Revista de Derecho Parlamentario Nº 11 - Honorable Cámara de ...

postulante invocando supuestas graves irregularidades en las que habría incurrido en el ejercicio de
su profesión de abogado.
En este orden de ideas, el articulista señala que la Legislatura ocurrió ante la Justicia en lo
Criminal de Instrucción y el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados para que juzgaran su
conducta; ambas instancias sobreseyeron y absolvieron al profesional en cuestión por inexistencia
de delito y / o tacha alguna en el desempeño de su actividad abogadil.
El Tribunal Superior acogió la acción y declaró la mentada nulidad ordenando al órgano
legislativo convocar una audiencia pública para evaluar nuevamente su propuesta.
Lejos de rever su originaria decisión, la Legislatura se pronunció contra lo resuelto por el
Tribunal precitado dictando una norma en virtud de la cual, invocando el principio de
independencia de los poderes, justificaba su accionar. Bajo la óptica del autor, las razones expuestas
por dicho Cuerpo encuentran fundamento en la doctrina que, con marcado sesgo autoritario, admite
la existencia de actos políticos ajenos al control judicial.
A renglón seguido indica que en un régimen republicano, el principio de no revisión de los
actos de los otros dos poderes es excepcional, así lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación haciéndose eco de la evolución de los decisorios de su similar de los
Estados Unidos de América, ampliando el control constitucional a cuestiones que la doctrina
tradicional denominaba "políticas" tales como el procedimiento de formación y sanción de las leyes
entre otras.
De resultas del hecho de que la Legislatura, al evaluar nuevamente la propuesta del
candidato, decidió rechazarla por segunda vez, sin poder invocar ninguna causa razonable que
fundamentara su proceder, el autor concluye que, a su juicio, la filosofia que nutre el pensamiento
de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en la antípoda de la doctrina de los
derechos humanos.
Roberto SIERRA.
EL PODER LEGISLATIVO EN LAS PROVINCIAS: ALGUNAS NOTAS
PARA SU REFORMULACION, por María Gabriela Ábalos (“EL DERECHO”,
2002, tomo 198, página 645)
La autora comienza afirmando que a partir de 1986 varias provincias argentinas pusieron en
marcha los mecanismos de reforma de sus textos constitucionales, introduciendo modificaciones al
Poder Legislativo. Sin embargo, continúa, otras han mantenido en vigencia sus cartas que datan de
principios del siglo XX, como es el caso de Mendoza (1916) y de Entre Ríos (1933), encontrando
también textos de las décadas del cincuenta y del sesenta como es el caso de Neuquén (1957), Santa
Fe (1962) y Misiones (1958/64).
Prosigue más adelante la autora, siguiendo a Egües, que cuando se habla de la reforma del
Poder Legislativo muchas veces el tema se limita a un par de cuestiones, como, por ejemplo, si la
legislatura debe ser unicameral o bicameral, si los legisladores tendrán estas o aquéllas
prerrogativas, cuando, en realidad, la cuestión va más allá.
Luego cita a Giunta y Cueto, quienes señalan luego de un profundo análisis que la reforma
del Legislativo posee una dimensión analítica estructural externa, que comprende el régimen
electoral y los partidos políticos; y una interna, que abarca los siguientes puntos: las Cámaras
(número, integración, estructura de autoridad); los Legisladores (en tanto miembros de una
Cámara, adquisición del derecho de ser elegidos, adquisición del derecho a ser legislador; los
bloques legislativos, la asamblea, las sesiones y comisiones y los reglamentos internos). También
marcan una dimensión analítica funcional que sería la referida al proceso de formación de las
decisiones y las atribuciones y competencias.