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proyectos represivos de estado peligroso remitidos por el ejecutivo y que, afortunadamente no
fueron tratados. Cabe observar que Hipólito Yrigoyen, que promulgó el código de 1921, no
envió ninguno de estos proyectos, pese a los reiterados reclamos de sus propios jefes de
policía.
El texto de 1921 permaneció en vigencia casi intacto durante más de cuatro
décadas, pero a partir de los años sesenta fue masivamente reformado por gobiernos de
facto, en marchas y contramarchas dramáticas (1962, derogada en 1963; 1968, derogada en
1973; 1976, derogada en 1984), hasta que esa práctica se convirtió en algo habitual, de lo
que parecen haberse contagiado los gobiernos constitucionales.
No obstante, la arquitectura general del Código se mantenía en sus líneas maestras,
aunque paulatinamente se iba desdibujando.
Por otra parte, los numerosos proyectos integrales elaborados antes de 1983 para
reemplazarlo nunca tuvieron éxito: el de Coll y Gómez de 1937, el de José Peco de 1941, el
de Isidoro De Benedetti de 1951, el de Ricardo Levene (h) de 1954, el de Sebastián Soler de
1960, el de la Comisión de 1974, la renovación de Soler en 1979 y el de 2006.
2. A partir del restablecimiento de la constitucionalidad a fines de 1983 se
produjeron diversas reformas. En un comienzo se limitaron los efectos de la reincidencia y
del resabio de la relegación del artículo 52, introduciendo el derecho penal de registro, que
no tenía antecedentes nacionales, todo lo cual permitió destrabar complejas situaciones
penitenciarias. Luego se sancionó otra reforma que derogó casi totalmente los textos
introducidos por la dictadura militar en 1976.
A partir de ese momento se inició un movimiento contrario en sentido
marcadamente represivo e inorgánico, que se acentuó en los años de la administración
siguiente, con reformas parciales múltiples y con leyes especiales que introdujeron institutos
premodernos, impulsadas por los medios masivos y por agencias extranjeras.
El siglo XXI continuó en esa línea, pero se acentuó al compás de una agenda
mediática, que acabó por desbaratar totalmente la arquitectura del Código Penal de 1921,
cuyo punto más alto fue la llamada reforma Blumberg, que llegó al extremo de dejar
totalmente incierta la cuantía de la pena máxima de privación de libertad con el apoyo de
una formidable campaña mediática y la debilidad del Congreso Nacional, lo que no fue
resuelto por la CSJN, por considerarlo una cuestión de derecho común.
En total, a la fecha, el maltratado y ya casi inexistente Código Penal de 1921 ha
sufrido unas novecientas reformas parciales que lo hacen irreconocible.
3. En casi todo el mundo, las llamadas campañas de ley y orden (law and order, Gesetz und
Ordnung) del siglo pasado han sido reemplazadas por un juego político permanente,
observándose una clara tendencia a fomentar la represión selectiva por parte de los sectores
conservadores de la política y, a decir verdad, también por los sectores progresistas ante la
amenaza de perder votos. Ejemplos de esta naturaleza lo han dado el laborismo inglés, el
socialismo italiano, la socialdemocracia alemana y el propio partido demócrata
norteamericano.
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