdido la propiedad del Centro de Procesos de datos, por desahucio del Juzgado nº 8 de Móstoles; 29)
En el auto de 13 de julio la Sala 2ª del Tribunal Supremo dice que no se puede considerar anormal que el Juzgado Central
acordara la incoación de Diligencias Previas y que el requerimiento de inhibición podrá calificarse de erróneo o acertado pero
no puede, como se hace en la querella, estimarse que arrebato la competencia al Juzgado de Móstoles, en cuanto éste, no
subordinado al Central pudo negar la inhibición que se le solicitaba; 30) Se extiende en consideraciones impugnando dicho
Auto de la Sala 21 del Tribunal Supremo y el contenido de las Diligencias Previas nº 262/91 del referido Juzgado Central; 31)
El auto referido de la Sala 21 dice que en cuanto a los autos de prisión y libertad examinados desde el prisma de su propia
legalidad han de reputarse totalmente justos pues constaba en la causa la existencia e hechos que presentaban caracteres de
delito, algunos reiteradamente confesados por el propio querellante y se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo
503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concurriendo por otra parte, la alarma social a que se refiere dicho precepto; 32) El
Juez Moreiras se inhibió a favor de Móstoles el 14 de enero y el 24 se le devolvió [a fianza; 33) El 10 de febrero de 1992 cinco
compañeros del Magistrado Sr. Martín Tallin se personaron en las Diligencias de Móstoles como acusadores y recurrieron el
205

Auto de archivo de 1 de septiembre; 34) Todo fue un montaje; 35) Por uno u otro motivo el negocio familiar ha sido destruido al
ser presentado ante toda España como un negocio sin escrúpulos; 36) El escándalo social destapado con aquella rueda de
prensa terminó con su negocio y patrimonio y hoy tiene que vivir en un piso de alquiler, sin que pueda recurrir contra los
medios de comunicación que le han calumniado e injuriado, pero después de que la propia Dirección General de la Policía les
citara a una rueda de prensa; 37) La cantidad de mil quinientos millones solicitada la justifica porque fue la facilitada por la
Dirección General de la Policía en la rueda de prensa, como se deduce de las Diligencias nº 666/92 del Juzgado nº 2 de
Móstoles, aunque reconoce que es insuficiente para limpiar su imagen; 38) La Policía intervino los soportes informáticos del
local de Móstoles y la copia de seguridad que guardaba en su domicilio, todo lo cual continuó en poder de la policía hasta que
el recurso interpuesto contra el Auto de archivo fue desestimado por la Audiencia en abril de 1993, fecha en que ya el Juzgado
n° 8 de Móstoles había ejecutado el desahucio que, por falta de pago, ejecutó su denunciante; 39) La Imposibilidad de
encontrar un local donde guardar los ordenadores de Móstoles le obligaron a prescindir de los mismos; 40) Desde abril de
1993 puede retirar los soportes informáticos que les intervinieron en Móstoles y en su domicilio y trasladados a dependencias
policiales de El Escorial, pero no puede hacerlo porque no tiene chalet donde guardarlos sino un piso en alquiler a todas luces
insuficiente; 41) También le intervino la policía un marcador automático de teléfono valorado en 50.000 pts, un cuchillo de
monte marca Puma, de un costo superior a 200.000 pts, y un lanzachinas de alto valor sentimental que no le fueron devueltos
al no constar en acta su ocupación. Tras citar fundamentos de derecho pide una indemnización de mil quinientos millones de
pesetas; acompaña dos piezas de documentos y una carpeta con cintas de video.
Segundo. El Ministerio inicia expediente y lo envía al Consejo para informe incoandose las Diligencias nº 33/94 de la Sección
de Informes. Tercero. El reclamante dirige escrito directamente a este Consejo donde tiene entrada el 12 de septiembre de
1994 en el que insiste en sus argumentaciones y acompaña varias fotocopias de noticias de prensa.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- Del examen del expediente se deduce que: al En 13 de julio de 1991 el Juzgado
de Instrucción nº 2 de Móstoles y en virtud de atestado instruido por funcionarios de la Dirección General de la Policía incoó las
Diligencias Previas nº 666/91 con motivo de la actuación del
reclamante al frente de la empresa PUBLlGEST S.L interviniéndose los teléfonos de la misma en 31 de dicho mes, mediante
Auto; 2) El 30 de octubre de 1991 se inician en el Juzgado Central de Instrucción
nº 3 las Diligencias nº 262/91 en virtud de actuaciones policiales, requiriendo este Juzgado de inhibición en 4 de noviembre de
1991 al de Móstoles el cual accede a la inhibición y le envía las Diligencias; 3) El Juzgado Central acuerda la intervención de
los soportes informáticos y ordenadores de dicha empresa, tanto en el local social de Móstoles como en el domicilio del
reclamante en Las Rozas; 4) También mantiene privado de libertad al reclamante entre el doce y el catorce de enero de 1992,
poniéndole en esta ultima fecha en libertad bajo fianza de tres millones de pesetas; 4) El 14 de enero de 1992, a petición del
Ministerio Fiscal, se inhibe a favor del de Móstoles nº 2, al que le envía las Diligencias, el cual, en 24 de enero de 1992
devuelve la fianza y así mismo deja sin efecto las mencionadas intervenciones; 5) El 1 de septiembre de 1992 el Juzgado de
Móstoles dicta Auto de sobreseimiento y archivo que es recurrido en apelación por la acusación particular y confirmado por la
Sección 3' de la Audiencia Provincial en Auto de 17 de abril de 1993; 6) El reclamante formula querella contra el Magistrado
Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 3, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la
que requiere de inhibición la Sala Segunda del Tribunal Supremo, habida cuenta la categoría y cargo desempeñado por el
querellado, siguiéndose en dicha Sala 2' la causa especial nO 1440/93, concluida por Auto de 13 de julio de 1993 que acuerda
la desestimación de la Querella y archivo, por lo no ser los hechos constitutivos de delito, contra el que el querellante formula
recurso de Súplica, que fue desestimado.
Segundo. Que dos Juzgados de Instrucción actúen simultáneamente por creerse competentes para la investigación de unos
mismos hechos, presuntamente constitutivos -de delito, es un supuesto procesalmente normal y previsto en los artículos 22 y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para dirimir la competencia estan precisamente los trámites legalmente
previstos, por lo que la iniciación de actuaciones por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 y el requerimiento dirigido (y
aceptado) al Juzgado nº 2 de Móstoles, no rebasa los límites de una actuación normal, y que responde a decisiones tomadas
dentro del ámbito puramente jurisdiccional y respecto de los que no cabe pronunciamiento d normalidad por no ser un
supuesto de los previstos en el articulo e la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que no encajan las decisiones
jurisdiccionales, sólo susceptibles de los oportunos recursos procesales y no de calificaciones negativas en vía administrativa,
para intentar deducir de ellas derecho a indemnización.
Tercero. Lo expuesto es igual e íntegramente aplicable a las resoluciones judiciales en las que se acordó la intervención de los
ordenadores los soportes informáticos y la línea telefónica así como los Autos en los que se decidió la prisión y libertad bajo
fianza del reclamante, resoluciones éstas últimas expresamente calificadas de ajustadas a derecho en el Auto dictado por la
Sala 2ª del Tribunal Supremo en 13 de julio de 1993, archivando la querella, como expresamente se hace constar en el escrito
inicial, sin que, por lo demás, la privación de libertad esté incluida y amparada a efectos indemnizatorios en el artículo 294 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto que no se dan los supuestos objetivos a que el mismo se refiere ya que el hecho
existió y la causa terminó por el Auto de sobreseimiento provisional a que se ha hecho referencia.
Cuarto. Según se deduce del escrito de reclamación los ordenadores intervenidos le fueron devueltos al interesado que
dispuso de ellos a su voluntad y los soportes informáticos también los tiene a su disposición, si bien manifiesta que carece de
lugar para su colocación de todo lo cual no se deduce funcionamiento anormal alguno de la Administración de Justicia, puesto
que los efectos y objetos intervenidos en uso de atribuciones jurisdiccionales y alzada su intervención al no ser ya necesario el
206

mantenimiento de la misma y en cuanto a objetos que se dicen intervenidos (un marcador automático de teléfonos, un cuchillo
de monte y un lanzachinas), por la policía sin constancia documental alguna, ello revela que no se trata de un anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia, puesto que no se pusieron a disposición de organismos jurisdiccionales, y sin
perjuicio de las acciones que en torno a ello puedan ejercitarse en vía procesal adecuada.
Quinto. El núcleo de la reclamación lo constituye una reiterada acusación que se formula contra el Magistrado Juez Central de
Instrucción nO 3, un Magistrado del Tribunal Supremo y altos mandos de las fuerzas policiales, en el sentido de haber incurrido
en acciones delictivas al intervenir en los procedimientos judiciales a que se ha hecho referencia y en perjuicio deliberado del
reclamante, habiéndose tramitado sobre ello y respecto del Juez una querella ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo,
desestimada y archivada por resolución firme, como antes se ha dicho; sobre tal punto no cabe calificación alguna de anomalía
en el funcionamiento de la Administración de Justicia, pues la materia a que afecta es jurisdiccional y una vez declarado en
firme que no se cometió delito, huelga intentar otra calificación como la que se pretende para conseguir indemnización, y
ningún efecto pueden producir los argumentos en que se analiza e impugna el Auto de 13 de julio de 1993 en que dicha Sala
2ª archiva la querella, extendiéndose también a esta última la tesis de la comisión de delito al pronunciar dicha resolución con
lo que la cadena sucesiva de imputaciones delictivas parece no tener fin. Por último ninguna consecuencia favorable a las
pretensiones del interesado puede deducirse de la amplia difusión que en distintos medios de comunicación tuvieron los
hechos, a cuyo efecto se aporta una voluminosa pieza con recortes de prensa, porque lo único que de todo ello se deduce es
que la importancia de la actuación policial y judicial en materia de interés general como es la obtención de datos a través de
soportes informáticos, originó las noticias de interés general y su difusión, importancia que, por lo demás el propio interesado
reconoce, al describir el alcance del negocio y al fijar la indemnización en mil quinientos millones de pesetas; por todo lo cual
debe informarse desfavorablemente el expediente.
III. CONCLUSIÓN El Consejo General del Poder Judicial informa que en el caso concreto de la reclamación formulada por
JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ no se ha producido funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Lo
precedentemente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste en ejecución de lo
resuelto, extiendo y firmo el presente en Madrid, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Ministerio de Justicia e Interior DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO
http://padrecoraje.es/pdf/dolosoinformeemitidoporelserviciojuridicodelestado.pdf C/ 5 - 28001 MADRID - Telf.: 5036500-Fax:
50365 03 La Dirección General del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la consulta formulada por V.l. sobre la
procedencia de dar traslado al Ministerio Fiscal, al amparo del artículo 409 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, de los hechos denunciados por D. Joaquín González López a efectos del ejercicio de la acción penal, por un presunto
delito de prevaricación, contra los Magistrados y el Fiscal que intervinieron en la causa especial de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo 1440/93, y en relación con dicha consulta y a la vista de los antecedentes remitidos tiene el honor de
informar cuanto sigue:
ANTECEDENTES 12) Con fecha 12 de enero de 1993 el Procurador de los Tribunales D. Jesús Verdasca Triguero, en
representación de D. Joaquín González López, presentó ante la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid querella, "para la oportuna tramitación de antejuicio", por presunto delito de prevaricación, contra el Ilmo. Sr.
Magistrado Juez D. Miguel Moreiras Caballero, titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, basando dicha
querella, en esencia, en los siguientes hechos: a) Con fecha de 13 de enero de 1991, el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Móstoles, en virtud de atestado policial instruido por la Comisaría de Policía de dicha localidad, acordó incoar, bajo el nº
666/91, diligencias previas para investigar los hechos y conductas imputadas a don Joaquín González López y otras personas,
consistentes en la elaboración de bases de datos personales concernientes a un elevado número de ciudadanos que aquéllos
posteriormente facili tebeo por precio a entidades de crédito; b) De las intervenciones y escuchas telefónicas acordadas por el
referido Juzgado de Instrucción se dio cuenta por la Sección de Delincuencia Económico-financiera de la Comisaría de Policía
Judicial al Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional que requirió de inhibición al Juzgado de Instrucción nº 2 de
Móstoles, asumiendo la competencia para la instrucción de la causa e incoando diligencias previas nº 262/91; e) El Juzgado
Central nº 3 de la Audiencia Nacional, con fecha de 30 de diciembre de 1991, dictó dos autos por los que autorizó la entrada y
registro, así como la ocupación de soportes y material informático en el domicilio de la empresa del Sr. González López, sito en
Móstoles, yen su domicilio particular, amparándose en ambos casos en la Ley de Control de Cambios; d) Tras tomar
declaración a D. Joaquín González López, el titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional dictó, en 12 de enero de
1992, auto de prisión provisional comunicada sin fianza por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y uso de
nombre supuesto; con fecha de 14 de enero de 1992 dictó un segundo auto por el que se reformó el anterior, decretando la
libertad bajo fianza de tres millones de pesetas, que, una vez prestada, permitió la excarcelación del Sr. González López; e)
Finalmente, no habiendo transcurrido diez días desde la fecha del primer auto, el titular del referido Juzgado Central acordó
inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles que, en 1 de septiembre de 1992, dictó auto de sobreseimiento
por no ser los hechos constitutivos de delito, auto que, recurrido en apelación, fue confirmado por auto de la Audiencia
Provincial de Madrid de 17 de abril de 1993.
2) Admitida a trámite la querella a que acaba de hacerse referencia por auto de la Sala de lo Civil y de lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 1993, la representación del querellado interpuso recurso de
súplica contra aquel auto, negando la competencia de la citada Sala. Evacuado el correspondiente traslado al Ministerio Fiscal,
207

éste manifestó su criterio favorable a la competencia de la misma Sala, que, por auto de 19 de mayo de 1993 se declaró
competente para conocer de la causa, rechazando la inhibición solicitada por el querellado en favor de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. Por providencia de 17 de mayo de 1993, la Sala Segunda del Tribunal Supremo requirió a la Sala
de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que, absteniéndose de todo procedimiento, le
remitiese los antecedentes a efectos de decidir sobre la competencia. Por auto de 1 de junio de 1993 la Sala Segunda del
Tribunal Supremo se declaró competente para el conocimiento de la causa en cuestión, que fue registrada en el mencionado
órgano jurisdiccional como causa especial número 1440/93.
A partir de este auto continuó la tramitación de la causa en la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo que, con fecha 13 de
julio de 1993, dictó auto desestimando la querella presentada en nombre y representación de D. Joaquín González López
contra el Magistrado-Juez D. Miguel Moreiras Caballero, "por no ser los hechos denunciados en dicho escrito constitutivos de
infracción penal y ordenando en consecuencia el archivo de estas actuaciones". Contra este auto fue interpuesto recurso de
súplica, que fue desestimado por auto de 13 de octubre de 1993.
32) Con fecha 14 de abril de 1994 D. Joaquín González López interpuso, ante el Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior,
reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios que considera le fueron causados por el
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en las actuaciones judiciales que se han reseñado en los
antecedentes primero y segundo de este informe.
Instruido en el Ministerio de Justicia e Interior el expediente derivado de la anterior reclamación, se solicitó y obtuvo del
Consejo General del Poder Judicial informe (formulado en el sentido de que no se había producido funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia) y, prosiguiendo, la oportuna tramitación, se abrió el trámite de audiencia del interesado, Sr.
González López, quien formuló diversas alegaciones y, entre ellas, solicitó que al amparo del artículo 409 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), se diera traslado al Ministerio Fiscal de los hechos que en su día denunció
"por si pudieran haber cometido delito de prevaricación tanto el Fiscal como los tres Magistrados intervinientes en la causa
especial 1440/93".
42) A la vista de lo anterior, el Ilmo. Sr. Secretario General de Justicia solicita de esta Dirección General informe "respecto a la
petición que formula el reclamante y la procedencia de dar curso a la misma conforme a lo establecido en el artículo 409 ya
mencionado".
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Aunque el presunto delito de prevaricación queda referido especialmente por el interesado al
auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1993 por el que
se desestimó la querella presentada por D. Joaquín González López contra el Ilmo. Sr. Magistrado Juez D. Miguel Moreiras
Caballero, ha de tenerse en cuenta que el presunto delito de prevaricación lo refiere también, en el escrito por el que se
evacuó el trámite de audiencia concedido en el procedimiento administrativo sobre responsabilidad patrimonial, al auto de la
aludida Sala de 1 de junio de 1993 por el que se declaró competente para el conocimiento de la causa.
Procede, en consecuencia, examinar los autos de 1 de junio y 13 de julio de 1993 a fin de determinar si se aprecia o no la
comisión de un delito de prevaricación en relación con una y otra resolución judicial.
Puesto que las resoluciones judiciales de que se trata son autos, el delito presuntamente cometido por los Magistrados que
dictaron los referidos autos, con ocasión de una y otra resolución, seria el previsto y penado en el articulo 356 del Código
Penal, conforme al cual "el Juez que, a sabiendas, dictare auto injusto incurrirá en la pena de suspensión".
12) Intención deliberada de faltar a la justicia, puesta de manifiesto en la locución "a sabiendas". Esta expresión equivale a
ciencia segura, conciencia e intención deliberada de faltar a la justicia, tal y como declara la sentencia de 14 de octubre de
1884, siendo preciso que el reo de este delito obre con intención deliberada de faltar a la justicia, que obre con malicia y
verdadera conciencia de su injusticia (sentencias de 10 de enero de 1900 y 13 de diciembre de 1919). En definitiva, la locución
"a sabiendas" que utiliza el articulo 356 del Código Penal expresa la necesidad, para que surja el delito, de que la conducta
tipificada sea realizada con dolo directo, es decir, que el sujeto sepa y le conste que la resolución que dicta es injusta, por
contraria a la Ley, y con arreglo a reiterada los elementos de este
A la vista de este precepto, y jurisprudencia del Tribunal Supremo, delito son los siguientes: que, a pesar de ello, la dicte
conscientemente, tal y como señala la sentencia de 3 de mayo de 1986: debe indicarse, finalmente, que la intención delictiva
ha de quedar acreditada de manera que no deje lugar a duda (sentencias de 20 de noviembre de 1874, 14 de mayo de 1914 y
13 de diciembre de 1919).
2º) Que el auto sea injusto. Este calificativo supone, según la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1992, que la
resolución ha de ser manifiestamente contraria a la Ley, de modo que, de producirse cualquier duda razonable, se produciría la
atipicidad de la conducta, que se tendría que depurar en otros ámbitos jurisdiccionales: no basta, por tanto, un error de
interpretación o aplicación de la Ley (sentencias de 31 de enero y 14 de marzo de 1914, 13 de diciembre de 1914 y 13 de
noviembre de 1924). La sentencia de 18 de junio de 1992 declara que no toda infracción de las normas legales, bien en la
conducta de un asunto o en su decisión, acarrea responsabilidad criminal, habida cuenta de que el elemento normativo del tipo
penal es la resolución injusta y no la simple resolución ilegal; el reproche que la sanción penal entraña, prosigue dicha
sentencia, no se manifiesta en la mera infracción de la
Ley, sino en la consciente aplicación torcida del Derecho, con el subyacente designio de perjudicar o beneficiar a alguien.
208

Enumerados y descritos los elementos del delito del artículo 356 del Código Penal, ha de pasarse seguidamente al examen de
los referidos autos de 1 de junio y 13 de julio de 1993.
En el auto de 1 de junio de 1993, por el que se declaró competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo para conocer de la
querella interpuesta por O. Joaquín González López contra D. Miguel Moreiras Caballero, el Alto Tribunal resuelve lo que
pudiera calificarse como "laguna legal"; respecto a cuál sea el órgano jurisdiccional competente para la instrucción y
enjuiciamiento de causas seguidas contra los Magistrados-Jueces de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional,
razonándose, en primer lugar, que el artículo 57.3 de la LOPJ, que atribuye la competencia a la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, se refiere a Magistrados de la Audiencia Nacional, siendo así que los "Jueces Centrales (de la Audiencia Nacional),
aunque tengan categoría personal de Magistrados, no son Magistrados de la Audiencia Nacional", y argumentándose después
que el artículo 73.3.b) de la LOPJ, que atribuye la competencia a la Sala de lo Civil y Penal, como Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de
Justicia respectivo, se refiere a Magistrados por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad
Autónoma, pero siendo así que conforme al artículo 88 de la LOPJ los Jueces Centrales de la Audiencia Nacional tienen
jurisdicción en toda España, cuando actúan en el ejercicio de una actividad jurisdiccional, "lo hacen siempre dentro del territorio
nacional y no en una determinada Comunidad Autónoma, aunque con toda obviedad y físicamente en ella se haya producido el
hecho penal de que se trate".
"Es por ello -sigue diciendo el auto de 1 de junio de 1993, después de aludir a otros argumentos- por lo que .... es
incuestionable que debe declararse, como ya se ha dicho, la competencia de esta Sala Penal del Tribunal Supremo para
conocer de la querella, siguiendo la doctrina de esta Sala que, aunque haya sido establecida en Autos, es ya muy uniforme y
está perfectamente consolidada, careciendo de sentido que en las mismas circunstancias y sin ningún argumento contrario a
los ya establecidos se cambie el criterio".
Pues bien, la resolución de la Tribunal Supremo declarando su competencia Sala Segunda del para conocer de la querella
formulada por el Sr. González López en virtud de los razonamientos que se acaban de exponer en esencia, y que coinciden
con el criterio seguido por la misma Sala en otros casos (autos de 20 de septiembre y 22 de noviembre de 1984), no puede
integrar el supuesto de resolución injusta que exige el tipo de delito del artículo 356 del Código Penal, toda vez que, conforme
a lo indicado en el fundamento jurídico precedente de este informe, el injusto que se predica de la resolución judicial no lo
constituye un error en la aplicación o interpretación de la norma, sino lo que es manifiestamente contrario a la Ley, y
difícilmente puede apreciarse que el auto de 1 de junio de 1993 sea una resolución manifiestamente contraria a la Ley cuando,
mediante una labor de interpretación jurídica, colma la omisión que se advierte en la LOPJ a propósito de la competencia para
la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delitos cometidos por los Jueces Centrales de la Audiencia Nacional, y
cuando el Alto Tribunal hace aplicación del criterio que había mantenido ya en sus citados autos de 20 de septiembre y 22 de
noviembre de 1984, así como en el de 17 de diciembre de 1991.
Tampoco se aprecia, en opinión de este Centro Directivo, que el auto de 1 de junio de 1993 constituya una resolución injusta,
dictada a sabiendas, por el hecho de que, según el interesado, el referido auto fuera dictado cuando el auto de 4 de mayo de
1993 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se admitió a trámite la querella
interpuesta por D. Joaquín González López contra D. Miguel Moreiras Caballero, era ya firme y contra el mismo no cabía
recurso alguno, de forma que el auto de 1 de junio de 1993 quebrantase "de una manera total y absoluta el principio de cosa
juzgada aduciendo una supuesta nulidad de actuaciones del antejuicio seguido ante el Tribunal Superior de Justicia".
Tal alegación no puede admitirse por las razones que a continuación se exponen. A diferencia de los demás órganos del orden
jurisdiccional penal, el Tribunal Supremo no puede, con arreglo al artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.er.)
formar ni promover competencia, sin que, por otra parte, ningún Juez o Tribunal pueda promoverlos contra él, y ello por razón
de su máxima condición jerárquica en la organización judicial; es por esta razón por la que el párrafo segundo de dicho
precepto dispone que "cuando algún Juez o Tribunal viniese entendiendo en un asunto cuyo conocimiento estuviese reservado
al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga
de todo procedimiento y remita los antecedentes en el termino del segundo día para, en su vista, resolver".
Así pues, no existe limitación procedimental, que no sea la de terminación de un asunto por resolución firme, queimpida al
Tribunal Supremo ordenar a otro Juez o Tribunal que se abstenga del procedimiento y le remita los antecedentes para que
aquel resuelva sobre su competencia; así lo pone de manifiesto el artículo 21, párrafo segundo, de la L.E.Cr. que no establece
ningún límite procesal para ello, aludiendo al Juez o Tribunal "que viniese entendiendo en un asunto", y a diferencia de lo
dispuesto para los demás órganos judiciales, respecto de los cuales el artículo 19 de la propia L.E.er. fija límites
procedimentales para promover y sostener cuestiones de competencias.
Por consiguiente, y en primer lugar, ningún impedimento jurídico existía para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo
ordenase a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no obstante haber dictado esta el auto del 4
de mayo de 1993 admitiendo a trámite la querella, que se abstuviese del procedimiento y remitiera los antecedentes y, por
tanto, para declarar la Sala citada en primer termino su competencia para conocer de la causa. No puede apreciarse, pues, en
virtud de lo expuesto hasta ahora, que el auto de 1 de junio de 1993 constituya una resolución injusta, en el sentido,
anteriormente indicado, de que sea manifiestamente ilegal por la circunstancia de que el Tribunal Supremo declare su
competencia una vez firme el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid adroi tiendo a trámite la querella.
209

En segundo lugar, y por lo que se refiere al pronunciamiento del auto de 1 de junio de 1993 por el que se acuerda "dejar sin
efecto todas las actuaciones practicadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid desde la
presentación de la querella, a partir de cuyo momento proseguirá la tramitación de la causa ante esta Sala por el procedimiento
legalmente establecido", tal pronunciamiento es consecuencia de la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Correspondiendo la competencia para conocer de la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo
y decidiéndose la admisión o inadmisión a trámite de la querella contra Juez o Magistrado por delito cometido en el ejercicio de
sus funciones mediante el oportuno antejuicio a que se refieren los artículo 757 a 778 de la L.E.Cr., no cabe reputar
manifiestamente ilegal, como exige el elemento normativo del tipo del delito del artículo 356 del Código Penal, el
pronunciamiento que deja sin efecto la resolución que, recaída en el antejuicio, fue dictada por Tribunal incompetente. El
referido elemento normativo del tipo delictivo del artículo 356 del Código Penal no surge, y, por ende, no puede apreciarse tal
figura delictiva cuando se hace necesaria, para determinar la conformidad o disconformidad a Derecho del pronunciamiento de
que se trata del auto de 1 de junio de 1993, una labor de interpretación de diversos preceptos de la LOPJ y L.E.er. a fin de
resolver la cuestión de si ha de mantenerse, por razón de su firmeza, una resolución judicial, o si procede dejarla sin efecto,
por razón de la incompetencia del órgano judicial que la dictó, inferior jerárquico de aquél al que corresponde la competencia.
En conclusión, y por virtud de las consideraciones precedentes, no cabe estimar, a juicio de este Centro Directivo, que el
referido auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1993 sea una resolución injusta a los efectos de
apreciar el delito del artículo 356 del Código Penal, sin que; en consecuencia, sea necesario examinar el elemento subjetivo
del tipo de delito.
- III - Pasando al examen del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1993, por el que se desestimó la
querella formulada por D. Joaquín González López, han de distinguirse tres grupos de actuaciones del Juez querellado a las
que se hace referencia, con su correspondiente valoración, en aquel auto: 1) Incoación de diligencias previas por el Juzgado
Central no 3 de la Audiencia Nacional; 2) Entrada y registro en el Centro de Cálculo y en el domicilio particular del querellante,
Sr. González López (autos de 30 de diciembre de 1991); y 3) Prisión provisional del querellante (autos de 12 y 14 de enero de
1992) .
.--------
1) Incoación de diligencias previas por el Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional. La incoación de diligencias previas
por el referido Juzgado tuvo por base el informe del Servicio Central de la Policía judicial de 30 de octubre de 1991, informe
que, aunque referido a los mismos datos que los recogidos en la denuncia presentada en la Comisaría de Policía de Móstoles
el 11 de junio de dicho año y que motivó la incoación por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles de las diligencias previas
nº 666/91, exponía la necesidad de extender las investigaciones, en principio centradas en Madrid y localidades próximas
(Majadahonda, Móstoles), a otras localidades como Barcelona y Sevilla e indicaba que los hechos investi-
gadas podían ser de la competencia de la Audiencia Nacional al "estar extendidos en todo el territorio del Estado Español". No
JI cabe, pues, reputar anómala o ilegal, en el sentido que exige el artículo 356 del Código Penal, la iniciación de diligencias
previas por el Juez querellado con fundamento en el aludido informe policial.
2) Autorización de entrada y registro. Han de darse por reproducidos en este punto las consideraciones que se recogen en el
auto de 13 de julio de 1993: los autos relativos a aquella autorización, dictados en su día por el Juez querellante, pueden
presentar el defecto de una escasa o deficiente motivación, a la vista de lo dispuesto por el articulo 248.2 de la LOPJ y por el
artículo 141 de la L.E.Cr., pero esa deficiente motivación, q~iera haberse hecho valer por la parte querellante en su momento y
haber determinado, en su caso, la " anulación de tales resoluciones, no significa que las mismas deban generar la
responsabilidad criminal pretendida en el escrito de querella.
3) Prisión provisional del querellante. La prisión provisional del querellante tuvo por causa los presuntos delitos de cohecho,
revelación de secretos por funcionario y uso público de nombre supuesto, y todo ello con fundamento en la declaración
prestada por el propio querellante ante el Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional. Partiendo de esta premisa ha de
señalarse, en primer lugar, que la prisión provisional fue decretada por Juez competente, puesto que requerido de inhibición el
Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles por el Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, aquél reconoció o admitió la
competencia de éste al no plantear oportuna cuestión, por lo que ha de entenderse cumplida la exigencia del artículo 502 de la
L.E.er.; en segundo lugar, el límite punitivo que el artículo 503 de la L.E.cr., establece para que pueda acordarse la prisión
provisional -que el delito tenga señalada pena superior a la de prisión menor- no es una exigencia que necesariamente haya
de cumplirse para acordar la prisión provisional, toda vez que el propio articulo 503 de la L. E. Cr. permite acordar la prisión
provisional, aunque el delito tenga señalado pena de prisión menor o inferior, por razón de los antecedentes del imputado, las
circunstancias del hecho, la alarma social que su comisión haya producido o la frecuencia con la que se cometen hechos
análogos; pues bien, constando en la causa la existencia de hechos que presentaban los caracteres de delito, apareciendo
motivos bastantes para creer responsable de aquéllos al querellante y pudiendo apreciarse razonablemente una situación de
alarma social, podrá ser discutible el acierto de la prisión provisional que se decretó, pero no existe base para estimar que la
referida prisión se acordó, de forma deliberada y con intención de faltar a la Ley, injustamente.
Como consecuencia de lo expuesto en el presente apartado, este Centro estima que el auto de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo de 13 de julio de 1993, recaído en la causa especial 1440/93, resulta fundado jurídicamente por las razones que
acaban de indicarse, no apreciándose, por tanto, en dicho auto los elementos constitutivos del delito tipificado en el artículo
356 del Código Penal.
210

- IV - Finalmente, debe hacerse referencia a la actuación del Fiscal que intervino en la reiterada causa especial 1440/93,
puesto que también a dicha actuación extiende el Sr. González López la posibilidad de comisión de un delito de prevaricación
(cfr., antecedente tercero, párrafo segundo, de este informe).
En relación con este supuesto ha de advertirse, ante todo, que nunca sería apreciable el tipo delictivo del más arriba citado
artículo 356 del Código Penal (dado que este delito sólo puede ser cometido por un órgano jurisdiccional al dictar un auto), sino
que el delito que, en hipótesis, podría haber cometido el aludido Fiscal sería el previsto y penado en el articulo 359 del mismo
Código, a cuyo tenor "el funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare maliciosamente de promover la
persecución y castigo de los delincuentes, incurrirá en la pena de inhabilitación especial" .
Pues bien, de la documentación obrante en el expediente resulta, en primer lugar, (cfr. escrito del Fiscal de 14 de mayo de
1993 y antecedente 2 y razonamiento jurídico primero del auto de 1 de junio de 1993) que el aludido Fiscal manifestó en el
momento procesal oportuno su criterio favorable a la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para conocer de
la querella formulada por el Sr. González López (competencia que en efecto reconoció aquella Sala en su reiterado auto de 1
de junio de 1993). Es obvio que tal actuación no guarda relación alguna con la omisión maliciosa del deber de "promover la
persecución y castigo de los delincuentes" a que se refiere el articulo 359 del Código Penal.
En un momento procesal posterior, y al serIe entregada la causa para que informase "sobre el fondo de la querella", el Fiscal a
que se viene haciendo referencia evacuó este trámite mediante escrito de fecha 6 de julio de 1993, en el que llegó a la
conclusión de que procedía el archivo de la querella sin necesidad de celebración de vista, al no ser los hechos objeto de
aquélla constitutivos de delito. Esta conclusión venía dada por considerar que ninguna de las actuaciones realizadas por el
Juez entonces querellado podía ser calificadas de 11 injusta" , en virtud de los razonamientos contenidos en el escrito aludido.
Tales razonamientos y la conclusión final fueron aceptados, en lo esencial, por el auto de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo de 13 de julio de 1993 que, como ya se vio a lo largo de este informe, desestimó la querella formulada por el Sr.
González López, por no ser los hechos denunciados en aquel escrito constitutivos de infracción legal.
Así pues, los criterios mantenidos por el Fiscal y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su auto de 13 de julio de 1993
son idénticos en sus aspectos sustanciales, de modo que las consideraciones hechas en el fundamento anterior de este
informe sobre la inexistencia de delito de prevaricación en el auto pueden extenderse a la actuación del Fiscal que actuó en la
propia causa especial 1440/93. Es evidente que la propuesta de archivo de una querella, por considerar, mediante la debida y
razonada fundamentación jurídica, que los hechos descritos en aquélla no constituyen delito, no puede identificarse en modo
alguno con la figura delictiva tipificada en el reiterado artículo 359 del Código Civil.
En virtud de todo lo expuesto, esta Dirección General somete a la consideración de v.r. la siguiente
CONCLUSIÓN No se aprecia en la actuación del Fiscal y de los tres Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
que intervinieron en la causa especial 1440/93 de dicha Sala los elementos constitutivos de los delitos de prevaricación
previstos y penados en los artículos 356 y 359 del Código
Penal. Madrid, .1.f de abril 995 EL DIRECTOR GENERAL Emilio Jiménez Aparicio - ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE
JUSTICIA Ministerio de Justicia e Interior el San Bernardo, 21 28071 - MADRID
DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE ESTADO el 19 de octubre de 1995 Expuesto
en http://padrecoraje.es/pdf/dolosodictamenemitidoporelconsejodeestadoel19deoctubre1995.pdf
Tengo el honor de remitir a V.E. el dictamen emitido por el Consejo de Estado en el expediente de referencia, que adjunto se
devuelve, recordándole al propio tiempo l o dispuesto en el artículo 7.4 del R.D 1674 /1980, de 18 de julio, sobre comunicación
a este Consejo de l a resolución que se adopte en definitiva. Madrid, 19 de octubre de 1995 Excmo. . Sr. . MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR.
CONSEJO DE ESTADO NQ: 1.478 /95 /MA
SEÑORES Ledesma Bartret, Presidente Gutiérrez Mellado Lavilla Alsina Arozamena Sierra De Mateo Lage Sánchez del Corral
y del Río Peces-Barba del Brío Vizcaíno Márquez Delgado-Iribarren Negrao ,
Secretario General Excmo. . Señor:
La Comisión Permanente e del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 1995, con asistencia de los
señores que al margen se expresan, emitió el siguiente dictamen:
11 En cumplimiento de Orden de V.E. de 1 de junio de 1995, el Consejo de Estado ha examinado el expediente de
responsabilidad patrimonial del Estado promovido por D. Joaquín González López, expediente que se recibió en el Consejo el
19 de junio de 1995.
j , De antecedentes resulta que: El 14 de abril de 1994 se registró de entrada en el Departamento consultante un escrito que D.
Joaquín González López formulaba en nombre propio y como administrador único de Publigest, S . L. i
El escrito es un largo alegato contra el Magistrado del Tribunal Supremo D. José Antonio Martín Pallin, el Magistrado titular del
Juzgado Central de Instrucción número 3, D. Miguel More iras Caballero, varios mandos de la Policía Judicial de Madrid e,
indirectamente, la compañía IBM. Asegura el Sr. González López que este grupo de personas le presentó ante los medios de
comunicación como el cerebro de una red de tráfico de datos informáticos y dirigió contra él un injusto procedimiento penal en
cuyo marco se acordó su privación de libertad (que duró tres días, del 12 al 14 de enero de 1992) y se dispuso la intervención
de los ordenadores y los soportes informáticos de su empresa, tanto en su sede social de Móstoles como en el domicilio del
interesado en Las Rozas.
211

La Policía Judicial -dice- intervino tras denuncia de D. Oscar Callado Palomo, antiguo colaborador de Publigest y empleado de
IBM, e intentó que el Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles actuar a contra D. Joaquín González López.
Pero -añade-el honrado Juez de Instrucción de Móstoles, único competente en el asunto, no se dejó persuadir, pues sabía que
las actividades de Publigest no eran delictivas. En vista de ello, la Policía Judicial acudió al Juzgado Central de Instrucción
número 3, y su titular, D. Miguel Moreiras, tras obtener la inhibición del Juzgado de Móstoles, acordó el ingreso en prisión del
Sr. González por delitos de cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto, así como la intervención del material
informático de su empresa.
El 14 de enero de 1992 el Juzgado Central de Instrucción número 3 se inhibió a favor del de Móstoles número 2, que el 1 de
septiembre de 1992 archivó las actuaciones, lo que fue confirmado por l a Audiencia Provincial de Madrid.
El hoy reclamante dedujo una querella por delito de prevaricación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.
La querella fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que , sin embargo, debió luego inhibirse a favor de l a
Sal a Segunda del Tribunal Supremo, cuyos Magistrados afirma prevaricaron al dictar Auto de desestimación.
Estas irregulares actuaciones policiales y judicial es, entre las que hubo una rueda de prensa facilitada por la propia Policía
Judicial, trajeron consigo la ruina del negocio familiar y del patrimonio personal del exponente.
Sus cliente s, casi exclusivamente Bancos y Cajas de Ahorros, alarmados por las noticias, siguen hoy sin ponerse siquiera al
teléfono. Los ordenadores intervenidos le fueron devueltos, pero tuvo que prescindir de ellos al haber sido desahuciado de su
local de Móstoles. La misma falta de espacio le impidió hacerse cargo de los soportes informáticos.
De entre los bienes que le fueron intervenidos, nunca llegó a recuperar un marcador automático de teléfonos de precio superior
a las 50.000 pesetas, un cuchillo de monte mar a Puma, que costaba más de 200.000 pesetas, y un lanzachinas de alto valor
sentimental, que no figuraban en las correspondientes actas policiales.
Por todos estos danos solicitaba una indemnización de 1.500 millones de pesetas. Acampañan al escrito de reclamación, entre
otros documentos, una voluminosa carpeta con recortes de prensa relativos a los hechos de que se trata y cinco cintas de
video referentes a varias ruedas de prenso que tuvieron lugar con motivo de l as actuaciones judiciales dirigidas contra el
reclamante.
2. La historia procesal correspondiente a los hechos objeto de reclamación se relata de forma lineal en el primero de los
fundamentos jurídicos del informe del Pleno del Consejo General del Poder Judi cial de 30 de noviembre de 1994 que obra en
el expediente.
El tenor de dicho fundamento j ur i d i c o primero es e l siguiente: "Primero.-Del examen del expediente se deduce que : 1) En
13 de julio de 1991 el Juzgado de Instrucción nQ 2 de Móstoles y en virtud de atestado instruido por funcionarios de la
Dirección General de la Policía incoó las Diligencias Previas nº 666/ 91 con motivo de la actuación del reclamante al frente de
la empresa Publigest S.L., interviniéndose los teléfonos de la misma en 31 de dicho mes, mediante Auto; 2)El 30 de octubre de
1991 se inician en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 las Diligencias nº 262 /91 e n virtud de actuaciones policiales,
requiriendo este Juzgado de inhibición, en 4 de noviembre de 1991, al de Móstoles el cual accede a la intervención de los
soportes informáticos y ordenador es de dicha empresa, tanto en el local social de Móstoles como e n e l domicilio del
reclamante en Las Rozas; 3) También mantiene privado de libertad al reclamante entre el doce y el catorce de enero de 1992,
poniéndole e n esta última fecha en libertad bajo fianza J e tres millones de pesetas; 4) El 14 de enero de 1992 el Juzgado
Central mencionado se inhibe, a petición del Ministerio Fiscal, a efecto las mencionadas intervenciones; 5) El 1 de septiembre
de 1992 el juzgado de Móstoles dicta Auto de sobreseimiento y archivo que es recurrido en apelación por la acusación
particular y confirmado por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial en Auto de 17 de abril de 1993; 6) El reclamante formula
querella contra el Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 3, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, a la que requiere de inhibición la Sala Segunda del Tribunal Supremo, habida cuenta la
categoría y cargo des empeña do por el querellado, siguiéndose en dicha Sala 2ª la c a usa especial nº 1440/93, concluida por
Auto de 13 de julio de 1993 que acuerda la desestimación de la querella y archivo, por no ser los hechos constitutivos de delito,
contra el que el querellante formula recurso de súplica, que fue desestimado".
3. Obra en el expediente fot ocopi a del Auto de 1 de septiembre de 1992 por el que el Juzgado de Instrucción número 2 de
Móstoles acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones que se habían seguido contra D. Joaquín González López.
En la fundamentación jurídica del Auto el Juzgado declara que "de las pruebas practicadas se desprende que la actividad
desarrollada por D. Joaquín González (... ) consiste, fundamentalmente, en recopilar datos tales como el nombre , domicilio,
número de DNI, empresa en la que trabaja, ingresos, automóviles que figuran a su nombre, número de afiliación a la Seguridad
Social, todos ellos referidos a personas físicas, así como semejantes datos referidos a empresas-personas jurídicas (... ).
Todos estos datos se integraban en ficheros automatizados y luego son utilizados e n campañas de publicidad directa bien por
ellos mismos, o bien se vendían los que interesaban al cliente para que éste remitiera la propaganda".
También se desprende de las diligencias que "no nos '"encontramos ante una "red organizada" ni nada por el estilo, sino, por el
contrario, ante diversas personas y empresas (más bien modestas en cuanto a su volumen de contratación), cuya única
conexión radica en haberse puesto en contacto en alguna que otra ocasión con Joaquín González para realizar algún negocio
dentro del ámbito de su empresa".
Señala a continuación el Juzgado de Móstoles que los da tos informatizados llegaban a manos del Sr. González por diversas
vías y entre ellas "mediante solicitud directa a los organismos o funcionarios públicos encargados de estos datos".
212

Observa el Juzgarle., que "no existe una regulación exhaustiva del contenido y límites de la publicidad de los datos que obran
en dichos registros". Así, de un informe remitido por t é c ni c o s de la Seguridad Social resulta "la amplia difusión que se daba
a algunos de estos datos, entregándose incluso a algunas empresas de las que se dedican a la venta de ficheros . . "
De este modo, "parece que el único hecho susceptible de ser encuadrado en alguno de los tipos recogidos en el Código Penal
vigente consiste en el ofrecimiento o solicitud de d á d i v a s , presentes, ofrecimientos, regalos o promesas a los funcionarios
encargados de la custodia de estos datos para su facilitación".
Y de la investigación realizada no se puede concluir que los encartados hubiesen adquirido información alguna de la que
disponían por alguno de los procedimientos a que se acaba de aludir, dicho de otra forma, no existe indicio alguno en autos de
que los encartados hayan entregado cantidades de dinero a funcionarios públicos para conseguir los datos que obraban en sus
ficheros" .
Concluye el Juzgado que "la amplia difusión de parte de los datos utilizados por O. Joaquín, la indeterminación de otros, así
como las fechas e r que han podido ser adquiridos y de l os funcionarios que a ellos han tenido acceso, en relación con el
conocimiento de las presentes diligencias que hoy tienen l a s personas con ellas relacionadas, hacen imposible cualquier
averiguación en este campo, por ello se ha de acordar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en virtud de lo previsto
en el artículo 789 .5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "
Sin embargo, en el último apartado de la fundamentación jurídica del Auto, el Juzgado de Móstoles afirma que "de las
diligencias obrantes en autos sí parece desprenderse la posible comisión de un delito de cohecho (... ), que viene configurado
por las gestiones llevadas a cabo por o. Joaquín González, a través de una funcionaria de la Junta de Andalucía, para
conseguir de otro funcionario la relación de vehículos de aquella Comunidad Autónoma" .
No obstante, el Juzgado entiende que la competencia para el conocimiento de este hecho pertenece al Juzgado que
corresponda de los de Instrucción de Sevilla. En la parte dispositiva del Auto el Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles
decretó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones la remisión de determinado testimonio de particular es al Juzgado de
Instrucción Decano de los de Sevilla a los efectos antes apuntados.
4. Mediante Auto de 17 de abril de 1993 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid di o por reproducidos los
acertados fundamentos" del apelado Auto de 1 de septiembre de 1992 del Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles y
vino a confirmar dicho Auto en todos sus términos.
5. En escrito de fecha 12 de enero de 1993, y dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la re presentación procesal de
D. Joaquín González López dedujo querella contra el Magistrado Miguel Moreiras Caballero como titular del Juzgado Central
de Instrucción número 3.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la querella mediante Auto de 4 de mayo
de 1993, que fue recurrido en súplica por el querellado.
El Ministerio Fiscal impugnó dicho recurso de súplica en escrito de 11 de mayo de 1993 . Examinando los indicios de
criminalidad a efectos de la admisión de la querella, el Ministerio Fiscal dice que "la hipótesis de negligencia temeraria (... )
debe ceder ante la más racionalmente fundada, según la cual nos situamos ante un intento de sustituir a un Juez, el de
Móstoles, poco propenso a las medidas solicitadas, con el artificio del inexistente delito de control de cambios, que en ningún
momento parece tan siquiera vislumbrarse de las actuaciones policiales. Es decir, se trata de un injusto doloso competencia
típicamente relevante , no en cuanto al contenido de las medidas adoptadas, que se podrían explicar por negligencia
temeraria".
Más adelante, el Ministerio Fiscal, respondiendo a alegaciones del recurrente, afirma que "los términos "temerario" "insólito",
"pintoresco" e "incompetente", no suponen sino una moderada descripción del comportamiento del Magistrado querellado".
Un Auto de 19 de mayo de 1993 de la Sala de lo Civil y Pena l del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vino a desestimar el
aludido recurso de súplica. 6. de junio de 1993 la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó Auto declarando su competencia
para conocer de las actuaciones promovidas con ocasión de la querella formulada contra el Magistrado Sr. Moreiras y dejando
sin efecto la tramitación que había tenido lugar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por Auto de 13 de julio de 1993, y previo informe del Ministerio Fiscal en que se proponía el archivo de la querella, la Sala
Segunda del Tribunal Supremo desestimó di c ha querella por delito de prevaricación, que había sido presentada por o.
Joaquín González López contra D. Miguel Moreiras Caballero, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3. En los
razonamientos jurídicos del Auto el Tribuna l Supremo analiza la actuación del Magistrado Sr . Moreira s en el procedimiento
dirigido contra D. Joaquín González y lo hace examinando tanto la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 3
como el fondo de las cuestiones resueltas por el propio Juzgado.
Las conclusiones de la Sala Segunda del Alto Tribunal son las siguientes: "El Juez querellado ha sido competente en las
resoluciones dictadas. La competencia reclamada fue aceptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles, órgano
jurisdiccional no subordinado al querellado y que, al no plantear la oportuna cuestión para que fuera resuelta por el superior
común, Sala Segunda del Tribunal Supremo, quedó determinada la competencia por acuerdo”.
"Además de este aspecto formal, desde el punto de vista material la competencia del Juzgado Central se apoyaba en el propio
atestado o informe de la Policía Judicial Especializada, y en que los hechos presuntamente delictivos trasvasaban el
territorio del Juzgado requerido e incluso de la propia Comunidad Autónoma”. Por otro lado, "en cuanto a los autos
de prisión y de libertad, examinados desde el prisma de su propia legalidad, han de reputarse totalmente justos, pues
213

constaba en la causa la existencia de hechos que presentaban caracteres de delito, algunos reiteradamente
confesados por el propio querellante, y se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 503 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, concurriendo, por otra parte, la alarma social a la que se refiere dicho precepto".
En efecto, en declaración prestada ante el Juzgado Central el querellante admitió que en 1985 había comprado información a
una persona que trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Y a la Policía confesó haber comprado por 150.000 pesetas un
listado sobre empresas jurídicas a una persona que trabajaba en el propio Ministerio de Hacienda. En el fallo la Sala acuerda
desestimar la querella presentada por D. Joaquín González por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción
penal.
7. Según antes se dijo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a requerimiento del Ministerio de Justicia e Interior,
informó el expediente el 30 de noviembre de 1994. Los fundamentos jurídicos segundo a quinto del informe se reproducen a
continuación:
"Segundo.-Que dos Juzgados de Instrucción actúen simultáneamente por creerse competentes para la investigación de unos
mismos hechos, presuntamente constitutivos de delito, es un supuesto procesalmente normal y previsto en los artículos 22 y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para dirimir la competencia están precisamente los trámites legalmente
previstos, por lo que la iniciación de actuaciones por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 y el requerimiento dir i g i do (y
aceptado) a l Juzgado nº 2 de Móstoles, no rebasa los límites de una actuación normal , y que responde a decisiones tomadas
dentro del ámbito pronunciamiento jurisdiccional y respecto de los que no cabe de anormalidad por no ser un supuesto de los
previstos en el articulo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , en el que no encajan las decisiones jurisdiccionales, sólo
susceptibles de los oportunos recursos procesales y no de calificaciones negativas en vía administrativa, para intentar deducir
de ellas derecho a indemnización".
"Tercero.-Lo expuesto es igual e íntegramente aplicable a las resoluciones judiciales en las que se acordó la intervención de
los ordenadores, los soportes informáticos y la línea telefónica, así como los Autos en los que se decidió la prisión y libertad
bajo fianza del reclamante, resoluciones es tas últimas expresamente calificadas de ajustadas a derecho en el Auto dictado por
la Sala 2ª del Tribunal Supremo en 13 de julio de 1993, archivando la querella, como expresamente se hace constar en el
escrito inicial, sin que, por lo demás, la privación de libertad esté incluida y amparada a efectos indemnizatorios en el artículo
294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto que no se dan los supuestos objetivos a que el mismo se refiere ya que el
hecho existió y la causa terminó por el Auto de sobreseimiento provisional a que se ha hecho referencia".
"Cuarto .-Según se deduce del escrito de reclamación los ordenadores intervenidos le fueron devueltos al interesado que
dispuso de ellos a su voluntad y los soportes informáticos también los tiene a su disposición, si bien manifiesta que carece de
lugar para su colocación, de todo lo cual no se deduce funcionamiento anormal alguno de la Administración de Justicia, puesto
que los efectos y objetos que tenían relación con l os hechos denunciados fueron intervenidos en uso de atribuciones
jurisdiccionales y alzada su intervención al no ser ya necesario el mantenimiento de la misma y, en cuanto a otros objetos que
se dicen intervenidos (un marcador automático de teléfonos, un cuchillo de monte y un lanzachinas) por la policía sin
constancia documental alguna, ello revela que no se trata de un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia,
puesto que no se pusieron a disposición de organismos jurisdiccionales, y sin perjuicio de las acciones que en torno a ello
puedan ejercitarse en vía procesal adecuad a " .
"Quinto.-El núcleo de la reclamación lo constituye una reiterada acusación que se formula contra el Magistrado Juez Central de
Instrucción nº 3, un Magistrado del Tribunal Supremo y altos mandos de las fuerzas policiales , en el sentido de haber incurrido
en acciones delictivas al intervenir e n l os procedimientos judiciales a que se ha hecho referencia y en perjuicio deliberado del
reclamante, habiéndose tramitado sobre ello y respecto del Juez una querella ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo,
desestimada y archivada por resolución firme, como antes se ha dicho; sobre tal punto no cabe calificación alguna de anomalía
en el funcionamiento de la Administración de Justicia, pues la materia a que afecta es jurisdiccional y, una vez declarado en
firme que no se cometió delito, huelga intentar otra calificación como la que se pretende para conseguir indemnización, y
ningún efecto pueden producir los argumentos en que se analiza e impugna el Auto de 13 de julio de 1993 en que dicha Sala
2ª archiva r la querella, extendiéndose también a esta última la tesis de la comisión de delito al pronunciar di cha resolución
con lo que la cadena sucesiva de imputaciones delictivas parece no tener fin. Por último, ninguna consecuencia favorable a las
pretensiones del interesado puede deducirse de la amplia difusión que en distintos medios de comunicación tuvieron los
hechos, a cuyo efecto se aporta una voluminosa pieza con recortes de prensa, porque lo único que de todo ello se deduce es
que la importancia de la actuación policial y judicial en materia de interés general, como es la obtención de datos a través de
soportes informáticos, originó las noticias de interés general y su difusión, importancia que, por lo demás, el propio interesado
reconoce, al describir el alcance del negocio y al fijar la indemnización en mil quinientos millones de pesetas ; por todo lo cual
debe informarse desfavorablemente el expediente".
Concluye el Consejo General del Poder Judicial que "en e l caso concreto de la reclamación formulada por Joaquín González
López no se ha producido funcionamiento anormal de la Administración de Justicia". Por el Ministerio de Justicia e Interior se
dio audiencia al interesado, quien evacuó el trámite mediante un extenso escrito que quedó registrado de entrada el 26 de
enero de 1995.
En dicho escrito se reiteran muchas de las alegaciones ya formuladas por el interesado y se desarrollan algunas de ellas,
como las relativas al daño causado a la empresa Publigest S. L de la que el Sr. González López es administrador único.
214

En este sentido, el reclamante señala que en enero de 1992 (cuando fue detenido) contaba con un fichero informático en el
que constaba la dirección y el DNI de más de 21 millones de españoles y especula en torno al valor de mercado que aquel
fichero hubiera podido alcanzar en aquellas fechas, ya que en su venta se habría podido utilizar el argumento de la próxima
aprobación de la hoy Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatiza do de los datos de
carácter personal, norma que vendría a ha c e r inviable la adquisición de tal base de datos.
Por otro lado, el Sr. González López solicita que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 409 de la Ley Orgánica de l Poder
Judicial, se entregue testimonio de las actuaciones al Ministerio Fiscal por si pudieran haber cometido del i t o de prevaricación
tanto los tres Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que intervinieron en la causa especial 1440/93 que
terminó mediante el Auto de 13 de julio de 1993 por el que se de s estimó la querella formulada contra D. Miguel Moreiras,
como e l Fiscal que actuó en aquella causa ante el Alto Tribunal.
9. La solicitud formulada por el reclamante en el escrito que presentó al despacharse el trámite de audiencia fue informada por
la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado con fecha 11 de abril de 1995. Examina en primer término la Dirección
General informante el Auto de 1 de junio de 1993 en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró su competencia
para conocer de la tramitación de la querella promovida por D. Joaquín González Lópe z contra D. Miguel Moreiras y dejó sin
efecto las actuaciones realizadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Señala el informe que la aludida declaración de competencia responde al criterio seguido por la Sala Segunda en otros casos
(Autos de 20 de septiembre y 22 de noviembre de 1984). Tal criterio se basa en considerar que, aunque los titulares de l os
Juzgados Centrales no son Magistrados de la Audiencia Nacional , cuando actúan en el ejercicio de una actividad jurisdiccional
su ámbito es siempre el nacional y no el de una determinada Comunidad Autónoma, con lo que el conocimiento de las
cuestiones que suscite su actuación no puede corresponder al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.
Estudia a continuación el informe la alegación de que el Auto del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1993 violó la cosa
juzgada, porque al dictarse ya había ganado firmeza el Auto de 4 de mayo de 1993 por el que la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite l a querella formulada por el Sr. González López.
Observa el Centro Directivo informante que, con arreglo párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
"cuando algún Juez o Tribunal viniese entendiendo en un asunto cuyo conocimiento estuviese reservado al Tribunal Supremo,
ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación de l Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo
procedimiento y remita los antecedentes en el t é r mi no del segundo día para, en su vista, resolver" .
De este modo, y según la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, "no existe limitación procedimental, que no sea la
terminación de un asunto por resolución firme, que impida al
Tribunal Supremo ordenar a otro Juez o Tribunal que se abstenga del procedimiento y le remita los antecedentes para que
aquél resuelva sobre su competencia; así lo pone de manifiesto el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no
establece ningún límite procesal para ello, aludiendo al Juez o Tribunal "que viniese entendiendo del asunto", y a diferencia de
lo dispuesto para l os demás órganos , especto de los cuales el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija los límites
procedí mentales para promover y sostener cuestiones de competencia”
En lo que hace al Auto de 13 de julio de 1993 de l a Sala Segunda del Tribunal Supremo, de desestimación de la querella
dirigida contra D. Miguel Moreiras, la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado procede a su análisis partiendo de las
distintas actuaciones jurisdiccionales del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que fueron objeto de querella.
Distingue el informe la incoación de Diligencias Previas por el Juzgado Central de Instrucción número 3, la autorización de
entrada y registro en e l domicilio y en la oficina del reclamante
\J y la resolución relativa a la prisión provisional del Sr. González López. Y, tras descartar que de ninguna de estas actuaciones
pueda derivarse responsabilidad criminal para el Magistrado actuante, la Dirección General informante concluye que el Auto
desestimatorio de la querella que el Tribunal Supremo dictó el 13 de julio de 1993 estuvo bien fundado jurídicamente.
De este modo, y dado que los criterios sostenidos por l a Sala Segunda del Tribunal Supremo fueron sustancialmente idénticos
a los que inspiraban el informe sobre el fondo de la querella emitido por el Fiscal el 6 de julio de 1993, la Dirección General del
Servicio Jurídico del Estado deduce que la propuesta de archivo con la que terminaba dicho informe "no guarda relación
alguna con la omisión maliciosa del deber de "promover la persecución y el castigo de los delincuentes "a que se refiere el
artículo 3 59 del Código Penal".
La conclusión final del informe dice así: "No se aprecia en la actuación del Fiscal y de los tres Magistrados de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo que intervinieron en la causa especial 1440/93 de dicha Sala los elementos constitutivos de los delitos de
prevaricación previstos y penados en los artículos 356 y 359 del Código Penal. 10. El 10 de mayo de 1995 D. Joaquín
González López presentó en el Ministerio de Justicia e Interior un nuevo escrito en el que reiteraba y ampliaba varias de las
alegaciones por él formuladas en este expediente. 11. La Secretaría General de Justicia del Ministerio de Justicia e Interior
formuló propuesta de resolución el 31 de mayo de 1 995.
En el informe que precede a la propuesta se hace ver que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha informado que
los hechos denunciados no constituyen un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Y, por otro
lado, tampoco concurren en el caso los requisitos exigidos por el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
12. Ya el expediente en el Consejo de Estado, el Sr . González López incorporó a él dos escritos de alegaciones, que se
recibieron en el Consejo el 26 d. junio de 1995 y el 18 de septiembre de 1995, respectivamente en el primero de ellos D.
Joaquín González López se decía dispuesto a reconsiderar la cifra objeto de reclamación siempre que la Administración
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convocase una rueda de prensa para restablecer la verdad de los hechos y el honor del interesado. El segundo escrito vuelve
sobre cuestiones ya tratadas por el reclamante en otro s momentos de la tramitación.
Y, en este estado el expediente, se emite la presente consulta.
l. El análisis de las cuestiones que plantea el expediente debe partir de una adecuada calificación de las extensas alegaciones
que el reclamante dedica a impugnar determinadas actuaciones del Juzgado Central de Instrucción número 3 y de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo. Tales alegaciones se refieren casi siempre a materia exclusivamente jurisdiccional. Es decir,
en ellas no se denuncian supuestos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino una serie de errores
judiciales, en varios de los cuales el reclamante creyó ver la figura del delito de prevaricación.
Al calificar de esta manera las alegaciones del interesado, el Consejo de Estado coincide con el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, que en el fundamento jurídico segundo de su informe, refiriéndose a lo actuado por el Juzgado Central de
Instrucción número 3, dice que se trata de "decisiones tomadas dentro del ámbito puramente jurisdiccional y respecto de las
que no cabe pronunciamiento de anormalidad por no ser un supuesto de los previsto s en el artículo 292 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en el que no encajan las decisiones jurisdiccionales, sólo susceptibles de los oportunos recursos procesales
y no de calificaciones negativas en vía administrativa, para intentar deducir de ellas derecho a indemnización".
Es lo cierto que en esta sede administrativa no puede entrarse a revisar ni a dar opinión sobre las actuaciones que los órganos
jurisdiccionales realizan en ejercicio del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que les atribuye el artículo 117.3 de l a
Constitución .
Como es sabido, el procedimiento idóneo par a el conocimiento de pretensiones de error judicial es el regulado en los articulas
292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal procedimiento no se ha seguido en el presente caso, con lo que el error
judicial no ha sido declarado y la so licitud indemnizatoria del interesado no puede prosperar. Ahora bien, el órgano
competente para declarar el error judicial es la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. Y en el caso que se examina la
Sala Segunda del Tribunal Supremo intervino en el conocimiento de la querella por delito de prevaricación que había sido
interpuesta por el hoy reclamante contra el Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.
Es verdad que cada proceso tiene su objeto propio y que, por tanto, los efectos de un proceso no pueden interpolarse en otro
distinto. Pero sí cabe apuntar que la amplitud del tipo penal de l a prevaricación llevó al Tribunal Supremo a realizar un análisis
igualmente amplio de las actuaciones del juzgador querellado, y que no encontró que en ellas se dictara resolución injusta.
Por tanto, y con la salvedad ya hecha, si alguna conclusión cabe extraer a los efectos de es te dictamen del Auto de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1993 no se tratará de una conclusión favorable a la existencia de error judicial
en las actuaciones impugnadas.
11. Habida cuenta de que el interesado sufrió prisión preventiva del 12 al 14 de enero de 1992, los hechos objeto de
reclamación han de examinarse también e la luz de lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tras
las vicisitudes procesales que se han narrado en los antecedentes, el procedimiento dirigido contra don Joaquín González
López terminó mediante Auto de sobreseimiento y archivo que el Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles dictó con fecha
1 de septiembre de 1992 Y al amparo del artículo 789. 5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En la fundamentación jurídica del Auto, y entre otras consideraciones más arriba recogidas, el Juzgado razona que el
sobreseimiento procede dada la amplia difusión a que eran sometidos algunos de los datos que el Sr. González López utilizaba
y l a indeterminación de la procedencia de otros y de los funcionarios que habían tenido acceso a ellos, lo que hace "imposible
cualquier averiguación en este campo".
Ha sostenido el Consejo de Estado en varios dictámenes (así, por ejemplo en el número 2.579/94)que "la certidumbre sobre la
inexistencia del hecho imputado que se exige para la aplicación del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es por
hipótesis muy difícil de alcanzar cuando los sucesos de que se trate no quedan completamente aclarados, como es l o propio
de l as situaciones en las que se acuerda el sobreseimiento provisional " .
Esta doctrina resulta, sin duda, de aplicación al presente caso. En efecto, en el propio Auto de sobreseimiento se menciona l a
posible existencia de un delito de cohecho "configurado por l as gestiones llevadas a cabo por don Joaquín González, a través
de una funcionaria de la Junta de Andalucía, para conseguir de otro funcionario la relación de vehículos de aquella Comunidad
Autónoma". Y, como subrayó el Tribunal Supremo en su Auto de 13 de julio de 1993, el mismo señor González López confesó
ante el Juzgado Central que en 1985 había comprado información a una persona que trabajaba en el Ministerio de Hacienda.
III. Incluso en la hipótesis (que se niega ) de que la atipicidad penal de la conducta de don Joaquín González hubiera a
quedado completamente acreditada, la improcedencia de una indemnización al amparo del articulo 294 de la Ley Orgánica de l
Poder Judicial sería patente.
Decía el Consejo de Estado en su dictamen número 1.019/1993 que "tal indemnización no podría alcanzarse por alguien que
hubiera desarrollado una conducta que, aun siendo penalmente atípica, mereciera serios reproches desde el punto de vista de
los principios generales del Derecho... ".
En el caso que se examina, se desprende del conjunto de lo actuado que al menos parte de los datos que utilizaba el hoy
reclamante procedían de archivos de titularidad de las Administraciones y no accesibles al público. Podrá ocurrir que esta
forma de obtención de datos para su comercialización no sea penalmente típica, pero no por ello dejará de ser ilícita.
En este sentido, hay que decir que la situación anterior a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, no era ciertamente la del vacío jurídico absoluto.
216

Existía, en primer lugar, el artículo 18 .4 de la Constitución, que encomienda a la ley la limitación del uso de la informática para
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.
Por otro lado, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, establece en su artículo 57 criterios reguladores
de la consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español, protegiendo especialmente los datos de
carácter personal.
De todo ello, y de principios general es del ordenamiento administrativo, se deduce que la obtención, sin procedimiento, sin
autorización y sin ningún tipo de garantías, de datos procedentes de ficheros públicos para su i informatización y
comercialización es una actividad claramente irregular. Y quien la realizaba no puede ser acreedor de una indemnización al
amparo del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
IV. Las alegaciones del reclamante respecto de los objeto s que le fueron intervenidos y no devueltos deberían dar lugar a la
correspondiente investigación por parte de los órganos competentes del Ministerio de Justicia e Interior.
V. Los términos de la presente consulta se refieren exclusivamente a la petición de responsabilidad patrimonial del Estado
formulada por el interesado. No ha de ocuparse por tanto el dictamen de la imputación que el reclamante hace de un delito de
prevaricación al Fiscal y a los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que intervinieron en la causa especial
número 1440/93. Baste decir a este respecto que el Consejo de Estado coincide plenamente con el informe de la Dirección
General del Servicio Jurídico del Esta do de que se ha hecho mérito en los antecedentes.
Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: Que procede desestimar la reclamación objeto de la
presente consulta." V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de octubre de 1995 EL SECRETARIO GENERAL, EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR.
SUPUESTAMENTE DOLOSA RESOLUCIÓN MINISTERIAL DESESTIMANDO EL DERECHO A SER INDEMNIZADO POR
EL ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, o quizá por haber exigido la correcta
aplicación de lo dispuesto en el artículo 409 de la ley Orgánica del Poder Judicial.
Ministerio de Justicia e Interior Expediente. 61/94
http://padrecoraje.es/pdf/asiprevaricobelloch.pdf
Visto el expediente instruido a instancia de D. Joaquín González López, en nombre propio y de la empresa PUBLIGEST, S.L.,
por el que reclama indemnización a cargo del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, y resultando:
HECHOS 1.- D. Joaquín González López en nombre propio y de la empresa "PUBLIGEST, S.L. ", en fecha 14 de abril de
1994, presenta escrito en el Ministerio de Justicia en el que, fundamentalmente, dice: 1°) Considera que fue presentado entre
la opinión pública y por todos los medios de comunicación como el cerebro de la Red de Tráfico de datos informáticos y
utilizado por un grupo de personas capitaneados por el Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Excmo.
Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que supone manejar a su antojo a un mando de la Policía Judicial y al Magistrado Juez D.
Miguel Moreiras Caballero, en su intento de situarse conjuntamente con otros cómplices en un ente que pudiera crearse al
amparo de la LORTAD desde donde podrían facilitar a IBM información sobre todos los ordenadores, periféricos de ordenador
y sistemas de comunicaciones de este país, octavo del mundo en cuanto a consumo informático; 2°) El 11 de julio de 1991,
Osear Callado Palomo, ex colaborador de Publigest y empleado indirecto de illM, siguiendo instrucciones de terceros, se
personó ante dos inspectores jefes del Grupo de Delincuencia Económico Financiera (Fraudes) del Servicio Central de la
Policía Judicial de Madrid, los cuales, conocedores como el denunciante, de que los hechos no eran .de su competencia ni
constitutivos de delito, solicitaron autorización de entrada y registro e intervención de los soportes informáticos en su domicilio
particular de Las Rozas y en el profesional de Móstoles; 3°) El Juzgado nº 2 de Móstoles al que, por reparto, correspondió el
asunto, entendió que los hechos no constitutivos de delito y denegó las autorizaciones para estas intervenciones archivando
provisionalmente las diligencias, las mismas autorizaciones que luego, meses más tarde autorizaría el Magistrado-Juez Sr.
Moreiras, a sabiendas de que fueron anteriormente denegadas por el único Juez que podía legalmente entender de los hechos
denunciados; 4°) Posteriormente debió intervenir el también Inspector Jefe D Alejandro Almaraz que presentó el escrito de 31
de julio de 1991, donde, tratando de confundir, decía que la Comisaría de Policía de Móstoles tramitó las diligencias, en lugar
de decir que la denuncia fue presentada ante funcionarios de su propio departamento; 5°) En este escrito se solicitaban unas
intervenciones telefónicas y se abrieron nuevas diligencias, autorizándose las intervenciones telefónicas, al igual que todas las
solicitudes de prórrogas que siempre firmaba un comisario jefe; 6°) Transcurridos tres meses de persecución policial, al
comprobar que no se había cometido delito alguno y que no existía motivo para convencer al honrado Juez de Móstoles de
que debía autorizar las intervenciones solicitadas el 11 de julio, el 30 de octubre, un comisario jefe que ya había firmado
solicitudes de prórroga, firma un extraño escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción nº 3, solicitando su intervención.~n
las diligencias abiertas en Móstoles; 7°) Ignora quien o quienes intervinieron cerca del Juez Moreiras para pedirle, obligarle o
forzarle a intervenir en estas diligencias y desconoce los motivos que tuvieron para ello y 10 innegable sería decir que dicho
Juez no supiera que dicha intervención le estaba especialmente negada por las propias leyes; 8°) De la duplicidad existente
entre los funcionarios policiales intervinientes y el Juez Moreiras tendremos pruebas si comprobamos que a los medios de
comunicación se les informó que el denunciante se llamaba Manuel, que había recibido un mensaje publicitario donde
se citaba su segundo nombre, Argimiro y que este dato sólo lo conocían su familia y la Seguridad Social que lo
denunció al Grupo de Delincuencia Económica Financiera;
217

9°) De haberse sabido que el Juez Moreiras había inhibido al Juez de Móstoles, cualquier persona hubiera podido sospecha el
posible delito de .prevaricación o prevaricación o de corrupción del Juez Moreiras; 10°) Al recibir las diligencias, el Juez
Moreiras comprueba que los registros e incautación de soportes informático s no fueron autorizados; y a, pesar de ello, decide
autorizados, entrando de lleno en lo previsto en el párrafo tercero del artículo 55 de la Constitución cada vez que firma un Auto
autorizando intervenciones telefónicas, incurriendo en delito al violar las conversaciones telefónicas de su domicilio y las
profesionales; 110) Por un supuesto delito de cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto, dicho Juez acuerda
su ingreso en prisión sin fianza y por lo que se deduce del documento dirigido al Director General de la Policía (12 de enero de
1992), por varios meses; 12°) Fue el Fiscal de la Audiencia Nacional que compareció por escrito de 13 de enero el que obligó
al Juez Moreiras a remitir las Diligencias al Juzgado de Móstoles y aún cuando dicho Fiscal entendía que debía ponerlo en
libertad, la decretó bajo fianza y control apud-acta: 13°) Estas supuestamente dolosas intervenciones culminaron con una
rueda de prensa facilitada por la propia Policía Judicial, falta de veracidad y con el exclusivo objetivo de crear o aumentar el
escándalo social; 14°) Del auto de' sobreseimiento y archivo de 1de septiembre del Juzgado nº 2 de Móstoles confirmado por
la Audiencia de Madrid, podrá conocerse que los titulares de la prensa fuerori desmentidos; 15°) En enero de 1992 fue objeto
de unas irregulares actuaciones policiales y judiciales (que suponemos anormal funcionamiento de la Justicia) que han
destrozado totalmente su negocio familiar y patrimonio personal y profesional presentándolo ante toda la opinión pública, como
perversos-delincuentes;--16~). Denuncia que se realizó una usurpación de-fundones, con ánimo de cometer delito, mediante la
asociación de miembros de la Policía y el Juez Moreiras, habiendo proseguido la instrucción de la causa durante nueve meses;
17°) Privado del derecho a la presunción de inocencia, se vio obligado a demostrar ésta última, emitiéndose primero un Auto
de sobreseimiento y archivo, posteriormente recurrido por los cómplices del Magistrado D. José Antonio Martín Pallín, ante la
Audiencia Provincial, que, después de nueve meses de paro y sufrimiento, desestimó el recurso, confirmando el archivo; 18°)
Denunció al Magistrado-Juez por supuestos delitos de prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
admitió la querella, tras una brillante exposición del Fiscal
Jefe de Madrid y después del antejuicio y siendo firme la sentencia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde ejerce el
Magistrado Sr. Martín Pallín, inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde el Fiscal, prevaricó descaradamente en
favor del Juez Moreiras pidiendo el archivo, al no ser los hechos constitutivos de delito, y los Magistrados de la Sala, que
siguen la causa especial 1440/93 nuevamente prevarican. y dictan Auto el 13 de julio de desestimación y archivo, contra el que
formuló recurso de Súplica que fue desestimado en resolución firme y no susceptible de recurso alguno; 19°) El Juez Moreiras
dicta Auto en 13 de noviembre de 1991 autorizando por dos meSes intervenciones telefónicas, por un posible delito monetario;
20°) El 30 de diciembre de 1991 dicta Auto autorizando a la policía a un registro para buscar pruebas de la perpetración de un
delito monetario en el domicilio de Publigest S.L. en Móstoles, dictándose otro Auto igual y de la misma fecha referido a su
domicilio de Las Rozas y en 10 de enero de 1992 se dicta un tercer Auto contra el domicilio social de Móstoles; 21°) Fue
detenido declarando ante la Policía y Juzgado Central de Instrucción nº 3, cuyo titular ordenó su ingreso en prisión; 22°) Los
peritos informáticos actuando oficialmente valoraron en 1.500 millones sus inversiones en ordenadores y en varios miles de
millones de pesetas en beneficios; 23°) Antes de declarar ante el Juez hubo una rueda de prensa, con gran pompa y
algarabía, donde se dijeron un cúmulo de falsedades, obra de mentes enfebrecidas o altamente interesadas en promocionar a
la Comisión de Libertades e Informática (CL!) inexistente asociación que lideraba Martín Pallin, para apoyarlos en su empeño
de conseguir articular la LORTAD en beneficio de IBM; 24°) Sus clientes, casi exclusivamente Bancos y Cajas de Ahorro,
alarmados por las noticias, siguen hoy, 27 meses después, sin ponerse siquiera al teléfono, 10 que confirma que su negocio y
prestigio han desaparecido a tenor de los anómalos comportamientos judiciales; 25°) El 12 de enero de 1992 el Juez Moreiras
dirige oficio a la Policía para que recoja las cintas del ordenador de Canillas y las traslade a las instalaciones informáticas de El
Escorial, dando en el mismo oficio como responsable de toda la trama: RED de tráfico de -datos a Carlos Álvarez Obregón, 10
que prueba que fue el Juez el que informó a ABC, aún cuando este periódico desvió el informante diciendo que la información
la recibió de fuentes próximas a Interior, ya que la Policía informó en rueda de prensa que el cerebro era Joaquín González
López; 26°) El 12 de enero de 1992 el Fiscal se persona en las Diligencias Previas abiertas por el Juez Moreiras y dice que los
hechos no constituyen delito de competencia de los Juzgados Centrales y de la.-Audiencia-Nacional, debiendo remitirse lo
actual al Juzgado nO 2 de Móstoles, que comenzó a conocer de los hechos y que entiende procede se acuerde la libertad de
los denunciados; 27°) A pesar de ello el Juez Moreiras acuerda la libertad bajo fianza de tres millones de pesetas en Auto de
14 de enero; 28°) Posteriormente el Juzgado de Móstoles le devuelve la fianza y autoriza que se desprecinten los locales, pero
no puede trabajar porque los ficheros magnéticos no les han sido devueltos al menos antes de haber perdido la propiedad del
centro de proceso de datos, por desahucio del Juzgado nº 8 de Móstoles; 29°) En el Auto de 13 de julio la Sala 2ª del Tribunal
Supremo dice que no se puede considerar anormal que el Juzgado Central acordara la incoación de Diligencias Previas y que
el requerimiento de inhibición podrá calificarse de erróneo o acertado pero 110 puede, como se hace en la querella, estimarse
que arrebató la competencia al Juzgado de Móstoles, en cuanto éste, no subordinado al Central pudo negar la inhibición que
se le solicitaba; 30°) Se extiende en consideraciones impugnando dicho Auto de la Sala 2a del Tribunal Supremo y el
contenido de las Diligencias Previas nO 262/91 del referido Juzgado Central; 31°) El Auto referido de la Sala 2a dice que en
cuanto a los Autos de prisión y libertad examinados desde el prisma de su propia legalidad han de reputarse totalmente justos
pues constaba en la causa la existencia de hechos que presentaban caracteres de delito, algunos reiteradamente confesados
por el propio querellante y se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
concurriendo por otra parte, la alarma social a que se refiere dicho precepto; 32°) EL Juez Moreiras se inhibió a favor de
218

Móstoles el 14 de enero y el 24 se le devolvió la fianza; 33°) EllO de febrero de 1992 cinco compañeros del Magistrado Sr.
Martín Pallín se personaron en las Diligencias de Móstoles como acusadores y recurrieron el Auto de archivo de 1 de
septiembre; 34°) Todo fue un montaje; 35°)
Por uno u otro motivo el negocio familiar ha sido destruido al ser presentado ante toda España como un negocio sin
escrúpulos; 36°) El escándalo social destapado con aquella rueda de prensa termino con su negocio y patrimonio y hoy tiene
que vivir en un piso de alquiler, sin que pueda recurrir contra los medios de comunicación que le han calumniado e injuriado,
pero después de que la propia Dirección General de la Policía les citara a una rueda de prensa; 37°) La cantidad de mil
quinientos millones solicitada la justifica porque fue la facilitada por la Dirección General de la Policía en la rueda de prensa,
como se deduce de las Diligencias nO 666/92 del Juzgado nO 2 de Móstoles, aunque reconoce que es insuficiente para limpiar
su imagen; 38°) La Policía intervino los soportes informáticos del local de Móstoles y la copia de seguridad que guardaba en su
domicilio, todo lo cual continu6 en poder de la Policía hasta que el recurso interpuesto contra el Auto de archivo fue
desestimado por la Audiencia en abril de 1993, fecha en que ya el Juzgado nº 8 de Móstoles había ejecutado el desahucio
que, por falta de pago, ejecutó su denunciante; 39°) .La imposibilidad de encontrar un local donde guardar los ordenadores de
Móstoles le obligaron a prescindir de los mismos; 40°) Desde abril de 1993 puede retirar los soportes informáticos que les
intervinieron en Móstoles y en su domicilio y trasladados a dependencias policiales de El Escorial, a todas luces insuficiente;
410) También le intervino la policía un marcador automático de teléfono valorado en 50.000 pesetas, un cuchillo de monte
marca Puma, de un costo superior a 200.000 pesetas y un lanzachinas de alto valor sentimental que no le fueron devueltos al
no constar en acta su ocupación. Tras citar fundamentos de derecho pide una indemnización de mil quinientos millones de
pesetas; acompaña dos piezas de documentos y una carpeta con cintas de video.
2.- Iniciado el expediente, en fecha 18 de mayo de 1994, es enviado a informe del Consejo General del Poder Judicial, que 10
emite el 30 de noviembre de 1994, estimando en el mismo que, en este caso, no se ha producido funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia. 3.- En fecha 21 de octubre de 1994 el reclamante envía escrito comunicando que se ha dirigido al
Consejo General del Poder Judicial reclamando el expediente, sin resultado alguno, ya que está pendiente de que sea
nombrado ponente. Dicho escrito es trasladado en la misma fecha al citado órgano.
4.- En fecha 3 de enero de 1995 se da trámite de audiencia al interesado según 10 dispuesto en el Real Decreto 429/93, de 26
de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad
patrimonial.
5.- Mediante escrito de 26 de enero de 1995, el interesado pide que se acuerde la suspensión cautelar de la tramitación del
expediente en tanto se resuelva la petición de puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado de las actuaciones
origen de la reclamación, de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
6.- En fecha 10 de marzo de 1995 se interesa de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado informe sobre la petición
formulada por el reclamante y la procedencia de dar curso a la misma.
7.- La Dirección General del Servicio Jurídico del Estado emite informe el 11 de abril de 1995, en el que dice en conclusión que
"no se aprecia en la actuación del Fiscal y de los tres Magistrados de la Sala 2a del Tribunal Supremo que intervinieron en la
causa especial 1440/93 de dicha Sala los elementos constitutivos de los delitos de prevaricación previstos y penados en los
artículos 356 y 359 del Código Penal
8.- El 20 de abril de 1995 se dirige escrito el interesado comunicándole las actuaciones llevadas a cabo y en especial el
informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. 9.- El 8 de mayo de 1995 el interesado envía escrito
en el que pone de manifiesto su desacuerdo con el informe del Consejo General del Poder Judicial e insiste que las
argumentaciones expuestas en la reclamación son ajustadas a derecho. 10.- La Secretaría General de Justicia elabora
propuesta de resolución en fecha 31 de mayo de 1995, desestimando la reclamación 11.- En fecha 14 de junio de 1995, el
expediente pasa a preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que lo emite el 19 de octubre de 1995 y en el que se dice en
conclusión: "Que procede desestimar la reclamación objeto de la presente consulta" 12.- La reclamación ha sido formulada
dentro del plazo establecido en el artículo 293.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO Vistos el artículo 121 de la Constitución Española y artículos 292 a
297 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 1.- Por la presente reclamación el interesado pretende una
indemnización a cargo del Estado por un supuesto funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, al ser inculpado
del delito de tráfico de datos informáticos.
2. Aunque el reclamante denuncia supuestos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, 10 que en realidad
está demostrando es su desacuerdo con actuaciones plenamente jurisdiccionales, ya que trata de impugnar actuaciones
llevadas a cabo por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 y de la Sala
2ª del Tribunal Supremo, por lo que en esta sede administrativa no puede entrarse a calificar dichas actuaciones que los
órganos judiciales efectúan y que sólo son susceptibles de .los oportunos recursos jurisdiccionales y respecto a las cuales no
cabe pronunciamiento alguno por no ser un supuesto de los previstos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que únicamente regula el funcionamiento anómalo de los servicios judiciales.
La única vía que procede para la impugnación de las decisiones judiciales es la declaración de error judicial en las mismas en
los términos que establece l artículo 293.1, que es el paso previo a la solicitud de indemnización ante el Ministerio de Justicia,
procedimiento éste que no ha sido utilizado en el presente caso por lo cual no puede ser atendida la pretensión planteada.
219

A mayor abundamiento hay que señalar que ya la Sala 2 a del Tribunal Supremo, en relación con la querella por delito de
prevaricación interpuesta por el hoy reclamante contra el Juzgado Central de Instrucción nº 3, no encontró en las actuaciones
llevadas a cabo por éste ninguna resolución injusta, lo que puede llevar a la consideración de que la petición de declaración de
error judicial no sería favorable al reclamante. 3. En cuanto a la prisión preventiva sufrida por el interesado entre el 12 y el 14
de enero de 1992 no cabe tampoco indemnización al amparo del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que
este precepto exige para la concesión de indemnización por esta causa la inexistencia del hecho imputado declarada en
Sentencia o por auto de sobreseimiento libre. En este caso el sobreseimiento fue provisional y además en el mismo se alude a
la posible existencia de un delito de cohecho, dado que D. Joaquín González realizó gestiones a través de una funcionaria de
la Junta de Andalucía para conseguir la relación de vehículos de dicha Comunidad Autónoma. Por su parte el Tribunal
Supremo en el Auto de 13 de julio de 1993 manifiesta que el Sr. González confesó ante el Juzgado Central al que en 1985
compró información a una persona del Ministerio de Hacienda. Al respecto, y siguiendo el criterio del Consejo de Estado
plasmado en otros dictámenes, no puede ser concedida indemnización a quien, aún desarrollando una conducta atípica
penalmente, si ha realizado actos reprochables desde el punto de vista de los principios generales del Derecho.
Es evidente que el reclamante utilizaba datos para la comercialización no accesibles al público, que procedían de
Administraciones Públicas, 10 cual es una actividad ilícita aunque no sea objeto de sanción penal y por tanto, sería
improcedente declarar su derecho a indemnización en base al artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su virtud,
resuelvo, de acuerdo con el Consejo de Estado, desestimar la reclamación de indemnización a cargo del Estado por el
funcionamiento de la Administración de Justicia, formulada por D. JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ. Lo que comunico a V.l. para
su conocimiento y demás efectos. .Ilmo. Sr. SECRETARIO GENERAL DE JUSTICIA
CONCLUSIONES:
Esta fotografía se tomo en 1993, esta maravillosa niña,
al igual que sus dos hermanos y sus padres, no deben
continuar pasando necesidades porque los máximos
responsables de la Administración de justicia y xde la
Administración general del Estado quieran mantener la
impunidad de aquellos que -para alcanzar mayor
impacto mediático- programaron que sus hijos y su
cónyuge ejercerían de huérfanos y de viuda de un
delincuente que, en la Prisión de Carabanchel, pereció
asesinado victima de un ajuste de cuentas entre bandas
rivales.
Supuestamente pretendían que nadie pensara que
aquellos que en el Anteproyecto de la Constitución
incorporaron el apartado 4º al artículo 18 cuando ya los apartados 1º, 2º y 3º del mismo artículo 18º, perfectamente cubrían o
reproducían lo dispuesto en el artículo 12º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sufrieron alguna
elucubración mental al crear aquel vació legal creado al agregar aquel mandato constitucional que textualmente dispone: 4.La
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos, cuando ya el apartado primero de ese mismo artículo 18 disponía: 1.Se garantiza el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
Mis familiares más allegados y yo, esperamos que Sus señorías tengan ha bien cumplir con lo dispuesto en los artículos 114 y
siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa entendiendo que, al haberse adjuntado
testimoniadas fotocopias de las Diligencias iniciarias, la parte demandada deberá aportar las diferentes propuestas de
resolución dictadas por la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia y las supuestamente acordadas de acuerdo con
lo dispuesto en los constitucionales artículos 118, 121 y lo dispuesto en los artículos 292.1º, 294.1º, 297 y 409 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y si realmente fueron los Consejos de Ministros celebrados los días 15 de octubre de 1999 y 1º de
marzo de 2002 quienes acordaron las Resoluciones reproducidas en http://padrecoraje.es/pdf/acuerdoconsejodeministros15-
10-1999.pdf y el acuerdo también reproducido en http://padrecoraje.es/pdf/acuerdoconsejodeministros1-3-2002.pdf.
O si también incurrió en el delito de falsedad en documento publico la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia
(supuestamente a instancias del Magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, don José Antonio Martín Pallín),
como pudiera haber acontecido ya que los Dictámenes emitidos por la Comisión permanente del Consejo de Estado, según se
aprecia en http://padrecoraje.es/pdf/dolosodictamenemtidoporelconsejodeestadoel26dejuliode1999.pdf, se solicitaron y se le
entregaron a la Ministra de Justicia y no al Consejo de Ministros que es ante quien se presentaron los recursos de revisión de
220

oficio y, la Disposición adicional decimosexta de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, dispone sobre la Revisión de oficio. 1. Serán competentes para le revisión de oficio de los actos
administrativos nulos o anulables: El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y de los dictados por los
Ministros. Los Ministros, respecto de los actos de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos
de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado.
En http://padrecoraje.es/pdf/propuestaderesolucion.pdf podrán Sus Señorías comprobar como de forma manifiestamente
intencionada, en la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia, supuestamente a instancias de terceras personas
como pudiera ser el Magistrado don José Antonio Martín Pallín, se Falsean tanto los antecedentes de hecho como los
Fundamentos de Derecho para llegar a la parte dispositiva de negarle a una victima del delictivo funcionamiento de la
Administración de Justicia, su constitucional derecho a ser indemnizado por el anormal funcionamiento de la Administración de
Justicia.
En http://padrecoraje.es/pdf/acuerdoconsejodeministros15-10-1999.pdf apreciaran como el acuerdo alcanzado por el Consejo
de Ministros al resolver el Recurso de revisión de oficio presentado ante el Consejo de Ministros, lo contesta un oscuro
funcionario del Ministerio de Justicia en papel impreso de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.
En http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_1999/c1510990.htm debería figurar el acuerdo alcanzado sobre
el Recurso de revisión de oficio que nuestro mandante presentó ante el Consejo de Ministros, al que corresponde el Dictamen
emitido por el Consejo de Estado el 26 de julio de 1999.
Es más si Sus Señorías entran en http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2002/c0103020.htm observaran
que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 1º de marzo de 2002, solamente aparece el siguiente Acuerdo
alcanzado: JUSTICIA ACUERDO por el que se decide la continuación del procedimiento de extradición activa de Juan
Ramón Carasatorre Aldaz por delitos de terrorismo o estragos terroristas, asesinato terrorista en grado de tentativa,
tenencia ilícita de armas y explosivos, falsificación de placas de matrícula, detención ilegal y robo con intimidación.
Al Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo le corresponderá acordar si procede cumplir con lo
dispuesto en el artículo 407 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o si procede el que una vez hayan remitido la información
que se solicite y analizada está, acordar que procede indemnizar a los perjudicados por las lesiones sufridas en sus bienes y
derechos en estos 18 largos años de indefensión sufridos.
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No obstante permítaseme añadir que estos hechos no se habrían producido, si aquel que nos ofreció como Ley de Borrón y
Cuenta Nueva, nos ofreció la vigente Constitución Española como Norma Fundamental del Estado hubiera cumplido con el
preceptivo juramento prestado ante las Cortes Generales de cumplir fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la
Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas la pluralidad política no
se habría monopolizado y, por ende, la Ley Orgánica Procesal Penal hubiera sustituido a la 41 veces actualizada Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la Administración de Justicia –al menos en vía penal- no habría podido continuar administrando
parcial justicia y ejerciendo de órgano represor de los ciudadanos. Del delito de prevaricación o prevaricato conocerían los
miembros del Tribunal del Jurado y, entre otros, los ciento noventa y dos trabajadores que perecieron victimas del terrorismo
islamista, continuarían acudiendo diariamente a su trabajo, Supuestamente tampoco se hubiera situado en el puesto 32 del
Ranking de corrupción mundial.
Bien es verdad que la Constitución dispone: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero nada
dispone de que el Jefe de Estado esté exento de cumplir con lo dispuesto en la Ley 92/1960 reguladora del Derecho de
Petición (hoy Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición), ni de cumplir con lo dispuesto en el artículo 409 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. En http://padrecoraje.es/pdf/irregularidades-reales.pdf se reproducen los numerosos escritos
donde el ahora reclamante ejercía su constitucional derecho de petición ante la única persona en España con autoridad
suficiente para ejercer de árbitro o moderador de las instituciones, demandando su intermediación para recabar el fundamental
derecho expuesto en el artículo 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Derecho de petición que, de espaldas a lo dispuesto en la Ley 92/1960 reguladora del Derecho de Petición, de forma
continuada y constante como Sus Señorías podrán comprobar, se acusaba recibo y se informaba que dicho escrito se redirigía
al Ministerio de Justicia donde de forma continuada y constante siempre han dado la callada por respuesta.
En http://padrecoraje.es/pdf/protocolarizadoanteeljefedelestado.pdf se reproduce la denuncia que en el palacio de la Zarzuela,
el 26 de julio de 2001, presentó el mismo Notario que la protocolizo. En este Su Majestad no solamente no cumplió con lo
dispuesto en el artículo 409 de la ley Orgánica del Poder Judicial, sino que ni siquiera se a cursado el preceptivo acuso recibo.
221

En http://padrecoraje.es/pdf/recurso-consejogeneral26-7-2008.pdf se reproduce el Recurso de revisión de oficio que ese
mismo día 26 de julio de 2001, presente ante el Consejo General del Poder Judicial sin que siquiera se haya recibido el
preceptivo acuse de recibo, una de las principales razones por las que esta parte entiende que el derecho a ser indemnizado
por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia no ha prescrito por mucho que en la Secretaria General Técnica
del Ministerio de Justicia continúen incurriendo en el delito de falsedad en documento publico, como hicieron quienes dictaron
u ordenaron que se dictare, http://padrecoraje.es/pdf/laasesoradelgabinetedelministrofernandezbermejoresponde.pdf este
doloso escrito.
En http://padrecoraje.es/pdf/acuerdoconsejodeministros1-3-2002.pdf se expone la única respuesta obtenida al Recurso de
revisión de oficio presentado ante el Consejo de Ministros tras que esa Excelentísima Sala de lo Contencioso Administrativo
resolviera mediante el ejercicio corporativo el recurso anteriormente presentado.
Del Recurso de revisión de oficio http://padrecoraje.es/pdf/recurso-revision-oficio29-10-2004.pdf presentado ante el Consejo de
Ministros el 29 de octubre de 2004, solamente he recibido http://padrecoraje.es/pdf/respuesta-recurso29-10-2004.pdf la
respuesta aquí reproducida fechado el 2 de diciembre de 2004..
En http://padrecoraje.es/pdf/dolosoydelictivoescritofirmadoporlasecretariatecnicadelministeriodejusticia.pdf se reproduce el
extraño escrito fechado el 30 de marzo de 2007 donde un funcionario o funcionaria de la Secretaria General Técnica del
Ministerio de Justicia pretende evitar que nuevamente recurra en demanda del exacto cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 292.1, 294.1, 297 y 409 de la Ley orgánica del Poder Judicial.
En http://padrecoraje.es/pdf/laasesoradelgabinetedelministrofernandezbermejoresponde.pdf encontraremos el escrito fechado
el 17 de mayo de 2007, en el que -sin pasar por el Registro de Salida del Ministerio de Justicia- nos remite la Asesora del
Gabinete del Ministro de Justicia don Mariano Fernández Bermejo, que siendo Fiscal Jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid conoció de la causa 2/93,
EL TEMA DE LA RED DE TRAFICO DE DATOS ÍNTIMOS Y SECRETOS,. TODAVÍA NO HA PRESCRITO POR CUANTO
El Recurso de revisión de oficio http://padrecoraje.es/pdf/recurso-consejogeneral26-7-2008.pdf que presenté ante el Consejo
General del Poder Judicial el 26 de julio de 2001, aún hoy, continúa sin ser resuelto ni contestado
Porque la denuncia presentada ante el Jefe del Estado por el mismo Notario que la protocolizó el mismo día 26 de julio de
2001 http://padrecoraje.es/pdf/denunciaprotocolizada.pdf continúa sin ser tramitada como corresponde a lo dispuesto en el
artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Porque continúa sin ser resuelto el Recurso de revisión de oficio presentado ante el Consejo de Ministros el 29 de octubre de
2004 http://padrecoraje.es/pdf/recurso-revision-oficio29-10-2004.pdf antes de transcurrir el año desde que se le informó de que
el Recurso de Revisión de oficio anteriormente presentado ante el Consejo de Ministros celebrado el 2 de marzo de 2002
había sido desestimado http://padrecoraje.es/pdf/acusedereciborecursoconsejodeministros.pdf hasta ahora esta la única
respuesta hasta el momento obtenida.
Porque el Consejo de Estado todavía no ha resuelto el recurso de revisión de oficio presentado el 28 de marzo de 2008
http://padrecoraje.es/pdf/cortepenalconsejodeestado-28-3-2008.pdf contra el supuestamente doloso Dictamen emitido por la
Comisión Permanente del Consejo de Estado el 19 de octubre de 1995, en el que se falsearon tanto los antecedentes de
hecho como los fundamentos de Derecho para llegar a la parte resolutiva favorable a sus oscuros intereses de apartar a
nuestro mandante de la vía penal hacia la contencioso-administrativa para mantener la impunidad de quienes cohecharon o
corrompieron a diferentes miembros de la Carrera Judicial y a diferentes miembros del Grupo de Fraudes de la policía Judicial.
Porque la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia, aún hoy, continúa empeñada en incurrir en el delito de
falseamiento en documentos públicos para obligar a nuestro poderdante a abandonar la vía penal a favor de la Contenciosoadministrativa
supuestamente para mantener la impunidad de quienes convencieron cohecharon o corrompieron al Magistrado
de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín y, entre otros, al profesional de la política don Diego
López Garrido.
Respetuosamente les saluda esta victima del delictivo proceder de la Administración de Justicia (incluidas dos diferentes Salas
de Tribunal Constitucional, y de la Administración General del Estado incluida la Casa de Su Majestad el Jefe del Estado.
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