impunidad sin fin

I. La Justicia es ciega ante la evidencia
de crímenes por prejuicio
Catalina Lleras
Introducción
Aunque la Constitución, la Corte Constitucional y diversos instrumentos y organismos internacionales de
protección de los derechos humanos prohíben la discriminación –directa o indirecta– de personas o grupos
que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, la
discriminación en razón de la orientación sexual o de la identidad de género –real o percibida– en Colombia
sigue siendo una realidad. Así lo comprueba el registro de los hechos de violencia cometidos entre los años
2010 y 2011 contra lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas, y la consiguiente vulneración de su derecho a
la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia.
Si bien COLOMBIA DIVERSA no puede sostener que el móvil de estos casos de violencia contra personas
LGBT haya sido la discriminación, no son pocos los pronunciamientos, informes y hechos que evidencian la
existencia de un contexto social y cultural poco respetuoso de la diversidad sexual, lo que exige del Estado el
que asuma y cumpla con su deber de respetar y garantizar los derechos de esta población.
El Estado colombiano ha adquirido obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que
ahora, y en este sentido, deben ser tenidas en cuenta. Por una parte, la obligación internacional de respeto de
los derechos humanos 1 , que impone a los Estados el deber de tomar las medidas necesarias para garantizar
que sus propios agentes no desconozcan o violen los derechos y las libertades de las personas, y que por ende
su autoridad se desarrolle en función del cumplimiento del propósito para el que están establecidas: la efectiva,
adecuada y oportuna protección de los derechos de las personas. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos interpreta así esta obligación 2 :
La primera obligación asumida por los Estados Partes […] es la de “respetar los derechos y libertades”
reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos
humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del
Estado. […] la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la
Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que
no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales
que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los
derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.
La obligación internacional de garantizar los derechos humanos 3 impone un conjunto de obligaciones positivas
a los Estados, de tal manera que garanticen la efectividad o realidad material del ejercicio libre y pleno
de los derechos y libertades reconocido a todas las personas.
...............................
1
La obligación de respeto de los derechos humanos en cabeza de los Estados está consagrada en el artículo 1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, en los siguientes términos: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social” (subrayado fuera del texto).
2
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, 29 de julio de 1988 y Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de
mayo de 1986.
3
La obligación que tienen los Estados de garantizar los derechos humanos se encuentra consagrada también en el artículo 1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social” (subrayado fuera del texto).
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