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00173785-C
NOMBRE.
JOAQUIN
f"fitlMER AP'ELLOO
GONZALEZ
S!:QUNDO APf.U.IDO
LOPEZ
I#fi
EXPED.03-G4-2006 VAL. PERMANENTE
IDESP
Ante la Sala Especial del Tribunal Supremo
(art. 61.1 de la LOPJ) y ante el
Fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya
(Référence: OTP-CR-219/07)
Comparece el empresario autodidacta Joaquín González
López (actualmente domiciliado en la calle Isla Barbados núm. 12 de la localidad de Colmenar Viejo Madrid), quien
representando sus propios intereses, los intereses de su cónyuge y de sus hijos y nietos; ejerciendo la acción
popular se dirige a quienes la Constitución presenta como capaces para controlar la potestad reglamentaria y la
legalidad de la Administración así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, y humildemente les
ruega tengan a bien pronunciarse, a la vista de los hechos relatados, si la situación de absoluta indefensión a la que,
en última instancia, nos ha sometido el Tribunal Constitucional a los cientos de miles de personas físicas y jurídicas
a quienes mediante Auto o simple Providencia nos han comunicado la ín-admisión de los recursos de amparo previamente
presentados, justifica el haber denunciado los hechos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional de la
Haya los hechos, por entender que quienes -al legislar-han obviado cumplir con lo dispuesto en la Constitución
Española vigente o Norma Fundamental del Estado- son miembros de aquella secta fascista que tanto pe~udico a
España como a la mayoría de los españoles, que comenzó a los cinco meses y dos días de que los políticos que
defendían los intereses de la Iglesia de la Oligarquía Financiera y de la Monarquía perdieran las elecciones celebradas
el16 de febrero de 1936.
ontinuación expongo el caso que más profundamente conozco, con la clara intención de que el Fiscal de la Corte
Penal Internacional de la Haya, se informe más ampliamente de lo informado cuando se envío la denuncia que fue
registrada con la Referencia OTP-CR-219/07; y la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas
de Procedimiento y Prueba, a la vista de este escrito y de los dos que se adjuntan, considere que hay fundamento
suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, por lo que
procede autorizar el inicio de la investigación, sin pe~uicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la
Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.
Razonamientos previos antes de entrar en la Exposición de los Hechos: Como quiera que el acto de conciliación
presentado ante el Pleno de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo (cuya fotocopia simple se adjunta), se resolvió
mediante el ejercicio corporativo, y el Ultimátum para la Paz y la Concordia, presentado ante Su Majestad el Jefe del
Estado y los Portavoces de diferentes Grupos Parlamentarios que con él han colaborado para convertir al Senado
en el inoperante duplicado del Congreso de los Diputados (también adjuntado) y así, al legislar, mantener en vigor la
antiquísima Ley de Ensuciamiento Criminal o Ley de Privilegios ya que permite que sean los jueces, unipersonales o
colegiados, que desde los Tribunales de la Muerte (1939 a 1944), y desde los Tribunales de Orden Publico, tanto
colaboraron con el régimen de Franco, régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracías a la ayuda
recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini, como dice la resolución 39a de las Naciones
Unidas; quienes continúan ejerciendo el poder omnimodo de determinar, antes de abrir cualquier causa, lo que es
delito y lo que no lo es (Art. 313 de aquella antiquísima nefasta y anticonstitucional Ley de Enjuiciamiento Criminal
aprobada cuando el bisabuelo del actual Rey de España ejercía el Poder Absolutista). (Poder absolutista tan
inhumano que obligó a nuestro abuelos a cambiar por otro supuestamente más asequible y humano que al menos
pudiera reelegido o renovado cada cuatro años).
'. _--"T,..~
Ley de Enjuiciamiento Criminal que; después de continúa en vigor manteniendo el privilegio
de prejuzgar sin ni siquiera entrar a conocer para poder resolver judicialmente. (Como hizo esta misma Sala
Especial del Tribunal Supremo (art. 61.1 de la LOPJ), cuando acordó resolver -mediante el ejercicio corporativo- la
Querella Criminal 24/1998).
Esos ~-.- - -r cientos ~ .•. ~.-.,..:\..,.-, miles de indefensos ciudadanos, personas físicas y jurídicas que sufren de indefensión desde que
¿ ~" - ~ ~&I' El Tribunal Constitucional vulnero su constitucional derecho a la tutela efectiva de jueces y
- .
tribunales en el ejercicio de sus derechos (AL OBVIAR QUE AÑADE), sin que, en ningún caso puedan sufrir
indefensión han comprobado en sus carnes como la judicatura española acostumbra a vulnerar lo dispuesto en el
artículo 80 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que pudiera ser una de las razones por la que
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en las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, dependientes del Ministerio de la
Presidencia, sea la institución del Estado peor valorada por lo ciudadanos.
Derechos fundamentales que fueron vulnerados por quienes, al legislar, conociendo lo dispuesto en el constitucional
artículo 10°, supuestamente de forma intencionada y para que el Poder Oligárquico pudiera continuar expoliando y
explotando impunemente al resto de los ciudadanos, monopolizaron la Asamblea -que en España esta dividida entre
la Cámara Baja o Congreso de los Diputados, y la Cámara Alta o Senado- y, una vez convertido el Senado en el
inoperante duplicado del Congreso de los Diputados, comenzaron a legislar de espaldas a lo dispuesto en los
artículos 1, 2, 3, 6,7,8,9,10,11.1,11.2,12,28, Y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los
artículos 10.1,10.2,14,16.3,17,18,22,24,27,47,53.2,67.1, 69.1,117.1,117.2,117.3,117.4,118,119,120,121,
122, 124.1, 124.2, 125 Y 161 de la vigente Constitución Española, y contra lo dispuesto en el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
Si la representación territorial del Pueblo Soberano hubiera ocupado los 207 escaños que la Constitución les reserva
en la Cámara Alta o Senado; el Senado no sólo hubiera estado "La Asamblea" legalmente constituida, sino que, al
legislar, NO se hubiera legislado -como ahora se está legislando- en beneficio de los mercantilistas intereses de la
Elite Financiera, mientras los constitucionales derechos de los ciudadanos se vulneran como lo demuestran los
datos que SS.SS. conocerán si visitan la página Web: http://www.tribunalconstitucional.es/memorias/memorias.html
Esto más-menos pudiera significar que la pluralidad política citada en el constitucional artículo 1°, fue monopolizada
por los profesionales de la política que presenta o financia la Elite Financiera excesivamente interesada en que en
España todo continúe atado y bien atado, tanto si los citados descienden o no descienden de aquellos que
financiaron aquel aciago 18 de julio de 1936 en el que los Generales Mala, Saju~o y Franco -entre otros generales y
jefes del Ejercito Español- obligaron a las tropas a su mando, que entonces estaban cumpliendo el servicio militar
obligatorio en el Ejercito de la Republica democráticamente elegida, a luchar contra el Ejercito Republicano que
permaneció fiel a los juramentos prestados ante el legal Estandarte o Bandera de la España democrática.
a vez la Asamblea Española se hubo monopolizado para que todo continuara atado y bien atado, justo a los
veinte días de haberse aprobado la Constitución, supuestamente aprovechando que las rémoras de la dictadura, en
el Congreso y en el Senado contaban con mayoría parlamentaria suficiente, aprobaron aquel anticonstitucional texto
legal al que dieron el pomposo nombre de Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la
Persona; cuando no es más que una ley Trampa o Ley Puente hacia la anticonstitucional y antiquísima Ley de
Enjuiciamiento Criminal que se aprobó dieciséis años antes de finalizar la Guerra de Cuba (Pero que supuestamente
se mantiene en vigor por cuanto permite que la Elite Financiera pueda continuar impunemente utilizando, explotando
y/o expoliando a los ciudadanos).
Ley de Enjuiciamiento Criminal que -por su enorme longevidad- no conoce de lo dispuesto en la declaración
Universal de los Derechos Humanos, ni de los cívicos derechos que la vigente Constitución Española garantiza.
Dicho de otra forma: El constitucional artículo 53.2 dispone: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las
libertades y derechos reconocidos en el constitucional artículo 14 y siguientes ante los tribunales ordinarios
por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través de un
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y, a los 18 días de haberse aprobado la Constitución
Española, se aprobó la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de los derechos Fundamentales de la Persona,
que ya, en su artículo dos, dispone: Para el enjuiciamiento de estos delitos y faltas se observarán las normas
de procedimiento correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Gran cantidad de ciudadanos conocemos, y muy especialmente conocen quienes ejercen como representantes de
la Soberanía Popular (ya que la mayor parte están formados en Derecho), que la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(que se aprobó tres años antes de morir don Alfonso XII y dieciséis años antes de finalizar la Guerra de Cuba), es
un texto legal anticonstitucional que, por la gran cantidad de recursos que prevé, parece especialmente aprobada
para que los representantes legales de querellantes y querellados se enriquezcan hasta lo infinito con la enorme
cantidad de recursos que permite, aún cuando produzca una inusual carga de trabajo ya que hasta tanto el Tribunal
Supremo no resuelva en última instancia declarando firme su sentencia, las resoluciones judiciales dictadas siempre
podrán ser recurridas.
Esta ley, buena para el Poder Oligárquico, puesto que -como comprobaremos- permite resolver mediante el ejercicio
corporativo dentro de aparente legalidad, no es el texto legal más adecuado para recabar los constitucionales
derechos fundamentales de los ciudadanos, puesto que permite que cualquier juez o tribunal resuelva -sin más-
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decretando el archivo de la querella en detrimento de los derechos del querellante o querellado a un proce~ público
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías dispuesto en el c~ns~itu.cionalartículo.24.1;.com? SUcediÓcuando
pocos días antes de que 192 personas inocentes murieran en Madnd vlctlmas del terronsmo Isl~mlsta, la Sala ?e lo
Penal del Tribunal Supremo, archivo las 13.345 denuncias presentadas,c~ntra el entonces Presld~~te del Goblemo
don José María Aznar López resolviendo, más menos, que: el apoyo loglstlco no genera responsabilidad penal.
Otro si añade el actor: De la Sentencia acordada tras celebrase el juicio del 11-M se desprende que aquellos seis
españoles que perecieron en el acto terrorista acontecido en la,Casa de E~paña,de Casablanca (Marruecos); los
192 trabajadores asesinados el 11-M en los trenes de cercanlas de Madnd: mas cerca de 2000 perso~a~ que
pudieron ser asesinadas, no hubieran perecido si la Cámara Alta o Senado hubiera estado legalmente constituida.
No es de recibo Excelentísimos Señores que TODOS los Españoles, nos encontremos frente al punto de mira.del
terrorismo islamista, por cuanto los miembros del Grupo Parlamentario Popular, distribuidos entr~ la Cámara ~aJao
Congreso de los Diputados y los que estaban ocupando al menos una pa~e de los 207 es~no~. que. la vigente
Constitución reserva a la representación territorial del Pueblo Soberano (obViando que la Constltuclon dispone que
"Nadie" podrá ser miembro de ambas Cámaras simultáneamente se unieron como una iña en tomo a su
"único" líder, cuando la Constitución dispone:
De nada sirvió que las últimas elecciones al Senado fueran impugnadas por el actor como podrá ratificar el actual
Fiscal General del Estado que continua sin contestar al escrito ante él presentado, cuyas copias figuran en el DVD
adjuntado titulado "Impugnación elecciones al Senado celebradas el 14-M.
Otra prueba documental de que la Judicatura resuelve jurisdiccionalmente de acuerdo con los intereses de los
"vencedores", la tenemos en la Sentencia condenatoria acordada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,
contra el Ministro de Interior don José Barrionuevo y -entre otros- contra el Secretario de Estado del Ministerio de
Interior don Rafael Vera, dictada por la Misma Sala que poco antes acordara arrebatar de la acción de la Justicia, al
gistrado-Juez ya juzgado y condenado a ser juzgado después de haberse celebrado el preceptivo antejuicio; a
s iendas de que había cometido, no uno cometido por error y fuera de España en la persona de don Segundo
Marey, sino siete, cometidos contra siete personas diferentes a las que conocía inocentes e inexistente el
delito del que les acusaba la Dirección General de la Policía ante la práctica totalidad de los medios de
comunicación social es ecialmente convocados, no or error fuera de España, repito,
Otra diferente prueba de corrupción político judicial, y de cómo en la España aparentemente democrática se
continúa administrando la misma parcial justicia que se administraba durante la dictadura que presidio el General
Franco, la tenemos en que dos casos tan similares como los de Naseiro y Filesa se resolvieran de tan diferente
manera; según podrán comprobar en los documentos pdf que contiene el DVD adjuntado ..
En cuanto a que los medios de comunicación social hubieran -en el pasado no tan lejano- colaborado con la Elite
Financiara la Iglesia y la Monarquía para dividir a los ciudadanos y recuperar el poder perdido cuando masivamente
votaron los españoles honrados casi masivamente la instauración de la 11 Republica Española, pudiera quedar
demostrada su dependencia del Poder Oligárquico al analizar los documentos pdf incluidos en el DVD adjuntado,
bajo el titulo" Acto de conciliación sin avenencia de las partes" donde la Asociación de la Prensa se negó a informar
de las irregularidades procesales supuestamente encauzadas a evitar el que se conociera que los miembros de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que conocieron de la Causa Especial 1440/83, transgredieron lo dispuesto en
el ordenamiento jurídico intemo, supuestamente para evitar que el entonces juez de los delitos monetarios don
Miguel Moreiras Caballero, al verse sentado en el banquillo de los acusados, se viera obligado a declarar quienes
fueron los que le cohecharon o corrompieron para cometer tamaño desatino.
EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS: Bástenos este ejemplo, de cómo en la España actual muchos años después de
haberse aprobado la vigente constitución española como norma fundamental del estado, se respetan los constituícionales
derechos de los ciudadanos, frente a los mercantilistas intereses de la Oligarquía Financiera.:
Fuere para convencer al resto de los ciudadanos de que no fue ninguna elucubración mental sufrida por quien en el
Anteproyecto de Constitución incorporó el apartado 4° al artículo 18° cuando ya los apartados 1°, 2° Y 3°
perfectamente reproducían lo dispuesto en el artículo 12° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; o
tratando de conseguir que en el Congreso de los Diputados se aprobara aquella Ley Orgánica que legalizaría el acto
de continuar recopilando información privada de las personas quwe en algun momento incumplieron algún
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compromiso de pago, y así poder "legalmente" continuar manteniendo y comerciar la aplicación informática Registro
Automatizado de Impagados (RAI); lo cierto es que pocos días después de haber mantenido una larga conversación
con los señores don Mario Pochat (de origen chileno que -en el verano de 1991- ejercía de máximo responsable de
Accesoria Jurídica de IBM España), y con don Rafael Manzano Bombillar (que en las mismas fechas ocupaba el
cargo de máximo responsable de Seguridad de IBM España), supuestamente conociendo la multinacionallBM que
estaba próximo a presentarse en el Congreso de los Diputados "por fin" ( Conocer "La verdadera historia de la
LORTAD según la prensa escrita y IV" en el DVD adjuntado). se presentaría el tan esperado proyecto de la
LORTAD, Oscar Callado Palomo acompañado de su empleador don Antonio Rizo Rodríguez (a su vez empleado
de IBM) y de abogado, denunció las "legales" actividades, propias de cualquier otro empresario de Marketing Directo
de los muchos que abundaban y abundan que realizan y realizaba el Administrador Único de la mercantil PubliGest
don Joaquín González López en el Centro de Proceso de Datos de la localidad de Móstoles, propiedad del
empleado de IBM don Antonio Rizo Rodríguez, y así se desarrollo todo: (ver Díligencias Iníciarias") ..
Por unos hechos no constitutivos de delito, ni tan siquiera de falta, ante la insistencia del Inspector Jefe del Grupo de
Fraudes de la Policía Judicial que actuaba como Instructor, se abrieron unas Diligencias Previas y cuando aquella
Autoridad Judícial Competente, a la que se alude sin citarla en el escrito respuesta obtenida de la Dirección General
de la Policía en 1994 (ver "Autoridad Judicial Competente 1994), y en escrito firmado por el Sub-Director General
Operativo del Ministerio de Interior don Pedro Díaz-Pintado Moraleda (como se podrá comprobar al entrar en
"Autoridad Judicial Competente 1998"), considerando que el juez ordinario predeterminado por la leyera imposible
de corromper; "convenció cohecho o corrompió" al entonces juez estrella don Miguel Moreiras Caballero para que
después de inhibir al juez ordinario predeterminado por la ley, atendiera las "sorpresivas" peticiones que realizaría el
inspector jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial cuyo nombre podrán conocer si visualizan el (video 063 en
el DVD adjuntado), donde se reproduce el programa que consiguieron creara Informe Semanal y después dio
instrucciones a los responsables del Grupo de Fraudes citado, para que el Comisario Jefe don Marceliano Gutiérrez
Rodríguez firmara el documento que también se reproduce en el DVD ajuntado, titulado: Comisario Jefe Marceliano
tuaciones judiciales comenzadas pocos días antes de que en el Congreso de los Diputados se presentara el
Proyecto de la LORTAD, recomenzaron en enero de 1992 cuando en el Congreso de los Diputados estaban próximo
a votar las enmiendas presentadas. Momento oportuno para crear aquella alarma social creada cuando se detuvo al
actor y a seis de sus colaboradores el día anterior de que don Luís Maria Ansón, al "escandaloso suceso", le
dedicara un tercio de la primera página y media en el interior para publicar la noticia reproducida en el DVD ajuntado
titulada "Primicia Informativa en "ABC" publicada:
La escandalosa primicia informativa que "ABC" con gran pompa y algarabía publico el día 10 de enero de 1992,
supuestamente le fue facilitada a don Luís Maria Anson directamente por algún responsable de aquel grupo de
presión o lobby que, defendiendo los mercantilistas interese de la Elite Financiera, consiguieron crear aquel estado
de gran alarma social descrito en "Análisis Prensa Escrita y Televisión", ya que la enorme cantidad de repicados del
medio radio, no fue posible analizarlos.
Lo expuesto en el Análisis anterior sólo fue el Primer Acto de una campaña mediática cuyo fin era demostrar a los
ciudadanos, y al resto de los miembros del Congreso y del Senado, que el peligro era real y cierto como lo demostró
el que los delincuentes fueran capaces de matarse unos a otros para evitar que se denunciara a quienes les
proporcionaban los datos informatizados que posteriormente comercializaban. Al respecto permítasele al actor
incitar a Sus Señorías a analizar el Auto dictado por el Juez ya juzgado y condenado a ser juzgado por los siete
delitos de detención ilegal que cometió, válgase la redundancia de indicar al dictar el Auto titulado "Irresponsabilidad
judicial" se reproduce en el DVD ajuntado.
El Inspector Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial don Alejandro Almaraz, supuestamente persona de
confianza de quienes en España han continuado delinquiendo impunemente después de haber aprobado la vigente
Constitución Española, confiando en las personas que supuestamente le habían cohechado o corrompido para
participar en la comisión de siete delitos de detención ilegal y de un asesinato programado, conociendo que el actor
jamás podría reclamar por que será asesinado en la Prisión de Carabanchel donde el mismo juez que decreto el
reproducido Auto, decretaría el ingreso en prisión de donde no saldría; decidió apropiarse de cuantos objetos de
valor le fue posible, aún cuando en el acta de devolución sólo figuren aquellos objetos intervenidos que figuraban en
el acta firmada por el Secretario del Juzgado actuante. (Titulo del documento "Asesinato Programado").
Dicho de otra manera: Este Segundo acto mediático, no pudo realizarse ya quien debería asesinarme lo le fue
posible entrar en el Hospital Penitenciario de la Prisión de Carabanchel (donde fui ingresado nada más ingresar),
IV
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para asesinarme con la exclusiva intención de publicitar la noticia de que el cerebro de la red de tráfico de datos
descubierto por el entonces juez de los delitos monetarios, habia perecido asesinado supuestamente par evitar que
declarara quienes eran los funcionarios del Estado que, a cambio de dinero, les facilitaban los datos íntimos y
secretos de más de veintiún millones de ciudadanos recopilados por el Gobierno entonces presidido por don Felipe
González Márquez, a pesar de lo dispuesto en el constitucional artículo 16. (Así parece afirmar10 en el Congreso de
los Diputados don José María Aznar, video nO048 de los que contiene el DVD adjuntado).
Dicho de otra forma: En la carpeta videos que contiene el DVD adjuntado, están los referenciados como 048 y 050,
entre otros, que recogen las publicas declaraciones prestadas por don José María Aznar López y don Federico Trillo
Figueroa en el Congreso de los Diputados, lo que hace pensar que estos dos "letrados" perfectamente conocían lo
que realmente perseguían quienes estaban utilizando el método lobby para estafar a los ciudadanos.
Si visualizan el video 063, verán y escucharan las razones expuestas por el Magistrado-Juez que posteriormente fue
juzgado y condenado a ser juzgado por los siete delitos de detención ilegal, decretar el ingreso en prisión
comunicada no eludible mediante fianza contra una persona a la que conocía inocente, exclusivamente para que allí
fuera asesinado lo que probaría que el delito existía ya que los delincuentes se asesinaban entre ellos para evitar
que fueran descubiertos los funcionarios del Estado que, a cambio de dinero, les proporcionaban los datos íntimos
y secretos que recogía y almacenaba el Gobierno entonces presidido por don Felipe González Márquez, a pesar de
lo dispuesto en el constitucional artículo 16 dispone: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de
los individuos y las comunidades sin mas limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su
ideologia, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
ste mismo video (063), posa aquel Inspector Jefe del Grupo de Fraudes de la Policía Judicial que actuando
como Instructor en las Diligencias, supuestamente conocía que yo seria encarcelado y posteriormente asesinado
por lo que nunca podría reclamar los objetos de los que se apropiara. O dicho de otra forma, decidió apropiarse de
cuantos objetos de colección o de valor quiso. En el documento adjuntado figuran solamente los que me devolvieron
ya que los otros jamás me han sido devueltos ha pesar de haber10s reclamado reiteradamente. El acta de
devolución que se reproduce en el documento 110 titulado "Asesinato Programado" del DVD ajuntado.
En el DVD ajuntado se reproduce la denuncia presentada ante dos Inspectores Jefes del Grupo de Fraudes de la
Policía Judicial (no en la Comisaría) quienes -supuestamente- habían sido cohechados o corrompidos por aquella
Autoridad Judicial Competente cuyo nombre y cargo desconozco. En la denuncia iniciaria se deducen las legales
actuaciones de un empresario del Marketing-Directo de los muchos que legalmente continúan realizando el mismo
honrado trabajo de recopilar direcciones de personas físicas o jurídicas a quienes enviar Publicidad Directa. Incluso
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que considera fuentes
de acceso público al Censo Promocional, que no es más que el Censo Electoral que gratuitamente entrega el
Instituto Nacional de Estadística a todos aquellos partidos políticos que lo solicitan, a pesar de estar protegidos por
el secreto estadístico y contener en campos diferentes el nombre y los dos apellidos, la fecha exacta de nacimiento
(dd/mm/aaaa), el nivel culturar, calle, número, escalera, piso, puerta,.población singular, población y provincia.
En la "Denuncia Iniciaria" reproducida en el DEV adjuntado, SS.SS. observarán que aún cuando el denunciante
menciona a una determinada empresa suministradora, en el oficio que los Inspectores Jefes del Grupo de Fraudes
de la Policía Judicial, dirigen al Juzgado de Instrucción al que "comienzan a solicitar las autorizaciones que seis
meses después concedería el Magistrado-Juez don Miguel Moreiras Caballero, nada se dice de la mercantil
Publienvio de Esplugas del L10bregat (Barcelona).
En el DVD adjuntado ("Resoluciones judiciales Iniciarías, favorables a nuestros intereses"), no sólo se reproduce el
Auto de sobreseimiento y archivo dictado por el juez ordinario predeterminado por la Ley, a quien inhibió el
Magistrado-Juez posteriormente juzgado y condenado a ser juzgado después de celebrado el preceptivo antejuicio,
sino que también se reproduce el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, donde se desestimaba el
recurso presentado por don Diego López Garrido actual Portavoz del Gobierno Socialista que entonces formaba
parte de aquel grupo de presión o lobby que presidía el ya Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
don José Antonio Martín Pallín; según se dice en "La Verdadera Historia de la LORTAD, según la Prensa Escrita"
incluida en el DVD adjuntado.
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V

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES: Como prueba documental de que en España, después de transcurridos
casi 30 años desde que se aprobó la vigente Constitución, se continua administrando la misma parcial justicia que
se administrada cuando el General Franco ocupaba el cargo que ahora ocupa don Juan Carlos Primero de Borbón,
y de que el alto índice de corrupción político judicial entonces alcanzado continúa instaurado en esta "aparente"
democracia vigilada por quienes se sirvieron -entre otros- de las fuerzas al mando de los Generales Mola Sanju~o y
Franco, para derrocar al Gobierno legalmente constituido tras que los conservadores conocieran que les fue adverso
el resultado de las elecciones celebradas cinco meses y dos días antes del aciago 18 de julio de 1936, conozcan
Sus Señorías que:
La Sentencia dictada por el tribunal competente para conocer, a tenor con lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobada ciento tres años después de haberse aprobado la anticonstitucional y anti­
democrática Ley de Enjuiciamiento Criminal, anticonstitucional por cuanto vulnera lo dispuesto en los artículos 7°,
8°,10°, °11° Y 12°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14°, 17°,24° (el 25° en el caso que nos
ocupa) 117.1° (117.3° Y 117.4° en el caso que nos ocupa según pruebas documentales a aportar), anticonstitucional
por cuanto no recoge lo dispuesto en el constitucional artículo 124° de la vigente Constitución Española (puesto que
todavía tenemos que pagar por adelantado a los abogados -no siempre honrados- para enervar la acción de la
justicia), algo que en demasiadas ocasiones roza la injusticia ya que permite que jueces y tribunales pueden acordar
el sobreseimiento y archivo de las actuaciones al considerar que los hechos no son constitutivos de delito, aún
cuando se trate de delitos de prevaricación, de prevaricato, de allanamiento de morada, de detención ilegal como
sucede en este caso en el que primeramente se resolvió legalmente al dictar el Auto que literalmente dice:
2.- La presente querella se refiere en concreto al tipo delictivo de prevaricación del articulo 356 del Código Penal que
tipifica el hecho de "el Juez que, a sabiendas, dictare Auto injusto incurrirá en pena de suspensión". Se trata del
comportamiento ilícito del juez respecto a determinada función que le es propia: requiere que se dicte un Auto, que éste
sea injusto y que se produzcan ambos elementos, "a sabiendas", es decir, con dolo especifico, conciencia y voluntad
concretas de dictar el Auto injusto o, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1986, que el Juez
"sepa y le conste que la resolución que dicta es injusta por contraria a la Ley y que, no obstante, la dicte voluntaria y
conscientemente". La prevaricación del mencionado artículo 356 la refiere la querella a los Autos de 12 de enero de 1992
y de 14 del mismo mes y año. Respecto a los mismos, se destaca por la parte querellante que, tal como consta por
testimonios obrantes en Autos, aparece: Auto de 12 de enero de 1992 de prisión provisional comunicada, sin fianza, del
querellante, en base, como expresa el fundamentojurídico único, en "la naturaleza del hecho perseguido" y "pena que en
su día pudiera corresponder/e"; dos días después, 14 de enero, se reforma el anterior y se acuerda fianza de tres
millones de pesetas (que prestó, fue aceptada y quedo en libertad) en base, según el fundamento único "la naturaleza de
los hechos perseguidos y teniendo en cuenta la pena privativa de libertad que en su día pudiera imponerse"; con esta
misma fecha, 14 de enero, se dicta otro Auto en cuyo fundamento único se dice que "no siendo los hechos a que se
contraen las presentes diligencias susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales de
competencia de los Juzgados de Instrucción y de la Audiencia Nacional ..." se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción nO
3 de Móstoles; este Juzgado en fecha 1 de septiembre dictó Auto por el que decretó el sobreseimiento y archivo de las
diligencias, auto confirmado por la Audiencia Provincial.
LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, ACUERDA: Se admite a
tramite la querella interpuesta por la representación procesal de Don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ, por el supuesto delito
de prevaricación, contra el Magistrado-Juez Central nO3 Ilmo. Sr. D. Miguel MOREIRAS CABALLERO. Notifiquese esta
resolución a los Procuradores de las partes querellante y querellada y al Ministerio Fiscal. Contra la misma cabe recurso
de súplica ante esta misma Sala en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente a haberse practicado su
notificación.
Y, el Auto dictado por esta misma Sala el19 de mayo de 1993, termina diciendo:
LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DIJO: Se declara la
competencia de esta Sala para conocer de la presente causa denegando la inhibición, solicitada por la parte
querellada, a favor de la Sala 2a del Tribunal Supremo. Se desestima el recurso de súplica interpuesto por la
Procuradora Sra. FERNÁNDEZ CASADO en nombre del querellado, confirmándose expresamente el Auto de 4 de mayo,
de admisión de la querella formulada por el Procurador Sr. VERDASCO en nombre de D. Joaquin GONZÁLEZ LÓPEl.
Se acuerda la corrección de apercibimiento del Letrado Procurador de la parte querellada, firmantes del escrito de recurso
de súplica.
Comuniquese, por sendos testimonios esta Resolución y el Auto recurrido al Consejo general del Poder Judicial,
a los efectos de hacer efectiva la suspensión. Notifiquese la presente Resolución a las partes querellante y querellada
y al Ministerio Fiscal. Contra la misma no cabe recUTSO.Lo mandaron y firman los Sres. anotados al margen. Doy Fe
El 25 de mayo de 1993, la misma Sala, mediante Providencia, se dirigió al Consejo General del Poder Judicial,
avisándole de la irregularidad procesal que se estaba gestando en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID: Dada cuenta: El anterior oficio únase a
los autos de su razón y dése traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas: cúmplase lo ordenado y
lo previsto en el arto21 de la Ley de Enjuicia miento Criminal.
En consecuencia, hágase fotocopia de todas las actuaciones, testimonios y, como antecedentes, remítase a la
Sala 2a del Tribunal Supremo, sin perjuicio de que si resuelve acordando la competencia de la misma, se
reclame y se le remitan los autos originales. Absténgase esta Sala de todo procedimiento, salvo lo que
considere urgente, a la vista de la autorización de la propia Sala 2a y en tal carácter, siendo firme el auto de 19
de mayo, remitase testimonio al Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de la presente comunicación
del Tribunal Supremo y de esta resolución. Lo acordaron los IItmos. Sres. Magistrados firmando el Excmo. Sr.
Presidente. Doy fe.
La i e aridad judicial anunciada, al ser obviada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, propicio que,
el 1° de junio de 1993, los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictaran el supuestamente doloso
Auto que se publica tras el Informe facilitado por el Mismo Fiscal Jefe de la Sala 2a del Tribunal Supremo don José
María Luzón Cuesta (quien por uno sólo de los siete delitos de detención ilegal cometidos por el Juez Moreiras
caballero, cometido por error y fuera de España en la Persona de don Segundo Marey, solicitaría 23 años de prisión
para los Señores Vera y Barrionuevo supuestamente porque así le interesaba a quienes financiaron aquel acto
terrorista que comenzó aquel aciago 18 de julio de 1936), donde se podrá observar como conociendo que según el
artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; El Ministerio Fiscal y las partes promoverán las competencias por
inhibitoria o por declinatoria. El uso de uno de estos medios excluye absolutamente el del otro, así durante la sustanciación de
la competencia como una vez que ésta se halle terminada. Obviando los constitucionales artículos 117 y 118; además de
lo dispuesto en los artículos 5°, 18.1, 57 Y 73 de la ley Orgánica del Poder Judicial; resolvieron de espaldas a lo
legalmente establecido, como podrán comprobar al entrar en "Resoluciones Judiciales Antijurídicas por Contrarias al
Derecho" contenido en el DVD que se adjunta.
Dicho de diferente manera: Los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que conocieron de la causa
Especial 1440/93, por su condición de experimentados juristas, perfectamente conocían que la Constitución dispone
que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso yen la ejecución de lo resuelto Conocían que el artículo 5°
de la Ley orgánica del Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico, y
vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los reglamentos según los
preceptos y principios Constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Y que el 18.1 del mismo texto legal dispone: Las
resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las Leyes.
Que por su condición de experimentados juristas perfectamente conocían que ni la jurisprudencia es la fuente del
Derecho, y que los Autos no integran la jurisprudencia por cuanto así lo dispone el Constitucional artículo 117.1:
Conociendo su propia impunidad porque ni entonces -ni ahora- los jueces y/o los tribunales que incurran en el delito
de prevaricación o prevaricato, a pesar de lo dispuesto en el constitucional artículo 125, pueden ser juzgados por los
miembros del Tribunal del Jurado. Conociendo que la antiquísima Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 26
dispone: El Ministerio Fiscal y las partes promoverán las competencias por inhibítoria o por declinatoria .EI uso de
uno de estos medios excluye absolutamente el del otro, así durante la sustanciación de la competencia
como una vez que ésta se halle terminada. Conociendo además que la resolución anterior, parcialmente
reproducida, el tribunal juzgador había desestimado la inhibitoria solicitada por la defensa de la parte querellada,
solicitada precisamente a favor de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la totalidad de los miembros de la
Sala de lo Penal del tribunal Supremo que conocieron de la Causa especial 1440/93, el 1° de junio de 1993
emitieron y firmaron el Auto que, entre otros, literalmente decía:
RAZONAMIENTOS JURíDICOS: PRIMERO.- Se declara la competencia de esta Sala para conocer de estas
actuaciones. Los argumentos en contra de esta atribución, expuestos con brillantez por el Excmo. Sr. Fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hechos suyos por dicho tribunal en la Sala Civil y Penal, actuando bajo este
último carácter penal, no destruyen en absoluto los que se utilizaron en las diversas resoluciones de esta Sala, citados
por unos y otros en sus respectivos escritos, ya las que nos remitimos. En efecto, el arto 57.1.3° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial se refiere a los Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia y en las
resoluciones a las que se está haciendo referencia se dice que los Jueces Centrales, aunque tengan categoria
personal de Magistrados, no son Magistrados de la Audiencia Nacional. Ello, aun siendo así, exige que, en el caso de
entenderse cometido provisionalmente por un Magistrado-Juez Central un delito, algún órgano jurisdiccional habrá de
ser competente y este es el problema resuelto por esta Sala en anteriores Autos. En efecto, siguiendo este discurso,
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se puede entender, por vía de hipótesis, que el órgano jurisdiccional competente podría serio la Sala Penal del tribunal
Superior de Justicia. En este sentido habrá que citar el arto 73.3.b que se refiere a los jueces y magistrados -y fiscalespor
delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad. Pero, en este sentido y en estas
circunstancias, cabe preguntarse, ¿el Magistrado-Juez Central comete delito (el que sea) o la falta en el ejercicio de
su cargo lo hacen siempre dentro del territorio nacional y no en determinada Comunidad Autónoma, aunque con toda
obviedad y físicamente en ella se haya producido el hecho penal de que se trate.
Esta solución conduciría, además, a que, dentro del organigrama judicial, la competencia para conocer de los posibles
delitos y faltas de los Magistrados-Jueces Centrales dependiera, en cada caso, del lugar en el, que el hecho se
produjo y quienes conocerían de los mismos no estarían, por tanto, situados, en la ordenación jurisdiccional, en la
cúspide de la misma, de tal manera que, un Tribunal que no es "superior" del Magistrado o Juez enjuiciado, conocería
del hecho, sin que la jerarquía del sistema judicial dependiera de él. Todos los Tribunales Superiores de Justicia de
España serían potencialmente superiores de los Magistrados-Jueces Centrales, lo que no es cierto.
Es por ello por lo que, reconociendo la seriedad de los argumentos en contra (y no se olvide que este razonamiento se
hizo también "mutatis mutandi" con los Fiscales destinados en el Tribunal Supremo), es incuestionable que debe
declararse, como ya se ha dicho, la competencia de esta Sala Penal del Tribunal Supremo para conocer de la
querella, siguiendo la doctrina de esta Sala que, aunque haya sido establecida en Autos, es ya muy uniforme y está
perfectamente consolidada, careciendo de sentido que en las mismas circunstancias y sin ningún argumento contrario
a los ya establecidos se cambie de criterio. Segundo.- Procede nombrar Instructor al Excmo. Sr. D. Carlos GRANA
DOS PÉREZ, a quien corresponde por turno, a fin de que, de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico, proponga a esta
Sala lo que corresponda en derecho. Tercero.- A consecuencia de los razonamientos ya establecidos en orden a la
declaración de competencia de esta Sala y consiguiente incompetencia de la Sala de lo penal del tribunal superior de
Justicia de Madrid, es procedente dejar sin efecto todas las actuaciones practica das ante dicho Tribunal, debiéndose,
en consecuencia, proseguir la tramitación de la causa ante esta Sala por el procedimiento legalmente establecido.
Cuarto.- Diríjase atento oficio al Excmo. Sr. Presídente del citado Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, poniendo en su conocimiento el presente Auto a los efectos que estime oportuno. En
consecuencia, procede dictar la siguiente parte dispositiva: LA SALA ACUERDA: 1. Declarar su competencia para
el conocimiento de las presentes actuaciones. 2. Dejar sin efecto todas las actuaciones practicadas ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid desde la presentación de la uerella, a artir de cuyo
momento proseguirá la tramitación de la causa ante esta Sala por el procedimiento 3.
Nombrar Ponente al Excmo. Sr. D. Carlos GRANADaS PÉREl. 4. Dirigir atento oficio al Excmo. Sr. Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, poniendo en su conocimiento el presente Auto a los
efectos oportunos. Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el presente,
de lo que como secretario certifico
El 13 de julio de 1993, quienes por su condición de experimentados juristas perfectamente conocían que la
Constitución dispone que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo
resuelto Que el artículo 5° de la Ley orgánica del Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema del
Ordenamiento Jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los
reglamentos según los preceptos y principios Constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Y que el 18.1 del mismo
texto legal dispone: Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en
las Leyes. en extenso Auto de 16 páginas que en sus Fundamentos jurídicos, entre otros, dijeron:
TERCERO.- 1°._ A la vista de cuanto antecede puede concluirse que ninguno de los hechos explicitados en el escrito de
querella pueden generar la figura punible del artículo 356 del Código Penal. El Juez querellado ha sido competente en las
resoluciones dictadas. La competencia reclamada fue aceptada por el Juzgado de Instrucción nO2 de Móstoles, órgano
jurisdiccional no subordinado al querellado y que, al no plantear la oportuna cuestión para que fuera resuelta por el
superior común, Sala Segunda del Tribunal Supremo, quedó determinada la competencia por acuerdo. Además de este
aspecto formal, desde el punto de vista material la competencia del Juzgado Central se apoyaba en el propio atestado e
informe de la Policía Judicial Especializada, y en los hechos presuntamente delictivos transvasaban en territorio del
Juzgado requerido e incluso de la Propia Comunidad Autónoma.
~. - En todo caso, y aun admitiendo a efectos uramente dialécticos que el órgano jurisdiccional del
querellado no fuera competent siempre lo seria para dictar los autos de prisión
provisional pues ejercía interinamente, al menos, funciones de ínstructor, como se deduce del artículo 502 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3°. - En cuanto a los autos de prisión y de libertad, examinados desde el prisma de su propia legalidad, han de
reputarse totalmente justos, pues contaba en la causa la existencia de hechos que presentaban caracteres de delito,
algunos reiteradamente confesados por el propio querellante, y se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo
503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concurriendo por otra parte, la alarma social a la que se refiere dicho precepto.
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4°.- Al no poder ser calificada ninguna de las actuaciones referidas de injustas y ni siquiera los autos de prisión,
que, por otra parte, no fueron impugnados por el afectado y bien se comparta o no el criterio del Instructor o su escasa
motivación, equivocadas o no tales resoluciones, no pueden generar en modo alguno la actuación dolosa a que se refiere
el artículo 356 del Código Penal.
CUARTO.- El artículo 313 de la Le Procesal Penal ordena desestimar la querella cuando los hechos en
que se funda no constituyan delito, Vistos los preceptos legales citados y demás de
aplicación al caso de autos, procede dictar la siguiente parte dispositiva: LA SALA ACUERDA: Desestimar la querella
presentada por el Procurador de los Tribunales, Don Jesús VERDASCO TRIGUERO, en nombre y representación
procesal de Don Joaquín GONZÁLEZ LÓPEZ contra el IItmo. Sr. Ma istrado-Juez don Mi uel MOREIRAS
CABALLERO, titular del Juz ado Central nO3 de la Audiencia Nacional,
ordenando en consecuencia el archivo de estas actuaciones. Esta
resolución no es firme y cabe contra ella recurso de suplica ante la propia Sala dentro de los cinco días siguientes a su
notificación. Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que
como Secretario certifico
Los dieciséis magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo que conocieron de la Causa Especial 24/1998
por el supuesto delito de prevaricación; que por su condición de experimentados juristas perfectamente conocían
que la Constitución dispone que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo
resuelto Que el artículo 5° de la Ley orgánica del Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema del
Ordenamiento Jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los
reglamentos según los preceptos y principios Constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Y que el 18.1 del mismo
texto legal dispone: Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en
las Leyes; el14 de julio de 1999 en extenso Auto de 32 páginas, entre otros dijeron:
Yes claro que el Auto de 13 de julio de 1993, tachado de prevaricador por el querellante, no hizo otra cosa que seguir
fielmente esta doctrina; pues examinó, en extenso y con detalle, si los hechos que se exponían en la querella que
formuló el Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ en enero de 1993, eran o no constitutivos de delito, y al llegar a la
convicción de que no lo eran, aplicó el tan repetido arto 313 y desestimó tal querella. La actuacíón de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo al dictar dicho Auto es totalmente correcta y conforme a Ley. Siendo absurdo
basar la pretensión del querellante en contra del mismo en la extensión y detenimiento de los razonamientos de dicho
Auto, pues el referido precepto no está reñido, de ninguna forma, con un análisis minucioso y meditado del rechazo de
la querella; siempre que este rechazo tome por punto de partida los datos y alegaciones de tal querella y con tal base
llegue a la conclusión que de los mismos se deduce la existencia de delito. Yeso es lo que ha hecho, con seriedad y
estudio, el tan repetido Auto de 13 de julio de 1993. En cualquier caso y por último, no podemos silenciar que la
amplitud y meditación de los razonamientos de las resoluciones judiciales son siempre una mayor garantía para las
partes y propician el acierto de tales resoluciones.
OCTAVO.- En consecuencia, pues, es totalmente erróneo e inadmisible tachar de injustos a los Autos del tribunal
Supremo de 13 de 'ulio 13 de octubre de 1993 a los informes del Ministerio Fiscal ue se emitieron en relación a
los mismo procede
desestimar la querella presenta da ante esta Sala Especial del arto 61 de la LOPJ el 18 de diciembre de 1998 por el
Procurador de los Tribunales don Omar Carlos CASTRO MUÑOZ, en nombre y representación de D. Joaquín
GONZÁLEZ LÓPEZ. LA SALA ACUERDA: Desestimamos la querella presentada el día 18 de diciembre de 1998,
ante esta Sala Especial del arto61 de la LOPJ por el Procurador de los Tribunales D. Omar Carlos CASTRO MUÑOZ,
en nombre y representación de D. Joaquín GONZÁLEZ LÓPEl. Así por este nuestro Auto, lo acordamos, mandamos
y firmamos.
Los dos recursos de amparo presentados ante dos diferentes Salas del Tribunal Constitucional, fuero in-admitidos
mediante los escritos que se reproducen en el DVD adjuntado.
VíA ADMINISTRATIVA:
El Consejo General del Poder Judicial, cuyo Pleno, después de haber obviado la Providencia dictada por la sala de
lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de mayo de 1993, donde se avisaba al órgano rector
del Poder Judicial de la irregularidad procesal que se estaba gestando en la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, que literalmente se reproduce a continuación;
PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID De 25 de mayo de 1993._Dada cuenta: El
anterior oficio únase a los autos de su razón y dése traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas: cúmplase lo
ordenado y lo previsto en el arto21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En consecuencia, hágase fotocopia de todas las
actuaciones, testimonios y, como antecedentes, remitase a la Sala 28 del Tribunal Supremo, sin perjuicio de que si
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esuelve acordando la competencia de la misma, se reclame y se le remitan los autos originales. Absténgase esta Sala
de todo procedimiento, salvo lo que considere urgente, a la vista de la autorización de la propia Sala 2a y en tal carácter,
siendo finne el auto de 19 de mayo, remítase testimonio al Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de la
presente comunicación del Tribunal Supremo y de esta resolución. Lo acordaron los IItmos. Sres. Magistrados
firmando el Excmo. Sr. Presidente. Doy fe
El 30 de noviembre de 1994 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, donde ya no estaban ni don Juan
Alberto Belloch ni doña Maria Teresa Femández de Vega conocían perfectamente que el actor era la única persona
que -hasta entonces- había conseguido una resolución judicial devenida en firme favorable a sus intereses a pesar
de lo cual aprobaron el Informe que en el DVD adjuntado, debidamente escaneado, se reproduce. Quienes lo
aprobaron, por su condición de experimentados juristas perfectamente conocían que la Constitución dispone que Es
obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto Que el artículo 5° de la Ley
orgánica del Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico, y vincula a
todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los reglamentos según los preceptos y
principios Constftucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por
el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Y que el 18.1 del mismo texto legal dispone: Las resoluciones
judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las Leyes, aprobó el supuestamente
delictivo Informe cuya fotocopia se adjunta; donde sin hacer referencia alguna a la Sentencia dictada por la Sala de
lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -entre otros- dice:
TERCERO.- Lo expuesto es igual e íntegramente aplicable a las resoluciones judiciales en las que se acordó la
intervención de los ordenadores, los soportes infonnáticos y las lineas telefónicas, asi como los Autos en los
que se decidió la prisión y la libertad bajo fianza del reclamante, relacionadas éstas últimas expresamente
calificadas de ajustadas a derecho en el Auto dictado 'por la Sala 2a del Tribunal Supremo en 13 de junio de
1993, archivando la querella como expresamente se hace constar en el escrito inicial, sin que, por lo demás, la
privación de libertad esté incluida y amparada a efectos indemnizatorios en el artículo 294 de la le O" ánica del
Poder Judicial, en cuanto ue no se dan los su uestos ob 'etivos a que el mismo se
a que se ha hecho referencia.
QUINTO: El núcleo de la reclamación lo constituye una reiterada acusación que se formula contra el Magistrado Juez
Central de Instrucción nO3, un Magistrado del Tribunal Supremo y altos mandos de las fuerzas policiales, en el sentido
de haber incurrido en acciones delictivas al intervenir en los procedimientos judiciales a que se han hecho referencia y
en perjuicio deliberado del recurrente, habiéndose tramitado sobre ello y respecto del Juez una querella ante la
sala 2a del Tribunal Supremo, desestimada y archivada 'por resolución finne, como antes se ha dicho; sobre
tal punto no cabe calificación de anomalía en el funcionamiento de la Administración de Justicia, pues la
materia a que afecta es jurisdiccional y una vez declarado en finne que no se cometió delito, huelga intentar
otra calificación como la que se pretende para conseguir indemnización, y ningún efecto puede producir los
argumentos en que se analiza e impugna el Auto de 13 de julio de 1993, en que en dicha Sala 2a archivo la
querella, extendiéndose también a esta última la tesis de la comisión de delito al pronunciar dicha resolución con lo
que la cadena sucesiva de imputaciones delictivas parece no tener fin. Por último, ninguna consecuencia favorable a
las pretensiones del interesado uede deducirse de la am lia difusión ue en distintos medios de comunicación
tuvieron los hechos, porque lo único que de
todo ello se deduce es que la importancia de la actuación policial y judicial en materia de interés general como es la
obtención de datos a través de soportes informáticos, originó las noticias de interés general y su difusión, importancia
que, por lo demás, el propio interesado reconoce, al describir el alcance del negocio y al fijar la indemnización en mil
quinientos millones de pesetas; por todo lo cual debe informarse desfavorablemente el expediente.
Conociendo de la irregularidad administrativa que se adivinaba en la redacción del supuestamente delictivo informe,
el actor dirigió atento escrito al Ilustrísimo Señor Subdirector General de Relaciones con la Administración de
Justicia del Ministerio de Justicia, quien en su condición de jurista perfectamente conocía que la Constitución
dispone: Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como
prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto Que el artículo 5°
de la Ley orgánica del Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento Juridico, y
vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los reglamentos según los
preceptos y principios Constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Y que el 18.1 del mismo texto legal dispone: Las
resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las Leyes emitió el
Informe que debidamente escaneado se reproduce en el DVD ajuntado, el cual literalmente dice:
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estas actuaciones. Contesto don Emilio Jiménez Aparicio, al parecer Director General de la Dirección General
del Servicio Juridico del Ministerio de Justicia, quien perfectamente conocia que la Constitución dispone
que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, asi como
prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto Que el
artículo 5° de la ley orgánica del Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema del
Ordenamiento Jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes
y los reglamentos según los preceptos y principios Constitucionales, conforme a la interpretación de los
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Y
que el 18.1 del mismo texto legal dispone: Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en
virtud de los recursos previstos en las Leyes firmo un extenso informe de dieciséis páginas que terminaba
diciendo.
CONCLUSIÓN: No se aprecia en la actuación del Fiscal y de los tres magistrados de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo que intervinieron en la Causa especial 1440/93 de dicha Sala los elementos constitutivos
de los delitos de prevaricación previstos y penados en los artículos 356 y 359 de Código Penal.
la Comisión Permanente del Consejo de Estado compuesta de Consejeros Permanentes de Estado perfectamente
conocían que la Constitución dispone que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los
Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución
de lo resuelto Que el artículo 5° de la ley orgánica del Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema
del Ordenamiento Jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los
reglamentos según los preceptos y principios Constitucionales. Y que el 18.1 del mismo texto legal dispone: Las
resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las Leyes sin ningún
temor ni respeto a lo legalmente establecido, emitió el supuestamente delictivo Dictamen (que debidamente
escaneado se adjunta), donde sorpresivamente se reproducen "exactamente" los ANTECEDENTES PRIMERO,
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO que ya figuran expuestos en el informe emitido por el Consejo
General del Poder Judicial, terminaba el Dictamen diciendo:
No ha de ocuparse, por tanto, el Dictamen de la imputación que el reclamante hace de un delito de prevaricación al
Fiscal y a los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que intervinieron en la Causa Especial número
1440/93. Basta decir a este respecto que el Consejo de Estado coincide plenamente con el informe de la Dirección
General del servicio Jurídico del Estado de que se ha hecho merito en los antecedentes. Yen virtud de lo expuesto, el
Consejo de Estado es de dictaminar. Que procede desestimar la reclamación objeto de la presente consulta. VE, no
obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Se adjunta también debidamente escaneada la Resolución Ministerial firmada por aquel que habiendo sido miembro
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial cuando conoció que se habia obviado la Providencia dictada por la
Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de mayo de 19093, y que la Sentencia dictada por
la misma Sala anteriormente citada había devenido en firme. Conociendo que la Constitución dispone: Es obligado
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración
requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto Que el artículo 5° de la ley orgánica del
Poder Judicial dispone: La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico, y vincula a todos los
jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los reglamentos según los preceptos y principios
Constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional en todo tipo de procesos. Y que el 18.1 del mismo texto legal dispone: Las resoluciones judiciales
solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las Leyes; siendo Ministro de Justicia e Interior,
obviando supuestamente de forma intencionada el preceptívo informe emitido por Consejo General del Poder
Judicial aportado en el expediente es de sobreseímiento y archivo de las actuaciones al no existir indicíos de la
comisión de algún delito tipificado en el Código penal; aparentando profunda oligofrenia, conociendo como las
instituciones anteriormente citadas, que el Tribunal Constitucional tiene declarado:
El Auto de sobreseimiento provisional, por su propia naturaleza, no puede jurídicamente afectar la presunción
de inocencia, y, en consecuencia, el sobreseído ha de ser tenido por inocente a todos los efectos, incluido por
supuesto el ejercicio de sus derechos, dado que no ha procedido una decisión condenatoria en forma de
sentencia" •
XI
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Textualmente dijo:
("'Y'~ .•... ..,.....r --.:o--.--~ "v ~ r.~.P'I"''l:
A mayor abundamiento hay que señalar que . . .
en relación con la querella por delito
de prevaricación interpuesta por el hoy reclamante contra el Juzgado Central de Instrucción n° 3, no encontró en las
actuaciones llevadas a cabo por éste ninguna resolución injusta, por lo que puede llevar a la consideración de que la
petición de declaración de error judicial no sería favorable al reclamante. 3°._ En cuanto a la prisión preventiva sufrida
por el interesado entre el12 y el 14 de enero de 1992 no cabe tampoco indemnización al amparo del artículo 294 de la
ley Orgánica del Poder Judicial, ya que ese precepto exige que la concesión de indemnización por esa causa la
inexistencia del hecho im utado declarado en sentencia o por auto de sobreseimiento libre. En este caso
y además en el mismo se alude a la posible existencia de un delito de cohecho.
Posteriormente obviando el preceptivo Informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial, apoyándose en el
nunca preceptivo ni vinculante Dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, sin hacer
mención alguna a la aplicación de lo dispuesto en el artículos 296 y 499 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como
el recurrente exigía, después de defender a ultranza la supuestamente delictiva actuación de los miembros de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que conocieron de la Causa Especial 1440/93, erigiéndose en juzgador,
resolvió diciendo:
Fundamentos de Derecho 2°._ Aunque el reclamante denuncia supuestos de funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia, 10 que en realidad está demostrando es su desacuerdo con actuaciones
plenamente jurisdiccionales, ya que trata de impugnar actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado Central de
Instrucción nO 3 y de la Sala 2a del Tribunal Supremo, por lo que en esta sede administrativa no puede
entrarse a calificar dichas actuaciones que los órganos judiciales efectúan y que solo son susce tibles de ./os
o ortunos recursos 'urisdiccionales res ecto a las cuales no cabe ronunciamiento alguno
que únicamente regula el
La única vía que procede para la impugnación de las decisiones judiciales es la declaración de error judicial en las
mismas en los términos que establece el artículo 293. 1, que es el paso previo a la solicitud de indemnización ante el
Ministerio de Justicia, procedimiento éste que no ha sido utilizado en el presente caso por lo cual no puede ser
atendida la pretensión planteada.
A mayor abundamiento hay que señalar que ya la Sala 2 a del Tribunal Supremo, en relación con la querella
por delito de revaricación-inte uesta- por-el ha reclamante contra el Juz ado Central de Instrucción
número lo que puede
llevar a la consideración de que la petición de declaración de error judicial no sería favorable al reclamante.
3. En cuanto a la prisión preventiva sufrida por el interesado entre el 12 Y el 14 de enero de 1992 no cabe
tampoco indemnización al amparo del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que este precepto
exige para la concesión de indemnización por esta causa la inexistencia del hecho imputado declarada en
Sentencia o por auto de sobreseimiento libre. En este caso el sobreseimiento fue provisional y además en el
mismo se alude a la posible existencia de un delito de cohecho, dado que D. Joaquín González realizo gestiones a
través de una funcionaria de la Junta de Andalucía para conseguir la relación de vehículos de dicha Comunidad
Autónoma. Por su parte el Tribunal Supremo en el Auto de 13 de julio de 1993 manifiesta que el Sr. González
confeso ante el Juzgado Central que en 1985 compro información a una persona del Ministerio de Hacienda.
Al respecto, y siguiendo el criterio del Consejo de Estado plasmado en otros dictámenes, no puede ser
concedida indemnización a quien, aún desarrollando una conducta atípica penalmente, si ha realizado actos
reprochables desde el punto de vista de los principios generales del Derecho.
Es evidente que el reclamante utilizaba datos para la comercialización,no accesibles al público, que procedían de archivos
propiedadde las AdministracionesPúblicas,lo cual es una actividadilicitaaunqueno sea objetode sanciónpenaly por tanto,seria
improcedentedeclararsu derechoa indemnizaciónen base al artículo 294 de la Ley Orgánicadel Poder Judicial. En su virtud,
resuelvo, desestimar la reclamación de indemnización a cargo del Estado por el
funcionamiento de la Administración de Justicia, formulada por don Joaquín GonzálezLópez.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado celebrado el 17 de abril de 1997 conociendo que en el Boletín
Oficial del Estado ya se había publicado la Ley 6/1997, por lo que ya formaba parte del ordenamiento jurídico interno
que la disposición adicional decimosexta de dicho texto legal dispone: Serán competentes para la revisión de oficio
de los actos administrativos nulos o anulables. El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y de los
dictados por los Ministros. Los Ministros, respecto de los actos de los Secretarios de Estado y de los dictados por
órganos directivos de su departamento no dependiente de una Secretaría de Estado emitió el Dictamen dirigido a la
Ministra de Justicia QUE debidamente escaneado se reproduce en el DVD adjuntado, que terminaba diciendo: En
XII
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merito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen. Que procede desestimar el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por don Joaquín GonzálezLópez.
A su recepción, el 26 de mayo de 1997, conociendo ya de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la
Ley 6/1977 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado: Serán competentes para la
revisión de oficio de los actos administrativos nulos o anulables. El Consejo de Ministros, respecto de sus propios
actos y de los dictados por los Ministros. Los Ministros, respecto de los actos de los Secretarios de Estado y de los
dictados por órganos directivos de su departamento no dependiente de una Secretaría de Estado. La entonces
Ministra de Justicia doña Margarita Mariscal de Gante, dicto la Resolución Ministerial que terminaba diciendo: Por lo
expuesto, y de acuerdo con el Consejo de Estado. Resuelvo desestimar el la revisión de oficio y el recurso
extraordinario de revisión formulados por don Joaquín GonzálezLópez.
Presentado ante el Consejo de Ministros Recurso de revisión de oficio contra tres actos dictados por dos diferentes
Ministros de Justicia, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que perfectamente conocía de lo dispuesto
en la disposición adicional decimosexta de la Ley 6/1977 de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado dispone: Serán competentes para la revisión de oficio de los actos administrativos nulos o
anulables. El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y de los dictados por los Ministros. Los
Ministros, respecto de los actos de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su
departamento no de endiente de una Secretaría de Estado, en la sesión celebrada el día 8 de julio de 1999,
emitió el Dictamen , donde se incluía el voto particular formulado
por el Consejero Permanente de Estado don Landelino Lavilla Alsina que debidamente escaneado se incluye en el
DVD adjuntado, entre otros, literalmente dice: En merito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen. Que no
procede revisar de oficio las órdenes del Ministro de Justicia e Interior a que se refiere el expediente.
El 22 de octubre de 1999, don Luis Iglesias Aranda, Coordinador del Área de recursos del Ministerio de justicia
firma un extraño escrito que comienza diciendo: El Consejo de Ministros, en su reunión del dia 15 de octubre de
1999, ha adoptado el Acuerdo que sin hacer mención alguna al preceptivo Informe del Consejo General del Poder
Judicial, literalmente trascrito dice: Por lo expuesto, y de acuerdo con el Consejo de Estado. Se desestima la solicitud de
evisión de oficio de las mencionadas Resoluciones ministeriales presentada por don Joaquín González López.
Considerando el actor que la tal resolución vulneraba su constitucional derecho a la presunción de inocencia, por
cuanto después del estado de gran alarma social alcanzado por la supuestamente intencionada campaña de
descrédito personal y profesional encaminada a convencer al resto de los miembros del Congreso y del Senado, y al
resto de los ciudadanos, de que era preciso aprobar las enmiendas presentadas al Proyecto de la LORTAD, por la
Comisión de Libertades e Informática que entonces presidía el ya Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo don José Antonio Martín Pallín, continuaba ejerciendo de presunto culpable puesto que ni se ejecutaba la
sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni se le indemnizaba por el
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, presento el correspondiente recurso ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del tribunal Supremo que, fuere para no dejar jurisdiccionalmente probado que el
Gobierno entonces Presidido por don José Maria Aznar reunido en Consejo de Ministros había acordado incurrir en
lo previsto en el artículo 542 del vigente Código Penal, o por cualquier otra causa, resolvió diciendo:
FALLAMOS 1° Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquín González López, seguido por los
trámites del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 15 de octubre de 1999, al no ser de apreciar la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia,
reconocido en el artículo 24 de la Constitución, que ha sido denunciado.
El 4 de noviembre de 2003, el coordinador del Área de Recursos del Ministerio de Justicia, don Luis Iglesias Aranda
me remitió el escrito que combaba diciendo: El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el 1° de marzo de
2002, ha adoptado el acuerdo siguiente: Y la final literalmente decía: Por todo lo cual, Se acuerda in-admitir la
solicitud de revisión de oficio presentada por don Joaquín González López en relación con la resolución del
Excelentisimo Señor Ministro de Justicia e ínterior el1 de diciembre de 1995, las resoluciones de la Excelentísima
Señora Ministra de Justicia de 26 de mayo de 1997 y del 3 de marzo de 1998, y el Acuerdo del Consejo de Mínistros
de 15 de octubre de 1999.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en
el plazo de dos meses contados desde su notificación, de conformidad con lo prevenido en el
articulo 12, en relación con el 46, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
XIII
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Administrativa, y de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 6/1985 de 1° de julio, del Poder
Judicial. Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos.
Como quiera que el padre de aquellos quienes se había programado que sus hijos ejercerían de huérfanos de un
delincuente que en la Prisión de Carabanclel pereció asesinado victima de un ajuste de cuentas entre bandas
rivales, o que se había suicidado para evítar declarar quíenes eran los funcionarios del Estado que, a cambio de
dinero, le facilitaban datos informatizados íntimos y secretos de la practica totalidad de españoles mayores de 18
años no quiere que se le indemnice con cargo a la responsabílidad patrimonial del Estado; ni tampoco que aquel
conjunto de supuestos asesinos en potencia, continúen cobrando sustanciosas cantidades de dinero por administrar
parcial justicia; el actor, el 25 de octubre de 2004, ante el consejo de Ministros presento el recurso de revisión de
oficio que se adjunta al final de este escrito cuyo texto habrá de ser analizado por la Sala a la que se dirige esta
complicada demanda.
CONCLUSIONES: Con el fin de que los miembros de la Corte Penal Internacional conozcan el alto índice de
corrupción político judicial alcanzado tras aprobarse la Vigente Constitución Española como Norma Fundamental del
Estado, diremos que:
Aquel Magistrado-Juez que en 1991, inhibió al juez ordinario predeterminado por la ley para autorizar unas
actuaciones policiales que aquel se había negado a autorizar, perfectamente sabía que estaba incurriendo en una
serie de delitos penalmente justiciables. Algo que no impidió que transgrediera el ordenamiento jurídico ya que se
conocía impune por cuanto conocía de la impunidad que jueces y tribunales gozan en España.
condenado a ser juzgado por los siete delitos de detención ilegal cometidos, supuestamente no les preocupaba en
lo absoluto el riesgo que corrían al vulnerar el sagrado principio de cosa juzgada, transgredir constitucionales
~uienes.... \.
S
mandatos
ozan de acordaron absoluta
y lo dispuesto
impunidad.
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que se conocían impunes puesto que gozaban y
formar Sala para arrebatar de la acción de la Justicia, al magistrado-juez ya juzgado y
Por los mismos motivos, a los dieciséis Magistrados que componen la Sala Especial a la que en primer lugar se
dirige este escrito, que por su profesión u oficio, el 14 de julio de 1999 en que firmaron el extenso Auto de 32 pá­
ginas que se reproduce en el DVD adjuntado, perfectamente conocían que la: Encarcelación u otra privación grave
de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, el Estatuto de Roma lo había
clasificado como delito de lesa humanidad, no les importó lo más mínimo por cuanto se conocían impunes y al no
poder ser juzgados por los miembros del Tribunal del Jurado, sino sus propios compañeros que siempre podrían
juzgar mediante el ejercicio corporativo, por que así lo habían querido quienes, al aprobar la Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado, garantizaron la impunidad de jueces y tribunales.
No les preocupo lo más mínimo a los responsables y al Pleno del Consejo General del Poder Judicíal, obviar la
Providencia dictada por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de mayo de
1993, por cuanto conocían de la impunidad de que gozaban aquellos a quienes no podrían Juzgar los miembros del
Tribunal del Jurado.
Al don Emilio Jiménez Aparicio, Director General de la Dirección General del Servicio Jurídico del Ministerio de
Justicia, quien perfectamente conocía que la Constitución dispone que Es obligado cumplir las sentencias y demás
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del
proceso y en la ejecución de lo resuelto Que el artículo 5° de la Ley orgánica del Poder Judicial dispone: La
Constitución es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes
interpretarán y aplicarán las Leyes y los reglamentos según los preceptos y principios Constitucionales, conforme a
la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo
de procesos. Y que el 18.1 del mismo texto legal dispone: Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto
en virtud de los recursos previstos en las Leyes conociendo su impunidad, sin ningún temor al delito de falsedad en
documento publico por cuanto conocía la impunidad que le amparaba firmo aquel doloso escrito que se reproduce
en el DVD ajuntado.
Tampoco a los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estado que conociendo la impunidad de que
gozaban, sin ningún temor ni respeto a los derechos de otro contribuyente firmaron aquel supuestamente doloso
Dictamen donde íntegramente se reproducía el Informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial.
XIV
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Al entonces Ministro de Justicia e Interior don Juan Alberto Belloch, actual Alcalde de Zaragoza, tampoco le importo
lo mas mínimo falsear un documento e incurrir en lo previsto en el artículo 542 de aquel Código Penal que durante
su mandato se había aprobado; toda vez que se conocía impune por cuanto jamás seria juzgado por los miembros
del Tribunal del Jurado ya que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, durante su mandato aprobada, vulneraba el
constitucional mandato dispuesto en el artículo 125.
Los asistentes a los Consejos de Ministros celebrados el 15 de octubre de 1999 y el 1° de marzo de 2002,
perfectamente conocían que el delito de: Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; Según el entonces ya aprobado Estatuto de Roma se consideraba
delitos de lesa humanidad. Al acordar los acuerdos alcanzados, no les importo lo más mínimo vulnerar los derechos
del recurrente, por cuanto se conocían impunes y que jamás serían juzgados por los miembros del Tribunal del
Jurado.
La actual Ministra de la Presidencia y el actual Ministro de Juristas, en su calidad de experimentados juristas,
perfectamente conocen que al actor, que fue victima de dos delitos de lesa humanidad cometidos por un Magistrado
Juez en el ejercicio de su cargo, al que ellos están condenando a ejercer de "presunto culpable" puesto que no se le
indemniza por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ni se juzga al juez que decreto su ingreso
en prisión exclusivamente para que allí fuera asesinado. Ellos conocen de la impunidad que supone el que se estén
vulnerando el constitucional derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia mediante la
institución del jurado, cuando se trata de juzgar el delito de prevaricación o prevaricato que sólo pueden cometer los
funcionarios públicos del Estado como sucede en este caso.
En la casa de Su Majestad, pudo suceder lo mismo sin importarles tampoco nada, y que igualmente se conocían
impunes ya que nunca podrían ser juzgados por los miembros del Tribunal del Jurado.
CONCLUSIONES FINALES:
Excelentísimos Señores Magistrados Españoles y de la Corte Penal Internacional de la Haya. La Sala Española
debe acordar que procede que la misma Sala a la que se dirige este escrito, convenientemente renovada juzgue a
los miembros de la Sala querellada que subsistan, y, a tenor en el artículo 9° de esa Ley de Enjuiciamiento Criminal
que tanto conocen, juzgue a las personas que cuando intervinieron en los hechos aquí denunciados, a sabiendas,
impidieron el ejerció de los derechos reconocidos en el constitucional artículo 24° y en el artículo 405 y siguientes de
la Ley Orgánica del Poder, quienes serían acusados de complicidad por encubrimiento en la comisión de delitos de
lesa humanidad como es el de asesinato programado y el de detención u otra privación grave de libertad en contra
de las normas del derecho Internacional. En el supuesto de no hacerla así, deberá ser la Corte Penal Internacional
de la Haya la que conozca y resuelva, toda vez que procede cumplir con lo dispuesto en el artículo 13° del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Si la Sala Española, cumpliendo con lo dispuesto en el constitucional artículo 106.1, acuerda que procede resolver
en vía civil y no en vía penal, la demanda de los fundamentales derechos de aquel ciudadano cuyos hijos estaban
destinados a ejercer de huérfanos de un delincuente que en la Prisión de Carabanchel pereció asesinado victima de
un ajuste de cuentas entre bandas rivales; deberá acordar que procede que el Congreso de los Diputados acuerde
aceptar las condiciones expuestas en el escrito presentado en el registro de Entrada del citado Congreso el 21 de
diciembre próximo pasado; o deberá ser la Sala a la que se dirige este escrito quien legalmente resuelva y, caso de
no resolverse legalmente en España, que sea la Corte Penal Internacional de la Haya la que conozca y resuelva.
Otro si digo, como quiera que se trata de recabar ante los tribunales ordinarios los constitucionales derechos al
honor, a la libertad; a la vida; a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (QUE
ANADE), sin que, EN NINGÚN CASO, pueda
producirse indefensión, el actor solicita que este
tema se resuelva de acuerdo con los principios de
prioridad y sumariedad expuestos en el constitucional
artículo 53.2.
..
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01.0.
D lClllO
LOCALIDAD
MADRID
MADRID
JOSE I MELlTONA
C. ISLA BARBADOS
COLMENAR VIEJO
12
fL 27-42·1936
.00 V M
Colmenar Viejo (Madrid), 30 de noviembre d v
'~O•• CI' MADRID
f"- 28391G6D1
Firmado: Joaquin González López
IDESP00173785C9«««««««<
3602276M9901018ESP«««««

Relación de algunos de los documentos pdf que contiene el DVD ad juntado.
• Acto de conciliación previo celebrado sin avenencia de las partes entre la asociación de la prensa y quien
fue injuriado y calumniado por la practica totalidad de los medios de comunicación social, por que asi le
interesaba a quienes estaban utilizando al grupo de presión o lobby que trataba de favorecer los
mercantilistas intereses de la Elite Financiera.
• Acto de conciliación previo que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo supuestamente resolvió mediante
el ejercicio corporativo.
• Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el15 de octubre de 1999.
• Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado e11° de marzo de 2002.
• Análisis económico medios prensa escrita y televisión.
• Asesinato programado. O devolución obligada por el juez ordinario predeterminado por la ley, solo de los
objetos intervenidos afanados o incautados que figuraban en acta.
• Asi prevarico el Ministro de Justicia e Interior don Juan Alberto Belloch Julve.
• Auto de sobreseimiento y archivo dictado por el juez ordinario predeterminado por la Ley.
• Auto de sobreseimiento y archivo dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el juicio no
celebrado contra el Presidente Aznar por su participación en la invasión dellraq.
• Auto donde deviene en firme la Sentencia dictada por el TSJ de Madrid el4 de mayo de 1993.
• Autoridad judicial competente según el Subdirector General Operativo del Ministerio de Interior don Pedro
Díaz-Pintado Moraleda en 1998.
• Autoridad judicial competente según la Dirección General de la Policía en 1994.
• Beneficios record en los bancos cajas de ahorro.
• Caso Filesa según Wikipedia.
Caso Naseiro incluidas la trascripcíón de las famosas cintas no admitidas como medio de prueba.
omisario Jefe Marceliano Gutiérrez Rodríguez.
• Completo expediente indemnizatorio, incluido al final, la relación de pruebas adjuntadas.
• Declaraciones de don Luís Maria Anson en la portada de "Tiempo"
• Denuncia iniciaria por las normales actividades de cualquier empresario de Marketing Directo.
• Denuncia que debidamente protocolizada en el Palacio de la zarzuela entrego el mismo Notario que la
Protocolarizo.
• Dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el9 de julio de 1997.
• Dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el3 de marzo de marzo de 1999.
• Dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el8 de julio de 1999.
• Diligencias iniciarias en el Juzgado de Móstoles y la inhibitoria solicitada -condicionadamente concedida- al
juez Moreiras Caballero.
• Doloso Auto dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo e11° de junio de 1993.
• Doloso Auto dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el13 de julio de 1993.
• Doloso Auto dictado por la Sala Especial del Tribunal Supremo el14 de julio de 1999.
• Doloso decreto de intervención policial dictado y firmado por el Magistrado-Juez posteriormente juzgado y
condenado a ser juzgado tras celebrarse el preceptivo antejuicio.
• Doloso escrito firmado por una Asesora de la secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia.
• Doloso Informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 30 de noviembre de 1994.
• Doloso Informe firmado por el responsable del servicio Jurídico del Estado.
• Impugnadas las elecciones al Senado celebradas el 14-M. (de 2004)
• Informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial el 30 de noviembre de 1994.
• Irresponsabilidad judicial. O dolosa autorización judicial para el allanamiento de las moradas de personas a
las que él conocía inocentes e inexistente el delito perseguido.
• La verdadera historia de la LORTAD según la prensa escrita y TV
• Los beneficios de la banca.
• Observar y analizar lo que dijo José María Aznar en el video 048
• Otro doloso Auto dictado por el Tribunal Constitucional.
• Prensa escrita,
• Primicia Informativa en "ABC"
• Providencia dictada por la Sal de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de mayo de
1993.
• Providencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el17 de mayo de 1993.
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• Que hacer cuando el delincuente es el juez.
• Record de beneficios de la banca.
• Recurso de revisión de oficio presentado el 26 de julio de 2001, ante el Consejo General del Poder Judicial,
del que todavía no hemos recibido ni siquiera el preceptivo acuse de recibo.
• Relación de irregularidades reales en el complejo de la Zarzuela.
• Repicados de las noticias emitidas por el medio televisión en las oras de mayor audiencia como son lo
informativos.
• Resolución 39 de las Naciones Unidas.
• Resolución Jurisdiccional devenida en firme el19 de mayo de 1993.
• Resolución Ministerial de 3 de marzo de 1998 firmada por la Ministra doña Margarita Mariscal de Gante.
• Resolución Ministerial firmada por el Ministro don Juan Alberto Belloch.
• Resoluciones judiciales antijurídicas por contrarias a Derecho.
• Resoluciones judiciales Iniciarias, favorables a nuestros intereses
• Respuesta obtenida de una Vocal Asesora del actual Ministro de Justicia
• Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
• Sentencia devenida en firme el19 de mayo de 1993 TSJ de Madrid.
• Tribunal Constitucional Uno de los dolosos Autos dictados por ese Alto Tribunal.
• Ultimátum para la paz y la concordia entre todos los españoles presentado ante Su Majestad el Jefe del
Estado en el Congreso de los Diputados.
• Única respuesta obtenida al último Recurso de revisión de oficio presentado ante el Consejo de Ministros el
29 de octubre de 2004.
• Y otros complementarios, hasta un total de .
XVII
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Ultimátum II
para la Paz y la Concordia
entre TODOS
los Españoles.
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• t.
ANTE SU MAJESTAD EL JEFE DEL ESTADO como máximo responsable de la •
Admmistración General del Estado y, subsidiariamente ante el Presidente de~
Gobierno don José Luís Rodríguez Zapatero, ante don Manuel Marín González.
como Presidente del Congreso de los Diputados, ante don Diego López Garrido
como Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ante don Eduardo Zaplana
Hernández·Soro (Portavoz del Grupo Parlamentario Popular); ante don Gaspar
L1amazares Trigo (del Grupo Parlamentano Izquierda Verde), ante don Joan
Puigcercós i Boixassa (del Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana); ante
don José Antonio Labordeta Subías (del Grupo Mixto); ante don Josep Antoní
Duran i L1eida, (del Grupo Parlamentario Catalan CIU); ante don Josu lñaki
Erkoreka Gervasio (del Grupo Vasco), y, ante don Paulino Rivero Baute (de
Coalición Canaria), Joaquin González López, actualmente domiciliado en la calle Isla Barbados, 12, de la
localidad de Colmenar Viejo (Madrid), en su propio nombre y derecho y en su calidad de Presidente del Partido
Político no Politizado, Ciudadanos Agobiados y Cabreados, recientemente incorporado a la Campaña
Anticorrupción Político Judicial iniciada por AJURA, DICE:
Hace ahora 28 largos años en que con ilusión vanos millones de españoles aprobamos mayontariamente la
Constitución de la Concordia o Ley de Borrón y Cuenta Nueva, entre vencedores y vencidos como Norma
Fundamental del Estado
Hoy, 28 años después, hemos podido constatar que, al legislar, se ha obviado cumplir con lo dispuesto en los
articulos 1, 2,3,6,7,8,9,10,11.1 11.2,12,28 Y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y
conlosarticulos101, 102 14 16.3,17,18,22,2747532671 69.1,117.1,1172 1173,1174,118,119,
120,121,122,1241 124.2,125 Y 161 de la citada Constitución Española.
Esta irregularidad admmlstratlva ha propiciado que la representación territorial del Pueblo Soberano, en
democracia, no haya podido cumplir con el constitUCional mandato de controlar al Goblemo y ejercer la potestad
legislativa Mientras, qUienes ejercen de representantes polítiCOSdel Pueblo Soberano están ejerciendo de Juan
Palomo (yo me lo gUISO,yo me lo como).
Dicho de otra forma: Dispone el constitucional artículo. 66.2: Las Cortes Generales ejercen la potestad
legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás
competencias que les atribuya la Constitución. Si el articulo 69 dispone: El Senado es la Gamara de
representación territorial ¿Qué sentido tiene el artículo 66.2, si los miembros de los mismos partidos
, cuyos líderes son los que gobiernan y quienes "controlan" al Gobierno?
Entendamos, pues, el verdadero significado del mandato constitucional dispuesto en el arto 67.1: "Nadie podrá
ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente "deberá entenderse "nadie", "ninguna persona física o
juridica", ya que aunque cambien las personas, los intereses son los mismos y los miembros de cada partido
siguen al pie de la letra las directrices marcadas por los mismos líderes.
Esta irregularidad administrativa (obviando temas como los del Prestige, Gescartera, Lino y tantos otros),
propició que quien habiendo alcanzado mayoria parlamentaria en ambas Cámaras simultáneamente, ejerciera el
caudillismo. como aconteció cuando "aquel" Presidente del Gobierno, que, por los motivos que habrán de ser
jurisdiccionalmente resueltos, situó a todos los españoles en el punto de mira del terrorismo islamista, con los
resultados que cita Incluso la Enclc!oped,a WI lped,a (Hechos muy similares a los acaeCidos en la Casa de
España en Casablanca (Marruecos), aún cuando "aquellos· acusen a ETA).
Debido a la citada Irregulandad administrativa, los profeSionales de la política han podido conseguir que en
España se continue administrando la misma parcial Justicia que se estaba administrando cuando el General
Franco ocupaba la jefatura del Estado. O peor.
Han conseguido que NADIE pueda protestar u oponerse a que se continúe fomentando la corrupción judicial,
supuestamente para mantener la Impunidad de quienes, al legislar, vulneran los derechos fundamentales de los
ciudadanos, a la vida, a la libertad, al honor, al medio ambiente, a una vivienda digna, a la igualdad de trato ante
la ley, a la libertad y a la segundad, al honor, a la presunción de inocencia, a asociarse libremente ya que los
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miembros del Tribunal del Jurado sean quienes juzguen a todos aquellos políticos Jueces magistrados y demás
funcionarios que a sabiendas prevariquen.
Tratando de corregir esa irregularidad administrativa, que no supuesta irregularidad administrativa; en su propio
nombre y derecho como victima del delictivo proceder de la Administración de Justicia y de la Administración
General del Estado, en su calidad de Líder-Presidente de Ciudadanos Agobiados y Cabreados, como quiera que
España forma parte de la Unión Europea, y el articulo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (ratificado por España con fecha 26 de septiembre de 1979, y
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre de 1979; revisado en conformidad con el Protocolo n° 11) (Que
entro en vigor ellO de noviembre de 1998), y dispone: Toda persona cuyos derechos y libertades reconOCidos en el
presente Convenio hayan Sido Violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia
nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus
funciones oficiales.
Que el artículo 56.3 de la vigente Constitución Española dispone que: La persona del Reyes mviolable y no está
sujeta a responsabilidad, ante la Corte Penallntemacional de la Haya se presentaria querella criminal contra su
Majestad el Jefe del Estado (como máximo responsable de los delitos de les a humanidad en que pudiera haber
incurrido al sancionar unas leyes orgánicas, que sin ser sancionadas por él, no podrian publicarse en el Boletin
Oficial del Estado y, por ende, no podrían formar parte del ordenamiento jurídico español), si antes de finalizar el
próximo mes de febrero, en el Boletin Oficial del Estado, no se publica el acuerdo del Congreso de los Diputados
diciendo que procede:
1°._ Reformar la actualmente anticonstitucional Ley Orgánica del Régimen Electoral General de acuerdo con
lo dispuesto en los constitucionales artículos 67.1 Y 69 Y convocar nuevas elecciones al Senado.
&.\ 1 ~~" 20.- nueva Una LeyvezProcesal este el Senado Civil y Ley legalmente Procesalconstituido, Penal de acuerdo deberán con ser lo estudiadas dispuesto yen aprobadas la declaración los Proyectos Universal de deuna los
Derechos Humanos, y de lo dispuesto en la Constitución Española en vigor desde 1978, que sustituyan a las
anticonstitucionales Leyes de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal. toda vez que no es de recibo que
ontinúen sin respetar el derecho a la libertad y a la seguridad, ni a la igualdad de trato ante la ley, ni a la
presunción de inocencia. Tampoco a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales sin que -en ningún caso­
pueda producirse indefensión. Esas dos antiquísimas leyes, tantas veces retocadas, no fueron sustituidas por
unas nuevas Leyes Procesales Civiles y Criminales que conocieran de lo dispuesto en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, y de lo dispuesto en la vigente Constitución.
Leyes procesales civiles y penales, donde sea el Ministerio Fiscal (y no los abogados que cobran por anticipado
a su poderdante ya sus espaldas suelen negociar con la parte contraria), quienes promuevan la acción de la
justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de
oficio o a petición de los interesados, asi como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos
la satisfacción del mterés social.
3°._ Deberán ser relegisladas las Leyes Orgánicas o normales anticonstitucionales cuyo articulado sea contrario
a los fundamentales derechos de los ciudadanos. como, por ejemplo, actualmente sucede con la Ley 62/1978 de
proteccIón jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona que no es más que una Ley Estafa, o Ley
Puente hacia aquella antiquísima Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada dieciséis años antes de finalizar la
Guerra de Cuba.
Ley posiblemente preparada para que los abogados y procuradores continuaran enriqueciéndose hasta la
saCiedad con la gran cantidad de recursos que permite. Ley que, al referirse al desarrollo de los derechos
fundamentales de la persona, para la aprobación, modificación o denegación, el constitucional artículo 81 exige
mayoria absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del Proyecto, algo que no se hizo
supuestamente porque hubiera sido bastante más complicado estafar al resto de los ciudadanos.
Mención aparte merece la antidemocrática "Ley Estafa" o Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal que "teóricamente" garantiza el derecho a la intimidad de los ciudadanos frente a las agresiones
informáticas, impidiendo, por ejemplo, que alguien te pueda enviar electrónicamente publicidad a otra persona
sin que ésta lo hubiera solicitado previamente. Sin embargo, permite que (sin consentimiento previo de los
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11

ciudadanos), el Instituto Nacional de Estadística regale a todos los partidos políticos que lo soliciten, los datos
informatizados personales íntimos y secretos de de cada uno de los más de 33 millones y medio de personas en
edad de votar; para que ellos (las personas o empresas en las que quieran delegar cada partido político),
conozcan si se es hombre o mujer la persona a la que quieran enviar publicidad, su nombre propio, conocer
Independientemente el apellido primero, y el apellido segundo, exactamente el dia mes y año de su nacimiento,
el nivel cultural de cada persona Individualmente, calle-número-piso-puerta-población y provincia donde cada
uno reside, etc. Para que ellos, a todas y a cada una de esas personas, puedan enviarles cuantos mensajes
publicitarios quieran, sin solicitar su consentimiento previo.
La mayoria de los ciudadanos españoles -residentes y no residentes- ignoran que la verdadera misión de ese
ente público es permitir que "legalmente" las entidades crediticias continúen vulnerando los derechos
constitucionales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a la presunción de inocencia de
aquellos millones de personas cuya información íntima y secreta comenzó a comercializarse cuando, la mercantil
(IBM) Intemational Business Machines comenzó a "regalar" aquella aplicación informática que permitía que las
entidades crediticias pudieran controlar el índice de impagados; aún cuando esto supusiera vulnerar lo dispuesto
en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: (Nadie será objeto de mjerenclas
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques).
La anticosnstitucional Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, aprobada después de haber estado vulnerando el
constitucional derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia mediante la institución del
Jurado durante 17 largos años, se continúa vulnerando cuando se trata de juzgar el delito de prevaricación en el
que sólo podrán incurrir aquellos jueces o tribunales miembros del Gobierno o de cualquier otro político que
ocupe cargos en la administración del Estado, al igual que cualquier otro funcionario del Estado. A pesar de que
el artículo 1.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, disponga: 1. El Tribunal del Jurado. como mstituclOn
para la participación de los ciudadanos en la AdministraCión de Justicia. tendrá competencia para el
enjuiciamiento de los deMos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos
en las siguientes rúbricas: a).- DeMos contra las personas. b) - Delitos cometidos por los funcionarios
úblicos en el ejercicio de sus cargos supuestamente para mantener la impunidad de los jueces y tribunales
ue a sabiendas incurran en el delito de prevaricación o prevaricato.
No ebe obligarse a que a los miembros del Tribunal del Jurado juzguen a sus propios convecinos como sucedía
en 1812, tiempo en que no existian ni los aviones, ni los ferrocarriles, ni las instalaciones hoteleras tan al alcance
de los presupuestos generales del Estado; que permitieran que, en muy pocas horas, pudieran, por ejemplo, los
miembros del Tribunal del Jurado, trasladarse desde Las Palmas de Gran Canaria a Palma de Mallorca.
La anticonstitucional Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a sabiendas de que si el articulo 2° b) dispone
que dicho tribunal conocerá del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades relacionados en el
artículo 53.2 de la Constitución, la Disposición Transitoria Segunda dispone: En tanto no sean desarrolladas las
previsiones del articulo 53.2 de la ConstitucIón para confIQurar el procedimiento judicial de protección de los
derechos y libertades fundamentales se entenderá que la vía Judicial previa a la interposición del recurso de
amparo será la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda de la Ley
62/1978. de 26 de diciembre. sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. a cuyos efectos el
ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado
articulo 53.2 de la Constitución. Esto viene a significar que la impunidad judicial está legalmente garantizada
toda vez que los ciudadanos solamente podrán ser indemnizados con cargo a la responsabilidad patrimonial del
Estado, lo que quiere decir que ningún juez o tribunal podrá ser juzgado en vía penal o condenado por haber
prevaricado, al menos si se ha de resolver mediante el constitucional recurso de amparo.
4°._ Deberán ser estudiadas y nuevamente aprobadas, si procediere, las privatizaciones de empresas que,
como Telefónica, antes eran de todos y sin contar con la representación territorial del Pueblo Soberano, en la
Cámara Alta o Senado, pasaron a ser de unos pocos.
5°._ El Código Penal Habrá de ser retocado y, entre otros, habrá de penalizar el delito de prevaricación o
prevaricato, con penas de privación de libertad de dos a diez años.
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111

6°.· El Poder Judicial habrá de desaparecer y por ende el Consejo General del Poder Judicial (o hacerse
independiente de la politica, ¿no?)y, en la Administración de Justicia independientemente deberán colaborar dos
instituciones diferentes, la Judicatura y el Ministerio Fiscal.
Los miembros de la judicatura serán qUlnes administren la justicia que emanará del Pueblo Soberano, y no de la
que hubiera emanado de algún favonto de la Corte de Don Alfonso XII como actualmente sucede con la Ley de
Enjuiciamiento CiVil y de EnjuICiamiento Criminal, que se aprobaron diecisiete y dieciséis años antes de finalizar
la Guerra de Cuba; setenta y CinCOaños antes de que se aprobara la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, noventa y nueve años antes de aprobarse la vigente Constitución Española
El Ministerio Fiscal, y no los abogados del querellante, tendrá la misión de promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a
petición de los interesados. asi como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social.
7°· Aquellos miembros de la Carrera Judicial cuyos ascendientes o familiares hubieran formado parte de los
Tribunales de la Muerte o de los Tribunales de Orden Público, públicamente habrán de jurar guardar y hacer
guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico, administrar recta e
imparcial justicia y cumplir con sus deberes judiciales frente a todos, o pedir la baja voluntaria sin derecho a
Indemnización alguna
CONCLUSIONES: Con total y absoluto respeto a la persona que ocupa el cargo de Jefe del Estado, me dirijo y
le digo. Majestad, el pueblo le aprecia, a usted y a toda su familia, sin exclusiones. No de ocasión de demostrar
que ha preferido comportarse como digno heredero del General Franco Rectificar es de hombres, reconocer los
errores y rectificar a tiempo deberá ser el buen hacer de los sabiOS.
Zapatero, Rajoy, Rajoy Zapatero ustedes podrán gozar del respeto de los Ciudadanos al haber corregido a
tiempo los errores en que pudieran haber incurrido sus antecesores al obviar total o parcialmente lo dispuesto en
los artículos 1, 2, 3, 6 , 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 28, Y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y los artículos 10.1,102,14,163. 17,18,22 27,47,53.2,671,691,117.1,117.2,1173,1174,118,119 120,
121,122,124.1,124.2,125 Y 161 de la Constitución Española.
Todos se lo agradeceremos, por cuanto prontamente se respetaran los constitUCionales derechos de los
ciudadanos: a la vida, a la libertad, al honor, al medio ambiente, a una vivienda digna, a la igualdad de trato ante
la ley, a la libertad y a la seguridad, al honor, a la presunción de inocencia, a asocíarse libremente y a que los
miembros del Tribunal del Jurado sean quienes juzguen a aquellos políticos jueces o magistrados y demás
funcionarios que a sabiendas incurran el delito de prevaricacíón o prevaricato.
Colmenar Viejo (Madnd), 20 de diciembre de 2006.
Firmado: Joaquín González Lopez eAye
POSDATA: Para mejor comprender algunos estragos que produce en la sociedad el ·olvldo· o violación de
algunos de estos articulos de la Constitución, adjuntamos el informe emitido por la ASOCiaCióncontra la
exclusión jurídica Edip Rey.
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IV

Edíp Reí les informa:
"Una cultura puede extinguirse como la llama de una vela"
Konrad Lorenz, premio Nobel "Los 8 pecados mortales de /a humanidad clvl/lzada'
Dos ignorados hechos relacionados:
la extinción "inevitable" de los españoles autóctonos y
la violación de nuestros derechos por la "clase
política"
El senador y Premio Nobel Camilo José Cela dio muestras de conocer
estas tnstes realidades en 1993, año en el que se fundó oficialmente la
asoCiaCión Edíp Reí. contra la exclusión juridica y nuestra extinción.
Un ejemplo son estos dos artículos
TAL COMO SALE
1993
Diari de Barcelona. Miércoles, 6 de enero de
Un mero recuerdo histórico
CAMILO JOSÉ CELA
I número de españoles disminuye y, según datos oficiales, dentro de cmcuenta
años seremos (serán, los españoles de entonces) diez millones menos que ahora. Si
continuamos a este ritmo, habremos desaparecido a mediados del siglo XXII, o sea,
que de aquí a ciento cincuenta años nos habremos convertido en un mero
recuerdo histórico, algo así como los alanos, los hérulos o los gépidas o, rebuscando
entre nosotros, los íberos, los celtas o los pelendones. Eso de saber que acabaremos
desapareciendo en una fecha fija tiene ventajas, sin duda, porque entre otras cosas nos
permite ir ordenando con una calma relativa las últimas voluntades, pero también da una
cierta rabia convertirse, como pueblo, en no gran cosa más que una nota a pie de página. El
final de cada pueblo no es bueno ni malo pero sí que es imprevisto, iqué despiste no
verlo venir!, incluso estando marcado por la ley de la fatalidad que gobierna los
mundos.
(Origmal en Catalán en http://edlpo.info)
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¿Estás seguro que la ley de
la fatalidad gobierna los
mundos?
¿No será que es la
violación sistemática de
nuestros derechos la
principal causa
extinción? Si
de nuestra
nuestros
mismos dirigentes provocan
nuestra extinción, es lógiCO
que disimulen
"muriéndose de éxito" o
diciendo
bien",
que
que
"España
somos
va
un
"Estado de derecho", y
otras grandes mentiras.
Algo que Cela no dice es
que la natalidad empezó
a caer a partir de la
muerte de Franco, y por
el tipo de curva, no
puede ser casualidad
Si la nueva clase política
no tiene ninguna culpa,
¿por qué no se investiga esta relación?
515706
Ya hemosvisto que los españolesdesaparecemos,peroque no queremossaberporqué.Sobretodo nuestros
dmgentes.que mientrastanto "se mueren de éxito" y dicenque "España va bien", sin enterarsesiqUierade
estosasuntos. Peroveamosotro artículodeCela,unasemanamástarde:
TAL COMO SALE Diari de Barcelona. Miércoles, 13 de enero de 1993
y
Mujeres de tropa
CAMILO JosÉ CELA
mí no me parece que sea una conquista de la mujer eso de que hagan con carácter
obligatorio el servicio militar. Yo hubiera entendido una conquista de todos, hombres
mUJeres,que desapareciera el servicio militar obligatorio y que pudieran acceder al
voluntanado todos los que quisieran hacerlo, sin ninguna discnminación por sexo.
Pero el problema presenta dos facetas que inevitablemente acostumbran a mezclarse, tal vez
porque no son fáciles de escindir. Por un lado, si la mujer es igual que el hombre en todo ante la
ley, (art. 14 de la Constitución), es evidente que no hay razón para perdonarle ninguna
obligación, pero, por otro lado, ¿no sería mejor lanzar pelotas fuera durante algún tiempo y
esperar que ser aclaren los contornos de obligatoriedad o voluntariedad de la tropa del futuro
ejército?
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2
o

¡Vaya, vaya! Aquí se hace evidente que el senador Camilo José Cela sabía
perfectamente que se violaba el derecho de los jóvenes a la igualdad ante la ley y
que se podía seguir violando a voluntad. ¿Cómo es esto posible en un "Estado de
derecho"? Teóricamente, los jóvenes tienen derecho a ser educados en el respeto a
sus derechos y libertades fundamentales (Constitución, art.27), tienen derecho a
la información (no debería haber censura previa contra el profesorado para
impedirlo), a la tutela efectiva de los tribunales, por lo que, TEÓRICAMENTE,
podrían acudir a ellos para defender su derecho a la igualdad ante la ley Pero Cela,
así como sus lectores, parecen dar por supuesto que todo esto no es verdad.
¿Podemos negar todavía que la violación de nuestros derechos por parte de la
administración es pública y notoria? ¿Podemos negar todavía que es toda la clase
política la que consiente y fomenta estas violaciones?
Muerto Cela, ya casi nadie se preocupa la extinción de los españoles. Y podemos
decir tranquilamente que "España va bien" a pesar de estar desapareciendo. O no
debemos usar esta expresión, pues nuestra desaparición no es ni siquiera un
"mal menor", parece. Entonces, no hay nada que lamentar, Cela era un
"facha" equivocado o un nacionalista "romántico" pasado de moda. Ningún
problema.
Respecto a la Violación de derechos fundamentales, parece que Cela lo
consideraba un mal "menor". Pero, por lo menos, lo conocía y lo consideraba un
mal. Ahora parece que todos somos ignorantes, o bien consideramos un
mérito estas violaciones (por ejemplo, los políticos y la administración. Si hay
alguno que no, que lo diga a EdipRei@suport.org).
Camilo José Cela capta perfectamente 3 realidades que nos afectan
seriamente, aunque son "ignoradas" por la clase politica y por aquellos que tienen
acceso a los medios de comunicación'
1a Que los españoles (y todas las nacionalidades del Estado) nos estamos
EXTINGUIENDO "inevitablemente". Y que no nos importa, ni lo vemos venir.
2a Que la Constitución no se respeta en puntos tan esenciales como son los
DERECHOS FUNDAMENTALES de los ciudadanos, la IGUALDAD ANTE LA
LEY, el derecho a la tutela EFECTIVA de los tribunales y la no discriminación.
Y ES EVIDENTE QUE TAMPOCO NOS IMPORTA. Puesto que tampoco somos
educados en el RESPETO POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, por
supuesto.
3a Que, en lo que se refiere a la violación de los derechos fundamentales, "se
pueden echar pelotas fuera", o sea, SEGUIR VIOLÁNDOLOS A SABIENDAS,
DURANTE MUCHOS AÑOS sin que, prácticamente, este hecho salga nunca a
la luz pública, sin que políticos ni juristas se den por enterados ... y continuar
repitiendo como loros la pútrida mentira de que "somos un Estado de
derecho".
Dados estos hechos, ¿cómo puede haber políticos que digan que "España va
bien", cuando los españoles nos estamos extinguiendo y se están violando
nuestros derechos fundamentales sin que casi nadie pueda quejarse
públicamente? (Y, en privado, casi tampoco)
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3

El "Estado de derecho" se basa en el respeto de los derechos, en el amparo
EFECTIVO de los tribunales. y en el caso de que no se respeten, o de que haya
alguna duda o contradicción, este hecho debe poderse hacer público de tal
manera que nos demos por enterados de que existe una irregularidad. En lugar de
ello, nadie parece enterado, ni abogados, ni jueces(salvo ignoradas
excepciones), ni juristas, ni intelectuales, ni periodistas, ni universitarios. Y a
los profesores de niños y jóvenes se les aplica la censura previa, algo que parece
tan natural... ¡Qué respetuosos que somos con nuestros "derechos y
libertades"! ¿Cómo es que nadie vomita? jjjlnexplicable!!!
UNA FATAL DEFICIENCIA:
Según nuestras investigaciones, existe una "sutil" deficiencia en la formación de
nuestros dirigentes, incluidos intelectuales, profesionales de Derecho,
informadores, etc. Esta deficiencia en su formación consiste en que no
consideran importante la exclusión del derecho de amplios colectivos, ni se
consideran, por lo tanto, responsables de ello. Es más, incluso consideran que la
EXCLUSiÓN JURíDICA es conveniente, justa y beneficiosa. ¿Qué sentido tiene
preocuparse por algo que está tan bien?
Basta con ser policja, militar, profesor, conserje, juez, hombre, o, simplemente,
niño varón, para ser excluido de importantes derechos fundamentales ante la
indiferencia y/o satisfacción de aquellos que son testigos de ello. De este modo, se
puede promover el asesinato encubierto de estos individuos privados de sus
derechos o hacer apología de los mismos, hacer apología de la droga diciendo que
es totalmente inocua (incluso la heroína), considerar que los jurídicamente
excluidos son biológicamente inferiores, física y moralmente... y recibir
subvenciones por todo ello. Lo que no se subvencionará nunca (parece ser) es la
defensa de los derechos constitucionales de la indefensa población afectada.
Todo ello incluso se "justifica" con el simpático principio de que existe libertad y
todas las ideas políticas deben tener la misma libertad para ser expresadas. Y
está claro que el genocidio es una idea política... que debe tener el mismo trato
que las demás. ¡Faltaría! ¡Somos demócratas!
Pero la violación de los derechos y la apología de esta violación es delito. Y los
poderes públicos tienen el deber de favorecer el respeto por los derechos, y no el
de favorecer su violación, como hacen desde hace tiempo.
y ¿cómo se explica, con tanta libertad, la censura previa aplicada al profesorado
no universitario? ¿O la vulneración de la libertad de asociación de colectivos
afectados?
(Lo que sucede es que la igualdad ante la leyes un concepto que muy pocos han
entendido a lo largo de la historia. La INFORMACiÓN TENDENCIOSA, cual canto
de Esfinge, hace que todos estén de acuerdo en no respetar los derechos de los
colectivos difamados, pues la idea de que el Derecho es para todos es muy débil
y difícil de entender. Podéis ver explicaciones en http://antigona.org )
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4

Aquí vemos un ejemplo de estupefacción de unas alumnas al descubrir la censura
previa en la revista de su centro público. Este documento extraordinario se debe a
la especial buena fe del director de la revista en ese momento, que hizo posible
publicar la queja de las alumnas.
fLS AUJMNfS P~fGlJNffN
LIBERTAD DE ~RESIOII
En la última entrega de nuestra revista, no se llegO a
publicar un artIculo-homenaje a un profesor del centro. Las
razones todavía no las comprendemos del todo.
Unos profesores argumentaron que el texto incluia frases
que podían herir la sensibilidad de algunas personas.
Devolvieron el articulo a sus autores indicando
aodificaciones que habla que hacer, y les dijeron que si no
lo aodificaban no se podrla publicar.
Estos alumnos, ComO es l6gico, no aceptaron su consejo y
prefirieron que su trabajo no saliera a la luz. Creednos,
nosotras lo leímos y nos pareci6 sincero e inofensivo.
Quieran o no, esto es censura. si somos demócratas y
creemos en la libertad de expresión, ¿por qué prohibimos la
opinión de los deDás?
La revista es de los alumnos. Dejadnos pensar, escribir y
opinar. Acepten nuestros puntos de vista y sigan ayudándonos
sin intervenir en nuestros trabajos. GRACIAS.
A.C.
C.P.
Leyes contrarias a la Constitución y leyessabotaje.
Cuando una ideología universal se funda, junto con la política derivada de ella, en una
falsedad, los efectos deben ser pésimos por necesidad."
Konrad Lorenz, "Formación indocfrinada"
La aprobación de leyes contrarias a la Constitución, a los Derechos
Fundamentales y Humanos de los ciudadanos, tiene unos efectos devastadores
que nuestros dirigentes no se atreven a pensar.
Por ejemplo, hacen imposible a los tribunales hacer justicia, pues si aplican las
leyes contrarias a la Constitución, la violan y violan los derechos de los
ciudadanos. Y si quieren respetar la Constitución, entonces no deben aplicar las
leyes, haciendo enfadar al Gobierno.
Parece ser que, en la inmensa mayoría de los casos, optan por aplicar estas leyes
y violar la Constitución, haciendo como si no la conocieran. Y, según nuestras
investigaciones, parece ser que realmente olvidan la Constitución, o sea, que
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5

jueces y abogados sufren una especie de amnesia colectiva que les impide
recordar incluso derechos fundamentales que los medios de comunicación repiten
constantemente, como son la igualdad ante la ley, la no discriminación por razón
de sexo, la libertad de expresión y de cátedra, el derecho a ser educados en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales, el derecho a la vida, etc..
Este comportamiento de jueces y abogados concuerda con lo que dice el premio
Nobel de Medicina y etólogo Konrad Lorenz: se desmiente o se desprecia todo
hecho que contradiga la doctrina de los opresores hasta arrinconarlo en el
umbral de la conciencia.
Es lógico que esto suceda, pues cuando la clase política, sin excepcIón de ningún
partido ni individuo, aprueba leyes contrarias al derecho, es obvio que lo que
pretende es que el derecho se viole, algo que pocos profesionales de la justicia
desearán hacer conscientemente, quebrándose así su integridad y hundiéndose no
sólo en la indignidad profesional y moral, sino también en la amnesia selectiva, en
una especie de demencia colectiva y cerrada.
Así, los ciudadanos nos vemos abocados a carecer de jueces y abogados que
conozcan nuestros derechos fundamentales y los hagan respetar La unánime
aprobación de leyes contrarias a la Constitución y a los Derechos Humanos
supone una presión tal sobre los profesionales de la justicia que pone enferma su
mente y son incapaces de recordar ni los derechos más conocidos.
Hay un gran impulso hacia el no saber ante tanto horror y disparate.
Aprobar leyes contrarias a la Constitución es inducir a la prevaricación a los
tribunales y romper y corromper su moral y su mente. Pero podemos inclUir este
tipo de leyes entre las leyes-sabotaje, o sea, leyes cuya función es violar los
derechos de los ciudadanos y desbaratar el trabajo de los funcionarios y de todos
aquellos que trabajan por estos derechos y por el bien común.
Por ejemplo, son leyes-sabotaje aquellas que permiten que muchos delincuentes
sean detenidos por la policía decenas, y hasta cien veces y que continúen robando
a los así indefensos ciudadanos.
Son leyes-sabotaje las que impiden a los jóvenes aprender un oficio antes de tener
la edad laboral, pues tienen una enseñanza obligatoria no laboral que, además,
deben aprobar para poder hacer formación profesional.
En cambio, esos alumnos tienen el "derecho" de no hacer nada en clase, de
negarse a sacar los libros de la mochila y de, incluso, impedir la enseñanza a sus
compañeros durante todo el tiempo que dure para ellos la Enseñanza Obligatoria.
La clase política utiliza la excusa del derecho de unos para violar el derecho
de los demás. Pero, además, tampoco respeta el derecho del que sabotea las
clases, pues le está impidiendo una formación profesional que a menudo necesita
con urgencia. A veces, el sabotaje que realiza es una manera de descargar su
frustración por el sabotaje que la ley perpetra contra su propia formación y contra
su necesidad.
Es también un sabotaje un sistema de disciplina irracional a mas no poder que
trata de impedir una sanción inmediata al alumno que sabotea la clase, incluso
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6

insultando al profesor y fastidiando a sus compañeros, poniendo en peligro su
seguridad y la de los demás porque no hace caso de nada, etc. Cuando le llega
una pseudo-sanción al alumno agresor, la indisciplina ya está generalizada.
Cuando, en 1990, los profesores de secundaria fueron informados de la Ley
Orgánica General de Educación, LOGSE, algunos dijeron que hasta aquel
momento todavía eran profesores, pero que a partir de entonces serían
payasos (como los jueces ante las leyes contrarias a la Constitución, tienen en
común la perversión del ejercicio de su profesión, pero la evidencia de su rol
payasil (por ser títeres de los corruptos) no es únicamente intelectual, sino que a
menudo se materializa con la indefensión ante los insultos y la indisciplina).
De hecho, también las leyes contrarias a la Constitución han convertido los
tribunales en verdaderos circos en donde todos los payasos son tontos, pues
ignoran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los ciudadanos
necesitamos maestros, profesores, abogados, jueces y hasta policías de verdad,
que puedan realizar sus funciones y no que éstas sean saboteadas hasta
hacerles caer en la frustración, en la depresión y hasta en una ceguera
mental profunda, como es el caso de abogados, jueces y fiscales.
Necesitamos funcionarios sanos y no enfermos mentales de este tipo.
También debemos considerar leyes-sabotaje contrarias a la Constitución y al
derecho de los ciudadanos las perpetradas contra la estabilidad laboral (desde
1982) y las perpetradas contra el derecho a la vivienda, empezando por el
Decreto Boyer de 1985.
Si un empresario ignora un pequeño detalle de una ley, aunque sea absurdo,
puede correr con grandes consecuencias. Pero si nuestros dirigentes y los jueces
y abogados ignoran nuestros más importantes derechos, no pasa nada. Su
impunidad es la indefensión de los ciudadanos.
Edipo Rey, asociación contra la EXCLUSiÓN jurídica
Si no quieres que todos continuemos bailando al son de los corruptos, sean
conscientes o inconscientes, si no quieres que los honestos continúen
perdiendo, si no quieres que tu país se hunda y desaparezca, pasa esta
información y estas direcciones a quienes puedas. Y pasa también y pásanos
aquellas informaciones y contactos que creas también interesantes.
EdipRei@suport.org http://antigona.org http://edipo.info
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7

Estimado peticionario:
, 7
N o "
S A
Madrid, a 3 de julio de 2007
Le comunico que la Comisión de Peticione del Congreso de lo. Diputados, en su
seSlon de 26 de junio de 2007, ha tomado conocimiento de su petición y. una vez
examinada, ha adoptado, respecto de la misma, el acuerdo que a continuación literalmente
se transcribe:
Expte.: 280/004526/0002
Autor: Gobierno
Objeto: Devolución de la petición de don Joaquín González López, en la que denuncia el
incumplimiento por los legisladores de diversos artículos de la Constitución Española y
de la Declaración Universal de lo Derechos Humanos, por entender que el a. unto
interesado es competencia de la propia Cámara.
COlltestacióIl: .\1inislerio de la Presidencia, el 30 0-1 rr
AC ERDO: Trasladar a los Excmo . Sre .. Portavoces de los Grupos Parlamentarios
en el Congreso de los Diputados.
Saluda a Vd. atentamente.
DON JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ
El Presidente de la Comisión de Peticiones
Jordi Marsal Muntala
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Ultimátum I
para la Paz y la Concordia
entre TODOS
los Españoles.
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AL PLENO DE LA SALA DE LO CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPREMO
MADRID
Excelentísimos Señores:
"n~H\UNJ\L;:)ur. "-'"\..­
HEGISTRO GENERA
[1ABR2006] - :'í'b
PRESENTADO
En su propio nombre y derecho; como Presidente de "AJURA", Asociación
de apoyo al Jurado Público, a la no indefensión del ciudadano lego y a la
promoción de instituciones penitenciarias especiales; como delegado en
Madrid de la Asociación Nacional de Afectados por Errores y Abusos
Judiciales ("ANDAPEAJ"); y en su calidad de Representante legal del partido
Político "Ciudadanos Agobiados y Cabreados", ante este tal alto Tribunal
comparece don Joaquin Go 'Iez López actualmente domiciliado en la calle
Isla Barbados 12 de la loc . .

despotismo funcionarial y el corporativismo judicial. Exigir la diligencia, eficacia, buen trato y servicio del
funcionario a cualquier nivel. Denunciar y proceder en los casos de sentencias abusivas, politicas,
represivas y persecutorias. Exigir la ampliación de las competencias del jurado a los ERRORES Y
ABUSOS JUDICIALES en cualquier vía jurisdiccional. Promover la diferenciación entre justicia rogada y
aquella otra en que conocidos los hechos se deja de administrar la debida justicia. Promover que sean
apartados jueces y magistrados cuando sin motivación ni pruebas, por telefonema autorizan la entrada en
viviendas al ser un peligro para la sociedad en general y en particular para todo justiciable que su caso
haya sido visto o pueda ser visto por los mismos, además de denigrar la justicia. En cuanto al partido
politico, es obvio indicar sus inquietudes puesto que su nombre muy bien explica que esta formado por
una serie de "Ciudadanos Agobiados y Cabreados" que en 1993 decidieron formar partido.
Consideramos oportuno hacer estas aclaraciones para presentamos como profundamente inquietados
con quienes, habiendo tenido oportunidad y obligación de cumplir con lo acordado por quienes nos
representaron a todos cuando se consensuó la Constitución como Norma Fundamental del Estado, por
los motivos que fuere, han obviado cumplir lo dispuesto en los constitucionales artículos que citaremos, lo
que de forma llana y clara viene a decir que aquellos los descendientes de aquellos que después de
haberse asegurado la intervención armada de los Ejércitos Alemán e Italiano, cohecharon o corrompieron
a los Generales Sanju~o Mola y Franco -al legislar- se han pasando por los forros los constitucionales
mandatos con lo que han conseguido que el ordenamiento jurídico interno sea prácticamente el mismo
que obligo a nuestros mayores a cambiar el sistema de Gobierno por aquel en que los dirigentes pudieran
ser removidos o reelegidos cada cuatro años.
ANTECEDENTES DE HECHO: (Antes de comenzar permitasele al actor decir que si muy duras son algunas de las
palabras que aqui se dicen, más duro resulta comprobar como nos han engañado o tomado el pelo aquellos a quienes con toda
confianza elegimos como nuestros representantes políticos. Añade el actor, somos mayoría quienes prefiriendo una política de
derechos a la política de favores propia de los poderes oligárquicos o dictatoriales, con verdadera ilusión votamos SI en el
Referéndum a la Constitución como Norma Fundamental del Estado o Constitución de la Concordia dispuestos a olvidar lo que
hicieron aquel conjunto de terroristas para recuperar los privilegiados puestos ocupados durante la monarquia, porque el pueblo
llano habia decidido cambiar por otro sistema de Gobierno no absolutista que -cuando menos- pudiera ser renovado o reelegido
cada cierto tiempo).
Gran cantidad de ciudadanos españoles conoce que cuando aquellos terroristas conocieron los resultados de las elecciones
~ativas celebradas el 16 de febrero de 1936 se confirmaron sus presentimientos de que, democráticamente resultaría
Imposible continuar exprimiendo las 'ubres' de la vaca como estuvieron haciendo durante el reinado de don Alfonso XII y de don
Alfonso XIII, y, así, una vez asegurada la cooperación del Ejercito Alemán y del Ejercito Italiano, comisionaron a los Generales
Sanju~o, Mola y Franco para inicíar aquel sanguinario y cruel acto terrorista donde las hordas fascistas utilizaron a los españoles
que estaban cumpliendo el entonces servicio militar obligatorio, para que. armados por el Gobierno Republicano arengados por
los militares a quienes les habían enseñado a obedecer, a los gritos 'Por Dios y Por España' iniciaron aquel acto crimmal que
ahora sus descendientes pretender olvidar.
Todos conocemos como después del 1° de abril de 1939, las hordas asesinas masacraron a todos aquellos patriotas que con
riesgo y ilusión defendieron los ideales que les llevaron a elegIr otro sistema de Gobierno en abril de 1931. Esos vulgares
terroristas con corbata masacraron a aquellos jueces y magistrados honrados que, por su profesión u oficio, perfectamente
conocian que quienes iniciaron aquel sanguinario y cruel acto terrorista que comenzó el 18 de julio de 1936, también habían
mfringldo lo que el Código Penal entonces vigente denomina, delito de rebelión
htlp:Jlwww.wenceslaoroces.orglarcJlaso/articulosJargumentos/16.htm Reproduce lo publicado en la revista Argumentos n°
16 octubre, 1978), diciendo: Con la derrota de las fuerzas republicanas en la guerra civil se inició una fuerte represión de los
juristas demócratas. Los que no fueron encarcelados -{) ejecutados- resultaron expedientados, por el denominado Tribunal de
Responsabilidades Politicas, y privados arbitrariamente del ejercicio de su profesión. A la depuración de la judicatura, siguió la
promoción de paniaguados del régimen, por KméritOS»no profesionales, y una politica arbitraria de ascensos y sanciones,
destinada a romper cualquier veleidad de rectitud e independencia en la aplicación de la justicia.
Recordando que en "Diario 16· público un artículo donde el Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, que por aquel entonces ejercía como Vicepresidente del Consejo General del Poder José Luis
Manzanares Samaniego hoy Consejero Permanente de Estado, decía algo así como que en la judicatura,
todos entre si, o en su mayoría, eran padres, tíos, primos o hermanos, no puede el actor sino pensar que
los puestos de más alta responsabilidad de la Administración de Justicia, hoy están ocupados por quienes
descienden de aquellos terroristas ·paniaguados· que desde los Tribunales de la Muerte y desde los
Tribunales de Orden Público tan buenos servicios prestaron a quienes después de aliarse con las fuerzas
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del Eje Italo-Alemán corrompieron o cohecharon a los Generales Sanju~o, Mola y Franco para exterminar
a quienes lucharon por la igualdad, y la imparcialidad en la noble profesión de administrar la justicia que
emana de la representación política del pueblo soberano.
No puede extrañamos que cuando se ha de cubrir una vacante en puestos de gran representatividad en
la Administración de Justicia, las rémoras de aquellos terroristas se pongan de acuerdo antes de ceder el
espacio suficiente que permita a otro incorporarse si simpatiza con ellos. Prueba de lo que se dice está
demostrado en el eterno dominio de quienes se autodenominan conservadores en detrimento de los
apolíticos o progresistas, no sólo en la Sala segunda del Tribunal Supremo; en el Consejo General del
Poder Judicial, en la Fiscalía General del Estado sino también en el Tribunal Constitucional; aquel
Tribunal que mediante simple Auto o Providencia in-admite la práctica totalidad de los recursos de
amparo que presentan cada año aquellos ciudadanos que consideraban que la Justicia en España
funcionaba bien o muy bien. Triste experiencia la que sufrieron estos mismos ciudadanos que después de
haber invertido importantes cantidades de dinero entre Notarios Abogados y Procuradores, se debieron
sentir vilmente estafados.
La practica totalidad de los miembros de la judicatura, perfectamente conocen que los Autos no son
"fuente de doctrina vinculante", toda vez que ni la Jurisprudencia es fuente del Derecho, ni los Autos
integran la jurisprudencia ya que la justicia emana del Pueblo Soberano por cuanto así lo dispone el
constitucional artículo 117 y no de algún favorito del a Corte de don Alfonso XII como ahora acontece con
la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil que sea probó en 1989.
EXPOSICiÓN DE RAZONAMIENTOS EN BASE A LOS CONSTITUCIONALES ARTíCULOS:
Es de considerar el interés demostrado por ustedes (profesionales de la política), para que no se escape
ningún trabajador por cuenta ajena de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del Estado; si
ustedes hubieran tenido el mismo cuidado para legislar de acuerdo con lo que la Constitución dispone
sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, hubieran evitado que las irregularidades
administrativas que a continuación se citan produjeran la Indefensión de gran cantidad de ciudadanos.
10. .- No tenían ustedes que haber obviado lo dispuesto en el constitucional artículo 10.1. Al obviar
que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social han producido gran cantidad de resabiados con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
10.2.- En el 10.2 también se pasaron al obviar que las normas relativas a los derechos fundamentales
y a las libertades que la Constitución Española reconoce, se interpretaran de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España. (En referencia al constitucional artículo 18.4 y Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal).
14.- Se pasaron en cantidad al obviar el constitucional mandato que cita el constitucional articulo 14 que
dice: Los españoles son iguales ante la ley, sin que en ningún caso pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social (Se lo pasaron por los forros al mantener el privilegio del antejuicio y crear la Audiencia
Nacional).
16.2.- Se lo paso por los forros el Grupo Parlamentario Popular cuando, estando en la oposición, creo
aquel estado de gran alarma social que precisaba para satisfacer los mercantilistas intereses de la
oligarquía financiera acusando al actor de comerciar con datos intimos y secretos de más de 21 millones
de personas que, a cambio de dinero, le facilitaban diferentes funcionarios del Estado. Esos seres
repugnantes entre los que cabe destacar a Loyola del Palacio y Federico Trillo Figueroa, perfectamente
conocían que el artículo citado dispone: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideologia,
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eligión o creencia, lo que no les impidió, por las razones que fuere, acusar a los Gobiernos de
mantener aquel inexistente vacío legal.
16.3.- El primer párrafo del constitucional articulo 16.3 lo obviaron también supuestamente por
cuanto a las rémoras terroristas las interesa continuar gratificando a aquellos cebiles que después de
haber formado parte del a Santa Inquisición, bajo palio acompañaban al General Franco mientras
protegen a aquellos compañeros que violan a las novicias o abusan sexualmente de sus alumnos.
El 17.- dispone que: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, este artículo fue
obviado por el Grupo Parlamentario Socialista cuando por error y fuera de España detuvieron a don
Segundo Marey al considerarte miembro de ETA; Y lo están obviando todos aquellos que como Dirigentes
Delincuentes; Delincuentes Togados; Intelectuales y Delincuente y Letrados Delincuentes figuran en la
Web http://www.ajura.es
18.1,18.2 Y 18.3 Si los tres apartados reproducen íntegramente lo dispuesto en el articulo 12 de la
declaración Universal del os Derechos Humanos ¿qué texto legal cubre el vacío legal existente al obviar
que tal artículo añade?: Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias
o ataques.
18.4 Cuando ya el artículo 18, apartados 1°, 20 Y 3° perfectamente cubrían lo previsto en el artículo 12
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hubo un político "espabilado" que, supuestamente
con animo de forrarse, creo el apartado 4° por cuanto este supuesto iluminado preveía en 1978, que si no
se creaba una ley especial para limitar el uso de la informática, seria imposible garantizar el derecho al
honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos por mucho que el articulo 18.1 dijera: Se
garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; ¿aquel
espabilado o falso demócrata acaso pretendía satísfacer los mercantilistas intereses de las entidades
credíticias a quienes interesaba continuar trapicheando con el fichero de morosos denominado Registro
Automatizado de Impagados o RAI? por mucho que esta acción vulnerara el honor y de constitucional
derecho a la presunción de inocencia del as personas que garantizan los constitucionales artículos 18.1 y
24.2 de la Constitución Española vígente.
22.- El artículo 22 se vulnero cuando el Poder Ejecutivo consiguió que la Sala Especial del artículo 61.1
de la LOPJ vulnerara el derecho de asociación de cientos de miles de ciudadanos vascos.
47.- El 47 esta siendo vulnerado como nos demostró la acción del Tamayazo; el constitucional artículo
53.2 se lo han pasado los profesionales de la política por los forros supuestamente para poder continuar
expoliando dentro de la más absoluta impunidad.
Al haber obviado lo dispuesto en los constitucionales articulos 67.1 y 69.1 han podido monopolizar las
Cortes Generales del Estado supuestamente para poder engañar estafar o timar a la practica totalidad de
los ciudadanos; el 96 ha sido vulnerado puesto que no han hecho ni "puto" caso al Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos al igual que ha sucedido con la Carta de los Derechos
Humanos de la Unión Europea; de lo dispuesto en los artículos 117.1,117.3,117.4,118,120,121,124 Y
125 de la Constitución Española aprobada como Norma Fundamental del Estado hablaremos más
despacio en la:
FUNDAMENTOS DE DERECHO: Los profesionales de la política, que aprobaron la Ley 62/1978 de
Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, que solamente ocupa dos
páginas en el Boletín Oficial del Estado; se pasaron en cantidad al aprobar la Ley Orgánica 5/1992, de 29
de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal; que, en su muy
amplio espacio de Exposición de Motivos decía lo que a continuación se reproduce. (Exposición de
Motivos que desapareció al aprobarse la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
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IV

personal, dos leyes más un ente público generador de gastos con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, exclusivamente para favorecer los mercantilistas intereses de la Oligarquía Financiera, y
simplemente dos páginas -en el BOE- para que los ciudadanos puedan recabar sus constitucionales
derechos ante los tribunales ordinarios en aquel procedimiento basado en los principios de prioridad y
sumariedad que dispone el constitucional artículo 53.2).
La Constitución española, en su artículo 18.4, emplaza al legislador a limitar el uso de la informática para garantizar el honor, la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el legitimo ejerciciO de sus derechos. La aún reciente aprobación de nuestra
Constitución y, por tanto, su moderno carácter, le permitió expresamente la articulación de garantías contra la posible utilización
torticera de ese fenómeno de la contemporaneidad que es la informática.
El progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos y de acceso a los mismos ha expuesto a la
pnvacidad, en efecto, a una amenaza potenCIal antes desconocida, Nótese que se habla de la privacidad y no de la mtimidad:
Aquélla es más amplia que ésta, pues en tanto la intimidad protege la esfera en que se desarrollan las facetas más Singularmente
reservadas de la vida de la persona -el domicilio donde realiza su vida cotidiana, las comunicaciones en las que expresa sus
sentimientos, por ejemplo-, la privacidad constituye un conjunto, más amplio, más global, de facetas de su personalidad que,
aisladamente consideradas, pueden carecer de significación intrinseca pero que, coherentemente enlazadas entre si, arrojan
como precipitado un retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado. Y si la intimidad, en
sentido estricto, está suficientemente protegida por las previsiones de los tres primeros párrafos del articulo 18 de la Constitución
y por las leyes que los desarrollan, la privacidad puede resultar menoscabada por la utilización de las tecnologias Informáticas de
tan reciente desarrollo.
Ello es asi porque, hasta el presente, las fronteras de la privacidad estaban defendidas por el tiempo y el espacio. El pnmero
procuraba, con su transcurso, que se evanescieran los recuerdos de las actividades ajenas, impidiendo, asi, la configuración de
una historia lineal e ininterrumpida de la persona: el segundo, con la distanCIa que imponía, hasta hace poco dificilmente
superable, impedía que tUViésemos conocimienlo de los hechos que, protagonizados por los demás, hubieran tenido lugar lejos
de donde nos hallábamos. El tiempo y el espacIo operaban, asi, como salvaguarda de la privacidad de la persona
Uno y otro limite han desaparecido hOy Las modemas técnicas de comunicacIón permiten salvar sin dificultades el espacio, y la
Informática posibilita almacenar todos los datos que se obtienen a través de las comunicaciones y acceder a ellos en apenas
segundos, por distante que fuera el lugar donde transcurrieron los hechos, o remotos que fueran éstos Los más diversos datos ­
sobre la Infancia, sobre la Vida académica. profeSional o laboral, sobre los hábitos de vida y consumo, sobre el uso del
denominado sobre las relaciones personales o, incluso, sobre las creencías religiosas e ideologías, por poner
solo algunos elemplos- relativos a las personas podrian ser, asi, compilados y obtenidos Sin dificultad. Ello permitiría a quien
dispusiese de ellos acceder a un conOCImientocabal de actitudes, hechos o pautas de comportamiento que, sin duda, pertenecen
a la esfera privada de las personas, a aquélla a la que sólo deben tener acceso el individuo y, qUizás, qUienes le son más
próximos, o aquellos a los que él autorice Aún más: El conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar un determinado perfil
de la persona, o configurar una determinada reputación o fama que es, en definitiva, expresión del honor; y este perfil, sin duda,
puede resultar luego valorado, favorable o desfavorablemente, para las más diversas actividades públicas o privadas, como
pueden ser la obtenC1ónde un empleo, la concesión de un préstamo o la admisión en determinados colectivos.
Se hace preciso, pues, delimitar una nueva frontera de la intimidad y del honor una frontera que sustituyendo los límites antes
definidos por el tiempo y el espacio, los proteja frente a la utilización mecanizada, ordenada y discriminada de los datos a ellos
referentes; una frontera, en suma, que garantice que un elemento objetivamente provechoso para la Humanidad no redunde en
perjuiCIOpara las personas. La fijación de esa nueva frontera es el objetivo de la previsión contenida en el artículo 18.4 de la
Constitución, y al cumplimiento de ese objetívo responde la presente Ley Partiendo de que su finalidad es hacer frente a los
riesgos que para los derechos de la personalidad puede suponer el acopio y tratamiento de datos por medios informábcos, la Ley
se nuclea en tomo a los que convencionalmente se denominan ' Es la existenCia de estos ficheros y la
utilizaCión que de ellos podria hacerse la que justifica la necesidad de la nueva frontera de la intimidad y del honor
A tal efecto, la Ley Introduce el concepto de tratamiento de datos, concibiendo los ficheros desde una perspectiva dinámica, dicho
en otros términos, no los entiende sólo como un mero depósito de datos, SinOtambién, y sobre todo, como una globalidad de
procesos o aplicaciones informáticas que se llevan a cabo con los datos almacenados y que son susceptibles, si llegasen a
conectarse entre si, de configurar el perfil personal al que antes se hizo referencia La Ley está animada por la Idea de implantar
mecanismos cautelares que prevengan las violaCIones de la pnvacidad que pudieran resultar del tratamiento de la información. A
tal efecto se estructura en una parte general y otra especial. La primera atiende a recoger los pnnciplos en los que ha cflstalizado
una opinio iuris, generada a lo largo de dos décadas, y define derechos y garantías encaminados a asegurar la observanCia de
tales pnnclplos generales. Alimentan esta parte general, pues, preceptos delimltadores del ámbito de aplicación de la Ley,
principios reguladores de la recogida, registro y uso de datos personales y, sobre todo, garantías de la persona.
El ámbito de aplicación se define por exclusión, quedando fuera de él, por ejemplo, los datos anónimos, que constituyen
información de dominio público o recogen información, con la finalidad, precisamente, de darla a conocer al público en general ­
como pueden ser los registros de la propiedad o mercantiles-, asi como, por último, los de uso estrictamente personal. De otro
lado, parece conveniente la permanencia de las regulaciones especiales que contienen ya suficientes normas de protección y
que se refieren a ámbitos que revisten tal singularidad en cuanto a sus funciones y sus mecanismos de puesta al día y
rectificación que aconsejan el mantenimiento de su régimen específico. Así ocurre, por ejemplo, con las regulaciones de los
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v

ficheros electorales, del Registro Civil o del Registro Central de Penados y Rebeldes: asi acontece, también, con los ficheros
regulados por la Ley 12/1989, de 12 de mayo, sobre función estadística pública, si bien que, en este último caso, con sujeción a
la Agencia de Protección de Datos. En fin, quedan también fuera del ámbito de la norma aquellos datos que, en Virtud de
intereses públicos prevalentes, no deben estar sometidos a su régimen cautelar.
Los principios generales, por su parte, definen las pautas a las que debe atenerse la recogida de datos de carácter personal,
pautas encaminadas a garantizar tanto la veracidad de la información contenida en los datos almacenados cuanto la congruencia
y la racionalidad de la utilización de los datos. Este pnnClpro. verdaderamente cardinal, de la congruencia y la racionalidad,
garantiza que los datos no puedan ser usados sino cuando lo justifique la finalidad para la que han Sido recabados; su
observancia es, por ello, capital para evitar la difusión incontrolada de la información que, siguiendo el mandato constitucional, se
pretende limitar.
Por su parte, el prinCIpio de consenhmlento, o de autodeterminación, otorga a la persona la posibilidad de determinar el nivel de
proteCCIónde los datos a ella referentes Su base está constituida por la exigencia del consentimiento consciente e informado del
afectado para que la recogida de datos sea lícita; sus contomos, por otro lado, se refuerzan singularmente en los denominados
, como pueden ser, de una parte, la ideología o creencias religiosas -cuya privacidad está expresamente
garantizada por la Constitución en su artículo 16.2- y, de otra parte, la raza, la salud y la vida sexual. La protección reforzada de
estos datos viene determinada porque los primeros de entre los datos mencíonados sólo serán disponibles con el consentimiento
expreso y por escrito del afectado, y los segundos sólo serán susceptibles de recopilación mediando dicho consentimiento o una
habilitación legal expresa, habilitación que, según exigencia de la propia Ley Orgánica, ha de fundarse en razones de interés
general; en todo caso, se establece la prohibición de los ficheros creados con la exclusiva finalidad de almacenar datos
personales que expresen las mencionadas características. En este punto, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 de la
Conslltución, se atienden las exigencias y previsiones que para estos datos se contienen en el Convenio Europeo para la
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos con carácter personal, de 1981, ratificado por
España.
Para la adecuada configuración, que esta Ley se propone, de la nueva garantía de la inllmidad y del honor resulta esenCIal la
correcta regulación de la cesión de los datos almacenados Es, en efecto, el cruce de los datos almacenados en diversas
pnvacidad. Para prevenir estos perturbadores efectos, la Ley completa el prinCipio del consentimiento, eXigiendo que, al
~
procederse a la recogida de los datos, el afectado sea debidamente Informado del uso que se les puede dar, al objeto de que el
consentimiento se preste con conocimiento cabal de su exacto alcance. Sólo las previsiones del Convenio Europeo para la
instanCi.aso ficheros el que puede arrojar el repetidamente aludido perfil personal, cuya obtención tra.nsgrediria los límites de la
protección de los Derechos Fundamentales de la Persona -artículo 82- y del Convenio 108 del Consejo de Europa -articulo 9 2-,
ue se fundamentan en exigencias lógicas en toda sociedad democrática, constituyen excepciones a esta regla
Las garantias de la persona son los nutnentes nucleares de la parte general, y se configuran juridlcamente como derechos
subjetivos encamlOados a hacer operativos los principios genéricos Son, en efecto, los derechos de autodetermlnaaón, de
amparo, de rectificación y de cancelación los que otorgan virtualidad normativa y eficacia juridica a los principios consagrados en
la parte general, principios que, SIOlos derechos subjetivos ahora aludidos, no rebasarían un contenido meramente programállco.
En concreto, los derechos de acceso a los datos, de rectificación y de cancelación, se constituyen como piezas centrales del
sIstema cautelar o preventivo instaurado por la Ley El primero de ellos ha cobrado en nuestro país, incluso, plasmación
constitucional en lo que se refiere a los datos que obran en poder de las Administraciones Públicas (articulo 105.b). En
consonancia con ello queda recogido en la Ley en términos rotundos, no previéndose más excepciones que las derivadas de la
puesta en peligro de bienes jurídicos en lo relativo al acceso a los datos policiales y a los precisos para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias en lo referente a los datos de este carácter, excepciones ambas que pueden entenderse
expresamente recogidas en el propio precepto constitucional antes citado, asi como en el Convenio Europeo para la protección
de los Derechos Fundamentales.
Para la articulación de los extremos concretos que han de regir los ficheros de datos, la parte espeaal de la Ley comienza
dishngUlendo en su Titulo Cuarto, entre los distintos tipos de ficheros, segun sea su titulandad publica o privada. Con la
pretensión de evitar una pemiciosa burocratizaclón, la Ley ha desechado el establecimiento de supuestos como la autorización
previa o la inscripción constitutiva en un regi tro Simultáneamente, ha establecido regímenes diferenciados para los ficheros en
razón de su titularidad, toda vez que, con toda evidencia, resulta más problemático el control de los de Iitularidad privada que el
de aquéllos de titularidad pública En efecto, en lo relativo a estos últimos, no basta la mera voluntad del responsable del fichero
SIOOque es precisa norma habilitante, naturalmente pública y sometida al control Jurisdiccional, para creanos y explotanos,
siendo en estos supuestos el informe previo del órgano de tutela el cauce idóneo para controlar la adecuación de la explotación a
las exigencias legales y recomendar, en su caso, las medidas pertinentes
Otras diSposiCiones de la parte espeCial que procede destacar son las atinentes a la transmisión internacional de los datos. En
este punto, la Ley traspone la norma del articulo 12 del Convenio 108 del Consejo de Europa, apuntando aSI una solución para lo
que ha dado en llamarse flujo transfronterizo de datos. La protección de la integridad de la información personal se concilia, de
esta suerte, con el libre flujo de los datos, que constituye una auténtica necesidad de la vida actual de la que las transferenCias
bancarias, las reservas de pasajes aéreos o el auxilio judicial internacional pueden ser simples botones de muestra. Se ha optado
por exigir que el país de destino cuente en su ordenamiento con un sistema de protección equivalente al español, si bien
permitiendo la autorizaCión de la Agencia cuando tal sistema no exista pero se ofrezcan garantias suficientes. Con ello no sólo se
cumple con una exigencia lógica, la de evitar un fallo que pueda producirse en el sistema de protección a través del flujo a paises
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VI

que no cuentan con garantías adecuadas, sino también con las previsiones de instrumentos intemacionales como los Acuerdos
de Schengen o las futuras normas comunitarias.
Para asegurar la máxima eficacia de sus disposiciones, la Ley encomienda el control de su aplicación a un órgano independiente,
al que atribuye el estatuto de Ente público en los términos del artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria. A tal efecto la Ley
configura un órgano especializado, denominado Agencia de Protección de Datos, a cuyo frente sitúa un Director. La AgenCia se
caracteriza por la absoluta independencia de su Director en el ejercicio de sus funCiones, Independencia que trae causa, en
primer lugar, de un expreso imperativo legal, pero que se garantiza, en todo caso, mediante el establecimiento de un mandato fijo
que sólo puede ser acortado por un númerus clausus de causas de cese. La Agencia dispondrá, además, de un órgano de apoyo
definido por los caracteres de coIegiaCIón y representatividad, en el que obtendrán presencia las Cámaras que representan a la
soberania nacional, las Administraciones Públicas en cuanto titulares de ficheros objeto de la presente Ley, el sector privado, las
organiZaCIones de usuarios y consumidores y otras personas relacionadas con las diversas funciones que cumplen los archivos
informatizados
El inevitable desfase que las normas de derecho positivo ofrecen respecto de las transformaciones SOCIaleses, si cabe, más
acusado en este terreno, cuya evolUCión tecnológica es espeCIalmente, dinámica. Ello hace aconsejable, a la hora de normar
estos campos, acudir a mecanismos juridicos dotados de menor nivel de vinculación, susceptibles de una elaboración o
modificación más rápida de lo habitual y caracterizados por que es la voluntaria aceptación de sus destinatarios la que les otorga
eficacia normativa. En esta linea la Ley recoge normas de autorregulaci6n, compatibles con las recomendaciones de la Agencia,
que evitan los inconvenientes derivados de la especial rigidez de la Ley Orgánica que, por su propia naturaleza, es inidónea para
un acentuado casuismo. La propia experiencia de lo ocurrido con el Convenio del Consejo de Europa, que ha tenido que ser
objeto de múltiples modificaciones al socaire de las distintas innovaciones tecnológicas, de las sucesivas y diferentes
aplicaciones -estadística, Seguridad Social, relaciones de empleo, datos policía/es, publicidad directa o ta~etas de crédito, entre
otras-o de la ampliación de los campos de utilización-servicio telefónico o correo electrónico-aconseja recurrir a las citadas
normas de autorregulación.
De ahi que la Ley acuda a ellas para aplicar las preVisiones legales a los distintos sectores de actiVidad Tales normas serán
elaboradas por iniciativa de la asociaciones y organizaciones pertinentes y serán aprobadas sin valor reglamentano, por la
Agencia, siendo precisamente la iniciativa y participación de las entidades afectadas la garantía de la Virtualidad de las normas,
La Ley no consagra nuevos tipos delictivos, ni define supuestos de responsabilidad penal para la eventualidad de su
incumplimiento. Ello obedece a que se entiende que la sede lógica para tales menesteres no es esta Ley sino sólo el Código
Penal Si se atribuye, sin embargo, a la Administración la potestad sancionadora que es lógico correlato de su función de
Inspección del uso de los ficheros, similar a las demás inspecciones admlnistrallvas, y que se configura de distinta forma según
se proyecte sobre la utiliZaCIón Indebida de los ficheros públicos, en cuyo caso procederá la oportuna responsabilidad
Isciplinaria, o sobre los privados, para cuyo supuesto se prevén sanciones pecuniarias.
De acuerdo con la práctica usual, la Ley se limita a tipificar, de conformidad con lo requerido por la junsprudencia constitucional y
ordinaria, unos supuestos genéricos de responsabilidad administrativa, recogiendo una gradación de infracciones que sigue la
habitual distinCión entre leves, graves y muy graves, y que toma como criteno básico el de los bienes jurídiCOSemanados. Las
sanCiones, a su vez, difieren según que los fICheros indebidamente utilizados sean públicos o privados: en el primer caso,
procederá la responsabilidad disciplinaria, sin pe'luicio de la intervención del Defensor del Pueblo; para el segundo, se prevén
sanciones pecuniarías; en todo caso, se articula la posibilidad en los supuestos, constitutivos de infracción muy grave, de cesión
ilicita de datos o de cualquier otro atentado contra los derechos de los afectados que revista gravedad, de inmovilizar los ficheros.
Finalmente, la Ley estipula un periodo transitorio que se justifica por la necesidad de ajustar la utilización de los ficheros
existentes a las disposiciones legales Pasado este periodo transitorio, y una vez en vigor la Ley, podrá muy bien decirse, una
vez más, que el desarrollo legislativo de un precepto constitucional se traduce en una protección reforzada de los derechos
fundamentales del ciudadano En este caso, al desarrollar leglslativamente el mandato constituCional de limitar el uso de la
informática, se está estableciendo un nuevo y más consistente derecho a la privaodad de las personas.
Notable diferencia con la prácticamente ya desaparecida Ley 6211978 de protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona, que bien pudiera no ser del agrado de quines querían continuar
expoliándonos
LEY ORGÁNICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, SOBRE MODIFICACiÓN DE LA LEY ORGÁNICA 111982,
DE 5 DE MAYO, SOBRE PROTECCiÓN DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y
FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN. Aprobada, según parece, para que los profesionales de la política
puedan autoprotegerse ya que comienza diciendo:
El articulo 71 de la constitución, en sus números 1 y 2, garantiza la inviolabilidad e inmunidad de los diputados y senadores por
las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y actividades realizadas durante el periodo de su mandato, garantías
que recogen también los reglamentos vigentes del congreso de los diputados (articulo 10 y 11), Y del senado (artículo 21 y 22).
Tales garantías pueden resultar afectadas por lo dispuesto en la ley orgánica 111982,de 5 de mayo, sobre protección del derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuando los diputados o senadores expresen opiniones que están
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VII

estrechamente conectadas con sus funCIones par1amentanas, pero no se producen dentro de las sedes de las cámaras, y a las
que no alcanzaría el prinCIpiOde invIolabilidad ya referido.
LEY ORGÁNICA 5/1995 DEL TRIBUNAL DEL JURADO que desarrolla el constitucional derecho de los
ciudadanos a participar en la Administración de justicia mediante la institución del Jurado Constitucional
derecho que los profesionales de la política, supuestamente para evitar que los miembros de la Carrera
Judicial no pudieran continuar resolviendo mediante el ejercicio corporativo, han obviado legislar hasta
1995, ley orgánica que, tras una amplísima Exposición de Motivos, si en su articulo 1 1 dispone que:
El Tnbunal del Jurado, como mstltuclOO para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. tendrá
competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los
contenidos en las siguientes rúbricas a) Delitos contra las personas
b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos
e) Delitos contra el honor
d) Delitos contra la libertad y la seguridad.
e) Delitos de incendios.
2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado será competente para el
conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal'
a) Del homicidio (articulos 138 a 140).
b) De las amenazas (articulo 169.1.°).
e) De la omisión del deber de socorro (articulos 195 y 196).
d) Del allanamiento de morada (articulos 202 y 204).
e) De los incendios forestales (articulos 352 a 354).
n De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415)
g) Del cohecho (artículos 419 a 426)
h) Del tráfico de influenCIas (articulos 428 a 430).
i) De la malversación de caudales públicos (articulos 432 a 434).
j) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)
k) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (articulos 439 y 440)
1)De la infidelidad en la custodia de presos (articulo 471)
(Apartado mod f :;ajo [)()( ••••t Org lea 10 1995)
. El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la AudienCIa Provincial y. en su caso. de los Tnbunales que correspondan
por razón del atoramiento del acusado. En todo caso quedan exduidos de la competencia del Jurado. los delitos cuyo
enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.
Para más vulnerar este constitucional derecho de los ciudadanos, que permitiría que jueces magistrados
y políticos pudieran ser juzgados por el pueblo soberano por todos los delitos que pudieran cometer en el
ejercicio de sus funciones; gracias a las enmiendas presentas por el Grupo Parlamentario Popular y
Coalición Canaria (que fueron aprobadas por el resto de los profesionales de la política), en su supuesto
afán de mantener la impunidad de los miembros de la Carrera Judicial supuestamente para que pudieran
continuar resolviendo mediante el ejercicio corporativo, o aplicando la Ley del Embudo, prácticamente
anularon el articulo 1.10 al aprobar el artículo 1.2 que reduce drásticamente la competencia de los
miembros del Tribunal del Jurado. cuando se trata de juzgar los delitos de corrupción y de prevaricación,
entre otros, que solamente pueden cometer los funcionarios públicos entre los que cabe incluir a los
miembros de la Carrera Judicial, a los profesionales de la politica con representación Parlamentaria y al
resto de los funcionarios del Estado.
La LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO DEL TRIBUNAL DEL JURADO en la Disposición
adicional primera Supresión del antejuicio. Quedan derogados el articulo 410 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Título 11 del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
El antejuicio era una prerrogativa especial que tenian los jueces desde que se aprobó aquella antiquísima
Ley de Enjuiciamiento Criminal a la que ya hicimos referencia; posteriormente, y como también dijimos, lo
acordaron al aprobarse la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó en 1985, que es a la que hace
referencia el texto legal antenormente reproducido.
Que cuando de mayoría absoluta gozaba el Grupo Parlamentario Popular y el preceptivo antejuicio había
sido eliminado al aprobarse la Ley Orgáníca del Tribunal del Jurado, se actualizo este artículo que ahora
dispone: (Artículo 410 (Artículo modificado por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diCiembre), . En el caso
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VIII

de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese interés en él, formulasen
querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con carácter previo a la
admisión de ésta el órgano competente para su instrucción podrá recabar los antecedentes que
considere oportunos a fin de determinar su propia competencia asi como la relevancia penal de
los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación. Con lo que podemos comprobar
que la prerrogativa especial del antejuicio (dicho con otras palabras), vuelve a garantizar la Impunidad de
los miembros de la Carrera Judicial.
Dicho de otra forma, este texto legal vulnera el constitucional derecho de los ciudadanos a participar en la
Administración de Justicia mediante la institución del Jurado cuando se trata de juzgar a algún juez o
magistrado, ya que: con carácter previo a la admisión de ésta el órgano competente para su
instrucción podrá recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia
competencia así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de
la imputación.
lEY ORGÁNICA 8/1995, de 16 de noviembre, por la que se modifica la ley Orgánica 5/1995, de 22
de mayo, del Tribunal del Jurado. En su articulo 11 dispone: El párrafo segundo del apartado 2 del
artículo 5 queda redactado de la siguiente forma: cNo obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 1 de la presente ley, en ningún caso podrá enjuiciarse por conexión el
delito de prevaricación, así como aquellos delitos conexos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse
por separado sin que se rompa la continencia de la causa.»
LEY 29/1998 REGULADORA DE LA JURISDICCiÓN CONTENCIOSO·ADMINISTRATIVA, única capaz
de controlar la legalidad de la actividad administrativa aun cuando se indemniza con cargo a la
responsabilidad patrimonial del Estado, esto quiere decir que con el dinero de todos los ciudadanos en el
supuesto que tengas suerte y no te encuentras con que resuelvan mediante el ejerciCIOcorporativo como
hicieron el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo don Ennque Cancer Lalanne y los
Magistrados don Manuel Poded Miranda, don Juan José González Rivas, don Femando Martin González
y don Nicolás Maurandi Guillen, en el Recurso contencioso-administrativo 1/430/1999, Recurso que los
miembros de la Sala acordaron supuestamente para no dejar jurisdiccionalmente resuelto que los
...) miembros del Consejo de Ministros celebrado el15 de octubre de 1999, habían infnngido lo dispuesto en
el artículo 542 del Código Penal.
LEY ORGÁNICA 15/1999 DE 13 DE DICIEMBRE DE PROTECCiÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL Que en la disposición derogatoria Única. Dispone: Queda derogada la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal
LEY ORGÁNICA 4/2001, DE 12 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DEL DERECHO DE PETICiÓN, que
suplió a la Ley de 22 de diciembre de 1960, pero que los profesionales de la política, tanto en el Congreso
de los Diputados, como en el Ministerio de Justicia; en el Complejo de la Moncloa, sea uno u otro el
Presidente de Gobierno el de turno; como en la Casa de Su Majestad el Jefe del Estado se pasan por los
forros ese constitucional derecho, cuando dictan el preceptivo acuse de recibo diciendo que remiten el
escrito al Ministerio de Justicia donde darán la callada por respuesta, este en el Gobierno uno u otro
Grupo Par1amentario,lo que pudiera probar que es norma o costumbre de los profesionales de la política,
según podemos probar documentalmente.
En la Web http://www.ajura.org íntegramente se reproducía el escrito que debidamente protocolizado
entrego en mano el Notario que se cita, al personal responsable de la Casa de Su Majestad el Rey (en su
calidad de Jefe del Estado), de cuyo escrito,. El personal del Palacio de la zarzuela, supuestamente bajo
las directlices marcadas por tan alta autoridad, han dado la callada por respuesta a pesar de haber
transcurrido casi cinco años.
A tenor con lo dispuesto en el artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 29 de julio de 2004,
en el Regístro de Entrada del Complejo de la Moncloa se entrego un escrito donde, a la
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IX

De nada sirve el que el Código Penal en su articulo 542 disponga: Incurrirá en la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el
funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos civicos
reconocidos por la Constitución y las Leyes; si cualqUier Ciudadano decide querellarse, se encontrara
con que la Sala Segunda del Tribunal Supremo resolverá mediante el ejercicio corporativo. Solamente
existe la posibilidad de reclamar indemnización en vía contencioso-administrativa; con lo que serás
indemnizado con el dinero de todos los ciudadanos no de quien infringe el Código Penal.
RAZONAMIENTOS clvlcos: Conociendo que para prosperar resulta imposible prescindir de quines a
cambio de un salario realizan las tareas precisas para generar riqueza. Que la Constitución que por
mayoría aprobamos el 6 de mayo de 1978 es la Norma Suprema o contrato que ha de regir para la
normal convivencia consiguiendo una España unificada. Conociendo que la Administración de Justicia es
la materia prima o base para vivir en democracia. Que con una administración de justicia parcialmente
corrupta -como la que actualmente sufrimos- será imposible alcanzar la plenitud del Estado de Derecho,
se hace preciso actualizar los textos legales que a continuación se citan junto a los argumentos que se
exponen.
Conociendo que en UE somos uno de los paises con el más bajo índice de salarios y "disfruta" de las
tarifas más altas lo que redunda en beneficio de la oligarquía financiera en detrimento de los ciudadanos,
ya que la precariedad en el empleo aumenta cada dia a la vez que los salarios y las pensiones pierden
poder adquisitivo; por lo debemos al menos conseguir que los fundamentales derechos de los
ciudadanos, a la libertad, al honor, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, etc.
puedan recabarse ante los tribunales ordinarios por aquel procedimiento basado en los principios de
prioridad y sumariedad que dispone el arto 53.2 lo que ahora no sucede según se desprende de las
resoluciones judiciales que al final del escrito se reproducen aún cuando aquí se citen:
Que lo que se afirma es cierto lo dejan documentalmente probado las resoluciones acordadas por los
Excelentísimos Señores don Enrique Ruiz Vadillo entonces Presidente de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo (hoy fallecido)' el entonces Fiscal Jefe de la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo, don
José Mana Luzón Cuesta; y los Magistrados don Femando Cotta y Márquez de Prado y don José Manuel
Martinez-Pereda Rodríguez
También resolvieron obviando el constitucional derecho a un proceso público y con todas las garantías
que cita el constitucional artículo 24.2 (según "dicen" en la Secretaria de Gobiemo del Tribunal Supremo),
los cinco Presidentes de cada una de las cinco Salas del Tribunal Supremo que formaron la Sala Especial
del Tribunal Supremo el día 13 de julio de 1999 don Ignacio Gil de la Cuesta; don Ángel Ruiz García; don
Luis Gil Suárez que actuaba como Magistrado Ponente, don José Maria Ruiz-Jarabo Ferrán y don
Gregono García Ancos que firmaron aquella resolución tan manifiestamente injusta como contrana a
derecho
Con su firma respaldaron aquel supuestamente delictlvo Auto -donde a sabiendas se dictaban
resoluciones antijurídicas por contranas a Derecho- los Magistrados del Tribunal Supremo más antiguos.
don Pedro Antonio Mateos García; don Alfonso Villagómez Rodil; don Adolfo Prego de Oliver y Tolivar;
don Aurelio Desdentado Bonete don José Francisco QuerolLombardero y los más modemos don Román
García Varela; don Carlos García Lozano; don Andrés Martínez Anieta; don Nicolas AntOniO Maurendi
Guillén y don Jesús Gullón Rodnguez.
Tanto esos Magistrados del Tribunal Supremo, que ya han sido citados, como los Magistrados del
Tribunal Constitucional que a continuación se citarán, y la práctica totalidad de los miembros de la
Carrera Judicial, conocen perfectamente que ni la jurisprudencia es la fuente del Derecho, ni los Autos
integran la jurisprudencia puesto que así lo dispone el constitucional artículo 117 y el 10 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial cuando dice: la justicia emana del pueblo, y la administran los jueces y
magistrados que integran el Poder Judicial.
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x

Esto lo conocían los Excelentísimos Señores Jiménez de Parga Cabrera; Cachón Villar y Casas
Baamonde, al Igual que los también Magistrados del Tribunal Constitucional de Mendizábal Allende;
Vives Antón y Jiménez Sánchez quienes sabiendo que cuando la Constitución dice: Todas las personas
tienen derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legitimas, añade: sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión decidieron in­
admitir los recursos de amparo que habíamos presentado tras recibir los autos expuestos en la página
Biblioteca de la Web www.alura-ong.comlbibhoteca. lo que en la practica significa que, quienes
considerando que la justicia en España funciona bien o muy bien, en amparo recurrieron ante el Tribunal
Constitucional fueron vilmente estafados por quienes a priori conocían que el Tribunal Constitucional in­
admite la practica totalidad de los recursos de amparo que recibe cada año amparados en esa inexistente
jurisprudencia.
RAZONAMIENTOS LÓGICOS: Muchos de nosotros -descendientes de los denominados rojos­
conociendo algunos de estos hechos con verdadera ilusión votamos sí a la Constitución Española que se
aprobó el6 de diciembre de 1978 y, a pesar de que nuestros ascendientes -cuando fueron consultados­
eligieron la Republica como forma de Gobierno, nosotros aceptamos la Monarquia Parlamentaria
impuesta en la Norma Fundamental del Estado al suponer que rojos y fascistas viviríamos en paz y en
democracia por lo que procedía considerar que lo pasado y procedia vivir en paz.
Hoya la vista de lo anteriormente expuesto no nos queda otro remedio que reclamar el ser indemnizados
por las lesiones sufridas en nuestros bienes y derechos ya que son consecuencia del funcionamiento
anormal de los Poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial
Conociendo que la Administración de Justicia no es ningún cachondeo, sino el más grave problema que
tenemos en España para poder alcanzar la plenitud del Estado de Derecho Que la Administración de
Justicia es la materia prima o base para vivir en democracia Que con una administración de justicia
parcialmente corrupta, como la que actualmente sufnmos (ver las resoluciones judiciales que al final de
este escrito se reproducen) considera el actor que, será imposible vivir en paz y en democraCia.
Conociendo las rémoras de la monarquia, para continuar exprimiendo las 'tetas" de la vaca, dividieron a
los españoles en dos diferentes bandos creando de forma Intencionada un chma de enfrentamiento
cuando erigiéndose en representantes de empresanos y terratenientes, Instaron -a quienes fuera- a
colaborar económicamente para someter por las armas a aquellos trabajadores que artos de ya de ser
explotados y expoliados -por políticos corruptos- decidieron elegir un sistema de Gobierno diferente en el
que cada cuatro años pudiera ser sustituido si sus miembros se pasaban de rosca o de listos.
Conociendo que en la actualidad, el Grupo Parlamentario Popular -tratando de recuperar nuevamente el
Gobierno que perdió después de que "alguno" nos situara en el punto de mira del terrorismo islamista­
esta utilizando los mismos métodos que utilizo para crear aquel clima de enfrentamiento que les llevo a
obtener mayoría parlamentaria suficiente para formar Gobierno en 1996 no puede, un anciano como yo,
sino recordar lo vivido observando como los profesionales de la política, supuestamente para continuar
enriqueciéndose excesivamente dentro de la más absoluta impunidad, continúan administrando la misma
parcial justicia que se administraba en España cuando sea probo la TRepúbhca
Los profesionales de la política perfectamente conocen que se les elige y pagan muy importantes
cantidades de dinero con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por actuar como representantes
políticos del Pueblo Soberano, no por segUir las directrices marcadas por el Poder Oligárquico; razón por
la que no es de recibo el que, habiendo sido consensuada la Constitución Española hoy vigente entre
todos los grupos políticos, no se haya legislado adecuadamente de acuerdo con lo consensuado para que
los derechos cíVICOSde los Ciudadanos puedan recabarse ante los tribunales ordlnanos o ante el Tribunal
Constitucional que como todos conocemos in-admite la practica totalidad de los recursos de amparo que
recibe cada año.
Indudablemente los ciudadanos españoles continúan divididos como lo demuestra el estado de crispación
latente en la SOCiedad, donde unos consideran que lo acaecido en julio de 1936, fue un acto glorioso y
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Xl

eneficioso para España y para la mayoría de los españoles; mientras que otros piensan que simulando
un Golpe de Estado aconteció un lamentable y cruel acto terrorista sin parangón en toda la historia de
España.
ASESINOS PENDIENTES DE SER JUZGADOS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA
HAYA: Partiendo de la base de que en las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, el Partido
Comunista solamente consiguió 14 escaños, mientras que el Partido Socialista consiguió 88 escaños y
que Izquierda Republicana consiguió 79 no hace si no damos la razón a quienes pensamos que fueron
terroristas, quienes después de asegurarse la participación de los Ejércitos Alemán e Italiano iníciaron
aquel sanguinario y cruel Golpe de Estado. A gran cantidad de ciudadanos honrados les interesara
conocer las resoluciones de las Naciones Unidas que reproducen integramente en la Web:
http://www.derecho.org/nizkor/espanaldoclimpuesp.html#l. %20La%20ilegalidad la ilegalidad del
régimen franquista: alzamiento en armas contra un gobierno legitimo y vulneración del ordenamiento jurídico en vigor.
Los orígenes y naturaleza del régimen franquista fueron bien definidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus
primeras resoluciones a la hora de fundamentar la no admisión del Estado franquista en la ONU, como veremos más adelante en
detalle.
La resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el9 de febrero de 1946 [Res. 32(1)), por unanimidad, hace suya la
declaración de Potsdam, según la cual, el Gobierno español, 'habiendo sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje, no
posee en vista de sus origenes. su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones
necesarias que justifiquen su admisión'. Igualmente, la resolUCión de la Asamblea General 39(1), de 12 de diciembre de 1946.
establece: 'Convencidos de que el Gobierno fascista de Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español ... no
representa al pueblo español.. ' (GA Res. 39(1), F,fty-ninth Plenary meeting, 12 Decemoor 1946J
Entre los pnmeros actos legislatiVO del Gobierno legitimo de la República, se encuentra un Decre o de 15 de abnl de 1931
apareCIdo en la Gaceta de 16 de abnl de ese mismo año, 'Disponiendo quede anulado SIOningún va or ni efecto e lJtulado
Códgo Pena de 1928 como Igualmente los titulados Decretos-leyes de fa Dictadura que esta eoeron o modificaron deflOloón
de delitos o fijaaÓl1 de penas'
El fundamento para lo cual se expresa. en ese Decreto en los sigUientes términos' 'Por haber Sido uno de los mayores
desafueros dictatoriales contrano a los pnnopiOs básicos de cultura JUfldicae, Gobierno de la República recogiendo las
protestas cas unámmes que con a ese atentado a la libertad y a los principiOSJurídicos habian formulado la opinión pública
decreta la anulación del Código Penal de 1928
'
Por Decreto tambien de 15 de abnl de 1931, el Goblemo legitimo de la República procede a la disolución de los somatenes,
huestes Irregulares IOdeblda y tendenciosamente armadas'. El Decreto de 2 de mayo de 1931 publicado en la Gaceta del 3 de
mayo, modificó deterrOlnados articulos del Código Penal (CP) común de 1870 y de los Códigos penales del EjérCito y de la
Armada
El art 6° del mencionado Decreto dispone la siguiente redacción para los articulas 181, 243 Y 280 del CP de 1870 'Art 181. Son
reos de delito contra la forma de Gobiemo establecida en E paña los que eJecutaren cualqUiera clase de actos o hechos
encaminados directamente a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, uno de los objetos siguientes'
1.° Reemplazar al Gobierno republicano por un Gobierno monárquico 2 o Despojar en todo o en parte a cualqUiera de los
Cuerpos coleglsladores o al Jefe del Estado de las prerrogativas y facultades que les competan. 3 o Vanar el régimen de eleCCIón
del Presidente de la República 4 ° Pnvar al Gobiemo prOVisional de la facultad de gobemar el Estado español hasta que la
Asamblea Constituyente determine las normas políticas para elegir al PreSidente de la República y éste sea designado'
'Art 243. Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hoslJlidad contra el Gobierno para cualqUiera de los
objetos sigUientes 1 o DestitUir al Jefe del Estado o deponer al Goblemo provisional de la República, o pnvarfes de su libertad
personal u obIlgarles a ejecutar un ac o contrano a su voluntad ( ) 5 ° Sus raer la Naclon o parte de ella o algún Cuerpo de tropa
de tierra o de mar o cualqUiera otra clase de fuerza armada de la obedlenoa al upremo Gobtemo 6° U ar o ejercer por si o
deSpojar a los Ministros de la República de sus facultades prOpias o Impedir es o coartarles su libre eJercicio' ( )
'Art 80 El arto 237 del vigente Código de JuslJoa Militar se redactara así. 'Art. 237. Son reos de! delito de rebelión militar los que
e alcen en armas contra la ConslttuClón del Estado republicano, contra e! Presidente de la Republlca la Asamblea
Constituyente, los Cuerpos Coleglsladores o el Gobierno provIsional y legilJmo. siempre que lo ven 'quen concumendo alguna de
la circunstancia iguientes
Primera. Que estén mandados por militares o que el moVimiento se iniCIe,sostenga o auxilie por fuerzas de! EJérato. Segunda
Que forman partida militarmente organizada compuesta de diez o más Individuos Tercera. Que formen partida en menor número
de diez, SIen distinto terntorio de la Nación existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin Cuarta. Que hoslillcen
a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra
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XII

Art 9.° El art 128 del vigente Código penal de la Manna de guerra quedará así redactado "Art. 128 Los mannos que
colectivamente se alzaren en armas contra la Constitución del Estado republicano, contra el Presidente de la República, la
Asamblea Constituyente, los Cuerpos Colegisladores o el Gobiemo provisional y legitimo, serán castigados "
EI9 de diciembre de 1931 se promulga la Constituci6n de la República, en cuyo Título Preliminar se postulan los principios
de libertad, justicia e igualdad en un marco democrático. Además, su Articulo 6 dispone: "España renuncia a la guerra como
instrumento de poIitica nacional.', y su
Artículo 7. "El Estado español acatará las normas universales del Derecho intemacional, incorporándolas a su derecho positivo,"
Mediante Ley de 27 de octubre de 1932 (Gaceta de 5 de noviembre de 1932, Ar 1408), se promulga el Código Penal reformado
con arreglo a la Ley de Bases de 8 de septiembre de 1932. El Capítulo Primero del Título Primero (Delitos contra la seguridad
exterior del Estado), del Libro Segundo (Delitos y sus penas), se ocupa de los Delitos de Traición Y bajo la Sección Tercera del
Capitulo Primero del Título 11,se recogen los "Delitos contra la forma de Gobierno" (arts. 167 a 173).
El arto 167 dispone. "Son reos de delito contra la forma de Gobierno establecida por la Constitución los que ejecutaren cualquiera
clase de actos encaminados directamente a conseguir por la fuerza o fuera de las vias legales uno de los objetos siguientes: 1.°
Reemplazar al Gobierno republicano establecido por la Constitución por un Gobierno monárquico o por otro anticonstitucional. 2.°
Despojar en todo o en parte a las Cortes o al Jefe del Estado de las prerrogativas o facultades que le competen."
y el art 170 'Los que se alzaren públicamente en armas y en abierta hostilidad para perpetrar cualquiera de los delitos previstos
en el artículo 167, serán castigados con las penas siguientes ...'.En el Capítulo Pnmero del Título 111se regula el delito de rebelión
(arts 238 a 244). De conformidad con el arto238: "Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad
contra el Gobiemo constitucional, para cualquíera de los objetos siguientes.
1.° Destituir al Jefe del Estado u obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad. 2.° Impedir la celebración de las elecciones a
Cortes en toda la República española o la reunión legitima de las mismas. 3.. Disolver las Cortes o impedir que deliberen, o
arrancarles alguna resolUCIón 4.° Substraer la Nación o parte de ella o algún Cuerpo de tropa de tierra o de mar, o cualquiera
otra clase de fuerza armada, de la obediencia al Gobiemo 5.· Usar y ejercer por sí o despojar a los Ministros de la República de
sus facultades constitucionales, o impedirles o coartartes su libre ejercicio.' En materia de Orden PÚbliCO, el Gobierno
republicano promulgó la Ley de 28 de Juliode 1933, "Nueva ley de orden Público" (Gacela de 30 de Julio de 1933. Ar 1111).
El arto58 de la misma dispone "La Autoridad militar en el estado de guerra podrá adoptar las mismas medidas que la civil en los
dos capitulos antenores las demás que esta Ley autoriza y cuantas sean necesanas para el restablecimiento del orden. CUidará
muy especialmente que los Jefes o Comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, a dispoSición de su autoridad o de la
civil o judicial, lo efectúen hasta el punto de su destino, con toda seguridad, y cuando no llegasen a aquél. mandará que se
formen las causas oportunas para avenguar y castigar las faltas y delitos que en este servicio se cometan, cualquiera que sea la
clase del Jefe que lo desempeñe,"
I art 63, en materia de procedimiento: "Declarado el estado de prevención o decretada la suspensión de garantías se
constituirán en Tribunal de urgencia las Audiencias provinciales de Sala única y una o varias Secciones de las AudienCias,
integradas por varías salas" Y además, 'Los Tribunales de urgencia asi constituidos serán los únícos competentes para conocer
de los delitos contra el orden público ...' (art. 64). 'Los Colegios de Abogados deSignarán anualmente los Letrados de su seno
que hayan de actuar ante estos Tnbunales, estableciendo un turno especial de oficio para la defensa de los inculpados que lo
requieran" (art. 66). Es decir, aún mediando la suspensión de garantías, se mantiene el derecho al debido proceso y la
sustanciación de estas causas por tribunales ordinarios.
El 24 de abril de 1934 se promulga una Amnistía (gaceta de 24 y 25 de abríl de 1934) respecto de, entre otros delitos y faltas,
'los delitos contra la forma de gobierno y cometidos por particulares en ocasión del ejerCicio de los derechos individuales
garantizados por la Constitución", incluido el delito de alzamiento en armas del art 170 del CP de la República,
- Sobre quiénes son las víctimas. Por lo tanto, el Golpe de Estado liderado por el General Francisco Franco supuso una
vulneración del orden constitucional, del orden jurídico en vigor, cuya legitimidad le venía dada por el proPiO prinCipio de
soberanía popular reconocido por la Constitución de la República
Las leyes de la República no se derogaron nunca. Si bien el parte informando de la terminación de la guerra puso fin a la
República, no puso éste fin a la legalidad de la misma, sino que se hace con el poder un régimen ilegal A su vez, a partir del
iniCIOde hostilidades de la 11Guerra Mundial, el régimen de Franco pasa a tener la consideraCIón de potenCia del eje y su
ilegalidad a nivel interno pasa a ser reconocida también a nivel internacional. 11 Las Naciones Unidas declaran al régimen de
Franco en su ongen, naturaleza estructura e historial como un régimen fascista alineado con las "potencias del eje"
Desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas abordó la "cuestión española' como asunto sín resolver tras la
terminación de la 11Guerra Mundial y el régimen de franco fue motivo de rechazo y preocupación en el seno de la ONU
La condena a este régimen en las Conferencias de Potsdam y San Francisco se repitió en el seno de la Asamblea General de la
ONU y de su Consejo de Seguridad. Concretamente, la ResolUCIón 32(1) de la Asamblea General de la ONU. de 9 de febrero
de 1946, dispone: "32(1).Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España
1. La Asamblea General recuerda que la Conferencia de San Francisco adoptó una resolución según la cual el párrafo 2 del
artículo 4 del Capítulo 11de la Carta de las Naciones Unidas, "no es de aplicación a aquellos estados cuyos regímenes se hayan
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XIII

Instalado con la ayuda de las fuerzas armadas de los paises que han luchado contra las NaCIones Unidas en tanto en cuanto
tales regímenes estén en el poder"
2 La Asamblea Genera recuerda que en la ConferenCIa de Potsdam los Gobtemos del Remo Unido, los Estados Umdos de
Aménca y la Umón SoviélJca declararon que no respaldarían la soliatud de admisión a ,as NaCIones Unidas del actual Gobierno
espanol, el cual 'habiendo sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje. no posee en vista de sus orígenes, su naturaleza
su historial y su intima aSOCIacióncon los Estados agresores. las condiciones necesarias que Justifiquen su admisión'
3. La Asamblea General, al endosar estas dos declaraCIones, recomienda a los Miembros de las aClones Unidas que se
ajusten en la conducta de sus relaciones futuras con Espana, tanto a la letra corno al espiritu de estas declaraciones· VigéSimo
pnmera sesión p/enana, 9 de febrero de 1946.
[Traducción no oficial del Equipo Nizkor a partir de la versión en lengua inglesa.] Las resoluciones 4 (1946) del Consejo
de Seguridad de 29 de abril de 1946 y 7 (1946), de 26 de junio de 1946. abordan nuevamente la cuestión espanola.
La primera de ellas dispone la creación de un subcomité que examine las declaraciones hechas ante el Consejo en relación con
España y efectúe las investigaciones que juzgue necesarias para determinar si la situación de España ha producido un
desacuerdo intemacional y pone en peligro la paz y la seguridad internacionales.
Mediante la Resolución 7 (1946>' el Consejo decide seguir vigilando la situación de España y mantener esta cuestión en la
lista de asuntos pendientes, y expresa que las investigaciones del Subcomité han confirmado los hechos que motivaron la
condena del régimen de Franco en las Conferencias de Potsdam y San Francisco. Las 35- y 36- sesiones plenarias de la
Asamblea General, de 24 de octubre de 1946, tratan nuevamente la cuestión española en los siguientes términos:
"la cuestión de España. o podria dejar de señalar a la atenCIón de la Asamblea General la cuestión de España cuestlon
suscitada por la existencia en tal pals de un reglmen fasCIsta Impuesto al pueblo español con la IntervenCión armada de las
PotenCIas del Eje. Repetidas veces, la cuestión de España ha reclamado la atención de diversos árganas de las Naciones
Umdas No es necesario que recuerde a Vds la resolUCIónque a este respecto fue aprobada por la Asamblea General durante la
pnmera parte de su primer periodo de SesIOnes Desde entonces, el Conseja de Seguridad ha discutido en detalle la cuesbón y el
Consejo Economlco y Saetal tambien la ha discutido vanas veces a proPOSltOde problemas sornelldos a su consideraCIón Es
probable que la labor de otros árganas de las Naciones Umdas y de los organismos especializados sea dificultada por la cuestión
de España
En tales CIrcunstancias la Asamblea General puede prestar un serviCIOconslderab e. durante el actual penado de sesiones, tanto
a los órganos como a los Estados lembros de las aciones Unidas, al proporClonarles una onentaclón general en cuanto a sus
relaCIones con el régimen de Franco.
Es de lamentar que la dominación faSCIstaen España no haya sufndo modificación alguna a pesar de la derrota de Alemania y
del Japón Resulta daro que mientras conbnúe Imperando en Espana, el régimen de Franco seguirá siendo una constante causa
de desconfianza y desacuerdo entre los fundadores de las Naciones Umdas Espero, por conSigUiente, que los que nos han dado
la victona y la paz sepan aSimismo encontrar los medios para restaurar la libertad y el gobiemo democrático en España,·
[Asamblea General- 35a Sesión Plenaria - Celebrada eljueves 24 de octubre de 1946, a las 11 horas].
En la sigUiente sesión plenaria, la cuestión de Espana forma parte también del debate general·( ) La insCrIpCIónde la cuestión
espanola en el programa fue pedida por el representante de Polonia los dias 8 y 9 de abril próximo pasado En el curso de los
debates, y mediante sus comuniCaCIonesefectuadas sucesivamente en mayo y en septiembre, el Gobierno belga intervinO en las
Investigaciones emprendidas sobre el papel del Gobiemo español.
Las informaCIones aportadas por Bélgica al ConseJo, se refieren pnnopalmente a la ayuda que el Gobierno español prestó al
traidor Degrelle, uno de los pnnapa es agentes de AlemaOla en Bélgica para permltirle escapar al castigo que merecía, debido a
sus delitos políticos y a sus delitos de derecho común Estas informaciones tienden a mostrar que la acbtud de complicidad del
Gobtemo espanol, con relación a los agentes de las Potencias del Eje durante la guerra, constituyen un elemento perturbador en
Europa a la vez que una amenaza contra la seguridad
El Goblemo belga no puede permanecer Indiferente ante el hecho de que, hasta ahora. los diversos proyectos de resoluClon
presentados al Consejo, a fin de tomar medidas positivas, hayan permanecido sin resultado por no haber obtenido la mayoria
necesana y de que el asunto quede sin solUCión
La resoluClon adoptada por la Asamblea el9 de febrero, por unanimidad, hace suya la declaración de Potsdam, según la cual el
Gobierno espanol, 'habiendo Sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje, no posee en vista de sus origenes su
naturaleza, su historial y su inlima asociación con los Estados agresores, las condiCiones necesanas que jusbfiquen su admisión'.
Se recomienda en la resoluaón a los Miembros de las Naciones Unidas que se ajusten, en la conducta de sus relaciones futuras
con España, tanto a la letra como al espintu de esta declaraCIón Resulta vano formular declaraCIones si han de quedar Sin
ningún efecto práctiCO.Un método semejante no puede acrecentar el prestigio de la Organización,
Limitada en sus iniciativas por las disposiCIones de la Carta, así como por los reglamentos de procedimiento, la delegación belga
no puede sino presentar una propuesta encaminada a que la Asamblea recomiende a la atención del Consejo de Segundad, el
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XIV

Interés que eXiste en dictar disposicIOnes concretas, que puedan resolver la cuestión española. Presentaremos tal propuesta en
el curso del presente período de sesiones ( ..)'
[Asamblea General- 36a. Sesión Plenaria - Celebrada elJueves 24 de octubre de 1946, a las 16 horas]
Mediante Resolución 10 (1946) del Consejo de Seguridad, de 4 de noviembre de 1946, éste decide retirar la situación en España
de la lista de asuntos sometidos a su consideraCIón y remitir todos los documentos y actas a la Asamblea General.
La Asamblea aprueba la resolución 39(1) de 12 de diciembre de 1946, que afirma lo siguiente:
"39 (1). Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España Los pueblos de las NaCIones Unidas, en San
Francisco. Potsdam y Londres condenaron el régimen de Franco en España y decidieron que, en tanto en cuanto el mismo
continúe, España no puede ser admlllda en las NaCIones Unidas
La Asamblea General, en su resolUCiónde 9 de febrero de 1946 recomendó a los Miembros de las NaCIones Unidas que deben
actuar de conformidad con la lelra y el espiritu de las declaraCIones de San Francisco y Potsdam
Los pueblos de las NaCIones Unidas mantienen una perdurable simpatía haCIa el pueblo español y le aseguran que le aguarda
una cordial bienvenida cuando las circunstancias le permitan ser admitido en las Naciones Unidas.
La Asamblea General recuerda que en mayo y junio de 1946 el Consejo de Seguridad realizó una investigación acerca de las
medidas adicionales a adoptar por las Naciones Unidas. El subcomité del Consejo de Seguridad encargado de la investigación
concluyó unánimemente: ID
'(a) En sus orígenes, naturaleza estructura y conducta general el régimen de Franco es un régimen fasCista modelado sobre y
en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolinl.
'lb) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolinl, Franco. a pesar de las retteradas protestas de los
aliados, otorgó cuanta ayuda sustanaal estuvo en sus manos a las PotenCIas enemigas En pnmer lugar, y a modo de ejemplo,
desde 1941 hasta 1945 la DIVisión Azul de Infanteria. la Legión Española de Voluntanos y el Escuadrón Aéreo Salvador,
lucharon contra la RUSiaSoViética en el frente del Este. En segundo lugar, en el verano de 1940, España se apoderó de Tánger
en violación de su estatuto intemacional, y como consecuencia del mantenimiento por parte de España de un numeroso ejército
en el Marruecos Español, un elevado número de tropas aliadas se vieron inmovílizadas en el Norte de Afnca
(c) Existen pruebas documenta es incontrovertibles que establecen que Franco fue parte culpable Junto a Hiller y Mussolinl en la
conSpiración encaminada a desencadenar la guerra contra aquellos paises que en el transcurso de la guerra mundial se
alinearon en tomo a las NaCIones Unidas El hecho de que la plena beligerancia de Franco debiera posponerse al momento que
e acordara mutuamente, formaba parte de esa conspiraCIón
La Asamblea General,
ConvenCida de que el Gobierno FaSCIsta de Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español con ayuda de las
Potenaas del EJe y que bnndó aSistencia matenal en la guerra a tales Potenaas, no representa al pueblo español, y su
conlinuado control de España torna imposible la participación del pueblo español con los pueblos de las NaCIones Unidas en los
asuntos InternaCIonales, RecomIenda que el Gobierno de Franco de España sea excluido de la partiCipación en calidad de
miembro de las agencias mternaclonales establecidas por, o relacionadas con, las Naciones UOIdas, así como de la participación
en conferencias u otras actividades que las Naciones Unidas o aquellas agencias puedan orgamzar, y ello hasta que se
constituya en España un nuevo y aceptable Gobierno.
La Asamblea General.
Deseando además asegurar la partiCIpaCIónde todos los pueblos amante de la paz, incluido el pueblo español, en la comunidad
de naaones, Recomienda que SI en un plazo razonable no llegara a establecerse un gObIerno cuya autondad se denve del
consentimiento de los gobernados. compromelldo con el respecto a la libertad de expresión. de religión y de asamblea y con la
puntual celebraCIón de elecciones en las que el pueblo español libre de toda coacción e IntimidaCIón e Independientemente de
su partido. pueda expresar u voluntad. el Consejo de Seguridad considerara las medidas adecuadas que hayan de ser
adoptadas para poner remedio a la sltuélClÓn: RecomIenda que todos los miembros de las NaCIones Umdas reliren
Inmediatamente de Madrid a los embajadores y ministros plenipotenCIarios que al tengan acreditados
La Asamblea General recomIenda ademas que los Estados Miembros de la Orgamzaclon mformen al Secretano General y a la
próxima sesión de la Asamblea de las medidas que hayan adoptado de conformidad con esta recomendaCIón.'
QUincuagéSima novena SesIón Plenana, 12 de diCIembre de 1946 (1) Documentos Sf75 y S,76
[Traducción no oficial del Equipo Nizkor a partir de la versión en lengua inglesa.]
Mediante Resolución 386M. de 4 de noviembre de 1950 la Asamblea General de la ONU decide 'Revocar la
recomendación de retirada de Embajadores y Ministros de Madrid', y 'Revocar la recomendación tendente a excluir a España de
las agencias intemaclonales establecidas por las Naciones Unidas o relacionadas con ella ...'
Es decir. la Resolución de 1950 no revocaba plenamente la de 1946. Quedaron vigentes los párrafos relativos a la historia y
naturaleza del régimen de Franco y a su condena por Naciones Unidas. La revocación consistió simplemente en la relirada de las
medidas que en 1946 la Asamblea General habia recomendado a los Estados Miembros de la ONU.
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xv

Por todo ello, la equiparación del régimen franquista al régimen de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini,
su alineación con las Potencias de Eje, lo si úan bajo el tra amien o juridico que, al término de la 11 Guerra Mundial. se dio a los
cnmenes cometidos por las Potencias europeas del Eje 111. Los crimenes de la represión franquista se enmarcan en el contexto
europeo y su calificación viene dada por el derecho emanado de Nuremberg.
Al Obligación subsidiaria de aplicación del Estatuto de Nuremberg, de la doctrina emanada de su sentencia y de
los Principios de Nuremberg.
El significado del proceso de Nuremberg no queda tanto en su función de cierre de una epoca, sino en la apertura de una nueva
epoca, una época de un nuevo derecho humanitario internacional, una nueva vigencia de los principios universales de los
derechos humanos.
Quien fuera Juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y, en lo que al Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg (International Military Tribunal. IMT, 1945) se refiere, Fiscal Supremo por parte de los Estados Unidos, Sr. Robert
H. Jackson, en su discurso de apertura expresaba lo siguiente:
'El trato que un gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la
comunidad internacional de Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se
sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización modema puede tolerar. Los demás
pueblos. si callaran, participarian de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento.'
Los principios reconocidos en el Acuerdo firmado en Londres el8 de agosto de 1945 por Estados Unidos, Francia, Reino Unido
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -al que se adherirían después 19 países más-, por el que se decide el
establecimiento del Tribunal Milítar Intemacional, son llamados oficialmente en las Naciones Unidas "Principios de
Nuremberg".
El parte de acuerdo, que integró los Principios en casos de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, se llama
Estatuto de Nuremberg (Charter of the Intemationai Military Tribunal).
El arto 1 del estatuto dice aSI
'De conformidad con el Acuerdo suscrito el dia 8 de agosto de 1945 por el Gobierno de los Estados Unidos de Aménca. el
Gobiemo Provisional de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte yel Gobiemo
de la Unión de Republtcas Socialistas Soviéticas, se establecerá un Tnbunal Militar Internacional (en adelante llamado 'el
Tribunal') para. aplicando los principios de justicia e inmediación, enjuiciar y condenar a los principales criminales de guerra de
los paises europeos del Eje'
Esto es, el Tribunal ejerce su competencia sobre los principales criminales de guerra de los paises europeos del eje
El 13 de febrero de 1946 la Asamblea General de la ONU adoptó la ResolUCión 3 (1), en la que 'toma conOCImientode la
definición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la Humanidad tal como figuran en el Estatuto del Tribunal Militar de
Nuremberg de 8 de agosto de 1945'. es decir tal cual figuran en el articulo 6 y siguientes del Estatuto.
Tal definición es como sigue:
'Articulo 6: El Tribunal establecido por el Acuerdo aludido en el Articulo 1 del presente [Estatuto) para el enjuiCiamiento y
condena de los principales criminales de guerra de los paises europeos del Eje, estará facultado para juzgar y condenar a
aquellas personas que, actuando en defensa de los intereses de los países europeos del Eje, bien a titulo individual. bien como
miembros de organizaciones, hubieren cometido cualquiera de los crímenes que se exponen a continuación.
Los siguientes actos, a cualquiera de ellos, constituyen crímenes que recaen bajo la competencia del Tribunal y que darán lugar
a responsabilidad individual:
(a) CRíMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificación, la preparación, el inicio o la conducción de una guerra de agresión o
una guerra que supone la violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bien la participación en un plan común o
en una conspiración cuyo objetivo es la ejecución de cualquiera de los actos precedentes;
(b) CRíMENES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden el asesinato.
los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados contra la población civil de un
terntorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o los malos tratos perpetrados contra prisioneros de guerra o personas en alta
mar, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas. o la
devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones queden limitadas a los actos enumerados.
(c) CRíMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y
otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma la persecución por
motiVOSpoliticos, raciales o religiOSOSen ejecución de los crimenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los
mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación intema del pais donde hubieran sido perpetrados
Los dirigentes, organizadores. instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de
una conspiración para cometer cualquiera de los crimenes antedichos son responsables de todos los actos realizados por
cualqUier persona en ejecución de tal plan'
[Traducción al español del Equipo Nizkor a partir de la versión en lengua inglesa.]
Por su parte. el Secretario General de la ONU, Trygve Ue, en su informe complementario, suginó el 21 de octubre de 1946 que
los Principios de Nuremberg fuesen adoptados como parte del Derecho Intemacional. En su ResolUCIón 95 (1) de 11 de
diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU aceptó formalmente la sugerencia y por lo tanto, 'confirma los prinCipios de
Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal de Nuremberg y por la Sentencia de ese Tribunal',
El efecto de las resoluciones mencionadas es consagrar con alcance universal el derecho creado en el Estatuto y en la Sentencia
del Tribunal de Nuremberg. Su vigencia en España ya fue reconocida al ratificar el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a
los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949 (BOE de 5 de septiembre de 1952 y de 31 de julio de 1979), que en su arto85
está remitiendo a los 'Principios de Nuremberg' aprobados por la Asamblea General de la ONU mediante resolución de 11 de
diciembre de 1946.
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XVI

El tenor literal de la mencionada Resolución 95 (1) de 11 de diciembre de 1946 es el que sigue
'95 (1). Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal de Nuremberg
La Asamblea General,
Reconoce la obligación que tiene, de acuerdo con el inciso (a) del parrafo 1 del Articulo 13 de la Carta, de Iniciar estudios y hacer
recomendaciones con el propósito de estimular el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación;
Toma nota del Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Intemacional encargado del juicio y castigo de los
principales criminales de guerra del Eje europeo, firmado en Londres el8 de agosto de 1945, y del Estatuto anexo al mismo, asi
como del hecho de que principios similares han sido adoptados en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juicio de
los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente, promulgados en Tokio el19 de enero de 1946.
Por lo tanto, Confirma los principios de Derecho Intemacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las
sentencias de dicho Tribunal: Da instrucciones al Comité de codificación de Derecho Internacional, establecido por resolución de
la Asamblea General de 11 de diciembre de 1946, para que trate como un asunto de importancia primordial, los planes para la
formulación, en una codificación general de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, o de un Código Criminal
InternacIonal, conteniendo los pnnclplOs reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en las sentencias de dicho
Tnbunal'
Quincuagésima quinta sesión plenaria, 11de diciembre de 1946.
A su vez, mediante Resolución 177 (11), de 21 de noviembre de 1947, relativa a la Formulación de los prinCIpios reconocidos
por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, la Asamblea General, decide confiar dicha formulación a la
Comisión de Derecho Internacional, encargando a esta Comisión: 'a) Que formule los principios de Derecho Internacional
reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg; y b) Que prepare un proyecto de código en materia
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, en el cual se indique claramente la función que corresponde a los
principios mencionados en el precedente inciso a)'. La Comisión, en su primera reumón de mayo a junio de 1949, elaboró dichos
PrinCIpIOS y Crimenes, adoptandolos en 1950. Tales pnncipios son los siguientes:
·Principio l. Toda persona que cometa un acto constitutivo de delito a la luz del Derecho Intemacional es responsable del mismo
y esta sUjeto a castigo
Principio 11. El hecho de que el derecho interno no prevea pena alguna para un acto constitutivo de delito a la luz del Derecho
IntemaCIonal, no exime de responsabilidad, conforme al mismo derecho, a quien hubiere perpetrado tal acto.
Principio 111.El hecho de que la persona que haya cometido un acto constitutivo de delito a la luz del Derecho Internacional, haya
actuado como Jefe de Estado o como funcionario público, no la exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional.
Principio IV. El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior, no la
exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional, siempre que de hecho haya tenido la posibilidad de elección moral.
Principio V. Toda persona acusada de un crimen conforme al Derecho Internacional, tiene derecho a un juicio justo sobre los
hechos y sobre el derecho
Principio VI. Los crímenes que se enumeran a continuación son punibles bajo el Derecho Intemacional:
a) Crimenes contra la paz; a saber:
1 La planificación, la preparación, el desencadenamiento o la ejecución de una guerra de agresión o una guerra que Viole
tratados, acuerdos y garantias internacionales.
2.La participación en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inCISO1
b) Crímenes de guerra; a saber
Las violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden, sin que esta enumeración tenga un carácter
restrictivo, el asesinato, el maltrato o la deportación para realizar trabajos en condiciones de esclavitud, o con cualquier otro
propósito, de poblaciones civiles en territorios ocupados, o que en ellos se encuentren; el asesinato o el maltrato de prisioneros
de guerra o personas en el mar; la matanza de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción arbitraria de
ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares.
c) Crímenes contra la Humanidad; a saber:
El asesinato, el exterminio la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, o las
persecuciones por razones politicas. raciales o religiosas, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean
llevadas a cabo en ejecución de, o en conexión con, cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra.
Principio VII. La Complicidad en la perpetración de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la
humanidad de los enumerados en el Principio VI es un crimen bajo el Derecho Internacional.'
Esta elaboración de los principios de Nuremberg a cargo de la Comisión de Derecho Internacional incluye la complicidad ~ los
crimenes contra la paz, en los crímenes de guerra y en los crímenes contra la humanidad- en cuanto crimen internacional. es
decir, la complicidad en un acto que constituye un crimen de Derecho Internacional es en sí misma un crimen de Derecho
Internacional.
La constatación por el Secretario General del caracter consuetudinario de estos instrumentos es vinculante para todos los
Estados conforme al artículo 25 de la Carta de la ONU; el Consejo de Seguridad aprobó el Informe del secretario General por el
que reconocia el caracter de derecho consuetudinario del Estatuto de Nuremberg y sin ninguna reserva (8/Res!827,
mayo de 1993, par. 2; Informe del Secretario General (8/25704»).
25 de
Los Estados de la comunidad Internacional tienen por tanto la obligación erga omnes de aplicar los prinCipios emanados de
Nuremberg, entre otras cosas, porque la mera pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas mediante la aceptaCIón del
estatuto de la misma, lleva insita la aceptación y el compromiso de hacer cumplir los principios que, emanados de Nuremberg,
han pasado a ser Derecho Internacional de obligado cumplimiento, tanto consuetudinario como convencional
En el caso español. ademas, la primacia del derecho internacional sobre el derecho interno viene dada por los arts. 10 y 96 de la
Constitución española de 1978. El artículo 10.2 de la Constitución establece que 'las normas relativas a los derechos
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XVII

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Intemacionales sobre las mismas matenas ratificados por España'
A su vez el arto 96.1 dIce que 'los Tratados Intemacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España.
formarán parte del ordenamIento Interno. Sus dispoSICiones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma
prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Intemacional'
B) Tlpologla de los crímenes de la represión franquista.
El EstaMo de Nuremberg dasifica los crimenes cometidos por las potencias europeas del eje del siguiente modo:
ArtiCIJIo6:
'( ...)
(a) CRiMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificaciÓll, la preparación, el inicio o la conducción de una guerra de agresión o
una guerra que supone la vIOlación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bten la participación en un plan común o
en una conspiración cuyo objetivo es la ejecución de ClJalquierade los actos precedentes;
(b) CRIMEN ES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales vIOlaciones comprenden el asesinato,
los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados contra la población civil de un
territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o los malos tratos perpetrados contra prisioneros de guerra o personas en alta
mar la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de CIudades, pueblos o aldeas, o la
devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones queden limitadas a los actos enumerados
(c) CRí ENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud la deportación y
otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por
motivos politicos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los
mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del pais donde hubieran sido perpetrados (.. )'
La historia del desarrollo del concepto de crímenes contra la humanidad está asociada a la Segunda Guerra Mundial y los
Tribunales de Nuremberg, pero esta historia se remonta a un tiempo anterior. Los horrores de las guerras del siglo XIX en
Europa, así como los de la Primera Guerra Mundial, fueron el telón de fondo para que naciera la conciencia de que ciertos actos
eran contrarios a la esencia misma del ser humano y por ende, debían prohibirse.
Estos crímenes recibieron reconOCimIento legal en fecha tan lejana como 1868, en la Declaración de San Petersburgo con
el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra. Esta Declaración buscaba la limitación en el uso de
los mismos, ya que consideraba a éstos como 'contrarios a las leyes de la humanidad'. En enero de 1872, Gustav Moynier, de
Suiza, propuso que se constituyera una Corte Penal Internacional para impedir las violaciones de la Convención de Ginebra de
1864 y procesar a los responsables de las atrocidades cometidas por ambos bandos durante la guerra franco-prusiana de 1870.
El concepto de leyes de la humanidad recibió después reconocimiento legal explícito en la Primera Conferencia de La Haya de
1899, que adopta por unanimidad la Cláusula Martens corno parte del Preámbulo de la ConvenCIón de La Haya sobre
respeto a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Hoy en día, la Cláusula Martens ha sido incorporada, prácticamente sin
modificaciones, a una gran variedad de instrumentos de derecho internacional humanitario
Las masacres perpetradas por el Impeno Otomana contra los armenios en Turquía estuvieron entre los primeros crímenes
específicamente Incluidos baJOla rúbrica crímenes contra la humanidad' En una DeclaraCIón de Franda, Gran Bretaña y Rusia
de 24 de mayo de 1915, las masacres fueron denunciadas como 'crímenes contra la humanidad y la civilización por los que se
har'a rendir cuentas a todos los miembros del Gobiemo turco en su conjunto. lunto con aquéllos de sus representante
Implicados en las masacres'. La ComislÓll de la ConferenCIa de Paz de 1919 interpretó que los crimenes contra la humanidad
incluian asesinatos, masacres, terrorismo sistemático, matanza de rehenes, torturas de civiles, inanición deliberada de Civiles,
ViolacIón abducción de mujeres y ntñas para su sometimiento a prostituCIón forzosa, deportación de Civiles. Internamiento de
Civiles baJOcondiCiones nhumanas, trabajos forzosos de civiles en conexión con las operacIones militares del enemIgo y
bombardeo deliberado de hospitales y lugares mdefensos.
Pero seria después de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Tribunal Militar IntemaCIonal de Nuremberg, cuando la
noción de crimen contra la humanidad, tamblen llamados crímenes de lesa humanidad, empezaría a ser definida FranYOls de
Menthon, Fiscal General por Francia en el juicio de Nuremberg, los definió como aquellos crímenes contra la condiCión humana,
como un cnmen capital contra la conciencia que el ser humano tiene hoy de su propIa condición Con Nuremberg tendrían lugar
los pnmeros JUICIOSpor cnmenes contra la humanidad. El Estatuto de Nuremberg, como se ha expuesto, definió los crímenes
contra la humanidad en su articulo 6 (e) El arto 6(e) del Estatuto del Tribunal de Nuremberg ha sido aplicado directamente, no
sólo por los tnbunales aliados después de la IIGM, sino también: - en 1961, por el Tribunal de distrito de Jerusalén y el Tribunal
Supremo de Israel (caso Eichmann. IL.R, 36. pp. 39-42, 45-48288295), - en 1971 por los tribunales de Bangladesh en el caso
de la soliCItud de extradiCión a la India de ofiCiales de Paklstán 'por actos de genocidiO y crimenes contra la Humanidad' (CJJ
Annualre 1973-1974, p. 125), en 1981, por el Tnbunal Supremo de los Paises BaJOS,en el asunto Menten (NY I.L., 1982, pp. 401
Y ss.). en 1983. por el Tnbunal Supremo de Francia en el caso Barble, que fundamenta la aplicaetón del atado arto 6.c) en los
Siguientes criterios (todos ellos aplicables en España)'
a) esta inCIJlpaciónpertenece a 'un orden represivo intemacional al que le es fundamentalmente ajena la noción de frontera'
b) la adhesión de Francia a este orden represivo,
c) la consagración, por la resolución 3(1) de 13 de febrero de 1946 de la Asamblea General de la ONU, de la definición de
crimenes contra la Humanidad que figura en el estatuto del Tribunal de Nuremberg,
d) la recomendación de las Naciones Unidas a los Estados. en esta resolución, de persegUir o extraditar a los autores de tales
crímenes,
el la conformidad de tales textos con los arts. 15.2. del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y pollticos
(y al arto 7.2 de la Convención Europea de derechos humanos), que afirman que el principio de irretroactividad de las leyes
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XVIII

penales no se opone a la persecuCión y condena de personas por hechos reputados como 'dehctlvos según los pnnClplos
generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional' -arto 15.2 citado. Esta excepción a la irretroactividad de las
leyes penales ha sido aplicada en la persecución penal contra una persona acusada de haber desviado un avión cuando este
hecho no era punible por el ius fon en el momento de haber sido cometido (Sri Lanka, Cr. of App., 28.51986, caso Ekanayake,
II.R, 87, p, 298.) - en 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Canadá) en el caso Finta (10.51989, I L.R, 82, 438
ss,),
Por tanto, los siguientes actos cometidos en liempos de guerra o de paz, perpetrados de manera Sistemática o a gran escala.
constituyen crímenes contra la humanidad
el asesinato,
el exterminio,
la tortura.
el sometimiento a esclaVitud,
la deportación.
la persecución por motivos politicos, raciales o religiosos,
el encarcelamiento arbitrario ..
Para O Thiam, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU:
'Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la Humanidad si se sitúa dentro de una
conducta sistemática o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las
intenciones de su autor (...) Un acto individual podria constituir un crimen contra la humanidad si se ínscribe dentro de un
conjunto coherente y dentro de una serie de actos repetidos e inspirados por el mismo móvil: político, religioso, racial o cultural',
(Rapport C.D./., 1989, p, 147, parag. 147).
En el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, la Comisión de Derecho
Intemacional de las Naciones Unidas explica que 'forma sistemática' quiere decir 'con arreglo a un plan o poIitica
preconcebidos ... La Comisión entiende por 'comisión en gran escala' que 'los actos se dirijan contra una multiplicidad de
víctimas.' Se trata de dos requisitos altemativos, en consecuencia, un acto podría constituir un crimen contra la humanidad si se
diera cualquiera de esos dos requisitos.
Por consiguiente, cualquiera de los siguientes actos propios de la represión franquista, que fueron perpetrados sistemáticamente
ya gran escala contra la población CIvil,durante y después de la guerra, constituyen crimenes contra la humanidad:
a) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo el Derecho Internacional. El exterminio es
reconoodo como crimen contra la humanidad en el artículo 6{c) del Estatuto de Nuremberg; articulo 11 (1) (c) de la ~
Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en Alemania, y bajo la que se siguieron
sustanciando juicios bajo los principios y la doctrina de Nuremberg contra otros responsables de crímenes contra la paz y la
humanidad del régimen nazi; y Principio VI (e) de los Principios de Nuremberg.
Se induyó también en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia - ICTY (articulo 5) y
Ruanda - ICTR (articulo 3), asi como en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad 11954:artículo 2, párr. 11 y 1996: artículo 18(b)).
La Comisión de Derecho Internacional, en su Informe de 1996 explicó que ambos, asesinato y exterminio, 'consisten en una
conducta criminal distinta pero, sin embargo,
inocentes.'
estrechamente relacionada, que supone privar de la vida a seres humanos
El exterminio es un crimen que, por su naturaleza misma, se dirige contra un grupo de personas. Además, el acto utilizado para
cometer el delito de exterminio supone un elemento de destrucción masiva que no se requiere para el asesinato. A este respecto,
el exterminio está estrechamente relacionado con el crimen de genocidio, en el sentido de que ambos crimenes se dirigen contra
un gran número de victimas. No obstante, el crimen de exterminio se daría en casos que difieren de los comprendidos
crimen de genocidio.
en el
El exterminio comprende los casos en que se mata a grupos de personas que no comparten caracteristicas comunes. Se aplica
también a casos en que se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros.
Finalmente, el recién aprobado Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. induye en la definición de
exterminio, en su articulo 7.2, 'la imposición íntencional de condiciones de vida ... encaminadas a causar la destrucción de parte
de una población'.
b) La practica sistemática o a gran escala del asesinato
Intemacional,
es un crimen contra la humanidad y, por lo tanto punible bajo el Derecho
El asesinato se reconoce como crimen contra la humanidad desde la 1 Guerra Mundial, en la Declaración de Francia, Gran
Bretaña y Rusia de 1915, y, por la Comisión de la Conferencia de Paz 1919. Desde entonces, el delito de asesinato ha sido
contemplado como un cnmen contra la humanidad en el Estatuto de Nuremberg, articulo 6(c), la Ley No. 10 del Consejo Aliado
de Control, articulo 11,pár (c), el Estatuto del Tribunal para el Lejano Oriente, artículo 5(e); Principio VI(c) de los Principios de
Nuremberg; Estatuto dellCTY, artículo 5(a); Estatuto deIICTR, articulo 3(a), articulo 18 del proyecto de Código de Crímenes de
1996 y articulo 2, pár. 11 del proyecto de código de 1954.
En el proyecto del Código de Crimenes,la Comisión de Derecho Intemacional explica que el asesinato 'es un crimen daramente
típifieado y bien definido en la legislación nacional de todos los Estados'. Las diferencias conceptuales en la definición del
asesinato entre los distintos sistemas nacionales de justicia penal conducen a veces a confUSiones en lo que hace a la cuesllón
de la inclusión del asesinato como crimen contra la humanidad. La definición del asesinato como crimen contra la humanidad,
induye las ejecuciones extrajudiciales, que son matanzas ilegales y deliberadas, llevadas a cabo por orden de un gobierno o con
su complicidad o consentimiento. Este tipo de asesinatos son premeditados y constituyen violaciones de las normas nacionales e
internacionales. No obstante, el crimen de asesinato no requiere que el acto sea premeditado e induye la creación de
condiciones de vida peligrosas que probablemente darán lugar a la muerte.
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XIX

8(1sten normas bien consolidadas a nivel nacional, regional e internacional que prohiben la pnvación arbltrana de la vida. El
articulo 15 de la Constitución Española declara claramente "Todos tienen derecho a la vida .. " La protección frente al asesinato
y de la Integridad física se encuentra garantizada por el Código Penal español en sus articulos 138 a 142. El artículo 2, pár 1 de
la Convención Europea de Derechos Humanos compromete a las Partes con la disposición de que "el derecho de toda persona a
la Vida estará protegído por la ley". A su vez, el articulo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", asimismo, el articulo 6, pár. 1 del Pacto
Intemacional de Derechos CiViles y Políticos dice: 'El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser pnvado de la Vida arbitranamente"
Corno indican estas disposICiones. el derecho a la Vida se encuentra firmemente protegido por normas internacionales, lo que
hace del asesinato una Infracción penal tanto del derecho internacional corno del derecho Intemo español Su carácter
sistemático lo eleva a la categoría de cnmen contra la humamdad, y como tal. no prescribe nunca Es decir, los asesinatos o
ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las fuerzas franquistas no prescriben, puesto que recaen baJOla categoria de actos
que constituyen crímenes contra la humanidad. c) La tortura se ha reconocido como una Violación del Derecho Internacional
consuetudinario desde hace aproximadamente un siglo.
Ya la Comisión sobre responsabilidad de los Autores de la Guerra y Aplicación de Penas (Commission on the Responsibility of
the Authors of the War and on Enforcement of Penallles) reconoció la tortura como crimen contra la humanidad en el Informe de
la Comisión de la Conferencia de Paz de 1919. Al término de la 11Guerra Muncial el concepto de "crímenes contra la humanidad"
fue ulteriormente desarrollado, concretamente en los JUICIOSde Nuremberg. Si bien en la definición de crimenes contra la
humanidad del Estatuto de los Tribunales Militares de Nuremberg yel Lejano Oriente no se hacía menCIón explicita a la tortura,
se enjuició y condenó a los acusados por cometer tortura, que es un "acto inhumano" incluido en la definición de crímenes contra
la humanidad.
La tortura fue reconocida por pnmera vez como comen contrala humanidad en la Ley 10 del ConseJo Aliado de Control,
de 20 de diciembre de 1945, en su artículo 11,1(c).
Desde la 11Guerra Mundial, las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales y regionales encargados de la protecaón y
promoción de los derechos humanos. han reconocido explícita y coherentemente el derecho a no ser torturado corno un derecho
fundamental y universal bajo el Derecho Internacional.
Los actos de tortura quedan comprendidos en la categoria de crímenes contra la humanidad si se cometen de manera
sistemática o en escala masiva por cualquier gobierno, organización o grupo. Este reconocimiento se ha plasmado también en
los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia, Ruanda y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
d) La persecución por motivos politicos, raciales o religiosos es un cnmen contra la humanidad y, por lo tanto punible baJOel
Derecho Internacional e Interno Este IIpo de cnmen contra la humanidad se reconoce como tal en el artículo 6(c) del Estatuto de
Nuremberg, en el articulo 11(1){c) de la Ley 10 del Consejo Aliado de Control, en el PnnClpto VI de los Pnnciplos de Nuremberg,
en el articulo 2(11) del proyecto de Código de Delitos de 1954, en el articulo 5(h) del Estatuto del Tribunal Penallntemacional
para la ex Yugoslavia y en el articulo 3(h) del Estatuto del Tribunal Penal Intemaclonal para Ruanda; en el articulo 18 (e) del
proyecto de Código de Crímenes de 1996 y, por último. en el articulo 7{h) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
La Comisión de Derecho InternaCIonal manllene que el acto Inhumano de persecuCIón puede adoptar muchas formas cuya
caracteristica común es la denegación de los derechos humanos y libertades fundamentales que corresponden a todas las
personas Stn distinción, como reconocen la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 1 y 55 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 En este Proyecto de Código, la ComiSión criminahza los actos de persecución en
que no eXiste la tntención especifica que se requiere para el cnmen de genocidio. Observando que el términO "persecUCIón" ha
adqUirido un sentido universalmente aceptado, el eminente profesor tratadista M. Cherif Bassiouni propone la siguiente definición
"La Política o Acción del estado conducente a someter a un Individuo a hostigamiento, tormento, opreSión, o medidas
dlscnmtnatorias diseñadas para o con la probabilidad de, producir sufrimiento físico o mental. o daño económico, por motivo de
las creencias, opiniones o pertenencia de la víctima a un determinado grupo identificable (religioso, social, étnico. lingüístico,
etc), o simplemente porque el perpetrador buscara stngularizar una determinada categoría de victimas por mobvos peculiares del
perpetrador"
e) El encarcelamiento arbitrario está también reconocido como crimen contra la humanidad.
Este reconocimiento se efectuó por primera vez en la Ley 1O del Consejo Aliado de Control, por la que se siguió juzgando
a los criminales de guerra de las Potencias del Eje después del juicio principal de Nuremberg:
"1. Cada uno de los siguientes actos se reconoce corno crimen:
(c) Crímenes contra la Humanidad: atrocidades y delitos. íncluidos pero no limitados a, el asesinato, exterminio, esclavitud
deportación, encarcelamiento, tortura, vIOlación u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o
persecuciones por motivos políticos raciales o religiosos. atenten o no contra el derecho interno del pais donde fueron
perpetrados' .
Ha sido reconocido también como un crimen contra la humanidad en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda,
articulo 3(e), y en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, articulo 5{e). Igualmente se recoge en el
articulo 7(e) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Además de su inclusión como crimen contra la humanidad en los instrumentos anteriores, el derecho a no ser detenido sin
mediar juicio previo justo y rápido, de conformidad con las normas internacionales del debido proceso, es también un derecho
humano fundamental reconocido por la DeclaraCión Universal de Derechos Humanos, artículos 9 y 10, yel Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos Los artículos 6, 9,14 Y 15 de éste últímo establecen expresamente tanto
el derecho a no ser detenido arbitrariamente, como las normas mínimas del debido proceso para el arresto, detención y
enjuiciamiento de los individuos
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xx

La Comisión de Derecho Internacional mantiene que el término "encarcelamiento" comprende toda violación de la libertad de la
persona y el término "arbitrario" establece el reqUisito de que esa privación sea sin el debido procedimiento legal Este acto
Inhumano Incluye, según la atada Comí ión, los ca os de encarcelamiento arbltrano slstematico o en gran escala como en
campos de concentración o detenCión, u otras formas de privación de libertad de larga duración
C) Características de los crímenes contra la humanidad.
En razón de la naturaleza de estos crlmenes, como ofen a a la dignidad inherente al ser humano, los crimenes contra la
humamdad tienen varias caracteristicas especificas
1) Son crímenes imprescnptlbles,
2) Son Imputables al indiViduo que los comete, sea o no órgano o agente del Estado
3) A las personas responsables o sospechosas de haber cometido un crimen contra la humamdad no se les puede otorgar asilo
territorial ni se les puede conceder refugiO,
4) Como crimen internacional, la naturaleza del cnmen contra la humanidad y las condiciones de su responsabilidad son
establecidas por el derecho internaCIonal con independencia de la que pueda establecerse en el derecho interno de los Estados
Esto significa que el hecho de que el derecho intemo del Estado no imponga pena alguna por un acto que constituye un cnmen
de lesa humanidad, no exime de responsabilidad en derecho intemaaonal a quien lo haya cometido
5) Estos crimenes no son amnistiables
6) Los crímenes contra la humanidad están sujetos al princípio de jurisdicción penal universal.
D) Distinción entre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Benlamln Ferencz, ex fiscal de Nuremberg en el caso conocido como "Einsatzgruppen", uno de los doce procesos
subsiguientes al juicio principal de Nuremberg, en su alegato acusatorio explica la diferencia entre crímenes de guerra y crimenes
contra la humanidad del siguíente modo
" Los mismos actos que hemos declarado bajo el Cargo Uno como 'crimenes contra la humanidad' figuran como 'cmnenes de
guerra' bajo el Cargo Dos Los mismos actos son, por tanto. objeto de acUSacIóncomo delitos separados y distintos Esto no es
ninguna novedad Una agresión. pumble en si misma. puede formar parte de un delito más grave de robo oo. Asi que en el caso
que nos ocupa, el asesinato de civiles indefensos durante una guerra puede constitUir un crimen de guerra, pero los mismos
asesinatos forman parte de otro crimen, Se trata de un crimen más grave, esto es, genocidio o un crimen contra la humanidad
Esta es la distinción que hacemos en nuestra súplica. Es real y de la más alta Importancia Para evitar cualquier malentendido
desde el principio, permitanme señalar las diferencias entre los dos delitos Los crimenes de guerra son actos u omisiones en
violación de las leyes y costumbres de la guerra Por su propia na uraleza afectan solamente a los nacionales de un beligeran e
y no pueden cometerse en tiempos de paz El crimen contra la humanidad no está delimitado de este modo, Se diferenCia
fundamentalmente del mero crimen de guerra en que abarca violaaones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales
comelldas en todo tiempo contra nacionales de cualqUier pais "
En el caso de la 11 República española, no puede calificarse mnguno de sus actos como cnmenes contra la humamdad Los
excesos que hayan sido cometidos por militares en operaciones legales, pero que hayan violado las leyes o usos de la guerra por
acción o por omisión, sólo pueden ser considerados como crtmenes de guerra La legalidad republicana tipificaba los delitos
contra civiles, e incluso la Constitución, en su articulo 7, reconocia la supremacía del derecho internacional sobre las leyes
Internas Se trataba de actos ilegales conforme al propio ordenamiento Juridico de la 11 República
En el caso de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, no sólo constituían ilicltos penales según el Código Penal, sino que la
justicia ordinaria debia perseguirlos, y, como en el caso de Cataluña. se procedió a la ídentificación de los restos de ejecutados
la devolución a sus familiares y el¡ulcío y condena de los hallados responsables No se trata de demostrar que se persiguieron
todos los casos, sino la falsedad propia de los intentos de equiparación de los dos bandos
Los documentos juridicos de las instituciones republicanas dejan perfectamente claro que su finalidad era la defensa de las
libertades civiles y del régimen democrático, y, este hecho no fue puesto jamás en duda por la comunidad internacional. En
cambio, el régimen franquista pergeñó un plan de exterminio y persecución política que está documentado en las propias
instrucciones de los generales que se alzaron en armas contra el Gobierno de la Republica, Asimismo, colaboró directamente
con el plan de exterminio nacional socialista contra los propios nacionales españoles (caso Mauthausen), en los actos de
agresión y delílos contra la paz y permitió la utilización del propio territorio en la planificación de los cnmenes contra la paz
Este plan de exterminio se llevó adelante durante décadas, y fue explicitamente condenado por las Instituciones internacIonales,
y muy especialmente por las Naciones Unidas, cuya resolUCiónde la Asamblea General de 12 de diCiembre de 1 6, declaró e!
carácter fascista del régimen impuesto por el General Franco y lo equiparó juridicamente al nacionalsocialismo alemán. al
fascismo italiano y al Imperialismo japones
IV • La Inobservanaa de los derechos de las víctimas y familiares de las víctimas de la represIÓn franquista se enmarca en el
contexto de la impunidad que aún hoy eXiste en E paña
A) la impunidad.
La Impunidad se define como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de
Violaciones de los derechos humanos. asi como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda
Investigación con miras a su Inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a
la indemnizacion del daño causado a sus víctimas', [Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L Joinet de conformidad con la
resolución 1996/119 de la Subcomisión E/CN.4/Sub.211997120, 26 de junio de 1997, en adelante E/CN 4/Sub,2/1997120)
En relación con los derechos de las victimas. consideradas como sujetos de derecho y tal y como se desprende de los trabajos
del Relator mencionado de las Naciones Unidas sobre impunidad en derechos civiles y políticos, Sr Louis Joinet, es deber de los
Estados garantizar:
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XXI

[Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos
civiles y politicos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión.
E/CN.4/Sub.211997120/Rev.1, 2 de octubre de 1997, en adelante ElCN.4/Sub.211997/20/Rev.1]
a) el derecho de las victimas a saber;
b) el derecho de las víctimas a la justicia; y
e) el derecho a obtener reparación.
B) El derecho a saber.
El derecho a saber, 'No se trata sólo del derecho indívidual que toda victima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió. que
es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus ralces en la historia, para evitar
que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el 'deber de recordar', a fin de
protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el
conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los
principales objetivos del derecho a saber corno derecho colectivo'.
En este sentido las organizaciones que suscriben llaman la atención sobre numerosos intentos que se están dando en España de
construcción de tesis revisionistas de la historia y alertan sobre las mismas.
Este derecho ha quedado formulado, en el ámbíto de las Naciones Unidas, bajo el Principio 2 del Conjunto de Principios para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y cuyo tenor literal es el que sigue:
'Principio 2 - El deber de recordar
El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar
adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar
del olvido la memoria colectiva. entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacíonistas.' .
y también:
'Principio 3 - El derecho de las victimas a saber
Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las victimas, asi como sus familias y allegados, tienen
derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o
desaparición, acerca de la suerte que conió la victima.'
[ElCN.4/Sub.211997120)EI derecho a saber conlleva también la necesidad de preservar los archivos. En relación a esta cuestión,
el Principio 13 establece:
'Se deberán adoptar medidas cautelares para impedir el secuestro, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los
archivos en que se recogen las violaciones cometidas.
Después de adaptarse esas medidas urgentes se introducirán reformas legislativas o de otra índole para reglamentar de manera
permanente el almacenamiento de esos archivos, su conservación y su consulta según los principios que se exponen más
adelante; en cuanto a los archivos nominativos, se adoptarán medidas especificas de conformidad con el Principio 18. Por otra
parte, se invita a los terceros países que estén en posesión de taJes archivos a que cooperen con miras a su restitución.
La sustracción de los archivos. especialmente con fines comerciales, se reprimirá severamente.'
y también:
'Principio 15 - Medidas administrativas relativas al inventario de los archivos
Al comienzo se dará prioridad al inventario de los archivos almacenados, induidos, siempre que estén dispuestos a cooperar, los
que se encuentran en terceros países, y a la verificación de la fiabilidad de los inventarias existentes. Deberá prestarse especial
atención a los archivos de los lugares de detención. en especial si oficialmente no se reconocía su existencia.
Principio 16 - Medidas para facilitar la consulta de los archivos
Se deberá facilitar la consulta de los archivos, sobre todo para favorecer la investigación histórica. En principio, las formalidades
de autorización tendrán por única finalidad permitir el control de la consulta y no podrán aplicarse con fines de censura.'
e) Derecho a la Justicia.
En cuanto al derecho a la justicia. el Principio 19 establece:
'No existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia: el perdón es, sin duda, un
factor importante de la reconciliación, pero supone, como acto privado, que la victima o sus derecl100abientes conozcan al autor
de las violaciones y que éste haya tenido la posibilidad de reconocer los hechos y manifestar su arrepentimiento.'
Los crímenes de la represión franquista tuvieron un carácter sistemático y a gran escala, lo que los convierte en violaciones
graves a los derechos humanos no sujetas a la prescripción, esto es, el delito continúa y es susceptible de enjuiciamiento. o lo
que es lo mismo, existe impunidad.
En relación con la imprescriptibilidad, el Conjunto de Principios dispone:
'Principio 27 - Restricciones a la prescripción
La prescripción de una infraccíóo penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el
periodo en que no existan recursos eficaces contra esa infraccióo.
La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme al derecho intemacional que sean por naturaleza imprescriptibles.
Cuando se aplica. la prescripción no podrá ínvocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para
obtener reparación.'
Yen cuanto a las amnistías:
'Principio 2B - Restricciones a la práctica de la amnistia
Cuando la amnistía tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la recoociliación
nacional, se aplicarán dentro de los siguientes límites:
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XXII

a) Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional y los autores de violaciones masivas o sisternáticas, no
podrán beneficiarse de la amnistía a menos que las victimas dispongan de un recurso eficaz y obtengan una decisión equitativa y
efectiva ...•
O) Derecho a la reparación.
En cuanto al derecho a la reparación:
'Principio 36 - Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar
Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual
implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.
Principio 37 - Procedimientos de recursos en solicitud de reparación
Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda victima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso
accesible, rápido y eficaz, que induirá las restricciones que a la prescripción impone el Principio 27; en el ejercicio de dicho
recurso, debe beneficiarse de una protección contra actos de intimidación y represalias.
El ejercicio del derecho a obtener reparación comprende el acceso a los procedimientos internacionales aplicables.'
El derecho a obtener reparación engloba, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de alcance general, como medidas de satisfacción y garantlas sobre la no
repelici6n. Las medidas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la reparación han de induir la cuestión de la sustracción de
bienes y todo dat\o material, físico y moral.
V.- Condusiones.
Por todo ello.
Las organizaciones abajo firmantes, suscriben el presente documento, y:
Ante la necesidad de recuperación de la memoria acerca del contexto histórico en que se produjo la represión franquista y los
hechos en que se materializó la misma, esto es, las violaciones graves a los derechos humanos y las libertades, principalmente
las represalias y el exterminio contra la población civil, asi como de las leyes y costumbres de la guerra en el trato dispensado a
los prisioneros de guerra.
Ante la inobservancia del derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, a la justicia y a una reparación digna
Ante los intentos de construcción de tesis revisionistas y negacionistas de la historia,
Reafirmando que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe
conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado.
Considerando que la impunidad es en si y por si misma una violación de derechos humanos y que con su existencia no sólo se
viola un derecho humano, como el derecho a la justicia y a la verdad. SIOOque ella constituye un atentado a la dignidad humana
propiamente tal.
ConSiderando que la iniciativa de investigar corresponde en primer lugar al Estado, y que en caso de carencia de los poderes
públicos, las victimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos deben tornar la iniciativa.
Proponen el siguiente:
VI.- Plan de acción:
1. Ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilídad de los crimenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad".
2 Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las
Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946
(Res. 32(1)]y el12 de diciembre de 1946 (Res. 39(1)),y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.
3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el
resarcimiento proporcional y actualizado de las victimas, asi corno la reconstrucción de los archivos penales y judiciales
afectados.
4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de victimas que tenga en cuenta los tipos de delitos. el necesario
conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos.
Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de
las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares
en los frentes de batalla.
5. Elaboración de un Manual de Antropologia forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crimenes de
guerra y a la situación histórica de la 11República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a
la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los
frentes de batalla.
6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de
las muestras de los restos de las victimas, asi como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de
reconocimiento que su~an de la experiencia antropológico forense y sociológica.
7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en
los mismos y de las victimas.
8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos. militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen
democrático.
9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnologia actual, de los archivos penales, judiciales,
carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del
derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.
Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las
víctimas y sus familiares, organizaciones de victimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros
paises.
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XXIII

10. Reconstrucción de las listas de victimas españolas en terceros paises como consecuencia del régimen franquista, incluyendo
especialmente a los denominados 'niños de la guerra', y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional,
especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras
que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de naCIOnalidad
española denvados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades
legítimas dela 11 República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exilíados y de sus descendientes en
todos los casos.
11. Reconstrucción de las listas de victimas y represaliados desde el levantamiento franqUIsta, de forma legalmente válida,
otorgando el reconocimiento juridico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres.
12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.
13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expolíados por motivos poIiticos, religiosos y de represalias.
14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables
patrimoniales si existieran, de los bienes expofiados a personas físicas o legales por motivos políticos. religiosos o de represalias
de cualquier tipo.
15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la 11 República. restableciendo su condición
histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.
16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los paises
aliados en la resistencia contra los paises del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento juridico, militar
y social que se siguió en paises como Francia.
17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el
derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.
18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad
económica y social española, a todo tipo de victimas aún vivas, herederos y sus familias, asi como adoptar las medidas
necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como
patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista. EqUIpo Nizkor
- 14 de abril de 2004
Rectificar a tiempo es un triunfo, dice el sabio refranero español.
Considerando que la Ley de Amnistia fue aprobada el 15 de octubre de 1977, Y que al aprobarse este
texto legal pudo satisfacerse una condición impuesta por las rémoras de la dictadura para consensuar la
Constitución Española hoy vigente como la "Constitución de la Concordia" para pasar hoja honrando a
todos aquellos que todavía permanecen enterrados en las cunetas de España.
Considerando que aquellos que intervinieron en aquel sanguinario y cruel acto terrorista que comenzó el
18 de julio de 1936, antes de aprobarse la Constitución de 1978 ya gozaban de la impunidad que
pudieran perseguir ellos o sus ascendientes directos, no es de recibo que la Fundamental Norma del
Estado no haya sido íntegramente respetada por las rémoras de la dictadura que encabezo el General
Franco y hoy los ciudadanos españoles estemos casi en las mismas condiciones, al menos en cuanto a la
Administración de Justicia, que estábamos antes de que nuestros ascendientes decidieron cambiar del
Poder Absolutista ejercido por la Monarquía, a otro diferente donde el Gobierno pudiera se reelegido.
Conociendo la Ley de Amnistia pudiera ser anulada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Conociendo que la representación política de los
ciudadanos han obviado gran cantidad de constitucionales mandatos en pe~uicio de los constitucionales
derechos de los ciudadanos que también contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos del Estado;
conociendo que recurrir al Jefe del Estado que es quien debe ejercer como arbitro o moderador de las
instituciones es una perdida de tiempo como lo deja probado el escrito que -debidamente protocolizado­
ante él se presento el 26 de julio de 2001.
A quienes se insta a celebrar el preceptivo acto de conciliación previo les sugerimos que con el fin de
eliminar enfrentamientos entre los ciudadanos, comenzar a disfrutar de la Constitución de la Concordia es
preciso que -la Corte Penal Internacional de la Haya- detennine, puesto que las Naciones Unidas ya se
pronunciaron si lo que realmente aconteció en España después del 16 de febrero de 1936 aún cuando el
Grupo Partamentario Popular se empeñe en decir que: "Esto no interesa a nadie, no hay que remover
el pasado" es preciso recuperar la memoria histórica para dialogar con claridad sin que se produzcan
enfrentamientos, razón por la que proponemos los siguientes acuerdos.
Primero: Que en el Congreso de los Diputados se acuerde que procede consultar a la Corte Penal
Internacional de la Haya, si lo acaecido en España a partir del 18 de julio de 1936, fue un acto militar más
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o menos criticable beneficioso para España y para la mayoría de los españoles; o si fue un acto terrorista
pe~udicial para España y para la mayoría de los españoles en el que los Generales Sanju~o Mola y
Franco fueron utilizados por el Poder Oligárquico para recuperar sus privilegios.
La Corte Penallntemacional del a Haya, deberá resolver sobre la legalidad o ilegalidad de las actuaciones intciadas
el18 de Julio de 1936 en base a los siguientes textos legales:
El Decreto de 2 de mayo de 1931, publicado en la Gaceta del 3 de mayo, modificó determinados artículos del Códígo Penal (CP)
común de 1B70 y de los Códigos penales del Ejército y de la Armada
El arto6" del mencionado Decreto dispone la siguiente redacción para los articulos 181, 243 y 2BO del CP de 1870
'Art. 181. Son reos de delito contra la forma de Gobiemo establecida en España los que ejecutaren cualquiera clase de actos o
hechos encaminados directamente a conseguir por la fuerza, o fuera de las vias legales, uno de los objetos siguientes:
1.° Reemplazar al Gobiemo republicano por un Gobiemo monárquico.
2.° Despojar en todo o en parte a cualquiera de los Cuerpos colegisladores o al Jefe del Estado de las prerrogativas y facu~ades
que les competan.
3.° Variar el régimen de elección del Presidente de la República.
4.° Privar al Gobierno provisional de la facultad de gobemar el Estado español hasta que la Asamblea Constituyente determine
las normas poIiticas para elegir al Presidente de la República y éste sea designado.'
'Art. 243. Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera de los
objetos siguientes'
1.° Destituir al Jefe del Estado o deponer al Gobierno provisional de la República, o privarJes de su libertad personal u obligarles
a ejecutar un acto contrario a su voluntad. (...)
5.° Sustraer la Nación o parte de ella o algún Cuerpo de tropa de tierra o de mar, o cualquiera otra clase de fuerza armada, de la
obediencia al supremo Gobierno
6.° Usar o ejercer por si o despojar a los Ministros de la República de sus facultades propias o impedlrles o coartaries su libre
ejercicio.' (...)
'Art. B.O El arto237 del vigente Código de Justicia Militar se redactará así:
'Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la Constitución del Estado republicano. contra el
Presidente de la República, la Asamblea Constituyente, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno proviSional y legítimo, siempre
que lo verifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
Primera. Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie por fuerzas del Ejército
Segunda. Que forman partida militarmente organizada compuesta de diez o más individuos
Tercera. Que formen partida en menor número de diez, si en distinto territorio de la Nación existen otras partidas o fuerzas que
se proponen el mismo fin.
Cuarta. Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra
Art. 9.° El arto 128 del vigente Código penal de la Manna de guerra quedará asi redactado
'Art. 128. Los marinos que colectivamente se alzaren en armas contra la Constitución del Estado republicano, contra el
Presidente de la República, la Asamblea Constituyente, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno provisional y legítimo, serán
castigados ...' .
EI9 de diciembre de 1931 se promulga la Constitución de la República, en cuyo Título Preliminar se postulan los principios
de libertad, justicia e igualdad en un marco democrático.
Además, su Articulo 6 dispone: 'España renuncia a la guerra como instrumento de politica nacional.', y su
Artículo 7: 'El Estado español acatará las normas universales del Derecho intemacional, incorporándolas a su derecho positivo.'
Mediante Ley de 27 de octubre de 1932 (Gaceta de 5 de noviembre de 1932. Ar 1408), se promulga el Código Penal
reformado con arreglo a la Ley de Bases de 8 de septiembre de 1932.
El Capitulo Primero del Título Primero (Delitos contra la seguridad exteriOf del Estado), del Libro Segundo (Delitos y sus penas).
se ocupa de los Delitos de Traición. Y bajo la Sección Tercera del Capitulo Primero del Titulo 11, se recogen los "Delitos contra la
forma de Gobierno' (arts. 167 a 173).
El art 167 dispone: "Son reos de delito contra la forma de Gobiemo establecida por la Constitución los que ejecutaren cualqUiera
clase de actos encaminados directamente a conseguir por la fuerza o fuera de las vias legales uno de los objetos Siguientes:
1.° Reemplazar al Gobierno republicano establecido por la Constitución por un Gobierno monarqUlco o por otro anltconstituClonal.
2 ° De po¡ar en todo o en parte a las Cortes o al Jefe del Estado de las prerrogativas o facultade que le competen'
y el art 170 "Los que se alzaren públicamente en armas y en abierta hostilidad para perpetrar cualqUiera de los delitos previstos
en el articulo 167, serán castigados con las penas siguientes 'En el Capitulo Pnmero del Titulo 111 se regula el delito de rebelión
(arts 238 a 244). De conformidad con el arto 238 'Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad
contra el Gobiemo constitUCional para cualquiera de los objetos siguientes
1 ° Destituir al Jefe del Estado u obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
2° Impedir la celebraCIón de las elecciones a Cortes en toda la República española o la reunión legiltma de las mismas.
3.0 Disolver las Cortes o impedir que deliberen, o arrancarles alguna resolución.
4 ° Substraer la NaCIóno parte de ella o algún Cuerpo de tropa de tierra o de mar, o cualqUiera otra clase de fuerza armada, de la
obedienCIa al Gobterno
5· Usar y ejercer por sí o despojar a lo Ministros de la República de sus facultades constitucionales, o impedlrles o coartarles su
libre eJercicIo.·
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xxv

En materia de Orden Público, el Gobiemo republicano promulgó la Ley de 28 de julio de 1933, 'Nueva ley de orden Público'
Gaceta de 30 de lulio de 1933 Ar 1111).
El arto58 de la misma dispone: 'La Autoridad militar en el estado de guerra podrá adoptar las mismas medidas que la civil en los
dos capitulas anteriores las demás que esta Ley autoriza y cuantas sean necesarias para el restablecimiento del orden. Cuidará
muy especialmente que los Jefes o Comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, a disposición de su autoridad o de la
civil o judicial, lo efectúen hasta el punto de su destino, con toda seguridad, y cuando no llegasen a aquél, mandará que se
formen las causas oportunas para averiguar y castigar las faltas y delitos que en este servicio se cometan, cualquiera que sea la
clase del Jefe que lo desempeñe.'
y el arto63, en materia de procedimiento: 'Declarado el estado de prevención o decretada la suspensión de garantias, se
constituirán en Tribunal de urgencia las AudienCias provinciales de Sala única y una o varias Secciones de las Audiencias,
integradas por varias salas'.Y además, 'Los Tribunales de urgencia así conslituidos serán los únicos competentes para conocer
de los delitos contra el orden público .. ' (art. 64). 'Los Colegios de Abogados designarán anualmente los Letrados de su seno
que hayan de actuar ante estos Tribunales, estableciendo un turno especial de oficio para la defensa de los Inculpados que lo
requieran' (art. 66). Es decir, aún mediando la suspensión de garantías, se mantiene el derecho al debido proceso y la
sustanciación de estas causas por tribunales ordlnanos
El 24 de abril de 1934 se promulga una Amnistía (gaceta de 24 y 25 de abril de 1934) respecto de, entre otros delitos y faltas,
'los delitos contra la forma de gobierno y cometidos por particulares en ocasión del ejercicio de los derechos individuales
garantizados por la Constitución', incluido el delito de alzamiento en armas del arto 170 del CP de la República.
Tercero: Después de haberse analizado la documentación que el actor como Representante de
"Ciudadanos Agobiados y Cabreados" presento ante la Junta Electoral Central, la presentada ante la
Fiscalñia general del Estado y ante el Fiscal General del Estado; en el Congreso de los Diputados deberá
votarse si procede o no procede, a la vista de los documentos citados, que las elecciones al Senado
celebradas el14 de marzo de 2004 fueron impugnadas en tiempo y forma y/o si procede acordar fecha
para la celebración de las elecciones al Senado. O por el contrario:
Los Excelentisimos señores citados al acto de conciliación previa, deberán instar al Ministerio Fiscal, a la
vista de la impugnación recibida y del escrito presentado al Fiscal General del Estado, que debe cumplir
con lo dispuesto en el constitucional articulo 124, e informar de la forma y de la fecha en la que se
celebraran las elecciones al senado.
Cuarto: En el Congreso de los Diputados deberá someterse a debate si procede que de la Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado, sea eliminado el articulo 1.2 y el segundo párrafo del articulo 1.3. así como el que
la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en el segundo párrafo del artículo 5.2 disponga: 11. El párrafo
segundo del apartado 2 del articulo 5 queda redactado de la siguiente forma:
«No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1 de la presente Ley, en
ningún caso podrá enjuiciarse por conexión el delito de prevaricación, así como aquellos delitos
conexos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa la continencia de la
causa.»
Quinto: En el Congreso de los Diputados deberá someterse a debate si el Código Penal deberá señalar
una larga pena de privación de libertad para quienes en via administrativa o jurisdiccional prevariquen, al
dictar alguna resolución injusta por contraria a Derecho.
Sexto: En el Congreso de los Diputados deberá someterse a debate si procede o no procede que el
delito de prevaricación no prescriba hasta los diez años.
Séptimo: Deberán los políticos, asistentes al acto de conciliación, informar si en el Congreso de los
Diputados se ha acordado que, una vez el Senado este legalmente constituido, se actualizaran o creara
la Ley Orgánica de Protección Jurisdiccional de los Derechos fundamentales de la Persona.
Octavo: Si en el Congreso de los Diputados se ha acordado que una vez que el senado este
debidamente constituido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se aprobó el 14 de septiembre de 1882
será eliminada una vez aprobada la nueva Ley Procesal Penal que si conocerá de lo dispuesto en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; de lo consensuado cuando se aprobó la Constitución
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Española hoy vigente; y de lo dispuesto en la ley Orgánica del Poder Judicial. Si la ley de Enjuiciamiento
Civil y el Código Civil será actualizados al igual que la ley de Enjuiciamiento Criminal y por los mismos
motivos.
Octavo bis: En tanto n oeste el Senado legalmente constituido, del artículo '}!J de la ley 50/1981 por la
que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal deberá ser eliminadas las siguientes palabras:
integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, toda vez que esa disposición de integración
no la incluyo el legislador antes de aprobarse el coOnstitucional articulo 124.
la ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal deberá ser sustituida por
unas ley orgánica que se acoja al constitucional mandamiento expuesto en el articulo 124, 1° del texto
legal últimamente citado donde desparezca la obligación del querellado o querellado de pagar por
anticipado a su abogado y procurador, toda vez que el Juez, Magistrado o Tribunal tiene la misión de
escuchar a las partes y no a sus representantes, o intermediados, sean estos de la parte querellada o
querellante o simplemente mercenarios.
El querellante o querellado podrá ser asesorado por un abogado, (pasando el abogado ahora preceptivo
a la figura de simple asesor del querellado o querellante) cuyos servicios se establecerán en el preceptivo
contrato de servicios donde incluso podrá establecerse una cláusula que indique las cantidades a abonar
por el servicio prestado, no pago por anticipado.
No es de recibo que en pleno Siglo XXI continuemos facilitando poderes a quienes después de habemos
cobrado por anticipado, hacen sus propios negocios en contra de nuestros intereses.
Noveno: Si en el Congreso de los Diputados se ha acordado que una vez que el Senado este
debidamente constituido, la ley de Enjuiciamiento Civil que se aprobó un año antes que la ley de
Enjuiciamiento Criminal deberá ser actualizada de acuerdo con los textos legales anteriormente citados.
CONCLUSIONES: A la vista de lo anteriormente expuesto deberá considerarse que los profesionales de
la política, tanto los de uno como los de otro color, nos han estado dando gato por liebre o estafando
cuando culpaban al General Franco de ser él quien viendo que el comunismo y el desbarajuste se
imponía en España -en detrimento de la unidad nacional- inicio aquel sanguinario y cruel Golpe de Estado
al que algunos denominan Glorioso Alzamiento Nacional que, según dicen, nos salvo del caos.
En contra de lo que quieren hacemos creer, aquellos que antes de utilizar a los generales
Sanjurjo Mola y Franco para que aquel sanguinario y cruel acto terrorista que se estaba
gestando en España pareciera una acción militar, se aseguraron la intervención armada de
los Ejércitos Alemán e Italiano: España acudió a las urnas el 16 de febrero Unos 34.000 guardias civiles y
17.000 guardias de asalto garantizaron el orden. Los resultados, dados a conocer el 20 de febrero. fueron los
siguientes en lo que refiere a bloques nacionales Electores .. o".. .. 13.553.710 Votantes.. .. . .0 ••• 9.683.335
(71,4%) Frente Popular o •• o.o ••• 4.654.116 (34,3%) Frente Nacional 4503.505 (33,2%) Centro y
vascos... .... 525.714 (54%)Es imposible dar cifras de volos por partidos puesto Que los electores votaron a alianzas
y no a partIdos aislados Pero las principales formaciones se repartieron los escaños de la sigUiente manera:
Elecciones donde el Frente Popular de España (coalición política de republicanos de izquierda, socialistas y
comunistas formada en 1935), ganó las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936 y se mantuvieron en el
gobierno hasta el final de la Guerra Civil Española en 1939, con Manuel Azaña como presidente de la 11 República,
según se dice en http://es.wikipedia.orqrwik 'Frente Popular
ORMACIONES CENTRQ-IZQ.
XXVIl
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L GA REGIONALISTA 12
PARTIDO AGRARIO
PARTIDO RADICAL
OTROS PARTIDOS CENTRQ-DER.
Los historiadores dicen Desde el advemmlento de la Segunda República española. el 14 de abril de 1931, el pueblo
español imc/ó uno de los periodos más enriquecedores, en todos los sentidos, de su Historia. se produjo una auténflca
revolución social y cultural, en la que la participación se transformó en el elemento habitual de la vida social Las
asociaciones de todo tipo. los ateneos libertarios y republicanos. las casas del pueblo, etc fueron la tómca general de
aquella época Esta democracia participatlva empezó a poner en peligro los pnviteglos de clase de las oligarquías
españolas y los Intereses de numerosas multinacionales americanas y británicas. Los mtereses geoestratéglcos de la
Alemama naZJy de la Italia fascista fueron también un elemento crucial en ese escenario Lo que es muy importante
rescatar de todo aquello es que ante esta situacíÓn. las oligarquías fueron preparando una estrategia que acabase con
las ilusiones del pueblo español y asegurase el orden establecido.
Hay que recordar que el golpe de estado fascista contra la Segunda República fue cuidadosamente planificado y
preparado mucho tiempo antes para evitar la desmembración y ruina de la patna; aun cuando al actor le recuerda la
experiencia de la oligarquía en la aplicación del método lobby o proceso previo a la acción lo que supone que los
apaleamientos. Imchamientos. peleas y altercados que se saldan a tiros pudieran haberse realizado a instancias de la
parte que pretendia justificar su delictiva actuación; recodemos que Azaña mando detener a don José Antonio Primo
de Rivera como instigador de la violencia callejera.
Lo cierto es que la oligarquía comenzó a recibir muy ímportantes ayudas económicas de mdustriales y empresanos, a
la vez que aglutmaba a una gran cantidad de conservadores descontentos. Esperaron el momento adecuado cuando
todo estaba preparado acordaron usar como detonante final el asesinato del diputado monárqUiCOJosé Calvo Sotelo
El que la Republica se instaurara, y con ella -poco a poco- se fuera avanzando en la poliflca de derechos, es algo que
-el Poder OllgárqUlco con la ayuda del Ejercito y de la igleSia. argumentando que España estaba al borde de la
anarquia y de la revolucion- propicio aquel sangumario y cruel Golpe de Estado generado con ammo de reprimir a
quienes anslaban alcanzar la política de derechos y obligar/os a contmuar conViviendo en la politica de privilegios que
tantos beneficios había proporcionado a los oIigarcas a lo largo de tantos años
Muchos de los descendientes de aquellos que en 1931 decidieron sustituir al Gobierno de la Nación por
otro que cada cuatro años pudiera ser reelegido o renovado cada cuatro años, con ilusión elegimos como
sistema de Gobierno la Monarquía Parlamentaria que se regiría por la Constitución Española como
Norma Fundamental del Estado, perfectamente conocíamos que el 15 de octubre de 1977 había sido
aprobada la Ley de Amnistía de lo que dedujimos que el régimen franquista habia sído superado por lo
que comenzaría a ser olvidado una vez aprobada la Constitución de la Concordia.
Los argumentos expuestos demuestran que los ciudadanos hemos sido engañados y que en España, en
la sombra supuestamente, continúan gobernando los descendientes de aquellos que después de haberse
asegurado la intervención armada de los Ejércitos Alemán e Italiano, cohecharon o corrompieron a los
Generales Sanju~o, Mola y Franco para que aquel acto terrorista sin parangón en la historia de España
pareciera un Golpe de Estado.
A ustedes, en su calidad de máximos representantes de la Soberanía Popular, les corresponde tomar el
acuerdo de "desfacer" los entuertos relegislando los textos legales anteriormente expuestos o esperar a
que sea la Corte Penal Intemacional de la Haya la que conozca y resuelva si el haber obviado al legislar
cumplir con los constitucionales mandatos, es un hecho delictivo -penalmente sancionable- o los motivos
que han tenido no son legalmente justifICables.
En el caso de Indefensión que como ejemplo se esta exponiendo, más o menos resumido dice: El original
de la resolución judicial acordada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 19
de mayo de 1993 deja jurisdiccionalmente probado, no sólo que siete personas inocentes fueron víctimas
del delito de detención ilegal con simulación de funciones públicas que cometió el entonces juez de los
delitos monetanos don Miguel Moreiras Caballero, sino que el que esa Sentencia no se haya ejecutado,
se debe al alto índice de corrupción judicial alcanzado toda vez que el ordenamiento jurídico permite que
jueces y tribunales prevariquen, y que prevariquen ímpunemente por cuanto la Ley Orgánica del Tribunal
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del Jurado vulnera el constitucional derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de
Justicia mediante la institución del jurado cuando se ha de juzgar el delito de prevaricación o prevaricato.
Alguno de los miembros de los Gobiernos Presididos por don Felipe González Márquez, por don José
Maria Aznar López y por don José Luis Zapatero Rodriguez, cada uno en su momento, han transgredido
o están transgrediendo el ordenamiento jurídICO, supuestamente para evitar tener que, al cumplir con lo
dispuesto en los artículos 292.1, 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tener que cumplir con lo
dispuesto en los artículos 296 y 409 de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que supondría que el
Gobierno tendria que informar de los hechos al Ministerio Fiscal por SI procediere el ejercicio de la acción
penal.
Los Ministros de Justicia y los Ministros de la Presidencia, especialmente doña Maria Teresa Femández
de Vega (que fue Secretaria de Estado cuando prevarico don Juan Alberto Belloch Julve en su calidad de
Ministro de Justicia e Interior), debe explicar el porqué el Recurso de Revisión de oficio que el actor ante
el Consejo de Ministros presentó el 29 de octubre de 2004, lejos de ser resuelto por el mismo Consejo de
Ministros de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional decimosexta de la Ley 6/1997 de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, lo remitió al Ministerio de
Justicia donde hasta ahora han decidido, quien sea, dar la callada por respuesta.
Después de que en la Casa de Su Majestad el Rey en su calidad de Jefe de Estado (que no puede ser
reelegido ni renovado cada cuatro años), obviando que Su Majestad está obligado a ejercer como arbitro
y moderador en el regular funcionamiento de las instituciones, que al tomar posesión de su cargo juro
guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los Ciudadanos, sin ningún
temor ni respeto a los juramentos prestados se haya transgredldo el ordenamiento juridico en detrimento
de los constitucionales derechos de los ciudadanos de forma supuestamente intencionada y reiterada, no
ce sino confirmar las palabras del General Franco cuando aseguro que "todo estaba atado y bien
atado" no le queda al actor sino DECIR:
Si ustedes, máXimos representantes de la Soberanía Popular, deciden no acudir al acto de conciliaCión
solicitado, informando de la fecha en que se celebraran las impugnadas elecciones al Senado y de los
acuerdos adoptados sobre lo expuesto en el apartado 'Rectificar a tiempo es un triunfo, dice el sabio
refranero español" o salir por peteneras, Joaquin González López en su calidad de presidente de
"AJURA' considerando que El encarcelamiento arbítrario está también reconocido como crimen
contra la humanidad, presentará querella criminal ante la Corte Penal Internacional de la Haya contra
aquellas personas que, han obviado cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y/o,
al legislar han obviado cumplir con lo dispuesto en los articulos 1, 2, 3, 6 , 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 28, Y
30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los articulos 10.1,10.2,14,16.3,17,18,22,
47,53.2,67.1,69.1,117.1,117.2,117.3,117.4, 118,119, 120,121,122,124.1, 124.2 Y 125 toda vez que
al haberlo obviado, han facilitado pruebas documentales de seguir las directrices marcadas por aquellos
que habiendo podido comprobar tras el resultado de las elecciones celebradas el16 de febrero de 1936,
que jamás recuperarían los pnvilegiados puestos ocupados durante el reinado de Don Alfonso XII,
primero se aseguraron de que los Ejecitos Alemán e Italiano intervendrían en el desaguisado que se
estaba gestando en la España Republicana y posteriormente cohecharon o corrompteron a los Generales
Sanju~o, Mola y Franco para que a quienes prestaban el Servicio Militar Obligatorio, o formaban parte de
la Legión Extranjera que ya habían recibido instrucción militar y habían jurado lealtad a la Bandera de
España, que además de estar armados estaban en condiciones de obedecer sin rechistar las ordenes
que recibieran, a los gritos de ¡Por Dios y por España¡ les ordenaron arremeter contra el resto de los
ciudadanos incluidos sus propios padres o hermanos; ya que de no hacerlo asi, serian fusilados.
Este acto terrorista, sin parangón en toda la Historia de España, no fue idea del General Franco sino que
él y otros dos Generales más fueron utilizados por los ascendientes de aquellos profesionales de la
política siempre dispuestos a "forrarse"; esta es la razón de que, a la vista de las fotocopias debidamente
testimoniadas de la resolución judicial dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supenor de Justicia de
Madrid el 4 de mayo de 1993 (que devino en firme 15 días después). Las tres resoluciones Judiciales
dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial 1440/93; las dos resoluciones
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XXIX

judiciales "supuestamente" firmadas por los dieciséis Magistrados del Tribunal Supremo que formaron la
Sala Especial del Tribunal Supremo en la Causa 24/1998; las dos dictadas por dos diferentes Salas de
Tribunal Constitucional; el Informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el día 30
de noviembre de 1994; los cinco Dictámenes aprobados por la Comisión Permanente del Consejo de
Estado; la resolución Administrativa dictada por el entonces Ministro de Justicia e Interior, don Juan
Alberto Belloch Julve; las dos dictadas por doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón; las dos acordadas
por el Consejo de Ministros los días 15 de octubre de 1999 y de 1 de marzo de 2002; el Recurso de
Revisión de oficio que ante el Consejo de Ministros se presento en el Complejo de la Moncloa el 29 de
octubre de 2004 (todavía sin resolver al igual que el Recurso de revisión de oficio presentado ante el
Consejo General del Poder el 26 de julio de 2001), y las respuestas obtenidas de la Casa de Su Majestad
el Jefe del Estado a los escritos donde se ejercia el constitucional derecho de petiCión, serán las pruebas
documentales de que aquellos terroristas, o sus descendientes, continúan pendientes de ser juzgados.
Las irregularidades junsdiccionales como las administrativas han sido posibles porque los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, al legislar, han obviado cumplir con los constitucionales mandatos expuestos en
los artículos 10.1,10.2,14,16.3,17,18,22,47,53.2,67.1,69.1, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 118, 119,
120,121,122,124.1,124.2 Y 125 de la Constitución Española que se aprobó como Norma Fundamental
del Estado, lo que ha propiciado que diferentes leyes orgánicas sean anticonstitucionales.
Dicho de otra forma: Las irregularidades procésales que se reproducen en la página Biblioteca de la
Web http://www.alura es no hubieran permanecido impunes de haberse legislado de acuerdo con los
constitucionales mandatos, ya que, repite el actor, la mayor parte de los textos legales relacionados con
los constitucionales derechos fundamentales de los ciudadanos son anticonstitucionales.
Tanto los "Dirigentes-Delincuentes"; como los "Delincuentes-Togados"; los "Intelectuales y Delincuentes"
y los "Letrados y Delincuentes", que se citan en ese mismo espacio Web, hubieran Sido juzgados con
textos legales pos-constitucionales y supuestamente habrían sido condenados por haber participado en la
comisión de siete delitos de detención ilegal con agravantes, como fueron juzgados y condenados con
leyes anltconstituciona!es los señores Vera y Barrionuevo por haber cometido aquel mismo delito de
detención ilegal, que se cometió por error y fuera de España en la persona de don Segundo Marey; SI el
ordenamiento jurídico interno se hubiera aprobado de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
Española vigente desde el6 de diciembre de 1978, el constitucional derechos de igualdad de trato ante la
ley hubiera sido respetado; y si la anticonstitucional ley que permite aplicar parcial justicia hubiera sido
sustituida por la nueva Ley Procesal Penal, que habrá de ser inmediatamente aprobada una vez que la
Cámara Alta Territorial o Senado este legalmente constituida, la mayor parte de los delincuentes togados
y dirigentes delincuentes que en la citada Web se citan, no se hubieran atrevido a transgredir el
ordenamiento jurídico tan fácilmente.
No parece de recibo Excelentísimos señores que el alto incide de corrupcíón judicial alcanzado propicie
que el acto terrorista cometido el 11-M se resuelva de forma similar a como se resolvieron las 13.345
denuncias presentadas contra el entonces Presidente Aznar por la invasión del Irak, que no admitió a
tramite la Sala segunda del Tribunal Supremo cuando resolvió diciendo que el apoyo logístico no genera
responsabilidad penal.
En el supuesto de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal hubiera dado paso a la nueva Ley Procesal
Penal ¿A qUien responsabilizara la judicatura española de este acto terrorista supuestamente comettdo
como respuesta a aquel "apoyo logístico" que nos situó a todos los españoles en el punto de mira del
terrorismo islamista?
Con una Administración de Justicia parcialmente corrupta como la que prueban las resolUCiones judiciales
dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa especial 1.440/93, la resolución
acordada por la Sala Especíal del Tribunal Supremo que decretó el sobreselmlento y archivo de la
querella al considerar que los delitos de prevaricación (objeto de la querella), no son constitutivos de
delito; el que dos diferentes Salas del Tribunal Constitucional in-admitieran los recursos de amparo
presentados, no hace sino dejar documentalmente probado que se mantiene el alto indice de corrupción
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judicial alcanzado por los Tribunales de la Muerte (1939 a 1945), y los Tribunales de Orden Publico (1945
a 1975). Dicho de otra forma: Los tribunales españoles no están en condiciones de administrar imparcial
justicia y menos si los textos legales son anticonstitucionales.
Pongamos otro ejemplo: El constitucional artículo 53.2 dispone sobre un procedimiento basado en los
principios de prioridad y sumariedad con el que poder recabar ante los tribunales ordinarios los
fundamentales derechos de la persona: El 11-M murieron 192 personas, hubo miles de heridos, han
pasado más de dos años y los hechos continúan sin ser resueltos.
La Audiencia Nacional trata de conocer y resolver de acuerdo con lo dispuesto en aquella antiquísima Ley
de Enjuiciamiento Criminal o Ley del Embudo, que si bien es perfecta para que jueces y tribunales
prevariquen impunemente como hemos dicho reiteradamente, no conoce del constitucional derecho de
igualdad de trato ante la ley y los Excelentísimos Señores don José Maria Aznar López, don Ángel
Acebes Paniagua y el entonces Subdirector General Operativo del Ministerio de Interior don Pedro Oiaz­
pintado Moraleda, no sólo no están privados de libertad, sino que ni siquiera se les ha tomado declaración
para que contesten a las siguientes preguntas:
Al señor Aznar: ¿Quiénes fueron los que le cohecharon o corrompieron para situar los ciudadanos
españoles en el punto de mira del terrorismo islamista?
Al señor Acebes: ¿Porqué razón se inmolaron quienes podrian haber declarado quienes les instaron
acometer tan grave delito de asesinato masivo?
Al señor Oíaz-Pintado: ¿Quién le autorizo u ordeno que los GEO atacaran cuando ya los terroristas
islamistas estaban acorralados en Leganes?
No duda el actor que a los familiares de esos 192 trabajadores tan cruelmente asesinados se les ha
indemnizado con cargo a la responsabilidad patrimonial del Estado, pero ese dinero y el que pudo costar
la recuperación de los heridos ¿cuando será restituido a las arcas del Estado?, o es que acaso el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, al haber obviado esos constitucionales mandatos repetidamente citados
en este escrito pretendían que ese horrible delito, y el de detención ilegal y ruina de nuestro negocio
familiar y tantos otros gocen de la más absoluta impunidad.
Los españoles continuamos esperando una lógica respuesta francamente ilusionados con la buena nueva
que nos ha proporcionado ETA.
Joaquín González L' z, en su calidad de Presidente de la Asociación sin animo de lucro "AJURA"
(Asociación de apoyo al Jurado Público y a la no indefensión del ciudadano lego); Representante legal en
Madrid de la "Asociación Nacional de Afectados por Errores y Abusos Judiciales" Representante ante la
Junta Electoral central del partido político "Ciudadanos Agobiados y Cabreados"
XXXI
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