Plan de Gobierno 2013-2019 se construirá con la opinión de ...

Americanos, que siempre ha
sido un instrumento para aplacar
cualquier proceso progresista
que se genere en nuestra
región. La mayor prueba de
ello es que en Venezuela, cuando
se generaban las masacres
más horrendas, la CIDH ni
la OEA manifestaron contra
esas violaciones flagrantes de
los derechos humanos. No se
hizo nada sobre la masacre de
Cantaura (1982), la masacre de
La Victoria (años 70). Solamente
se atendió el caso de El Caracazo
(1989) cuando asumió
el poder el presidente Hugo
Chávez. ¿Por qué a la CIDH de
pronto le interesan los derechos
humanos en Venezuela y
antes no le interesaban?
–¿Hay predisposición de
la CIDH en materia penitenciaria?
–En materia penitenciaria
hay una predisposición. Venezuela
tiene siete medidas cautelares
de la CIDH, y siete medidas
provisionales por parte
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, medidas
que solamente se toman cuando
hay un extremo peligro. Una
vez que recobramos el control
en el Cepra, imputamos a los
elementos que generaron la
violencia y llevamos la tranquilidad,
impusieron una medida
provisional. Es ilógico.
T/ Vanessa Davies
Caracas
El Estado venezolano ha
tomado medidas para
combatir el retardo procesal,
aseguró Laila Tajeldine,
directora de Relaciones
Internacionales y Derechos
Humanos del Ministerio del
Poder Popular para el Servicio
Penitenciario (Mppsp).
El Plan Cayapa (instalación
de tribunales itinerantes y
trabajo conjunto de todos los
organismos de justicia del Estado)
y el Plan Cayapita (formación
de juntas evaluadoras
por parte del propio ministerio)
han beneficiado a más de
35 mil privadas y privados de
libertad; es decir, han garantizado
las evaluaciones y las
fórmulas alternativas de cumplimiento
de la pena.
–¿Hay retardo procesal?
–Todavía arrastramos un
problema histórico, por parte
de los órganos de justicia en
La artillería del pensamiento
Tajeldine cita otro ejemplo: “El
Rodeo II, centro cerrado y que no
tiene población penitenciaria, todavía
tiene una medida provisional
por parte de la Corte”.
–¿No hay explicaciones por
parte de la CIDH?
–Estas instancias no explican.
Lo que les interesa es el impacto
comunicacional que generan re-
“Nosotros gobernamos en los establecimientos penitenciarios”
Tajeldine: Se han tomado medidas
para combatir el retardo procesal
Venezuela, que genera retardo
procesal, y es un problema
que tiene que ver con el Poder
Judicial. Sí lo hay. Por algo hemos
activado estos planes para
solventar de manera particular
la problemática que genera el
retardo procesal en los establecimientos
penitenciarios.
–¿Cuál es la mayor traba?
–Hay personas que no deberían
estar presas, y eso dificulta
el problema, pero estamos
en el camino correcto para
solventar estas dificultades.
Con la construcción de los 24
centros para procesados, con
las herramientas y elementos
para quienes están privados
de libertad a fin de que al salir
sean sujetos que aporten al colectivo,
creemos en la transformación
del ser humano. Esa es
una de las características de
un revolucionario, y sabemos
que esas personas que están
allí son producto del sistema
de exclusion y de explotación
que hemos arrastrado.
pitiendo una y otra vez que en Venezuela
se violentan los derechos
humanos en todos los ámbitos.
ASEDIADA
–¿Qué busca la CIDH contra
Venezuela?
–Lo que quiere es crear un
piso, o legitimar las acciones
que posteriormente podría
OTROS CAMBIOS
“Cuando llegamos al ministerio
la alimentación no era
regular”, admite Tajeldine.
“Hoy está completamente regularizada,
y cumple con las
normativas nutricionales, se
está cocinando dentro de los
propios penales”, acota.
El transporte para las audiencias
y para los centros
médicos “está garantizado”,
ya que “hay más de 340 unidades
para abordar esto”.
En las actividades de capacitación
e incorporación laboral
participan “más de 11
mil privadas y privados de libertad,
que trabajan en más
de 100 unidades socioproductivas
como cementeras, caucheras,
servicios automotrices,
carpinterías, herrerías,
artesanía”. Por estas tareas
perciben un ingreso, y se
cumple plenamente con la
normativa en materia laboral.
“Eso permite a las privadas
y los privados de liber-
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desarrollar Estados Unidos
contra Venezuela. Nosotros estamos
incluidos en el capítulo
cuarto de la Convención Interamericana
como países que
violentan de forma reiterada
los derechos humanos. ¿En Venezuela
realmente se están violentando?
No. Por el contrario,
este es un Estado en camino de
tad apoyar a sus familiares”,
manifiesta.
De acuerdo con las cuentas
de Tajeldine, hasta la fecha se
han efectuado más de 67 mil
consultas médicas y odontológicas,
además de 11.869 entrevistas
y charlas de orientación
e inducción social.
“Hay más de 21 mil personas
matriculadas en actividades
educativas, culturales y deportivas”,
garantizó.
El plan Llegó Maíta está destinado
“a aminorar la violencia”,
con más de mil madres de
reclusas y reclusos, apuntó.
En el área tecnológica se han
llevado a cabo “grandes inversiones
para, dentro de los establecimientos
penitenciarios,
incluir inhibidores de señales
para celulares”, lo que puede
impedir las conexiones entre el
interior y el exterior de los penales
para cometer fechorías.
También “hemos desplegado
un sistema tecnológico no intrusivo,
para los familiares de
los privados de libertad, como
escáneres corporales, detectores
de metales, paletas. Ya se
adquirieron los equipos”, informó
Tajeldine.
–¿Quién gobierna los establecimientos
penitenciarios?
–Nosotros gobernamos en los
establecimientos penitencia-
En el país hay 1.600 privados
de libertad extranjeros (300
son mujeres), entre procesados
y penados; la mayoría, por
drogas. Siete de cada 10 son
colombianas y colombianos,
y están presos por homicidio,
robo y secuestro.
“Estamos atendiendo a esa
población de forma particularizada,
y se pueden hacer traslados
a sus países de origen”
con base en convenios internacionales,
explicó.
la reivindicación de los derechos
humanos.
A juicio de Laila Tajeldine,
“Venezuela está asediada por la
Comisión, la Corte y la propia
OEA”. A estas instancias “no
les interesa reconocer ningún
avance en materia penitenciaria
por parte de Venezuela. No
les conviene que esos avances
salgan a la luz pública, porque
se les están acabando las excusas”.
En el país, concluye,
“entendemos que tenemos una
problemática penitenciaria, y
estamos dando pasos decididos
para afrontarla con una acción
por parte de todo el Estado”.
rios; no gobiernan los pranes.
Neutralizamos cualquier poder
paralelo que pretenda imponerse
al poder del Estado.
–¿Se está enfrentando a
las mafias?
–El Estado está enfrentando
a las mafias en los establecimientos
penitenciarios,
entendiendo que algunas de
estas mafias se disfrazan
bajo organismos que supuestamente
protegen los derechos
humanos de los privados
de libertad. En esa lucha
contra las mafias hay más de
100 funcionarias y funcionarios
–entre Guardia Nacional
Bolivariana y custodios– que
han sido imputados por el Estado
venezolano por ejecutar
actividades ilícitas. Además,
cuando los reclusos participan
en hechos de violencia
dentro de los establecimientos
penitenciarios todos son
imputados por los nuevos delitos
que hayan cometido.
–¿Hay régimen penitenciario
en todos?
–Funciona en la mayoría de
los establecimientos penitenciarios
con el paso de número,
requisas conquistas y otras
actividades. Durante años en
algunos centros no se pudo entrar,
y hoy los tenemos completamente
controlados.