impunidad sin fin

• Personería de Cartagena: “Si la entidad obtiene información relacionada con las violaciones de las que
pueden ser víctimas las personas LGBT, es ingresada mediante el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI), [que] surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 1993 para el Sistema de Control
Interno, el cual se compone por una serie de Subsistemas, Componentes y Elementos de Control” (17
de abril de 2012).
• Personería de Bucaramanga: “Respecto a los formatos de declaración que la personería maneja para
reconocimiento de víctimas de las que habla la Ley 1448 de 2011, se maneja una planilla única que
exclusivamente varía en sus anexos frente al hecho causal de tal declaración” (11 de abril de 2012).
• Personería de Cúcuta: “No tenemos bases de datos sobre denuncias interpuestas por la población
LGBT, solamente se lleva un archivo de declaraciones juramentadas de queja o por amenazas de muerte,
en formato Word”.
Es claro que no existe un sistema de información unificado. Cada una de las personerías alude a uno distinto:
unas a un sistema de registro que se deriva del Sistema de Control Interno, que nada tiene que ver con
el registro de violaciones a derechos humanos; otras mencionan la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de
Víctimas, que se refiere a los formatos de declaración de víctimas en el marco del conflicto armado –no contempla
a todas las víctimas–; y otras mencionan bases de datos o archivos creados por algunas personerías,
pero sin criterio unificado. La necesidad de crear sistemas de información unificados no responde exclusivamente
a la inexistencia de cifras diferenciadas, sino a que deben existir criterios, metodologías y categorías
que permitan hacer análisis diferenciados sobre las violaciones de las que son víctimas las personas LGBT.
Una afirmación como la de la Personería de Ibagué, que dice que no existen violaciones contra personas
LGBT, y que en consecuencia no es necesario acudir a variables y a sistemas de información, es insostenible.
Los reportes periódicos de COLOMBIA DIVERSA demuestran que esas violaciones existen, que los números que
dan cuenta de ellas aumentan con el paso de los años, y que además es necesario analizar e identificar si tales
hechos delictivos están relacionados con la orientación sexual o identidad de género.
La inexistencia de sistemas unificados de información no sólo invisibiliza las violaciones perpetradas en
contra de las personas LGBT, sino que le resta contundencia y, peor aún, consistencia a la información recabada
por las autoridades estatales y a sus reportes: como la información no es unívoca, y varía, lo que se genera
es una gran confusión.
Pero las repercusiones del vacío profundo de los sistemas de información son aún más graves: tienen que
ver con el deber de garantía en cabeza del Estado. Un sistema de información adecuado, completo, detallado
y con un enfoque diferenciado contribuye a reconocer la dimensión del problema, al consiguiente diseño y
desarrollo de políticas públicas efectivas que hagan frente a la situación de derechos humanos de la población
LGBT y a la implementación de las acciones necesarias para proteger y prevenir futuras violaciones. Mientras
estos sistemas de información no funcionen como debe ser, el Estado estará incumpliendo con el deber de
garantía que le impone el derecho internacional de los derechos humanos.
La inexistencia de sistemas unificados de información no sólo
invisibiliza las violaciones perpetradas en contra de las personas
LGBT, sino que le resta contundencia
Amenazas con panfletos:
personas LGBT como objetivo paramilitar
Desde hace varios años se denuncia la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal de la
población LGBT por las amenazas de las que han sido objeto. Puntualmente, desde el año 2008, se advierte
sobre la circulación masiva en varios departamentos del país de panfletos con amenazas de muerte. Esos
panfletos, muchas veces anónimos, tenían en algunos casos la firma de grupos paramilitares conocidos como
“bandas criminales”. Las mal llamadas “políticas de limpieza social” de los grupos armados ilegales son ampliamente
conocidas en el país. Se identifica y señala a personas socialmente marginadas –entre ellas personas
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