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amparo comprende el valor de las multas y el de la cláusula penal pecuniaria, y su monto se repondrá
cada vez que por tal motivo se
disminuyere o agotare. La reposición por concepto de multas se hará por cuenta del contratista, y no
podrá exceder del cien por ciento (100%) de la garantía de cumplimiento.
El pago de la cláusula penal pecuniaria, o de la multa a título de cláusula penal pecuniaria, será
considerado como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE.
La cuantía mínima para el amparo de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos que se
celebren, será determinado en los correspondientes contratos conforme al porcentaje mínimo del diez por
ciento (10%) sobre el valor del contrato, y sin que en ningún caso sea inferior al valor de la cláusula penal
pecuniaria estipulada que se presumirá mínimo establecida en un diez por ciento (10%).
Dicho porcentaje mínimo opera para todo tipo de contrato, y su fijación, en su porcentaje superior,
dependerá del Municipio de Medellín en consideración a diversos factores, entre ellos, la importancia del
contrato, y la necesidad de asegurar con más diligencia el cumplimiento de una determinada obligación a
cargo del contratista. La vigencia del riesgo o amparo de cumplimiento será por el término del contrato y
cuatro (4) meses más, como mínimo.
En los contratos en que sea procedente y se pacte transferencia de conocimientos y tecnología, la
garantía única en el riesgo de cumplimiento cubrirá también la efectividad de la obligación de
transferencia.
5.6.2.2 De calidad
Por medio de este riesgo, EL CONTRATANTE. se precave contra el evento de que un servicio no reúna
las especificaciones y requisitos mínimos contemplados en el contrato.
Se otorgará en una cuantía mínima del diez por ciento (10%) del valor del contrato. La vigencia deberá
cubrir como mínimo la duración del contrato y cuatro (4) meses más o el lapso en que de acuerdo con el
contrato y la legislación civil o comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta,
por vicios ocultos y en general los derechos del consumidor.
5.7 PAGOS
Para efectuar el pago del suministro, la factura o documento equivalente será recepcionado en el
despacho de la alcaldía municipal, en cualquiera de las fechas que a continuación se indican, sin
embargo el contratista deberá tener en cuenta que para su radicación deben tramitarse internamente el
recibo a satisfacción, la verificación del pago de los aportes a la seguridad social, entre otros trámites
internos.
Como consecuencia, la factura o documento equivalente deberá ser entregada al INTERVENTOR del
contrato con suficiente antelación que le permita a la Administración adelantar los trámites inherentes
propios para radicar la cuenta antes de las fechas estipuladas.
El recibo a satisfacción que debe adjuntarse a la factura o documento equivalente, será elaborado por el
Interventor designado por parte de EL CONTRATANTE.
REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas
fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario.
En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia
responsable, detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando.
Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al Interventor.
Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su respectivo
trámite, durante el mismo mes de su expedición.
5.8 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO
El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con
autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE. Quien tiene la potestad legal para celebrarlo.
5.9 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
EL CONTRATANTE, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios
públicos a su cargo y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo
contratado y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el
contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las
personas objeto de tales medidas.
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