MINISTERIO DE JUSTICIA Excmo. Sr. MINISTRO DE ... - Padre Coraje

Joaquín González López
el Soria, 5-22 A
28230 Las Rozas (MADRID)
MINISTERIO DE JUSTICIA
REGISTRO GENERAL
1 14 ABR.1994 \
VENTANILLA [ NQ :J
Tifo.: 637.77.76
Fax: 637.66.76
MINISTERIO DE JUSTICIA
Excmo. Sr. MINISTRO DE JUSTICIA
64 páginas y relacción de pruebas.
Solicitando Indemnización por
Anormal Funcionamiento de la Justicia
Madrid,
Excmo. Sr. Ministro:
11 de abril de 1.994
El firmante, Joaquín González López, Industrial de 57 años, casado, D.N.I.
173.785, domiciliado en Las Rozas de Madrid, CI Soria, 5-22A; 28230, teléfono
6377776, personalmente y como administrador único de Publigest S.L., empresa
formada conjuntamente con su cónyuge Dña.Maria del Carmen López Acebal, inscrita
en Registro Mercantil de Madrid tomo 3.613, general 360, sección 4ª, del libro de
sociedades, folio 139, hoja núm. 6.791, inscripción 1ª, a S.E. con el debido respeto
dirige este escrito en demanda de los resarcimientos económicos que prevé la el
ordenamiento jurídico por los daños causados asu persona a su patrimonio personal,
famílíar y profesional, a su honor personal, famílíar y profesional y a la propia imagen
por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Considero que fui presentado ante la opinión pública y por todos los medios
de comunicación como el > > cerebro > > de la < > de tráfico de datos
informáticos y utílízado por un grupo de personas, capitaneados por el Magistrado de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo Excmo. Sr. D.José Antonio Martín Pallín, que
supo manejar a su antojo a un mando de la Policía Judicial y al Magistrado-Juez
D.Miguel Moreiras Caballero, en su intento de situar y situarse conjuntamente con
otros cómplices en un ente que pudiera crearse al amparo de la LORTAD, desde
donde podrían facílítar a IBM información sobre todos los ordenadores, periféricos de
ordenador y sistemas de comunicaciones de este país, octavo del mundo en cuanto
a consumo informático.
l. ANTECEDENTES.-
La constitución Española de 1.978, prevé, en el artículo 18.42 que:
< < La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derecho> >.
Cuando se acordó aprobar este artículo, debió estar en la mente de los
legisladores o representantes, limitar el poder de la Administración para almacenar
datos con ayuda de la informática que pudiera llegar a coartar la libertad de los
ciudadanos y posiblemente no se pensó que esta ley tendería a obstaculizar el
ejercicio de la publicidad directa.
La reforma fiscal iniciada por el entonces Ministro de Economía D. Francisco
Fernandez Ordoñez hubiera resultado imposible de haberse desarrollado este
Constitucional Derecho. Esta ley hubiera impedido las transformaciones siguientes:
Introducción:
A poco que conozcamos la informática sabremos que son elementos capaces
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de manejar enormes cantidades de información en un mmlmo de tiempo. Para
almacenar esta información sobre cada persona es preciso tener algún carácter que
los individualice como puede ser el D.N.I.
Recordemos que antes, en las relaciones bancarias, bastaba conocer nuestro
nombre y dirección y tener la firma registrada. Posteriormente, y por necesidades de
está reforma fiscal hubo de incluirse el nº del D.N.I. a cada una de las cuentas, por
cuanto fue preciso que los bancos y cajas presentaran a la Hacienda Publica relación
de las cuentas corrientes y posteriormente incluso saldos.
En cuanto a la Seguridad Social cada beneficiario estaba, y sigue estando,
identificado por el número que, precedido del código provincial, identifica a cada
usuario con su nombre y dos apellidos. Lo mismo sucedía con los empresarios cuyo
número patronal se identificaba de forma similar. Luego y en virtud de la pretendida
reforma fue preciso incorporar a cada número de identificación personal y patronal
se preciso añadir el identificativo DNI y/o el NIF.
Al mismo padrón de habitantes se le incorporó el campo del DNI desde el 31
de marzo de 1986 y desde entonces estamos mejor controlados por la Administración
del Estado.
La última agresión al proyecto de ley la sufrimos cuando nos fue incorporado
el carácter alfabético que se obtiene luego de realizada una operación matemática
que se realiza con cada uno de los números del DNI, del resto o valor obtenido se
obtiene tras el enfrentamiento con una tabla el carácter alfabético. Con este carácter
alfabético nos resultara imposible tratar de cometer ningún error al facilitar el número
del DNI que nos identifica, ya que al introducir el carácter alfabético después de los
numéricos el ingenio informático que recibe esta información, establece la operación
matemática anteriormente mencionada y si el carácter alfabético no resulta igual al
facilitado por el ingenio informático, éste rechaza la información y se hace preciso
una investigación en profundidad.
Los intereses mercantilistas, y posiblemente la necesidad de financiación de
los partidos políticos, insistieron en que se desarrollara esta ley a pesar de que en
realidad ya naciera obsoleta. Desde los puestos directivos a los que daría lugar el
desarrollo de la ley se podría tener acceso a todas las instalaciones informáticas
españolas, tanto las pertenecientes a la empresa privada como a las que dependieran
de las diferentes administraciones, con lo que sería posible mantener siempre
actualizado un censo de la maquinaria informática y de los sistemas de comunicación,
con independencia de poder obtener cualquier otra información que pudiera ser
interesante para el equipo comercial de IBM.
Pudiera resultar que de estas necesidades mercantilistas y con el ánimo de
satisfacerlas pudiera estar D.José Antonio Martín Pallín, ya que siendo Fiscal en la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, se hizo nombrar vicepresidente de la APDHE
para crear las "Jornadas de la Informática y los Derechos Humanos".
A pesar de la poca o nula relación que pudiera existir entre la carta de
intenciones de Derechos Humanos, y la Informática, este hombre, un año después,
en 1.984 presentó conjuntamente con Diego López Garrido un proyecto de ley que
desarrollara lo que luego dio en llamarse LORTAD.
Nuestros vecinos franceses, en 1.978, crearon la COMISSION NA TlONALE de
L 'INFORMA TlQUE et des LIBERTES (C.N.I.L.) Ignoro si en esta comisión consiguió o
no introducir algún lobby IBM, lo que si es cierto que cuando en españa se formó la
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Comisión de Libertades e Informática (CL/), (eliminando la N de Nacional por respeto
a las diferentes Autonomías) se hizo entre el Magistrado D. José Antonio Martín Pallín
y otros oscuros personajes entre los que se encuentran incluso empleados directos
de 18M.
La CL/ fue creada en abril de 1.991, y según se deduce de su manifiesto
fundacional, la mayor preocupación de esta Comisión estaba en como hacer
comprender al español medio los graves problemas o grave riesgo que podría
suponer que sus datos informatizados podrían estar incluso en manos de terceros.
A pesar del mucho dinero que debieron invertir en obtener artículos de apoyo
en la presa contratada (principalmente "ABC" y "EI País''), no supieron aprovechar,
para promocionarse, una noticia facilitada por "EI Sol" ( mayo de 1.991) sobre un
< >, como no supieron
aprovechar la facilitada en mayo de 1.989.
El reconocimiento de estos dos fallos les indujo a apoyar la posibilidad de una
nueva denuncia al respecto contra Joaquín González López y Publigest. Conocieron
por IBM que existía una persona que podría, a requerimiento de 18M, denunciar a otra
que había tenido la inoportunidad de ponerse en comunicación con los directores de
Seguridad y de Asesoría Jurídica de esta multinacional. De esta persona y empresa
conocían que estaba desarrollando una base de datos con información sobre
VEINTIÚN millones de personas físicas y la práctica totalidad de las jurídicas, pudieran
haber tenido incluso información de que se trataba de un solo hombre, que arrastraba
dos operaciones de corazón y que difícilmente podría defenderse caso de sobrevivir
al impacto emocional que presumieron iban a producirle, a la vista del gran
escándalo social que decidieron montar a socaire de la denuncia, denuncia esta, que
colaborarían ellos en que fuera admitida. Una vez admitida la denuncia e incautados
los soportes informáticos, y filtrada la noticia utilizando para ello a ''ABC'', cada uno,
de los supuestos delincuentes, colaboraría cerca de los medios de comunicación
para sensacionalizar la noticia; como luego seis meses más tarde hicieron no faltando
ruedas de prensa, colaboraciones con los diferentes medios de comunicación, notas
de prensa y demás intentos de, a la vez que nos desprestigiaban y cargaban nuestro
historial de falsas y exageradas acusaciones promocionaban a la CL/, en detrimento
de la verdad y de nuestro honor.
Supuestamente fue el Magistrado Martín Pallín el que comprometió a algún
mando de la Policía Judicial, de mando superior a los diferentes Comisarios Jefes que
luego firmaron diferentes documentos que obran en las diligencias, teóricamente D.
Manuel Reverte o quizá el mismo D.Carlos Conde Duque. Estos mandos policiales
instaron a los policías judiciales inspectores jefes nQ 15.279 y 16.809 afectos al Grupo
de Delincuencia Económica Financiera (Fraudes) del SeNicio Central de la Policía
Judicial de Madrid destinados en Móstoles, población esta donde debería denunciarse
según el artículo 14.2Q de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los mencionados
policías judiciales recibieron instrucciones de solicitar autorizaciones de entrada
registro e incautación de los soportes informáticos que pudieran encontrarse en el
domicilio profesional de Móstoles y en el particular de Las Rozas, pero no les
indicaron qué árticulo o ley pudieran haber esgrimido como vulnerado o incurrido.
La denuncia se recibió un 11 de julio, el día 23 se presentaba la LORTAD a los
miembros del Congreso. Eran momentos decisivos y por eso la premura en las
inteNenciones, que posteriormente serían negadas por el honrado Juez de Móstoles,
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al que por reparto le correspondió entender de los hechos denunciados, y, meses
más tarde, no tendría escrúpulos para autorizar el Juez Moreiras.
Hasta aquí ningún daño para Publigest, los policías judiciales intervinientes y
la posterior incorporación del Inspector Jefe Alejandro Almaraz nº 12.585, el cual no
tuvo escrúpulo alguno al informar al Juez de Móstoles de que en Publigest, bien
pudieran estar facilitando información a ETA sobre los domicilios de los jueces y así
conseguir autorizaciones para intervenir los teléfonos de Las Rozas y Móstoles, lo que
consiguen luego de facilitarles éste, un oficio firmado con un garabato y P.O. del
Comisario Jefe del Servicio Central de la POlicía Judicial de Madrid.
Después de tres meses de persecución policial, al no encontrar ningún motivo
o sospecha por el cual poder acusarme ante el Juez de Móstoles deciden contactar
con el Juez Moreiras y pedirle que intervenga en estas diligencias. Desconozco
quienes corrompieron al Juez Moreiras, ignoro si fue Martín Pallín o si fue aquel
mando policial del que sospecho con categoría suficiente para dar ordenes a los
diferentes Comisarios Jefes del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid. Lo
cierto es que ambos acuerdan la redacción del escrito de 30 de octubre de 1.991,
desconociendo que la dificultad que se cita como disculpa base en el citado escrito,
fue especialmente prevista en el artículo 22 del R.D. 867/1.987 sobre regulación de
la Policía Judicial; como así mismo que este mismo escrito adolece de la falta de
información de los Juzgados intervinientes, de los motivos y del tipo de apertura de
las diligencias, así como de los números identificativos de las mismas.
Resulta curioso observar el comportamiento de este Juez, que en su irreflexivo
impulso dicta varios autos un jueves y no puede continuar hasta el próximo lunes en
el que mediante una sorpresiva falsificación pudiera haberse enterado de la
información que le faltaba.
Esta Comisión de Libertades e Informática, que se nos decía ser una
Asociación no Gubernamental compuesta por la Asociación de Jueces para la
Democracia, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE), la Unión de Consumidores
Españoles (UCE), CC.OO y UGT, entre otros, nunca llegó a existir según los
informes del Ministerio del Interior y las personas dirigentes y dirigidas hicieron uso
de nombre supuesto para tratar de alterar el articulado de la LORTAD en beneficio de
18M. El Magistrado Martín Pallín comprometió el buen nombre de las dos primeras
instituciones, bajo cuya cobertura y al amparo del prestigio que pudieran proporcionarle
dirigió o dirigieron una serie de escritos con enmiendas a la LORTAD a todos
los Grupos Parlamentarios.
Considero que Miguel Moreiras Caballero, aprovecho su condición de Juez
para cometer delito y que fue utilizado por Martín Pallín para sensacionalizar la noticia
que era el principal motivo de esta trama delictiva, a nuestra forma de entender y
después de más de dos años de investigación.
Es sobradamente conocido el volumen y la amplitud del escándalo social
obtenido, no obstante se adjuntan algunos recortes de prensa y repicados en
televisión, que aún cuando no llegan a ser la totalidad, si van acompañados de un
estudio pericial emitido al respecto por una empresa especializada.
Tanto era el afán de protagonismo, o tan fuerte la necesidad de obedecer a
terceros que los componentes de la CU, que por su profesión y oficio -incluso
dirigidos por Martín Pallín- conocían de la, anulada, mascarada del Juez Moreiras
decidieron presentar recurso al auto de sobreseimiento y archivo emitido por el juez
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de Móstoles, prolongando
sión.
por nueve meses más la agónica sensación de indefen­
No tuvo Martín Pallín el menor empacho en sugerir, u ordenar, a sus cómplices
para que se personaran como acusación privada, utilizando el derecho que señala
el artículo 125 de la Constitución para ejercer la acción popular, aun cuando
posiblemente continue luchando, este Magistrado, para posponer el derecho al jurado
que señala este mismo artículo.
11. -EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS.
El 11 de julio de 1.991, Oscar Callado Palomo, ex colaborador de Publigest y
empleado indirecto de 18M, siguiendo instrucciones de terceros, se personó ante los
inspectores jefes nQ 15.279 y 16.809 afectos al Grupo de Delincuencia Económica­
Financiera (Fraudes) del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid, los cuales
debieron de haber recibido instrucciones de alguno de sus superiores para que
admitieran esta comparecencia.
Los funcionarios policiales, anteriormente citados y el denunciante, conocedores
de que los hechos denunciados no eran, de su competencia ni constitutivos de
delito alguno, y de que se trataba de una actividad común y suficientemente generalizada
desde décadas anteriores; siguiendo las ordenes o sugerencias recibidas no
solo admitieron la comparecencia, sino que adjuntaron solicitud de autorizaciones de
entrada registro e intervención de los soportes informáticos en el domicilio particular
de Las Rozas y profesional de Móstoles sin apoyarse o mencionar ningún artículo o
ley que pudiera haberse infringido.
El Titular del Juzgado nQ 2 de Móstoles al que, por reparto, le correspondió
entender de los hechos denunciados, entendió que los mismos no eran constitutivos
de delito y denegó las autorizaciones para estas intervenciones (archivando
provisionalmente las diligencias), las mismas autorizaciones que luego, meses más
tarde, autorizaría el -también Magistrado-Juez D. Miguel Moreiras Caballero aún a
sabiendas de que estas fueron anteriormente denegadas por el único Juez que podía,
legalmente, entender de los hechos denunciados.
No satisfechos, los funcionarios policiales actuantes o lo que es lo mismo el
mando policial "interesado" ordenó o pidió que se insistiera, contra esta decisión
judicial, en contra de los estipulado en el arto5 del R.O. 769/87, sobre regulación de
la Policía Judicial.
Estos funcionarios policiales siguieron insistiendo cerca del citado Juez de
Móstoles el cual se negó a facilitarles las autorizaciones solicitadas. Posteriormente
debió intervenir el también inspector jefe D. Alejandro Almaraz nQ 12.585, el cual
presentó el escrito de referencia 7.508, de fecha 31 de julio de 1.991 donde (tratando
de confundir) se decía que < > en lugar de indicar que
la denuncia fue presentada ante funcionarios de su propio departamento, los cuales
(y en prueba de lo irregular de la denuncia) se vieron obligados a pedir un número
de identificación o registro de las actuaciones a la Comisaría de la Policía Nacional,
donde se reciben "normalmente" las denuncias que no se realizan en el Juzgado de
Guardia.
En este escrito se solicitaban unas intervenciones telefónicas y se abrieron
nuevas dílígencias. Este oficio procedía del Servicio Central de la Policía Judicial,
grupo de Fraudes y lo firmaba por orden un Comisario Jefe sin indicar el nombre del
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firmante. Estas intervenciones telefónicas fueron autorizadas al igual que todas las
solicitudes de prórroga que fueron presentadas, estas solicitudes de prórroga,
siempre, eran firmadas por algún comisario jefe.
Después de transcurridos tres meses de persecución policial, al comprobar
que no se había cometido ningún tipo de delito, que no existía motivo alguno para
convencer al honrado Juez de Móstoles de que debía autorizar las intervenciones
solicitadas el 11 de julio, el 30 de octubre, uno de los comisarios jefes que ya había
firmado solicitudes de prórroga, firma un extraño escrito dirigido al Juzgado Central
de Instrucción nº tres, solicitando su intervención en las diligencias abiertas en
Móstoles argumentando una necesidad ya prevista en el artículo 22 del Real Decreto
antes citado.
Los funcionarios de la Policía Judicial, que dependen funcionalmente del
Ministerio de Justicia, reciben formación en el Centro de Estudios Judiciales y por
razón de oficio conocen de las competencias de la Audiencia Nacional que señala
el artículo 65 de la Ley Orgánica del poder Judicial. Conocen ademas de los
irrenunciables derechos constitucionales que señala el artículo 24.1º y 24.2º, Y
también, a no dudarlo, lo dispuesto el artículo 117.3º y el 117.4º de la Constitución,
y el 14 y 15 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, como nos demostraron al"arreglar"
la presentación de la denuncia en Móstoles y solicitar las intervenciones en Móstoles,
lugar donde fuera cometido el delito.
Ignoro qUien/es intervinieron cerca del Juez Moreiras para pedirle, obligarlo
o forzarlo, a intervenir en estas diligencias, desconozco los motivos que indujeron
para aceptar u obligar o forzar a éste para que interviniera en las diligencias
comentadas, lo innegable sería decir que D.Miguel Moreiras Caballero no supiera que
dicha intervención le estaba especialmente negada por las propias leyes que él está
obligado a respetar; no solo por los artículos citados de la Constitución Española de
1.978 (24.1º, 24.2º, 117.3º Y 117.4º), los citados 14 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, sino que ademas conocía el párrafo tercero del artículo 55
de la Constitución. Sabía que su intervención estaba especialmente al margen de los
artículos 2.1º, 2.2º, 3.1º, 4º, 5.1º, 5.2º, 6º, 7.1º, 7.2º, 7.3º, 8º, 9. 1º Y9.6º , sin olvidar,
por supuesto lo previsto en el artículo 238.1º, también, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
De la complicidad existente entre los funcionarios intervinientes miembros de
la Policía Judicial y el Juez Moreiras tendremos pruebas si comprobamos que, a los
medios de comunicación se les informó de que el denunciante fue una persona, de
nombre Manuel, que había recibido un mensaje publicitario donde se citaba su
segundo nombre, Argimiro, y que este dato solo lo conocían su familia y la Seguridad
Social y que lo denunció al Grupo de Delincuencia Económica Financiera. De
haberse sabido que el Juez Moreiras había inhibido al Juez de Móstoles, cualquier
persona hubiera podido sospechar el posible delito de prevaricación o de corrupción
del Juez Moreiras.
P R I N C I P I O DE O E R E C H O :
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El Juez Moreiras conocía de su falta de competencia y de la ilegalidad de su
intervención en estas diligencias como nos prueba el documento que firma el 31 de
Octubre dirigido al Fiscal donde miente al decir haber abierto unas diligencias por un
supuesto delito económico.
Una vez recibidas las diligencias, el Juez Moreiras comprueba que ya fueron
solicitadas intervenciones de registro e incautación de los soportes informáticos que
pudieran encontrarse en el domicilio particular de Las Rozas y en el de Móstoles,
conoce que, éstas, no fueron autorizadas, a pesar de esto él, decide autorizar estas
intervenciones policiales, a pesar también de saberse falto de competencia, de
jurisdicción, y al margen de lo estipulado en las diferentes leyes que él debería
defender.
El Juez Moreiras entra de lleno en lo previsto en el párrafo tercero del artículo
55 de la Constitución cada vez que firma un Auto autorizando intervenciones
telefónicas, incurre en el mismo DELITO, cuando conociendo de su falta de
jurisdicción y de competencia y de la nulidad de sus actuaciones viola no solo las
conversaciones telefónicas, sino también la de nuestros domicilios particulares y
profesionales.
Por un supuesto delito de cohecho, revelación de secretos y uso de nombre
supuesto, de los cuales entiende, sin poder entender o entendiendo de ellas de forma
delictiva o al margen de la ley, este Juez decreta mi ingreso en prisión comunicada
sin fianza, y por lo que se deduce del documento dirigido al Director General de la
Policía (12-1-92) por varios meses. (Fue el Fiscal de la Audiencia Nacional que
compareció mediante escrito de fecha 13 de enero, el que obligó a Moreiras a remitir
las diligencias al Juzgado de Móstoles, y aún cuando éste mismo Fiscal entendía que
deberían ponemos en libertad, el Juez Moreiras decretó una libertad bajo fianza y un
control apud-acta.
Estas, supuestamente dolosas, intervenciones culminaron con una rueda de
prensa facilitada por la propia Policía Judicial, dependiente, funcionalmente, del
Ministerio de Justicia y orgánicamente de la Dirección General de la Policía, donde,
en total desacuerdo con lo ordenado en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, faltos de veracidad y con el exclusivo objeto de dictar una serie de titulares
que pudieran crear o aumentar un escándalo social.
Se adjuntan repicados de las diferentes televisiones españolas, emitidas en las
horas de mayor audiencia y fotocopias de algunos artículos periodísticos donde podrá
apreciarse, ademas del daño a nuestro honor, que fueron aprovechados los titulares
antes mencionados, y del auto de sobreseimiento y archivo (de uno de septiembre
emitido por el Titular del Juzgado nQ 2 de Móstoles luego confirmado por la Audiencia
Provincial de Madrid), podrá conocerse que estos titulares fueron desmentidos.
11I.-RAZONAMIENTOS JURíDICOS.
En enero de 1992 fuimos objeto de unas irregulares actuaciones policiales y
judiciales (que suponemos Anormal Funcionamiento de la Justicia) que han
destrozado, totalmente, nuestro negocio familiar y todo nuestro patrimonio, personal,
profesional, heredado y familiar, la propia POlicía Judicial, que depende orgánicamente
del Ministerio de Justicia, y que decían seguir ordenes de los jueces nos han
presentado ante TODA la opinión pública, ante nuestros propios familiares, amigos,
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vecinos y clientes; como peNersos delincuentes destrozando nuestro honor personal,
famiJiár y profesional y aún cuando tratamos de levantamos seguimos siendo víctimas
del ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
Esta parte denuncia que se realizó una usurpación de funciones con ánimo de
cometer delito mediante la asociación de determinados miembros de la Policía
Judicial dependiente, funcionalmente, del Ministerio de Justicia y el Magistrado-Juez
D. Miguel Moreiras Caballero, en desacuerdo con los artículos constitucionales 14,
24.2, 117.3º Y 117.4º de la Constitución. Los artículos 2º y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Que aun cuando los autos judiciales pudieran y debieran haberse considerado
nulos, por la inteNención en las diligencias de otro Juez carente de competencia y
de jurisdicción, la instrucción de la causa, prosiguió durante nueve meses
Que privado del derecho constitucional a la presunción de inocencia se ha
visto obligado a demostrar su inocencia, que primero se emitió un auto de sobreseimiento
y archivo, que posteriormente este Auto fue recurrido, por los cómplices del
Magistrado D. José Antonio Martín Pallín, ante la Audiencia Provincial quienes, nueve
meses después de paro y sufrimiento, desestimaron este recurso confirmando el auto
de sobreseimiento y archivo.
Que denuncio al Magistrado-Juez por supuestos delitos de prevaricación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde esta parte entiende que le
correspondía ser juzgado según el artículo 57.3 y 73.3.b, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, de mayor rango o categoría, más directa, concisa, concreta, directa,
moderna o actual, y clara; que la más genérica Ley de Enjuiciamiento Criminal en su
artículo 21 luego esgrimida por el Tribunal Supremo para inhibir al anteriormente
citado T.S.J.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió la querella después de una
brillante exposición de los hechos por el Fiscal Jefe de Madrid.
Este Fiscal, que calificó de insólita la decisión del Juez querellado de pedir la
inhibición al de Móstoles llegó a agregar < < que existen indicios para sospechar que
pudo haber "intencionalidad" en la decisión de ordenar el encarcelamiento de Joaquín
González. Los autos de prisión y posterior libertad del empresario demuestran, según
el fiscal, "una más que manifiesta incompetencia" en un proceso que nunca debió
salir del juzgado de Mostoles. > > --'---~-
Después de realizado el antejuicio, una vez admitida la querella contra el
Magistrado-Juez D. Miguel Moreiras Caballero, por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, desestimado el recurso de súplica del querella do y siendo firme la sentencia,
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma Sala donde ejerce el Magistrado D.
José Antonio Martín Pallin, inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Que con fecha ocho de julio el Fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
D.José Maria Luzon, emitió un informe a la Sala citada donde, falseando los
antecedentes de hecho tratando de representar una, profunda y no ocasional,
oligofrenia, ignorando, o tratando de ignorar los artículos de las leyes infringidos por
el Juez Moreiras, y en su afán de proteger a terceros de las declaraciones que
pudiera realizar Moreiras al verse justiciable, prevaricó descaradamente en favor de
éste al decir que: entiende este Ministerio que procede el archivo de la querella, sin
necesidad de celebración de vista de antejuicio prevista en los artículos, 771 y ss de
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la Ley de f.C., al proceder la aplicación de la norma general establecida en el
artículo 313 de la misma ley, al no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de
delito.
Basándose en el informe del Fiscal, los componentes de la Sala que entienden
de la Causa Especial 1440/93, Excmos. Sres. O.Enrique Ruiz Vadillo, O.Fernando
Cotta y Marquez de Prado y O.José Manuel Martínez-Pereda Rodriguez, nuevamente
prevarican al apoyar el informe del Ministerio Fiscal,' falsean los antecedentes de
hecho, ignoran lo preceptuado en el 771 de la L. de f.C., incurriendo en lo previsto
por el 238.3 de la L.O. del P.J.; llegan a unos razonamientos jurídicos exclusivamente
proteccionistas con los que tratan de justificar un desestimatorio absolviendo injusta
y premeditadamente, según auto de desestimación y archivo de fecha 13 de julio
comunicado el 23 y 26 de julio donde también son "olvidados" las leyes y artículos
pisoteados o infringidos con las actuaciones del Juez Moreiras en su intento de
proteger al Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo supuesto culpable
de toda esta trama judicial policial cuyas consecuencias nosotros estamos pagando.
Decía este Auto: < >.
Que se remitió en tiempo y forma recurso de súplica, que con independencia
del recurso de súplica presentado por el abogado, el querellante adjuntó escrito
informando a la Sala Segunda del Tribunal supremo del posible origen de las
actuaciones del Juez Moreiras y graves acusaciones de supuesta corrupción hacia
el Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, O José Antonio Martín Pallín,
de las cuales esta Sala del T.S. no correspondió informando al Ministerio Fiscal como
indica el artículo 407 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que en su Auto
acordaron:
< < Desestimar íntegramente el recurso de súplica, interpuesto, contra el auto de esta
Sala de 13 de julio de 1.993, desestimatorio de la querella interpuesta por dicha parte
contra el Ilmo. Sr. O.Miguel Moreiras Caballero, Magistrado-Juez del Juzgado Central
n23 de la Audiencia Nacional al que se mantiene en toda su integridad y se determina
el archivo de las actuaciones.
Esta resolución es firme y no cabe contra ella recurso alguno> >.
Estimamos transgredió el juez Moreiras Caballero, y no tuvo en consideración
ni el Fiscal Luzon, ni la Sala Segunda del Tribunal Supremo, los artículos, 24, 55,
117.1, 117.3 117.4 Y 126 de la Constitución de 1.978. 12, 2.1, 2.2, 5.1, 7.1, 7.3, 9.1,
9.6, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 16.1, 65, 87, 88, 238.1, 417, 417.2, 443, 446.1 Y446.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y el arto 22 del R.O. de regulación de la Policía
Judicial. Ignorando o tratando de ignorar el 14 y ss., de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal por lo que pudieran haber cometido delito al ignorar el artículo 7.12 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que dice:
< < Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título I de la
Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están
garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
/ 7.22En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución
se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente
declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o
inaplicar dicho contenido> >.
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11I.-MAS SOBRE LO MISMO.
Nuestro calvario que pudo titularse "El falso < < cerebro> > de la falsa
< > de tráfico de datos informáticos", comenzó el 11 de junio de 1.991 en
que Oscar Callado Palomo compareció y denunció, ante los funcionarios policiales,
Inspectores Jefes afectos al Grupo de Delincuencia Económica-Financiera del
SeNicio Central de la Policía Judicial de Madrid, la tenencia de una serie de ficheros
magnéticos que nosotros teníamos, como otras 100 empresas españolas, para
desarrollar nuestra actividad de publicidad postal, en MOSTOLES y lo hizo ante los
policías judiciales afectos al Grupo de Delincuencia Económica del SeNicio Central
de Policía Judicial de Madrid. núm. 15.279 v 16.809 que actuaban de instructor v
secretario.
Estos funcionarios policiales adjuntaron a la denuncia solicitud de inteNención
de los soportes informáticos que pudieran encontrarse en nuestros diferentes
domicilios, particular y social, sin especificar o tipificar delito alguno.
Según se desprende de las Diligencias el Juez de Instrucción que por reparto
podía entender LEGALMENTE del tema, consideró que los hechos denunciados no
eran constitutivos de delito por lo que no facilitó estos mandamientos (artículo 313 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
En contra de lo establecido en el arto 5 del Real Decreto de Regulación de la
Policía Judicial y supongo que podrá confirmar este Juez de Móstoles, la Policía
Judicial actuante miembros del Grupo de Delincuencia Económica del SeNicio
Central, siguió insistiendo cerca del mismo hasta conseguir que les autorizara la
inteNención de todos mis teléfonos. y fueron removidos de su puesto los inspectores
jefes actuantes iniciariamente en contra de lo estipulado en diferentes artículos de
nuestras leyes. (31-7-91)
Según se desprende de las propias Diligencias, después de tres meses de
estrecho cerco policial (30-10-91) Y sin ningún argumento o prueba que aportar al
Juez de Móstoles los policías Judiciales actuantes, EXACTAMENTE LOS MISMOS que
actuaban desde el 11 de julio (inspector jefe 12.585), contactaron, directamente o a
través del Magistrado José Antonio Martín Pallín, con otro Juez "menos riguroso" y
conjuntamente, conociendo que cometían delito, planearon una acción para
"arrebatar' las Diligencias al juez de Móstoles, único que por reparto podía entender
LEGALMENTE del hecho denunciado. (14, 24.2Q, 117.3Q Y 117.4 de la Constitución y
etc.etc.,
Dirigieron un EXTRAÑO escrito (injustificable a la vista del artículo 22 del Real
Decreto a que hicimos referencia anteriormente) al titular del Juzgado Central de
Instrucción núm. 3 pídiéndole se hiciera cargo de las Diligencias.
Este Magistrado Juez, mediante extrañas maquinaciones y manipulaciones,
incluso engañando al Ministerio Fiscal, abre otras diligencias e inhibe al Juez que por
reparto le correspondía entender LEGALMENTE del hecho denunciado en favor de las
posteriormente abiertas por él, por el mismo motivo y origen de la denuncia.
Por lo que estimamos transgredió, este juez, los artículos, 24, 55, 117.1, 117.3
117.4 Y 126 de la Constitución de 1.978. 1Q, 2.1, 2.2, 5.1,7.1,7.3,9.1,9.6, 11.1, 11.2,
12.1, 12.2, 16.1, 65, 87, 88, 238.1, 417, 417.2, 443, 446.1 Y446.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y el arto 22 del R.D. de regulación de la Policía Judicial.
El 13-11-91 emite auto autorizando, por dos meses. inteNenciones telefónicas,
10

asándose según los Fundamentos Jurídicos en un POSIBLE DELITO MONETARIO.
El 30-12-91 se emite Auto donde en los Antecedentes de Hecho Primero y
único se ARGUMENTA que las Diligencias se incoaron en virtud de informes del
Servicio Central de Policía Judicial contra Joaquín González López. En los
razonamientos Jurídicos se ampara en el Art. 18, párrafo 212 de la Vigente Lev de
Cambios. En la Parte Dispositiva de este Auto se autoriza al Comisario Jefe de la
Brigada Central de Policía Judicial, para que ACOMPAÑADOS DE PERITO INFORMA­
TlCO realicen un registro donde buscar pruebas de la PERPETRACION DE UN DELITO
MONETARIO. En el Domicilio Social de Publigest S.L. de Móstoles.
Presenté mi disconformidad a la redacción del documento y la ley en la que
decía ampararse y se me informó (mediante engaño) que las acciones policiales que
estaban realizando lo hacían por que una persona, que dijo llamarse Manuei, había
denunciado ante la Policía Judicial del Grupo de Delincuencia Económica-Financiera
había recibido una carta publicitaria donde figuraba su segundo nombre, Argimiro,
dato que solo conocía su familia y la seguridad social y que el Grupo de Delincuencia
Económica actuaba bajo la Dirección del Juez de Instrucción del Juzgado central nQ
tres y que este juez de instrucción una vez instruidas las diligencias previas informaría
o trasladaría a quien debiera entender.
Otro AUTO, exactamente igual redactado, y de la misma fecha, se dictó contra
nuestro domicilio particular de Las Rozas, también se exigía que los funcionarios
policiales actuantes fueran acompañados de peritos informáticos.
El tercer Auto, redactado en los mismos términos, fue emitido el día 10 de
enero de 1.992 y lo fue, nuevamente, contra el domicilio social de Móstoles.
Fuimos detenidos y en la declaración prestada ante los inspectores jefes del
mismo Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de la Policía Judicial
de Madrid, núm. 12.585 y 14.526, que actuaban, también, como instrucción y
secretario manifesté, en un claro intento de recordar el irrenunciable derecho
constitucional de igualdad ante la Ley (Constitucional 14, 1) < < que, conoce otras
muchisimas empresas que se dedican a la misma actividad por la que él ha sido
detenido, teniendo en su poder éstas igual o más cantidad de ficheros que él,
significando que entre las mismas están las siguientes: CAMERDATA de las Camaras
de Comercio, CODITEL de Telefónica, PUBLlPOST, PUBLlENVIO, MEYDIS, GARRA,
B.D.MAIL, PAQUEBOTT, EUROMAILlNG, PROCESO DE DATOS A2 > >.
Transcurridas las 72 horas prestamos declaración ante el Titular del Juzgado
de Instrucción Central Núm. Tres, ante quien manifesté que:
< >
Con independencia de que estas declaraciones fueron desvirtuadas por el
Fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y sirvieron de apoyo al auto
exculpatorio de los componentes de la Sala citada, este nuevo intento de suplicar la
aplicación de los irrenunciables derechos constitucionales, el principio de igualdad
ante la Ley, fue también desoída ignorado por el Juez Moreiras, a continuación una
11

pregunta de origen económico que bien pudiera responder a los informes peritales
ambos aludidos.
< >.
Sin más preguntas, Miguel Moreiras Caballero, ordeno mí ingreso en prisión
Comunicada y sin fianza.
Pudo este juez haberse sentido ofendido entre lo por mi manifestado en cuanto
a costes e inversiones y los informes que le pudieran haber facilitado los peritos
informáticos, que actuando OFICIALMENTE, valoraron en 1.500 millones (MIL
QUINIENTOS MILLONES) de pesetas mis inversiones en Ordenadores y de varios
miles de millones de pesetas en beneficios.
Antes de declarar ante el Juez de instrucción Central núm. Tres, y según se
desprende de documentos que adjuntaremos, de las noticias emitidas por TODOS
los medios de comunicación de este País, hubo una rueda de prensa celebrada CON
GRAN POMPA Y ALGARABíA, en desacuerdo total con lo estipulado en el Artículo
520 de la L. de Enjuiciamiento Criminal, donde se dijeron tal cúmulo de EXAGERADAS
FALSEDADES que no perecía sino, ser obra de mentes enfebrecidas o altamente
interesadas en promocionar a la Comisión de Libertades e Informática (CU)
inexistente asociación que lideraba D. José Antonio Martín Pallín, para apoyarlos en
su empeño de conseguir articular la LORTAD en beneficio de IBM.
Esta Rueda de prensa fue el desencadenante de un alarma social de cuyas
noticias adjuntamos duplicados, repicados o fotocopias. En esta Rueda de prensa se
falseó también el origen de la Denuncia. Se informó que la denuncia la realizó un tal
Manuel de segundo nombre Argimiro, que recibió una carta publicitaria donde
figuraba el segundo nombre de Argimiro y que este dato solo era conocido por su
familia más íntima y por la Seguridad Social, que este Manuel Argimiro lo denunció
ante el Grupo de Fraudes y que éstos realizaron una investigación, cuando lo cierto
es que lo denunció en Móstoles Oscar Callado Palomo, empleado indirecto de IBM
y lo hizo días antes de presentarse la LORTAD ante el Congreso de los diputados. De
haberse conocido este dato y de que el.Juez Moreiras había inhibido al Juez de
Móstoles muchas personas hubieran conocido de la ilegalidad del Juez Moreiras, por
lo mismo sus cómplices trataron de ocultarlo.
Nuestros clientes, casi exclusivamente Cajas de Ahorros y Bancos, alarmadas
por las noticias siguen aún hoy, 27 meses después, sin ponerse al teléfono siquiera,
lo que viene a confirmar que tanto mi negocio como mi prestigio han desaparecido
a tenor de estas anómalos comportamientos Judiciales.
El 12 de enero de 1.992 D. Miguel Moreiras Caballero firma un oficio dirigido
al Director General de la Policía, comisionandole para que recoja las cintas de
ordenador de Canillas y las traslade a las instalaciones informáticas de El Escorial y
le informe del resultado de las investigaciones con PERIOCIDAD MENSUAL lo que
prueba que deseaba mantenerme durante meses en la cárcel. En este mismo
documento de 12 de enero se da como responsable de toda la trama o "RED" de
tráfico de datos a CARLOS ALVAREZ OBREGON dato que nos prueba que fue el
Magistrado-Juez D. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO el que informó directamente al
diario ''ABC'' en "primicia informativa" y que aun cuando "ABC" indicó que la
12

información la recibió de fuentes próximas a interior estaba desviando u ocultando a
su informante, ya que la Policía Judicial amparándose en la Dirección General de las
Policía informó hasta la saciedad en su rueda de prensa que el < < cerebro> > era
Joaquín González López.
Se justifica también la procedencia de la información por el hecho de que
''ABC'' no se preocupa en constatar la veracidad de la información, y sin constatar
esta información le dedica nada menos que un tercio de la primera página, y media
del interior, a un suceso tan vulgar o común como pudiera ser un posible delito de
cohecho.
Este "suceso" conmueve a la opinión pública durante varios días dándose el
caso de que los medios de comunicación que más agresividad demuestran son
aquellos a los que parece haber informado la CLI.
El 12 de enero de 1.992, mediante escrito, comparece y se persona, en las
Diligencias Previas abiertas por Moreiras Caballero, el Fiscal de la Audiencia
Nacional, el cual, según las fotocopias adjuntadas dice que: < < los hechos
denunciados no son constitutivos de ninguno de los supuestos legales de competencia
de los Juzgados Centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional, según
establecen los artículos 65 y 88 de la L. O. del P. J., por lo que no es procedente que
siga conociendo de la presente causa el Juzgado Central núm. Tres, debiendo
remitirse lo actuado al Juzgado de Instrucción núm. dos de Móstoles, que primero
comenzó a conocer de los hechos en donde iniciariamente tuvieron lugar, al amparo
del arto 14 y siguientes de la L. de E.Criminal.
b) En atención a lo expuesto y de la dificultad, en principio, de los hechos
denunciados, el fiscal entiende que procede la libertad de los denunciados, por este
Juzgado. > >.
A pesar de lo manifestado por el Ministerio Fiscal El juez Moreiras desoye los
consejos del fiscal, negocia con mis abogados una fianza y me permite la libertad
bajo fianza de TRES MILLONES de pesetas, que acuerda en Auto de 14 de enero con
lo que entramos en Móstoles en libertad bajo fianza, y control apud-acta.
Posteriormente y a pesar de que el Titular del Juzgado de Móstoles nos
devuelva la fianza y autorice el que se desprecinten los locales, nosotros no podemos
trabajar por que nuestros ficheros magnéticos, fruto tras el que actuaron los
funcionarios yjueces, presumiblemente culposos no nos han sido devueltos, al menos
antes de haber perdido la propiedad del centro de proceso de datos de Móstoles, por
desahucio ante el Juzgado nQ 8 de esa villa de Móstoles.
No consta en las Diligencias valoración o tasación alguna emitida por los
peritos informáticos, pero la valoración dada a ''ABC'' en su primera FUGA de
información, publicada el 10, de enero de 1.992 y la facilitada por el Portavoz de la
Dirección General de la Policía sobre 1.500 millones (MIL QUINIENTOS MILLONES)
de pesetas, me hacen pensar que estas valoraciones les fueron entregados por los
Peritos Informáticos actuantes y los datos retenidos o no adjuntados a las diligencias,
por lo que esta parte se allana a la valoración hecha por el Juez Moreiras ante ''ABC''
y la de la Dirección General de Policía ante las camaras de televisión y todos los
medios y agencias de noticias asistentes al acto.
El 12 de enero de 1.993 antes de que prescribieran los posibles delitos de
prevaricación que pudiera haber cometido el Juez Moreiras Caballero, presenté
escrito en forma de querella y firmado por letrado ante Sala de lo Civil y Penal del
13

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por considerar que el citado juez Moreiras
era un Magistrado-Juez de Instrucción en el Juzgado de Instrucción Central, núm,
Tres. Admitido que fue por la Sala, ésta llegó a fallar acordando abrir las diligencias.
El informe del Fiscal Jefe de Madrid, concluyente llegó a calificar la actuación del
juez de delitos monetarios de "INSÓLITA" e "INCOMPETENTE" y entre otras cosas
explicó que las medidas cautelares tomadas contra mí, < >
Presentó la defensa del Juez Moreiras un escrito ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo TRES DíAS DESPUÉS de que la Sala de lo Penal y Civil del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid hubiera admitido la querella. Este escrito que
pretendía ampararse en el (genérico) artículo 21 de la L.de E.C., fue admitido en
contra de lo acordado en La Ley Orgánica del Poder Judicial, al menos tres años
más actual, clara, concreta y concisa que la anterior.
Ante el miedo a que se fallara "prevaricadamente" en la Sala Segunda del
Tribunal Supremo por la conocida relación con el anteriormente Fiscal y actualmente
Magistrado D. José Antonio Martín Pallín, realicé varios escritos y personaciones en
demanda de Justicia.
Realicé escritos y personaciones que no sirvieron de nada posiblemente por
que el abuso de poder estaba ya acordado. El 18-5-93 ABC, comenzó a conocerse
por la prensa que "El Supremo ordena al Tribunal de Madrid se abstenga de actuar
contra el Juez Moreiras. "
El ocho de julio se recibió un informe del Fiscal que nos fue entregado al día
siguiente de conocerlo la prensa y que desdecía totalmente al Fiscal anterior. Llega
este fiscal a falsear tanto los hechos que nos dice que:
La denuncia fue realizada mediante atestado de la Comisaría de Policía de
Móstoles, que el juzgado autorizó la intervención de los teléfonos denegando la
petición IGUALMENTE EFECTUADA por la Policía. Cuando por los documentos
conocemos que se realizó la denuncia ante los inspectores jefes 15.279 y 16.809,
ambos afectos al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía
Judicial de Madrid. Que estos funcionarios policiales adjuntaron solicitud de entrada
y registro, que les fue denegada. Y que fue 17 días después, después de mucho
insistir la Policía Judicial cuando el juez autorizó la intervención de los teléfonos.
Argumentaba el informe del Fiscal como nuevas informaciones las mismas
contenidas en la denuncia presentada en Mostoles y trata de justificar la intromisión
del Juez Moreiras como si ignoraran el 22 del R.O. de regulación de la Policía
Judicial.
Argumenta el Fiscal que se dictaron dos autos de entrada y registro, cuando
fueron tres los no prescritos denunciados y varios los prescritos no denunciados.
Evita, premeditadamente, el Fiscal aludir a los diferentes oficios y autos emitidos, por
el Juez Moreiras, amparándose en la Ley de Cambios para autorizar intervenciones
telefónicas, e incluso, se ampara en un supuesto delito monetario. único que este
Juez es el primero en reconocer de lo que puede entender, para informar al Fiscal
que ha abierto unas Diligencias Previas. Ignoro cual hubiera sido la reacción del
Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional si el Juez Moreiras Caballero hubiera dicho
en su oficio, como era cierto que las diligencias se habrían basándose en una
denuncia presentada ante el Juzgado de Guardia de Móstoles por un presunto delito
14

de revelación de secretos, supuestamente realizado por un industrial, que no es ni
funcionario ni autoridad.
En su folio 4, del informe Fiscal, trata nuevamente de enredar los hechos al
decimos que los folios 13, 14 Y 15 se contiene la remisión por el Inspector Jefe de
la Comisaría de Mostoles. cuando sabemos, como consta en la denuncia, que los que
remiten la denuncia son los Inspectores Jefes adscritos al Grupo de Delincuencia
Económico Financiera del Servicio central de Policía Judicial, y que los folios 16 y 17
deben de considerarse como diferentes ya que son remitidos por el Comisario Jefe
del Servicio Central de Policía Judicial. Cuando la realidad de los hechos se confirma
a la vista de los dos documentos de fecha 30 de septiembre de 1.991 uno y de 11 de
julio el otro, es que ambos son redactados y firmados por funcionarios del Grupo de
Delincuencia Económica del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid. Y que
ese mismo Comisario Jefe firmante del documento formado por los folios 16 Y 17, D.
Marceliano Gutiérrez Rodriguez firma otros dos documentos dirigidos al Juez de
Móstoles y al de Majadahonda, el 30 de septiembre, solicitando, nuevas prórrogas de
las intervenciones telefónicas autorizadas el 31 de julio del 91.
Remitiéndonos al folio 6 del documento emitido por el Fiscal de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, observaremos que, nuevamente el fiscal, trata de
presentamos los mismos hechos, como hechos diferenciados. Observados todos los
documentos policiales que constan en las Diligencias, todos han sido emitidos por
el Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid, y siempre están firmados por El
COMISARIO JEFE, salvo la falsificación del día 31, sea éste uno u otro Comisario Jefe.
Debiendo quedar claro que incluso se trata del mismo Comisario Jefe que firmó
los dos documentos de 30-9-91 solicitando prórrogas a los juzgados de Instrucción
de Móstoles v Majadahonda. En ningún momento puede considerarse el informe de
30-10-91, remitido al Juzgado central núm 3, sino como una continuación de la
comparecencia de 11-7-91 bien por que el Comisario Jefe firmante de este
documento, Marceliano Gutiérrez Rodriguez, lo fue de al menos dos documentos de
las indeterminadas de Móstoles, 30-9-91, y por que la < >,
como dice el Fiscal al referirse a la comparecencia en Móstoles, fue suscrita por los,
inspectores jefes 15.279 y 16.809 afectos ambos al Grupo de Delincuencia
Económico-Financiera del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid.
De estos documentos escritos, que obran en las diligencias debe de
considerarse probado que las actuaciones comenzadas por la Policía Judicial en
Móstoles, fueron interrumpidas por orden del ÚNICO Juez que LEGALMENTE podía
entender del hecho denunciado al no considerar delictivos los actos denunciados
(art.313 de la L.de E.C.).
Que posteriormente estos policías judiciales, QUE DEPENDEN FUNCIONAL­
MENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, insistieron cerca de este honrado juez hasta
conseguir, mediante engaño y maliciosas afirmaciones sobre suministro de datos
relativos a los jueces a ETA, que autorizara la intervenciones telefónicas.
Que después de tres meses de tener todos los teléfonos intervenidos y no
encontrando ningún argumento que pueda justificar la persecución de la que me
hacen objeto ante el honrado Juez de Mostoles, estos funcionarios policiales,
ayudados o no por terceras personas, localizan a un Juez que "entienda" sus
necesidades y este dispuesto a "colaborar" ciegamente.
Decía el informe del fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. que:
15

.
Manifiesta el Ministerio Fiscal que no puede considerarse anormal el que el
Magistrado Juez acuerde la incoación de las Diligencias previas. Y lo dice este
representante del Ministerio Fiscal conociendo que, incluso el juez querella do incluso
disfrazó o mintió deliberadamente su decisión de abrir unas previas al Fiscal de la
Audiencia Nacional al decirle que las abría por un Delito Económico.
En su afán de proteger al Juez Moreiras Caballero este representante del
Ministerio Fiscal trata de ignorar lo preceptuado en los arto 24, 55, 117.1, 117.3Q,
117.4º, Y 126 de la Constitución Española de 1.978.
La Ley Orgánica del Poder Judicial artículos 1Q, 2.1Q, 2.2Q, 5.1Q, 7.1Q, 7.3Q,
9.1Q, 9.6Q, 11.1Q, 11.2Q, 12.1Q, 12.2Q, 16.1Q, 65, 87,88, 238.1Q, 417, 417.2Q443; 446.1Q
y 446.2Q•
Núm. 5 y 22 del Real Decreto de regulación de la Policía Judicial.
y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los artículos 14, 14.2Q Y 15
En su afán de proteger, defender, exculpar o justificar al juez Moreiras este
Fiscal argumenta en el apartado 4Q que los documentos que corresponden a los
obrantes Autos 18y 19 (las autorizaciones para arrebatar a un hombre la inviolabilidad
del domicilio), que además fueron redactados fraudulentamente, están o pudieran
estar pre-impresos.
Ante la redacción de estos documentos,· apoyándose en la ley de cambios v
los delitos monetarios, presenté mi disconformidad ante el funcionario policial que me
lo exhibió en las instalaciones de Móstoles. Este funcionario me argumentó que fue
en ese juzgado donde se recibió la denuncia del tal Manuel de segundo nombre
Argimiro (antes reseñado) y que la denuncia la estaba instruyendo este juez y que una
vez concluida pasaría a donde correspondiera.
No pretende esta parte, sino informar que una peritación demostraría que los
documentos originales iniciales fueron emitidos ese mismo día, por tratarse de un
número elevado de intervenciones, sobre todo si consideramos el afán del Juez
Moreiras y sus cómplices de justificar una EXTENSARED DE TRÁFICO DE DATOS, De
todas formas si el fiscal no tuviera tanto empeño en disculpar o proteger al Juez,
hubiera podido apreciar que todos los Autos de Intervenciones telefónicas se
amparaban en los supuestos delitos económicos, Que al mismo Fiscal de la Audiencia
se le engañó, o se le pretendió engañar, diciéndole que se trataba de delitos
económicos, y que el Juez Moreiras no pudo utilizar otro despacho para cometer sus
PREMEDITADOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y DE CORRUPCIÓN que los del
Juzgado Central núm. Tres, que solo puede entender de delitos económicos.
En el b) 4Q• El Fiscal trata de justificar la decisión de encarcelamiento tomada
el día 12 de enero, al amparo de la ALARMA SOCIAL que podría justificar el que este
juez se acogiera al 503.2g para encarcelarme. No puede ser nadie más sordo que
aquel que no quiere oír. Desconozco las verdaderas razones que movieron a este
Fiscal a emitir tan pobres argumentaciones. Con solo observar y recordar hubiera
sabido este Fiscal quien organizó la alarma social. El 12 de enero, después de
encarcelarme, el Magistrado-Juez Moreiras Caballero firmó un escrito dirigido al
Director General de la Policía diciéndole que, diera orden de que las cintas de
ordenador se trasladaran a las instalaciones de El Escorial. En ese escrito se decía
que CARLOS Alvarez Obregón era el nombre del principal implicado en la "RED".ABC
16

en su "primicia informativa" nos habló de CARLOS AO. también como del principal
responsable.
En ese mismo documento el Juez Moreiras confirma la teoría de que me llevó
a la cárcel para varios meses. Para comprobar ésto basta con leer, el documento
dirigido a la D.G. de Policía donde dice que, los informes informáticos que produzcan
las cintas le sean entregados mensualmente.
Confirma este mismo documento que las, delicadas, cintas de ordenador se
trasladaron a las instalaciones de Canillas ÚNICAMENTE para, vestir la foto, en la
rueda de prensa. Y que esta rueda de prensa fue especialmente preparada en contra
de lo que ordena el artículo 520 de la L. de E.C. que dice:
< < 520. 1 La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que
menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. > >.
Durante la declaración policial trató este querellante de aludir que no se atrevió
a exigir, el irrenunciable derecho constitucional de igualdad ante la ley; al igual que
luego declarando ante el Juez se repitió obteniendo como respuesta de este Juez la
orden de prisión comunicada sin fianza. El informe adjuntado por la Policía decía más
o menos que todos somos iguales ante la ley, y que en las mismas condiciones que
trabajaba Publigest S.L. y con los mismos ficheros trabajaba Camerdata, que
Camerdata era una empresa de las Cámaras de Comercio: que también la Empresa
Coditel de la Cía. Telefónica era otra empresa de la competencia, al igual que,
Publipost, Publienvío, P.D.M., B.D. Mail, Meydis, Garra. etc.
Menos de tres minutos antes de decretar el ingreso en prisión comunicada sin
fianza, este querellante, personalmente, había informado al Juez Moreiras Caballero,
y así consta en la declaración, que la Empresa Camerdata era propiedad de las
Cámaras de Comercio, que Coditel era de la Compañía Telefónica y que ambas como
Publigest compraban y vendían ficheros. De nada me sirvió tampoco ese intento de
recordar el irrenunciable derecho constitucional al juez Moreiras, posiblemente mi
ingreso en la Cárcel fue acordado ya varios meses antes.
En cuanto al estado de Alarma Social que dice el Fiscal informante, debo
rectificarlo al decirle que lo que él llama Alarma Social era solamente un "SHOW" a
los que tan aficionado parece este Juez y fue iniciado precisamente por él.
Efectivamente si observamos el documento de 12-1-92 dirigido al Director
General de la Policía, para que retire las cintas de ordenador de Canillas (a donde
fueron llevadas por orden, posiblemente, del Juez Moreiras para 'VESTIR" la
PREPARADISIMA rueda de prensa no prevista en el 520 de L.E.C.) y las traslade a las
instalaciones informáticas de El Escorial, de donde le irían informando CADA MES de
las investigaciones, podremos observar que el Juez Moreiras incurre en este
documento en el mismo defecto que incurrió al facilitarle la noticia EN PRIMICIA a
ABC, ya que el Juez Miguel Moreiras Caballero dice en ambas ocasiones que el
responsable o la cabeza de turco de esta sucia maniobra policiaco-judicial se llama
Carlos Alvarez Obregon. (ver ABC de 10-1-1.992).
y que el artículo 417.2º considera como muy graves:
< < La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la aplicación
o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano jurisdiccional>
>.
Para probar la inocencia del Juez Moreiras tendrían que tener respuesta
fundada muchas de estas preguntas.
17

¿Porqué se decidió la intervención policial y no se esperó a conseguir alguna
prueba? ¿Porqué se solicitaron con urgencia el 11-7-91 autorizaciones para la
entrada registro e intervención de todos los soportes informáticos? ¿Porqué teniendo
un juez "DISPUESTO A COLABORAR" desde el31 de octubre no se actúa hasta el9
de enero? Acaso las condiciones de la CL! en cuanto a la LORTAD y de Martín Pallín
así lo precisaban.
¿Desconocía acaso el Juez Moreiras que estaba actuando fuera de su
competencia y sin jurisdicción, al falsear o disfrazar los oficios y autos con supuestos
delitos económicos? ¿Conocían los funcionarios policiales actuantes de la falta de
jurisdicción y de competencia del Juez Moreiras? ¿Fue el conocimiento de la falta
de jurisdicción y de competencia lo que motivó al portavoz de la rueda de prensa de
la Dirección General de Policía a decir que el denunciante era otro diferente para
ocultar los delitos de prevaricación que sabían estaba cometiendo Moreiras?
¿Acaso me encarceló Moreiras para que yo no dijera públicamente que existían
empresas como Camerdata y Coditel? ¿Trataba Moreiras al encarcelarme de apoyar
los juicios paralelos que sus cómplices de la CL! estaban formando ante los medios
de comunicación? ¿Pretendía Moreiras mantenerme durante meses en prisión como
indica al solicitar los informes con cadencia mensual?
¿Podía negarse Moreiras a aceptar la MISIÓN que le encomendaron con el
"INFORME" de 30-10-91? ¿Es legal este informe desde el punto de vista del arto22 del
R.O. de regulación de la Policía Judicial? ¿Era legal la insistencia demostrada ante
el Titular de Móstoles durante 20 días teniendo en cuenta el arto 5 de esa misma Ley,
o por el contrario y a la vista de las Diligencias debería considerarse un exceso de
celo, o por el contrario, tengo razón y todo obedeció a un complot?
Pregunto además, ¿Debería ser Juzgado el Juez Miguel Moreiras Caballero por
delitos o faltas cometidos en el desempeño de sus funciones, o quizá mejor, debería
ser juzgado por usurpar unas funciones con ánimo de delinquir?
La Sala Segunda del Tribunal Supremo emitió un Auto desestimando la querella
el día 13 de julio si bien no lo comunicó hasta el día 23, posiblemente esperando la
reacción de los medios de comunicación ante la publicación, que le fue facilitada por
el T.S., del informe del Ministerio Fiscal.
Este documento emitido por la Sala Segunda difiere poco del remitido por el
Fiscal, ambos tratar por igual de DEFENDER al juez Moreiras Caballero sin tratar de
juzgarle.
Trataré pues Excmo. Sr. de analizar este auto donde observaremos:
Como en los antecedentes de hecho PRIMERO núm. 2 se dice que el atestado
fue instruido ante la Comisaría de Policía de Móstoles el 11-7-1.991, cuando según
consta en el mismo documento comentado dice:
< < que en la Comisaría Nacional de Policía, siendo las por el Inspector Jefe
titular del carnet profesional número 15.279 y el inspector del mismo Cuerpo y
categoría, con carnet profesional número 16.809, ambos afectos al Grupo de
Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial de madrid. instructor
y secretario respectivamente para la práctica de las presentes, comparece el que
documentalmente acredita ser y llamarse: Oscar CALLADO PALOMO, nacido ... > >
Los funcionarios policiales por tanto, caso de encontrarse en la comisaría de
Móstoles, sería acompañando al denunciante a ese escenario a que realizara ese
18

acto, toda vez que según este mismo documento pertenecen a SeNicio Central de
Policía Judicial de MADRID, y más concretamente al Grupo de Delincuencia
Económica que tiene su sede en las instalaciones de Canillas. En la Comisaría de
Móstoles, en la que se recogen las denuncias y donde corresponde el núm. 12.882
de la referencia no existen policías Judiciales.
Si existen, creo yo, en la nueva Comisaría, pero allí no se reciben denuncias.
(Este detalle debe confirmamos que fueron los mismos funcionarios policiales los que
ante la demostrada honradez del Juez titular de Móstoles recurrieran a otro menos
escrupuloso). Adjuntada a la denuncia y con la misma fecha se solicitaba ya la
autorización para inteNenir los soportes magnéticos o cintas de ordenador que
pudieran encontrarse en mi domicilio particular de Las Rozas, y en el Social de
Publigest en Móstoles, debiendo considerarse esta premura como prueba de tratarse
de una acción programada en base a la LORTAD, ya que 13 días después este
proyecto de ley sería presentada a las Cortes.
NO CONCEDIO ESTOS mandamientos de entrada, registro e inteNención de
los soportes informáticos lo que deberá demostrar que este Juez, al que por reparto
le correspondió entender LEGALMENTE del hecho denunciado, denegó, como bien
dice la Sala en su Auto ahora comentado, los mandamientos de entrada registro e
incautación de los soportes magnéticos de mi domicilio particular de las Rozas y del
social de Publigest en Móstoles, posiblemente por considerar que los hechos
denunciados no eran constitutivos de delito.
Posteriormente, VEINTE DíAS DESPUÉS, el31 de octubre, después de mucho
insistir ante el titular de Móstoles, con argumentos engañosos, según este juez podrá
y deberá declarar, sobre la intimidad, de la confidencialidad, de datos secretos que
pudieran ser entregados a ETA sobre destinos de los jueces y domicilios privados, etc.
consiguieron de este honrado Juez la autorización para la inteNención de los
teléfonos de Móstoles. Para autorizar la inteNención de los teléfonos de los de mi
domicilio en Las Rozas debió este Juez enviar oficio, de 31-7-91, al de Majadahonda
para que autorizara estas inteNenciones.
Las investigaciones y escuchas fueron llevadas a cabo por los mismos
funcionarios que actuaron desde el momento de la denuncia durante tres largos
meses, inspectores jefes del Grupo de Delincuencia Económica del SeNicio General
de la Policía Judicial de Madrid. Cada mes se fueron pidiendo prórrogas de las
autorizaciones para inteNenciones telefónicas (una para el Juzgado de Móstoles por
los teléfonos del domicilio social de Publigest y otra al Juzgado de Majadahonda por
los teléfonos de mi domicilio privado en Las Rozas). Todas estas peticiones estaban
firmadas por COMISARIOS JEFES del SeNicio Central de la Policía Judicial,
debidamente sellados y con registros de salida.
Los funcionarios policiales actuantes, y los Comisarios Jefes firmantes deberían
habemos informado, en el momento procesal oportuno, en el supuesto de juzgar al
Juez, sobre quien/quienes ordenó u ordenaron cambiar de juez y por que razón se
cambió de Juez. Indiscutiblemente me consta que con los pobres argumentos
encontrados a lo largo de tres meses donde en una o dos ocasiones pudiera hablar
con mi amigo Cesar para pedirle un trabajo, que no un fichero, ni nada que
significara delito, ni significa delito después de la LORTAD. y después de unas
conversaciones con Charo, la sobrina de mi amigo Pedro Barrios,· emigrante en Sao
Paulo, sobre la posibilidad de la respuesta a un documento escrito presentado en el
19

Registro de Sevilla, cuyo documento (debidamente registrado) figura en las
Diligencias. No hubiera, este honrado Juez de Mostoles firmado esos delicados
documentos con tanta precipitación o mala intención como los firmó Miguel Moreiras.
Estoy casi por asegurar que este y cualquier otro juez honrado me hubiera
citado a declarar, y solo en el supuesto de que mis declaraciones no fueran
totalmente satisfactorias hubiera ordenado, en el peor de los casos, mi ingreso en los
calabozos hasta aclarar sus dudas, y solo en el supuesto de confirmarse las
sospechas de los delitos por los que fui acusado, me hubiera abierto unas Diligencias
Previas, e incluso dudo si con la falta de antecedentes y mi merecida solvencia me
hubieran pedido fianza.
Solo en el supuesto de estar "ESPECIALMENTEINTERESADO" en encarcelarme,
o en PREVARICAR A "SABIENDAS", hubieran CAMBIADO de juez, lo que deberemos
asimilar al juez aceptante.
La entrega de la información por parte de la Policía Judicial al Juez Moreiras
(escrito de 30 de octubre) para la posterior inhibición fue concertada o negociada
con anterioridad, posiblemente entre varias personas o intermediarios. Si estudiamos
un escrito de fecha 22-10-91, observaremos que se trata del informe policial
posiblemente emitido por A1ejandroAlmaraz (núm. 12.585), este informe, que adolece
de pobreza en los resultados tras tres meses de investigaciones, no podía ser
presentado al juez de Móstoles ya que éste, inmediatamente cerraría las díligencias
y desautorizaría las intervenciones telefónicas.
Como quiera que por aquellas fechas las enmiendas propuestas a la LORTAD
habían tenido una muy favorable acogida por casi todos los Grupos Parlamentarios
el momento era de euforia, y de haber hecho algo se haría a lo grande. Por lo mismo
se pensó en un super-juez o famoso juez que respaldara con su fama la importancia
de la operación, y se decidió que no era conveniente iniciar la acción policial
inmediatamente después de solicitar la inhibición por que los mismos jueces inhibidos
podrían pensar mal y llegar a ser testigos molestos. Aceptó Moreiras esta "SAGRADA
MISIÓN" Y el intermediario y el mando policial (todavía sin identificar por mí),
realizaron el escrito de 30 de octubre, basándose en el escrito anteriormente
comentado de 22-10-91.
Este escrito, pobre en fundamentos, adolece de falta de información y nos dice
solamente que:
< < ...se solicitó al juzgado de Instrucción nQ 2 de Majadahonda la intervención de los
teléfonos del domicilio de Joaquín González López, sito en la calle Tórtolas, nQ 9 de
Las Rozas; del Juzgado de instrucción nQ 2 de Móstoles, la intervención de los
teléfonos del local ubicado en la calle Juan de Juanes nQ 1 de Móstoles; y > >.
No indica si fueron o no abiertas Diligencias ni tipo de estas, ni tan siquiera el
número para poder iniciar la "parodia" de la inhibición. Para suplir esa falta se utílizó
un escrito sobre papel de la Dirección General de Policía que carecía del anagrama
SERVICIO CENTRAL DE POLIcíA JUDICIAL, como carecía de núm. de registro de
salida, de firma e incluso de fecha por que si bien dice "31 de Noviembre de 1.991",
también rectificado a mano dice "Octubre", lo que termina por demostrar que se trata
de un falso documento o un simple borrador expliquemos:
Si faltaba esa información en el escrito del 30-10-91, Y no existe ningún
documento emitido por Moreiras que, dirigido al Servicio Central de Policía Judicial
FRAUDES, solicite estos datos, podría deberse a que la gestión se pudo hacer por
20

teléfono, en el supuesto de que la gestión se hubiera realizado por teléfono (algo
poco común o razonable), los datos o la respuesta se hubieran facilitado también por
teléfono. Si por el contrario los datos solicitados por teléfono se hubieran facilitado
por escrito, este escrito debería ir como los anteriores y como es preceptivo, firmado,
sellado, debidamente registrado y sobre todo DIRIGIDO A ALGUIEN, ya que este
BORRADOR adolece incluso de ese detalle. El detalle de las fechas demuestra la
duda, no puede ser el 31 de Noviembre, por que las gestiones de inhibición se
cursaron el4 de Noviembre (demasiados días antes) y si la fecha real hubiera sido
octubre, por que octubre figura corregido en letra y aparece bien escrito con la misma
máquina noviembre.
El Auto de inhibición de cuatro de noviembre dice en sus Antecedentes de
Hecho:
< < ÚNICO.- Las presentes Diligencias Previas 262/91, se incoaron en virtud de acta
informe del Servicio Central de Policía Judicial, en el que se solicitó la intervención
de varios números telefónicos. En fecha 31 de octubre del corriente, se recibió
comunicación de la Dirección General de la Policía informando de la intervención
telefónica de varios números, que han sido autorizadas por el .
Fundamentos Jurídicos ÚNICO.- Siendo delitos conexos, > >.
Dice la Sala en sus fundamentos de hecho, página 39, párrafo 12 que:
< < Con tales datos, el Juez querella do requirió de inhibición al de instrucción n2 2
de Móstoles y asumió la competencia para la instrucción de la causa, incoando las
Diligencias Previas 262/91 > >.
Dice esta parte, que lo que debió haber hecho el Juez Moreiras como
cualquier otro juez, honrado (como debiera haber hecho el Fiscal de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, antes comentados, y está Sala Segunda, del mismo Tribunal,
ahora comentada), era haberse atenido exclusivamente a lo previsto por las leyes
y abstenerse totalmente de cualquier incumplimiento, ya que él, es, o era (y ellos son
y serán) unas de las pocas personas que tienen la facultad de administrar Justicia y
hacer que cumplamos las leyes, Por lo mismo y por razón de oficio conocen
perfectamente todos ellos lo que indica la:
Constitución Española 1978
Artículo 24.
12 Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún
caso pueda producirse indefensión.
22Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado a ser informados de la acusación
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a utilizar los
medios de prueba pertinentes para su defensa .....
Artículo 55
22 Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma
individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario,
los derechos reconocidos en los artículos 178, apartado 2, y 18, apartados 2 y tres
pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades en dicha ley orgánica
21

producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades
reconocidos por las leves.
Artículo 117.
12La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces
y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.
32 El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados
y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establezcan.
42 Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas
en el apartado anterior v las que expresamente les sean atribuidas por la ley en
garantía de cualquier derecho.
Artículo 126.
La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio
Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento
del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Ley Orgánica del Poder Judicial
Art. 12
La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces
y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente a la Constitución v al imperio de la Lev.
Art.22.12
El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, yen los tratados internacionales.
22 Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas
en el apartado anterior, las de Registro Civil v las demás que expresamente les sean
atribuidas por la Ley en garantía de cualquier derecho.
Art. 52.12
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vinculan a
todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional en todo tipo de procesos.
Art. 72.1
Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título 1º de
la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están
Garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
32• Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos,
tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las
corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente
habilitados para su defensa y promoción.
Artículo 9
22

1Q Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en
aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley.
3Q Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las
causa y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción
militar.
6º La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio
la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del
Ministerio fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando
siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Artículo 11
1º En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No
surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los
derechos o libertades fundamentales.
2Q Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones,
incidentes v excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o
entrañen fraude de ley o procesal.
Artículo 12
1º En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son
independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder
Judicial.
2º No podrán los Jueces o Tribunales corregir la aplicación o interpretación
del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino
cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.
Artículo 16
1QLos Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en
la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo
establecido en esta Ley.
2º Se prohíben los Tribunales de Honor en la administración de justicia,
Artículo 53
El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano Jurisdiccional
superior en todos los órdenes, SALVO LO DISPUESTO EN MATERIA DE
GARANTíAS CONSTITUCIONALES. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro
podrá tener el título de Supremo.
Artículo 57
1QLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
3Q De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la
Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 65.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los
Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
bY. Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de
cambios.
23
c). Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que
produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico
mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad
de personas en el territorio de más de una Audiencia.

6º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Artículo 73
3º La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como
Sala de lo Penal.
b). La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces Magistrados
y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio
de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no
corresponda al Tribunal Supremo.
Artículo 87
1º Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal:
ajo De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento
corresponda a las Audiencias Provinciales ya los Juzgados de lo penal.
2º Corresponde también a los juzgados de instrucción la autorización en
resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o
lugares de acceso dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda
para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
Artículo 88.
En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de
Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo
enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su
caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de
extradición pasiva en los términos previstos en la Ley.
Artículo 238
Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
1º Cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia
objetiva o funcional
3º. Cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de
procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia,
asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.
Artículo 417
Se consideraran faltas muy graves.
2º La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la
aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano
Jurisdiccional. 420 y siguientes.
Artículo 443
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y
Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos ...
Artículo 446
1º En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la'
dirección de los Juzgados y Tribunales y del Ministerio Fiscal.
2ºLos funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una
actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el
artículo 443 de esta Ley, no podrán ser removidos o apartados
hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la
24

6º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Artículo 73
3º La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como
Sala de lo Penal.
bY. La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces Magistrados
y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio
de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no
corresponda al Tribunal Supremo.
Artículo 87
1º Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal:
aj. De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento
corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo penal.
2º Corresponde también a los juzgados de instrucción la autorización en
resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o
lugares de acceso dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda
para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
Artículo 88.
En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de
Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo
enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su
caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de
extradición pasiva en los términos previstos en la Ley.
Artículo 238
Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
1º Cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia
objetiva o funcional
3º. Cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de
procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia,
asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.
Artículo 417
Se consideraran faltas muy graves.
2º La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la
aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano
Jurisdiccional. 420 y siguientes.
Artículo 443
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y
Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos ...
Artículo 446
1º En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la"
dirección de los Juzgados y Tribunales y del Ministerio Fiscal.
2ºLos funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una
actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el
artículo 443 de esta Ley, no podrán ser removidos o apartados
hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la
24

origino, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente.
Real decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial.
Art. 5º Cualquiera que sea el funcionario policial que haya iniciado la
investigación habrá de cesar en la misma al comparecer para hacerse
cargo de ella la Autoridad judicial o el Fiscal encargado de las actuaciones,
directamente o a través de la correspondiente Unidad Orgánica de Policía Judicial,
a quienes hará entrega de las diligencias practicadas y de los efectos inteNenidos así
como de las personas cuya detención se hubiese acordado.
Art. 22. Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su
trascendencia o complejidad, requieran la permanente adscripción de funcionarios
o de medios pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la
correspondiente Unidad Orgánica, O cuya investigación haya de extenderse a
varias provincias con ámbito territorial superior al de la Autoridad judicial o fiscal
que ordene la investigación el encargo habrá de cursarse por conducto del
Presidente del Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado, del presidente o
Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal Superior de Justicia respectivo.
Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Artículo 1.
No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya
represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las
disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia
dictada por el Juez Competente.
Artículo 9.
Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa
determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las
providencias de tramitación y para la ejecución de sentencias.
Artículo 14.
Fuera de los casos que expresa y limitativamente atribuyen la Constitución y las
Leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes.
14 Segundo. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción
del partido en que el delito se hubiere cometido y el Juez Central de Instrucción
respecto de los delitos que la Ley determine.
Artículo 15. 1º.
El del termino municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto
pruebas materiales del delito.
Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá
dando la preferencia por orden con que están expresados en los números que
preceden.
Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, se
remitirán las diligencias al Juez o al Tribunal a cuya demarcación corresponda,
poniendo a su disposición a los detenidos y efectos ocupados.
Artículo 21.
El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias y ningún juez,
Tribunal o parte podrá promoverlas contra él.
Cuando algún Juez o Tribunal viniere conociendo en asunto estuviere
reseNado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del
25

Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y
remita los antecedentes en el término de segundo día, para en su vista resolver.
El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre
tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya
urgencia o necesidad fueran manifiestas.
Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno.
Código penal
325. Los que imputaren falsamente a alguna persona hechos que, si fueran
ciertos, constituirían delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de oficio, si
esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por razón de
su cargo debiera proceder a su averiguación y castigo, serán sancionados:
12 Con las penas de prisión menor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas si se
imputare un delito.
22 Con la de arresto mayor y la misma multa, si la imputación hubiera sido una
falta.
No se procederá, sin embargo, contra el denunciador o acusador sino en virtud
de sentencia firme o auto, también firme, de sobreseimiento del tribunal que hubiere
conocido del delito imputado.
Este mandará proceder de oficio contra el denunciador o acusador, siempre
que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir de nuevo el proceso
De la prevaricación
356. El juez que, a sabiendas, dictare auto injusto incurrirá en la pena de
suspensión.
De haberse observado estos artículos no tendría razón que la Sala Segunda en
su párrafo tercero de la página 3e hubiera dicho que:
< < El doce de enero de mil novecientos noventa y dos el querella do tomó declaración
al hoy querellante, el que ratificó las declaraciones prestadas ante la Policía y
contestó a las preguntas que se le formularon. > >.
Joaquín González López, contestando a la primera pregunta del Juez Moreiras
Caballero < < ...se afirmó y ratificó en su declaración prestada ante ayer ante los
inspectores de Policía Judicial, reconociendo como de su puño y ... > >.
Lo que elude hacer mención los miembros de la Sala Segunda es que
en la declaración citada, prestada ante los inspectores aludidos, haciendo referencia
a lo preceptuado entre los irrenunciables derechos constitucionales, la igualdad ante
la Ley. dije:
< < Que el declarante quiere significar que conoce otras muchísimas personas y
empresas que se dedican a la misma actividad por la que él ha sido detenido,
teniendo en su poder éstas igualo más cantidad de ficheros que él, significando que
entre las mismas están las siguientes: CAMERDATA de las Cámaras de Comercio,
CODITEL de Telefónica, PUBLlPOST, PUBLlENVIO, MEYDIS, GARRA, B.D.MAlL,PA­
QUEBOTT, EUROMAlLlNG, PROCESO DE DATOS A2..... > >
Eluden también en su informe hacer referencia a que inmediatamente después
de la pregunta contestada sobre ratificación de declaraciones esta parte manifestó
que:
<

empresa es de las Cámaras de Comercio y se dedica a la venta de los datos que
posee de los ficheros que le facilita ellnsalud, la Seguridad Social, Hacienda y demás
organismos oficiales. Lo mismo la Empresa CODITEL que depende de Cetesa que
vende los datos de los usuarios de la Compañía Telefónica. Que entre la documentación
aprehendida por la Policía se encuentra un folleto editado por CODITEL en el
que se anuncia la venta de los datos personales de que dispone. > >.
Posteriormente una pregunta de mi letrado sobre un fichero comprado al
Colegio de Huérfanos de Hacienda, hoy suficientemente documentado con las ofertas
presupuestos y facturas de esta Institución que figuran en las Diligencias, con
independencia de que se trataba de hechos acaecidos en 1.985.
La pregunta segunda y última del Juez Moreiras Caballero fue:
< < Preguntado por S.Sª. quien le ha facilitado los medios económicos para montar
sus empresas Publigest así como para adquirir los ordenadores y demás material
informático de que disponía manifiesta que lo tiene todo en alquiler por lo que paga
cien mil pesetas al mes.
Leída que fue la presente declaración .... > >.
No hacen alusión alguna a esta observación, tanto el Fiscal como los
Magistrados componentes de la Sala Segunda emisores del/los documento/s ahora
comentados, en su DESMESURADO y DESPROPORCIONADO afán de PROTEGER o
DEFENDER los intereses del juez Moreiras, ignoran que el querellante con esta
intervención trata de reclamar con total suavidad y sin el menor atisbo de exigencia
o falta de respeto ante el juez ahora querella do el irrenunciable derecho constitucional
de igualdad ante la Ley.
Continua la Sala Segunda del T.S. en su Auto desestimativo de la querella
presentada contra el Juez Miguel Moreiras Caballero, en el párrafo 32 de la página
tres diciendo:
< < Terminada la declaración, el mismo día doce de enero de mil novecientos noventa
y dos, dicto auto de prisión provisional comunicada, sin fianza, presentando como
antecedentes de hecho la instrucción de Diligencias por delitos de cohecho,
revelación de Secretos y uso de nombre supuesto. > >.
Deberemos recordar en primer lugar lo que dice el artículo 238. 1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. El incumplimiento de este artículo perfectamente
conocido por el Juez querella do indica con absoluta claridad que ASUMIÓ LA
COMPETENCIA EXCLUSIVAMENTE PARA COMETER DELITO. (A "sabiendas'J.
Posteriormente y en un estudio más detenido podremos observar que ,los
miembros componentes de esta Sala Segunda, que emiten el Auto de desestimación
de la querella de 13 de julio, falsean PREMEDITADAMENTE la realidad al indicamos
que el juez, ahora querella do, dictó Auto de prisión provisional comunicada, sin
fianza, presentando como antecedentes de hecho la instrUCCión de Diligencias por
los delitos de cohecho, revelación de secretos y uso de nombre supuesto.
En el supuesto, no probado ni suficientemente argumentado de existir un delito
de cohecho, deberíamos atenemos al citado artículo que como recordaremos dice:
Sobre el cohecho.
385. - El funcionario público que solicitare o recibiere por si o por persona
intermedia, dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar un
acto relativo al ejercicio de su cargo que constituya delito. será castigado con las
penas de prisión menor y multa del tanto al triplo del valor de la dádiva, sin perjuicio
27

de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.
386.- El funcionario público que solicitare o recibiere, por sí o por persona
intermedia, dádiva o presente , o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar un
acto injusto. relativo al ejercicio de su cargo, que no constituya delito. y que lo
eiecutare, incurrirá en la pena de prisión menor y multa del tanto al triplo del valor
de la dádiva; si el acto injusto no llegara a ejecutarse, se impondrán las penas de
arresto mayor y multa del tanto al duplo del valor de lá dádiva.
387.- Cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida tuviere por objeto
abstenerse el funcionario público de un acto que debiera practicar en el ejercicio
de su cargo, las penas serán las de arresto mayor y multa del tanto al triplo del valor
de aquélla. .
388.- Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá aplicación a los jurados,
árbitros, arbitra dores, peritos, hombres buenos o cualesquiera personas que
desempeñaren una función pública.
389.- Las personas responsables criminalmente de los delitos comprendidos
en los artículos anteriores incurrirán, además de en las penas en ellos señaladas, en
las de inhabilitación especial.
390.-EI funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren
ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no
prohibido legalmente, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de del
tanto al triplo del valor de la dádiva o regalo, sin que pueda ser inferior a 100.000
pesetas.
391.- Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren
o intentaren corromper a los funcionarios públicos, o aceptaren sus solicitudes. serán
castigados con las mismas penas que éstos. menos la inhabilitación > >.
Con independencia de que no existió ni el más mínimo acto que pudieran
relacionar las conversaciones telefónicas con dos personas con las que me unía una
relación diferente a la meramente puntual que se precisaría para poder siquiera
pensarse en indicios del delito de cohecho, tan GRATUITAMENTE adjudicado, con
independencia de que yo no soy ni he sido nunca funcionario público. lo que parece
ser condición sine-cuanon para cometer este tipo de delitos de los que tan
gratuitamente fui acusado, observaremos que para acogerse al arto385 es preciso que
el acto a realizar constituya delito y recordemos que ni antes de aprobarse la LORTAD
fue delito, ni es delito una vez aprobada la LORTAD la cesión de ficheros informatizados.
En cuanto al 386 precisa que el acto a realizar sea injusto aun cuando no
constituya delito, y no encontramos razón alguna para que me pudiera ser adjudicado.
El 387 habla de que sería preciso para incurrir en este delito, que el funcionario
público cuestionado se abstuviese de practicar un acto en el ejercicio de su cargo.
Tampoco este recurrente ante el Ministro de Justicia se reconoce jurado,
árbitro, perito, hombre bueno (aunque sí buen hombre) o cuales quiera persona que
desempeñe una función pública como señala el arto 388.
Tampoco parece acertado pensar en el 391 si no existe probado ninguno de
los anteriores.
En cuanto al supuesto delito de revelación de secretos por el que fui acusado
y encarcelado observemos que parece ser preciso que para poder cometer este tipo
28

de delito era preceptivo en principio que yo fuera funcionario público o autoridad, y
desde luego que los DATOS REVELADOS FUERAN SECRETOS; algo muy lejos de la
realidad. Recordemos por la relación de ficheros denunciados el 11 de julio del 91
y por la referencia que hace a este apartado el auto de archivo de las Diligencias de
1 de septiembre confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid que decía:
< < En definitiva lo que ha de quedar claro es que los datos con los que operan estas
personas y empresas no son secretos, en el sentido de que afectan a la esfera íntima
de la persona, por el contrario, parece dudoso que hechos o actos de aquella índole
figuren inscritos en registros públicos, e incluso en ocasiones expuestos para el
conocimiento general (vgr. las listas electorales que se exponen en los colegios
electorales cuando se celebran elecciones) > >.
ObseNemos los artículos comentados.
< < 367. El funcionario público o autoridad que revelare los secretos o cualquier
información de que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no
deban ser divulgados será castigado con las penas de suspensión y multa de 100.000
a 200.000 pesetas.
Si de la revelación de secretos a que se refiere el párrafo anterior resultase
grave daño para la causa pública o para terceros, las penas serán de prisión menor
e inhabílítación especial.
Si se tratase de secretos de un particular, las penas serán de arresto mayor,
suspensión y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.
368.- El funcionario público o autoridad que, haciendo uso de un secreto de
que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información
privilegiada, obtuviere un beneficio económico para sí o para tercero, será castigado
con las penas de inhabilitación especial y multa por el importe del valor del beneficio
obtenido o facilitado. Si resultare grave daño para la causa pública o para tercero, las
penas serán las de prisión menor e inhabílítación especial. > >
Tampoco demuestra esta Sala tener un conocimiento, al menos superficial de
las Dílígencias, o deliberadamente trata de sumimos en confusionismo al argumentar
que:
< >.
Conocen los componentes de esta Sala Segunda como conocía el Fiscal
informante de la existencia del documento de 13 de enero, justo el día después de
mí ingreso en prisión, que a continuación transcribo y que obra en las dílígencias
consultadas. Solo la intención de fallar injustamente y l/aSABIENDASI/ en favor de su
compañero o de un EXAGERADOPROTECCIONISMO CORPORATIVO puede justificar
la argumentación expuesta por los miembros de esta Sala. Precisamente la Sala de
más prestigio de toda España.
Recordemos que Moreiras abrió las Diligencias el 31 de octubre informando
al fiscal que lo hacía por un DELITO MONETARIO. Según consta en los documentos
que componen las Dílígencias comentadas, el Fiscal de la Audiencia Nacional, tuvo
29

que personarse el 13 de enero y comparecer mediante escrito diciéndole al
Magistrado-Juez Miguel Moreiras Caballero, que:
< < Comparece en las presentes Diligencias y a la vista de lo actuado, procede:
A) Que los presuntos hechos denunciados no son susceptibles de incriminación
con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los Juzgados
Centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional, según establecen los artículos
65 y 88 de la L.O. del Poder Judicial, por lo que no es procedente que siga
conociendo de la presente Causa el Juzgado Central núm. 3, debiendo remitirse lo
actuado al Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles, que primero comenzó a
conocer de los hechos en donde iniciariamente tuvieron lugar, al amparo del artículo
14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
B) En atención a lo expuesto y de la dificultad, en principio, de los hechos
denunciados, el Fiscal entiende que procede acordar la libertad de los denunciados,
por este Juzgado. > >.
Por tanto ninguna otra cosa puede achacársele al Juez Moreiras sino una
TEMERIDAD MANIFIESTA al desoír al Fiscal en cuanto al apartado B), ya que nos
mantuvo una libertad bajo fianza y una obligación apud-acta a pesar de sabemos
inocentes. Preguntaría gustoso a los miembros de la Sala Segunda que firman este
Auto que si consideran que Moreiras estaba, tal y como indican, perfectamente
capacitado y suficientemente protegido por la ley para asumir la competencia y para
la instrucción de la causa, ¿porqué se inhibió, a requerimiento del Fiscal? Recordemos
el documento de fecha 12 de diciembre, luego retocado con fecha 12 de enero,
remitido por el juez Moreiras al Director General de la Policía que le indicaba que los
resultados de la investigación de las cintas magnéticas que le pedía trasladaran a las
instalaciones de el Escorial se le facilitara mensualmente. GAcaso no sería más cierto
que el .... Moreiras pretendía mantenerme encerrado en la cárcel al menos hasta que
la LORTAD no hubiera sido aprobada?
Ateniendonos al Auto estudiado de 13 de julio y más concretamente al párrafo
3.- de la página 4 no parece la Sala Segunda querer entrar en las veladas acusaciones
que se pretenden al indicar a la Comisión de Libertades e Informática (CU) que
tanto conocen en esa Sala Segunda por ser público y notorio que esta organización
está prácticamente dirigida por su compañero en la Sala, antes Fiscal y ahora
Magistrado, D. José Antonio Martín Pallín, el cual, en solitario, ha conseguido aportar
a esta Asociación a las dos instituciones de mayor prestigio de las que la componen.
Así como la colaboración "especial" conseguida de algunos de los miembros de la
Policía Judicial, que si bien jerárquicamente dependen de Interior funcionalmente
dependen del Ministerio de Justicia.
En cuanto al párrafo siguiente al comentado lo acusan en sus Antecedentes
de hecho sin querer darse por enterados de la velada intención que se expuso al
redactar el documento, de que se conocería el objeto de la coincidencia de la
detención y el inusitado interés de los medios de comunicación por un asunto tan
banal, así como la publicidad obtenida por el Sr. Martín Pallín, la CU a través de la
rueda de prensa especialmente preparada para este acto, donde se ignoró
PREVARICADAMENTE del contenido del arto 520 de la L. de E.C.
Continúan los antecedentes de hecho hasta el señalado CUARTO donde la
Sala dice:
<

contestó por extenso escrito con fecha de seis de julio de mil novecientos noventa y
tres, en el que resaltaba que el informe de treinta de octubre de mil novecientos
noventa y uno, remitido al juzgado Central nº3 y origen de las diligencias en dicho
Juzgado incoadas no podía considerarse como una mera repetición de la comparecencia
denuncia de once de julio de mil novecientos noventa y uno, remitida al
Juzgado de Móstoles, pues aparecía suscrita por el Comisario Jefe del SeNicio
Central de Policía de Madrid, no pudiendo considerarse anormal que el Juzgado
Central acordara la incoación de Diligencias Previas. > >
Esta parte estima que, si estudiamos todos los documentos emitidos por la
Dirección General de la Policía, observaremos que:
1º.- La comparecencia o denuncia, 11-7-91, se efectuó ante los dos
Inspectores Jefes núm. 15.279 y 16.809, afectos ambos al Grupo de
Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial de
Madrid.
2º.- 31-7-91. La primera petición de intervenciones telefónicas de 31-7-91 la
Firma P.O. EL COMISARIO JEFE del Servicio Central de Policía Judicial
de Madrid.
3º.- 30-8-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones telefónicas
en los locales de Móstoles dirigida al Juzgado núm. 2 de Móstoles la
Firma EL COMISARIO JEFE D. Mariano Casado Femandez, del SeNicio
Central de Policía Judicial de Madrid.
4º.- 30-8-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones telefónicas
en nuestro domicilio privado de las Rozas, dirigida al Juzgado núm. 2
de Majadahonda la Firma EL COMISARIO JEFE D. Mariano Casado
Femandez, del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid.
5º. - 9-9-91 El escrito solicitando datos de los titulares de 9 de Septiembre lo
firma EL COMISARIO JEFE D. Mariano Casado Femandez del SeNicio
Central de Policía Judicial de Madrid.
6º.- 30-9-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones telefónicas
en los locales de Móstoles dirigida al Juzgado núm. 2 de Móstoles la
Firma EL COMISARIO JEFE D. Marceliano Gutiérrez Rodriguez, del
Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. PRECISAMENTE EL
MISMO Comisario Jefe de la Policía Judicial de Madrid, QUE LUEGO EL
30-10-91 FIRMA EL ESCRITO QUE TANTO EL FISCAL COMO LOS·
MAGISTRADOS ACTUANTES EN LA SALA SEGUNDA pretenden
hacemos ver como mera repetición de la comparecencia de 11 de julio.
Efectivamente, si bien queda suficientemente demostrado que siempre actúo
el Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid, y en fecha 11 de Julio lo hizo
desde la Comisaría de Policía de Móstoles quiere esto decir que, efectivamente los
funcionarios policiales se desplazaron directamente a la citada Comisaría "exclusivamente"
para asistir a esta comparecencia (lo que probaría que estaba programada)
o por el contrario estos funcionarios policiales realizaron la comparecencia en
cualquier otro lugar y solicitaron de la Comisaría de Móstoles número para referenciar
esta denuncia o comparecencia, lo que también demostraría que la denuncia fue
especialmente preparada y demostrar un "exceso de celo".
De otra parte deberá considerarse que, el Servicio Central de Policía Judicial
31

ecurrió a un juez "menos escrupuloso" que el que legalmente le correspondía
entender, y ambos, juez y policías (actuantes), se asociaron para delinquir en su
intento de satisfacer las necesidades de terceros.
7º. - 30-9-91. La petición solicitando prórroga de intervenciones telefónicas
en nuestro domicilio privado de las Rozas, dirigida al Juzgado núm. 2
de Majadahonda la Firma EL COMISARIO JEFE D. Marceliano Gutiérrez
Rodriguez, del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid. También
el mismo que luego firma el informe "oferta de actuaciones" dirigido al
Juez Moreiras Caballero.
8º.- 29-10-91 Escrito, dirigido al Juez de Majadahonda, solicitando prórroga
de intervenciones telefónicas, en los teléfonos de nuestro domicilio
particular de Las Rozas firmado por EL COMISARIO JEFE D. Javier
Fernandez Muñoz del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid.
9º. - Oficio de la misma fecha motivo y firmante que el anterior dirigido al
Juez de Móstoles par los del domicilio social de Publigest.
10.- El, extraño y difícilmente confesable, escrito de referencia de 30-10-91
firmado por EL "TAMBIÉN" COMISARIO JEFE del Servicio Central de la
Policía Judicial de Madrid, precisamente D. Marceliano Gutiérrez
Rodriguez, EXACTAMENTEla MISMA PERSONA que solo un mes antes
firmaba dos documentos de ESTAS MISMAS ACTUACIONES comenzadas
y autorizadas tras "MUCHA" insistencia cerca del titular de Móstoles.
Es de destacar que en este documento no se hace relación alguna a que se
hubieran abierto diligencias anteriores, ni la referencia de las mismas. Se dice que los
Juzgados de Instrucción núm. 2 de Majadahonda y núm. 2 de Móstoles dice
únicamente "que se solicitaron" y que resultaron intervenidos ocho teléfonos (cuatro
en mí casa, dos en Móstoles, ¿quién y porqué motivo intervino los otros dos
teléfonos?
¿Con que respaldo LEGAL se apoyan los Magistrados firmantes de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo para decir en su Auto de 13 de julio, como dice, que:
< < .., no pudiendo considerarse anormal que el Juzgado Central acordara la
incoación de Diligencias Previas. > >
Dice este mismo documento, en el párrafo segundo de la página 7 que:
< >.
Estamos de acuerdo en que no se utilizó fuerza física para que al Juez de
Móstoles le "arrebataran la competencia", la competencia, al Juez de Móstoles le fue
"arrebatada" con gran cantidad de astucia y artimañas propias de personas que
pudieran ser expertas en transgredir la ley. De otra parte considero que no podrá
suponer indefensión si el honrado Juez de Móstoles no decidió "iniciar otro pleito"
para mantener su competencia. Ni se sabrá nunca si ya Martín Pallín tendría
preparada esta posibilidad como estar preparado en esta ocasión para proteger a
Moreiras.
Consideran los Magistrados firmantes de este Auto de desestimación de la
querella presentada por esta parte, una vez que fue admitida la querella por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no pueden considerarse generadores de
32

esponsabilidades penales unos autos, por que estos autos estaban pre-impresos.
Esta parte tendría que comprender estas afirmaciones, si estos Magistrados
actuaran en defensa de un corporativismo extremo. Pero al tratarse de decidir si
existen o no razones suficientes para que las actuaciones del Magistrado-Juez Miguel
Moreiras Caballero sean juzgadas, sin dar por supuesto fallo acusatorio alguno, a esta
parte no puede sino acusar de prevaricadoras estas afirmaciones.
Observemos en primer lugar los tipos de letra- que difieren de los tipos de
imprenta como cualquier perito podrá observar. Comprendamos que no fueron dos
los domicílíos donde se cometieron estos supuestos abusos/delitos, sino varios ya
que se trataba de disfrazar la acción como de una "red" de tráfico de datos, y fueron
varios los documentos por· lo que no es de extrañar que se estandarice el trabajo,
máximo si se trata de un juez que como demostró Moreiras en esta ocasión no tenga
grandes escrúpulos para meter en la cárcel a cualquiera existan o no motivos
suficientes.
De otra parte si no hubieran tenido tanto interés los Srs. Magistrados en
defender a ultranza al Juez Moreiras, podrían haber observado que el citado juez en
algunos casos eludió exponer la motivación de sus actos o bien con todo descaro
argumentaba supuestos DELITOS MONETARIOS, o teóricas infracciones a la ley de
Control de Cambios. Por lo tanto los Autos de entrada y registro no hacen sino
continuar como empezó mintiendo y conociendo que por ley le estaba vedado
conocer de estos hechos, observemos, primero recibe el oficio, después:
1º Emite una PROVIDENCIA, el 31-10-91, para abrir las Dílígencias, 262/91
refiriéndose al acta informe policial pero no dice o elude decir los
motivos por los que abre estas Dílígencias.
2º Informa al Ministerio Fiscal que se da comienzo a las Dílígencias Previas
262/91 por DELITO MONETARIO. 31-10-91.
3º Comunica mediante oficio al Servicio Central de Policía Judicial haber
incoado Dílígencias Previas Registradas con el núm. 262/91.
4º Emite auto autorizando las intervenciones telefónicas en cuatro
domicílíos Particulares, en averiguación de un DELITO MONETARIO.
5º El 4-11-91 emite el "chanchullero" Auto inhibiente sin que antes de
emitirlo nadie le haya comunicado LEGALMENTE cual son los tipos de
Diligencias abiertas y el número o referencia de las mismas. En esta
ocasión no dice nada sobre el delito y en vez de comunicar que SE
TRATA DEL MISMO DELITO se disfraza con delitos conexos.
6º El mismo día 4-11-91 emite oficio, inhibiente, al Juzgado 2 de Móstoles
diciéndole que las diligencias se siguen por los mismos hechos.
7º Lo mismo y la misma fecha para Majadahonda.
8º El 13-11-91 Emite nuevo Auto autorizando intervenciones telefónicas
amparándose en los Fundamentos Jurídicos (como en el caso anterior)
en averiguación de un DELITO MONETARIO.
No se incluyen aquí los autos que pudieran haberse emitido para otras
personas o empresas de esa supuesta "RED", lo que si parece cierto es que el Juez
Moreiras Caballero "SABIAPERFECTAMENTE"que solamente podría actuar como Juez
de Instrucción del Juzgado Central núm. Tres, como juez de delitos económicos.
Cualquier otro intento de prestar a este querella do colaboración o ayuda deberá ser
convenientemente mal-interpretado.
33

El párrafo 4 de la citada página siete dice:
< >.
Reconocen los Srs. Magistrados que los autos de prisión adolecen de pobreza
en su fundamentación; efectivamente aquí si quitamos el texto pre-impreso no tiene
otro fundamento jurídico que el nombre del encarcelado. Como carecía no solo de
fundamento sino de motivo o justificación para este encarcelamiento. Cuando el Juez
querella do decidió hacerse cargo de las Diligencias sabia PERFECTAMENTE lo
compromisos que adquiría, son los Magistrados miembros de esa Sala Segunda los
que tratan de EVITAR que se sepa al juzgar a Moreiras.
Sres. Magistrados cuando se tiene dinero para "manejar" a un Juez como
pudiera haber sucedido en este caso, que se puede argumentar contra unos
abogados, quienes quizá, por el mismo vil metal no hubieran interpuestos los recursos
por ustedes aludidos. Adjunto al Excmo. Sr. Ministro de Justicia documentación de
haber reclamado ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid contra los
encargados de mi defensa. Es de lamentar que incluso un Catedrático de Derecho
Penal pudiera haber actuado de forma tan irregular.
Comienzan diciendo en su último párrafo de la página 7 los Srs. Magistrados
que el Artículo 503.2º permite decretar la prisión provisional. No nos dicen por el
contrario estos Magistrados que el 503 y 503. 1nos dicen que:
< < Para decretar la prisión provisional serán necesarias las causas siguientes.
1º.- Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente las
características de delito. ¿-?
2º.- Que éste tenga señalada pena superior a la prisión menor, o bien. .. > >.
Sres Magistrados informantes en este documento, ustedes han estudiado con
todo detenimiento, como es su obligación y su deber. todos los documentos que
componen las Diligencias, y que, tienen que estudiar para estimar si a el Juez
Moreiras debe o no, admitir una querella, sin que por esto nadie pretenda emitir un
juicio precipitado. Por la misma razón sus Señorías no deben declarar inocente o lo
que es casi lo mismo, tratar de justificar que el auto de prisión fue motivado por la
"ALARMA SOCIAL". Un estudio menos interesado en defender tan claramente a su
compañero les hubiera permitido observar que, fue precisamente el Juez Moreiras
Caballero quien participó más directamente en conseguir esta alarma social como
nos prueba el que facilitara información en "primicia" a ABC, el documento de fecha
12 de enero, dirigido al Director General de la Policía donde se dice que:
< < en Diligencias Previas 262/91 seguidas contra Carlos Alvarez Obregón y
otros, > >.
Decía ABC: < < donde Carlos Aa. era capaz de conocieron la
existencia de un individuo que ofrecía en venta bases de datos a empresas,
identificado como Carlos Aa., se supo que... > >.
Tanta garantía le mereció a ABC la fuente de la información que no dudó en
concederle sitio en primera plana, y media página en el interior. Esta "primicia
informativa" sobre la "Red" de Tráfico de Datos fue aprovechada por los cómplices de
Moreiras Caballero para insistir demandando con ansiedad noticias a los diferentes
medios de comunicación. Estos medios de comunicación tuvieron 'incluso una rueda
de prensa, especialmente preparada, en las dependencias del Servicio Central de la
34

Policía Judicial, donde fueron expuestas las mil quinientas cintas de ordenador y se
REGALO a televisión imágenes tomadas el día anterior en las instalaciones de
Móstoles sin que en las Diligencias conste quién, cómo y porqué se tomaron estas
imágenes. Por tanto deben descartar la expresión alarma social para definirlo "SHOW".
No estima el Ministerio Fiscal el delito de prevaricación pretendido en la
querella (termina así, en los antecedentes de hecho, el informe del Ministerio Fiscal).
Este ministerio Fiscal estima que la prevaricación que señala el 356 del Código
Penal exige que la resolución sea injusta y a sabiendas, y no le parece a este
Ministerio Fiscal que deban ser considerados los autos como injustos, aun cuando
añade de que puedan ser discutibles.
No pretende esta parte discutir con el Ministerio Fiscal sobre lo que pueda
parecer justo o injusto a sus ojos, lo que si pretendo dejar claro es que la ley debe
ser respetada por todos, o lo que es igual que todos somos iguales ante la ley. Esta
parte considera que ese Ministerio Fiscal al informar, y luego los Magistrados al
acordar tratan de diferenciar la ley o de diferenciamos ante la ley.
El exceso de proteccionismo corporativo parece haber ofuscado la mente y
enturbiado la vista del representante del Ministerio Fiscal actuante. Por lo mismo este
querellante ya puso en conocimiento del Fiscal General del estado, que denunciaba
la actuación del citado Fiscal y solicitaba fuera abierto un expediente aclaratorio de
los hechos que pudieran haber inducido a este Fiscal a actuar de forma tan irregular.
Deberemos de considerar que el Ministerio Fiscal se definió de forma diferente en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya este Ministerio no pueden ni deben pedir
sino una observancia perfecta de la Justicia, nunca un proteccionismo a la injusticia.
En sus Razonamientos Jurídicos párrafo segundo página 9, dice la Sala:
< < Pero ello no es así. A los folios trece a quince consta la remisión por el inspector
Jefe de la Comisaría de Policía de Móstoles al Juez de Guardia de dicha localidad
un atestado , conteniendo entre otros extremos, la comparecencia del director de
LEISA> >.
Recuerda nuevamente esta parte que los documentos trece a quince consta
la remisión, no por el Inspector Jefe de la Comisaría de Mostoles, sino por los
INSPECTORES JEFES afectos al GRUPO DE DELINCUENCIA ECONÓMICA DEL
SERVICIO CENTRAL DE POLIcíA JUDICIAL DE MADRID núm. 15.279 y 16.809, que
actúan como instructor y secretario.
Pretende esta parte significar que no debe ser suficiente realizar una falseada
o disfrazada exposición de los Antecedentes de Hecho para, una vez preparado el
camino, poder llegar con facilidad a unos Razonamientos Jurídicos que puedan dar
paso a desestimatoria partidista o prevaricadora.
Nuestro Ordenamiento Jurídico prevé, que los fallos del Tribunal Supremo
sienten JURISPRUDENCIA, parece pues la misión de estos Magistrados más de
divinos que de humanos. Dejen pues, señores Magistrados, los errores a los humanos
y si estos, en su libertad, han cometido delito júzguenlos pero no los defiendan. No
empañen tan sagrada labor por tratar de alterar los Antecedentes de Hecho.
En su momento procesal oportuno, y una vez abiertas las Diligencias Previas,
se tratará de "conocer' quién, y por qué manejó a determinados miembros del
Servicio Central de la Policía Judicial, que depende funcionalmente del Ministerio de
Justicia, y quién indujo a colaborar al Magistrado-Juez D. Miguel Moreiras Caballero.
35

Tratar de proteger a estas personas, incluso aunque fueran compañeros en la Sala
deberá considerarse delictivo.
Volviendo a nuestros Antecedentes, ha de quedar probado, por que así figura
escrito en el documento de la denuncia, que fue el SeNicio Central de la Policía
Judicial el único que tuvo relación con estas actuaciones, primero ante el Juzgado
de Móstoles y luego, al faltarles argumentos legales optaron por "asociaciones"
ilegales, ante el Central nº3. Si los Inspectores Jefes 15.279 y 16.809, utilizaron
impresos de la Comisaría de Móstoles, y además, referenciaron la denuncia con la
numeración de Móstoles, ésta circunstancia debe de ser objeto de investigación por
si estos hechos fueran demostrativos de que determinado Magistrado de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, muy interesado en la Lortad, hubiera tenido r~/ación
DIRECTA con los hechos contra mí acontecidos.
En cuanto a los folios dieciséis y diecisiete de los que consta el informe emitido
por UNO DE LOS COMISARIOS JEFES del SeNicio Central de Policía Judicial que con
anterioridad ya habían firmado oficios solicitando prórrogas para las autorizaciones
de inteNenciones telefónicas en el domicilio social de Móstoles y el privado de las
Rozas, concretamente D. Marceliano Gutiérrez Rodriguez, el mismo COMISARIO JEFE
que firma el treinta de septiembre (justo un mes antes) dos oficios solicitando la
RENOVACIÓN de autorizaciones para inteNenciones telefónicas, no deben ni pueden
en ningún momento considerarse dos actuaciones diferentes, sino, exclusivamente
una por que así está documentalmente probado.
< < El Grupo de Fraudes de la Sección de Delincuencia Económico Financiera del
SeNicio Central de Policía Judicial realizó, según su cometido, .... > >.
Por favor Señorías, sin desvarios; mal está, que determinado Magistrado esté
o estuviera utilizando al Grupo de Fraudes para promocionar su propia "Comisión",
pero de eso, a decir que estos funcionarios policiales, especialmente preparados en
el "Centro de Estudios Judiciales" donde ese otro Magistrado, anteriormente aludido,
colabora o colaboró en su formación, tuvieran como cometido destruir empleo
persiguiendo a honrados industriales, hay un maxi-espacio.
Los funcionarios del "Grupo de Fraudes" que comenzaron estas actuaciones
en Móstoles, PIDIENDO con mucha urgencia la inteNención de los soportes
magnéticos que pudieran encontrar en mis domicilios (social y privado) porque solo
13 días después se presentaba en el Congreso de los Diputados el proyecto de la
LORTAD, permanecieron durante tres meses persiguiéndome por media España para
tratar de encontrar un argumento que fuera capaz de convencer al único Juez que
LEGALMENTE podía entender del caso de lo ilegal de las actividades de Publigest.
Cuando, encontrando que no existía delito, ni delincuente, decidieron
FABRICAR uno y otro con la colaboración de un Juez lo suficientemente CORRUPTO
como para que, USURPANDO unas funciones que por Ley le estaban especialmente
vedadas emitir numerosos Autos PREVARICADORES al amparo, quizá, de la
impunidad que podría proporcionarle su cómplice en la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de la que parece estar dando muestras palpables.
Dicen S,Ss. que:
< < El informe concluye destacando que si las investigaciones en un principio se
centraron en Madrid y localidades próximas como Mostoles y Majadahonda, se hacía
preciso su extensión a otras localidades como Barcelona, Cuenca y Sevilla, y se
indicaba que los hechos podían ser "competencia de la Audiencia Nacional, debido
36

a que están extendidos en todo el territorio del Estado Español, con objeto de que la
instrucción la dirija ese Juzgado nº 3 de los de la Audiencia Nacional", solicitando
continuar con escuchas e intervenciones telefónicas. > >.
Con independencia de que el arto 22 del R.D de regulación de la Policía
Judicial ya prevé esta necesidad y regula que a través del T.S.J., de la Audiencia
Nacional, del Fiscal General del Estado o del Tribunal Supremo pueden concederse
autorizaciones para aumentar geográficamente las actuaciones policiales. Ya
conocían "perfectamente" los componentes del Grupo de Delincuencia Económica del
Servicio Central de Policía Judicial, desde el mismo momento de la denuncia que las
actividades de Publigest se desenvolvían a escala nacional.
Recordemos la misma comparecencia o denuncia:
< < ...., recuerda el compareciente que se realizaron trabajos para CAJA MADRID,
CAJA DE SORIA, CAJA DE GALICIA, CAJA DE VALENCIA,etc., todos ellos eran
cerrados por parte de Joaquín González por teléfono, con una intermediaria que, al
parecer trabaja o vive en Valencia, de la que desconoce cualquier dato de filiación ...
... , trajo a las oficinas nuevos ficheros que a continuación se relacionan: CENSO
ELECTORAL, este fichero llegó de Barcelona vía Seur, procedente de la empresa
Publienvio, situada en Esplugas del L1obregat, empresa con la que Joaquín González
mantenía frecuentes relaciones comerciales. > > .
Si estos "fieles" defensores del orden hubieran perseguido "realmente" un delito,
conocían, por la propia denuncia que el suministrador era Publienvío de Esplugas del
L10bregat y hubieran dirigido hacia allí las actuaciones policiales. Sí por el contrario
lo que perseguían era colaborar con algún Magistrado para promocionar una
Comisión hubieran continuado insistiendo cerca del Juez de Móstoles hasta conseguir
que este colaborara y les proporcionara la cabeza de turco deseada.
Se conoce perfectamente que Publienvío, de Esplugas del L10bregat es filial de
una multinacional alemana difícil de "manejar" y se supone que Publigest era una
pequeña empresa formada por una familia en la que el Administrador estaba
gravemente enfermo, que serviría para utilizarlo para cabeza de turco y si moría, ya
reclamaría su familia y le indemnizaría la Administración (pensamiento lamentablemente
común a muchos funcionarios españoles).
Estas relaciones inter-provinciales < < ....extendidas en todo el territorio del
Estado Español, .. > > eran perfectamente conocidas por el Grupo de Fraudes de la
Sección Económico-Financiera del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid,
desde el 11 de julio de 1.991 en que tomaron la denuncia en la Comisaría de
Mostoles, hasta que el informe del Fiscal de la Audiencia Nacional cortó esta delictiva
actuación policial-judicial.
En cuanto a su párrafo último de la página 10 que dice:
< < Por tanto, el informe de treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno,
remitido al Juzgado Central nº 3 no puede considerarse una mera repetición de la
denuncia de once de juliO de dicho año al Juzgado de Móstoles, pues está suscrita
por el Inspector Jefe de la Comisaría de dicha localidad, ... ...., mientras que la
dirigida al Juzgado Central aparece suscrita por el Comisario Jefe del Servicio Central
de Policía Judicial de Madrid> >.
Las actuaciones policiales comenzadas por los dos miembros, anteriormente
descritos, del Grupo de Fraudes de la Sección de Delincuencia Económico­
Financiera del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid, no cesaron en las
37

investigaciones al hacerse cargo la Autoridad judicial, como determina o señala el
artículo cinco del R.O. de Regulación de la Policía Judicial. Muy por el contrario,
demostrando lo que podríamos llamar "exceso de celo", insisten durante veinte días
cerca del juez que LEGALMENTE entiende del hecho denunciado, hasta conseguir,
mediante alarmismos innecesarios, que este honrado juez abra unas Diligencias
Indeterminadas y les autorice algunas intervenciones telefónicas.
Después estos mismos funcionarios policiales que, como nos demuestra el
Comisario Jefe que firma el oficio de treinta de octubre es el mismo Comisario Jefe,
D. Marceliano Gutiérrez Rodriguez, el mismo que exactamente un mes antes, firma
dos solicitudes de autorizaciones para prorrogar las intervenciones telefónicas
autorizadas, iniciariamente,' el treinta y uno de julio a solicitud del oficio firmado por
El Comisario Jefe del Grupo de Fraudes del Servicio Central de la Policía Judicial de
Madrid, transcurridos tres meses estos MISMOS funcionarios policiales -y no otrosdirectamente,
o a través de terceros, dirigen este extraño e innecesario escrito,
carente de cualquier apoyo legal, a un Juez al que "conocen" más tolerante, menos
honrado y puntilloso por los motivos que se deberían investigar, consiguen un falso
respaldo judicial. Falso respaldo judicial porque si bien se trata de un juez. éste está
falto de Jurisdicción y de Competencia, cosa que ambos conocen (policías y jueces).
Para subsanar esta dificultad el querella do Moreiras engaña al Ministerio Fiscal
diciéndole que abre las Diligencias por un DELITO MONETARIO Y los funcionarios
policiales actuantes engañan a los medios de comunicación) diciéndoles que la
denuncia la presentó el tal Manuel de segundo nombre Argimiro, para ocultar la falta
de jurisdicción y de competencia del Juez Moreiras Caballero, y para ocultar el
escándalo que hubiera supuesto de conocerse que el juez Moreiras para poder
encarcelar había tenido que inhibir a un juez en Móstoles. Reconozcamos que los
miembros de esta Sala están dispuestos a negar que el Juez de Móstoles aplicara el
313 por ellos argumentado, a los hechos denunciados, y que a pesar de eso con la
colaboración de Moreiras consiguieran verme encarcelado.
El que no me fallara el corazón -como supongo que estaba previsto- con estas
fuertes emociones, forzó al Juez Moreiras a encarcelarme por varios meses,
recordemos el escrito de 12 de enero al Director General de la Policía. Posteriormen­
te, y en el supuesto que no resultaran sobornables los abogados defensores, sería
declarado el secreto de las investigaciones hasta que me pudiera fallar el corazón o
tener un "accidente" dentro incluso de la cárcel. La "imprevista" y oportuna actuación
del fiscal de la Audiencia Nacional que compareció mediante el escrito de trece de
enero de 1992 dió al traste con esta actuación que ahora los compañeros del
Magistrado José Antonio Martín Pallín tratan de silenciar.
Por lo tanto el informe de treinta de octubre queda probado que fue una
continuación de las actuaciones policiales iniciadas por el mismo Grupo de Fraudes
el once de julio, y que el JUEZ de Instrucción querella do acordara la incoación de
Diligencias Previas, deberá ser considerado, como contrario a lo dispuesto en los
artículos y leyes que a continuación se reproducen:
Constitución Española 1978
Artículo 24.
1QTodas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún
caso pueda producirse indefensión.
38

2ºAsimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado a ser informados de la acusación
formulada contra ellos, a un proceso publico sin dilaciones indebidas, a utilizar los
medios de prueba pertinentes para su defensa .....
Artículo 55
2º Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma
individual y con la necesaria intervención, judicial y el adecuado control parlamentario,
los derechos reconocidos en los artículos 178, apartado 2, y 18, apartados 2 y tres
pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades en dicha ley orgánica
producirá responsabilidad penal. como violación de los derechos y libertades
reconocidos por las leves.
Artículo 117.
1º La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces
y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.
3º El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados
y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establezcan.
4º Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas
en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por la ley en
garantía de cualquier derecho.
Artículo 126.
La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio
Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento
del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Ley Orgánica del Poder Judicial
Art. 1º
La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces
y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes. inamovibles.
responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la Ley.
Art.2º.1º
El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes. y en los tratados internacionales.
2º Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas
en el apartado anterior. las de Registro Civil y las demás que expresamente les sean
atribuidas por la Leven garantía de cualquier derecho.
Art. 5º.1º
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. y vinculan a
todos los Jueces y Tribunales. quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
39

Constitucional en todo tipo de procesos.
Art. 72.1
Los derechos v libertades reconocidos en el capítulo segundo del título 12de
la Constitución vinculan. en su integridad. a todos los Jueces v Tribunales y están
Garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
32. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos,
tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las
corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente
habilitados para su defensa y promoción.
Artículo 9
12 Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en
aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley.
32 Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las
causa y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción
militar.
62 La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio
la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del
Ministerio fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando
siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Artículo 11
1º En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No
surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los
derechos o libertades fundamentales.
2º Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones,
incidentes v excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o
entrañen fraude de ley o procesal.
Artículo 12
1º En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son
independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder
Judicial.
22 No podrán los Jueces o Tribunales corregir la aplicación o interpretación
del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino
cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.
Artículo 16
1º Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en
la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo
establecido en esta Ley.
2º Se prohíben los Tribunales de Honor en la administración de justicia.
Artículo 53
El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano Jurisdiccional
superior en todos los órdenes, SALVO LO DISPUESTO EN MATERIA DE
GARANTíAS CONSTITUCIONALES. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro
podrá tener el título de Supremo.
Artículo 57
40
12 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
32 De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la

Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 65.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
12 Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los
Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
bY. Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de
cambios.
e). Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que
produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico
mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad
de personas en el territorio de más de una Audiencia.
6º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Artículo 73
32 La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como
Sala de lo Penal.
bY. La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces Magistrados
y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio
de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no
corresponda al Tribunal Supremo.
Artículo 87
12 Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal:
ajo De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento
corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de
lo penal.
22 Corresponde también a los juzgados de instrucción la autorización en
resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes
edificios o lugares de acceso dependiente del consentimiento de su titular,
cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
Artículo 88.
En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de
Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo
enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su
caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de
extradición pasiva en los términos previstos en la Ley.
Artículo 238
Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
12Cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia
objetiva o funcional
3º. Cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de
procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia,
asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.
Artículo 417
Se consideraran faltas muy graves.
22 La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la
aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano
41

Jurisdiccional. 420 Y siguientes.
Artículo 443
La función de la Policía Judicial comprende el auxílío a los Juzgados y
Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos ...
Artículo 446
1Q En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la
dirección de los Juzgados y Tribunales y del Ministerio Fiscal.
29 Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una
actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el
artículo 443 de esta Ley, no podrán ser removidos o apartados
hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la
origino, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente.
Real decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial.
Art. 5Q Cualquiera que sea el funcionario policial que haya iniciado la
investigación habrá de cesar en la misma al comparecer para hacerse
cargo de ella la Autoridad judicial o el Fiscal encargado de las actuaciones,
directamente o a través de la correspondiente Unidad Orgánica de Policía Judicial,
a quienes hará entrega de las diligencias practicadas y de los efectos intervenidos así
como de las personas cuya detención se hubiese acordado.
Art. 22. Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su
trascendencia o complejidad, requieran la permanente adscripción de funcionaríos
o de medios pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la
correspondiente Unidad Orgánica, O cuya investigación haya de extenderse a
varias provincias con ámbito territorial superior al de la Autoridad judicial o fiscal
que ordene la investigación el encargo habrá de cursarse por conducto del
Presidente del Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado, del presidente o
Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal Superior de Justicia respectivo.
Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Artículo 1.
No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya
represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las
disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia
dictada por el Juez Competente.
Artículo 9.
Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa
determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las
providencias de tramitación y para la ejecución de sentencias.
Artículo 14.
Fuera de los casos que expresa y limitativamente atribuyen la Constitución y las
Leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes.
14 Segundo. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción
del partido en que el delito se hubiere cometido v el Juez Central de Instrucción
respecto de los delitos que la Ley determine.
Artículo 15. 1Q•
42
El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubier-

to pruebas materiales del delito.
Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá
dando la preferencia por orden con que están expresados en los números que
preceden.
Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, se
remitirán las diligencias al Juez o al Tribunal a cuya demarcación corresponda,
poniendo a su disposición a los detenidos y efectos ocupados.
Artículo 21.
El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias y ningún juez,
Tribunal o parte podrá promoverlas contra él.
Cuando algún Jue2 o Tribunal viniere conociendo en asunto estuviere
reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del
Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y
remita los antecedentes en el término de segundo día, para en su vista resolver.
El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre
tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya
urgencia o necesidad fueran manifiestas.
Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno.
Código penal
325. Los que imputaren falsamente a alguna persona hechos que, si fueran
ciertos, constituirían delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de oficio, si
esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por razón de
su cargo debiera proceder a su averiguación y castigo, serán sancionados:
1Q Con las penas de prisión menor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas si se
imputare un delito.
2º Con la de arresto mayor y la misma multa, si la imputación hubiera sido una
falta.
No se procederá, sin embargo, contra el denunciador o acusador sino en virtud
de sentencia firme o auto, también firme, de sobreseimiento del tribunal que hubiere
conocido del delito imputado.
Este mandará proceder de oficio contra el denunciador o acusador, siempre
que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir de nuevo el proceso
De la prevaricación
356. El juez que, a sabiendas, dictare auto injusto incurrirá en la pena de
suspensión.
Dice el párrafo 2 de la página 11:
< < En cuanto al requerimiento de inhibición al Juzgado de Móstoles, determinado
por el informe policial,
No encuentra este querellante relación directa entre el informe policial aludido
y el requerimiento de inhibición como no encuentra tampoco relación alguna entre
el artículo 65 de la L.O. del Poder Judicial que nos indica de los delitos cuya
competencia corresponde a la Audiencia Nacional y el irrenunciable derecho
constitucional que nos indica el arto 117 de la Constitución de 1.978 que nos dice que
el ejercicio de la potestad Jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde
43

EXCLUSIVAMENTE a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Y que los
Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado
anterior. Por tanto de nada debe de servir que, como en este caso parece suceder,
la Sala Segunda del Tribunal Supremo pretenda dejar ejemplo que genere jurisprudencia
sobre como argumentar inexactitudes e ignorar disposiciones para eludir el
compromiso que supone aceptar el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
El requerimiento de inhibición al Juzgado de Móstoles no puede ni debe ser
considerado ni acertado ni erróneo. La única definición acertada sería la de delictivo.
Por lo mismo S.Ss. deberían haber calificado como delictivo o en desacuerdo con las
diferentes leyes, anteriormente expuestas. Salvo, claro está, que se pretenda
EXCLUSIVAMENTEproteger irregularidades procesales de terceros, lo que debería ser
considerado delito penal.
Si le arrebató la competencia al Juzgado de Móstoles, de una forma o de otra,
o de si pudiera o no haberse defendido el inhibido, no parece determinante para tratar
de justiciar a este Juez, que en contra de lo establecido en el ordenamiento Jurídico
Español ARREBATO con premeditación y totalmente falto de apoyo legal la
competencia al titular del Juzgado de Mostoles, único que por reparto podía entender
LEGALMENTE de los hechos denunciados. Y pese al empeño que ponen para
apoyarlo los Magistrados componentes de esta Sala Segunda del T.S. lo cierto es que
el Juez Moreiras tuvo que engañar al Fiscal de la Audiencia Provincial diciéndole que
se trataba de Delitos Monetarios y que cuando el mismo Fiscal le recriminó su actitud,
el Juez Moreiras se apresuro a rectificar. Otra cosa parecen pretender los miembros
de esta Sala en sus DEMOSTRADOS deseos de colaborar en la PROTECCIÓN de un
presumible delincuente.
El párrafo 3 de la página 11 de estos Razonamientos Jurídicos está tan
suciamente manipulado que las nauseas que produce su lectura hacen difícil
contestar estas FALSAS AFIRMACIONES. Dice este documento:
< < 3. En la declaración prestada ante el Juzgado Central por el propio querellante,
asistido de Letrado, manifestó, entre otros, los siguientes extremos aJ. Que los datos
que posee de los ficheros le son facilitados por el Insalud, Seguridad Social,
Hacienda y demás organismos oficiales> >.
Dice el documento aludido EXACTAMENTE, y pretende decir o pedir el
irrenunciable derecho constitucional que también esta Sala Segunda del T.S. parece
querer negarme, que todos somos iguales ante la ley. Esta Sala Segunda pretende
representar una oligofrenia galopante capaz de argumentar en mi contra las
declaraciones que afortunadamente prueban documentalmente mi inocencia. Todo
parece indicar que las suposiciones de este querellante son acertadas y la decisión
de tan alto Tribunal de desestimar la querella ha sido tomada anticipadamente
Dice así el documento:
< >
44

Lo que debe de dejar suficientemente claro es que si al argumentar la Sala esta
especie de auto-confesión no ha existido oligofrenia incompetencia, si ha existido una
manifiesta intención de alterar el contenido de este documento en perjuicio del
querellante y en beneficio del querella do, injusto de todos modos. Las declaraciones
siguientes referentes a una compra realizada en 1.985 no hacen sino demostrar la
buena fe del querellante el cual luego ante las Diligencias demostró que se
compraron estos ficheros al Colegio de Huérfanos del Ministerio de Hacienda,
habiendo quedado en las Diligencias copias de las ofertas contratos y recibos de
estos pagos.
Hace alusión este informe a la declaración ante la Policía pero no dice que en
esta declaración también se pedía la IGUALDAD ANTE LA LEY al decir:
< < Que el declarante quiere significar que conoce otras muchisimas personas y
empresas que se dedican a la misma actividad por la que él ha sido detenido,
teniendo en su poder éstas igualo más cantidad de ficheros que él, significando que
entre las mismas están las siguientes: CAMERDATA de las Cámaras de Comercio,
CODITEL de Telefónica, PUBLlPOST, PUBLlENVIO, MEYDIS, GARRA, B.D.MA/L,
PAQUEBOTT, EUROMA/LlNG, PROCESO DE DATOS A2.... > >.
Nos ofrecen, los Magistrados firmantes en este Auto, en el párrafo siguiente
argumentaciones contrarias y este otro que demuestra el ánimo de incumplir con la
ley de estos funcionarios policiales, a pesar de ser requeridos, sin aludir sordera o
ignorancia PASAN de cumplir con lo preceptuado en la ley.
Argumenta en el párrafo segundo de la página 12 que dice:
< < De esta declaración parecen deducirse presuntos delitos de cohecho, revelación
de secretos por funcionario y uso de nombre supuesto, pues al parecer el funcionario
en cuestión utilizaba nombre y apellidos diferentes a los propios. > >.
Como hemos visto con anterioridad para cometer el delito de cohecho son
precisas muchas coincidencias y que una vez acordes las circunstancias sean
constitutivas de delito. Los delitos informáticos a pesar de la LORTAD siguen
inexistentes aun en el supuesto que se hubieran producido. En cuanto a la revelación
de Secretos los artículos son concluyentes se precisa ser funcionario Público o
autoridad y no es éste el caso ni los ficheros informáticos, perfectamente relacionados
en la comparecencia de 11 de julio del 91, son secretos, como muy bien dice en
su auto de archivo de 1 de septiembre el único Juez que LEGALMENTE podía
entender del tema.
Este artículo de revelación de secretos deseo adjudicárselo en su momento
procesal oportuno al Juez Moreiras por la "primicia informativa" que le proporcionó
a "ABC".
En cuanto al funcionario que utilizaba nombres y apellidos diferentes, y que
hubiera o no cometido el delito de uso de nombre supuesto, no puede tratarse de este
honrado industrial, el cual nunca fue funcionario, y solo en dos ocasiones a lo largo
de seis meses mintió deliberadamente al facilitar sus datos personales, algo no
previsto ni castigado por la ley.
En cuanto a la teórica salida exculpatoria, con la que esta Sala Segunda del
Tribunal Supremo pretende eludir la responsabilidad criminal en la que incurrió el
Juez Moreiras Caballero y los policías judiciales actuantes, al haberse investido de
falsa e insuficiente legalidad para que, desoyendo el arto 55 de la Constitución
española, violaran PREMEDITADAMENTE los irrenunciables derechos constitucionales
45

que prevén los artículos 18.1, 18.2 Y 18.3 de la Constitución Española de 1978.
Así lo demuestra el Juez Moreiras al dirigir informe al Ministerio Fiscal que le
miente diciéndole que las Diligencias las abre por un DELITO MONETARIO al igual
que hace con los autos autorizando intervenciones telefónicas y lo remata con las
autorizaciones de entrada y registro de muy diferentes personas y empresas en su
afán de simular una supuesta RED delictiva, entre otras razones por una muy bien
conocida por los Magistrados firmantes de este auto desestimatorio que deberían
llamarse, Magistrados SIMPATIZANTES de las delictivas actuaciones del Juez
Moreiras, o quizá, colaboradores a ultranza de los caprichos del Magistrado José
Antonio Martín Pallín.
Las declaraciones policiales demuestran que existió asociación para ~ometer
estos delitos como nos prueba la falsa noticia facilitada a los diferentes medios de
comunicación en la rueda de prensa sobre el origen de la denuncia, con el único
propósito u objeto que ocultar los delitos de prevaricación que sabían estaba
cometiendo el Juez ahora querella do.
Dice el párrafo 4 de la página 12:
< < 4. Los autos de prisión en cuanto tales aparecen dictados por Juez competente
para tales resoluciones. Para percatarse de ello basta examinar el artículo 502 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. > >
y luego continua en su aberrante demostración de defender aun en contra de la ley
y de la lógica al juez querella do.
Este querellante no trata de enjuiciar la competencia profesional de este Juez,
sino la falta de COMPETENCIA de este juez para tratar de justiciarle y decretar su
prisión provisional comunicada y sin fianza (artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y tantos otros con anterioridad expuestos). Trata este querellante de que se
juzgue la ilegalidad de las actuaciones judiciales en las que pudiera haber incurrido
el Juez querellado al menos con el mismo interés que esta demostrando esta Sala
Segunda, según se demuestra a través de este auto en tratar de evitar que pueda este
Juez ser enjuiciado o querella do.
Una vez desmontada su teoría sobre los artículos sobre los que sin base ni
fundamento no solo fui acusado, sino que parece que esta Sala Segunda sigue
pretendiendo seguir acusándome en defensa de sus intereses que no del normal
funcionamiento de la Justicia, y sin tener en cuenta los fallos judiciales al respecto
dados por el titular de Móstoles y posteriormente confirmado por la Audiencia
Provincial.
No pueden en ningún momento, los Magistrados de esta Sala Segunda
argumentar como pretenden en la página 12 SEGUNDO - 1- que el argumento '~
SABIENDAS" sea ignorado en beneficio del juez querella do.
El Juez Moreiras cuando decidió colaborar con los miembros de la Policía
Judicial que estaban demostrando un "exceso de celo" en la persecución de que
estaba siendo objeto este querellante, conociendo como "CONOCIÓ", al recibir las
Diligencias Indeterminadas de Móstoles que este Juez al que tan injustamente y fuera
de DERECHO había 'AAREBATADO" la competencia el4 de noviembre, que el citado
titular de Mostoles había negado las intervenciones solicitadas de entrada, registro e
incautación de los soportes informáticos que pudieran encontrarse en el domicilio
social de Publigest en Móstoles y privado de sus propietarios en Las Rozas por
considerar que no eran constitutivos de delito (art. 313 de la L.de E.C.).
46

Si a pesar de lo expuesto, perfectamente conocido por el juez querella do siguió
"dirigiendo" las investigaciones policiales, sabiendo que no había variación alguna con
los hechos denunciados el 11 de julio y prácticamente archivados. Viéndose incluso
obligado a tener que mentir en la redacción de los autos y documentos sobre el
VERDADERO motivo de las investigaciones para las que fueron abiertas las diligencias
262/91. Con toda esta información Señorías deberá admitir cualquier persona,
formada o no judicialmente, que las actuaciones del Juez Moreiras fueron realizadas
A SABIENDAS con premeditación y mediante asociación para cometer delito.
(Falto totalmente de acusación policial alguna, observemos que los Autos
autorizando las entradas registro e incautaciones aludidas tienen fecha de treinta de
diciembre de mil novecientos noventa y uno, y las DILIGENCIAS DE EXPOSICIÓN
realizadas por los inspectores jefes del Grupo de Fraudes de la Sección de
Delincuencia Económico-Financiera del Servicio Central de Policía Judicial de Madrid,
al final de las cuales se solicitan estos mandamientos, son de fecha 7 de enero de mil
novecientos noventa y dos).
Cuando este Juez, ahora querella do, decide sin más pruebas firmar unos autos
tan restrictivos de los irrenunciables derechos constitucionales, como es la
inviolabilidad del domicilio y por mucho que pretenda ampararse en el artículo 545
de la L.de E.C., no puede olvidar ni se le puede disculpar de lo que señala el arto 55
de la Constitución Española. Este Juez actuó absolutamente falto de jurisdicción y
competencia, conocía la responsabilidad penal que prevé el artículo 55 de la
Constitución y debe darse por sentado de que el Juez Moreiras actúo y/o prevaricó
a sabiendas.
No puede ni debe esta parte acogerse al error judicial que parece querersele
brindar en el párrafo tercero de la página 12 del escrito estudiado, por considerar que
no existió error judicial sino que la Justicia fue administrada de forma IRREGULAR,
considerándose esta parte como víctima del anormal funcionamiento de la Administración
de Justicia de la que espera ser indemnizado según señala el artículo 292 de
la L. O. del Poder Judicial.
Considera este querellante que debe continuar colaborando e informando sobre
cuanto conoce, deduce y sabe, por considerarlo un deber social para que sean los
responsables de está Administración de Justicia o cualquiera de los señalados en los
artículos 407, 408 Y 409 los que cumplan con lo preceptuado según el 406 de la
misma ley orgánica citada. Con independencia de lo expuesto, este Magistrado-Juez,
ahora querella do, deberá, una vez abiertas las diligencias previas comunes a toda
querella deberá facilitar la información que pudiera implicar al Magistrado Martín
Pallín ahora tan empeñado en defenderlo.
En total desacuerdo con los magistrados firmantes de este desestimatorio que
según el párrafo señalado como TERCERO de la página 16 argumentan que:
<

Además de este aspecto formal, desde el punto de vista material la competencia
del Juzgado Central se apoya en el propio atestado e informe de la Policía
Judicial Especializada, y que los hechos presuntamente delictivos traspasaban en
territorio del Juzgado requerido e incluso de la propia Comunidad Autónoma> >.
El Juez querella do como muy bien conocen los Magistrados de la Sala
Segunda que tratan de defenderlo, absolverlo o protegerlo incumplió o transgredió el
Código Penal al menos en estos artículos.
Artículo 24 de la Constitución.
El 55 de la Constitución.
El 117.3 de la Constitución.
El 117.4 de la Constitución.
El 2 de la L.O. del Poder Judicial.
El 2.2 de la L.O. del Poder Judicial.
El 3 de la L.O. del Poder Judicial.
El 4 de la L.O. del Poder Judicial.
El 5 de la L.O. del Poder Judicial.
El 9.1º de la L.O. del Poder Judicial.
El 9.3º de la L.O. del Poder Judicial.
El 9.6º de la L.O. del Poder Judicial.
El 11.1º de la L. O. del Poder Judicial.
El 11.2º de la L.O. del Poder Judicial.
El 65 de la L.O. del Poder Judicial.
El 87 de la L.O. del Poder Judicial.
El 88 de la L.O. del Poder Judicial.
El 238 de la L.O. del Poder Judicial.
El 417 de la L.O. del Poder Judicial.
48
El 446 de la misma ley.
Del Real decreto 769/1987 el 5º y el 22.
El 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 9º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 14º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 14.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El nº 2 del Código Penal.
El nº 10 del Código Penal.
El nº 10.6 del Código Penal.
El nº 10.5 del Código Penal.
El nº 10.7 del Código Penal.
El nº 10.10 del Código Penal.
El nº 12.1º del Código Penal.
El nº 12.2º del Código Penal.
El nº 13.1º del Código Penal.
El nº 13.3º del Código Penal.
El nº 19. del Código Penal.
El nº 69 del Código Penal.
El nº 101 del Código Penal.
El nº 101.1º del Código Penal.

El nº 101.2º del Código Penal.
El nº 101.3º del Código Penal.
El nº 103 del Código Penal.
El nº 104 del Código Penal.
El nº 105 del Código Penal.
El nº 155 del Código Penal.
El nº 178 y siguientes del Código Penal.
El nº 191 del Código Penal.
El nº 192.bis. del Código Penal.
El nº 325 y 325. 1 del Código Penal.
El nº 356 del Código Penal.
El nº 367 y 368 del Código Penal.
El nº 385 y siguientes del Código Penal.
El nº 453 y siguientes del Código Penal.
El nº 481 del Código Penal.
Si a pesar de lo expuesto los Magistrados de la Sala Segunda firmantes del
auto de desestimación de la querella a esta parte no la queda sino reclamar del Sr.
Ministro de Justicia que el Gobierno el Ministerio público o quien proceda se siNa
ejecutar lo previsto en el artículo 61 de la L.O. del Poder Judicial.
Al estimar la Sala que el Juez querella do ha sido competente en las resoluciones
dictadas, no hacen sino confirmar mi teoría de que en estos Magistrados están
más interesados en proteger a sus compañeros que en cumplir con el sagrado
magisterio del que están in vestidos.
De esta deshonrosa postura, como español me siento avergonzado.
Al argumentar en su intento, descarado, de defender al querella do que el titular
de Móstoles pudiera haber planteado una cuestión de competencia, precisamente,
ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo olvidan estos Magistrados indicamos cual
hubiera sido la postura de esa Sala Segunda, en este supuesto, sobre todo a la vista
de este vergonzante documento de 13 de julio. Supone esta parte, que esa Sala, a la
vista de lo argumentado en el documento aludido, hubiera confirmado la ilegalidad
al Juzgado Central nº 3 y en ese supuesto, este querellante, hubiera permanecido en
la cárcel hasta que la LORTAD hubiera sido aprobada. Posteriormente y a la vista de
los pobres resultados obtenidos por el LOBBY de IBM, la CLJ con la ayuda o no de
terceros, posiblemente, me hubiera ajusticiado.
Visto de otra forma, sobre la argumentación que hacen S.Ss. de que el juez de
Móstoles no reclamó como pudo haber hecho. Señorías, en el supuesto que este
Juez de Móstoles hubiera iniciado un pleito de competencia que precisamente
hubiera fallado está misma Sala Segunda ¿cual hubiera sido el resultado de su
informe en estos supuestos?
Sin inteNención de nadie.
InteNiniendo Martín Pallín.
Ademas de conocer S.Ss. PERFECTAMENTEque desde el 11 de julio de 1.991
en que se tomó la denuncia mediante la comparecencia de OSCAR CALLADO
PALOMO ante los dos miembros policiales que actuaban como INSTRUCTOR y
SECRETARIO, núm. 15.279 y 16.809, ambos afectos al Grupo de Delincuencia
Económica del SeNicio Central de Policía Judicial de Madrid. hasta el día de la fecha
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en que siguen negándome los objetos personales de los que fui "expoliado" en mi
propio domicilio particular, por el agente 12.585 inspector jefe, Alegando Almaraz,
afecto al Grupo de Delincuencia Económica del SeNicio Central de Policía Judicial
de Madrid. En este larguísimo período se produjo la famosa y extraña comunicación
que firmó, el treinta de octubre de 1.991, el Comisario Jefe D. Marceliano Gutiérrez
Rodriguez. Precisamente el mismo Marceliano Gutiérrez Rodriguez que como podrán
cotejar por las firmas y ANTEFIRMAS firmó dos comunicados solicitando autorizaciones
judiciales para prorrogar las inteNenciones telefónicas de que ya era objeto; con
independencia de que ya en la denuncia de 11 de julio de 1.991 (que como hemos
comentado anteriormente se realizó ante los dos funcionarios del mismo Grupo de
delincuencia económica que este comisario jefe antes citado) ya se denunció QUE
LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELlCTlVOS TRASPASABAN EN TERRITORIO DEL
JUZGADO REQUERIDO E INCLUSO DE LA PROPIA COMUNIDAD AUTÓNOMA,
recordemos que esta denuncia decía:
< < ... En este último apartado, recuerda el compareciente que se realizaron trabajos
o estudios para CAJA MADRID, CAJA DE SORIA, CAJA DE GALICIA, CAJA DE
VALENCIA, etc. Todos ellos eran cerrados por parte de Joaquín González por
teléfono, con una intermediaria que al parecer trabaja o vive en Valencia, de la que
desconoce cualquier dato de filiación LISTADOS DE EMPRESAS CON SUS
TRABAJADORES Y LOS DATOS DE ESTOS, trabajos realizados por el denunciado
para el BANCO CENTRAL; CAJA DE GALICIA; etc. COPIA DE LA TOTALIDAD O PARTE
DE OTROS FICHEROS DE LOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, como por ejemplo
funcionarios, pensionistas, etc; el destino de estas copias es desconocido por el
compareciente.
Que entre finales del pasado año y primeros del presente, el denunciado
Joaquín González López, trajo a las oficinas nuevos ficheros que a continuación se
relacionan: CENSO ELECTORAL, este fichero llegó de Barcelona vía SEUR,
procedente de la empresa PUBLlENVIO, sita en Esplugas del Llobregat, empresa esta
con la que Joaquín González mantenía frecuentes relaciones comerciales. El fichero
está soportado en 56 carretes de cinta magnética. > >.
Por lo mismo deberá esa Sala, renunciar a cualquier tipo de argumentación
que trate de defender o justificar las DELlCTlVAS ACTUACIONES del Juez Moreiras
al aceptar unas Diligencias que le están, por la ley, especialmente vedadas y los
miembros actuantes del Grupo de Delincuencia Económica del SeNicio Central de
Policía Judicial de Madrid que conocían perfectamente, por la misma comparecencia,
que las actividades de Publigest se desarrollaban a escala nacional; y que si en el
supuesto de precisar una mayor cobertura geográfica podían, según lo estipula el
artículo 22 de su propio reglamento acudir al T.S.J., al Fiscal General, a la Audiencia
Nacional y al Tribunal Supremo (supongo que Martín Pallín les ayudaría).
En el párrafo 2Q de la página 17 dicen estos Magistrados:
< < 2Q• En todo caso, y aún admitiendo a efectos puramente dialécticos que el órgano
jurisdiccional del querella do no fuera competente, lo que desde luego se niega,
siempre lo sería para dictar los autos de prisión provisional pues ejercía interinamente,
al menos, funciones de instructor, como se deduce del artículo 502 de la Ley de
enjuiciamiento Criminal> >.
En ningún caso, incluso dialéctico puede insinuarse que el Magistrado-Juez
Miguel Moreiras Caballero pudiera estar investido de función alguna, como señala el
50

artículo 238 de la L. O. del Poder Judicial cuando nos dice:
< < Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
1º.-Cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia
objetiva o funcional. > >.
En cuanto al párrafo 3º de esta misma página 17 que dice:
< < En cuanto a los autos de prisión y de libertad, examinados desde el prisma de su
propia legalidad, han de reputarse totalmente justos, pues constaba en la causa la
existencia de hechos que presentaban caracteres de delito, algunos reiteradamente
confesados por el propio querellante, y se cumplieron los requisitos establecidos en
el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concurriendo por otra parte, la
alarma social a la que se refiere dicho precepto. > >. .
Estos autos de prisión y de libertad emitidos con total y absoluta falta de
jurisdicción y de competencia, arto 238, como bien conocía el Juez querella do y los
Magistrados ahora empeñados en absolverle < < "no susceptibles de incriminación
con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los Juzgados
Centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional, según establecen los artículos
65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que no es procedente que siga
conociendo de la presente causa el Juzgado central número 3,.. "> >, como bien
decía el 13 de enero el Fiscal de la Audiencia Nacional al recriminar mediante
comparecencia escrita las irregulares actuaciones que ahora estos Magistrados de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su teórico intento de proteger a ultranza al
Juez Moreiras de ser querellado y así impedir que puedan conocerse las relaciones
del también Magistrado Martín Pallín en esta trama o enredo penalmente castigado.
En cuanto a que los informes policiales pudieran demostrar unas probatorias que
pudieran justificar la encarcelación y posterior libertad condicionada, deberán ser en
su día motivo de enjuiciamiento como tratan de impedir estos Magistrados, que en su
empeño de erigirse en defensores parecen olvidar sus obligaciones de juzgadores ya
que de haber realizado, como obliga el normal comportamiento ante la ley, un
pequeño estudio de las pruebas aportadas obseNarían que donde estos Magistrados
ven reconocimiento del querellante de delitos cometidos, solo existen argumentaciones
para concienciar al juez querella do y antes a sus cómplices que la igualdad ante
la leyes un derecho constitucional irrenunciable.
Derecho constitucional este de igualdad ante la ley que parece querer ignorar
los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que al pretender imponer
una ley diferente a cada caso parecen dar como acto justo el privar a un inocente de
sus derechos constitucionales a capricho y voluntad de un delincuente.
No encuentra este grupo de Magistrados motivo por el que calificar de injustas
las ilegales actuaciones cometidas por un Magistrado-Juez que usurpando unas
atribuciones judiciales que según la ley le están vedadas, decide cometer delitos en
cadena incluso contra los irrenunciables derechos constitucionales, incluso los autos
de prisión dolosamente decretados.
Este querellante considera, que la intencionalidad de los delitos que pudiera
haber cometido el Juez Moreiras pudiera quedar demostrada con los documentos
donde este juez disfraza o miente sobre los supuestos delitos que persigue al redactar
los documentos de informe al Ministerio Fiscal de 31-10-91, de autorizaciones de
inteNenciones telefónicas, de 31-10-91 Y 13-11-91,. los DOS autos de entrada y
registro de 30-12-91 y el de 10-1-92, con independencia de los otros muchos autos
51

delictivos que emitió en su censurable y delictivo intento de crear una "RED" DE
TRAFICO DE DATOS INFORMA TlZADOS, con independencia de si cometió o no estos
delitos por orden o con la colaboración de José Antonio Martín Pallín.
Prácticamente termina la Sala su falseada exposición de los hechos y su
disfrazada exposición de los Fundamentos Jurídicos con estas palabras del primer
párrafo de la página 18:
< >.
Efectivamente estos Magistrados exponen el artículo 313 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en su claro intento de defender la impunidad con la que
pretenden proteger al juez Moreiras y subsidiariamente al Magistrado Martín Pallín,
compañero de Sala.
LO QUE SI QUE ES CIERTO ES QUE: El Juez de Mostoles acogiéndose a lo
preceptuado en este mismo artículo desestimó la querella que le fue presentada por
los miembros del Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de la Policía
Judicial de Madrid actuantes el once de julio de mil novecientos noventa y uno,
tomando de forma irregular la comparecencia que OSCAR CALLADO PALOMO facilitó
contra el ahora querellante al que acusó de tener una serie de ficheros archivados en
cintas magnéticas, con los que estaba realizando una serie de programas tendentes
a obtener una BASE DE DATOS de determinadas características técnicas. Que el
ahora querellante tenía una representante en Valencia, vendía información a diferentes
Cajas de Ahorros que prácticamente cubrían toda España. Que al menos un fichero,
el CENSO ELECTORAL contenido en 56 cintas magnéticas, le había sido facilitado por
PUBLJENVIO de Eplugas del L1obregat, que había tenido relaciones con una empresa
de Barcelona con la que realizó una transacción comercial por un importe de veinte
millones de pesetas.
Que los funcionarios policiales Inspectores Jefes 15.279 y 16.809 adscritos
ambos al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de la Policía Judicial
de Madrid referenciaron esta denuncia con el número 12.882 tomado al efecto de la
Comisaría de Policía de Móstoles. Que este ATESTADO fue registrado en Salida con
el núm. 12.281 y remitido al Juzgado de Guardia conjuntamente con la solicitud de
Mandamientos expedidos para proceder a la intervención de soportes informáticos
que se hallaran en el Centro de Cálculo de la Localidad de Móstoles y en el domicilio
particular de Las Rozas.
Que por reparto le correspondió entender al Titular del Juzgado de Instrucción
núm. 2 de los de Móstoles. Que este Juez estimo que los hechos denunciados no
eran constitutivos de delito y basándose en el arto 313 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal desestimó la querella.
Que según se deduce de las Diligencias hubo insistencia por parte de los
funcionarios adscritos al Grupo de Delincuencia Económica del Servicio Central de
la Policía Judicial de Madrid, lo que al estar en desacuerdo con el artículo 5Q del R.D.
de Regulación de la Policía Judicial podría probar un "exceso de Celo"como siguió
demostrando sus intenciones delictivas al ofrecerse a otro juez las diligencias. Que
el 31 de julio de 1.992 el Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid emitió un
escrito firmado por El Comisario Jefe solicitando intervenciones telefónicas en
Mostoles y Las Rozas.
52

.
Que el titular del Juzgado de Instrucción nQ2 de Móstoles abrió Diligencias
Indeterminadas y las referenció como el 143-A/91, por el hecho de INTERVENCIÓN
TELEFÓNICA. Que ese mismo 31 de julio, el titular de Móstoles, emitió oficio al
Juzgado 2 de Majadahonda comunicándole haber abierto diligencias por un posible
delito de violación de secretos, rogándole se sirviera ordenar la intervención de los
teléfonos particulares, de este querellante, en Las Rozas.
Que el treinta de agosto se emitieron dos oficios solicitando: Prórrogas de
autorizaciones de intervenciones telefónicas en Móstoles Y en Las Rozas, firmados
por un Comisario Jefe del Servicio Central de la Policía Judicial de Madrid llamado
Mariano Casado Fernandez.
Que el 3D de Septiembre de 1.991 El Comisario Jefe del Servicio Central de la
Policía Judicial de Madrid D. MARCELlANO GUTlÉRREZ RODRIGUEZ firmó dos oficios
solicitando prórrogas de intervenciones telefónicas en los locales de Móstoles y el
chalet de Las Rozas. En el momento procesal oportuno (una vez abiertas las
Dílígencias será curioso comparar el texto del oficio dirigido al nQ2de Majadahonda).
El 29 de octubre de 1.991 El Comisario Jefe del Servicio Central de Policía
Judicial de Madrid, D.Javier Fernandez Muñoz firmó dos oficios: Solicitando prórrogas
de intervenciones telefónicas en los locales de Móstoles y el chalet de Las Rozas.
Que el 3D de octubre de 1.991 El Comisario Jefe del Servicio Central de Policía
Judicial de Madrid firmó un escrito: Dando cuenta Investigaciones y solicitando
mandamientos Judiciales de intervenciones telefónicas pero que lejos de ser enviado
al Juez que LEGALMENTE conoce, se le envía al Juzgado Central, y más concretamente
al número 3 de los de la Audiencia Nacional. Que en este escrito se decía que
precisaban cubrir un espacio geográfico mayor que el anteriormente utilizado Madrid,
Mostoles y Majadahonda y que por eso precisaban que las investigaciones las llevara
este Juzgado Central NQ3 de los de La Audiencia Nacional.
Que el artículo 22 del R.O. de Regulación de la Policía Judicial dice:
< < Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su trascendencia
o complejidad, requieran la permanente adscripción de funcionarios o de medios
pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la correspondiente
Unidad Orgánica, o cuya investigación haya de extenderse a varias provincias con
ámbito territorial superior al de la Autoridad judicial o fiscal que ordene la investigación
el encargo habrá de cursarse por conducto del Presidente del Tribunal Supremo
o del Fiscal General del Estado, del presidente o Fiscal de la Audiencia Nacional o
de los del Tribunal Superior de Justicia respectivo. > >.
Que a la vista de estos informes y aun desconociendo (por que no consta en
el oficio que Juzgados tienen abiertas las Dílígencias, ni porque motivo estos juzgados
han abierto las Dílígencias, ni las referencias de estas Diligencias.
Que se desconoce la motivación que impulsó a este Juez de Instrucción para
aceptar este IRREGULAR documento, fuera de cualquier lógica, yen contra de varios
artículos de las leyes que forman nuestro Ordenamiento Jurídico.
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Que en contra de toda lógica, con gran temeridad, y sin respaldo legal alguno,
emite una PROVIDENCIA el 31 de octubre del 91, con la que abre unas diligencias
sin especificar ningún tipo del delito perseguido por que conoce PERFECTAMENTE
que solo puede conocer de DELITOS ECONÓMICOS inter-provinciales al menos.
Que la Constitución española de 1.978 dice:
< >.
Que la Ley Orgánica del Poder Judicial dice:
<

tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las
corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente
habilitados para su defensa y promoción.
ArtículO 9
1º Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en
aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley.
3º Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las
causa y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción
militar.
6º La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio
la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del
Ministerio fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando
siempre el orden jurisdiccional· que se estime competente.
ArtículO 11
1º En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No
surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los
derechos o libertades fundamentales.
2º Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones,
incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o
entrañen fraude de ley o procesal.
Artículo 12
1º en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son
independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder
Judicial.
ArtículO 65.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los
Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
a). Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos
Organismos de la Nación y forma de Gobierno.
bY. Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de
cambios.
c). Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que
produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil,
en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en
el territorio de más de una Audiencia.
d). Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias
farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos
organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
e). Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes
o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
En todo caso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su
competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente
reseñados.
2º De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución
de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o de cumplimiento de pena de
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prisión impuesta por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión
impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional
corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el
extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una
pena o medida de seguridad privativa de libertad.
3º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del
cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.
4º De los procedimientos judiciales de extracción pasiva, sea cual fuere el
lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del presunto
extradicto.
5º De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias .y otras
resoluciones de los juzgados Centrales de lo Penal y de los Juzgados Centrales de
Instrucción.
6º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
ArtículO 87
1º Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal:
ajo De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda
a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo penal.
2º Corresponde también a los juzgados de instrucción la autorización en
resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o
lugares de acceso dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda
para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.
ArtículO 88.
En la villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados Centrales de
Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo
enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su
caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de
extradición pasiva en los términos previstos en la Ley.
Artículo 238
Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
1º Cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia
objetiva o funcional
Artículo 416
1º Las faltas cometidas por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus
cargos podrán ser leves, graves y muy graves.
ArtículO 417
Se consideraran faltas muy graves.
2º La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la
aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano
Jurisdiccional. 420 y siguientes. > >.
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
< < Artículo 14. Fuera de los casos que expresa y limitativamente atribuyen la
Constitución y las Leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes.
14 Segundo. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del
partido en que el delito se hubiere cometido y el Juez Central de Instrucción respecto
de los delitos que la Ley determine. > >.
Que el mismo día 31 de octubre informó este Juez al Ministerio Fiscal Haber
56

abierto unas diligencias, pero falseo la verdad diciéndole que las había abierto por
DELITO MONETARIO Y no por revelación de secretos, cohecho ni nada parecido.
Que el mismo día 31 de octubre se emitió un AUTO autorizando las inteNenciones
telefónicas en CUATRO domicilios particulares, argumentando que se autoriza las
inteNenciones telefónicas en averiguación de un DELITO MONETARIO
Que la Constitución Española dice:
< >.
Que con fecha 4-11-91 este mismo Juez emite Auto de inhibición a los
juzgados de Móstoles y Majadahonda a favor del Juzgado de Instrucción Central nº
3, argumentando tener abiertas unas Diligencias Previas pero sin indicar el motivo por
el cual las abrió. Dice (falsamente) este juez haber conocido el 31 de octubre
mediante comunicación de la Dirección General de Policía que esos teléfonos
estaban inteNenidos. Argumenta este Juez que se trata de delitos conexos, y que de
acuerdo al 22 de la L. de E.C. declara procedente la inhibición de los juzgados de
Móstoles y Majadahonda.
Que este Juez querella do emitió oficios de inhibición donde aparecen
perfectamente relacionados los tipos de Diligencias así como sus números de
referencia, sin que oficialmente (solo mediante documento falsificado) haya podido
conocer estos datos.
Que este Juez de Instrucción sigue emitiendo autos (supuestamente dolosos)
amparándose siempre en la Ley de Control de Cambios y en la simulación o
argumentación de Delitos Monetarios tres de los cuales autorizando violaciones de
domicilio por grupos de gente armada.
Que se supone que los funcionarios policiales actúan sabiendo de las
ilegalidades que cometen al tratar de ampararse en irregulares documentos que no
legalizan sus actuaciones. Centro de Estudios Judiciales.
Que las autorizaciones de entrada registro e incautación de soportes
magnéticos solicitadas el11 de julio de 1.992, negadas, a los componentes del Grupo
de Delincuencia Económica del SeNicio Central de Policía Judicial de Madrid,por el
único Juez que podía entender LEGALMENTE del hecho denunciado. apoyándose en
el 313 de la L.de E.C.; fueron autorizadas por este otro Juez que ilegalmente
"ARREBATO" la competencia a aquel.
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Que según consta en las DILIGENCIAS DE EXPOSICIÓN (realizadas OCHO días
después de la fecha en que se emiten los autos de entrada y registro) las actuaciones
comienzan el once de julio en Móstoles y en:
< < La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, que tras diferentes investigaciones
se pudo concluir que el ámbito de las actuaciones ejercidas por González López
cubrían todo el territorio nacional, ya que había ofrecido su producto a la practica
totalidad de las Cajas de Ahorros de nuestro Estado, habiendo alguna de ellas
adquirido el mismo, así también se llegó al conocimiento de que esta persona ofrecía
gran cantidad de dinero a algunos funcionarios para que estos le facilitasen
información privada que poseían con razón de su cargo.
Que en vista de lo anterior el señor instructor decidió poner los hechos en
conocimiento de la Audiencia Nacional, contestando el día treinta y uno de octubre
del pasado año, en oficio remitido a este Servicio Central ..... > >.
Que Joaquín González López fue detenido y encarcelado, y que en su,
voluntaria, declaración ante los funcionarios policiales dijo:
< < Que el declarante quiere significar que conoce otras muchisimas personas y
empresas que se dedican a la misma actividad por las que ha sido detenido, teniendo
en su poder éstas igualo más cantidad de ficheros que él, significandole que entre
las mismas están las siguientes: CAMERDATA de las Cámaras de Comercio, CODITEL
de Telefónica, PUBLlPOST, PUBLlENVIO, MEYDIS, GARRA, B.D.MAIL, PAQUEBOTT,
EUROMAlLlNG, PROCESO DE DATOS A2.... > >
Que, el 12-1-92, una vez en presencia del Juez ahora querella do, el querellante
dijo:
< < Quiere añadir en relación con lo declarado de la Empresa Camerdata que esta
empresa es de las Cámaras de Comercio y se dedica a la venta de los datos que
posee de los ficheros que le facilita ellnsalud la Seguridad Social, Hacienda y demás
organismos oficiales. Lo mismo que la Empresa Coditel que depende de Cetesa vende
los datos de la Compañía Telefónica. Que entre la documentación aprendida por la
Policía se encuentra un folleto editado por Coditel en el que ofrece a la venta los
datos personales de que dispone> >.
Que ni jueces ni policías judiciales hicieron ninguna señal de haber entendido
la insinuación de que se reclamaba el irrenunciable derecho constitucional de
igualdad ante la ley. Muy por el contrario los policías judiciales me tuvieron retenido
cuarenta horas más después de tomarse la primera y última declaración antes de
ponemos en presencia del Juez.
Que el Juez querella do una vez escuchó la alusión o solicitud de la aplicación
del irrenunciable derecho constitucional decretó la prisión comunicada sin fianza de
fecha 12 de enero del 92.
Que consta en las diligencias un documento emitido y firmado por el
querella do, dirigido al Director General de la POlicía donde se dispone que las cintas
magnéticas depositadas en las instalaciones del Servicio Central de la Policía judicial
de Madrid (las delicadas cintas fueron trasladadas a las dependencias de Canillas
exclusivamente para realizar la rueda de prensa que tanto nos perjudicó y que pudo
ser el motivo principal perseguido al realizar todos estos hechos supuestamente
delictivos), para que fueran trasladadas a las instalaciones de El Escorial, se
inspeccionara el contenido de las cintas y se le informara MENSUALMENTE.
Que con ese mismo documento, anteriormente citado, podría probarse que el
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hoy querellado juez Miguel Moreiras Caballero fue la persona que inicio VOLUNTARIA
y PREMEDITADAMENTE lo que estos Magistrados dan en llamar Alarma Social, ya que
esta alarma social se inició mediante una SENSACIONAL noticia a la que ABC le
mereció tanta garantía que sin contrastarla le dedico parte de la PRIMERA PLANA Y
media página interior. ABC en su primicia informativa del 10 de enero según fuentes
"próximas a interior' citaba a Carlos A.O, como máximo responsable de la "RED" de
datos informáticos y en este documento de referencia el Juez Moreiras cita como
máximo responsable a Carlos Alvarez Obregon.
Que con fecha de trece de enero se personó mediante escrito en las
Diligencias el Fiscal de la Audiencia Nacional el cual decía:
< < Que comparece en las presentes diligencias y a la vista de lo actuado, procede:
A) Que los presuntos hechos denunciados no son susceptibles de incriminación
con arreglo a ninguno de los supuestos legales de competencia de los Juzgados
Centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional, según establecen los artículos
65 y 88 de la L.O. del Poder Judicial, por lo que no es procedente que siga
conociendo de la presente Causa el Juzgado Central nQ 3, debiendo remitirse lo
actuado al Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles, que primero comenzó a
conocer de los hechos en donde iniciariamente tuvieron lugar, al amparo del Artículo
14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
B) En atención a lo expuesto y de la dificultad, en principio, de los hechos
denunciados, el Fiscal entiende que procede acordar la libertad de los denunciados,
por este Juzgado. > >.
A pesar de este escrito el Juez querella do NEGOCIO la libertad bajo fianza y
comenzó pidiendo QUINCE MILLONES de pesetas, y descendió hasta los tres.
El día 14 de enero se inhibió en favor de los de Móstoles.
El 24 de enero se nos devolvió la fianza.
El 10 de febrero de 1.992 cinco de los compañeros del Magistrado Martín Pallín
se personaron en las diligencias en Móstoles como acusadores, no se personaron
como la Comisión de Libertades e Informática (CU) por que esta organización
realmente no existe. Entre todos los componentes de la CU que pedían mi encarcelamiento,
sabiéndome inocente, están tres vicepresidentes de la Asociación Pro
Derechos Humanos. Conociendo estos ... personajes que la intervención del Juez
Moreiras activó el 238.1 de la L.O. recurrieron el auto de archivo de 1 de septiembre.
Esta parte a la vista de cuanto antecede y con el apoyo documental no tenido
en cuenta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su demostrado, desmedido,
injustificable y incalificable afán de proteger los intereses mercantilistas que pudieran
tener el Juez Moreiras y/o su compañero de Sala Magistrado Martín Pallín ha
despreciado lo establecido en el artículo 771 dando origen a lo previsto en el artículo
238.3 de la L.O. del Poder Judicial.
Los Magistrados componentes de la Sala han decidido a priori ignorar las
compulsas y las diligencias probatorias solicitadas en la querella ni tan siquiera a
tenido por hechas las practicadas por el T.S.J. con el único objeto de DEMOSTRAN­
DO IGNORANCIA Y FALTA DE INFORMACIÓN realizar una Exposición de los Hechos
AL TERADA Y falta de veracidad para poder llegar a una exposición MANIPULADA de
los Razonamientos Jurídicos con los que poder disfrazar la impresentable, e irregular
desestimación de la querella con el solo y único objeto de proteger de los riesgos de
unas Diligencias a los compañeros que saben sospechosos de actividades castigadas
59

penalmente. Por lo expuesto este querellante desiste del Quijotismo iniciado, se ofrece
como informador y testigo de los hechos denunciados ofrece la probatoria de la
complicidad de Martín Pallín e IBM en los delitos penales determinados en el 155 del
Código Penal y presenta este escrito en forma de recurso para solicitar la indemnización
de MIL QUINIENTOS MILLONES de pesetas basándose en el ANORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA.
IV.-CONCLUSIONES
Partiendo de que, todo fue un montaje, y de que la actividad que desarrollaba
Publigest, ni era ni es constitutiva de delito y menos delito penalmente castigado (hoy
una vez aprobada la LORTAD, en el peor de los casos hubiera sido falta.
En cualquier forma, sea por culpa del Magistrado Martín Pallín, hayamos sido
víctimas del exceso de celo de los funcionarios policiales o nos encontremos en esta
situación solo por el capricho del Juez Moreiras, lo cierto es que:
Hubo una primera denuncia, que "recomendada" o no recomendada fue
archivada por el único Juez que legalmente podía entender de los hechos denunciados
y aquel decidió que aquellos no eran constitutivos de delito, posteriormente y
obligado por las circunstancias abrió unas diligencias previas que, no solo fuero
sobreseidas y archivadas, sino que al ser recurridas, fue confirmado el sobreseimient
por la Audiencia Provincial de Madn'd.
Si la Policía Judicial, en contra de lo previsto en el artículo 5 del R.O. 769/87,
sobre regulación de la Policía Judicial siguió insistiendo, si luego, estos mismos
funcionarios policiales, siguiendo o no instrucciones de sus superiores, contactaron
con otro Juez a espaldas de la Ley deberá considerarse como delito, si así lo estima
el Ministro de Justicia, que forma parte del Gobierno, o el Consejo General del Poder -€S ­
Judicial, y estos de oficio y según el artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial podrán abrir unas diligencias.
Lo innegable resulta que por uno u otro motivo, todos ajenos a la voluntad del
solicitante, el patrimonio familiar de éste, y el negocio que representaba el único
sustento de toda la familia ha quedado destruido. Publigest y Joaquín González
López, presentados ante toda España por, Magistrados, Jueces y Policías como un
importante negocio sin escrúpulos, que trataba, y así lo apoyaban asociaciones de
tanto prestigio como, la Asociación de Jueces para la Democracia, la Asociación Pro
Derechos Humanos, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, la
Unión de Consumidores Españoles, con datos tan íntimos y secretos, como los de las
amantes, la salud, la raza, la religión, la vida sexual y los ingresos y propiedades, que
con independencia de los datos personales saldos, salarios y todo tipo de movimientos
bancarios.
No solo la mayor parte de nuestra familia, tíos, primos, etc., sigue pensando
que < < cuando el río suena agua lleva J> > sino que al igual que la mayor parte de los
españoles, que antes pudieran haber presumido del signo de alto prestigio social que
representaba encontrar en su buzón más cartas publicitarias que el vecino, hoy se
sienten heridos o enfadados por cuanto a que a pesar de todo el escándalo o alarma
social de la "Red de Datos", las empresas de publicidad siguen teniendo aquellos
datos íntimos y secretos que el Magistrado Martín Pallín (propuesto para Defensor del
Pueblo), dijo que estas empresas tenían; y lo cierto y real es que esta actividad ha
visto disminuidos sus ingresos a causa del SHOW montado por estos señores que
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incluso hacían uso de nombre supuesto.
Quede pues la Justicia encargada de cumplir con su misión si así lo desea,
este solicitante ha podido comprobar que el Quijotismo fue obsoleto, sobre todo si se
desea juzgar a un Juez, y el antejuicio un arma que pudiera utilizarse para eP
proteccionismo corporativo.
El Escándalo Social o la Alarma Social destapada con aquella rueda de prensa
terminó no solo con nuestro negocio y nuestro patrimon~o, no solo hube de malvender
la vivienda donde murieron mis padres (Palencia 17-2º), y la segunda vivienda en
Segovia (Espirdo-Segovia), sino que nuestro propio domicilio de las Rozas (Tórtolas,9
chalet), ha tenido que ser mal vendido por cantidades muy por debajo de su valor de
tasación, ya que aunque éstos, supuestamente corruptos, funcionarios policiales que
dirigieron la rueda de prensa, y el primer informe a ''ABC" decían que nuestra
inversión superaba los MIL QUINIENTOS millones de pesetas y nuestros ingresos en
varios miles de millones, lo cierto, y lo sabían los funcionarios policiales citados que
ademas supervisaban mis conversaciones, es que tuvimos que comprometemos con
un crédito de garantía hipotecaria de nuestra propia vivienda y hoy tenemos que vivir
en un piso de alquiler (Soria,5-2º A).
Pueden ustedes, señores profesionales de la Justicia y del Ministerio de
Justicia, jugar con nosotros y, concedemos la cantidad más o menos irrisoria que
consideren oportuna y hacerlo antes o después de terminar con nuestra paciencia;
pero también pueden, si quieren, abrir una investigación en profundidad para que sea
la multinacional IBM la que corra con los gastos de los daños que, a su requerimiento,
se nos han infringido. Nosotros, después de la experiencia con Moreiras y mientras
exista el arto 410, no podremos hacer nada.
Tampoco puedo recurrir contra los medios de comunicación que, sí, me han
calumniado e injuriado pero lo han hecho después de que la propia Dirección
General de la Policía les citara a una rueda de prensa y me calumniara e injuriara.
Ustedes, repito, pueden, a la vista de las diligencias de Móstoles hacer que los
funcionarios policiales actuantes les digan de quién partieron las órdenes para
realizar este desaguisado, este mando policial les facilitara el nombre de la persona
que les corrompió y corrompió al Juez Moreiras, y éste, a su vez, les dirá quienes son
los responsables de IBM que le corrompieron a él. Tiene además la posibilidad de
que, tanto el denunciante como su jefe y cualquiera de los individuos que decían
componer la CL! les faciliten informaciones precisas y preciosas.
Yo, nosotros si cuento a mi mujer y mis hijos, tendremos de por vida que seguir
marcados como delincuentes comunes y mis hijos serán hijos de un ex-presidiario,
con unos informes y unas "imborrables" fichas policiales, que a no dudarlo perjudicarán
mi/nuestro porvenir.
La cantidad solicitada de MIL QUINIENTOS (1.500.000) millones de pesetas la
justifico por cuanto a que fue la facilitada por la Dirección General de la Policía en
su rueda de prensa después de haber realizado unos registros e incautaciones
acompañados de peritos, como se deduce de las diligencias 666/92 del Juzgado nº
2 de los de Móstoles.
Aceptaré esta cantidad, aún cuando reconozca que sería totalmente
insuficiente para abonar los gastos que podrían producir cualquier intento de limpiar
nuestra imagen. Considero que los sufrimientos pasados presentes y futuros, por
todos nosotros, por el capricho o necesidad mercantilista de una multinacional bien
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merecían mucha más retribución.
No olviden, a aquellos empleados y colaboradores de Publigest, que se han
visto acusados maltratados y despedidos por los mismos motivos, alguno de ellos
todavía en el Paro. La policía inteNino no solo los soportes informáticos del local de
Móstoles, sino, ademas, todos los soportes informáticos que se guardaban en nuestro
domicilio como bac-kup (copia de seguridad). Aún cuando yo considero que la
inteNención del Juez Moreiras en las diligencias de Móstoles debieran haber dado
lugar a lo previsto en el artículo 238.1Q de la Ley Orgánica, lo cierto es que los
abogados a los que nosotros pagábamos, y que supuestamente la CLI pudo sobornar,
no solicitaron la nulidad de las actuaciones y la inmediata devolución de los soportes
citados, y estos continuaron en poder de la policía, a pesar de nuestros ruegos, hasta
que el recurso interpuesto por los cómplices del Magistrado Martín PaJlin no fue
desestimado por la Audiencia Provincial, abril del 93. Para estas fechas abril del 93,
ya el Juzgado nQ 8 de Móstoles había ejecutado el desahucio, que por falta del pago
de los alquileres ejecutó mi mismo denunciante.
La imposibilidad de poder encontrar siquiera un local donde trasladar los
ordenadores de Móstoles me obligaron a prescindir de los mismos. Desde abril del
93 puedo retirar los soportes informáticos que para realizar esta "mascarada" me
fueron arrebatados de los locales de Móstoles y del domicilio particular de Las Rozas
y trasladados a las dependencias policiales de El Escorial, pero no puedo ya que,
repito, ya no tengo chalet donde guardar/os sino piso en alquiler a todas luces
insuficiente.
No solo fueron inteNenidas las cintas de ordenador, o soportes informáticos,
por los funcionarios policiales actuantes, sino que bajo el pretexto de un delito
económico y protegidos por el artículo 18 párrafo 2Q de la Ley de Cambios, estos
funcionarios policiales, más concretamente Alejandro Almaraz, inspector jefe nQ
12.585, "requisó" cinco escopetas de caza perfectamente documentadas a nombre de
mi cónyuge, dos rifles de caza mayor y una escopeta de caza perfectamente
documentada a mi nombre y otras cinco armas réplicas de avan-carga. Estas armas
me fueron devueltas por cuanto constaban en acta, así como parte de la munición
requisada por la misma razón, pero, un marcador automático de teléfonos de importe
sobre CINCUENTA MIL 50.000 pts, un cuchillo de monte marca Puma, de un costo
superior a las DOSCIENTAS MIL (200.000) Y un lanzachinas de alto valor sentimental
no me fueron devueltos por cuanto a que no constaban en acta.
Hoy Sres. me veo víctima de, algunos de aquellos a los que pagamos para
defendemos; al menos dos Jueces, uno de ellos Magistrado, dos policías más el
mando policial citado, que protegidos por un Fiscal y tres Magistrados de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, que, desoyendo los derechos constitucionales y
haciendo ''parcial interpretación de las leyes" producen nuestra indefensión.
Teniendo en cuenta los daños, morales y materiales producidos por este
Anormal Funcionamiento de la Justicia, visto que no se trata solo de indemnizar
económicamente por un negocio destrozado que llevaba 20 años dándonos la
oportunidad de seguir prosperando y vivir decorosamente, sino que además y de
acuerdo con la Ley Orgánica 1/1.982, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y teniendo en cuenta que los
funcionarios de la Policía Judicial, que dependen funcionalmente del Ministerio de
Justicia y jerárquicamente de la Dirección General de la Policía, en contra de lo
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previsto u ordenado en el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se apresuraron
a realizar una sensacionalizada rueda de prensa, donde con gran pompa y algarabía
se nos calumnió e injurió ante todos los medios de comunicación españoles,
incluidas las agencias de noticias; y que posteriormente y a la vista del/de los fallos
judiciales (Móstoles y Audiencia Provincial), los cuales desmentían todas las falsas
acusaciones por ellos lanzadas como titulares, no rectificó sus acusaciones, como
pudiera haber hecho, encontramos como justa la' indemnización de los MIL
QUINIENTOS MILLONES (1.500.000) de pesetas, con independencia de que se
celebre otra rueda de prensa donde los mismos funcionarios faciliten una exculpatoria
información informando de los realmente acontecido y de los motivos reales que les
llevaron a comportarse tan indignamente.
Se allana a esta cantidad, el querellante, por deducir ésta suficientemente
aceptada por la Sala Segunda que la menciona y que fue la facilitada a los medios
de comunicación social en la rueda de prensa que la Policía Judicial y la Dirección
General de Policía facilitó para dar cuenta de las intervenciones policiales que se
hicieron acompañados de Perito y que, aún cuando en las Diligencias no conste otro
informe pericial que esta valoración, esta valoración coincide con la facilitada a ''ABC''
en la ''primicia Informativa" publicada el día diez de enero de mil novecientos noventa
Y dos.
De otra parte, éste afectado por el daño causado por EL ANORMAL FUNCIO­
NAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTlCl acepta esta peritación voluntariamente.
Se acepta además por ser la cantidad precisa para iniciar un nuevo negocio
editorial que supla a la empresa Publigest que destrozaron estas intervenciones
policiales y judiciales.
Adjunto valoraciones parciales que demostrarán que las cantidades precisas
para restituir el crédito y el honor de este solicitante, cumplidamente cuadruplicarían
estas cifras, salvo que los tribunales ordenarán, una nueva rueda de prensa donde
la Policía Judicial, dependiente funcionalmente del Ministerio de Justicia y orgánicamente
de la Dirección General de la Policía realizará otra rueda de prensa, con la
repercusión suficiente para dar a conocer la realidad de lo sucedido y así poder
restituir nuestro honor y nuestra imagen.
Los documentos probatorios de lo expuesto deberán deducirse testimonios de:
Las Diligencias Previas 666/92 del Juzgado de Instrucción nQ 2 de los de
Móstoles.
De las Diligencias nQ 2/93, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
De la Causa Especial nQ 1.440/93 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. e ,)
Se acompañan xxxxxxx fotocopias de impactos en prensa, con su correspondiente
peritación.
Se acompaña cinta de video sistema VHS conteniendo el repicado de las
noticias transmitidas en el medio televisión por las diferentes cadenas nacionales y
autonómicas.
Se acompaña relación y valoración o correspondiente peritación de los
impactos televisivos en los informativos.
Se adjuntan repicado de algunos de los programas o debates a quedió origen
esta mascarada que seguimos sufriendo y seguimos pidiendo justicia.
Se adjunta libro soporte editado por la Asociación de Marketing Directo, donde,
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en 1989 éramos muchas las empresas que se dedicaban a la publicidad directa.
Firmado: Joaquí G nzález López, en su propio nombre y como administrador único
de Publigest S.L.
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fJlINISTERIO DE JUSTICIA
Excmo. Sr. Ministro de Justicia.
MINISTERIO DE JUSTICIA
REGISTRO GENERAL
[ 14 ABR.1994 ]
VENTANILLA [W .]
Madrid, 11 de abril de 1994
Relación de Pruebas que se adjuntan al escrito que presenta
Joaquín González López, en nombre propio y en el de la compañía
mercantil Publigest S.L., por IIAnormal Funcionamiento de la Justiciall•
Una cinta, VHS, con los repicados de las 72 noticias dadas en las
diferentes cadenas de televisión en las horas de mayor audiencia,
Informativos.
Desglose unitario, pericial, realizado por Power Axle, Consejeros de
Comunicación; por un importe de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES, CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA
(738. 188.250) pesetas.
266 recortes de prensa a escala Nacional con su correspondiente
resumen informa tizado.
Resumen cuantitativo de Power Axle de los 266 inserciones, con
una tirada de 21.424.755 ejemplares y una audiencia de 64.274.265
lectores y un costo aproximado de SESENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS (69.688.600.-)
pesetas.
Recortes de I/ABCI/diario que, presumiblemente, colaboro con la
Comisión de Libertades e Informática (CLI), y se freno al conocer que
Moreiras se inhibió en favor de Móstoles.
Recortes de l/El País11 diario que, presumiblemente, colaboró
descaradamente con la Comisión de Libertades e Informática (CLI),
mediante precio o promesa.
Una cinta VHS con la rueda de prensa facilitada por la Dirección
General de la Policía, el día 10 de enero de 1.992, iniciaría de la Alarma
Social. .
Una cinta VHS con repicado de la doble comparecencia que realizó
el anterior Ministro de Justicia ante Las Cortes, el día 11 de febrero de
1.992. (Articulo 155 del C.P.)
Una cinta VHS con el repicado del Programa l/ElEspejoll, donde el
Magistrado D. José Antonio Martín Pallín acude como Comisión de
Libertades e Informática (CLI).
Una cinta VHS conteniendo el repicado de la rueda de prensa
celebrada en los locales de CC.OO, donde se dice que se personará en
las diligencias de Móstoles la CLI como acusación Privada.

Una cinta VHS conteniendo el repicado de la Rueda de prensa
celebrada en los locales de la Asociación Pro Derechos Humanos dando
cuenta de sus gestiones en las diligencias de Móstoles.
Una cinta VHS del programa a debate celebrado con los miembros
de la CLI.
Un ejemplar del''Anuario Español del Marketing Directo", editado en
1.989, donde podrá apreciarse que se encuentra Publigest, página 90.
Un ejemplar de l/ElDescerebradol/.
A su disposición, en las instalaciones de la Dirección General de la
Policía de El Escorial, 1.500 cintas de ordenador, o soportes informáticos,
donde podrá obseNarse que no existen datos íntimos o secretos en los
ficheros propiedad de Publigest S.L., como el Magistrado Martín Pallín y
sus cómplices pretendían colgarnos.
Fotocopia de fecha 24 de Mayo de 1.989 publicado por "El País",
titulada < > donde un hecho
similar se resuelve de muy distinta forma sin la inteNención l/interesada"
de 18M.
Extracto de l/ElDescerebradol/, de una noticia aparecida en "El Sol"
titulada "EL PELIGROSO "MERCADEO" DEL PADRÓN MUNICIPAC', que
pudo haber sido el detonante de toda la farsa urdida para promocionar
a la CLI, de fecha 26 de mayo de 1.991, donde un hecho similar se
resuelve de muy diferente forma sin la inteNención "interesada" de 18M.
Fotocopias DOS, del !v1inisterio de! Interior negando la exi.stencia de
la Comisión de Libertades e Informática (CLI). Uso de nombre supuesto.
Se adjuntan tres juegos de fotocopias sobre la CLI, entre ellos el
Manifiesto Fundacional y las enmiendas donde, entre otras, se podrán ver
la de homologar la maquinaria informática en detrimento del Ministerio de
Industria.
Entrogue: ~?
Joaquín González. ópez, en su propio nombre y como' administrador
único de Publigest S.L.