Instalación y mantenimiento de ascensores en la Comunidad ...

3. EL CONTEXTO NORMATIVO
3.1. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el sector
de la seguridad y la calidad industrial
El texto constitucional contiene pocas referencias expresas a la competencia
en materia de industria y por ello, el nexo constitucional en este campo
deberá ampliarse muchas veces al concepto más general de ordenación de
la actividad económica (art. 149.1.13) en el que se incluye la industria. La
definición de los límites de la competencia en la materia de calidad y seguridad
industrial (instalaciones y mantenimiento) debe buscarse esencialmente
en la jurisprudencia constitucional . En este sentido, la aportación más
reciente y conclusiva se halla en la STC 33/2005 , que afirma la potestad
autonómica de configurar el régimen administrativo de la inspección industrial
y la competencia ejecutiva y, de la que se extraen dos importantes conclusiones:
1. El régimen de intervención administrativa sobre las actividades de inspección
industrial constituye una competencia ejecutiva autonómica.
2. Incluso en el caso de que existan efectos suprautonómicos derivados del
ejercicio de la competencia ejecutiva, estos no justifican por sí mismos la
intervención estatal.
No obstante, la instalación y el mantenimiento de la actividad industrial
debe encajar en la estructuración del Estado Autonómico, especialmente en
lo que el Tribunal Constitucional ha convenido llamar «los efectos externos».
En otras palabras, el hecho de que la competencia para la autorización de
entidades de mantenimiento e inspección industrial recaiga en la Comunidad
(SSTC 203/1992; 14/1994; 183/1996; 243/1994; 313/1994; 179/1998).
La STC 33/2005 resuelve un conflicto de competencia promovido por el Consell Executiu de la Generalitat
de Cataluña contra el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (RICSI), y contra el Real
Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento
(CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por el cual se permite que las empresas del sector industrial
se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.
El conflicto se plantea en torno al alcance de las competencias estatales en la regulación de las entidades
de acreditación de los verificadores medioambientales, previstas en el Derecho Comunitario
y sobre el hecho de que el Estado pueda designar entidades de acreditación (Entidad Nacional de
Acreditación, ENAC) en concurrencia con las Comunidades Autónomas. Pese a la evidente distancia
que guarda con el supuesto tratado en este estudio, nos interesan los argumentos utilizados por el
Tribunal Constitucional para delimitar los ámbitos competenciales estatal y autonómico en materia
de industria.
25