Ocultado de la Historia: El Holocausto canadiense - Europa Laica

asesinato de niños en la escuela Alberni. El número de demandas judiciales
interpuestas por los supervivientes de las escuelas residenciales contra el gobierno y
la Iglesia Católica, la Anglicana y la Unida de Canadá superan las 5.000 en 1998.
12-14 de Junio de 1998: Se celebra la primera audiencia sobre las escuelas
residenciales en Vancouver, a instancias de la Asociación Internacional de Derechos
Humanos de las Minorías Americanas (en adelante AIDHMA). Las pruebas
presentadas por los supervivientes demuestran que en las escuelas residenciales de
Canadá se cometieron todos y cada uno de los supuestos de Genocidio plasmados
en la Convención contra el Genocidio de las Naciones Unidas. Ninguno de los
treinta y cuatro funcionarios del gobierno y de las iglesias imputadas responde a la
citación del Tribunal. El Tribunal concluye que existen pruebas suficientes para abrir
una investigación exhaustiva del genocidio perpetrado en Canadá, pero el caso no
prospera debido a la presión del gobierno canadiense en la ONU, con ayuda de la
campaña de desacreditación y desinformación desplegada contra los organizadores
del Tribunal Rudy James y Kevin Annett. Sin embargo, Annett y los Jueces del
Tribunal Royce y Lidia White Calf hacen públicos los pormenores del caso, aunque
tan sólo un periódico en todo Canadá refleja la noticia. (Fig. 27, comunicado de prensa
de la AIDHMA; Fig.28, artículo de The Globe and Mail)
Posteriormente salen a la luz pruebas de que el Tribunal de la AIDHMA fue
saboteado desde dentro por un equipo de agentes del CSIS canadiense y el FBI
estadounidense, encabezado por el juez del Tribunal James Craven, los nativos Amy
Tallio y Kelly White de Vancouver, y Dean Wilson de Waglisla, C.B., en connivencia
con los funcionarios de la Iglesia Unida David Iverson, Brian Torpe, Alvin Dixon y
Jim White. (Apéndice II, más adelante).
Agosto de 1998 – enero de 1999: La Real Policía Montada de Canadá (en adelante
RPMC), la Iglesia Unida, y sus secuaces nativos a sueldo, lanzan una colosal
campaña de desacreditación e intoxicación informativa contra K. Annett, contra los
jueces Sra. y Sr. White Calf y contra las demás personas asociadas al Tribunal de la
AIDHMA. La coordinación de la campaña corre a cargo de Peter Montague,
Inspector de la División “E” de la RPMC, en Vancouver, Brian Torpe, John Siebert y
David Iverson, de la Iglesia Unida, y Jon Jessiman y Iain Benson, abogados de la
Iglesia Unida. Los medios de comunicación convencionales decretan el bloqueo
informativo de las crecientes pruebas y testimonios de los crímenes perpetrados en
las escuelas residenciales de todo Canadá, y el gobierno y las iglesias despliegan un
tupido velo de negación sobre el asunto.
Septiembre de 1998: Pese al sabotaje, el Magistrado del Tribunal Supremo de
Columbia Británica, Douglas Hogarth, tras un proceso judicial de dos años, resuelve
que la Iglesia Unida y el gobierno de Canadá son corresponsables del daño
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