Plan de Gobierno 2013-2019 se construirá con la opinión de ...

12 Entrevista | Nº 1.146
La directora de Relaciones
Internacionales y Derechos
Humanos del Mppsp
asegura que la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos está parcializada
contra el país. Hay alrededor
de 40 mil privadas y privados
de libertad recluidos
en 32 recintos
T/ Vanessa Davies
F/ María Isabel Batista
Caracas
Hace poco más de una
semana las y los representantes
del Estado
venezolano se sentaron en la
misma mesa con la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y un grupo
de organizaciones no gubernamentales
para defender las
políticas del Gobierno Nacional
en materia carcelaria. Una de
las voces que se escuchó fuerte,
por parte de la representación
oficial, fue la de Laila Tajeldine,
directora de Relaciones
Internacionales y Derechos
Humanos del Ministerio del
Poder Popular para el Servicio
Penitenciario (Mppsp).
“El Estado venezolano afronta
la problemática del hacinamiento
en los centros penitenciarios”,
sostiene esta joven
abogada (31 años de edad) y docente
de la Universidad Bolivariana
de Venezuela. “Se están
construyendo 24 establecimientos
para atender a la población
procesada. También contamos
con una orden presidencial, del
18 de octubre de este año, en la
que se decretó la emergencia en
infraestructura penitenciaria”.
Con estas medidas “el Estado
está afrontando la problemática,
y va a cumplir con la normativa
nacional e internacional en
cuanto a la clasificación de privadas
y privados de libertad”,
sostuvo Tajeldine, en entrevista
con el Correo del Orinoco.
La servidora pública opina
que las y los representantes de
las ONG, “para llamar más la
atención a escala internacional,
exageran en cuanto al nivel
de hacinamiento que existe
en Venezuela. Eso lo desmontamos,
y demostramos la construcción
de establecimientos,
tales como Yare II y Yare III,
El Rodeo III, la Comunidad Penitenciaria
de Coro, el Centro
Agroproductivo de Barcelona,
el Centro Penitenciario Occidente
II y nuevas áreas en todos
los establecimientos”.
Tajeldine considera que las
ONG contabilizan la infraestructura
que había años atrás,
y no cuentan la nueva. “Ellos
alegan que hay 280% de hacinamiento
en Venezuela”, explica;
“nosotros consideramos que
hay 20%, y no en todos los establecimientos
es igual”.
De acuerdo con los cálculos
del Mppsp, hay alrededor de
40 mil privadas y privados de
libertad recluidos en 32 establecimientos
penitenciarios. 60%
de ellas y de ellos son procesados,
y 40% están penados. En
una cuenta aparte se encuentran
los centros policiales y los
que dependen de la jurisdicción
militar. “Si fuese real el hacinamiento,
¿cómo nos explicamos
que los familiares pernocten en
los establecimientos penitenciarios”,
interrogó.
VENEZUELA SE DEFENDIÓ
“Venezuela se presentó
ante la CIDH para dar su
versión de lo que pasaba en
Venezuela y difundir la política
en materia penitenciaria
y de derechos humanos”,
detalló Tajeldine.
“Desmontamos una de las
tantas matrices que se han
generado, como por ejemplo
la del nivel de hacinamiento
que existe en los centros penitenciarios,
o que el Estado no
hace nada para atender la materia
penitenciaria”.
La vocera asegura que las y
los representantes del Estado
“desmontamos con números,
con cifras, lo que alegaban
las ONG sobre el abordaje de
la problemática”; también se
hizo un recuento de las acciones
tomadas por la Revolución
desde el año 1999, con el plan
justicia; el plan de humanización
penitenciaria, implementado
en 2004; el consejo penitenciario
de 2008 y la creación
del Mppsp.
“El ministerio tiene el objetivo
de dignificar y transformar
a todos los privados de libertad,
y darles las herramientas
para que, una vez que salgan
en libertad, sean mujeres y
hombres que aporten al colectivo”,
subrayó.
La artillería del pensamiento
Laila Tajeldine defendió a Venezuela ante la CIDH
Tajeldine estima que se han
enfrentando exitosamente algunas
dificultades, como el conflicto
en La Planta (que llevaron
al cierre del internado judicial).
También, el desalojo de la cárcel
de Coro. “En algunos casos
cerramos los establecimientos
y en otros tomamos el control
absoluto”, remarcó.
En cuanto a la violencia penitenciaria,
la servidora pública
enfatizó que, desde la constitución
del ministerio, se han realizado
más de 70 requisas, con “un
saldo importante de incautación
de instrumentos de tenencia prohibida,
como drogas y armamentos”,
puntualizó. “Las inspecciones
han sido tan minuciosas, que
hemos encontrado armas de más
de 15 años”.
Estas revisiones se han concretado
sin violentar los derechos
humanos, destaca la abogada.
“No se puede contabilizar
ni un solo muerto, a diferencia
de lo que ocurría antes de la Revolución,
cuando las muertes se
generaba producto de la violencia
del Estado”.
ANTES Y AHORA
En la audiencia de la CIDH
“pasamos un video en el que
se difundía cómo eran los establecimientos
penitenciarios
antes de 1998, y se demostraba
cómo los establecimientos tenían
armas y se violaban los
derechos humanos, incluso
de los menores, porque había
casos de abuso sexual infantil”.
Con eso, añade, “llamamos
la atención de la CIDH,
porque en ese momento no
había dictado una sola medida
cautelar sobre Venezuela;
en cambio ahora, cuando esas
cosas no ocurren, hay siete
medidas cautelares sobre el
tema penitenciario”.
Tajeldine va más allá, y se
pregunta: “¿A partir de qué
momento a la CIDH le comenzaron
a importar los derechos
humanos de los privados de
libertad? Años atrás nunca se
pronunciaron, y ahora lo hacen
constantemente”.
A las ONG “también les preguntamos
dónde estaban cuando
eso ocurría”.
–¿Hay una parcialidad en
la CIDH contra Venezuela?
–Hay una parcialidad contra
el proceso revolucionario
en Venezuela por parte de la
CIDH, y también por parte de
la Organización de Estados