Diversidad biocultural conservada por pueblos indígenas y - IUCN

Para las personas de la Zona de Yapú, la relación con el territorio consiste en un sistema regulatorio complejo, asociado
con rituales, actos de prevención de enfermedades, protección de sitios sagrados, manejo activo de flora y fauna e intervenciones
para propiciar la fertilidad de la naturaleza según el calendario tradicional de ceremonias. La vida indígena allí no
consiste en una repetición infinita de viejos comportamientos tradicionales. Por el contrario, la vida consiste en adecuarse a
los momentos específicos identificados en el devenir del calendario tradicional para rememorar el origen protohistórico de
cada grupo étnico, actualizar el conocimiento, y transformar y restaurar el buen comportamiento de todos en la comunidad
para hacer frente a las realidades siempre cambiantes. Por esto, las instituciones tradicionales siguen siendo esenciales.
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Áreas Protegidas Indígenas:
ICCA reconocidas y apoyadas
en Australia
(Smyth, 2006 y Dermot Smyth, comunicación personal, 2010)
En Australia, las Áreas Protegidas Indígenas (API) son voluntariamente
declaradas por pueblos indígenas (aborígenes e isleños de Torres Strait)
como una expresión de su compromiso por conservar la biodiversidad y
los valores culturales de sus estados tradicionales. A cambio, el gobierno
australiano reconoce a las API como parte del sistema nacional
de AP y brinda financiación para apoyar su planeación y manejo. Los
indígenas declaran la API independientemente de la legislación gubernamental,
y el manejo efectivo se logra a través de una variedad de
mecanismos legalmente codificados y no codificados, incluyendo leyes
y conocimiento consuetudinarios, control de acceso a las tierras de
propiedad de los indígenas, prácticas contemporáneas para el control
de plagas animales y vegetales, y colaboración con grupos conservacionistas
no gubernamentales, instituciones de investigación y agencias
gubernamentales. En cada estado y territorio australiano existen oportunidades
de establecer acuerdos o pactos formales de conservación
para prestar protección legal a los valores de biodiversidad de las API.
La primera API fue proclamada formalmente en 1998 sobre una
propiedad de los aborígenes llamada Nantawarrina, al norte de Flinders
Ranges, en el sur de Australia. Actualmente hay 39 API declaradas
en Australia, que abarcan más de 23 millones de hectáreas. La más extensa es Ngaanyatjarra Lands en el occidente de
Australia (9,8 millones de hectáreas) y la más pequeña es Putalina, en Tasmania, de 32 hectáreas. Colectivamente, las
ICCA comprenden en este momento más de 20% del área territorial conservada dentro del Sistema Nacional de Reservas
de Áreas Protegidas. Otras 38 API más se encuentran actualmente en las etapas de consulta y planeación. Hasta ahora
todas las API han sido establecidas sobre tierras de propiedad indígena en las que los pueblos indígenas tienen exclusivo
control del manejo. Sin embargo, recientemente, los pueblos indígenas han estado explorando la opción de declarar API
sobre áreas de sus territorios tradicionales terrestres y marítimos en los que tienen autoridad legal limitada. Por ejemplo,
varios grupos indígenas han recibido financiación del Programa API para explorar la posibilidad de que se declaren API
sobre áreas protegidas actualmente bajo la gobernanza del gobierno, en ambientes terrestres y marítimos. En este caso,
la declaración de una API complementaría los arreglos de manejo existentes, de manera muy similar a la forma como una
declaración de Patrimonio Mundial puede agregar valor a cualquier área protegida. Este desarrollo representa un cambio
importante para las API que actualmente están basadas sólo en la propiedad indígena de la tierra.
Antes de la colonización británica a finales del siglo XVIII, la totalidad del paisaje y las aguas costeras de Australia estaba
ocupada y manejada por pueblos indígenas en lo que ahora podría ser descrito como una vasta colcha de retazos
de ICCA. Las API son un mecanismo contemporáneo para mantener aspectos de la gobernanza tradicional, apoyado
por técnicas contemporáneas de manejo, y que se aplican sobre algunas partes de los dominios indígenas ancestrales.
Desde 1992, en Australia, el reconocimiento legal del “título nativo” de la ley común indígena, así como los procesos
estatutarios de reclamo de las tierras indígenas de los últimos 30 años, ha apalancado a algunos grupos aborígenes
y de isleños de Torres Strait para negociar su participación en la gobernanza sobre tierras, áreas marinas y recursos
–incluyendo algunos que están dentro de áreas protegidas bajo la gobernanza del gobierno. Las API ofrecen un marco
para construir sobre estos (con frecuencia limitados) fundamentos legales con el fin de restablecer la gobernanza indígena
sobre las propiedades tradicionales a través de una combinación de derechos legales, manejo y uso activos sobre
el terreno y asociaciones con agencias gubernamentales y no gubernamentales.
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