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LA IMPRONTA MEDIÁTICA SOBRE LA TEORÍA POLÍTICA.
I. Relación de la opinión pública y lo político
a. La tradición clásica
María Cristina Menéndez – CONICET
Un buen punto de partida para llegar al análisis de la metamorfosis de
algunos conceptos políticos a la luz de los cambios que se han producido en los
tiempos de la información puede ser rastrear la preocupación entre los clásicos
por comprender la vinculación entre política y opinión pública.
Porque es el recorrido de los textos de filosofía política en su abordaje de
diferentes temáticas el que permite conmensurarlas y modificarlas en función de
su evolución actual. Si concordamos en que la aprehensión de lo simbólico
precede a la operacionalización científica coincidiremos con Giovanni Sartori
cuando expresa “ la fragua de la evolución simbólica se encuentra propiamente en
el pensamiento especulativo”. Lo cual, sin embargo, no implica desconocer sus
límites, en tanto que “un conocimiento no empírico no es, sólo por ser tal, un
conocimiento operativo”. “Las palabras del vocabulario filosófico son ricas en
connotación, pero indeterminadas, pobres en denotación (y delimitación)
fenoménica. “ (Sartori, Giovanni, Lógica ...46-47, 58)
Este es el punto donde puede enraizarse la teoría política. Porque es la
teoría contemporánea la que afronta la función de construir conceptos políticos
como ‘unidades del pensar’. Desde esta construcción se distinguen luego los
términos teóricos que carecen de referentes y los conceptos empíricos que
pueden sustentar la tríada compuesta por el término (palabra), el significado y el
referente llegando a su definición operacional. Desde esta perspectiva que señala
límites también se advierte cómo se anuda la relación entre ciencia política y
filosofía porque “ la ciencia política brota de la fuente de la meditación
especulativa”. (Sartori, Giovanni, Lógica... 50-51,65-70)
En este contexto tomaremos como referencia algunos autores clásicos en
sus refllexiones acerca de la relación entre política y opinión pública como una
primera aproximación a nuestra temática actual.
Comencemos por Aristóteles quien al relacionar la categoría mando y
obediencia con la opinión como fuente que no puede desconocer el gobernante
señaló “ La sensatez es la única virtud propia del que manda. Las demás
lógicamente tienen que ser comunes a los gobernados y a los gobernantes, pero
del gobernado no es virtud la sensatez, sino la opinión verdadera; pues es como
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un fabricante de flautas y el gobernante el flautista que las toca” (Aristóteles,p.
115-116)
Por lo contrario, en la perspectiva del realista N. Maquiavelo la relación
gobernante-gobernado diluye aquel carácter inspirador poniendo un dejo de
sospecha sobre la autonomía del gobernado mientras acentuaba la capacidad de
poder del gobernante al expresar “ Dedíquese el Príncipe a superar siempre las
dificultades, y a conservar su Estado. Si sale con acierto, se tendrán por honrosos
siempre sus medios, alabándoles en todas partes: el vulgo se deja siempre atrapar
por las exterioridades, y seducir del acierto. Ahora bien, no hay casi más que vulgo
en el mundo; y el corto número de los espíritus penetrantes que en él se
encuentra, no dice lo que vislumbra, hasta que el sinnúmero de los que no lo son
no sabe ya a qué atenerse” (Maquiavelo, Nicolás, p. 87)
Sin embargo la relación entre la esfera pública y la esfera privada siempre
ofrece varias perspectivas no agotando fácilmente su riqueza. Así el punto de vista
de la responsabilidad por las acciones es introducida por John Locke en su “
Ensayo referente a la comprensión humana” al señalar que existían tres leyes
para juzgar la rectitud u obligación: 1: la ley divina; 2: la ley civil y 3: la ley de la
opinión o reputación. La tercera fijaba la virtud o el vicio de acciones a partir de
las cuales los hombres eran juzgados. (Locke, John, Un essay concerning
Human Understanding, 1689, Cap. XXVIII, Nº7).
Desde esta perspectiva puede considerarse que en relación a nuestra
temática el discurso lockeano anticipaba el eje de una cuestión contemporánea:
la relación entre la exposición pública y el juicio público a los actores políticos,
que más precisamente denominaremos ‘accountability vertical mediática’ como
función de control del periodismo de investigación sobre la esfera política.
En tal sentido Locke ya jerarquizaba en su obra a la ley de opinión o
reputación considerando que los hombres podían imaginar una futura
reconciliación con respecto a la ley divina; tanto como una eventual impunidad
con respecto a la ley civil. Pero con respecto a la ley de la opinión pública ningún
hombre podía escapar. Por tanto la censura de la moda y la opinión de quienes
se frecuentaba era más temida que las otras dos leyes.
Así expresaba “Por lo que se refiere a los castigos derivados del
incumplimiento de las leyes del Estado, es frecuente que se hagan ilusiones con la
esperanza de la impunidad. Pero nadie que atente contra la moda y la opinión de
las compañías que frecuenta, y a las que se encomendaría, se libra del castigo de
la censura y el desagrado de éstas... No existe uno entre miles que sea lo
suficientemente rígido e insensible como para resistir bajo la constante
desaprobación y condena de su propia particular sociedad” ( John Locke, XXVIII,
Nª12).
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Podríamos continuar recogiendo el pensamiento de muchos otros autores
en relación a la asociación entre el poder con la política y la esfera pública tales
como D. Hume (1739), Jean Jacques Rousseau (1744), Madison (1788) pero
concluiremos esta primera aproximación a través del pensamiento clásico con las
expresiones de Alexis de Tocqueville (1835/1840) porque plantea en relación con
la opinión pública una nueva temática de resonancias actuales, tal es la teoría
democrática, el pluralismo y sus connotaciones en la relación entre mayoría y
minoría.
Y en la ‘Democracia en América’ anticipó el impacto de la opinión
mayoritaria sobre la opinión individual en los sistemas democráticos en los
siguientes términos “Cuando las condiciones son desiguales y los hombres
diferentes, hay algunos individuos muy ilustrados y poderosos por su inteligencia,
y una multitud muy ignorante y harto limitada. Los que viven en tiempos de
aristocracia son conducidos naturalmente a tomar por guía de sus opiniones la
razón superior de un hombre o de una clase, encontrándose poco dispuestos a
reconocer la infalibilidad de la masa. En los siglos de igualdad sucede lo contrario,
porque a medida que los ciudadanos se hacen más iguales, disminuye la
inclinación de cada uno a creer ciegamente a un cierto hombre o en determinada
clase. La disposición a creer en la masa se aumenta, y viene a ser la opinión que
conduce al mundo....se puede prever que la fe en la opinión común vendrá a ser
una especie de religión, de la cual es profeta la mayoría” ( Tocqueville, Alexis de,
396-397 )
Llegados a este punto de conexión entre la esfera pública y la esfera
privada a través de la opinión pública, habiendo puesto de manifiesto también las
limitaciones que existen para su expresión disidente, pareciera que nos
encontramos en condiciones de introducirnos en el debate moderno, aquel donde
la opinión pública se potencia como manifestación de la sociedad civil realizada a
través de los medios y las organizaciones no gubernamentales.
2. El debate moderno
La visión contemporánea acerca de la relación entre política y opinión
pública requiere que introduzcamos al sistema democrático como un eje a partir
del cual se desdoblan explicativamente la opinión pública autónoma y la opinión
pública heterónoma. (Sartori, Giovanni, Elementos ..., 149-175)
En primera instancia podría afirmarse que la opinión pública autónoma
pertenece al sistema político democrático mientras la opinión pública heterónoma
a los regímenes totalitarios o autoritarios.
La opinión pública autonóma requiere un ciudadano informado y dotado de
razón práctica y éste se constituye en la base de la democracia como ideal. Pero
esta concepción pierde parte de su sentido si adoptamos la definición minimalista
de la democracia mientras se enfatizan aspectos procedimentales. Así, en la
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perspectiva schumperiana, el sistema democrático pasa a ser como un "...arreglo
institucional para llegar a decisiones políticas –legislativas y administrativas”.
Este primer acercamiento puede ser completado con la definición de
poliarquía –nuestra democracia moderna- agregando a la definición restringida de
democracia contemporánea otras características tales como las que la definen
como un régimen basado en la participación política, el sufragio y la posibilidad de
elegir y ser elegidos para llegar a tomar las decisiones políticas. En esta instancia,
lo procedimental queda ligado al procedimiento electoral y su organización anterior
y posterior mientras que la misma posibilidad de competir extiende sus
requerimientos quedando ligada a la libertad de palabra, de asociación y de
expresión.
Siendo el ciudadano quien actúa como agente individual queda situado en
este proceso en el centro de la teoría democrática, exigiendo la apertura de un
examen restrictivo del régimen democrático y su abordaje desde la filosofía
política, la teoría moral y el sistema legal. El ‘agente’ individual se constituye en
el núcleo axial explicativo considerado según Guillermo O’Donnell como “alguien
dotado de razón práctica, o sea que cuenta con suficiente capacidad intelectual y
motivacional para tomar decisiones que son razonables en función de su situación
y sus metas, de las cuales, salvo prueba concluyente en contrario, se entiende
que es el mejor juez” (O’DONNELL, Guillermo, 2000, 540)
Si todo régimen político según cuál sea el lugar acordado al ‘agente’ se
orienta en última instancia por un fundamento tutelar o democrático, en primera
instancia puede considerarse que la visión democrática del ‘agente’ implica una
apuesta incluyente y universalista. Sin embargo esto no ha sido así en un primer
momento ni en las democracias originarias que permanecieron por largo períodos
como democracias tutelares ni en otras más recientes donde la homogeneización
social y jurídica llegó tarde o bien no se registró. Aún así señala O’Donnell la
visión formalista de los regímenes democráticos impidió que se abordase esta
importante falencia.
En su estudio acerca de la teoría democrática orientado a la realización de
una comparación entre los países de reciente transición a la democracia y
aquellos con tradición democrática O’Donnell teniendo como referente al modelo
poliárquico de R. Dahl señala que son libertades políticas la libertad de expresión
y de asociación – a quienes considera derechos subjetivos- y la de información
libre y pluralista - considerada una característica del contexto social,
independiente de las decisiones de individuos aislados. (O’DONNELL
Guillermo,2000 ... 554.) pero en realidad, concluye, todas estas libertades
terminan diluyéndose en un marco más amplio de libertades civiles, inescindibles
en tanto histórica, práctica y jurídicamente provienen de éstas.
Desde esta perspectiva nos interesa analizar la conformación y operación
de la opinión pública en los sistemas democráticos. En principio podría partirse de
aquella distinción clásica entre opinión pública: la autónoma y la heterónoma.
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En primera instancia, la autónoma sería la que corresponde a dichos
sistemas pluralistas y policéntricos mientras tanto otros autores analizan sus
aspectos comunicativos (J. Habermas) o psicosociales (Noelle-Neumann).
Pero la categoría binaria autonomía – heteronomía también podría merecer
lecturas diferentes a través de diversos teóricos a la luz de su indagación de las
relaciones entre democracia, capitalismo y estado.
Desde una perspectiva ‘pluralista’ en la que al sólo título de ejemplo
podríamos inscribir a teóricos políticos como D. Easton, S. M. Lipset, S.
Huntington, R. Dahl o G. Sartori los valores compartidos son el referente necesario
de la estabilidad democrática. “El aspecto democrático del estado es la
consecuencia de la participación popular cuando la apoya una cultura política que
alienta la responsividad de los líderes políticos a las demandas legítimas. La
participación moderada es promovida por los valores de la confianza y la
negociación políticas, inculcados mediante procesos sutiles de socialización
política en la familia, en la escuela, la Iglesia y la comunidad, y por los líderes
responsables que responden tangiblemente a las demandas políticas. La
socialización política también desarrolla el equilibrio adecuado entre el apoyo a los
líderes políticos y las demandas que se les formulan” (ALFORD y FRIEDLAND,
57)
Pero como existen intereses difusos aunque comunes en el proceso de
representación en el sistema político democrático existe una gran dificultad para
definir y procurar el interés público. Para llegar a un acuerdo que garantice la
estabilidad del estado democrático y la gobernabilidad de la sociedad una de sus
condiciones previas es que “ las personas deben tener acceso a la información
sobre las políticas a las que se comprometen los candidatos, sobre las políticas
alternativas que el gobierno podría adoptar, y sobre las consecuencias probables
de decisiones alternativas, de modo que cuando lo decidan, puedan tratar de
influir en los líderes políticos. Sin información, la participación es ciega y carente
de sentido” (Alford R. y Friedland R., p. 58)
Según los pluralistas existen tres mecanismos para expresar preferencias y
valores. Tales son: la opinión pública, las votaciones y las protestas.
En el caso de la opinión pública para que sea funcional al estado
democrático es necesario que cuente con ciudadanos informados. “...deben tener
la capacidad de comprender sus intereses y actuar en base a ellos, dentro de los
límites establecidos por los valores culturales. Se supone, en consecuencia, que el
sistema político proporciona información razonablemente no distorsionada sobre
las consecuencias de la propia participación.” Sin embargo en función de esta
primera idea de participación general Alford y Friedland advierten “ El hecho de
que haya pocos estudios pluralistas sobre las causas y consecuencias de un
acceso parcializado o desigual a la información, constituye un silencio significativo”
(Alford R. y Friedland R., p. 93) .
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De una manera esquemática puede agregarse que existen ciertos
supuestos en la perspectiva pluralista: que la opinión pública debe ser
relativamente impermeable a la manipulación de la élite; que debe formarse y
expresarse libremente; que no debe ser rígida; que los problemas pueden
solucionarse de un modo gradual; que la opinión pública mayoritaria puede decidir
cambios; que cada problema está separado de otros y permite soluciones
separadas y, finalmente, que todos los individuos tienen el mismo peso y la
participación de cada uno es democráticamente igual a la de todos los otros.
En este sentido si existe policentrismo y libertad de información podría
considerarse que la opinión pública es autónoma.
No obstante ello, otro enfoque del estado, la democracia y el capitalismo
analiza esta misma opinión pública desde una perspectiva clasista. En este caso
autores como N. Poulantzas o Przeworski coincidirían con un substractum
gramsciano en afirmar que la opinión pública es un ‘constructo’ a partir de la
hegemonía cultural del capital. Queda así incorporado explicativamente el
concepto de ‘falsa conciencia’ definida como “ “falta de identificación con los
intereses de la propia clase, debida a la hegemonía de la ideología capitalista”.
(Alford R. y Friedland, R. p. 250)
Por vía de consecuencia entendemos que, pese al pluralismo informativo,
no se consideraría que existe una opinión pública autónoma sino heterónoma,
subordinada a la ‘interpretación’ brindada por el capital. Desde esta perspectiva de
la ‘falsa conciencia’ podríamos agregar con Offe que las instituciones nucleares
de la democracia, los partidos políticos, contribuyen a hacer la democracia
compatible con el capitalismo pero a costa de socavar el contenido ideológico de
los partidos obreros y desmovilizar a la clase obrera en beneficio del poder
organizacional y el efecto estratégico de cuestiones e intereses particulares.
Si la hegemonía pertenece al capital quién define el contenido de la
opinión? Lo hace la clase capitalista definida por C. William Domhoff como clase
social y también clase gobernante (Alford R. y Friedland R. p.264). “La hipótesis
es que los miembros de la clase superior controlan las organizaciones políticas
que dan forma a la opinión popular y a la opinión de la élite, y proporcionan la
legislación modelo.” (Alford R. y Friedland R. p. 266).
Por último la perspectiva dirigencial nos plantea otra lectura de la opinión
pública. Si esta perspectiva acentúa el predominio de los aspectos
organizacionales siendo sus autores paradigmáticos Max Weber, Ralf Dahrendorf,
Daniel Bell y A. Touraine entre otros, serán las elites organizacionales las que
pesen a la hora de conformar una opinión.
En síntesis “la perspectiva dirigencial subraya la base organizacional de las
élites, y su control del estado. Se hace hincapié en las actividades estratégicas de
las élites, más bien que en entidades estáticas tales como la burocracia o una
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estructura de elite” Y se considera al estado la organización dominante de la
sociedad. (Alford R. y Friedland R. , p.149). En este contexto los contenidos de
una opinión pública en principio autónoma son puestos bajo sospecha en tanto
pueden haber sido asumidos a través de una lente que pudo deformarlos. En
este sentido expresa Randall Collins “los individuos se orientarán hacia (valores)
sólo si saben que otras personas más poderosas, también están orientadas hacia
ellos. En consecuencia, los valores importantes son los ‘expresados’ públicamente
por individuos que claramente ocupan puestos en las instituciones políticas
dominantes” (Alford R. y Friedland R. p. 157). La conclusión que extraen Alford y
Frieland de este enfoque para el tema que nos interesa es que “La participación es
movilizada por las elites organizacionales más bien que por las preferencias
individuales o los intereses de clases, y se ve restringida por tendencias a la
oligarquía dentro de esas organizaciones. Las elites usan el poder que les otorgan
los cargos para controlar el acceso a la información, que sus clientes, electores o
miembros podrían emplear contra ellas. Las elites conforman la opinión pública
controlando la selección de cuestiones y manejando la participación” (Alford R. y
Friedland R. p. 159)
Como conclusión aún cuando la libertad política de asociación, la libertad
de palabra y de prensa como la libertad de información sean los supuestos
democráticos de una opinión pública autónoma su conformación según las
lecturas precedentes también puede aparecer mediada limitando una definición
exclusivamente procedimental.
Esta conclusión adquiere resonancias contemporáneas al incorporar otra
perspectiva a partir de la evolución de los medios de comunicación sobre la
apuesta incluyente y universalista democrática.
II. Repensando algunos conceptos políticos a partir de su moderno
entrecruzamiento con los medios de comunicación.
En relación a esta libertad de información la evolución de los medios de
comunicación entre otros factores tambien ha impactado en conceptos políticos
como democracia y estado que se han transformado bajo su impronta.
Pareciera que el concepto estado necesita una lectura contemporánea,
con diferencias según los casos. Pero en términos generales se han producido
mutaciones que provienen entre otros, del cambio producido por la globalización
de la información. Esta supera las fronteras nacionales y sus regulaciones legales
dificultando cada vez más la vigencia de sociedades cerradas o gobiernos
autoritarios. Por otra parte, así como existe una globalización informacional
también se agregan en el plano externo procesos de globalización financiera y
organización criminal que penetran toda la estructura del estado. (Castells, 271-
339) .
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En el tema que nos interesa dicha globalización mediática afecta el principio
de soberanía estatal en tanto que supera los límites territoriales y legales mediante
“la globalizacion y el entrecruzamiento de la propiedad; la flexibilidad y penetración
de la tecnología; la autonomía y la diversidad de los medios de comunicación”
(Castells, p. 282)
En suma, la clásica definición weberiana del estado racional como
“asociación de dominio institucional con el monopolio de poder legítimo” y como
“comunidad humana que en un determinado territorio –el concepto de ‘territorio’ es
esencial a la definición- reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción
física legítima” (Weber, Max, p 1056) merece lecturas complementarias a partir de
estas esferas de poder que escapan precisamente al control estatal de la mano de
la libertad de prensa.
Es más la comunicación a través de ordenadores no puede ni quiere ser
controlada por el estado. En un reciente juicio en Estados Unidos en 1996 en el
Estado de Pensilvania sobre un caso tan conflictivo como el material pornográfico
difundido por Internet la comisión judicial federal de Pensilvania declaró
inconstitucional la mayor parte de una ley federal que pretendía regularlo
declarando “ Del mismo modo que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de
nuestra libertad depende del caos...” (Castells, p. 287) Y esta es la tendencia que
parece afirmarse a menos que se lograra un acuerdo global al respecto y su
aplicación irrestricta por todos los países y, aún así, tendrían que lidiar con el
permanente avance tecnológico que hace cada vez más difícil implementar y
sostener estos controles.
Por otro lado, en el plano interno el surgimiento de identidades y gobiernos
locales producen el repliegue del estado-nación. Como también la delegación de
funciones que habían legitimado su existencia durante la vigencia del Estado de
Bienestar Keynesiano lo pone ahora en cuestión mientras su lugar pasa a ser
ocupado por la diversificación y fragmentación de los intereses. (Castells, 298-
333, Offe, Klaus, 1985,72-84)
Comienza así a afectarse el proceso de homogeneidad social y económica
y, al hacerlo, se desdibujan los fundamentos del contrato social diluyendo el
acuerdo o consenso entre capital, sindicatos y estados. En tal sentido en una
percepción radical, amenaza quebrar nuevamente, las mediaciones entre estado y
sociedad representadas por la nación, y el pueblo o lo popular. (O’Donnell, G.
Contrapuntos, ....p. 69-75)
Estos cambios representados en el desdibujado diseño de las funciones del
Estado de Bienestar que anudaba sus relaciones con la ciudadanía junto con la
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globalización de las actividades económicas, la globalización de los medios de
información y la globalización de la delincuencia con su correlato económico sobre
el poder estatal como la interdependencia multilateral en base a los cambios
posteriores al fin de la guerra fría han difuminado el dibujo de las fronteras del
estado – nación y ha conformado un nuevo sistema de poder caracterizado por la
‘pluralidad de las fuentes de autoridad’ de las que el estado-nación se constituye
sólo en una de ellas mientras se afirman como contracara el multilateralismo, el
comunalismo y las identidades locales. (Castells, p. 334 - 381)
De acuerdo a esta concepción el estado-nación se ha convertido en un
nodo de una red internacional de poder que se construyen más allá del poder
estatal sin que esto obstruya su condición de instrumento de iniciativa política,
fuente de autoridad condicional y eventualmente, recreación institucional de las
identidades.
En suma, como expresa el mismo Castells la teoría del estado
tendencialmente pasa a ser sustituida por la teoría del poder. “Las nuevas
relaciones de poder, más allá del estado-nación impotente, deben comprenderse
como la capacidad de controlar las redes instrumentales globales en virtud de
identidades específicas o, desde la perspectiva de las redes globales, de someter
toda identidad en el cumplimiento de medidas instrumentales transnacionales"
(Castells, p 336)
Por otra parte se transforma la definición de ciudadanía. En cierto sentido
el concepto de representación política pasa a ser desplazado por el participación
social reafirmando lealtades e identidades locales manifiestas en el ascenso del
comunalismo y las organizaciones no gubernamentales. En este sentido el arco de
las identidades locales se despliega en identidades de género y sexo, étnicas y
raciales, generacionales, adscriptas a estilos de vida, actividades del ocio y la
creatividad o preferencias profesionales hasta llegar a las espirituales y religiosas
para concluir finalmente en las identidades nacionales.
La desconfianza hacia los partidos políticos se manifiesta en su poca
credibilidad política, pero esta pérdida de apoyo específico no significa pérdida de
apoyo difuso.- Se sigue respaldando al sistema democrático aunque queden
conos de sombra por donde podrían instalarse en el plano interno salidas
neopopulistas o neodecisionistas como en el plano internacional vinculaciones de
grupos heterodoxos por encima de las fronteras nacionales con el objetivo de
aumentar su visibilidad y su capacidad de poder.
Aún así las diferencias histórico-culturales no permiten abordar
explicaciones generales. De hecho, mientras que las tasas de participación
política en Estados Unidos han descendido en sus elecciones presidenciales
desde 68% en 1968 a un 49% en 1996; en Francia, Italia, España y Alemania aún
se ubican entre un 65% y 80%. Por otra parte, un nuevo fenómeno se ha
instalado en tensión con el del ‘voto útil’, nos referimos al electorado flotante o
volátil, interesado, informado e instruido, que mientras revela la desafección a
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compromisos partidarios constantes recrea el seguimiento crítico del desempeño
político.
En este contexto, la categoría que está puesta en juego es la de
democracia liberal, basada en el consenso social y la participación política. En su
lugar se ha ubicado, al decir de Guehenno, Jean Marie, la sociedad fragmentada
que recobra su unidad sólo “en la sucesión de imágenes a las que los medios
vuelven cada semana. Es una sociedad sin ciudadanos y en definitiva, una no
sociedad.” . En suma la democracia liberal pareciera ser desplazada por la
‘mediocracia’. (Castells, 342 y 349)
Algunos autores como el mismo Manuel Castells plantean que los cambios
en las nuevas tecnologías de la información sobre el debate político y las
estrategias de búsquedas de poder, han ocasionado una crisis en la democracia
en tanto sistema de gobierno basado en la participación política de la ciudadanía.
Por otra parte si reconocemos a la conjunción de conjetura o comprensión
y argumentación o explicación como un método válido en las ciencias sociales
también deberíamos analizar este argumento acerca de nuestro mundo político
contemporáneo a través de otras alternativas.
Porque en realidad otros autores como Bernard Manin ya nos advierten
acerca de una metamorfosis de la representación más que de una crisis de la
democracia, ante lo cual denominan al modelo actual: Democracia de lo público.
La elección de los gobernantes por los gobernados independientemente
de sus características sociales, económicas y culturales, la personalización de la
opción electoral en la figura de los candidatos, la ‘oferta electoral’ incluida la
personalidad del candidato condicionando al potencial votante, el principio de
escisión que el candidato elige, activa y pone a prueba entre otros
potencialmente posibles para incorporar en su discurso electoral, el ‘voto reactivo’
a la oferta electoral son, entre otras, todas nuevas características de este tipo
específico de democracia.
En este sentido el electorado aparece como “un público que reacciona a
los términos que le son expuestos y propuestos en la escena pública (por ello se
ha denominado aquí democracia de lo público a esta forma de representación)”
(Manin, Bernard, 33.)
A estas características se suman otras. Los gobernantes poseen un margen
de independencia en relación a los gobernados fundado en que han sido elegido
por imágenes en tanto representaciones políticas simplificadas pero no vacías de
contenido. La construcción de la opinión pública está mediáticamente
homogeneizada y se manifiesta a través de encuestas no necesariamente atadas
al voto. La discusión deliberativa se realiza dentro de los grupos de interés,
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asociaciones y movimientos sociales que transmiten a los gobiernos sus
demandas y opciones. Y, por último, la ya mencionada existencia de un
electorado flotante e instruido que no vota en a base preferencias tradicionales
sino que delibera acerca de la oferta a la que está expuesto en cada elección.
En este contexto otros autores como Manuel Castells, Peter Radunski,
Winfried Schultz, Uli Gleich y Frank Priess, entre otros, se refieren a que el
espacio de la política ha sido ocupado por los medios. (Thesing, Josef y Priess,
Frank, 1999)
La complejidad de este fenómeno contemporáneo cuya base analítica es la
autonomía o heterenomía de la opinión pública, particularmente referida al
proceso electoral, pero que no concluye allí sino continua en la función de control
del desempeño político, se advierte al introducir los estudios de Curran y
Gurevitch. Estos aclaran que en términos de investigación de comunicación de las
masas deben reconocerse dos tipos ideales: el pluralista y el radical. Con lo cual
nuevamente la cuestión retorna a su punto original planteado politicamente por
Alford y Friedland: Si los pluralistas ven la sociedad como un complejo de grupos
e intereses que estando en competencia se compensan, los radicales siguen
considerando a los medios como un escenario ideológico donde se manifiesta la
lucha por el dominio de clases. (Curran, James, 1997, 49-83 )
Dentro de un potencial esquema conceptual de cuatro coordenadas –
autonomía – pluralismo y heteronomía – clasista la primera variable incluiría tanto
a Sartori como a Castells quienes advierten contra toda hipótesis acerca de
cualquier conspiración mediática debido a su diversidad como también con
respecto a aquella otra acerca de la pasividad del receptor aportando los análisis
de Page y Saphiro que han demostrado en una perspectiva de largo plazo la
independencia de la opinión pública colectiva.
No obstante ello la temática permanecerá abierta dado que otros autores
como Defleur y Dennis han señalado que en cuestiones que tienen que ver con el
cambio en las conductas o estereotipos no puede dejar de reconocerse en la
sociedad norteamericana la incidencia de la televisión con sus efectos indirectos, a
largo plazo y acumulativos.
Por otra parte, otras características contrapuestas en la organización de los
medios tales como su creciente concentración empresarial y su orientación a
mercados segmentados o la permanente búsqueda de credibilidad y la lógica del
marketing, el rating y la audiencia, contribuyen a que las explicaciones de esta
metamorfosis deba realizarse con una gran prudencia teniendo en cuenta factores
cruzados más que argumentaciones unicausales.
Aún existiendo estas dudas iniciales corresponde que abordemos la tesis
de M. Castells que expresa “...debido a los efectos convergentes de la crisis de los
sistemas políticos tradicionales y del espectacular aumento de la penetración de
los nuevos medios, la comunicación y la información políticas han quedado
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capturadas en el espacio de los medios” Agregando que esta captura “
....repercute no sólo en las elecciones, sino en la organización política, en la toma
de decisiones y en el gobierno, modificando en definitiva la naturaleza de la
relación existente entre estado y sociedad”. (Castells, 344)
En la era de la información no sólo la comunicación política sino el mismo
acceso al poder ha pasado a regirse por la lógica de los medios constituyéndolos
metafóricamente en moderna ‘ágora’ donde se traduce y manifiesta la vida
pública de la ciudad.
En esta línea de pensamiento y con diferencias que según los casos no
permiten señalar sin más, una global ‘americanización’ de la política tambien la
política democrática se ha transformado.
La política desarrollada protagónicamente por las instituciones nucleares de
la democracia, los partidos políticos, va demostrando una tendencia
contemporánea hacia la personalización de la política, la política espectáculo,
el marketing político y la publicidad política concentrada en los mensajes
negativos y el escándalo. En el mismo sentido los especialistas en encuestas,
los asesores de imagen, los publicistas políticos y los estrategas de la
comunicación son algunos de sus actores significativos. No es que los partidos
políticos, el procedimiento electoral o el parlamento hayan dejado de ser las
instituciones democráticas. Sino que la dinámica democrática se traslada hacia
otros carriles. (Thesing Josef y Priess, Frank , 1999)
En este sentido se mantienen en las campañas electorales los mitines y
manifestaciones de los partidos políticos pero “...el objetivo principal de estas
formas de política individualizada es presentar a la persona, o el mensaje, en los
medios” (Castells, 348). En ese contexto, se pueden cambiar automáticamente los
mensajes cuando se advierte que han pasado a ser televisados o bien se pueden
programar acontecimientos políticos para lograr la proyección televisiva del
candidato.
Un debate político adecuado a la lógica de los medios que se centraliza
sobre los candidatos más que sobre las propuestas programáticas o su
fundamento axiológico requiere que la teoría democrática aporte su
interpretación. En primera instancia surge, como explicando esta disyunción, el
reconocimiento de las diferencias cualitativas en la democracia si se la estudia
como sistema orientado axiológicamente o como régimen procedimental. (
Cornelius Castoriadis, 1995)
El opacamiento del sistema orientado axiológicametne y su reemplazo por
el régimen procedimental es coincidente con esta nueva forma de la Democracia
de lo público. La personalización de la política y su proyección televisiva nos
brinda ejemplos numerosos al respecto sin que esto implique un teorema
matemático: más recursos, más exposición televisiva: éxito electoral. Sobre todo
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porque si la opinión pública es autónoma, su conformación corresponderá a
canales plurales y competitivos. Pero la personalización de la política encuentra
políticos paradigmáticos en las figuras de Ronald Reagan en Estados Unidos,
Felipe González en España, Berlusconi en Italia, Zhirinovski en Rusia, Aoshima
en Tokio o Collor de Mello en Brasil.
Ciertos datos empíricos refuerzan esta explicación. Tomando el caso de
Estados Unidos la fuente de las noticias en la década del ’90 correspondía en un
69% a la televisión mientras que en los ’60 rondaba el 50%. Una tendencia
indudablemente creciente contra otra decreciente del 57 al 43 % para los
periódicos. (Castells, 345)
Por otra parte, la argumentación discursiva que funda la demanda
habermasiana de acción comunicativa también ha ido adaptándose a la lógica
mediática cediendo el paso a la imagen y a la espectacularidad. Explicación
también reforzada por los datos empíricos, dado que se ha registrado que
mientras las declaraciones políticas transmitidas por noticias ocupaba 42
segundos en 1968 en la década del noventa se ha reducido a menos de 10
segundos. (Castells, 354).
III. Los medios de comunicación en sus funciones de control e integración
a. El control mediático o la ‘accountability’ mediática.
Al abordar el ya clásico tema de la teoría democrática del control o la
acccountability horizontal con todo su mapa de controles institucionales
desdoblada en ‘accountability’ horizontal de balance y ‘accountability’ horizontal
asignada, (O’Donnell, 2001, 21-24), queda un amplio espacio para la relación
entre la esfera pública y privada. Éste es cubierto, en parte, por la denominada
‘accountability’ vertical que permite la participación y control por parte de la
sociedad civil.
Dentro de este segundo tipo de ‘accountability’ puede ubicarse la que desde
ahora denominaremos ‘accountability mediática’. En este tipo específico el
periodismo de investigación inicia temas que luego son recogidos por el sistema
político, sea el poder legislativo o el poder judicial llegando a generarse la función
de control o responsabilidad politica por una vía diferente al control horizontal
entre poderes.
La ‘accountability mediática’ adquiere nuevos realces desde que se abre la
posibilidad de una discusión más profunda acerca de la democracia.
Si quisiéramos ubicar históricamente la fecha de la profundización del
debate democrático podríamos retornar tentativamente a la caída del Muro de
Berlin. Porque desaparecida la tensión entre una alternativa democrática y otra
13

totalitaria en medio de crecientes procesos de democratización política en países
anteriormente sometidos a regímenes autoritarios pudieron comenzar a
cuestionarse los aspectos inconclusos de la promesa democrática como los actos
de corrupción generados por los actores políticos.
Por otra parte, como ya se ha expresado, en el plano de la práctica política
el fin de la guerra fría implicó cambios en la competencia política. Mientras el
discurso político se desideologizó y se volvió pragmático la lucha por el poder
centrada en la personalización de la política se hizo más conflictiva apuntando a
alimentar la ‘política escándalo’.
Como señala M. Castells “En el contexto posterior a la guerra fría cada
partido queda abandonado a su suerte, a los movimientos del mercado político de
cada país; la disciplina interna de cada partido se vuelve menos estricta, porque
es más fácil permitir una competencia feroz en ausencia de un enemigo exterior” (
Castells 370) .
Atenuado el debate ideológico se ubica en los ‘90 la política del escándalo.
Por ello mientras los criterios económicos de la política pueden activarse también
los hilos de la corrupción pueden denunciarse. En este contexto la búsqueda de
recursos para el acceso a los medios se transforma en una corrupción política
sistémica.
Partidos políticos, algunos de dominación hegemónica han quedado
atrapados en esta dinámica llevando tras ellos a veces al propio sistema político.
Entre otros cabe mencionar al Partido Demócrata Cristiano italiano, al Partido
Liberal Democrático japonés y el Partido Democrático de la India.
Por otra parte en un contexto de personalización de la política el interés de
la opinión pública se dirige a la credibilidad de los candidatos. La búsqueda
informativa tras ellos ha denunciado cuestiones de moralidad o corrupción política.
A título de ejemplo pueden mencionarse los de Roth de Corea del Sur, Collor de
Mello en Brasil, o alternativamente miembros de los gobiernos socialistas español
y francés, del ejército ruso o del Congreso de Estados Unidos.
Refuerza Castells “Sostengo que la política de los escándalos es el arma
elegida para luchar y competir en la política informacional...la política se ha
encerrado en el espacio de los medios. Los medios se han vuelto más poderosos
que nunca, tecnológica, financiera y políticamente. Su alcance global y su
interconexión les permiten escapar de los controles políticos estrictos. Su
capacidad para hacer periodismo de investigación y su autonomía relativa frente al
poder político los convierte en la fuente principal de información y de opinión para
la sociedad en general...son el campo de las luchas por el poder. La política
mediática es una operación cada vez más cara, los actores políticos padecen de
una infrafinanciación crónica ...así pues, tras agotar todas las fuentes legales, las
aportaciones personales y los tratos comerciales, los partidos y los políticos suelen
recurrir a la única fuente real de dinero: contribuciones bajo cuerda del mundo
14

empresarial y los grupos de interés a cambio, obviamente, de decisiones del
gobierno a favor de sus intereses. Ésta es la matriz de la corrupción política
sistémica....” (Castells, 371)
¿Significa esto suponer que bajo regímenes no – democráticos, totalitarios
o autoritarios no podía haber corrupción? La historia política demuestra que no.
Sólo que la libertad de prensa como institución de la poliarquía también permite
que el principio de responsabilidad política se asocie a la información brindada por
los medios de comunicación de masas.
Pero también es verdad que la metamorfosis de la democracia deviene de
un opacado contenido de la política dado que se han debilitado los sistemas
políticos, mientras se buscando tentativamente principios de escisión social
eficaces para el discurso político se ha registrado una desideologización que
neutraliza lo político mientras que por un lado se afirma la política del escándalo y
la personalización de la política y por el otro, crece la participación social por fuera
de lo político. En tanto, la ciudadanía se interesa más que por las propuestas
programáticas por la credibilidad de los candidatos y los partidos.
En este contexto el periodismo de investigación asume las funciones del
‘censor’ de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) porque abre nuevos espacios de
control político. La clásica división de poderes sobre la que se basó y creció el
constitucionalismo liberal encuentra nuevos garantes en los medios que, como
espacio de lo público, si inicialmente sitúan a los candidatos también luego pueden
transparentar sus campañas o el ejercicio del poder.
Al respecto cabe aclarar que deben diferenciarse al periodismo de
investigación del periodismo de actualidad. El periodismo que ofrece su conexión
con lo político presenta características particulares. Es aquel que implica una
investigación acerca de datos significativos aunque las personas sean o no
conocidas. Este tipo de periodismo rastrea sus propias fuentes poniendo en tela
de juicio las fuentes oficiales. Produce un develamiento de aquello que estaba
oculto. Sus textos son exclusivos y su objetivo es continuar la línea de
investigación iniciada. En este tipo de periodismo la actualidad sólo es un medio
que puede llegar a revelar una pista, por tanto el objetivo de la investigación es el
que determina el trabajo a realizar más que la planificación y el horario de cierre
de la prensa diaria.
La creciente asociación entre periodismo de investigación y la investigación
judicial o parlamentaria produce nuevos héroes e imprevisibles acusados.
Para citar un caso de periodismo de investigación en Argentina donde se
produjo esa función de ‘accontability vertical’ (O’Donnell, 2001, 25) mediática se
han rastreado algunos trabajos de periodismo de investigación en vías de
tratamiento judicial. Al respecto se destaca una nueva línea de investigación
donde tanto por los temas investigados como por la posibilidad de una anónima y
civil participación en la denuncia de otros actos de corrupción para su eventual
15

captura por el periodismo de investigación se abre un campo hacia la
‘accountability vertical mediática’.
En este sentido, sirvan como ejemplos los siguientes casos de investigación
periodística puestos mediáticamente en la ‘agenda’ ética de la corrupción política
algunos de los cuales ya llegaron a la justicia:
El más relevante de todos fue el que trató la investigación del contrabando
de armas que convergentemente con el tratamiento judicial desembocó en la
detención del ex presidente Carlos Menen, de Emir Yoma, su ex cuñado y del
Gral. Balza, Comandante en Jefe durante su gobierno.Lo significativo en términos
de ‘accountability horizontal’ fue que en este caso la investigación periodística
llevada a cabo por el periodista Daniel Santoro había comenzado antes, el 6 de
marzo de 1995, y luego el abogado Monner Sans presentó una denuncia judicial
el 15 de marzo en base a sus notas. Menen descalificó al periodista y le inició un
juicio por violación de secretos de Estado. Pero en julio del 2001 el juez federal
Jorge Urso procesó y dictó prisión preventiva al exPresidente. Se trataba de la
primera resolución de la historia judicial argentina en que un juez nombrado
durante un gobierno democrático dictaba la prisión preventiva de un ex presidente
constitucional, tema este que aún sigue abierto y con nuevas derivaciones
económicas.
Otras líneas abiertas por el periodismo de investigación según se
presentaron en el programa televisivo “Telenoche investiga” también significaron
casos de ‘accountability mediática’ donde se abrieron espacios para la
participación de los ciudadanos como denunciantes de casos de corrupción
persiguiendo su eventual consideración judicial.
En tal sentido puede citarse la denuncia realizada por el periodismo de
investigación y la posterior detención y juzgamiento de la denominada Mafia
Judicial que canjeaba expedientes judiciales y DNI por dinero. A este caso se
agregaron otros cuyo epílogo judicial se encuentra en diversas fases tales como el
conocido como la Mafia del Martillo, que reveló cómo ‘La Liga’ operaba bajo
amenazas interfiriendo la subasta de inmuebles rematados y develando el
irrregular entramado de los procedimientos judiciales de los juzgados civiles y
comerciales de la Capital Federal; o la investigación acerca de casos de
corrupción en el PAMI o en el sistema de Promoción Industrial de la provincia de
San Luis que facilitaba una relación espúrea entre funcionarios provinciales y
empresas fantasmas.
A partir de aquí queda delimitada una función no jurídica ni
institucionalizada del periodismo asociada al sistema político: la ‘accountability
vertical mediática’. Lo cual significa también una conexión con la tradición clásica
referida a J. Locke quien agregaba a la ley civil la ley de la opinión pública
definida como el poder rector de la sociedad civil.
16

De hecho a nivel regional se han constituido múltiples foros de periodismo
de investigación cuyo fin último es precisamente el control del desempeño político
y los actos de corrupción. De entre éstos señalamos el PFC o Periodistas Frente
a la Corrupción que como la organización anuncia “es un proyecto anticorrupción
regional que contribuye a los procesos de democratización latinoamericanos,
promoviendo y facilitando el papel fiscalizador de los medios de comunicación.”
Con este objetivo proporciona una red, recursos, asistencia investigativa y otros
servicios a los periodistas que trabajan en este tema como respalda a quienes
sufren represalias o amenazas por su labor periodística. http://www.cipe.org/pfc/
Por otra parte si llevamos al campo político la teoría de De Fleur y Dennis
acerca de los efectos indirectos, acumulativos y a largo plazo de la televisión al
también puede sugerirse que, ya no como generador de hechos, pero sí como
develador y comunicador de éstos tanto puede deslegitimar la democracia como
ofrecer caminos de legitimación mediática considerando ésta como construcción
de los valores sobre los que descansa la creencia en la validez de un orden al
que se adecuan las conductas.
De ahí que a la clásica tipología weberiana de legitimidad tradicional,
carismática y racional-legal que permitía comprender-explicativamente los
distintos modos de justificación de la autoridad política a lo largo de la historia
occidental parece irse incorporando un nuevo tipo cuyo origen y resultado es
propio de las sociedades de la información como vía actual de socialización y
conformación de un marco de referencia cognitivo social. Lo cual no debe
comprenderse de un modo cerrado porque la fragmentación de la audiencia se
corresponde con la fragmentación de la emisión, situación ésta que daría también
lugar al estudio del caso desviado.
De hecho los datos aportados por el Latinobarómetro acerca de la opinión
pública latinoamericana en el período 1996-2001corroboran que la confianza en
las instituciones coloca en primer lugar a la Iglesia y en segundo a la televisión.
Siguiendo luego las Fuerzas Armadas, el Presidente, la Policía, el Poder judicial,
el Congreso Nacional y, en último lugar, los partidos políticos y las personas.
http://www.latinobarometro.org/ano2001/graficos
La deslegitimación posible es anunciada por el mismo Castells “ Los jueces,
fiscales y miembros de las comisiones de investigación entran en una relación
simbiótica con los medios de comunicación. Protegen a los medios (asegurando
su independencia) y con frecuencia los alimentan con filtraciones calculadas. A
cambio, son protegidos por los medios, se convierten en sus héroes y, a veces, en
políticos de éxito con su apoyo. Juntos luchan por la democracia y un gobierno
transparente, controlan los excesos de los políticos y, en definitiva, sacan el poder
del proceso político, difundiéndolo en la sociedad. Al hacerlo, pueden también
deslegitimar a los partidos, a los políticos, a la política y, en última instancia, a la
democracia en su encarnación total” (Castells, p. 372)
17

La política del escándalo con su estrategia de información/desinformación
como elemento constituyente de la nueva dinámica de competencia politica ha
dado numerosos ejemplos en los ’90. Fue uno de ellos el acoso contra el Partido
Socialista Español luego de su tercer triunfo electoral consecutivo en 1989 con las
denuncias de corrupción del gobierno socialista, tráficos de influencia,
financiación ilegal al partido, fraude fiscal, uso de información privilegiada,
escuchas ilegales, la creación de los grupos GAL para la guerra sucia contra ETA.
Entre otros todos temas - algunos con base fáctica para provocar procesamientos
y condenas - que alimentaron la pérdida de credibilidad del socialismo español
hasta que en 1996 perdió las elecciones frente al Partido Popular.
Sin embargo la estrategia de información/desinformación también reconoce
límites. En su caso, su propia credibilidad que puede llegar a resentirse ante un
uso abusivo político de la información. Por ende, para seguir con el mismo caso, el
hecho de que el poder –Partido Popular - acuda a un determinado medio –El
Mundo - para que gestione públicamente su legitimación no necesariamente
garantiza los resultados y hasta puede suceder que desprestigie al medio
implicado.
El caso italiano de Berlusconi con su poder mediático, su control de las
cadenas de televisión privada, su creación de apoyo político con el partido Forza
Italia y su triunfo en 1994 no pudo evitar que luego el poder judicial y los medios le
iniciaran investigaciones que llevaron a su procesamiento y en 1996 fue
reemplazado por el Partido Democrático di Sinistra. No obstante ello, demostrando
que toda explicación política requiere factores entrecruzados apoyado
nuevamente en este poder mediático, libró y ganó una nueva batalla en el 2001
mientras paralelamente seguían las sospechas sobre sus supuestas conexiones
con la Mafia.
Pero además, el ‘corsi-ricorsi’ implica que contemporáneamente ningún
poder es absoluto sino que se expande reticularmente.
Como advierte Manuel Castells ‘accountability’ y lógica del marketing se
anudan en compleja trama: “ El sistema mediático, con sus vinculaciones
simbólicas con las instituciones judiciales y procesales de la democracia,
establece su ritmo propio y recibe señales de todo el espectro del sistema político,
para transformarlas en ventas e influencia, sin que importe el origen y el destino
de las repercusiones políticas” (Castells p. 380)
b. La función de integración
Por último, el ejercicio de los derechos políticos en la democracia no
materializa simultáneamente derechos civiles y sociales. En este sentido los
medios de comunicación de masas ofrecen un espacio nuevo para reclamar por
su plena vigencia.
18

Un caso paradigmático del comunalismo llevado a los medios fue el de
Carlos Palenque en Bolivia músico folclórico que fue creciendo en programas
radiales y televisivos. También en este caso aunque se trata de una nación de
impronta indigenista encontró un canal no tradicional, el espacio mediático, para
la afirmación política de un nuevo líder y dirigente de CONDEPA, Conciencia de
Patria. Así, mediante su progresiva afirmación en los medios radiales y televisivos
y su conexión con la identidad cultural y local de los estratos populares de la Paz
y El Alto llegó a ser el cuarto partido político en importancia nacional y el primero
en la capital.
De hecho en recientes encuestas acerca de la credibilidad de las
instituciones de la democracia, congreso, partidos políticos, líderes políticos y
sindicatos, los medios de comunicación de masas son los que para la opinión
pública representan sus intereses dando un foro virtual para que se expresen sus
demandas o sus identidades locales. Proceso que se ha agudizado con la
creciente recurso de la vía Internet más allá de que este medio también tenga
como su cara opaca el acceso limitado a ciertos sectores de la población.
Aún así en aquellos países donde existe una constitución legal de la
ciudadanía política pero de baja densidad debido a la desigualdad en la
distribución de los derechos civiles entre distintas categorías de individuos, clases
sociales o regiones (O’Donnell, Guillermo, p. 550), la posibilidad de conectarse a
través de este foro virtual conducidos por líderes de opinión puede darle voz a
quienes no reconoce el sistema político en un intento orientado a revertir ciertos
procesos de exclusión. La Web es el nuevo espacio público para la manifestación
virtual.
El caso de los grupos de derechos humanos, la organización de reuniones
críticas a las orientaciones globales –en este sentido han sido paradigmáticas la
repentina organización de una marcha que impidió una reunión de la Organización
Mundial del Comercio en Seattle, Estados Unidos, en noviembre de 1999 o la
organización de la reunión alternativa antiglobalización de Porto Alegre en enero
del 2001 como respuesta a la de Davos-, los movimientos ecologistas, los grupos
humanitarios y los grupos indigenistas son ejemplos de lugares mediáticos para el
reclamo de la vigencia de los mismos.
Entre ellos fue pionero el sitio web del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional EZLN promovido por el subcomandante Marcos, por un lado, para
denunciar las injusticias de un modelo que condenaba a los pobres mientras
atendía los intereses de las grandes corporaciones y por el otro, para ofrecer
paralelamente ‘links’ que posibilitaban la intercomunicación con otros grupos
indígenas, la información acerca de sus demandas, su discurso político, las
entrevistas a personalidades del mundo de la cultura como el escritor Gabriel
García Marquez.
19

Algunos entre tantos todos ejemplos de la construcción de otro espacio
para el desarrollo de una política simbólica y la movilización a través de Internet
que señalan una tendencia que también puede modificar al estado y al sistema
democrático ajustando las diferencias señaladas por Cornelius Castoriadis entre la
democracia como sistema (valores) o como régimen (procedimental) en tanto
demuestren su eficacia en la búsqueda de una atención racional junto a la
organización y reparación de aquella falta original del criterio de equidad que se
revela al yuxtaponer comparativamente la ciudadanía política – como derecho a
elegir y ser elegido en el sistema democrático - con la ciudadanía civil – como
derecho a acceder a la inclusión económica y social. (O’Donnell, Guillermo, ps.
559-560).
Es que sólo la vigencia de estos derechos políticos, sociales y económicos
y la reparación relativa de la falta de homogeneidad por la acción pública pueden
llegar a cristalizar la concepción de ser humano como agente significativo del
sistema democrático y no como mero instrumento necesario de un régimen
procedimental que descansa en su autorreferencia, se renueva a sí mismo sin
plantearse nuevas cuestiones relacionadas con su ambiente inclusivo.
En este sentido el espacio público construido mediáticamente puede
constituirse en el foro donde se manifieste la lucha por la expansión de la
ciudadanía civil y social sin las cuales todo proceso de democratización aún
concretado como ciudadanía política y respaldado en el sistema legal seguirá
trunco configurando un sistema político autorreferido erigido sobre el
subyacente conflicto entre la lógica democrática y la lógica de la exclusión.
20

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