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Sábado, 13 de diciembre de 2008
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ley que modifica el artículo 1 de la Ley Nº 26215, modificada por la Ley Nº 26341, que
modifica el artículo 99 de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria
LEY Nº 29292
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY Nº 26215, MODIFICADA POR LA LEY Nº
26341, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY Nº 23733, LEY UNIVERSITARIA
Artículo 1.- Objeto de la Ley
El objeto de la Ley es modificar el artículo 1 de la Ley Nº 26215, modificada por la Ley
Nº 26341, que modifica el artículo 99 de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, referido a la
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, la Escuela Nacional
Superior Autónoma de Bellas Artes, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas y el Conservatorio Nacional de Música, conforme a lo previsto en los artículos 23 y
24 de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, conforme al texto siguiente:
“Artículo 1.- (...)
Artículo 99.- Las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional del Perú, la Escuela de Salud Pública del Perú, la Academia
Diplomática del Perú, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, la Escuela Nacional de
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, así como la Escuela Nacional Superior Autónoma de
Bellas Artes, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, la Escuela
Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco y el Conservatorio Nacional
de Música tienen los deberes y derechos que confiere la Ley Nº 23733, Ley Universitaria,
mantienen el régimen académico de gobierno y de economía establecidos por las leyes que las
rigen, otorgan en nombre de la Nación el Grado de Bachiller y los títulos de licenciado
respectivos, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, siendo válidos para el
ejercicio de la docencia universitaria y para la realización de estudios de maestría y doctorado y
gozan de las exoneraciones y estímulos de las universidades en los términos de la presente
Ley.
Los grados y títulos deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos
de la Asamblea Nacional de Rectores para los fines pertinentes y bajo la responsabilidad del
Director General o de quien haga sus veces.”
Ley.
Artículo 2.- Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto los dispositivos legales que se opongan a la presente
Artículo 3.- Vigencia
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
PRIMERA.- Requisitos
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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Los directores de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito”
del Cusco, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional
de Música y la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
SEGUNDA.- Planes de estudio
La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, la
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y la
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, en uso de su autonomía,
coordinan con la Asamblea Nacional de Rectores para la organización de los respectivos
planes de estudios, en aplicación de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Inscripción de grados y títulos
Los grados y títulos otorgados a la fecha por la Escuela Superior Autónoma de Bellas
Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes,
el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea Nacional
de Rectores, por lo que serán remitidos, con la formalidad del caso, dentro del término de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
SEGUNDA.- Plazo de adecuación
La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, la
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y la
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, para el cumplimiento de los
artículos anteriores, adecuarán sus estructuras académicas y administrativas a los requisitos
que establece la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, otorgándoseles para tal efecto el plazo de
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el
texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día cinco de junio de dos mil ocho, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno
que se publique y cumpla.
En Lima, a los doce días del mes de diciembre de dos mil ocho.
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República
ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
Segundo Vicepresidente del Congreso
de la República
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de medidas
para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la reubicación de la ciudad de
Cerro de Pasco
LEY Nº 29293
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE CONCERTADO Y LA REUBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO
Artículo 1.- Objeto de la Ley
Declárase de necesidad pública e interés nacional la implementación de medidas para
lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la reubicación de la ciudad de Cerro de
Pasco.
Artículo 2.- Comisión Interinstitucional
1. Constitúyese una Comisión Interinstitucional con el objetivo de implementar medidas
para reducir el impacto ambiental y proteger la salud de la población, así como definir el
proceso de reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco y alcanzar su desarrollo urbano
sostenible. Esta Comisión tendrá las funciones de:
a) Evaluar la viabilidad de la expansión minera en relación al diagnóstico geológico y
urbano ambiental de la zona donde se ubica la ciudad de Cerro de Pasco.
b) Elaborar y aprobar los lineamientos, las estrategias y el plan de reubicación.
c) Elaborar y aprobar los Planes de Control de Fuentes Contaminadoras, de
Restauración Ambiental y de Atención de Salud. La restauración ambiental de las zonas
afectadas con pasivos ambientales debe considerar las limitaciones al acceso a áreas que
contengan tales pasivos.
d) Establecer los lineamientos y criterios para la elaboración y aprobación del Plan de
Desarrollo Urbano y Rural Sostenible de Cerro de Pasco, teniendo como eje la reubicación de
la ciudad.
e) Elaborar y aprobar el Plan de Contingencia por cada uno de los planes.
f) Establecer el procedimiento para la valorización de los predios afectados y el sistema
indemnizatorio y compensatorio que corresponda.
g) Diseñar y aprobar el presupuesto de los planes antes referidos, así como el
esquema de financiamiento correspondiente.
2. La Comisión Interinstitucional estará integrada por un representante de las siguientes
instituciones:
a) Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá;
b) Ministerio de Economía y Finanzas;
c) Ministerio del Ambiente;
d) Gobierno Regional de Pasco;
e) Municipalidad Provincial de Pasco;
f) Dirección Regional de Salud de Pasco;
g) Dirección Regional de Minería de Pasco; y
h) 2 representantes de las organizaciones sociales de base, uno del ámbito urbano y
otro del ámbito rural.
Artículo 3.- Plan de Reubicación
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El Plan de Reubicación pasa por las siguientes fases:
a) Estudio para establecer las condiciones políticas, económicas, ambientales y
sociales para la reubicación, priorizando el traslado de personas o poblaciones más afectadas.
b) Actualización del catastro de la ciudad de Cerro de Pasco.
c) Estudio de prefactibilidad para evaluar alternativas.
d) Consulta ciudadana para elegir la mejor opción.
e) Estudio de factibilidad de la opción aprobada.
f) Diseño y aprobación de la estrategia de financiamiento de la reubicación.
g) Construcción y ejecución progresiva del traslado.
h) Monitoreo y vigilancia.
Artículo 4.- Plan de Control de fuentes contaminadoras
El Plan de Control de fuentes contaminadoras debe permitir:
a) Reducir emisiones, vibraciones y efluentes a niveles establecidos en los estándares
de calidad ambiental y límites máximos permisibles.
b) Modernizar las instalaciones y equipos.
c) Impermeabilizar los stock piles y desmontes.
d) Reducir el impacto de la percolación de contaminantes a las aguas subterráneas.
Artículo 5.- Plan de Atención de Salud
El Plan de Atención de Salud debe ser integral y garantizar:
a) La realización del diagnóstico, tratamiento y asesoría de la población sobre los
impactos de la contaminación en la salud.
b) El análisis y monitoreo de los niveles de metales pesados en la población.
c) La implementación de programas de educación ambiental y salud pública para
informar a la población sobre el impacto de la contaminación en el ambiente y la salud.
d) La aplicación de programas de apoyo nutricional y asistencia sanitaria e higiene para
los niños que sufren del envenenamiento por metales pesados o metaloides.
e) La identificación de fuentes y causas de la intoxicación por metales pesados y otras
fuentes, para que se puedan establecer responsabilidades e internalizar el costo de salud.
Artículo 6.- Plan de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible
El Concejo Provincial de Pasco, sobre la base de los lineamientos y criterios del Plan
de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible a que se refiere el literal d) del numeral 1 del artículo 2
de la presente Ley, elabora y aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible de la
Ciudad de Cerro de Pasco.
Artículo 7.- Estimación de recursos
La Comisión Interinstitucional estima las necesidades de recursos que demanden las
acciones necesarias orientadas a reducir el impacto ambiental, proteger la salud de la
población e implementar alternativas para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco,
planteando opciones viables para el financiamiento de tales necesidades que sean acordadas
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entre las entidades del Estado y el titular minero que opera la unidad de producción que
administra el tajo y la mina en el área de influencia de la ciudad de Cerro de Pasco.
Artículo 8.- Junta de Control Urbano Ambiental
Confórmase una Junta de Control Urbano Ambiental, presidida por el Alcalde Provincial
de Pasco e integrada por un representante de la Defensoría del Pueblo y dos representantes
de las organizaciones civiles de Cerro de Pasco, para supervisar y fiscalizar la ejecución del
Plan de Control de Fuentes de Contaminación, de Restauración Ambiental, de Atención de
Salud y de Reubicación.
Artículo 9.- Plazos
La Comisión Interinstitucional:
a) Se instalará dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la vigencia de la
presente Ley.
b) En un plazo no mayor de ocho (8) meses contados a partir de la vigencia de la
presente Ley, elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Gobierno Regional de
Pasco y a la Municipalidad Provincial de Pasco los lineamientos y planes a que se refiere la
presente Ley.
c) Cada sesenta (60) días calendario, contados a partir de su fecha de instalación,
debe informar de sus avances a las Comisiones del Congreso de la República responsables de
los temas de Salud, Ambiente, Vivienda y Minas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario
contados a partir de la entrega de los lineamientos y planes por parte de la Comisión
Interinstitucional a que se refiere el literal b) del artículo 9 de la presente Ley, propone ante el
Congreso de la República el proyecto de Ley que contenga los mecanismos que hagan posible
el financiamiento acorde con las posibilidades fiscales, con el objetivo de garantizar la
ejecución de los compromisos de inversión correspondientes a los planes establecidos en la
presente Ley. Las acciones que se desarrollen en el marco de la presente Ley se sujetarán a
los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario,
contados a partir de la vigencia de la presente Ley, aprueba mediante decreto supremo, con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el reglamento de la presente Ley.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el
texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día ocho de mayo de dos mil ocho, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno
que se publique y cumpla.
En Lima, a los doce días del mes de diciembre de dos mil ocho.
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República
ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República
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Ley que modifica la tercera disposición final de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2008, y dicta otra disposición
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO;
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY Nº 29294
LEY QUE MODIFICA LA TERCERA DISPOSICIÓN FINAL DE LA LEY Nº 29142, LEY DE
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008, Y DICTA OTRA
DISPOSICIÓN
Artículo 1.- Modificación de la tercera disposición final de la Ley Nº 29142
Modifícase la tercera disposición final de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2008, con el siguiente texto:
“TERCERA.- Los recursos que las universidades reciban por concepto de canon,
sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea
(Focam) son utilizados preferentemente en el financiamiento y cofinanciamiento de
investigaciones en ciencias aplicadas.
Las universidades que tengan sedes, facultades o carreras profesionales que funcionen
en la provincia o provincias productoras de su región deben destinar no menos del diez por
ciento (10%) del total de lo percibido por este concepto directamente en dichas zonas,
conforme a lo establecido en la presente disposición.
Asimismo, las universidades públicas podrán destinar excepcionalmente no más del
treinta por ciento (30%) de dichos recursos al financiamiento de proyectos de inversión pública
vinculados con los campos de investigación y equipamiento para el cumplimiento de sus
objetivos, que no contemplen intervenciones con fines empresariales.
Estos recursos no podrán utilizarse, en ningún caso, para el pago de remuneraciones,
pensiones, asignaciones, bonificaciones o retribuciones de cualquier índole.”
Artículo 2.- Ampliación de vigencia
Amplíase hasta el 31 de marzo de 2009 la vigencia de lo dispuesto en la disposición
final única de la Ley Nº 29109 -Ley que autoriza crédito suplementario en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2007, para la adquisición de laptops para alumnos de
instituciones educativas públicas-, que dispone inaplicaciones normativas para efectos de los
proyectos de sedes legislativas del Pliego 28 del Presupuesto del Sector Público que vienen
siendo ejecutados como consecuencia de los daños estructurales sufridos en las diferentes
instalaciones del Poder Legislativo por los sismos del 15 de agosto de 2007, así como para el
mejoramiento de los ambientes del Palacio Legislativo y de su entorno urbano.
Inclúyese dentro de los alcances de esta disposición a todo sistema y equipamiento
tecnológico que sea necesario adquirir e instalar en los citados proyectos de sedes legislativas,
así como los bienes y servicios que por su naturaleza y necesidad requieran ser contratados
por el Congreso de la República durante el período de la citada ampliación.
Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación.
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En Lima, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil ocho.
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
Ley que prorroga el plazo de vigencia de la Comisión Especial Revisora del Código Penal
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY Nº 29295
LEY QUE PRORROGA EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL REVISORA
DEL CÓDIGO PENAL
Artículo único.- Prórroga del plazo de vigencia
Prorrógase el plazo de vigencia a que se refiere el artículo 2 de la Ley Nº 29153, Ley
que crea la Nueva Comisión Especial Revisora del Código Penal por un (1) año adicional,
contado desde la fecha de su vencimiento.
Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los doce días del mes de diciembre de dos mil ocho.
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República
ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
Ley que autoriza al Ministerio Público a otorgar una asignación excepcional a su
personal en actividad, auxiliar, administrativo, técnico asistencial y profesionales de la
salud no médicos
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY Nº 29296
LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO PÚBLICO A OTORGAR UNA ASIGNACIÓN
EXCEPCIONAL A SU PERSONAL EN ACTIVIDAD, AUXILIAR, ADMINISTRATIVO,
TÉCNICO ASISTENCIAL Y PROFESIONALES DE LA SALUD NO MÉDICOS
Artículo 1.- Objeto de la Ley
Dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio
Público, mediante decreto supremo, otorgue una asignación excepcional de SEISCIENTOS Y
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 600,00) por única vez, en favor del personal en actividad, auxiliar,
administrativo, técnico asistencial y profesionales de la salud no médicos, antes del 31 de
diciembre de 2008.
Dicha asignación excepcional es con cargo a los saldos presupuestales de los Grupos
Genéricos de Gastos 1. Personal y Obligaciones Sociales y 4. Otros Gastos Corrientes, para lo
cual está autorizado a hacer las habilitaciones correspondientes. En ningún caso se puede
autorizar habilitaciones con cargo a anulaciones presupuestarias vinculadas a gastos de
inversión.
Artículo 2.- Características de la asignación excepcional
El otorgamiento del monto que comprende la asignación excepcional dispuesta en el
artículo 1 tiene las siguientes características:
a) Se otorga única y exclusivamente al personal auxiliar y administrativo del Ministerio
Público, incluyendo a los profesionales de la salud no médicos y personal técnico asistencial
que labora en el Instituto de Medicina Legal.
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b) Se otorga al personal que cuenta con vínculo laboral vigente en el momento en que
se abona el monto establecido en el artículo 1 y se percibe únicamente en el mes de diciembre
del Año Fiscal 2008.
c) No tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable; asimismo, no constituye
base de cálculo para ningún tipo de bonificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios,
asignaciones o entregas. Cualquier otro acto administrativo que disponga lo contrario es nulo
de pleno derecho.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- El costo que irrogue el otorgamiento de la asignación excepcional por única
vez autorizada por el artículo 1 es financiado íntegramente con cargo al presupuesto aprobado
al Pliego 022 Ministerio Público, sin demandar recurso adicional alguno al Tesoro Público. Para
este efecto el Ministerio Público queda exceptuado, por un plazo de veinte (20) días hábiles,
contados a partir de la vigencia de la presente Ley, de lo dispuesto en el numeral 5.1, artículo 5
de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, a fin de
que pueda habilitar el Grupo Genérico de Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales.
Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los doce días del mes de diciembre de dos mil ocho.
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República
ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Declaran días no laborables a nivel nacional, para los trabajadores del Sector Público,
durante el año 2009
DECRETO SUPREMO Nº 082-2008-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 26961 - Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística, establece como
principios básicos estimular el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir
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al crecimiento económico y al desarrollo social del país, así como contribuir al proceso de
identidad e integración nacional con participación y beneficio de la comunidad;
Que, la práctica del turismo interno responde a dichos principios, puesto que constituye
un instrumento dinamizador de las economías locales y contribuye al conocimiento, no sólo de
los atractivos turísticos, sino de las realidades de las distintas poblaciones del país;
Que, además, el turismo interno permite definir, preparar y/o mejorar nuevos productos
y destinos turísticos preparándolos para su acceso al turismo receptivo; pudiendo citarse como
un nuevo logro en este aspecto, el desarrollo del turismo rural y comunitario, el cual viene
incrementándose y se proyecta a convertirse en una nueva fuente de ingresos para los niveles
sociales menos favorecidas económicamente;
Que, a efectos de incentivar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo
políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, habiendo establecido
durante los últimos años para el sector público y facultativamente para el sector privado, días
no laborables sujetos a horas de trabajo compensables o recuperables, los cuales, sumados a
los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica del turismo
interno, medida que ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del mismo según las
evaluaciones del flujo turístico interno movilizado durante los fines de semana largos desde el
año 2003 a la fecha, realizadas por el Sector Comercio Exterior y Turismo;
Que, por dichas razones, es conveniente declarar los días no laborables sujetos a
horas de trabajo compensables correspondientes al año 2009;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución
Política del Estado;
DECRETA:
Artículo 1.- Días no laborables en el Sector Público
Declarar días no laborables a nivel nacional, para los trabajadores del Sector Público,
durante el año 2009, los días: viernes 02 de enero, lunes 27 de julio, viernes 09 de octubre,
jueves 24 de diciembre, y, jueves 31 de diciembre. Para fines tributarios, estos días serán
considerados hábiles.
Artículo 2.- Compensación de horas
Las horas dejadas de trabajar en los días no laborables establecidos mediante el
artículo precedente, serán compensadas en la semana posterior a la del día no laborable, o de
acuerdo a lo que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias
necesidades.
Artículo 3.- Supuesto de excepción
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los titulares de las
entidades del Sector Público, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de
aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante los días no laborables
señalados.
Artículo 4.- Días no laborables en el Sector Privado
Los centros de trabajo del Sector Privado podrán acogerse a lo dispuesto en el
presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes
deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de
laborar; a falta de acuerdo decidirá el empleador.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y la Ministra de Comercio Exterior y
Turismo.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
Autorizan viaje de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social a Brasil y encargan su
Cartera a la Ministra de la Producción
Lima, 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION SUPREMA Nº 339-2008-PCM
Visto, el Oficio Nº 3325-2008-MIMDES/SG del Secretario General del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Comunicación de fecha 24 de noviembre de 2008 el Ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil pone en conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú la realización de la “XXXVI REUNIÓN DEL CONSEJO DE MERCADO COMÚN” que se
llevará a cabo en Salvador, Estado de Bahía, Brasil, el 15 de diciembre de 2008;
Que, la citada Reunión contará por primer vez con la participación de los Ministros
responsables de los temas de Desarrollo Social de los Estados Partes y los Estados Asociados
del MERCOSUR;
Que, entre otras funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se encuentran
las de promover, coordinar, dirigir, evaluar y ejecutar las políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, y las políticas de Desarrollo Social; las políticas y estrategias de
superación de la pobreza, demográficas, de seguridad alimentaria, y desarrollo territorial y rural
en el ámbito de su competencia;
Que, corresponde disponer la encargatura del Despacho de la Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social;
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora CARMEN AURORA MARCELA VILDOSO
CHIRINOS, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, a Salvador, Estado de Bahía, Brasil, del 13
al 16 de diciembre de 2008, para el fin expuesto en la parte considerativa de la presente
Resolución.
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Artículo 2.- El cumplimiento de la presente Resolución Suprema no irrogará gasto al
Tesoro ni otorgará derecho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de ninguna
clase o denominación.
Artículo 3.- Encargar la Cartera de la Mujer y Desarrollo Social a la señora ELENA
AÍDA CONTERNO MARTINELLI, Ministra de la Producción, a partir del 13 de diciembre de
2008, y en tanto dure la ausencia de la titular.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
Autorizan viaje del Ministro de Transportes y Comunicaciones y encargan su Despacho a
la Ministra de Justicia
Lima, 12 de diciembre de 2008
CONSIDERANDO:
RESOLUCION SUPREMA Nº 340-2008-PCM
Que, el señor Enrique Javier Cornejo Ramírez, Ministro de Transportes y
Comunicaciones, se ausentará del país, por razones de índole personal, del 14 al 17 de
diciembre de 2008;
Que, en tal sentido, es necesario autorizar el citado viaje y encargar el Despacho de
Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política del Perú,
la Ley Nº 29158 y la Ley Nº 27791; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior del Ministro de Transportes y Comunicaciones,
señor Enrique Javier Cornejo Ramírez, por razones de índole personal, del 14 al 17 de
diciembre de 2008.
Artículo 2.- Encargar el Despacho del Ministro de Transportes y Comunicaciones a la
Ministra de Justicia, señora Rosario del Pilar Fernández Figueroa, a partir del 14 de diciembre
de 2008 y mientras dure la ausencia del Titular.
Artículo 3.- La presente Resolución no irrogará gasto alguno al Tesoro Público, ni dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o de derechos aduaneros cualquiera sea su
clase o denominación.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
Autorizan viaje del Primer Vicepresidente de la República a Brasil en representación del
señor Presidente, para participar en la XXXVI Cumbre de los Jefes de Estado del
MERCOSUR
Lima, 12 de diciembre de 2008
CONSIDERANDO:
RESOLUCION SUPREMA Nº 341-2008-PCM
Que el señor Presidente de la República del Perú, Dr. Alan García Pérez ha sido
invitado a participar en la XXXVI Cumbre de los Jefes de Estado del Mercado Común del Sur -
MERCOSUR, la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR y
la Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y Desarrollo - CALC, a llevarse a
cabo en la ciudad de Salvador, Costa de Sauipe, República Federativa de Brasil, entre el 15 y
el 18 de diciembre de 2008;
Que, el Presidente de la República ha designado al Primer Vicepresidente,
Vicealmirante ® Luis Alejandro Giampietri Rojas con la finalidad que lo represente en los
citados eventos;
De conformidad con la Ley Núm. 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2008, la Ley Núm. 27619, que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Núm. 047-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del Primer Vicepresidente de la República, Vicealmirante
® Luis Alejandro Giampietri Rojas en representación del señor Presidente de la República, Dr.
Alan García Pérez, a la ciudad de Salvador, Costa do Sauipe, República Federativa de Brasil,
entre el 15 y el 19 de diciembre de 2008, para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resolución, se
efectuarán con cargo al Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al
siguiente detalle:
Pasajes US$ 2 275,58
Viáticos (US$ 200 x 5 días) US$ 1 000,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30,25
Artículo 3.- Dentro de los (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, el
Primer Vicepresidente de la República deberá presentar la rendición documentada de cuentas
por los viáticos entregados.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no otorgará derecho a exoneración de
impuestos o de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
Relación de Gobiernos Locales Distritales aptos para acceder a la transferencia de
recursos presupuestales destinados a la ejecución de proyectos de Infraestructura
Social y Productiva a cargo de FONCODES
RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 065-2008-PCM-SD
Miraflores, 10 de Diciembre de 2008
VISTO:
El Informe Nº 052-2008-PCM/SD-WST.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, que aprueba el “Plan Anual de
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año
2008” se ha previsto culminar el proceso de verificación de seis (06) gobiernos locales
distritales, con asignación presupuestal 2008 para proyectos de infraestructura social y
productiva del FONCODES, aplicándose los mecanismos y procedimientos aprobados por la
Secretaría de Descentralización en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social.
Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 051-2008-PCM/SD,
se aprobó la Directiva Nº 005-2008-PCM/SD, “Normas específicas para la transferencia de
Programa de Infraestructura Social y Productiva a cargo del Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social”.
Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 063-2008-PCM/SD,
se declaró al primer grupo de 03 Municipalidades Distritales como aptas para recibir las
transferencias presupuestales del Programa de Infraestructura Social y Productiva a cargo de
FONCODES;
Que, mediante Informe Nº 052-2008-PCM/SD-WST, se recomienda declarar el
segundo y último grupo de Gobiernos Locales Distritales y Provinciales que se identifica en el
artículo 1 de la presente resolución, aptos para acceder a la mencionada transferencia;
De conformidad a la Ley Nº 27783, Ley Nº 27972, Ley Nº 28273, y sus normas
modificatorias y complementarias, el artículo 17 de la Ley Nº 27444; y, en uso de las
atribuciones dispuestas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Cumplimiento de Mecanismos de Verificación
Declarar a los Gobiernos Locales Distritales que se detallan en el Anexo que forma
parte de la presente resolución, como aptos para acceder a la transferencia de los recursos
presupuestales destinados a la ejecución de los Proyectos de Infraestructura Social y
Productiva a cargo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, incluidos en el Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008, aprobado por
Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM.
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Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial en el Diario Oficial El
Peruano y en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.gob.pe/sd
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAUL ALBERTO MOLINA MARTINEZ
Secretario de Descentralización
ANEXO Nº 1
RELACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES QUE
CUMPLIERON CON LOS MECANISMOS DE
VERIFICACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
PRODUCTIVA DEL FONCODES, 2008.
Nº Región Provincia Distrito
1 Cusco Espinar Pallpata
2 Cusco La Convención Maranura
3 Ucayali Coronel Portillo Manantay
Conforman la Comisión Especial para la transferencia del Programa Integral de Nutrición
- PIN del PRONAA
RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 066-2008-PCM-SD
Miraflores, 11 de diciembre de 2008
VISTO:
El Informe Nº 053-2008-PCM/SD-WST y el Oficio Nº 510-2008/MIMDES-DVMDS.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, se dispuso la inclusión en el Plan
Anual de Transferencia 2006, de la transferencia del Programa Integral de Nutrición - PIN a
cargo del PRONAA. Posteriormente se ratificó la mencionada transferencia al ser incluida en el
Plan Anual de Transferencia del año 2007, aprobado con Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM;
Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 015-2007-PCM/SD
se aprobó la Directiva Nº 004-2007-PCM/SD “Normas Específicas para la Transferencia del
Programa Integral de Nutrición y los Programas y Servicios de Protección Social del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social incluidos en el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM”;
Que, mediante Resoluciones de Secretaría de Descentralización Nº 038-2007-
PCM/SD, 047-2007-PCM/SD y 005-2008-PCM/SD, se acreditó a 143 Municipalidades
Provinciales de un total de 194 Municipalidades inmersas en el proceso (74%), siendo
declaradas aptas para acceder a la transferencia de recursos destinados a la ejecución del
Programa Integral de Nutrición;
Que, en diciembre del 2007, al aprobarse la Ley de Presupuesto del Año fiscal 2008, se
dispuso en la Cuadragésima Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 29142, se prorrogue la
transferencia del Programa Integral de Nutrición - PIN y se facultó a la Presidencia del Consejo
de Ministros para establecer un nuevo cronograma, el que fue comprendido en el Decreto
Supremo Nº 029-2008-PCM, es decir hasta el 31 de diciembre del año 2008;
Que, en la Octava Disposición Final de la Ley Nº 29289 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2009, se dispone la prórroga del proceso de transferencia
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dispuesto por el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, con relación al Programa Integral de
Nutrición - PIN, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, a través de su Unidad
Ejecutora 005: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA, a las municipalidades
correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2009, facultándose a la Presidencia del Consejo
de Ministros para que en el plazo de sesenta (60) días calendario establezca un nuevo
cronograma de transferencias;
Que, mediante Oficio Nº 510-2008/MIMDES-DVMDS, el Despacho Viceministerial de
Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, hace llegar la propuesta de
conformación de una Comisión Especial encargada de elaborar la propuesta de transferencia
del Programa Integral de Nutrición -PIN, la cual propone sea integrada por representantes de
diversas instituciones implicadas en el proceso de transferencia del Programa Integral de
Nutrición;
De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nº 27783, 27867, 27972, 28273, de los
Decretos Supremos Nºs. 068-2006-PCM, 076-2006-PCM, 036-2007-PCM, 029-2008-PCM,
049-2008-PCM y en uso de las atribuciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conformación de la Comisión Especial para la transferencia del
Programa Integral de Nutrición - PIN del PRONAA.
La Comisión Especial para la Transferencia del Programa Integral de Nutrición - PIN a
cargo del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA, del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, está integrada por las siguientes instituciones y representantes:
Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social
Ministerio de Economía y Finanzas
Red de Municipalidades Rurales del
Perú
REMURPE
Asociación de Municipalidades del
Perú
AMPE
Asociación Nacional de Gobiernos
Regionales
ANGR
Presidencia del Consejo de Ministros
03 representantes (01 del Vice
Ministerio de Desarrollo Social,
01 de la Dirección General de
Descentralización y 01 del Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria).
01 representante (01 de la Dirección
General de Asuntos Económicos y
Sociales)
01 representante
01 representante
01 representante
01 representante (01 de la Secretaría
de Descentralización)
Artículo 2. - Objeto de la Conformación de la Comisión Especial
La Comisión Especial tendrá como encargo alcanzar los siguientes objetivos
específicos y entregables:
Objetivos Específicos
Entregables
Informe que contiene situación
1. Determinar el Estado Situacional del Programa en aspectos de
del Programa Integral de Nutrición Procesos o Procedimientos, recursos
- PIN humanos, recursos físicos y recursos
presupuestales.
2. Proponer el diseño de la estrategia Documento que define la estrategia
de Gestión Descentralizada del
de Gestión Descentralizada del
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Programa Integral de Nutrición.
Programa Integral de Nutrición.
3. Establecer el esquema de Documento que contiene los
procedimientos y plazos para
procedimientos específicos y
efectivizar la transferencia del
plazos para la Efectivización y la
Programa en mención.
implementación de las competencias
y recursos transferidos
Artículo 3. - Estructura Básica de la Comisión Especial
La Comisión Especial a la que alude el Artículo 1 de la presente Resolución, estará
presidida por el representante del Despacho Vice Ministerial de Desarrollo Social del MIMDES;
y como Secretaría Técnica actuará el representante de la Dirección General de
Descentralización del referido Sector, que estará facultado a realizar las convocatorias
respectivas.
La Secretaría de Descentralización, de la Presidencia del Consejo de Ministros, actuará
de acuerdo a las atribuciones que le asigna el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y el marco
normativo vigente.
Artículo 4.- Designación de representantes
La Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF y la Secretaría de
Descentralización de la PCM, así como la Red de Municipalidades Rurales del Perú -
REMURPE, la Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE y la Asociación Nacional de
Gobiernos Regionales - ANGR, designarán a sus representantes ante la Comisión Especial
mediante Oficio dirigido al Despacho Viceministerial de Desarrollo Social del MIMDES y copia a
la Secretaría de Descentralización.
Artículo 5.- Instalación de la Comisión Especial
La Comisión Especial para la transferencia del Programa Integral de Nutrición deberá
instalarse en un plazo máximo de siete (07) días calendario, contados a partir de la vigencia de
la presente Resolución.
Artículo 6.- Plazos del encargo
Facúltese a la Comisión Especial para que en un plazo no mayor a sesenta (60) días
calendario computados a partir de su instalación, haga llegar a la Secretaría de
Descentralización de la Presidencia del Ministros los entregables a que alude el Artículo 2 de la
presente Resolución.
Artículo 7.- Derogatoria
Dejar sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Resolución.
Artículo 8.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 9.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial en el Diario Oficial El
Peruano y en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.gob.pe/sd
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL MOLINA MARTÍNEZ
Secretario de Descentralización
AGRICULTURA
Establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio en la importación de
plántulas in vitro de paulownia procedentes de Panamá
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 75-2008-AG-SENASA-DSV
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La Molina, 11 de diciembre de 2008
VISTO:
El Informe Nº 39-2008-AG-SENASA-DSV/SARVF de fecha 6 de octubre de 2008, el
cual, al identificar y evaluar los potenciales riesgos de ingreso de plagas reglamentadas al país,
propone el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de plántulas in Vitro
de paulownia (Paulownia spp.) procedentes de Panamá; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 que aprueba la Ley General de Sanidad
Agraria, el ingreso al país como importación de plantas y productos vegetales y cualquier otro
material capaz de introducir o propagar plagas, se sujetarán a las disposiciones que
establezca, en el ámbito de su competencia la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria -
SENASA;
Que, el Artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el SENASA publicará los requisitos
fito y zoosanitarios en el Diario Oficial El Peruano y se notificarán a la OMC;
Que, la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA con fecha 8 de setiembre de 2008,
solicitó se realice el estudio de Análisis de Riesgo de Plagas debido a la necesidad que se
observo de contar con nuevas especies forestales como la especie paulownia con la finalidad
de desarrollar nuestra industria maderera así como el incentivo de la reforestación en nuestras
tierras y mejorar de nuestro medio ambiente, por tal motivo, la Subdirección de Análisis de
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del SENASA inició el estudio correspondiente, con la finalidad
de identificar los requisitos fitosanitarios aplicables a la importación del mencionado producto;
Que, como resultado de dicho estudio, se ha establecido los requisitos fitosanitarios
necesarios para garantizar un nivel adecuado de protección al país, minimizando los riesgos en
el ingreso de plagas cuarentenarias;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1059, Decreto Supremo
Nº 018-2008-AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG;
y con el visto bueno del Director General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Establézcanse los siguientes requisitos fitosanitarios específicos de
cumplimiento obligatorio en la importación de plántulas in Vitro de paulownia (Paulownia spp.)
procedentes de Panamá:
1. El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario de Importación emitido por el
SENASA, obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el
país de origen o procedencia.
2. El envío deberá venir acompañado de un Certificado Fitosanitario oficial emitido por
la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de origen.
3. Los envases serán nuevos, transparentes, herméticamente cerrado que asegure su
inviolabilidad, asépticos, asimismo el envase de transporte que contenga todo el material debe
contar con un precinto de la ONPF del país exportador.
4. El importador deberá contar con el registro de importadores, lugares de producción y
responsables técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada del SENASA.
5. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al país.
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6. El Inspector del SENASA tomará una muestra para ser remitida a la Unidad del
Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal, con el fin de descartar la presencia de las plagas
enunciadas en la declaración adicional del producto. El costo del diagnóstico será asumido por
el importador.
7. El proceso de cuarentena posentrada tendrá una duración de cuatro (4) meses. En
dicho lapso el material instalado en el lugar de producción será sometido por parte del
SENASA a una (01) inspección obligatoria para el seguimiento de la cuarentena posentrada y a
una (01) obligatoria final para el levantamiento de la cuarentena posentrada, de cuyos
resultados se dispondrá el destino final del producto.
Artículo 2.- Al arribo del material sujeto a cuarentena posentrada al lugar de
producción autorizado, el Inspector de Cuarentena Vegetal de la Dirección Ejecutiva del
SENASA, tomará una muestra del envío, la cual será sembrada en el lugar de producción
autorizado, con el fin de descartar la presencia de plagas.
Regístrese, comuníquese y publíquese
JORGE BARRENECHEA CABRERA
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Otorgan concesión para ecoturismo a favor de la Empresa ECOTURISMO PERLA S.A.C.,
a desarrollarse en el departamento de Junín
RESOLUCION JEFATURAL Nº 244-2008-INRENA
Lima, 23 de setiembre de 2008
VISTO:
El Informe Técnico Nº 558-2008-INRENA-IFFS (DACFFS), de fecha 23 de julio de
2008, que recomienda aprobar la Propuesta Técnica presentada por la Empresa
ECOTURISMO PERLA S.A.C. para la concesión directa de un área con fines de Ecoturismo a
desarrollarse en 3 217.52 hectáreas, ubicadas en el Distrito de Chanchamayo, Provincia de
Chanchamayo y en el Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma, Región Junín.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es obligación del
Estado promover la conservación de la diversidad biológica;
Que, el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA es el ente rector encargado
de la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional,
de conformidad con lo previsto tanto en el numeral 3.4 del artículo 3 de la Ley Nº 27308, Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, como en el artículo 6 de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 014-2001-AG;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0314-2002-AG, se aprobaron las
Disposiciones Complementarias para el Otorgamiento de Concesiones para Ecoturismo,
encargándose al Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA su difusión, aplicación y
cumplimiento;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0412-2006-AG y Resolución Ministerial Nº
0632-2006-AG, se aprobaron modificaciones a la Resolución Ministerial Nº 0314-2002-AG;
Que, habiendo cumplido con la publicación del resumen y los avisos previstos en el
artículo 8 de la Resolución Ministerial Nº 0314-2002-AG, y ante la ausencia de otros
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interesados, con Carta Nº 1627-2007-INRENA-IFFS (DACFFS), la Intendencia Forestal y de
Fauna Silvestre comunicó a la Empresa ECOTURISMO PERLA S.A.C., que su solicitud
continuará bajo la modalidad de Concesión Directa, autorizándole a presentar su Propuesta
Técnica, de conformidad con lo señalado en el numeral 18.2 del artículo 18 de la Resolución
Ministerial Nº 0314-2002-AG;
Que, mediante Carta s/n de fecha 19 de diciembre de 2007, la Empresa ECOTURISMO
PERLA S.A.C., remite a la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre la Propuesta Técnica
descrita, la cual incluye un documento de setenta (70) folios, para ser calificada;
Que, en los artículos 16 y 19 de las Disposiciones Complementarias para el
Otorgamiento de Concesiones de Ecoturismo, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 0314-
2002-AG, se establecen respectivamente el contenido de la Propuesta Técnica y los criterios
para su calificación;
Que, con Resolución Jefatural Nº 212-2006-INRENA de fecha 08 de agosto de 2006,
se aprobó los criterios de calificación de las Propuestas Técnicas para Concesiones de
Ecoturismo tanto en los procesos de Concurso Público como de Concesión Directa.
Que, mediante el Informe Nº 558-2008-INRENA-IFFS (DACFFS), de fecha 23 de julio
de 2008 se evaluó la Propuesta Técnica presentada por la Empresa ECOTURISMO PERLA
S.A.C., la cual ha obtenido el 73% del puntaje, superando así el puntaje mínimo, establecido en
el numeral 18.3 del artículo 18 de la Resolución Ministerial Nº 0314-2002-AG;
Que, el numeral 22.1 del artículo 22 de la Resolución Ministerial Nº 0314-2002-AG
dispone que la concesión se otorga mediante Resolución Jefatural, la cual es publicada en el
Diario Oficial El Peruano e incluye la aprobación de la Propuesta Técnica, en caso de
concesión directa;
Que, el literal a) del artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones del
INRENA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2003-AG, establece que la Intendencia
Forestal y de Fauna Silvestre es la encargada de proponer las políticas, normas, sistemas,
planes y programas relacionados con la gestión y administración de recursos forestales,
además de controlar y supervisar su cumplimiento o ejecución;
En uso de las facultades otorgadas mediante el inciso j) del artículo 8 del Reglamento
de Organización y Funciones del INRENA, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2003-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Propuesta Técnica” presentada por la Empresa ECOTURISMO
PERLA S.A.C.
Artículo 2.- Otorgar una Concesión para Ecoturismo a favor de la Empresa
ECOTURISMO PERLA S.A.C., bajo la modalidad de concesión directa, a desarrollarse en un
área de 3 217.52 hectáreas, ubicada en el Distrito de Chanchamayo, Provincia de
Chanchamayo y en el Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma, Región Junín, por un
período de 40 años renovables.
Artículo 3.- Definir que el área que se otorga en concesión, se encuentra enmarcada
dentro de las siguientes coordenadas geográficas y de acuerdo al mapa que como Anexo 1
forma parte de la presente Resolución Jefatural.
VERTICES ESTE NORTE
V1 452386 8790000
V2 452000 8791987
V3 452000 8797122
V4 454648 8798527
V5 455733 8798912
V6 455734 8792996
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V7 456740 8793000
V8 456740 8790000
Artículo 4.- Disponer que la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, se encargue de
supervisar el estricto cumplimiento de lo establecido en el Capítulo VI “Seguimiento y
Evaluación de la Concesión” de la Resolución Ministerial Nº 0314-2002-AG y sus modificatorias
establecidas en la Resolución Ministerial Nº 0412-2006-AG y Resolución Ministerial Nº 0632-
2006-AG; con lo cual se aprobaron las Disposiciones Complementarias para el otorgamiento de
Concesiones para Ecoturismo.
Artículo 5.- Precisar que el otorgamiento de la Concesión se complementa con la
suscripción del contrato correspondiente; en consecuencia para que la concesión se haga
efectiva el interesado deberá suscribir el referido contrato con el INRENA, conforme a lo
estipulado en el artículo 22 de la Resolución Ministerial Nº 0314-2002-AG, modificada con
Resolución Ministerial Nº 0412-2006-AG y Resolución Ministerial Nº 0632-2006-AG.
Artículo 6.- Notifíquese la presente resolución a la Empresa ECOTURISMO PERLA
S.A.C., a la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, a la Dirección de Administración y
Control Forestal y de Fauna Silvestre y a la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre de Selva Central, para su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CAMINO IVANISSEVICH
Jefe
Instituto Nacional de Recursos Naturales
AMBIENTE
Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1079 que Establece Medidas que
Garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas
DECRETO SUPREMO Nº 008-2008-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 68 de la Constitución Política del Perú, establece que el Estado está
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales
Protegidas;
Que, la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, regula los aspectos
relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de
conformidad con el mandato constitucional indicado en el párrafo precedente;
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, las Áreas
Naturales Protegidas constituyen Patrimonio de la Nación y son de Dominio Público por lo que
la propiedad sobre ellas, en todo o en parte, no puede ser transferida a particulares; su
condición natural es mantenida a perpetuidad; puede permitirse el uso regulado de las mismas
y el aprovechamiento de los recursos ubicados en ellas, o determinarse la restricción de los
usos directos;
Que, en el indicado artículo se establece que la administración de las Áreas Naturales
Protegidas considera la importancia de la presencia del ser humano, sus procesos sociales,
sus necesidades de manera individual y colectiva, así como el respeto a los usos tradicionales
de las comunidades campesinas o nativas en el ámbito del Área Natural Protegida, en armonía
con sus objetivos y fines de creación;
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Que, el citado Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece que el
acceso y uso de las comunidades campesinas o nativas de los recursos naturales ubicados en
un Área Natural Protegida, implica la posibilidad de aprovechar las especies de flora y fauna
silvestre permitidas, así como sus productos o subproductos, con fines de subsistencia.
Que, así mismo, establece que en todas las Áreas Naturales Protegidas, el Estado
respeta los usos ancestrales vinculados a la subsistencia de las comunidades campesinas o
nativas y de los grupos humanos en aislamiento voluntario o de contacto inicial o esporádico;
asimismo, promueve los mecanismos a fin de compatibilizar los objetivos y fines de creación de
las Áreas Naturales Protegidas con dichos usos ancestrales. En todo caso el Estado debe velar
por cautelar el interés general.
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1079, se establecen medidas que garanticen
el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas, señalando para tal efecto principios y
mecanismos para mejorar la capacidad del Estado para el cumplimiento del mandato
constitucional precitado; cuyas disposiciones son aplicadas e interpretadas en el marco de la
Ley de Áreas Naturales Protegidas;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1079 respeta el derecho de las comunidades
campesinas o nativas pertenecientes a los pueblos indígenas al aprovechamiento de los
recursos de las Áreas Naturales Protegidas al garantizar además de los usos orientados a la
subsistencia y autoconsumo, los acuerdos de manejo compartido;
Que, el indicado Decreto Legislativo señala en su artículo 5 que mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro del Ambiente, se deben reglamentar los mecanismos de
reintroducción, disposición y/o destrucción de los especímenes, recursos, productos y
subproductos recuperados o encontrados abandonados en Áreas Naturales Protegidas;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1079, que Establece
Medidas que Garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas, el cual consta de
ocho (8) artículos y una (1) Disposición Complementaria Final.
Artículo 2.- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -
SERNANP está encargado de implementar las acciones que se disponen en el Reglamento, y
de aprobar las normas complementarias correspondientes de acuerdo a su competencia.
Artículo 3.- Déjese sin efecto las disposiciones que se opongan al presente Decreto
Supremo.
Artículo 4.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del Ministerio del Ambiente
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1079 que establece medidas que garanticen el
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas
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Artículo 1.- Objeto del Reglamento
El presente Reglamento establece las disposiciones para la aplicación del Decreto
Legislativo Nº 1079, en lo referido a los mecanismos de reintroducción, disposición y/o
destrucción de los especímenes, recursos, productos y subproductos recuperados o
encontrados abandonados en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, con la
finalidad de dotar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado - SERNANP, de
mecanismos que le permitan una protección eficaz del patrimonio de dichas áreas frente a
actos de carácter ilegal; en aplicación de los principios indicados en el Artículo 3 del
mencionado Decreto Legislativo.
Artículo 2.- Referencias
Cuando en el presente Reglamento se mencione:
- Ley, se entenderá como la Ley Nº 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas;
- Reglamento, el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-AG; y,
- Decreto Legislativo, el Decreto Legislativo Nº 1079.
Artículo 3.- Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas
Constituye Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas - ANP:
a) Los ecosistemas que las conforman;
b) La fauna silvestre, sus productos y subproductos;
c) La flora silvestre, sus productos y subproductos;
d) Los ecosistemas marinos, incluyendo los espacios continentales y costeros que los
componen;
e) Las cuencas hidrográficas;
f) La diversidad biológica y sus componentes constituyentes;
g) El suelo;
h) Los recursos hidrobiológicos;
i) Los recursos genéticos;
j) El paisaje natural, en tanto recurso natural;
k) Los recursos culturales cuya gestión se regula por la normatividad de la materia; y
l) Los bienes inmuebles y muebles que son utilizados en la gestión de las ANP a cargo
de la administración del SERNANP.
Artículo 4.- Competencia del SERNANP
El aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre dentro de las ANP de
Administración Nacional se realiza únicamente en base a las modalidades establecidas en la
Ley, el Reglamento y normas complementarias del SERNANP, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2 del Decreto Legislativo.
Artículo 5.- Posesión del Estado
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5.1 El Estado ejerce de manera permanente la posesión inmediata de los elementos
que conforman el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional,
incluyendo los especímenes de flora y fauna silvestre, sus productos o subproductos.
5.2 En este sentido, no se interrumpe la posesión del Estado sobre los elementos del
patrimonio de las ANP aun cuando éstos se encuentren en posesión de terceros, salvo que
éstos cuenten con el título habilitante respectivo. Caso contrario, el SERNANP, en
representación del Estado, podrá realizar actos de recuperación administrativa de dichos
bienes en cualquier momento, en uso de su capacidad de autotutela.
5.3 De conformidad con lo señalado en el numeral precedente, no será posible para
ningún tercero, adquirir la posesión de los elementos que conforman el Patrimonio de las ANP,
fuera de las formas establecidas en la legislación de la materia. En consecuencia, se presumirá
ilegal la posesión no autorizada de tales elementos. Tampoco es posible la adquisición
originaria, la accesión natural, ni la tradición sobre dichos elementos.
Artículo 6.- Recuperación de los especímenes, productos y subproductos de
fauna y flora silvestre
6.1 El personal del SERNANP debidamente acreditado para acciones de control y
vigilancia de las ANP de Administración Nacional está facultado, en aplicación de la presunción
señalada en el párrafo anterior y del Principio de Protección Administrativa, a ejercer la
recuperación inmediata de los especímenes, productos y subproductos de fauna y flora
silvestre pertenecientes al patrimonio de las ANP de Administración Nacional, dentro del ámbito
geográfico de dichas áreas.
6.2 La recuperación no requiere del procedimiento de comiso ni forma parte del
procedimiento sancionador. Sin perjuicio de ello es aplicable, supletoriamente, lo dispuesto en
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
6.3 Los medios utilizados para darle un uso no autorizado a cualquiera de los
elementos del Patrimonio de las ANP de Administración Nacional están sujetos a comiso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Ambiente, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
6.4 Si dentro de un ANP de Administración Nacional se encuentra a alguna persona en
posesión de algún espécimen, producto, subproducto de flora silvestre, fauna silvestre, cuya
extracción no se encuentre permitida, el personal del ANP de Administración Nacional
procederá directamente a su recuperación.
En todos los casos, al momento de la intervención el personal autorizado requerirá la
presentación de los permisos, autorizaciones o títulos habilitantes correspondientes, en caso
de no contar con dichos documentos procederá a la recuperación.
6.5 Se exceptúa la posesión de especímenes, productos o subproductos de la flora o
fauna silvestre, resultantes de las actividades de recolección y caza con fines de subsistencia y
autoconsumo. Asimismo, se exceptúa la posesión derivada de usos tradicionales siempre que
no contravengan las disposiciones legales que rigen la gestión de las ANP.
Artículo 7.- Procedimiento de declaración de abandono de especímenes,
productos y subproductos de fauna y flora silvestre
7.1 Los especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre, cuya
extracción no está permitida en el ámbito geográfico de las ANP, se considerarán abandonados
si en el momento de la intervención no se encuentra persona alguna que los reclame.
7.2 El personal debidamente acreditado para acciones de control y vigilancia, de las
Areas Naturales Protegidas de Administración Nacional, está facultado a declarar el abandono
y disponer del bien, en aplicación del Principio de Protección Administrativa.
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La declaración de abandono procederá en el momento del hallazgo del bien y previa
constatación de que se trata de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora
silvestre pertenecientes al patrimonio de las ANP, cuya extracción no está permitida. Se dejará
constancia de este hecho en un acta a ser suscrita por el personal que participa en el acto.
7.3 En el procedimiento de abandono se exceptúan los especímenes, productos o
subproductos de la flora o fauna silvestre, resultantes de las actividades de recolección y caza
con fines de subsistencia y autoconsumo. Asimismo se exceptúan los derivados de usos
tradicionales, siempre que no contravengan las disposiciones legales que rigen la gestión de
las ANP.
Artículo 8.- Determinación del destino
Para los efectos del presente Reglamento son opciones de destino de los
especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre pertenecientes al patrimonio
de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, cuya extracción no es permitida
y que han sido recuperados o declarados abandonados, los siguientes:
a) Su destrucción o reducción del valor comercial;
b) Su utilización para la infraestructura de administración y control de las Áreas
Naturales Protegidas de Administración Nacional;
c) Su donación a instituciones y organizaciones locales, centros de investigación, de
enseñanza o a instituciones u organizaciones sociales que actúan en beneficio de las
poblaciones locales, previa solicitud.
d) Para el caso de especímenes vivos de fauna silvestre, se deberá evaluar en el acto
el estado de los mismos, pudiendo determinarse su liberación o reintroducción.
Si de dicha evaluación se concluye que el mantenimiento con vida del espécimen le
genera un sufrimiento considerable; que no existen los medios adecuados para su traslado a
un Centro de Rescate o Centro Temporal o institución que haga sus veces, o cuando su
liberación constituya un peligro actual o potencial para su propia especie o para otras especies
silvestres, se actuará preventivamente y se procederá a su sacrificio, asegurándose de
causarle el menor sufrimiento posible.
Los productos y subproductos de fauna y flora silvestre recuperados, o encontrados
abandonados en las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional no podrán ser
objeto de remate, subasta o comercio alguno.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
Primera.- La Policía Nacional del Perú, y el Ministerio Público debe brindar el apoyo
necesario al personal del SERNANP para ejecutar las acciones a las que se encuentra
facultado a su sola solicitud.
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Ponen en ejecución el Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica Nº 08, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú
DECRETO SUPREMO Nº 011-2008-MINCETUR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 054-87-PCM, del 26 de mayo de 1987, se puso en
vigencia el Acuerdo de Complementación Económica Nº 08, suscrito el 25 de marzo de 1987,
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entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del Tratado de
Montevideo de 1980;
Que, la integración económica regional constituye uno de los principales instrumentos
que tienen los países de América Latina para avanzar en su desarrollo económico y social,
asegurando una mejor calidad de vida para sus pueblos;
Que, el 19 de noviembre de 2008, los Plenipotenciarios de ambos países suscribieron
el Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 08, mediante el
cual se prorroga la vigencia de dicho Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2009, salvo que con
anterioridad las Partes suscriban un instrumento que permita la ampliación y profundización del
citado Acuerdo;
Que, corresponde al Gobierno Peruano poner en ejecución el mencionado Protocolo
Adicional, así como señalar los mecanismos relativos a dicha acción;
Que, conforme al artículo 2 e inciso 5) del artículo 5 de la Ley Nº 27790 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, este
Ministerio es competente para dirigir, ejecutar y coordinar la política de comercio exterior; y en
tal sentido, negocia, suscribe y pone en ejecución los acuerdos o convenios internacionales en
materia de comercio exterior e integración;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 118, de la Constitución
Política del Perú y en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo;
DECRETA:
Artículo 1.- Puesta en ejecución
Poner en ejecución el Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica Nº 08, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en el
marco del Tratado de Montevideo 1980.
Artículo 2.- Aplicación
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo comunicará a las autoridades
correspondientes las disposiciones que fueran pertinentes para la aplicación del citado
Protocolo Adicional, así como las precisiones que fueran necesarias sobre sus alcances.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Comercio Exterior y
Turismo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
DEFENSA
Designan Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1479-2008-DE-SG
Lima, 12 de diciembre de 2008
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 115-2008-DE/SG de fecha 04 de febrero de
2008, se designó al Doctor Alfredo Mario Prado Ramos, en el cargo de Sub Director de la
Dirección General de Asesoría Jurídica;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1343-2008-DE/SG de fecha 27 de octubre de
2008, se encargó al Doctor Alfredo Mario Prado Ramos, la Dirección General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Defensa, con eficacia al 23 de octubre de 2008;
Que, por razones de servicio se ha visto por conveniente dar por concluidas las
funciones del Doctor Alfredo Mario Prado Ramos en el cargo de Sub Director de la Dirección
General de Asesoría Jurídica y en la encargatura de las funciones inherentes al cargo de
Director General de Asesoría Jurídica encomendado;
Que, se encuentra vacante el cargo de Director General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Defensa;
Que, es necesario designar al funcionario que ejerza dicho cargo público de confianza;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, Ley Nº 29158 -
Ley del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29075 - Ley que establece la naturaleza jurídica, función,
competencias y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y el Decreto Supremo Nº
001-2008-DE, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluidas, al 31 de diciembre de 2008, las funciones del Doctor
Alfredo Mario Prado Ramos en el cargo de Sub Director de la Dirección General de Asesoría
Jurídica y en la encargatura de las funciones inherentes al cargo de Director General de
Asesoría Jurídica otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 1343-2008-DE/SG, dándosele
las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación.
Artículo 2.- Designar al Doctor Alfredo Mario Prado Ramos, en el cargo de Director
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, a partir del 01 de enero de 2009,
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa
ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban la “Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Residuos Sólidos Municipales a Nivel de Perfil”
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007-2008-EF-68.01
Lima, 11 de diciembre de 2008
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificado por el artículo único de la Ley Nº 28802, dispone que el Ministerio de Economía y
Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, es
la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública; dicta las
normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión Pública;
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Que, el literal m. del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y modificado
por Decreto Supremo Nº 185-2007-EF, establece que la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público es competente para establecer metodologías generales y
específicas para la formulación y evaluación de proyectos, normas técnicas y parámetros de
evaluación, así como la metodología para la evaluación ex post de Proyectos de Inversión
Pública;
Que, asimismo la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
Directiva Nº 004-2007-EF-68.01, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 009-2007-
EF/68.01, dispone en el numeral 32.1 del artículo 32 que la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público elabora y publica Manuales o Guías Metodológicas para la
preparación y evaluación de los estudios de preinversión;
Que, la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y el Decreto Legislativo Nº
1065 que la modifica, precisan las responsabilidades de las autoridades descentralizadas,
entre ellas las municipalidades distritales y provinciales, siendo éstas las principales
formuladoras de perfiles de proyectos de residuos sólidos; por lo tanto, requieren de un
instrumento que les ofrezca la metodología para el desarrollo de los estudios a nivel de perfil de
proyectos de gestión integral de residuos sólidos;
Que, la “Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Residuos Sólidos Municipales a Nivel de Perfil”, elaborada por la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público en coordinación con el Ministerio del Ambiente, ha
tomado en cuenta las necesidades de las instancias descentralizadas, considerando que, para
los temas relacionados con residuos sólidos, se cuenta con escasa información sistematizada y
actualizada que sirva de base para la elaboración de los proyectos de inversión;
En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias, y las Resoluciones Ministeriales Nº 158-
2001-EF/15 y Nº 583-2008-EF/10;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la “Guía de Identificación, Formulación y Evaluación
Social de Proyectos de Residuos Sólidos Municipales a Nivel de Perfil”
Aprobar como instrumento de metodología referencial la “Guía de Identificación,
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos Municipales a Nivel de
Perfil” elaborada por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente.
Artículo 2.- Publicación del instrumento metodológico
Disponer la publicación del instrumento metodológico aprobado por la presente
Resolución en la página web de la Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público (http://www.mef.gob.pe/DGPM).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HÉCTOR VALENTÍN HURTADO
Director General
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público
EDUCACION
Aprueban transferencia financiera del Programa de Movilización Nacional para la
Alfabetización a favor de los Gobiernos Regionales
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
DECRETO SUPREMO Nº 022-2008-ED
Que, en el marco de las prioridades de política educativa, mediante Decreto Supremo
Nº 022-2006-ED del 09 de septiembre del 2006, se creó el Programa Nacional de Movilización
por la Alfabetización, como responsable de desarrollar las acciones conducentes a erradicar el
analfabetismo en el País y constituye el Consejo Ejecutivo del Programa Nacional de
Movilización por la Alfabetización, como la máxima autoridad del Programa Nacional,
encargado de conducir y supervisar el desarrollo y cumplimiento del PRONAMA;
Que, la Ley Nº 28894 - Ley que autoriza transferencia de partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas, facultó al Ministerio de
Economía y Finanzas para que en coordinación con el Ministerio de Educación, autorice la
creación de la Unidad Ejecutora “Programa de Movilización Nacional para la Alfabetización”;
Que, para el manejo más eficiente y oportuno de las acciones de alfabetización, a nivel
nacional, es necesario descentralizar la ejecución presupuestal de los gastos de
desplazamiento de los coordinadores de Alfabetización de las Direcciones Regionales de
Educación y Unidades de Gestión Educativa Local;
Que, la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Educación ha emitido opinión con
respecto a la necesidad de autorizar transferencias financieras a favor de los Gobiernos
Regionales, hasta por un monto de S/. 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL y 00/100
NUEVOS SOLES), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, los que serán
distribuidos en las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa
Local que se detallan en el Anexo adjunto;
Que, según lo dispuesto por el numeral 75.2 del Artículo 75 de la Ley Nº 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificado por la Segunda Disposición Final de
la Ley Nº 29035 - Ley que Autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2007 y dicta otras medidas; las transferencias financieras entre pliegos
presupuestarios del Gobierno Nacional o del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos
Regionales y Gobierno Locales, se aprueban mediante Decreto Supremo, con refrendo del
Ministro del Sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previo informe
favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público;
De conformidad con el numeral 75.2 del artículo 75 de la Ley Nº 28411- Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, modificado por la Segunda Disposición Final de la Ley
Nº 29035 - Ley que Autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para
el año fiscal 2007 y dicta otras medidas, y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2006-ED y normas
modificatorias.
DECRETA:
Artículo 1.- Autorización de Transferencia
Aprobar la transferencia financiera del Pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad
Ejecutora: 109 Programa de Movilización Nacional para la Alfabetización, a favor de los
Gobiernos Regionales, a través de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de
Gestión Educativa Local, hasta por la suma de S/. 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de
acuerdo al detalle que se indica en el anexo adjunto que forma parte del presente Decreto
Supremo.
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Educación y el
Ministro de Economía y Finanzas.
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Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los diez días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación
LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas
(*) Ver Gráficos, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” de la fecha.
Aprueban transferencias financieras a favor de gobiernos locales del departamento de
Ayacucho
Lima, 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0435-2008-ED
Vistos, el Memorando Nº 4899-2008-ME/VMGI-OINFE de la Oficina de Infraestructura
Educativa; y,
CONSIDERANDO:
Que, el literal i) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, establece que es
función del Ministerio de Educación, liderar la gestión para conseguir el incremento de la
inversión educativa y consolidar el presupuesto nacional de educación, así como los planes de
inversión e infraestructura educativa;
Que, el literal l), numeral 75.4 del artículo 75 de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza al Ministerio de Educación a efectuar por
Resolución del Titular del Pliego, Transferencias Financieras a favor de los Gobiernos
Regionales y Locales, para actividades, proyectos de inversión, servicio de mantenimiento y
equipamiento, referidos a infraestructura y/o tecnología educativa; la misma que deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley Nº 29142, establece que cuando la
ejecución de los proyectos de inversión se efectúe mediante transferencias financieras del
Gobierno Nacional a favor de los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas públicas,
el documento que las sustenta es, únicamente, el contrato de la ejecución del proyecto. Dichas
transferencias son autorizadas mediante resolución del Titular del Pliego, la misma que debe
establecer un cronograma de desembolsos. Estos desembolsos se efectúan luego de la
presentación de los adelantos y las valorizaciones por avance de obras. Para el cumplimiento
de lo señalado en dicho numeral, el Gobierno Nacional suscribe, previamente, convenios con
los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas públicas, los mismos que establecen
expresamente la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento con cargo a la cual
se ejecutarán las obras. Asimismo establece que, cuando la ejecución de los proyectos a cargo
de los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas públicas, según su capacidad
operativa, se realice por administración directa, el documento que sustenta la transferencia es
el convenio suscrito con la entidad del Gobierno Nacional;
Que, la Trigésima Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29142, establece que el
Convenio suscrito a que se refiere el segundo párrafo del numeral 9.4 del artículo 9 constituye
el documento que sustenta la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento para que
el gobierno regional, gobierno local y la empresa pública, según sea el caso, efectúe la
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convocatoria para el proceso de selección para la ejecución del respectivo Proyecto de
Inversión Pública, conforme a las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado;
Que, el numeral 2.3 del artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 049-2007-EF/76.01,
“Lineamientos para la Aplicación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2008 - Ley Nº 29142”, indica que para efecto de las transferencias financieras que se
efectúen en el caso de los proyectos a ser ejecutados por administración directa a que hace
mención el último párrafo del numeral 9.4, no es de aplicación el requisito de los adelantos y
las valorizaciones por avance de obras dada la naturaleza de proyectos que se ejecutan a
través de Administración Directa. Dichas transferencias se sujetan a lo dispuesto en el
convenio respectivo;
Que, la Unidad de Presupuesto mediante el Informe Nº 376-2008-ME/SPE-UP,
considera que es técnicamente factible autorizar una transferencia financiera del Pliego 010:
Ministerio de Educación a favor de los Pliegos de los Gobiernos Locales del Departamento de
Ayacucho, detallados en el Anexo adjunto, por la fuente de financiamiento 1: Recursos
Ordinarios, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública declarados viables
detallados en el Anexo adjunto a la presente resolución; y
De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley Nº 29142, el Decreto Ley Nº 25762,
modificado por la Ley Nº 26510, el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED y sus modificatorias, la
Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 y sus modificatorias, y Resolución Directoral Nº 049-2007-
EF/76.01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar transferencias financieras del Pliego 010: Ministerio de Educación
a favor de los Gobiernos Locales del Departamento de Ayacucho detallados en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución, por la fuente de financiamiento
1: Recursos Ordinarios, para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, declarados
viables, detallados en el citado Anexo.
Artículo 2.- El egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, se
realizará con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación,
Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en la Fuente de
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en el Calendario de
Compromisos correspondiente.
Artículo 3.- Los recursos materia de la presente transferencia financiera serán
destinados exclusivamente para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, de acuerdo
a lo detallado en el Anexo adjunto, estando prohibido efectuar anulaciones presupuestales con
cargo a tales recursos.
Artículo 4.- Para la efectivización de la presente transferencia, será necesario la
suscripción Convenios entre el Ministerio de Educación y los correspondientes Gobiernos
Locales, en los cuales se ratificará el tipo de ejecución presupuestal, los términos y
obligaciones generales de las partes, y otras obligaciones específicas que debieran cumplirse
antes de efectivizarse las transferencias respectivas.
Artículo 5.- De conformidad con el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley Nº 29142,
establézcase el Cronograma de Desembolsos contenido en el Anexo adjunto, según los cuales
se ejecutará el desembolso de las transferencias financieras autorizadas, luego de suscritos los
convenios respectivos y cumplidas las obligaciones establecidas.
Artículo 6.- La Oficina General de Administración del Ministerio de Educación y la
Oficina de Administración o la que haga sus veces en los correspondientes Gobiernos Locales,
harán las coordinaciones necesarias para la efectivización del desembolso correspondiente de
las transferencias financieras autorizadas en la presente Resolución, las que se ejecutarán a
pedido de la Oficina de Infraestructura Educativa - OINFE.
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Artículo 7.- Los Gobiernos Locales, bajo responsabilidad, deberá informar los avances
mensuales, y final de los correspondientes expedientes técnicos de los proyectos de inversión
a la Oficina de Infraestructura Educativa - OINFE, indicando cualquier impedimento en la
elaboración de los mismos.
Artículo 8.-. La Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación -
OINFE se encargará, de acuerdo a sus funciones, velar por la suscripción del Convenio
referido en el artículo 4 de la presente Resolución, así como la ejecución y el cumplimiento de
los compromisos establecidos en el mismo, para lo cual se encargará del seguimiento y
monitoreo de los proyectos autorizados en la presente Resolución, debiendo informar
trimestralmente al Viceministerio de Gestión Institucional y a la Secretaría General del
Ministerio de Educación sobre los avances reportados por los correspondientes Gobiernos
Locales, luego de las evaluaciones realizadas por la OINFE.
Artículo 9.- El plazo máximo para la suscripción del Convenio referido en el artículo 4
de la presente Resolución por parte de los correspondientes Gobiernos Locales, es de diez
(10) días calendario de publicada la Resolución, luego de dicho plazo, quedará sin efecto la
transferencia autorizada a favor de los citados Gobiernos Locales.
Artículo 10.- La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, y
copia de la misma será remitida a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas y a la Oficina de Prensa y Comunicaciones para la publicación en la
página web del Ministerio de Educación.
Artículo 11.- Autorizar al Secretario General para que, en nombre y representación del
Ministerio de Educación, suscriba los Convenios a que se refiere el artículo 4 de la presten
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación
ANEXO Nº 1
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A FAVOR DE GOBIERNOS LOCALES
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(EN NUEVOS SOLES)
1: Recursos Ordinarios
CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSOS
MONTO
PLIEGO QUE RECIBE CODIGO DICIEMBRE DE
Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PROYECTO
MÁXIMO A
LA TRANSFERENCIA SNIP 2008
TRANSFERIR
2044418 SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
050206:
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN
1 AYACUCHO CANGALLO TOTOS MUNICIPALIDAD
42251
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN - TOTOS - CANGALLO
DISTRITAL DE TOTOS
- AYACUCHO
051012:
2040256 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
VICTOR MUNICIPALIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº
2 VILCANCHOS
41040
FAJARDO DISTRITAL DE 38536 SAN JACINTO - VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO
VILCANCHOS
- AYACUCHO
TOTAL A TRANSFERIR ANEXO Nº 1 3,294,779
NÚMERO DE PROYECTOS A TRANSFERIR ANEXO Nº 1 2
2,182,438 2,182,438
1,112,341 1,112,341
3,294,779
Aprueban transferencias financieras a favor de gobiernos locales del departamento de
Lambayeque
Lima, 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0436-2008-ED
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Vistos, el Memorando Nº 4899-2008-ME/VMGI-OINFE de la Oficina de Infraestructura
Educativa; y,
CONSIDERANDO:
Que, el literal i) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, establece que es
función del Ministerio de Educación, liderar la gestión para conseguir el incremento de la
inversión educativa y consolidar el presupuesto nacional de educación, así como los planes de
inversión e infraestructura educativa;
Que, el literal l), numeral 75.4 del artículo 75 de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza al Ministerio de Educación a efectuar por
Resolución del Titular del Pliego, Transferencias Financieras a favor de los Gobiernos
Regionales y Locales, para actividades, proyectos de inversión, servicio de mantenimiento y
equipamiento, referidos a infraestructura y/o tecnología educativa; la misma que deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley Nº 29142, establece que cuando la
ejecución de los proyectos de inversión se efectúe mediante transferencias financieras del
Gobierno Nacional a favor de los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas públicas,
el documento que las sustenta es, únicamente, el contrato de la ejecución del proyecto. Dichas
transferencias son autorizadas mediante resolución del Titular del Pliego, la misma que debe
establecer un cronograma de desembolsos. Estos desembolsos se efectúan luego de la
presentación de los adelantos y las valorizaciones por avance de obras. Para el cumplimiento
de lo señalado en dicho numeral, el Gobierno Nacional suscribe, previamente, convenios con
los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas públicas, los mismos que establecen
expresamente la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento con cargo a la cual
se ejecutarán las obras. Asimismo establece que, cuando la ejecución de los proyectos a cargo
de los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas publicas, según su capacidad
operativa, se realice por administración directa, el documento que sustenta la transferencia es
el convenio suscrito con la entidad del Gobierno Nacional;
Que, la Trigésima Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29142, establece que el
Convenio suscrito a que se refiere el segundo párrafo del numeral 9.4 del artículo 9 constituye
el documento que sustenta la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento para que
el gobierno regional, gobierno local y la empresa pública, según sea el caso, efectúe la
convocatoria para el proceso de selección para la ejecución del respectivo Proyecto de
Inversión Pública, conforme a las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado;
Que, el numeral 2.3 del artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 049-2007-EF/76.01,
“Lineamientos para la Aplicación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2008 - Ley Nº 29142”, indica que para efecto de las transferencias financieras que se
efectúen en el caso de los proyectos a ser ejecutados por administración directa a que hace
mención el último párrafo del numeral 9.4, no es de aplicación el requisito de los adelantos y
las valorizaciones por avance de obras dada la naturaleza de proyectos que se ejecutan a
través de Administración Directa. Dichas transferencias se sujetan a lo dispuesto en el
convenio respectivo;
Que, la Unidad de Presupuesto mediante el Informe Nº 450-2008-ME/SPE-UP,
considera que es técnicamente factible autorizar una transferencia financiera del Pliego 010:
Ministerio de Educación a favor de los Pliegos de los Gobiernos Locales del Departamento de
Lambayeque, detallados en el Anexo adjunto, por la fuente de financiamiento 1: Recursos
Ordinarios, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública declarados viables
detallados en el Anexo adjunto a la presente resolución; y
De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley Nº 29142, el Decreto Ley Nº 25762,
modificado por la Ley Nº 26510, el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED y sus modificatorias, la
Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 y sus modificatorias, y Resolución Directoral Nº 049-2007-
EF/76.01;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar transferencias financieras del Pliego 010: Ministerio de Educación
a favor de los Gobiernos Locales del Departamento de Lambayeque detallados en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución, por la fuente de financiamiento
1: Recursos Ordinarios, para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, declarados
viables, detallados en el citado Anexo.
Artículo 2.- El egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, se
realizará con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación,
Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en la Fuente de
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en el Calendario de
Compromisos correspondiente.
Artículo 3.- Los recursos materia de la presente transferencia financiera serán
destinados exclusivamente para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, de acuerdo
a lo detallado en el Anexo adjunto, estando prohibido efectuar anulaciones presupuestales con
cargo a tales recursos.
Artículo 4.- Para la efectivización de la presente transferencia, será necesario la
suscripción Convenios entre el Ministerio de Educación y los correspondientes Gobiernos
Locales, en los cuales se ratificará el tipo de ejecución presupuestal, los términos y
obligaciones generales de las partes, y otras obligaciones específicas que debieran cumplirse
antes de efectivizarse las transferencias respectivas.
Artículo 5.- De conformidad con el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley Nº 29142,
establézcase el Cronograma de Desembolsos contenido en el Anexo adjunto, según los cuales
se ejecutará el desembolso de las transferencias financieras autorizadas, luego de suscritos los
convenios respectivos y cumplidas las obligaciones establecidas.
Artículo 6.- La Oficina General de Administración del Ministerio de Educación y la
Oficina de Administración o la que haga sus veces en los correspondientes Gobiernos Locales,
harán las coordinaciones necesarias para la efectivización del desembolso correspondiente de
las transferencias financieras autorizadas en la presente Resolución, las que se ejecutarán a
pedido de la Oficina de Infraestructura Educativa - OINFE.
Artículo 7.- Los Gobiernos Locales, bajo responsabilidad, deberá informar los avances
mensuales, y final de los correspondientes expedientes técnicos de los proyectos de inversión
a la Oficina de Infraestructura Educativa - OINFE, indicando cualquier impedimento en la
elaboración de los mismos.
Artículo 8.-. La Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación -
OINFE se encargará, de acuerdo a sus funciones, velar por la suscripción del Convenio
referido en el artículo 4 de la presente Resolución, así como la ejecución y el cumplimiento de
los compromisos establecidos en el mismo, para lo cual se encargará del seguimiento y
monitoreo de los proyectos autorizados en la presente Resolución, debiendo informar
trimestralmente al Viceministerio de Gestión Institucional y a la Secretaría General del
Ministerio de Educación sobre los avances reportados por los correspondientes Gobiernos
Locales, luego de las evaluaciones realizadas por la OINFE.
Artículo 9.- El plazo máximo para la suscripción del Convenios referido en el artículo 4
de la presente Resolución por parte de los correspondientes Gobiernos Locales, es de diez
(10) días calendario de publicada la Resolución, luego de dicho plazo, quedará sin efecto la
transferencia autorizada a favor de los citados Gobiernos Locales
Artículo 10.- La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, y
copia de la misma será remitida a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas y a la Oficina de Prensa y Comunicaciones para la publicación en la
página web del Ministerio de Educación.
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Artículo 11.- Autorizar al Secretario General para que, en nombre y representación del
Ministerio de Educación, suscriba los Convenios a que se refiere el artículo 4 de la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación
1: Recursos Ordinarios
ANEXO Nº 1
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A FAVOR DE GOBIERNOS LOCALES
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(EN NUEVOS SOLES)
CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSOS
PLIEGO QUE
MONTO
Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO RECIBE LA
CODIGO
SNIP
PROYECTO MÁXIMO A DICIEMBRE DE 2008
TRANSFERENCIA
TRANSFERIR
1 LAMBAYEQUE CHICLAYO SAÑA
2 CHICLAYO SAÑA
3 CHICLAYO SANTA ROSA
4 CHICLAYO POMALCA
5 CHICLAYO CHONGOYAPE
6 FERREÑAFE PITIPO
7 LAMBAYEQUE MORROPE
140115:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SAÑA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
87381
EN LA IE Nº 050 “SAN JUAN” - SALTUR, DISTRITO DE
1,125,519 1,125,519
SAÑA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
140115:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
MUNICIPALIDAD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 11527
87300
DISTRITAL DE
“ANTONIO RAIMONDI DELL ACQUA” - SALTUR,
SAÑA
DISTRITO DE SANA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
140114:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SANTA ROSA
140118:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
POMALCA
140102:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CHONGOYAPE
94765
70973
63803
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN I.E.P.
10017 , DISTRITO DE SANTA ROSA – CHICLAYO -
LAMBAYEQUE
SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 11501 - POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ
JIMÉNEZ BORJA, CENTRO POBLADO PAMPAGRANDE
- DISTRITO DE CHONGOYAPE
140205:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
MUNICIPALIDAD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 11538
85375
DISTRITAL DE PATIVILCA, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE -
PITIPO
LAMBAYEQUE
140306:
MUNICIPALIDADS (*)
DISTRITAL DE
MORROPE
26218
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO BASICO DEL PUESTO DE SALUD
POSITOS DEL DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE
TOTAL A TRANSFERIR ANEXO Nº 1 14,865,337
5,007,009 5,007,009
1,380,401 1,380,401
2,720,825 2,720,825
1,591,439 1,591,439
2,485,775 2,485,775
554,369 554,369
14,865,337
NÚMERO DE PROYECTOS A TRANSFERIR ANEXO Nº 1 7
JUSTICIA
Establecen requisitos y costos correspondientes al servicio de Arbitraje Popular y al
servicio de suscripción de convenios arbitrales que prestará el Centro de Arbitraje
Popular “Arbitra Perú”
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0655-2008-JUS
Lima, 10 de diciembre de 2008
(*) NOTA SPIJ:
En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, se dice
“MUNICIPALIDADS” cuando se debe decir “MUNICIPALIDAD”
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CONSIDERANDO:
Que, la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el
arbitraje, establece que el Ministerio de Justicia queda encargado de la creación y promoción
de mecanismos que incentiven el desarrollo del arbitraje a favor de todos los sectores, así
como de ejecutar acciones que contribuyan a la difusión y uso del arbitraje en el país, mediante
la puesta en marcha de programas, bajo cualquier modalidad. Añade que dichos Programas
podrán ser ejecutados por el propio Ministerio o también en coordinación con cualquier entidad
del sector publico, con cualquier persona natural jurídica del sector privado, o con cualquier
institución u organismo nacional o internacional, mediante celebración de convenios bajo
cualquier modalidad;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 016-2008-JUS se crea el Programa de Arbitraje
Popular, cuyo objetivo es implementar acciones para la promoción, divulgación, capacitación y
uso del arbitraje popular como medio de solución de controversias, garantizando su acceso a
todos los ciudadanos. Dicho Programa prevé la constitución de un Centro de Arbitraje Popular
en el Ministerio de Justicia, el cual se regirá por el Estatuto y Reglamentos que se aprobaron
por Resolución Ministerial Nº 0639-2008-JUS;
Que, el artículo 37 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
dispone en su último párrafo que para aquellos servicios que no sean prestados en
exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular del Pliego establecerán los
requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser debidamente
difundidos para que sean de publico conocimiento;
Que, la aplicación del Programa de Arbitraje Popular supone la prestación, por parte
del Ministerio de Justicia, del servicio de arbitraje en el Centro de Arbitraje Popular del
Ministerio de Justicia y el servicio de suscripción de convenios, los mismos que no son
prestados en exclusividad;
Que, por consiguiente, resulta necesario que mediante Resolución Ministerial se
establezcan los requisitos y costos correspondientes a los servicios que se brindarán en el
Centro de Arbitraje “Arbitra Perú”;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158 - Ley del Poder Ejecutivo,
Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Justicia, Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM y
Decreto Supremo Nº 016-2008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Establecer los requisitos y costos correspondientes al servicio de
Arbitraje Popular y al servicio de suscripción de convenios arbítrales, que prestará el Centro de
Arbitraje Popular “Arbitra Perú”, según detalle que aparece en el Anexo que forma parte de la
presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
ENTIDAD: MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIOS
Nº DE
DERECHO DE Plazo para la
SERVICIOS
REQUISITOS
ORDEN PAGO % UIT Atención
- Solicitud dirigida al Coordinador Administrativo del Centro de Arbitraje del
Ministerio de Justicia, la misma que debe contener:
1
a) Identificación y domicilio del demandante:
Arbitraje Popular en el
- Nombre y el número de su documento de identidad
Centro de Arbitraje Popular
- Copia del poder si se actúa a través de representante
“Arbitra Perú” del Ministerio
- Cuando es persona jurídica se indicará la razón o denominación social,
de Justicia
los datos de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, nombre del
representante y número del documento nacional de identidad, acompañando
copia de los respectivos poderes con indicación de los datos de su inscripción
3 días
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- Domicilio procesal del demandante dentro del radio urbano donde funciona
el Centro de Arbitraje
- Número de teléfono, telex, telefacsimil, correo electrónico o cualquier otro
medio de comunicación con el que se desee realice las notificaciones
b) Los datos de indetificación (*) y domicilio del demandado involucrado en la
controversia
c) Copia del Convenio Arbitral o la evidencia del compromiso escrito de las
partes de someter su controversia a arbitraje institucional, administrado por el
Centro de Arbitraje
d) Determinación de lo que será materia de la demanda, incluyendo un
resumen de la controversia o conflicto, precisando las retenciones y el monto
involucrado, si es posible que sea cuantificable
e) Nombre y domicilio del árbitro designado, por el demandante, el que
deberá formar parte de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje
En caso de designar al árbitro, indicar el procedimiento pactado para su
designación o su sometimiento al árbitro que designe el Centro de Arbitraje
f) Indicar las reglas aplicables al procedimiento arbitral o indicar si éstas
serán determinadas por el Centro de Arbitraje, con la aceptación expresa de
someterse a éstas
g) Indicar si se ha ejecutado una medida cautelar antes de la solicitud de
arbitraje
- Recibo de pago por derecho de trámite 1.42
Presenta solicitud dirigida al Coordinador Administrativo del Centro de
Arbitraje, adjuntando:
Suscripción de Convenios
2 - Copia del Documento Nacional de Identidad 0.307
Arbitrales
- Copia del contrato materia de controversia
- Recibo de pago por derecho de trámite
PRODUCE
Aprueban la “Lista de Subpartidas Nacionales de Maquinaria, Motores y Equipos para la
Actividad Minera, que pueden ser Reparados, Reacondicionados y/o Sujetos a
Mantenimiento en la Zona Franca de Tacna”
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 841-2008-PRODUCE
Lima, 9 de diciembre de 2008
VISTOS:
El Informe Nº 087-2008-PRODUCE-DVI/DGI-DC de la Dirección de Competitividad de
la Dirección General de Industria, el Memorandum Nº 1079-2008-PRODUCE/DVI-DGI de la
Dirección General de Industria y el Informe Nº 010-2008-PRODUCE/OGAJ/jmzs de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1047
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, el Ministerio de la
Producción tiene competencia exclusiva en materia de normalización industrial, y cuenta con
funciones específicas para aprobar disposiciones normativas que le correspondan,
comprendiendo esta función, la facultad de tipificar reglamentariamente las infracciones por
incumplimiento de obligaciones establecidas legalmente, y para cumplir y hacer cumplir el
marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad
sancionadora, entre otras;
Que, la Ley Nº 27688 - Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, modificada
por la Ley Nº 27825 y la Ley Nº 28599, declara de interés nacional el desarrollo de la Zona
Franca de Tacna - ZOFRATACNA, para la realización de actividades industriales,
agroindustriales, de maquila y de servicios, y de la Zona Comercial de Tacna, con la finalidad
de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del departamento de Tacna, a través de
la promoción de la inversión y desarrollo tecnológico;
Que, el artículo 7 de la Ley Nº 27688, modificado por el artículo 2 de la Ley Nº 28599,
establece que en la Zona Franca se podrán desarrollar entre otras actividades, las de
reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la
actividad minera, de acuerdo a la lista aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de la
Producción en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas;
(*) NOTA SPIJ:
En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, se dice
“indetificación” cuando se debe decir “identificación”
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Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27688 -Ley
de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y sus normas modificatorias, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 002-2006-MINCETUR, precisa que la Resolución Ministerial que aprueba
la lista de bienes, a su vez establecerá las características y requisitos técnicos que deberán
cumplir los bienes a ser reparados, reacondicionados y/o sujetos a mantenimiento;
Que, el artículo 1 del Reglamento Interno del Comité de Administración de la Zona
Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA, aprobado por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo mediante Resolución Ministerial Nº 122-2004-MINCETUR-DM, establece
que el Comité de Administración de la ZOFRATACNA en el marco de los lineamientos
generales que dispone el mismo Reglamento, dictará los procedimientos internos para el
control del ingreso, permanencia y salida de mercancías, al interior de la ZOFRATACNA,
incluida la salida de bienes a la Zona Comercial de Tacna;
Que, mediante Informe Nº 087-2008-PRODUCE/DVI/DGI-DC, la Dirección de
Competitividad de la Dirección General de Industria, como órgano técnico en la materia de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE,
señala que se han efectuado las gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 27688 - Ley de Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna, y opina favorablemente respecto de la lista de 81 subpartidas nacionales
correspondientes a maquinaria, motores y equipos para la actividad minera que pueden ser
destinados a la actividad de reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento al interior de la
ZOFRATACNA;
Con el visado del Viceministro de Industria y Comercio Interno, de la Dirección General
de Industria y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27688 - Ley de Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna, en el Decreto Supremo Nº 002-2006-MINCETUR - Texto Único Ordenado
del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo Nº 1047 - Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción, por el Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE - Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de Lista
Aprobar la “Lista de Subpartidas Nacionales de Maquinaria, Motores y Equipos para la
Actividad Minera, que pueden ser Reparados, Reacondicionados y/o Sujetos a Mantenimiento
en la Zona Franca de Tacna”, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Características y requisitos técnicos que deberán cumplir los bienes
a ser reparados, reacondicionados y/o sujetos a mantenimiento:
2.1. Generales
a. Presentar una solicitud detallando el servicio que se requiere al interior de la
ZOFRATACNA: reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento.
b. Presentar las especificaciones técnicas del fabricante de la maquinaria, motor o
equipo que será reparado, reacondicionado y/o sometido a mantenimiento.
c. Adjuntar una ficha técnica que evidencie el estado del bien, suscrita por el
representante legal de la empresa.
2.2. Específicos para los bienes procedentes del territorio nacional
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a. Tramitar el ingreso temporal de la maquinaria, motor o equipo bajo el régimen de
exportación temporal, bajo las modalidades de reparación o perfeccionamiento pasivo.
b. Presentar la documentación pertinente que acredite la propiedad o posesión del bien
por parte de una empresa minera autorizada y registrada por el Ministerio de Energía y Minas
para el desarrollo de actividades mineras.
c. La reimportación de la maquinaria, motor o equipo resultante del proceso de
reparación o perfeccionamiento pasivo al resto del territorio nacional, se sujetan a la aplicación
de los correspondientes tributos de importación sobre el monto del valor agregado, según lo
dispone la normatividad pertinente.
2.3 Específicos para los bienes procedentes del extranjero
a. El ingreso y salida de la maquinaria, motor, o equipo para reparación, desde y hacia
terceros países se efectuará a través de los puertos de Ilo y Matarani, aeropuerto de Tacna,
Agencia Aduanera Santa Rosa y el Muelle Peruano de Arica.
b. El ingreso y salida de la maquinaria, motor o equipo para reparación, que se efectúa
por lugares distintos a los mencionados en el párrafo anterior, se realizará bajo el régimen de
tránsito sujeto a la presentación de fianza o bajo el tránsito internacional.
Artículo 3.- Hacer de conocimiento de la presente Resolución Ministerial, al Comité de
Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, para que dentro del ámbito de
sus competencias, dicte las disposiciones internas para el desarrollo y control de la actividad de
reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la
actividad minera.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELENA CONTERNO MARTINELLI
Ministra de la Producción
ANEXO
LISTA DE SUBPARTIDAS NACIONALES DE MAQUINARIA, MOTORES
Y EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD MINERA, QUE PUEDEN SER
REPARADOS, REACONDICIONADOS Y/O SUJETOS A MANTENIMIENTO
EN LA ZONA FRANCA DE TACNA
Nº Subpartida Descripción
Los demás tubos de sección circular, de los demás
1 7304 59 00 00 aceros aleados, excepto de los estirados o laminados
en frío.
Los demás motores de émbolo (pistón) alternativo y
2 8407 90 00 00 motores rotativos de encendido por chispa (motores de
explosión)
Motores de los tipos utilizados para la propulsión de
3 8408 20 10 00 vehículos del Capítulo 87, de cilindrada inferior o igual a
4.000 cm3, diesel o semidiesel
Motores de los tipos utilizados para la propulsión de
4 8408 20 90 00 vehículos del Capítulo 87, de cilindrada superior a 4.000
cm3, diesel o semidiesel
Los demás motores de émbolo (pistón) de encendido por
5 8408 90 10 00 compresión (motores Diesel o semi-Diesel) de potencia
inferior o igual a 130 KW (174 HP)
Los demás motores de émbolo (pistón) de encendido por
6 8408 90 20 00 compresión (motores Diesel o semi-Diesel) de potencia
superior a 130 KW (174 HP)
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7 8412 21 00 00 Motores hidráulicos con movimiento rectilinio (émbolo)
8 8412 29 00 00
Demás motores hidráulico, excepto con movimiento
rectilineo (émbolo)
9 8412 31 00 00 Motores neumáticos, con movimiento rectilíneo (émbolo)
10 8412 39 00 00
Demás motores neumáticos, excepto con movimiento
rectilineo (émbolo)
11 8412 80 90 00
Demás motores y máquinas motrices (por ejemplo: de
muelle)
12 8413 60 10 00 Bomba de doble tornillo helicoidal, de flujo axial
13 8413 60 90 00 Las demás bombas volumétricas rotativas
14 8413 70 21 00
Las demás bombas centrífugas, multicelulares con
diámetro de salida inferior o igual a 300 mm
15 8413 70 29 00
Las demás bombas centrífugas, multicelulares con
diámetro de salida superior a 300 mm
16 8417 10 00 00
Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos
térmicos de los minerales o de los metales
17 8419 39 91 00 Secadores para minerales
18 8421 29 10 00 Filtros prensa
19 8421 29 40 00 Filtros tubulares de rejilla para pozos de extracción
20 8421 39 90 00 Demás aparatos para filtrar o depurar gases
21 8425 11 00 00 Polipastos con motor eléctrico
22 8425 19 00 00 Polipastos, excepto con motor eléctrico
Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o
23 8425 31 10 00 montacargas en pozos de minas; tornos especialmente
concebidos para el interior de minas
Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o
24 8425 39 10 00 montacargas en pozos de minas; tornos especialmente
concebidos para el interior de minas
25 8426 11 00 00 Puentes rodantes, con soporte fijo
26 8426 12 10 00 Pórticos móviles sobre neumáticos
27 8426 12 20 00 Carretillas puente
28 8426 19 00 00
Demás puentes rodantes, grúas de pórtico y carretillas
puente
29 8428 10 90 00 Demás ascensores y montacargas
Aparatos elevadores o transportadores, de acción
30 8428 31 00 00 continua, especialmente proyectados para el interior de
las minas o para otros trabajos subterráneos
31 8428 32 00 00
Aparatos elevadores o transportadores, de acción
continua, de cuchara
32 8428 33 00 00
Aparatos elevadores o transportadores, de acción
continua, de banda o de correa
33 8428 39 00 00
Demás aparatos elevadores o transportadores, de acción
continua
34 8428 90 10 00
35 8429 11 00 00
36 8429 19 00 00
Empujadores de vagonetas, carros transbordadores,
basculadores y volteadores de vagones, vagonetas, etc.,
e instalaciones similares para la manipulación de material
móvil sobre carriles (rieles)
Topadoras (“bulldozers”), incluso las angulares
(“angledozers”), de orugas
Topadoras (“bulldozers”), incluso las angulares
(“angledozers”), excepto de orugas
37 8429 20 00 00 Niveladoras
38 8429 30 00 00 Traíllas (“scrapers”)
39 8429 40 00 00 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)
40 8429 51 00 00 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal
41
Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas
8429 52 00 00
cargadoras, cuya superestructura pueda girar 360o
42 8429 59 00 00 Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y
Página 40

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palas cargadoras
43
Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles
8430 31 00 00
o galerías, autopropulsadas
44
Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles
8430 39 00 00
o galerías, excepto autopropulsadas
45 8430 41 00 00 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas
46
Máquinas de sondeo o perforación, excepto
8430 49 00 00
autopropulsadas
Demás máquinas y aparatos de explanación, nivelación,
47 8430 50 00 00 escarificación, excavación, compactación, extracción o
perforación de suelo o minerales, autopropulsados
48 8430 61 10 00 Rodillos apisonadores, sin propulsión
49
Máquinas y aparatos para apisonar y compactar, sin
8430 61 90 00
propulsión
50 8430 69 10 00 Traíllas («scrapers»)
51 8430 69 90 00 Demás máquinas y aparatos, sin propulsión
52
Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y
8431 41 00 00
garras o pinzas.
53
Hojas de topadoras frontales (bulldozers) o de topadoras
8431 42 00 00
angulares (angledozers)
54 8454 10 00 00 Convertidores, para metalurgia, acerías o fundiciones
55
Lingoteras y cucharas de colada, para metalurgia,
8454 20 00 00
acerías o fundiciones
56
Máquinas de colar (moldear), para metalurgia, acerías o
8454 30 00 00
fundiciones
57 8455 10 00 00 Laminadores de tubos, para metales
58
Máquinas, para laminar en caliente y combinados para
8455 21 00 00
laminar en caliente y en frío, los metales
59 8455 22 00 00 Máquinas, para laminar en frío, los metales
60 8455 30 00 00 Cilindros de laminadores para metales
61
Taladradoras, perforadoras y similares, neumáticas,
8467 11 10 00
rotativas (incluso de percusión), de uso manual
62
Compactadoras y apisonadoras, neumática, de uso
8467 19 10 00
manual
63
Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras
8467 21 00 00
rotativas, con motor eléctrico incorporado
64 8474 10 10 00 Cribadoras desmoldeadoras para fundición
65 8474 10 20 00 Cribas vibratorias
66
Demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar,
8474 10 90 00
reparar o lavar
67 8474 20 10 00 Quebrantadores giratorios de conos
68 8474 20 20 00 Trituradoras de impacto
Demás máquinas para aglomerar, formar o moldear
69 8474 80 90 00 combustibles minerales sólidos, yeso y demás materias
minerales en polvo o en pasta
70
Motores con reductores, variadores o multiplicadores de
8501 32 10 00
velocidad.
71
8501 32 21 00 Los demás motores eléctricos con potencia inferior o
igual a 7.5 KW
72
Los demás motores eléctricos con potencia superior a
8501 32 29 00
7.5 KW
73
Motores con reductores, variadores o multiplicadores de
8501 34 10 00
velocidad de potencia superior a 375 KW.
74 8501 34 20 00 Los demás motores de potencia superior a 375 KW
75 8501 34 30 00 Generaciones de corriente continua
76
Generadores de corriente alterna, de potencia superior a
8501 62 00 00
75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA
77
Generadores de corriente alterna, de potencia superior a
8501 63 00 00
375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA
Página 41

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78
Generadores de corriente alterna, de potencia superior
8501 64 00 00
a 750 kVA
79 8701 30 00 00 Tractores de orugas
80
Demás tractores, excepto las carretillas-tractor de la
8701 90 00 00
partida 87.09
81
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera
8704 10 00 00
de la red de carreteras
Aceptan renuncia de Secretario Técnico del Comité de Apelación de Sanciones del
Ministerio
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 848-2008-PRODUCE
Lima, 12 de diciembre de 2008
VISTOS: el Oficio S/N del señor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, la Nota Nº 563-2008-
PRODUCE/DM del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial y el Informe Nº 268-2008-
PRODUCE/OGAJ-nkics de la Oficina General de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 481-2008-PRODUCE del 12 de mayo de 2008, se
designó al señor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, como Secretario Técnico del Comité de
Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción;
Que, a través del documento de vistos, el señor Héctor Fidel Rojas Rodríguez ha
formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, por razones de carácter personal;
Que, en consecuencia, debe dictarse el acto de administración por el cual se acepte la
renuncia formulada;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 1047 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2006-
PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar, con efectividad al 9 de diciembre de 2008, la renuncia
presentada por el señor HÉCTOR FIDEL ROJAS RODRÍGUEZ, al cargo de Secretario Técnico
del Comité de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELENA CONTERNO MARTINELLI
Ministra de la Producción
Aceptan renuncia de Miembro Titular del Comité de Apelación de Sanciones del
Viceministerio de Pesquería
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 849-2008-PRODUCE
Lima, 12 de diciembre del 2008.
Página 42

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VISTOS: el Oficio S/N de la señora Rosario Emperatriz Benavides Póveda, la Nota Nº
564-2008-PRODUCE/DM del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial y el Informe Nº
269-2008-PRODUCE/OGAJ-nkics de la Oficina General de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 529-2008-PRODUCE del 10 de junio de 2008, se
designó a la señora Rosario Emperatriz Benavides Póveda, como Miembro Titular del Comité
de Apelación de Sanciones del Viceministerio de Pesquería;
Que, a través del documento de vistos, la señora Rosario Emperatriz Benavides
Póveda ha formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, por razones de carácter
personal;
Que, en consecuencia, debe dictarse el acto de administración por el cual se acepte la
renuncia formulada;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 1047 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2006-
PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por la señora
ROSARIO EMPERATRIZ BENAVIDES PÓVEDA, al cargo de Miembro Titular del Comité de
Apelación de Sanciones del Viceministerio de Pesquería, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELENA CONTERNO MARTINELLI
Ministra de la Producción
RELACIONES EXTERIORES
Oficializan el evento “I Taller Internacional de Traductores e Intérpretes”, a realizarse en
la ciudad de Lima
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1353-2008-RE
Lima, 26 de noviembre de 2008
VISTA:
La carta de fecha 07 de noviembre de 2008, mediante el cual la Decana Nacional del
Colegio de Traductores del Perú, solicita la oficialización del evento “I Taller Internacional de
Traductores e Intérpretes”, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima, del 27 al 28 de febrero
de 2009.
CONSIDERANDO:
Que, la ciudad de Lima es sede del evento “I Taller Internacional de Traductores e
Intérpretes”, que se llevará a cabo del 27 al 28 de febrero de 2009, el cual viene siendo
organizado por el Colegio de Traductores del Perú;
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Que, el mencionado evento tiene por objetivos, entre otros, reforzar el reconocimiento
de la labor del traductor-intérprete en el área de la traducción económico-financiera,
terminología y particularidades de los diccionarios especializados; asimismo, propiciar el
diálogo, la evaluación y el intercambio de información sobre experiencias profesionales y
sensibilizar a los participantes de la importancia de la traducción e interpretación de alto nivel;
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo Nº 001-2001-RE, de 03 de
enero de 2001 y el inciso m) del artículo 5 del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 29 de diciembre de 1992;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Oficializar el evento “I Taller Internacional de Traductores e
Intérpretes”, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima, del 27 al 28 de febrero de 2009.
Artículo Segundo.- La presente Resolución no irroga gasto alguno al Pliego
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores
Autorizan viaje de funcionario diplomático para participar en diversas reuniones a
realizarse en Brasil
Lima, 11 de diciembre de 2008
CONSIDERANDO:
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1417-2008-RE
Que, el Gobierno de la República Federativa del Brasil, que concluye el ejercicio de la
Presidencia Pro-Témpore semestral del MERCOSUR, ha convocado a la XXXVI Reunión
Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y Países
Asociados, del 15 al 16 de diciembre de 2008, en Costa de Sauipe, Estado de Bahía,
República Federativa del Brasil, la misma que estará precedida de la LVI Reunión Ordinaria del
Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR (FCCP), a desarrollarse el día 14 de
diciembre de 2008, en la misma localidad;
Que, la participación del Perú como Estado Asociado al MERCOSUR responde a una
opción estratégica que trasciende lo estrictamente comercial, pues reconoce el gran potencial
complementario que existe con los países miembros de dicho bloque en los ámbitos fronterizo,
económico, de seguridad, político y de visión estratégica del espacio sudamericano;
Que, asimismo, el Gobierno de la República Federativa del Brasil ha convocado a la
Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y Desarrollo para los días 16 y 17 de
diciembre de 2008; la misma que estará precedida de la reunión preparatoria de Altos
Funcionarios que se llevará a cabo del 11 al 12 de diciembre de 2008, en Costa de Sauipe,
Estado de Bahía, República Federativa del Brasil;
Que, asimismo, en el marco de dichas reuniones se llevará a cabo una Cumbre
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), convocada por el Gobierno de Chile que ejerce la Presidencia Pro-Témpore, para
el 16 de diciembre de 2008, en la localidad de Costa de Sauipe, Estado de Bahía, República
Federativa del Brasil;
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Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú promover los intereses del país a nivel
bilateral y multilateral, con miras a consolidar su presencia regional e internacional y facilitar su
proceso de inserción a nivel global;
Que, es necesario asegurar una participación adecuada del Ministerio de Relaciones
Exteriores en las referidas reuniones;
Teniendo en cuenta el Memorándum (SAE) Nº 0716/2008, de 11 de diciembre de 2008,
de la Subsecretaría de Asuntos Económicos;
De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República; los artículos 185 y 190 del Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 130-2003-RE;
en concordancia con el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; el inciso m) del artículo 5 del
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619,
que regula la autorización de viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos; su
modificatoria la Ley Nº 28807, que establece que los viajes oficiales al exterior de funcionarios
y servidores públicos se realicen en clase económica; su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 29142, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del Ministro Consejero en el
Servicio Diplomático de la República Carlos Daniel Chávez-Taffur Schmidt, Director de la
Comunidad Sudamericana de Naciones, a la localidad de Costa de Sauipe, Estado de Bahía,
República Federativa del Brasil, del 12 al 17 de diciembre de 2008, para que participe en las
siguientes reuniones:
* Reunión del Altos Funcionarios preparatoria de la Cumbre de América Latina y El
Caribe sobre Integración y Desarrollo, del 12 al 13 de diciembre de 2008;
* LVI Reunión Ordinaria del Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR
(FCCP), el 14 de diciembre de 2008;
* XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes
del MERCOSUR y Países Asociados, del 15 al 16 de diciembre de 2008;
* Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), el 16 de diciembre de 2008; y,
* Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y Desarrollo, del 16 al 17 de
diciembre de 2008;
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución, serán
cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta: 19437 -
Integración Política y Negociaciones Económico-Comerciales Internacionales, debiéndose
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días al término de la referida
comisión de servicios, de acuerdo con el siguiente detalle:
Nombres y
Apellidos
Pasajes
US$
Viáticos Número Total Tarifa
por día de viáticos aeropuerto
US$ días US$ US$
Carlos Daniel
Chávez-Taffur Schmidt 1,257.00 200.00 6+1 1,400.00 30.25
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al término del referido
viaje, el citado funcionario diplomático deberá presentar un informe ante el señor Ministro de
Relaciones Exteriores de las acciones realizadas durante el viaje autorizado.
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Artículo 4.- La presente Resolución no da derecho a exoneración ni liberación de
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Designan representante del Ministerio ante la Comisión Multisectorial Permanente
encargada de proponer medidas para la implementación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Lima, 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 393-2008-TR
VISTO: La Nota de elevación Nº 038-2008-MTPE/2 de fecha 9 de diciembre del
Despacho Viceministerial de Trabajo; y,
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 30 de Marzo del 2007, el Estado Peruano suscribió la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma que ha entrado en vigencia el
3 de mayo del 2008, teniendo efectos vinculantes con nuestro país en materia de promoción de
derechos de las personas con discapacidad;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2008-PCM, se creó la Comisión Multisectorial
Permanente encargada del seguimiento y propuesta de medidas para la implementación de la
convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en
concordancia con el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad;
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo mencionado en el considerando precedente
establece que los miembros de la Comisión Multisectorial Permanente serán designados por
los titulares de los sectores correspondientes mediante Resolución Ministerial;
En consecuencia resulta procedente emitir el acto administrativo que designe al
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante la Comisión
Multisectorial Permanente referida;
Con la visación del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nº 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el
numeral 8 del artículo 25 de la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el literal d) del
Artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo al señor abogado Francisco Vásquez Gorrio, ante la Comisión Multisectorial
Permanente encargada de proponer medidas para la implementación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
Aprueban transferencia financiera del Programa de Emergencia Social Productivo
“Construyendo Perú” a favor de diversos Organismos Ejecutores del Sector Público
Lima, 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 394-2008-TR
VISTOS: El Memorando Nº 748-2008-DVMPEMPE/CP-OATEP de fecha 25 de
noviembre de 2008, de la Jefa de la Oficina de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos
del Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú”, el informe Nº 458-2008-
DVMPEMPE/CP-OPP de fecha 26 de noviembre de 2008, del Jefe de la Oficina de
Planificación y Presupuesto del Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo
Perú”, el informe legal Nº 416-2008-DVMPEMPE/CP-OAL de fecha 01 de diciembre de 2008,
de la Jefa de la Unidad de Asesoría Legal del Programa de Emergencia Social Productivo
“Construyendo Perú”; y el oficio Nº 1214-2008-MTPE/3/14.120 de fecha 9 de diciembre de
2008, del Director Nacional del Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo
Perú”;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 130-2001, concordado con la
Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29035, Ley que autoriza
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 y dicta
otras medidas, el Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú”, en
adelante el Programa, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo;
Que, para el cumplimiento de sus fines, el Programa efectúa transferencias financieras
a diversos organismos que ejecutan proyectos de obras y servicios intensivos en mano de
obra;
Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificada
por la Ley Nº 28652, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, dispone
en su artículo 75, numeral 75.4, literal c), que sólo se aprueban por Resolución del Titular del
Pliego, entre otros, las transferencias financieras del Programa a otros pliegos presupuestarios;
Que, mediante Memorando Nº 748-2008-DVMPEMPE/CP-OATEP de fecha 25 de
noviembre de 2008, la Jefa de la Oficina de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos del
Programa remite el consolidado nacional de convenios suscritos en el marco del Proyecto de
Contingencia “Promoción del Desarrollo Económico y Social en el Valle de los Ríos Apurímac y
Ene - VRAE” Etapa 1, correspondiendo a los Organismos Ejecutores del Sector Público
señalados en el Anexo de la presente resolución un aporte destinado al rubro “Otros”
ascendente a la suma de S/. 274 634,84 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y
Cuatro y 84/100 Nuevos Soles); razón por la cual se requiere efectuar la respectiva
transferencia;
Que, mediante informe Nº 458-2008-DVMPEMPE/CP-OPP de fecha 26 de noviembre
de 2008, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Programa otorga la
disponibilidad presupuestal por la suma de S/. 274 634,84 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil
Seiscientos Treinta y Cuatro y 84/100 Nuevos Soles) para atender la transferencia financiera
señalada en el considerando precedente;
Que, en virtud a lo expuesto, corresponde expedir la Resolución Ministerial que
apruebe la transferencia financiera por la suma de S/. 274 634,84 (Doscientos Setenta y Cuatro
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Mil Seiscientos Treinta y Cuatro y 84/100 Nuevos Soles) a favor de los Organismos Ejecutores
del Sector Público señalados en el anexo de la presente resolución;
Con las visaciones de la Dirección Nacional, la Secretaría Ejecutiva y la Oficina de
Planificación y Presupuesto del Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo
Perú”, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, el literal d) del artículo 12 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 173-2002-TR y el artículo 75 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto modificado por la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28652;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la transferencia financiera del Programa de Emergencia Social
Productivo “Construyendo Perú”, por un monto total de S/. 274 634,84 (Doscientos Setenta y
Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Cuatro y 84/100 Nuevos Soles) por concepto de rubro “otros” a
favor de los Organismos Ejecutores del Sector Público, conforme al detalle señalado en el
anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Encargar al Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo el trámite de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y
proceda a dar cuenta al Congreso de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan viajes de Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil a Chile y
EE.UU., en comisión de servicios y sin irrogar gastos al Estado
Lima, 12 de diciembre de 2008
VISTO:
RESOLUCION SUPREMA Nº 150-2008-MTC
El Informe Nº 670-2008-MTC/12 del 13 de noviembre de 2008 emitido por la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 376-2008-MTC/12.04 del 10 de noviembre de
2008 emitido por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma reglamentaria aprobada por
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de servidores,
funcionarios públicos o representantes del Estado;
Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 29142, Ley del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2008, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior de
servidores o funcionarios públicos con cargo a recursos públicos, habiéndose previsto
excepciones las cuales serán autorizadas mediante Resolución Suprema refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros;
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Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, establece que la Autoridad
Aeronáutica Civil es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como dependencia
especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, en virtud a dicha competencia, la Dirección General de Aeronáutica Civil es
responsable de la vigilancia de la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que
comprende la actividad de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los explotadores
aéreos así como el material aeronáutico que emplean;
Que, el explotador aéreo ha presentado ante la autoridad aeronáutica civil sus
solicitudes para ser atendidas durante el mes de diciembre de 2008, acompañando los
requisitos establecidos en el marco del Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, el explotador aéreo ha cumplido con el pago de los derechos de
tramitación correspondiente al Procedimiento a que se refiere en el considerando anterior, ante
la Oficina de Finanzas de la Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. En tal sentido, los costos de los respectivos viajes de inspección, están
íntegramente cubiertos por la empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de los
viáticos y la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto;
Que, dichas solicitudes han sido calificadas y aprobadas por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, conforme a lo señalado por el Texto Único de Procedimientos Administrativos
del citado Ministerio, según se desprende de las respectivas Órdenes de Inspección y referidas
en el Informe Nº 670-2008-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica Civil;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, Ley Nº 29142,
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección General de
Aeronáutica Civil;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar los viajes de los Inspectores de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se efectuarán entre el
15 al 21 de diciembre de 2008, a la ciudad de Santiago, Chile y Miami, Estados Unidos de
América, de acuerdo con el detalle consignado en el anexo que forma parte integrante de la
presente resolución, sustentado en los Informes Nº 376-2008-MTC/12.04 y Nº 670-2008-
MTC/12.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los viajes autorizados precedentemente, han
sido íntegramente cubiertos por la empresa solicitante a través de los Recibos de Acotación
que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución, abonados a
la Oficina de Finanzas de la Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, incluyendo la asignación por concepto de viáticos y Tarifa Unificada de Uso
de Aeropuerto.
Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, los Inspectores mencionados en el anexo de la presente Resolución Suprema,
dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado los viajes, deberán presentar
un informe al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina General de Administración del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante los viajes autorizados.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no dará derecho a exoneración o
liberación de impuestos o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denominación.
Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro de Transportes y Comunicaciones.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
RELACION DE VIAJES POR COMISION DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ESTABLECIDOS
EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 376-2008-MTC/12.04 Y Nº 670-2008-MTC/12
VIATICOS
ORDEN INSPECCION
INICIO FIN (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION
Nº
TUUA (US$)
Nºs.
2362-2008-MTC/12.04 15-Dic 17-Dic US$ 660.00 LAN PERU Leon Miami EUA Chequeo técnico 17253-17254-17260-17261
US$ 30.25 S.A. Lasheras, de Proficiencia y
Rolando R
Habilitación Cat.II/III
en simulador de vuelo
en el equipo B-767 a
tripulantes técnicos.
2363-2008-MTC/12.04 16-Dic 21-Dic US$ 1,200.00 LAN PERU Rondón Santiago Chile Chequeo técnico de 17262-17263-17266-17267-
US$ 30.25 S.A. Rondón, proficiencia en simulador 17268-17269
Moisés
de vuelo del equipo
A-319
VIVIENDA
Aprueban Plan Anual de Transferencia Sectorial 2008 del Ministerio
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 829-2008-VIVIENDA
Lima, 10 de diciembre de 2008
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, establece que la
descentralización es una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, para lo cual el
proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme
a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos
del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, establece
como finalidad del proceso de descentralización el desarrollo integral, armónico y sostenible del
país, mediante la separación de competencias y funciones y el ejercicio equilibrado del poder
por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población;
Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, y el numeral 1) del literal a) del artículo 6 de la Ley Nº
28273 - Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales, las Comisiones
Sectoriales de Transferencia del Gobierno Nacional deben presentar a la Secretaría de
Descentralización sus Planes Anuales de Transferencia;
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 081-CND-P-2005, se aprobó la Directiva Nº
005-CND-P-2005 “Procedimiento para la Formulación de los Planes de Transferencia
Sectoriales de Mediano Plazo y de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales”, que dispone en su numeral 11.3, literal b),
que el Plan de Transferencia Sectorial deberá ser aprobado por Resolución Ministerial del
Sector;
Que, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM,
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la Secretaría de Descentralización es el órgano encargado de dirigir y conducir el proceso de
descentralización, para lo cual actúa como órgano de enlace entre el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Regionales y Locales;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 295-2007-VIVIENDA, modificada por
Resolución Ministerial Nº 628-2008-VIVIENDA, se constituyó la Comisión Sectorial de
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, en consecuencia resulta necesario aprobar el Plan Anual de Transferencia
Sectorial 2008 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27792
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modificado por
Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Transferencia Sectorial 2008 del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Remitir a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo
de Ministros, copia de la presente Resolución Ministerial y el Plan Anual de Transferencia
Sectorial 2008 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para los fines
correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese
NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
Difieren entrada en funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur hasta el
uno de marzo de 2009, cuya sede se ha dispuesto se ubique en el distrito de Villa María
del Triunfo
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 292-2008-CE-PJ
Lima, 18 de noviembre de 2008
VISTO:
El expediente administrativo que contiene el informe de la Comisión de Trabajo
designada para la implementación de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, presidida por
la señorita Consejera Sonia Torre Muñoz, y;
CONSIDERANDO:
Primero: Que, por Ley Nº 28765 publicada el 28 de junio de 2006, se modificó el texto
del artículo 1 del Decreto Ley Nº 25680, disponiéndose la Desconcentración y
Descentralización del Distrito Judicial de Lima, en los Distritos Judiciales de Lima Norte, Lima
Este y Lima Sur, teniendo en cuenta el considerable crecimiento poblacional que se ha venido
dando en los últimos años en la Provincia de Lima; en aras de acercar la administración de
justicia a la población local, reconociendo sus características económicas y geográficas
particulares, así como sus necesidades y expectativas de acceso a un mejor y cada vez más
ágil servicio de justicia;
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Segundo: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, inciso 24, del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es atribución de este Órgano de
Gobierno, entre otros, la creación o supresión de Salas de Cortes Superiores o juzgados;
Tercero: Asimismo por Resolución Administrativa Nº 269-2008-CE-PJ, de fecha 14 de
octubre del presente año, se declaró sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur al
Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima, con jurisdicción en los
Distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Santísimo
Salvador de Pachacamac (excluyéndose la zona del Centro Poblado Lomas de Manchay),
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, y Pucusana; disponiéndose
que el funcionamiento del mencionado Distrito Judicial sea a partir del 15 de diciembre del año
en curso, para cuyo efecto la Gerencia General del Poder Judicial adoptaría, en breve término,
las acciones y medidas pertinentes para implementar en forma adecuada un inmueble donde
funcionen transitoriamente los órganos jurisdiccionales y administrativos que la conformen;
Cuarto: Que, no obstante lo señalado precedentemente, teniendo en cuenta que la
Gerencia General no ha cumplido hasta la fecha con ubicar un local apropiado para la
instalación e implementación de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur,
existiendo sólo el terreno materia de Convenio con la Municipalidad de Villa María del Triunfo,
para la construcción del local definitivo; resulta necesario en consecuencia diferir su
funcionamiento hasta el 1 de marzo de 2009;
Quinto: Que, sin perjuicio de lo establecido en el considerando anterior, resulta
conveniente; en aras de ir adoptando las acciones pertinentes para el funcionamiento de la
Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que se conformen los órganos jurisdiccionales
superiores que habrán de integrar dicho Distrito Judicial una vez que éste formalmente dé inicio
a sus actividades jurisdiccionales;
Sexto: Que, en ese orden de ideas, la Comisión de Trabajo designada luego de
efectuar los estudios y acciones de su competencia para la puesta en funcionamiento de la
Corte Superior en comento, considerando la información estadística sobre las Salas Superiores
del Distrito Judicial de Lima, y detectando aquellas que en relación a las demás registran
menor índice de carga procesal, sin obviar la posible complejidad de los procesos a su cargo,
propuso aquellas Salas Superiores que estarían expeditas para ser reubicadas y convertidas
en Salas de la nueva sede judicial, para lo cual deberán dictarse las medidas pertinentes;
Sétimo: Que, de igual modo, a nivel de Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Letrados,
Juzgados Especializados y/o Mixtos, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur quedará
conformada por los órganos jurisdiccionales que actualmente vienen funcionando como tales
en los Distritos aludidos en el artículo primero de la Resolución Administrativa Nº 269-2008-CE-
PJ de fecha 14 de octubre del año en curso;
Octavo: Que, con arreglo lo dispuesto en el inciso 26 del Artículo 82 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias
del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los magistrados y demás
servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional; asimismo, el
inciso 19 de la mencionada Ley Orgánica, prescribe que es de su competencia el asegurar la
progresiva habilitación y adecuación de los locales judiciales con su correspondiente personal
auxiliar; en consecuencia, resulta viable conforme a lo señalado precedentemente, proceder a
la reconformación de los órganos jurisdiccionales que actualmente componen el Distrito
Judicial de Lima;
Noveno: Que, de otro lado, es menester precisar que de conformidad con la precitada
Resolución Administrativa Nº 269-2008-CE-PJ, de fecha 14 de octubre del presente año, se
dispuso en el segundo párrafo de su artículo primero, como jurisdicción del Distrito Judicial de
Lima Sur, entre otros, al Distrito Santísimo Salvador de Pachacamac, excluyéndose la zona del
Centro Poblado Lomas de Manchay, siendo lo correcto Centro Poblado Los Huertos de
Manchay, de acuerdo a lo establecido en el Informe Nº 190-2008-SEP-GP-GG-PJ, de la Sub
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Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia General del Poder Judicial; por lo cual resulta
necesario proceder a la modificación pertinente;
Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, en sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención de los señores Consejeros
Antonio Pajares Paredes y Wálter Cotrina Miñano por encontrarse de licencia, por unanimidad;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Diferir la entrada en funcionamiento de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur hasta el uno de marzo de 2009, cuya sede se ha dispuesto se ubique en el Distrito
de Villa María del Triunfo, con competencia sobre los Distritos señalados en el Artículo Primero
de la Resolución Administrativa Nº 269-2008-CE-PJ, de fecha 14 de octubre del año en curso.
Artículo Segundo.- Modificar el segundo párrafo del artículo primero de la Resolución
Administrativa Nº 269-2008-CE-PJ, de fecha 14 de octubre del presente año, quedando en los
siguientes términos:
La Jurisdicción del citado Distrito Judicial comprenderá a los siguientes distritos de la
referida provincia:
- Villa María del Triunfo
- San Juan de Miraflores
- Villa El Salvador
- Lurín
- Santísimo Salvador de Pachacámac (excluyéndose la zona del Centro Poblado Los
Huertos de Manchay)
- Punta Hermosa
- Punta Negra
- San Bartolo
- Santa María del Mar, y
- Pucusana
Artículo Tercero.- Conformar las Salas de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur,
mediante la reubicación y conversión de los siguientes órganos jurisdiccionales:
- La Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
- La Sexta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la Sala
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
La carga procesal de los mencionados órganos jurisdiccionales convertidos deberá ser
redistribuida en forma aleatoria y equitativa entre las demás salas de su especialidad, a partir
del primer día útil del mes de febrero del año 2009; fecha en la cual se suspende el ingreso de
nuevas causas a dichas dependencias.
Lo precedentemente dispuesto no deberá generar el quiebre de juzgamientos orales en
giro, por lo que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, en coordinación con el
Presidente de la citada Sala Penal, adoptarán las acciones pertinentes bajo responsabilidad
funcional.
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Artículo Cuarto.- La Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a nivel de Juzgados de
Paz, Juzgados de Paz Letrados, Juzgados Especializados y/o Mixtos, quedará conformada por
los órganos jurisdiccionales que actualmente vienen funcionando como tales en los Distritos de
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Santísimo Salvador de
Pachacamac (excluyéndose la zona del Centro Poblado Los Huertos de Manchay), Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, y Pucusana, aludidos en el Artículo
Primero de la Resolución Administrativa Nº 269-2008-CE-PJ de fecha 14 de octubre del año en
curso, y modificado mediante la presente resolución.
Artículo Quinto.- El Distrito Judicial de Lima Sur contará con una Corte Superior
integrada en cuanto a su gobierno y administración por un Vocal Superior Presidente, que será
el Vocal decano, en tanto se proceda a su elección conforme a Ley; la Sala Plena compuesta
por los Vocales Superiores titulares; la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA)
y la Oficina de Administración Distrital con un Administrador.
Artículo Sexto.- Requerir a la Gerencia General del Poder Judicial que cumpla con
implementar un inmueble que reúna las condiciones adecuadas para el funcionamiento
transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, bajo responsabilidad funcional.
Artículo Sétimo.- Encárguese a la Gerencia General del Poder Judicial de brindar
apoyo presupuestario, financiero y técnico para el cumplimiento de la presente Resolución
Administrativa.
Artículo Octavo.- Transcríbase la presente resolución al Presidente del Poder Judicial,
al Presidente del Congreso de la República, al Ministro de Justicia, al Ministro de Economía y
Finanzas, a la Fiscal de la Nación, al Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, a la Presidenta del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, al Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Lima, y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
SS.
FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA
JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN
SONIA TORRE MUÑOZ
ENRIQUE RODAS RAMÍREZ
CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Dejan sin efecto la Res. Adm. Nº 176-2006-CED-CSJLI-PJ, referida a la consignación de la
condición jurídica actual de los ciudadanos en el Registro Informático de Procesos de
las Mesas de Partes Penales de Lima
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 350-2008-CED-CSJL-PJ
Lima, 5 de diciembre de 2008
VISTA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL
La Resolución Administrativa Nº 176-2006-CED-CSJLI-PJ de fecha siete de Junio del
año dos mil seis.
Y CONSIDERANDO:
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Que, en la sesión del Consejo Ejecutivo Distrital realizada el día 29 de septiembre de
los corrientes, se consignó como punto de agenda la necesidad de reexaminar el contenido de
la Resolución Administrativa Nº 176-2006-CED-CSJLI/PJ emitida por este Consejo.
Que, el artículo 2 Numeral 6 y 7 de la Constitución Política del Perú señala que toda
persona tiene derecho: “A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o
privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Al honor y a
la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”.
Que, por la Resolución Administrativa Nº 176-2006-CED-CSJLI/PJ de fecha siete de
junio de dos mil seis, se establecieron disposiciones sobre la consignación de la condición
jurídica actual de los ciudadanos en el Registro Informático de Procesos de las Mesas de
Partes Penales de Lima, precisando en su artículo quinto que el Registro Informático de los
procesos penales antes citados constituye una base de datos de uso interno, con carácter
confidencial, destinada únicamente a fines estadísticos, de información interna de los órganos
jurisdiccionales, información del mismo interesado que cuenta con la resolución judicial o de su
abogado cuando lo estime necesario.
Que, según lo previsto en el numeral quinto del artículo 15-B de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho de acceso a la información
pública no podrá ser ejercido respecto de la información referida a los datos personales cuya
publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar.
Que, conforme a lo previsto en el artículo sesenta y nueve del Código Penal: “quien ha
cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido
su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite”, restituyendo a la persona en los
derechos suspendidos o restringidos por la sentencia y la cancelación de los antecedentes
penales, judiciales y policiales. A su vez el artículo setenta del referido Código dispone que
“producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativas a la
condena impuesta, no pueden ser comunicados a ninguna entidad o persona”.
Que, en este sentido, se puede evidenciar que la disposición contenida en la
Resolución Administrativa Nº 176-2006-CED-CSJLI/PJ de fecha siete de junio de dos mil seis,
que establece que los Registros Informáticos de Procesos de las Mesas de Partes Penales de
Lima, no pueden ni deben ser eliminados completamente puesto que forman parte de una base
de datos interna, no se condice con lo previsto en los articulados mencionados en el
considerando precedente, por lo que teniendo en cuenta el principio de la Primacía de la Ley, la
referida resolución, por su naturaleza, no puede oponerse a lo previsto por los Códigos
Sustantivo y Adjetivo Penales.
Por ello, como lo recoge la propia resolución administrativa, al no constituir la
información del Registro un antecedente penal, judicial, ni policial y, considerando que en los
casos de rehabilitación así como en los de sentencias absolutorias, el Código Penal y de
Procedimientos Penales ha dispuesto expresamente la anulación de los antecedentes
policiales y judiciales, con mayor razón debería procederse con la anulación de los
antecedentes del Registro Informático del Sistema Integrado Judicial de los Juzgados Penales
de Lima, habida cuenta, que lo contrario, contravendría además las disposiciones establecidas
en los numerales 6 y 7 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado y el numeral 5 del
artículo 15-B de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la
ejecución de dispositivos penales, lo cual coadyuvaría a impedir el ejercicio libre de todos los
derechos fundamentales de las partes, sustentado en la existencia de una sentencia que fue
consentida, ejecutoriada y cumplida en su momento.
En, consecuencia, en uso de las atribuciones que le otorga el numeral diecinueve del
artículo noventa y seis de la Ley Orgánica del poder Judicial, el Consejo Ejecutivo Distrital de la
Corte Superior de Justicia de Lima en sesión ordinaria:
ACORDÓ:
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Artículo Primero: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Administrativa Nº 176-2006-
CED-CSJLI-PJ de fecha siete de Junio de dos mil seis, dictada por el Consejo Ejecutivo
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Artículo Segundo: DISPONER la anulación de los antecedentes del Registro
Informático del Sistema Integrado Judicial de los Juzgados Penales de Lima de los ciudadanos
que cuenten con resolución de excepción de naturaleza de acción y excepción de cosa juzgada
declaradas fundadas, sentencia absolutoria y demás resoluciones que pongan fin al proceso
que se encuentren firmes, así como la resolución de no ha lugar a Abrir Instrucción y en los
casos de Rehabilitación.
Artículo Tercero: DISPONER que los Magistrados de los Juzgados Penales de Lima,
de oficio y/o a pedido de parte procedan con la anulación de los antecedentes generados en el
Sistema Integrado Judicial de los Juzgados Penales de Lima de los ciudadanos que se
encuentren dentro de los supuestos previstos en el artículo segundo de la presente resolución.
Artículo Cuarto: PONER la presente resolución en conocimiento del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Oficina Distrital de Control de la
Magistratura, Oficina de Administración Distrital, Juzgados Penales y Mixtos de Lima, Mesas de
Partes Penales de Lima y Área de Desarrollo de la Presidencia, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
ANGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente
LUCIANO CUEVA CHAUCA
SALVADOR PECEROS PÉREZ
ALICIA GÓMEZ CARBAJAL
CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Ratifican en el cargo a Vocal de la Corte Suprema de Justicia
RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Nº 133-2008-PCNM
Lima, 26 de setiembre de 2008
VISTO:
El expediente de evaluación y ratificación del doctor Luis Felipe Almenara Bryson,
Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,
CONSIDERANDO:
Primero: Que, el doctor Luis Felipe Almenara Bryson, fue nombrado como Vocal de la
Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Resolución Nº 1 del Jurado de Honor de
la Magistratura de fecha 27 de diciembre de 1993, habiendo juramentado en el cargo el 31 de
diciembre de 1993;
Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura,
materializado mediante Resolución Nº 046-2001-CNM de fecha 25 de mayo de 2001, se
decidió no ratificarlo en el cargo y cancelar su título de nombramiento;
Tercero: Que, el Estado peruano ha suscrito el Acuerdo de Solución Amistosa con
magistrados que no fueron ratificados en sus cargos por el Consejo Nacional de la
Magistratura, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo que fue
homologado el 27 de julio de 2007, en su 129 periodo ordinario de sesiones;
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Cuarto: Que, mediante Oficio Nº 907-2007-JUS/DM, de fecha 10 de setiembre de
2007, el Ministerio de Justicia remite copia del Informe Nº 71/07 emitido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, con el fin que el Consejo Nacional de la Magistratura,
en cumplimiento del referido Acuerdo, rehabilite los títulos de nombramiento de 11 magistrados
incluido el doctor Luis Felipe Almenara Bryson;
Quinto: Que, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura por Resolución Nº 319-
2007-CNM, de fecha 2 de octubre de 2007, resolvió rehabilitar el título, siendo reincorporado en
el cargo de Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Resolución
Administrativa Nº 096-2008-CE-PJ del 11 de abril de 2008;
Sexto: Que, en tal virtud corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura
comprender a un nuevo proceso de evaluación y ratificación a los referidos magistrados, dentro
de los que se encuentra el doctor Luis Felipe Almenara Bryson; acorde a las recomendaciones
vertidas sobre el particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de
conformidad con lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 154 de la Constitución Política del
Perú, que dispone que es función del Consejo Nacional de la Magistratura el evaluar y ratificar
a los jueces y fiscales con una periodicidad de siete años;
Sétimo: Que, en Sesión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura, de
fecha 12 de junio de 2008, se acordó aprobar la Convocatoria Nº 004-2008-CNM de los
procesos de evaluación y ratificación, entre otros, del doctor Luis Felipe Almenara Bryson, la
misma que fue publicada con fecha 22 de julio de 2008, en el Diario Oficial El Peruano y otro
de mayor circulación. Siendo el período de evaluación del magistrado desde el 31 de diciembre
de 1993 al 11 de mayo de 2001, y desde su reingreso, el 16 de abril de 2008, a la fecha de
conclusión del presente proceso en que el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
sesiona para adoptar la decisión final;
Octavo: Que, el Consejo Nacional de la Magistratura mediante el proceso de
evaluación y ratificación determina si un magistrado ha de continuar o no en el cargo a través
de un proceso distinto al disciplinario, esto es, evaluando si se justifica o no su permanencia en
el servicio bajo los parámetros de continuar observando debida conducta e idoneidad, acorde a
lo establecido en el artículo 146 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que
el Estado garantiza a los magistrados su permanencia en el servicio, mientras observen
conducta e idoneidad propias de su función; debiendo entenderse que la decisión acerca de la
continuidad o permanencia en el ejercicio del cargo por otros siete años, exige que el
magistrado evidencie una conducta caracterizada por la verdad, lealtad, probidad,
independencia, imparcialidad, diligencia, contracción al trabajo funcional, decoro y rectitud,
además de una capacitación y actualización adecuadas, permanentes y constantes, como
también el fiel respeto y observancia a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la
República, todo lo cual persigue asegurar un desempeño acorde a las exigencias ciudadanas;
Noveno: Que, concluidas las etapas previas del proceso de evaluación y ratificación;
habiéndose entrevistado al magistrado en sesión pública llevada a cabo el día 22 de setiembre
de 2008, con la abstención del señor Consejero Edmundo Peláez Bardales, conforme al
cronograma de actividades aprobado por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura,
corresponde adoptar la decisión final, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, inciso 7, del
Código Procesal Constitucional, concordante con los artículos 27 y siguientes del Reglamento
del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio
Público, aprobado por Resolución Nº 1019-2005-CNM y sus modificatorias;
Décimo: Que, con relación a la conducta dentro del periodo de evaluación, de los
documentos que conforman el expediente del proceso de evaluación y ratificación instaurado al
doctor Luis Felipe Almenara Bryson, se establece: a) No registra antecedentes judiciales,
penales ni policiales; b) Por Oficio Nº 1032-2001-CT-PJ del 12 de febrero de 2001 del Consejo
Transitorio del Poder Judicial se informa que no existe medida disciplinaria alguna impuesta al
magistrado, ni expedientes en trámite ante la Oficina de Control de la Magistratura durante el
periodo de evaluación; y por Oficios Nºs. 5465-2008-OCMA-GD-EAM y 5552-2008-OCMA-GD-
EAM de la OCMA, tampoco se informa sobre medida disciplinaria alguna; c) Por Oficio Nº 884-
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2008-SG-CNM del 7 de julio de 2008, el Secretario General del Consejo Nacional de la
Magistratura remite el informe de la Gerencia de Procesos Disciplinarios en el cual se señala
que contra el magistrado evaluado, se han interpuesto 14 denuncias, las cuales se encuentran
archivadas; d) En el presente proceso registra 7 denuncias por participación ciudadana en su
contra, las mismas que han sido absueltas dentro del plazo de ley; e) Por Oficios Nºs. 5853,
6317, 6168-2008-SG-CS-PJ del 16 y 31 de julio de 2008, respectivamente, del Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la República, Informa que registra 12 procesos en los que es
parte el magistrado, de los cuales 8 se encuentran en trámite y 4 no se precisa; f) Registra un
total de 48 días de licencia, de los cuales 19 días corresponde por salud, 28 por capacitación y
1 día por motivos personales; g) Por Oficio Nº 42-2008-2009-DGP/CR del 26 de agosto de
2008, el Director General Parlamentario del Congreso de la República, remite copia de las 17
acusaciones constitucionales, las cuales fueron archivadas por el Congreso de la República; h)
En lo que respecta a los escritos presentados mediante participación ciudadana, cabe
mencionar que los mismos fueron materia de preguntas durante su entrevista pública, habiendo
sido absueltas como sigue: 1) En lo referente a la Comisión Evaluadora de Magistrados y
Auxiliares Jurisdiccionales que presidió, señaló que dicha comisión sólo tenía la función de
informar a la Sala Plena, no tomaban decisión alguna sobre los evaluados. 2) Sobre su
presunta relación con Vladimiro Montesinos, Santiago Fujimori, Víctor Joy Way Rojas, Jaime
Yoshiyama y José Ugaz Sánchez Moreno, manifestó que no los conocía, salvo al último de los
nombrados, en una relación de docente a alumno y luego de magistrado a abogado, no
uniéndole ningún vínculo de amistad. 3) En relación a su independencia como magistrado
durante el gobierno de Alberto Fujimori, manifestó que su principal motivación es que la justicia
no se detiene, en todo caso, agregó que en lo referente a su designación como Vocal Supremo
Provisional, este se sustentaba en los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, puesto que a la fecha de su designación contaba con más de diez años como Vocal
de la Corte Superior de Justicia, además de méritos personales en su larga carrera judicial,
como es haber presidido la citada Corte Superior; asimismo mencionó que su posición como
magistrado ha sido por el respeto irrestricto a sus deberes de función en fiel cumplimiento a la
Constitución Política y las leyes, conforme se observa en su voto junto al Vocal Hugo Sivina, en
el caso llamado “La Cantuta”, en que opinaron que el mismo debía tramitarse en el fuero
común, proceso que se toma en cuenta por cuanto se desarrolló dentro del presente periodo de
evaluación. 4) En relación a sus labores académicas en la Universidad Femenina del Sagrado
Corazón -UNIFE, y que fuera materia de pregunta por el Consejero Vegas, manifestó que el
cargo de Decano de la Facultad de Derecho de dicha Casa de Estudios, lo desempeñó de
manera adjunta e interina; en relación a ello por escrito de fecha 25 de setiembre del presente
año, el doctor Almenara Bryson ha adjuntado el Oficio s/n de la Rectora de dicha universidad,
en la que la autoridad académica refiere que siendo su condición de profesor principal, en el
año 2003, el Consejo Universitario le encargó de manera interina el Decanato de la Facultad de
Derecho hasta elegir el nuevo Decano, de igual manera se le encargó de manera interina, la
Coordinación de la Maestría en Derecho Civil con Mención en Familia, al no contar con
profesor principal y de conformidad con el artículo 184 inciso e) del Estatuto de la Universidad
UNIFE; siendo la materia dictada “Seminario de Organización Judicial” y “Derecho Procesal
Civil y Familia”, no teniendo la condición de docente permanente sino de invitado en dicha
maestría. 5) Sobre el caso judicial referido a la ley de amnistía promulgada en 1995, en la que
su Sala Suprema resolvió la Queja Nº 1234-95 declarándola infundada, fue en razón a
aspectos procesales y no de fondo. Todo lo expresado por el magistrado evaluado se sustenta
con los medios probatorios que obran en autos;
Décimo Primero: Que teniendo en cuenta que el proceso de evaluación y ratificación
es un proceso público, la crítica ciudadana a la función pública es un elemento fundamental en
el fortalecimiento de las instituciones de la democracia participativa, en ese sentido, la sociedad
civil, así como las entidades representativas reconocidas por la Constitución Política,
coadyuvan a la evaluación de la conducta e idoneidad de los magistrados; por ello, debe
considerarse entre otras informaciones aquellas proporcionadas por los Colegios de Abogados;
en este orden, resulta pertinente tomar en cuenta los resultados de una encuesta remitida por
el Colegio de Abogados de Lima, realizada el 24 de setiembre del 1999, para los efectos del
proceso de evaluación y ratificación de magistrados, en la cual se consultó sobre la conducta e
idoneidad del doctor Luis Felipe Almenara Bryson, registrándose 1076 votos desfavorables de
un total de 4420 votos. Al respecto durante su entrevista pública, el magistrado evaluado
señaló que los abogados hábiles a la fecha de la referida encuesta, sumaban alrededor de
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12,600 abogados aproximadamente, recalcando que los votos que figuran en su contra no
representan ni el 10% de abogados hábiles, además que dicha votación tenía el carácter de
voluntario, conforme se acredita con la Certificación expedida por el Colegio de Abogados de
Lima de fecha 1 de julio de 2008, que obra en autos. De lo que se deduce que el evaluado
tiene aceptación por parte de la comunidad jurídica de Lima, que es el lugar donde ejerce sus
funciones.
Décimo Segundo: Que, respecto al patrimonio del magistrado, se desprende de los
documentos que obran en el expediente como en sus declaraciones juradas, la información de
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y de lo vertido en la entrevista personal,
que el evaluado no ha tenido un incremento desmesurado en su patrimonio, evidenciando una
situación regular y compatible con sus ingresos y obligaciones, todo lo cual, además ha sido
oportunamente declarado a su institución;
Décimo Tercero: Que, en lo referente al aspecto de idoneidad, la producción
jurisdiccional del evaluado, en la información obrante en el expediente del magistrado
evaluado, y que fuera remitida por Oficio Nº 658-2001-CS-SG-PJ del 15 de febrero de 2001 de
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, fluye que el magistrado
evaluado durante el año 1994, expidió 960 resoluciones; en el año 1995, 1282 resoluciones; en
el año 1996, 1430 resoluciones; en el año 1997, 1427 resoluciones; en el año 1999, 670
resoluciones, en el año 2000, 663 resoluciones; lo anotado conlleva a establecer que el
evaluado registra una producción jurisdiccional aceptable;
Décimo Cuarto: Que, respecto a la calidad de las resoluciones del evaluado, en mérito
al análisis e informe emitido por el especialista y que este colegiado asume con ponderación,
de 15 resoluciones, 10 han sido consideradas como buenas, 4 como aceptables y 1 deficiente,
advirtiéndose en general, un adecuado razonamiento y sustentación de las decisiones así
como claridad en la exposición de sus argumentos y una razonada valoración de la prueba; lo
anotado conlleva a establecer que el evaluado revela adecuada calidad de sus
pronunciamientos funcionales;
Décimo Quinto: Que, respecto a la capacitación se ha podido establecer que el doctor
Luis Felipe Almenara Bryson, es un magistrado que, durante el periodo de evaluación, registra
participación en 11 eventos académicos como ponente, 6 como asistente, además de su
participación en el “Pleno Jurisdiccional Regional Laboral” realizado en la ciudad de Huancayo
los días 23 y 24 de mayo del presente año; siendo el promedio resultante como asistente a
razón de más de 3 eventos por año, lo cual se considera como aceptable. Asimismo, tiene
cuatro publicaciones; el doctor Almenara Bryson, además es egresado de la Maestría en
Derecho con mención en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es
egresado también de la Maestría en Derecho con Mención en Política Jurisdiccional de la
misma Casa de Estudios; respecto de esta última Maestría, señaló durante su entrevista
pública, que su proyecto de tesis titulada “Eficacia del Modelo Judicial Peruano desde la
perspectiva del Supremo Tribunal”, ha sido aprobado por su asesor; de otro lado; también obra
en su legajo, la constancia que acredita que el magistrado evaluado cursa el III ciclo del
Doctorado en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Acredita haber ejercido la
docencia en Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres desde el año 1973 a
2006, como Docente Asociado; en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, desde el año 1978 a 1986 como Docente Ordinario Auxiliar, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón-UNIFE, desde el año 1991 a la
fecha, como Profesor Ordinario Principal, incluso habiéndose desempeñado como Decano
adjunto interino de la referida facultad, siendo que a partir su carga académica es de 8 horas, lo
cual es considerado por este Consejo como un mérito; también ha seguido cursos de
computación, lo cual muestra una aceptable preocupación académica; Cabe mencionar que
durante la entrevista pública se le formularon preguntas respecto a temas relacionados a la
Casación en la Corte Suprema, siendo respondidas de manera acertada, revelando
conocimiento y seguridad;
Décimo Sexto: Que, en síntesis, de lo actuado en el proceso de evaluación y
ratificación ha quedado establecido que el doctor Luis Felipe Almenara Bryson, durante el
período sujeto a evaluación, ha demostrado una conducta acorde con la delicada función de
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administrar justicia, pues no registra antecedentes policiales, judiciales ni penales; en lo
referente en el aspecto de su idoneidad, ha demostrado una aceptable participación en
diversos eventos académicos. El doctor Almenara Bryson tiene también cuatro publicaciones,
es egresado de las Maestrías en Derecho Civil y en Política Jurisdiccional de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, por lo que se le exhorta para que culmine debidamente en los
mencionados post grado; de otro lado, acredita también que se encuentra cursando el II Ciclo
del Doctorado de la Universidad San Martín de Porres; además ha acreditado haber ejercido la
docencia en las Facultades de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Pontificia
Universidad Católica del Perú y actualmente en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón
-UNIFE, de la cual ha sido Decano adjunto interino y que a la fecha se mantiene como docente
con una carga académica de ocho horas, conforme a ley, lo cual demuestra preocupación
académica e intelectual. Todo lo referido evidencia un buen nivel de preparación, aspecto que
también ha sido corroborado a través de la entrevista personal realizada por el Pleno del
Consejo en sesión pública del 22 de setiembre del año en curso, en la que evidenció adecuada
preparación y versación en su especialidad;
Décimo Sétimo: Que, este Consejo también tiene presente el examen psicométrico
(psiquiátrico y psicológico) practicado en la persona del doctor Luis Felipe Almenara Bryson,
cuyas conclusiones resultan favorables al magistrado y que sin embargo, por la naturaleza de
la información, se guarda reserva de la misma;
Décimo Octavo: Que, por todo lo expuesto, tomando en cuenta únicamente aquellos
elementos objetivos ya glosados para el proceso de evaluación y ratificación que nos ocupa, se
ha determinado la convicción mayoritaria del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en
el sentido de renovar la confianza al magistrado evaluado;
En consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura en cumplimiento de sus
funciones constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del artículo 154 de la Constitución
Política del Perú, artículo 21 inciso b) y artículo 37 inciso b) de la Ley 26397, Ley Orgánica del
Consejo Nacional de la Magistratura, y artículo 29 del Reglamento del Proceso de Evaluación y
Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por
Resolución Nº 1019-2005-CNM, y al acuerdo adoptado por mayoría por el Pleno en sesión del
26 de setiembre de 2008; con la abstención del señor Consejero Edmundo Peláez Bardales;
SE RESUELVE:
Primero: Renovar la confianza al doctor Luis Felipe Almenara Bryson y, en
consecuencia, ratificar en el cargo de Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Segundo: Notifíquese personalmente al magistrado ratificado y remítase copia
certificada al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de
conformidad con el artículo trigésimo segundo del Reglamento del Proceso de Evaluación y
Ratificación de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, y remítase copia de la
presente resolución a la Oficina de Registro Nacional de Jueces y Fiscales del Consejo
Nacional de la Magistratura para los fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
EFRAÍN ANAYA CÁRDENAS
CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA
Voto de los señores Consejeros doctores Edwin Vegas Gallo y Maximiliano Cárdenas
Díaz en el proceso individual de evaluación y ratificación del doctor Luis Felipe Almenara
Bryson, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República.
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Con vista del expediente respectivo y con lo que fluye de la entrevista pública llevada a
cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura el 22 de setiembre de 2008, detallamos a
continuación algunos de los aspectos más resaltantes que fundamentan nuestro voto:
Primero.- En lo que se refiere a la conducta observada por el magistrado dentro del
período de evaluación, resulta pertinente tomar en cuenta los resultados del referéndum sobre
el desempeño de los magistrados, efectuado por el Colegio de Abogados de Lima en el año
1999, siendo el caso que el evaluado obtuvo 1076 votos de opinión desfavorable,
encontrándose en el décimo sexto lugar y dentro de los cien magistrados con la más alta
opinión de cuestionamiento a su labor, precisándose que en ese referéndum el que recibió más
votos desfavorables registró 4420 y el de menos observaciones, 40 votos. Sobre el concepto
de referéndum, el doctor Almenara Bryson, con posterioridad a las lecturas del expediente del
proceso, habiendo tomado conocimiento oportuno del resultado del referéndum en el que
estuvo comprendido, señaló en su entrevista pública, que este “es un mecanismo que me
parece democrático, de libre expresión de opinión respecto de los abogados en relación con los
magistrados”; que, tal afirmación nos releva de mayores comentarios y permite concluir que la
comunidad jurídica encuestada ponía en duda la confiabilidad de su desempeño como
magistrado;
Segundo.- Con relación al aspecto de idoneidad, sobre las condiciones del juez, el
Tribunal Constitucional en sentencia expedida en el expediente Nº 2465-2004-AA/TC, con
fecha 11 de octubre de 2004, señaló “el juez debe ser un sujeto que goce de credibilidad social
debido a la importante labor que realiza como garante de la aplicación de las leyes y la
Constitución, lo cual implica, obviamente, despojarse de cualquier interés particular o influencia
externa…el juez no solo debe actuar con imparcialidad, neutralidad, mesura y prudencia, sino
que debe cuidar de dar una imagen de credibilidad frente a la opinión pública…el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, en importante jurisprudencia que resulta pertinente traer a
colación, desarrolló la teoría de las apariencias, indicando que si bien la imparcialidad personal
de un juez se presume a falta de prueba en contrario, también hay que tener en cuenta
cuestiones de carácter funcional y orgánico, y, en ese sentido, debe comprobarse si la
actuación del juez ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima sobre su
imparcialidad, frente a lo cual se observará que, incluso las apariencias, pueden revestir
importancia (Casos Piersack y De Cubber)”; en ese orden de ideas, la independencia y la
imparcialidad del juez no sólo constituyen principios y garantías de la administración de justicia,
sino también una garantía de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en busca de
justicia; la independencia trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al
derecho provenientes del sistema social (relaciones de poder, juegos de intereses o sistemas
de valores extraños al derecho), mientras que la imparcialidad trata de controlar los móviles del
juez frente a influencias extrañas al derecho provenientes del proceso; así un juez deberá
defender la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales, y
servir como ejemplo de ella; no es un fin, sino el medio hacia un fin, es la médula del imperio
de la ley que da a la ciudadanía la confianza en que las leyes se aplicarán justa e igualmente;
en ninguna otra parte se evidencia más patentemente este interés que en la protección judicial
de los derechos humanos, por eso constituye uno de los soportes estructurales del Estado
Constitucional del Derecho.
Al respecto, el doctor Luis Felipe Almenara Bryson en su entrevista pública, señaló lo
siguiente: “mi formación judicial al cien por ciento siempre tuvo en cuenta la aplicación de la
Constitución y la ley …mi mensaje de independencia se lee en los expedientes que nosostros (*)
hemos resuelto y hemos firmado, esa era una forma de colaborar con mi patría…”; en relación
al concepto de la dignidad humana dijo : “significa el respeto a la libertad, el respeto a la
integridad física, el respeto a vivir en sociedad, el respeto al nombre, el respeto a la imagen, el
respeto a la voz y a no ser utilizada en contra de quien no ha hablado o quien ha expuesto,…la
igualdad” y ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República,
encargada de investigar la influencia irregular ejercida durante el gobierno de Alberto Fujimori
Fujimori (1990-2000) sobre el Poder Judicial, Ministerio Público y otros Poderes e Instituciones
(*) NOTA SPIJ:
En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, se dice “nosostros”
cuando se debe decir “nosotros”
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del Estado vinculadas a la Administración de Justicia presidida por el señor Fausto Alvarado
Dodero, en sesión de fecha 03 de mayo de 2002, que obra en el expediente del proceso de
fojas 2120 a 2442, respecto a la independencia del juez dijo : ”la independencia del juez es una
cuestión de convicción… La independencia del juez no puede estar regulada en ninguna
norma, ni depende de quien lo ha elegido. La independencia del juez es una decisión
personal”. Sin embargo, su participación en la Sala Penal Suprema que conformó, al resolver la
queja Nº 1234-95 interpuesta por Eugenia Lunazco Andrade, Tomás Livia Ortega, Filomeno
León León y Natividad Condorcahuana Chicana, en el incidente de aplicación del artículo 1 de
la Ley Nº 26479 -Amnistía (disposición que concedió amnistía a los militares, policías y civiles
que se encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por
violaciones de derechos humanos desde mayo de 1980 a 1995; obligando al olvido y al silencio
respecto de las graves violaciones a los derechos humanos); derivado de la instrucción seguida
contra Julio Salazar Monroe y otros por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato y
lesiones graves- en agravio de Luis Antonio León Borja y otros (proceso conocido como “caso
Barrios Altos”), que mediante resolución de 13 de octubre de 1995 declaró infundada la queja
señalando “no se advierten irregularidades de carácter procesal o que se haya violado mandato
constitucional alguno que ameritaran la elevación de los de la materia a la Suprema Sala
Penal”, que corre a fojas 3767-3768 del presente proceso de evaluación, demostró su falta de
independencia y respeto a la Constitución Política del Estado, a la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad, negando la justicia a quienes han sido víctimas de
violaciones a los derechos humanos, destruyendo el principio de igualdad ante la ley,
comprometiendo la verdadera noción del Estado Constitucional de Derecho, permitiendo la
invasión de las atribuciones del Poder Judicial; toda vez que como es de público conocimiento,
el caso “Barrios Altos”, que el 14 de marzo del 2001 mereció sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Peruano y que actualmente se
encuentra en trámite en el derecho interno y que es materia de juzgamiento contra el ex
Presidente Alberto Fujimori Fujimori en materia de grave violación de los derechos humanos,
es actualmente uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la impunidad, porque se
cometieron múltiples delitos, habiéndose asesinado a 15 personas incluidas un niño y dejado
con graves secuelas físicas y psicológicas a los 4 sobrevivientes y sus familiares, así como a la
sociedad peruana, teniendo en cuenta que todos tenemos el derecho de conocer cómo
sucedieron los hechos y quienes fueron los responsables, derecho fundamental que se conoce
actualmente como el de la verdad previsto en el artículo 3 de nuestra Carta Política; así la
responsabilidad penal merecía ser investigada, juzgada y sancionada oportunamente, toda vez
que ese era el deber del Poder Judicial como representante del Estado ante los justiciables
quienes acudieron a él en busca de justicia y tutela judicial efectiva; esa fue otra oportunidad -el
año 1995- que tuvo el doctor Luis Felipe Almenara Bryson para inaplicar la Ley Nº 26479, de
Amnistía, y hacer prevalecer la Constitución como sí lo hizo la jueza a cargo del proceso -
Antonia Saquicuray Sánchez-, toda vez que era su deber conforme al artículo 138 de la
Constitución Política del Estado Peruano, que establece el control difuso por parte del Poder
Judicial; el evaluado no cumplió con su misión adecuadamente ni para la cautela de los
derechos fundamentales de los quejosos y sus familiares ni para poner coto a la impunidad en
que actuaban los agentes del Estado que cometieron el execrable crimen de Barrios Altos el 3
de noviembre de 1991, incumplió su rol de garante de los derechos fundamentales,
coadyuvando a la comisión de graves violaciones a los derechos a la vida y la integridad física,
absteniéndose de someter a la justicia a miembros de las fuerzas armadas acusadas de graves
delitos; así, no utilizó adecuadamente las leyes para defender los derechos fundamentales de
las víctimas del caso “Barrios Altos” cuando tuvo la capacidad de hacerlo; cuando se instauró la
Ley de Amnistía la aplicó al pie de la letra y sin sentido crítico, favoreciendo en la práctica
medidas y situaciones violatorias de los derechos de las citadas víctimas.
La Ley Nº 26479, de Amnistía, resultaba claramente vulneratoria de disposiciones de
rango superior como es el caso de los Tratados Internacionales suscritos por el Perú en
materia de Derechos Humanos, los que tienen rango supranacional conforme a la Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, si bien ello fue confirmado con posterioridad
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 14 de marzo de 2001, a
la fecha de emisión de la resolución materia de análisis - 13 de octubre de 1995 - existía tres
pronunciamientos de la citada instancia supranacional y dos informes anuales de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos : a) la sentencia expedida por la citada Corte
supranacional con fecha 29 de julio de 1988, en el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras;
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b) la sentencia de fecha 20 de agosto de 1989 en el caso Godinez Cruz contra Honduras, en
las cuales estableció lo siguiente : los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda
violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los
daños producidos por la violación de los derechos humanos”; c) la sentencia de fecha 19 de
enero de 1995, caso Neira Alegría y otros contra el Perú, la CIDH señala “Ninguna actividad del
Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana” (párrafo 75), considerando
también citado en los Casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz; y d) los Informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nos. 28/92 y 29/92, ambos del año 1992,
sobre casos de Argentina y Uruguay, que respecto a las leyes de amnistía dados por esos
países en materia de violación de derechos humanos, señaló “que mediante leyes de amnistía
las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto
frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que
esclarezca los hechos, determine sus responsables e imponga las sanciones penales
correspondientes… son incompatible(s) con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Es oportuno indicar que el doctor Luis
Felipe Almenara Bryson ante la decisión del CNM de no ratificarlo en el cargo de Vocal de la
Corte Suprema el año 2001 acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
invocando que en su proceso de evaluación y ratificación se vulneraron las normas de la
Convención Americana de Derechos Humanos (que ratificó el Perú el 28 de julio de 1978 y
aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de enero de
1981) disposiciones que precisamente no aplicó el año 1995, al resolver la queja Nº 1234-95
interpuesta por Eugenia Lunazco Andrade, Tomás Livia Ortega, Filomeno León León y
Natividad Condorcahuana Chicana, en el incidente de aplicación del artículo 1 de la Ley Nº
26479, de Amnistía.
Que, por ello la inexistencia de jurisprudencia específica del tema de la amnistía en
materia de violación de derechos humanos en el Perú, en el periodo materia de análisis (que se
dio en la citada sentencia de la CIDH de 14 de marzo de 2001 contra el Perú, en la que se
pronunció sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de
Derechos Humanos de la siguiente forma : “Esta Corte considera que son inadmisibles las
disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas
prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos… violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo
25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y
sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, …obstruyeron el
esclarecimiento de los hechos del caso.. la adopción de las leyes de autoamnistía
incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno
consagrada en el artículo 2 de la misma… Las leyes de autoamnistía conducen a la
indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, … Como consecuencia de la
manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos”.-párrafos 41 a 44-)
no releva de responsabilidad al evaluado, debido a que ésta se desprende de la legislación
internacional, incorporada al ordenamiento jurídico peruano, y de la jurisprudencia citada que
tiene carácter vinculante; así en un Estado Constitucional de Derecho se reconoce que el
carácter normativo y supremo de la Constitución exige que ella sea tomada como parámetro
para controlar o determinar la validez de las demás normas jurídicas del sistema, a fin de
asegurar su virtualidad y eficacia; que siendo ello así, el evaluado estaba obligado a inaplicar la
ley de amnistía que resultaba incompatible con la Constitución especialmente con los derechos
fundamentales reconocidos en ella; al no haberlo hecho, incumplió un mandato constitucional
expreso y por consiguiente contribuyó -por omisión de su deber- a la impunidad, coadyuvando
al cuestionamiento internacional al sistema judicial peruano.
Cabe resaltar que en el acto de entrevista pública el magistrado Almenara Bryson,
respecto a la pregunta formulada de que si era inaplicable esa ley de amnistía respondió: “la
Sala consideró aplicarla. Eso sí, ahora los fundamentos no los recuerdo. Porque era un acto de
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soberanía del Congreso” (subrayado nuestro); y en su escrito presentado el 25 de setiembre
del año en curso señala : “la fundamentación mayoritaria de los magistrados supremos se
refiere a aspectos procesales cuyas presuntas irregularidades no se advierte” (subrayado
nuestro); sobre este último argumento, debemos sostener que el debido proceso es un derecho
humano reconocido como tal en el ordenamiento jurídico internacional, artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; en el Perú, se encuentra normado como derecho fundamental en el
artículo 3 y en el artículo 139 inciso 3) de la vigente Constitución, el mismo que tiene dos
dimensiones: la sustantiva o sustancial y la adjetiva o procesal; la primera se exige a todos los
actos de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales sean
razonables, proporcionales y respetuosos de los derechos fundamentales; y la segunda exige
que existan todas las garantías mínimas para evitar abusos contra los derechos individuales,
teniendo en cuenta las importantes consecuencias que los procesos judiciales tienen en la vida
de las personas sometidos a ellos. Que, por ello, tanto la respuesta dada en la entrevista y el
argumento esgrimido en el escrito citado evidencian la renuencia de aplicar el control difuso por
parte del evaluado, máxime que éste registra una amplia formación académica y experiencia
judicial en derecho procesal civil.
Debemos precisar que la violación de derechos fundamentales es un acto de violencia
y quien viola derechos es un agente de violencia que atenta de manera directa o indirecta
contra los derechos que están bajo su custodia; es directa cuando por acción u omisión de los
operadores del derecho se vulneran derechos fundamentales y es indirecta al referirse a la
organización misma del sistema judicial y las normas legales que la rigen, en tanto ella
favorece la violación de derechos fundamentales. En ese sentido, el doctor Almenara Bryson
debió hacer prevalecer la independencia del cargo encomendado por la Nación para defensa
irrestricta de sus derechos, observando el debido proceso y no favorecer la impunidad.
Tercero.- Es de reseñar que su actuación como magistrado en el denominado caso “la
Cantuta” en el que mediante su voto de 04 de febrero de 1994, emitido al resolver el incidente
de contienda de competencia entre el Fuero Privativo Militar y el Fuero Común, que suscribió
adhiriéndose al del doctor Hugo Sivina Hurtado, fue la debida toda vez que aplicando los
artículos 139 y 173 de la Constitución Política del Estado votó porque la causa seguida contra
el Coronel E.P. Federico Navarro Pérez y otros miembros de las fuerzas armadas por los
delitos de secuestro agravado, desaparición forzada de personas y asesinato en agravio de los
nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle -La
Cantuta- correspondía a la justicia penal ordinaria; no obstante ello, al año siguiente, el 13 de
octubre de 1995, al resolver la queja Nº 1234-95 interpuesta, en el incidente de aplicación del
artículo 1 de la Ley Nº 26479, de Amnistía, del caso “Barrios Altos” adoptó una posición
contraria a la Carta Política, lo que demuestra falta de predictibilidad en sus resoluciones y la
ausencia de un criterio coherente en el desempeño como magistrado, lo que, en concepto de
los Consejeros firmantes, lo descalifica para continuar en el cargo impartiendo justicia a
nombre de la Nación.
Cuarto.- De otro lado, debemos indicar que el magistrado Luis Felipe Almenara Bryson
fue mencionado por el sentenciado Vladimiro Montesinos Torres en el tema de los magistrados
cesados a partir del rompimiento del orden constitucional -autogolpe del 05 de abril de 1992-,
como una de las personas que intervino en la formulación o elaboración de la lista de
magistrados que debían ser cesados a partir de esa fecha y también en la evaluación dispuesta
por la Comisión Ejecutiva que se instaló en el Poder Judicial como consecuencia del acto de
facto hasta la caída del régimen de Alberto Fujimori Fujimori; hechos que no obstante no estar
dentro del periodo de evaluación no deben soslayarse por ser el cargo de Vocal de la Corte
Suprema que ocupa muy importante en el sistema de impartición de justicia, que debe erigirse
como un referente para los cargos o grados inferiores en la carrera judicial en defensa de la
Constitución y la ley. Al respecto, si bien la participación en tales hechos es negada por el
evaluado, es de precisar que -como lo reconoce en el acto de entrevista pública- el 05 de abril
de 1992 en el Perú se produjo un golpe de Estado en el que se perdieron las garantías,
quedando el país sin seguridad jurídica, siendo que en aquella época ostentaba el cargo de
Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima, habiendo sido Presidente de esa Corte el año
1991, teniendo 30 años de servicios al Poder Judicial, su actitud fue pasiva; no demostrando
una adecuada convicción democrática para hacer frente a la ruptura del orden constitucional ni
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liderazgo. La vocación democrática resulta clave para quienes están llamados a defender la
Constitución, como es el caso de los jueces, que solo es posible en un Estado democrático,
pues es la democracia su principio legitimador y cohesionador, es un bien jurídico que es
obligación de todos defender. Así, el juez debe ser fiel a los valores de la democracia con lo
cual estaría cumpliendo su deber y con la labor que la sociedad y los ciudadanos esperan de
él. Que, en el presente proceso de evaluación y ratificación los Consejeros firmantes, no
advierten adecuada actitud democrática del doctor Luis Felipe Almenara Bryson, por lo que
consideran que no merece continuar en el cargo de Vocal de la Corte Suprema de Justicia de
la República.
Los Consejeros que suscribimos como representantes de la sociedad civil, bajo tales
consideraciones y analizando razonablemente los aspectos en mención, NUESTRO VOTO ES
POR QUE NO SE RENUEVE LA CONFIANZA, Y, EN CONSECUENCIA, NO SE RATIFIQUE
AL DOCTOR LUIS FELIPE ALMENARA BRYSON COMO VOCAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.
EDWIN VEGAS GALLO
MAXIMILIANO CARDENAS DIAZ
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
Autorizan a la Oficina de Registros del Estado Civil que funciona en la Municipalidad
Provincial de San Pablo, departamento de Cajamarca, la reinscripción de nacimientos
RESOLUCION JEFATURAL Nº 832-2008-JNAC-RENIEC
Lima, 3 de diciembre de 2008
VISTOS: el Informe Nº 000965-2008/SGGTRC/GRC/RENIEC de la Sub Gerencia de
Gestión Técnica de Registros Civiles y el Informe Nº 000299-2008-GRC/RENIEC emitido por la
Gerencia de Registros Civiles;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado por la Primera Disposición Final de la Ley Nº 26497, Ley
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los Registros de las Oficinas de
Registro de Estado Civil a que se refiere la Ley Nº 26242, deberán continuar con el proceso de
reinscripción;
Que, la Oficina de Registros del Estado Civil de la Municipalidad Provincial de San
Pablo, departamento de Cajamarca, ha efectuado reinscripciones desde el 12 de junio de 1999
en la Sección Nacimientos, de los asientos efectuados en los años 1978, 1979 y 1980;
Que, la solicitud de reinscripción contenida en los informes del visto, ha sido evaluada
positivamente, por la Sub Gerencia de Gestión Técnica de Registros Civiles, por lo que
corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la aprobación pertinente, por
cuanto es el organismo constitucionalmente autónomo, con competencia exclusiva en materia
registral;
Estando a lo opinado por la Gerencia de Registros Civiles, y en uso de las facultades
conferidas en la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Ley Nº
26497, y en el Reglamento de Organización y Funciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a la Oficina de Registros del Estado Civil que funciona en la
Municipalidad Provincial de San Pablo, departamento de Cajamarca, en vía de regularización,
la reinscripción de nacimientos desde el 12 de junio de 1999, a efectos de continuar con el
proceso de reinscripción de los asientos de nacimiento efectuados en los años 1978, 1979 y
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1980; con sujeción a las normas legales, reglamentarias y administrativas que regulan las
reinscripciones en los Registros Civiles.
Artículo 2.- Considerándose que los Libros de Reinscripción deben tener el mismo
Formato Oficial con la consignación expresa por selladura “Reinscripción - Ley Nº 26242-
26497”, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través de la Sub Gerencia de
Gestión Técnica de Registros Civiles, deberá proveer los libros oficiales requeridos
expresamente por la Oficina de Registro de Estado Civil autorizada a reinscribir.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
MINISTERIO PUBLICO
Designan fiscal adjunto en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1667-2008-MP-FN
Lima, 12 de diciembre de 2008
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a las facultades concedidas por el Artículo 64
del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del doctor Ricardo Amilcar
Martínez Rojo, Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho
de la Sexta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, materia
de la Resolución Nº 2188-2005-MP-FN, de fecha 09 de diciembre del 2005.
Artículo Segundo.- Designar al doctor Ricardo Amilcar Martínez Rojo, Fiscal Adjunto
Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, a la Fiscal Superior
Titular Decana del Distrito Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
Aceptan renuncia de magistrado como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Judicial de Loreto y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta del
Datem del Marañón
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1668-2008-MP-FN
Lima, 12 de diciembre de 2008
VISTO Y CONSIDERANDO:
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El escrito de fecha 05 de diciembre del 2008, cursado por el doctor Christian Moisés
Assayag D´Brot, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Loreto, designado
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta del Datem del Marañón, en la que comunica su
renuncia al cargo, con las formalidades de ley .
Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por el doctor Christian Moisés
Assayag D´Brot, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Loreto y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta del Datem del Marañón, materia de
la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 227-2008-MP-FN, de fecha 20 de febrero del 2008.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Fiscal Superior
Titular Decano del Distrito Judicial de Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
Aceptan renuncia de magistrado como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Judicial de Puno y su designación en el Pool de Fiscales de Puno
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1669-2008-MP-FN
Lima, 12 de diciembre de 2008
VISTO Y CONSIDERANDO:
El Fax Nº 4397-2008-MP-FSD-DJ-PUNO, de fecha 05 de diciembre del 2008, cursado
por el Vicente Rufino Briceño Jiménez, Fiscal Superior Titular encargado de las funciones de la
Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Puno, mediante el cual eleva la solicitud del
doctor Carlos Eduardo Lezano Velazco, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Judicial de Puno, designado en el Pool de Fiscales de Puno, manifestando que por motivos
personales y familiares le es imposible asumir el cargo, al cual no ha juramentado.
Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por el doctor Carlos Eduardo Lezano
Velazco, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Puno y su
designación en el Pool de Fiscales de Puno, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 1506-2008-MP-FN, de fecha 03 de noviembre del 2008.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Fiscal Superior
Titular encargado de la Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Puno, Gerencia
General, Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal
mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
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Designan y nombran magistrados en despachos de fiscalías del Distrito Judicial de Lima
Sur
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1672-2008-MP-FN
Lima, 12 de diciembre de 2008
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº 085-2008-MP-FN-JFS,
de fecha 01 de diciembre del 2008, se crearon con carácter permanente, la Fiscalía Superior
Penal y Fiscalía Superior Mixta en el Distrito Judicial de Lima Sur.
Que, al encontrarse vacante las plazas de Fiscales Superiores y Fiscales Adjuntos
Superiores del Distrito Judicial de Lima Sur, se hace necesario cubrirlas con los Fiscales que
asuman los referidos cargos.
Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del doctor Hanmerli Rosendo
Carrasco Vergaray, Fiscal Superior Titular de Lima Sur, Distrito Judicial de Lima Sur, en el
Despacho de la Sexta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, materia de la Resolución Nº 090-2007-MP-FN, de fecha 26 de enero del 2007.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación de la doctora María Del Carmen
Vereau Álvarez, Fiscal Provincial Titular de Familia de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el
Despacho de la Sétima Fiscalía Provincial de Familia de Lima, materia de la Resolución Nº
105-2002-MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación del doctor Edgardo Napoleón
Carrera Carrera, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el
Pool de Fiscales en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas - Sede Lima, materia de la Resolución Nº
1517-2005-MP-FN, de fecha 21 de julio del 2005.
Artículo Cuarto.- Designar al doctor Hanmerli Rosendo Carrasco Vergaray, Fiscal
Superior Titular de Lima Sur, Distrito Judicial de Lima Sur, en el Despacho de la Fiscalía
Superior Penal de Lima Sur.
Artículo Quinto.- Nombrar al doctor Edgardo Napoleón Carrera Carrera, como Fiscal
Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima Sur, designándolo en el Despacho de
la Fiscalía Superior Penal de Lima Sur, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Sexto.- Nombrar a la doctora María Del Carmen Vereau Álvarez, como Fiscal
Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima Sur, designándola en el Despacho de la
Fiscalía Superior Mixta de Lima Sur.
Artículo Sétimo.- Nombrar al doctor Amarante Valerio Gonzales Latorre, como Fiscal
Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima Sur, designándolo en el Despacho de
la Fiscalía Superior Mixta de Lima Sur.
Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, a la Fiscal Superior
Titular Decana del Distrito Judicial de Lima, Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de
Lima Sur, Fiscal Coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Sección de
Asuntos para Narcóticos, (NAS) y DEA, de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica y
demás organismos vinculados en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos,
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Gerencia General, Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales
y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
Modifican denominación de fiscalía por la de Quinta Fiscalía Superior Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1673-2008-MP-FN
Lima, 12 de diciembre de 2008
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, la Fiscal de la Nación como Titular del Ministerio Público, es responsable de
dirigir, orientar y formular la política institucional, siendo uno de sus principales objetivos ofrecer
a la sociedad un servicio fiscal eficiente y oportuno.
Que, en la actualidad, existen 05 Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, las mismas que no presentan una numeración correlativa; por lo
que a efectos de lograr un correcto orden de la Institución, se hace necesario modificar la
numeración de uno de los referidos Despachos Fiscales.
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar la denominación de la Sexta Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en Quinta Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la República, Fiscal Superior Titular Decana del Distrito Judicial
de Lima, Fiscal Superior Titular Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos Humanos y
Gerencia de Registro de Fiscales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
FONDOS DE PENSIONES
Autorizan inscripción de persona natural en el Registro del Sistema de Seguros para
operar como Ajustador Marítimo Cascos e Inspector Marítimo Cascos
Lima, 25 de noviembre de 2008
RESOLUCION SBS Nº 11552-2008
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS
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VISTA:
Sistema Peruano de Información Jurídica
La solicitud presentada por el señor José Renato De los Ríos Boggio para que se le
autorice la inscripción en el Registro del Sistema de Seguros -Sección A: Personas Naturales
Sección III de Ajustadores de Siniestros y/o Peritos de Seguros; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de mayo de 2004, se estableció los
requisitos formales para la inscripción de los Ajustadores y Peritos de Seguros;
Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos formales exigidos por la citada norma
administrativa;
Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante Convocatoria Nº 03-2008-
RESS, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 11 del Reglamento del Registro del
Sistema de Seguros ha calificado y aprobado la inscripción respectiva en el indicado Registro;
y,
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros -Ley Nº 26702, y
sus modificatorias; y en virtud de la facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005 del
25 de julio de 2005.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor José Renato De los Ríos Boggio,
con matrícula Nº APN-288 en el Registro del Sistema de Seguros -Sección A: Personas
Naturales Sección III de Ajustadores de Siniestros y/o Peritos de Seguros, para operar como
Ajustador Marítimo Cascos e Inspector Marítimo Cascos.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos
artículos y disposiciones de la Ley Nº 29062 - Ley que modifica la Ley del Profesorado en
lo referido a la Carrera Pública Magisterial
SENTENCIA EXPEDIENTE Nº 00025-2007-PI-TC
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLENO JURISDICCIONAL
00025-2007-PI/TC
SENTENCIA
DEL PLENO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú (demandante) c. Congreso de la
República
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Asunto:
(demandado)
Resolución del 19 de setiembre de 2008
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Decano Nacional del Colegio de
Profesores del Perú contra los artículos 3, 11 inciso d), 12, 17, 29 segundo párrafo, 40, 41, 51,
53, 54, 63, 65 inciso c), así como la Sexta y la Décimo Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley Nº 29062 - Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a
la Carrera Pública Magisterial.
Magistrados presentes:
MESÍA RAMÍREZ
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
EXP. Nº 00025-2007-PI/TC
LIMA
DECANO NACIONAL DEL COLEGIO DE PROFESORES DEL PERÚ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Arequipa, a los 19 días del mes de setiembre de 2008, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados
Mesía Ramírez, Presidente; Vergara Gotelli, Vicepresidente; Landa Arroyo, Beaumont
Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia
I. ASUNTO
Proceso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Decano Nacional del Colegio de
Profesores del Perú contra los artículos 3, 11 inciso d), 12, 17, 29 segundo párrafo, 40, 41, 51,
53, 54, 63, 65 inciso c), así como la Sexta y la Décimo Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley Nº 29062 - Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a
la Carrera Pública Magisterial, por vulnerar los derechos a la igualdad, al trabajo, a una
remuneración equitativa y suficiente, y a la huelga, así como los principios a la presunción de
inocencia, a la jerarquía de normas, a la irretroactividad de las leyes, a los principios de la
relación laboral, a lo establecido respecto al Estado y la Política Educativa, y a la obligación del
Estado de promoción del trabajo.
II. DATOS GENERALES
Tipo de proceso : Proceso de Inconstitucionalidad
Demandante
: Decano Nacional del Colegio de Profesores
del Perú
Norma sometida
a control : Los artículos 3, 11 inciso d), 12, 17, 29
segundo párrafo, 40, 41, 51, 53, 54, 63,
65 inciso c), así como la Sexta y la Décimo
Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley Nº 29062 - Ley
que modifica la Ley del Profesorado en lo
referido a la Carrera Pública Magisterial.
Derechos invocados
: El derecho a la igualdad ante la ley (artículo
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Petitorio
2, numeral 2) de la Constitución); el
derecho a trabajar libremente (artículo 2
numeral 15) de la Constitución); el principio
a la presunción de inocencia (artículo 2,
numeral 24) inciso e. de la Constitución);
lo establecido respecto al Estado y la
Política Educativa (artículo 16 de la
Constitución); el derecho al trabajo (artículo
22 de la Constitución); la obligación del
Estado de promoción del trabajo (artículo
23 de la Constitución); el derecho a
una remuneración equitativa y suficiente
(artículo 24 de la Constitución); los
principios de la relación laboral (artículo 26
de la Constitución); el derecho a la huelga
(artículo 28 numeral 3 de la Constitución);
el principio de jerarquía de normas (artículo
51 de la Constitución); y el principio de
irretroactividad de las leyes (artículo 103
de la Constitución).
: Se declare la inconstitucionalidad de la
Ley Nº 29062 - Ley que modifica la Ley
de Profesorado en lo referido a la Carrera
Pública Magisterial.
III. NORMAS SUJETAS A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Artículo 3 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 3.- El profesor
El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en
educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de
agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a
concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad,
equidad y pertinencia. Requiere de desarrollo integral y de una formación continua e
intercultural.
Artículo 11 inciso d) de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 11.- Requisitos para postular a la Carrera Pública Magisterial
El ingreso a la Carrera Pública Magisterial es por concurso público.
Para participar en el concurso público de acceso a una plaza vacante se requiere
cumplir con los siguientes requisitos:
(…) d. No haber sido condenado ni estar incurso en proceso penal por delito doloso.
Artículo 12 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 12.- Concurso público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial
El Ministerio de Educación es el responsable de planificar, conducir, monitorear y
evaluar el proceso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Autoriza anualmente la
convocatoria a concurso público para acceder a plazas vacantes.
El concurso público se caracteriza por ser objetivo, transparente, imparcial y confiable.
Se realiza en dos etapas:
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a) La primera a cargo del Ministerio de Educación para acreditar las capacidades y
competencias del docente, a través de una prueba nacional. Esta comprende además la
evaluación psicológica.
b) La segunda se desarrolla en la Institución Educativa entre quienes hayan aprobado
la primera etapa. En ésta se evalúa la capacidad didáctica del docente, así como su
conocimiento de la cultura y lengua materna de los educandos.
El Ministerio de Educación elabora, en coordinación con el órgano operador
correspondiente del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa - SINEACE, los indicadores e instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta la
pluriculturalidad y diversidad regional.
La relación de plazas vacantes por institución educativa es elaborada por la Unidad de
Gestión Educativa Local y refrendada a nivel regional y nacional, en función de las necesidades
de los servicios educativos y teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
Nº 27050 y su modificatoria, la Ley Nº 28164.
Artículo 17 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 17.- Concurso público para cubrir cargos directivos
El Ministerio de Educación convoca a concurso público para cubrir plazas de Director y
Subdirector de las Instituciones y Programas Educativos. El concurso está a cargo de la Unidad
de Gestión Educativa Local y se realiza en función de las necesidades del servicio educativo.
Se caracteriza por ser objetivo, transparente, imparcial y confiable.
Artículo 29 segundo párrafo de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 29.- Factores de evaluación del desempeño
(…)
Los profesores que no aprueben la evaluación en una primera y segunda oportunidad,
son capacitados y asistidos para el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas. Si
después de esta capacitación vuelven a desaprobar son retirados de la Carrera Pública
Magisterial.
Artículo 40 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 40.- Gestión de las actividades del Programa
Las actividades del Programa de Formación y Capacitación Permanente son normadas
por el Ministerio de Educación dentro de un Sistema de Formación Continua. Son organizadas
y gestionadas por el Ministerio de Educación, por las otras instancias de gestión educativa
descentralizadas o por las Instituciones Educativas, respetando la política nacional, regional y
local de formación continua.
Artículo 41 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 41.- Formación y capacitación de Directores y Subdirectores
El Ministerio de Educación normará y organizará un Programa Nacional de Formación y
Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas.
Artículo 51 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 51.- Asignación por tiempo de servicios
El profesor tiene derecho a percibir una remuneración íntegra al cumplir veinte (20)
años de servicios la mujer; y veinticinco (25) años de servicio el varón; asimismo, dos (2)
remuneraciones íntegras, al cumplir veinticinco (25) años de servicio la mujer y treinta (30)
años de servicio el varón.
Artículo 53 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
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Artículo 53.- Subsidio por luto y sepelio
El profesor tiene derecho a subsidio por luto y sepelio al fallecer su cónyuge. Este es
equivalente a una remuneración íntegra o a una pensión. También tiene derecho a un subsidio
equivalente a una remuneración íntegra o a una pensión por fallecimiento del padre o la madre.
Al fallecer el profesor, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o hermanos, en esa
prelación y en forma excluyente, tienen derecho al subsidio de dos (2) remuneraciones íntegras
o pensiones.
Artículo 54 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 54.- Compensación por Tiempo de Servicios y remuneración personal
El profesor recibe remuneración compensatoria por tiempo de servicios, la que se
otorga al momento de su cese a razón de dos (2) remuneraciones totales permanentes por año
o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Percibe, además, una remuneración
personal del dos por ciento (2%) de su remuneración por cada año de servicios cumplidos.
Artículo 63 de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 63.- Jornada de trabajo del Profesor, Subdirector y Director
La jornada ordinaria de trabajo de los profesores es de treinta (30) horas cronológicas
semanales. Comprende horas de docencia de aula, de preparación de clases, de actividades
extracurriculares complementarias, de proyección social y de apoyo al desarrollo de la
Institución Educativa.
En los casos en que el profesor trabaje un número de horas diferente al de la jornada
laboral ordinaria, por razones de nivel educativo, modalidad, especialidad o disponibilidad de
horas en la Institución Educativa, el pago de su remuneración está en función de las horas de
trabajo. No gozan de esta remuneración adicional aquellos profesores que perciben una
asignación al cargo por su trabajo directivo, administrativo o pedagógico.
Los Directores de Instituciones Educativas, con la opinión del Consejo Académico, fijan
los horarios de trabajo de los profesores de aula, teniendo en cuenta la disponibilidad
presupuestaria.
La jornada de trabajo para los Directores y Subdirectores es de cuarenta (40) horas
cronológicas semanales.
Artículo 65 inciso c) de la Ley Nº 29062, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 65.- Término de la relación laboral
El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los
siguientes casos:
(…)
c. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral en tres oportunidades y en
el mismo Nivel Magisterial.
(…)
El profesor comprendido en los alcances del literal a. puede solicitar su reingreso a la
Carrera Pública Magisterial. El reingreso se produce en el mismo Nivel Magisterial que tenía al
momento de su retiro de la Carrera. El reglamento de la presente Ley establece las condiciones
y procedimientos de reingreso.
El profesor comprendido en los alcances del literal b. no puede reingresar a cualquier
entidad pública por un plazo de cinco (5) años, a excepción de aquel que estuvo incurso en las
causales establecidas en los literales b. y c. del artículo 36 de la presente Ley, los que no
podrán reingresar al servicio público.
El profesor comprendido en los alcances del literal c. no puede reingresar al servicio
público docente.
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Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29062, cuyo
texto es el siguiente:
SEXTA.- Los profesores que están bajo el régimen de la Ley Nº 24029, Ley del
Profesorado, se encuentran comprendidos en los alcances de los artículos 28 y 65 de la
presente Ley.
Décimo Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº
29062, cuyo texto es el siguiente:
DÉCIMO TERCERA.- Entiéndese por remuneración íntegra a los conceptos de carácter
regular y permanente que de manera continua percibe el profesor.
IV. ANTECEDENTES
1. Argumentos de la demanda
El Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú interpone demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 3, 11 inciso d), 12, 17, 29 segundo párrafo, 40, 41, 51,
53, 54, 63, 65 inciso c), así como contra la Sexta y la Décimo Tercera Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29062 - Ley que modifica la Ley del
Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial. Sustenta la demanda manifestando
que la cuestionada ley considera a la educación como un servicio público esencial, lo cual
atenta contra el derecho de huelga reconocido en el artículo 28 de la Constitución, toda vez
que la huelga es el derecho que tienen los trabajadores para suspender las labores como
forma de presión para obtener la restitución de un derecho conculcado o la mejora o creación
de un derecho, y que los únicos servicios que pueden ser considerados esenciales son
aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, seguridad o salud de la persona o
parte de la población, por lo que la educación no puede ser considerada como tal. Asimismo,
señala que el requisito de no haber sido condenado ni estar incurso en proceso penal por delito
doloso para poder postular a la Carrera Pública Magisterial es inconstitucional porque vulnera
el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 2 numeral 24. inciso e) de
nuestra Carta Magna, ya que toda persona es considerada inocente hasta que haya sido
condenada mediante sentencia penal expresa.
De otro lado, manifiesta que establecer el retiro de la Carrera Pública Magisterial por
desaprobar por tercera vez la evaluación, luego de la respectiva capacitación, vulnera los
derechos adquiridos y los principios de la relación laboral, contraviniendo el artículo 26 de la
Constitución, más aún cuando se dispone que el profesor retirado por dicha causal no podrá
reingresar al servicio docente, en evidente discriminación y limitación del ejercicio de los
derechos constitucionales establecidos en el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución, al
desconocer los títulos profesionales e impedir el ejercicio de la profesión docente a
perpetuidad, prohibiendo el reingreso a la Carrera Pública Magisterial. Del mismo modo, alega
que dicha ley contraviene el artículo 16 de la Carta Magna, pues tanto el sistema como el
régimen educativos son descentralizados; por tanto, no se puede designar al Ministerio de
Educación como el único ente responsable de la gestión del proceso de ingreso a la Carrera
Magisterial así como del Programa de Formación y Capacitación Permanente.
Aduce además que se estaría cometiendo un abuso de derecho, toda vez que se aplica
la cuestionada norma a docentes que ingresaron y desarrollan su carrera profesional bajo el
marco de las Leyes Nºs 24069 y 25212, contraviniendo el artículo 103 de la Constitución.
Finalmente, señala que la norma impugnada establece una disminución en las remuneraciones
y bonificaciones, desconociendo derechos adquiridos, más aún cuando equipara la
remuneración íntegra a la remuneración total permanente.
2. Contestación de la demanda
El apoderado del Congreso de la República contesta la demanda señalando que la
educación debe ser considerada como un servicio público esencial en concordancia con el
artículo 1 de la Ley Nº 28988 - Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio
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público esencial, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar la continuidad de los
servicios educativos, lo cual no podrá cumplirse si es que el ejercicio del derecho de huelga de
los profesores vulnera el derecho de los estudiantes a educarse. Agrega que la norma
cuestionada no ha eliminado el derecho de huelga, sino que únicamente precisa que cuando
los profesores lo ejerzan se debe garantizar la continuidad del servicio educativo, estableciendo
una modulación del derecho de huelga en aplicación del inciso 3) del artículo 28 de la
Constitución, por lo que se debe priorizar el derecho a la educación por la trascendental
importancia que tiene la educación básica en la etapa formativa de los estudiantes.
Del mismo modo, respecto a la presunta vulneración del derecho a la presunción de
inocencia, en la medida que no se permite participar en el concurso público de acceso a la
Carrera Pública Magisterial a quien se encuentre incurso en un proceso penal por delito doloso,
señala que se trata de una medida provisional, la cual sólo tiene efectos hasta que se dicte la
sentencia en el respectivo proceso penal, y en caso la sentencia sea absolutoria, el sujeto
absuelto podrá participar en el concurso público, por lo que la medida cuestionada no
constituye una sanción sino únicamente una limitación temporal y provisional, debido a la
naturaleza de la función pública, en especial, para quienes ejercen la Carrera Pública
Magisterial, por lo que la medida resulta razonable y proporcional.
Asimismo, expresa que no se presenta la supuesta afectación de derechos adquiridos
alegada por el demandante, dado que en nuestro país la teoría de los derechos adquiridos
tiene una aplicación restringida en el ámbito constitucional, limitándose exclusivamente a los
casos que de manera expresa señale la Constitución, por lo que, tratándose de sucesión
normativa, la teoría de los derechos adquiridos se restringe únicamente a los derechos
pensionarios y no a otra clase de derechos.
De igual manera, respecto a la presunta aplicación retroactiva de la norma cuestionada,
en base a la teoría de los hechos cumplidos, refiere que un régimen laboral regulado en una
norma anterior puede ser modificado por una norma posterior, por lo que la Ley Nº 29062
puede variar válidamente el régimen de las Leyes Nos. 24029 y 25212. Añade que en virtud del
artículo 103 de la Constitución, la nueva norma se aplica de manera inmediata a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Asimismo, sobre el
supuesto abuso de derecho, anota que a la dación de leyes por parte del Poder Legislativo, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales consagradas en el artículo 102 de la Carta
Magna, no puede oponerse la figura del abuso del derecho, puesto que el Congreso no actúa
ejerciendo un derecho subjetivo, sino en cumplimiento de la función legislativa que la
Constitución le ha asignado.
Finalmente, en relación a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad, si bien el
artículo 65 de la norma cuestionada establece un tratamiento diferente respecto a los docentes
que no han aprobado la evaluación de desempeño laboral en tres oportunidades y en el mismo
nivel magisterial, negándoles el reingreso al servicio público docente, aplicando el test de
igualdad se observa que si bien es grave la intensidad de la intervención en la igualdad, el
grado de realización u optimización del fin constitucional legítimo no es menor, pues se trata de
lograr implementar un servicio público docente compuesto por profesores capacitados y que se
esforzaron de manera oportuna para aprovechar la capacitación que les fue brindada por el
Estado, por lo que dicho fin es mucho más trascendente que evitar el reingreso de aquellos
profesores que fueron separados por no estar capacitados para la docencia. Por último,
manifiesta que no se afectan las competencias de los Gobiernos Regionales en materia
educativa pues el Ministerio de Educación no monopoliza la realización del concurso público,
sino que realiza sus funciones en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL).
V. FUNDAMENTOS
1. Sobre la supuesta inconstitucionalidad originada en el procedimiento de
formación de la Ley Nº 29062
1. El demandante alega que para la expedición de la Ley Nº 29062 no se ha observado
lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de la República, contraviniendo de esta manera el
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artículo 94 de la Constitución que dispone que el Reglamento del Congreso tiene fuerza de ley.
Así, refiere que se incumplió con el procedimiento legislativo establecido en el artículo 73 del
Reglamento del Congreso, por cuanto para su aprobación no se observó la segunda votación.
Además, la Junta de Portavoces no tiene la facultad para exceptuar de este procedimiento,
dado que sólo se encuentran exoneradas de tal requisito las proposiciones legislativas
señaladas de manera expresa en el artículo 78 del referido Reglamento.
2. En principio cabe precisar, respecto a las etapas del procedimiento legislativo para la
dación de leyes, que el artículo 73 del Reglamento del Congreso de la República establece lo
siguiente:
Artículo 73: El procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes
etapas:
a) Iniciativa Legislativa;
b) Estudio en comisiones;
c) Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del
Congreso en el Diario Oficial El Peruano;
d) Debate en el Pleno;
e) Aprobación por doble votación; y,
f) Promulgación.
Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite distinto, previsto en
el presente Reglamento o los que hubieran sido expresamente exonerados del mismo, por
acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de tres quintos de los
miembros del Congreso.
3. Del texto del Reglamento se colige que el procedimiento legislativo debe estar
compuesto de seis etapas, y que se encuentran exceptuados de este procedimiento los
proyectos con trámite distinto, previstos en el mismo Reglamento, o los que hubieran sido
exonerados de manera expresa por acuerdo de la Junta de Portavoces con la votación
calificada establecida.
4. Por otro lado, el artículo 31-A del Reglamento del Congreso, señala que a la Junta
de Portavoces le corresponde, entre otras atribuciones mencionadas de manera expresa,
aquellas que le señale el Reglamento del Congreso 1 .
5. De esta manera, si bien el artículo 78 del Reglamento del Congreso señala de
manera expresa las proposiciones legislativas que se encuentran exoneradas del trámite de
segunda votación, el artículo 73 del referido Reglamento le otorga a la Junta de Portavoces la
facultad de exonerar de dicho trámite con el voto que represente no menos de tres quintos de
los miembros del Congreso, en concordancia con lo establecido en el artículo 31-A del
mencionado Reglamento.
6. Por ende, se aprecia que la exoneración de segunda votación de la ley cuestionada
se realizó de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso, toda vez que se
contó con la exoneración expresa por acuerdo de la Junta de Portavoces con el voto de más de
tres quintos de los miembros del Congreso.
1 Artículo 31-A del Reglamento del Congreso: La Junta de Portavoces está compuesta por la
Mesa Directiva y por un Portavoz de cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto
proporcional al número de miembros que componen su bancada. Le corresponde: (…)
4. Las demás atribuciones que le señale el presente Reglamento.
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7. Además, resulta pertinente establecer que resulta legítimo que la Junta de
Portavoces pueda exonerar del trámite de “segunda votación”, con el objeto de agilizar el
procedimiento legislativo, pues constituye el órgano de representación de los Grupos
Parlamentarios, es decir, expresa la voluntad general de los parlamentarios integrantes de
dichos grupos, debiendo tenerse presente que, además, se exige una votación de mayoría
calificada que represente no menos de los tres quintos de los miembros del Congreso de la
República.
8. Sobre el particular, este Tribunal Constitucional ya ha considerado constitucional la
exoneración del trámite de segunda votación por acuerdo de la Junta de Portavoces en el
procedimiento legislativo para la aprobación de un proyecto de ley, al establecer que:
“El proceso legislativo de la Ley 28374
El proyecto de Ley 11733, Ley que regula la distribución de los recursos en el caso de
la adjudicación directa de predios en el ámbito de desarrollo de proyectos de interés nacional,
se transformó en la ley materia de inconstitucionalidad gracias a la votación de ochenta y siete
de los noventidós congresistas presentes en la Sesión del 28 de octubre del 2004, a horas
01:01:14 p.m.
De otro lado, en la Junta de Portavoces realizada el 2 de noviembre del mismo año,
‘se acordó, por unanimidad, la exoneración del trámite de doble votación a que se
refiere el artículo 73 del Reglamento del Congreso’.
Entonces, más allá de la forma correcta en que se aprobó la ley materia de la
inconstitucionalidad, el tema que se encuentra regulando, al tratarse de un ámbito
constitucional, requiere obligatoriamente una ley orgánica tal como ha venido a suceder. (…)” 2 .
9. De igual manera, se debe tener presente que el trámite de segunda votación para la
aprobación de los proyectos de ley establecido en el Reglamento del Congreso, constituye una
opción legislativa y no un requisito constitucional, es decir, se trata de una disposición
contenida en una norma con rango de ley 3 , mas no de un requisito contenido en el
procedimiento legislativo previsto en la Constitución para su aprobación, dado que la Carta
Magna no establece la segunda votación como requisito para la aprobación de una ley.
Asimismo, de lo expuesto en los fundamentos anteriores se observa que la formación de la ley
cuestionada no contraviene el Reglamento del Congreso.
10. Es por ello que los argumentos del demandante carecen de fundamento, puesto
que la exoneración de segunda votación se realizó en estricto cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 73 del Reglamento del Congreso de la República, por lo que no transgrede ninguna
norma constitucional.
11. En consecuencia la demanda debe ser desestimada respecto a este extremo, por
cuanto se siguió el procedimiento preestablecido tanto en el Reglamento del Congreso como
en la Norma Fundamental para la promulgación de las leyes.
2. Análisis de constitucionalidad del artículo 3 de la Ley Nº 29062
12. El demandante manifiesta que el artículo 3 de la Ley Nº 29062 resulta
inconstitucional por cuanto le confiere a la educación como un servicio público esencial,
atentando contra el ejercicio del derecho a la huelga de los profesores.
2.1 Protección constitucional del derecho de huelga
13. El derecho a la huelga se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 28 de la
Constitución, que dispone que “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación
2 Cfr. STC Nº 0002-2005-AI/TC, Fundamento Nº 98
3 Artículo 94 de la Constitución: El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene
fuerza de ley (…).
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colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. (…) 3. Regula el derecho de huelga para
que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones”.
14. Sobre el particular, ha dicho este Tribunal que la huelga es un derecho que
“consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser
previamente acordada por la mayoría de los trabajadores y debe efectuarse en forma voluntaria
y pacífica -sin violencia sobre las personas o bienes- y con abandono del centro de trabajo” 4 .
15. Se trata, en resumidas cuentas, del derecho que tienen los trabajadores para
suspender sus labores como un mecanismo destinado a obtener algún tipo de mejora en ellas,
y que se ejerce cuando se ha agotado previamente la negociación directa con el empleador.
16. En efecto, mediante el ejercicio del derecho a la huelga los trabajadores se
encuentran facultados para desligarse de manera temporal de sus obligaciones jurídicocontractuales,
a efectos de lograr la obtención de algún tipo de mejora por parte de sus
empleadores, en relación a ciertas condiciones socioeconómicas o laborales. La huelga no
tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para la realización de determinados fines
ligados a las expectativas e intereses de los trabajadores.
17. Sin embargo, el derecho de huelga, como todos los derechos, no puede ser
considerado como un derecho absoluto, sino que puede ser limitado por la legislación vigente,
razón por la cual resulta admisible que mediante una ley el Estado module su ejercicio, dado
que “la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable. Por ende, debe efectivizarse en
armonía con los demás derechos” 5 .
18. En ese sentido el derecho de huelga supone que su ejercicio es condicionado, en
tanto no debe colisionar con los intereses de la colectividad que pudiesen verse afectados ante
un eventual abuso de su ejercicio, lo que en buena cuenta significa que el derecho de huelga
debe ejercerse en armonía con el interés público y con los demás derechos.
19. Así, en el presente caso, y a criterio del demandante, se configuraría una colisión
entre el derecho de huelga de los trabajadores, supuestamente vulnerado por la ley
cuestionada, y el derecho a la educación básica de millones de escolares, entre niños y
adolescentes, que verían paralizados sus estudios por períodos indeterminados en caso de
realizarse una de las innumerables huelgas de profesores a nivel nacional.
2.2 La educación como derecho fundamental y como servicio público
20. El derecho a la educación se encuentra garantizado por diversos artículos de
nuestra Carta Magna. Las principales manifestaciones del derecho a la educación que emanan
del propio texto constitucional son las siguientes: a) el acceder a una educación; b) la
permanencia y el respeto a la dignidad del escolar; y, c) la calidad de la educación.
21. Sobre el particular y, como también ya ha sido establecido por este Tribunal,
“(…) en un Estado Social y Democrático de Derecho el derecho a la educación
adquiere un carácter significativo. Así, del texto constitucional se desprende una preocupación
sobre la calidad de la educación, la cual se manifiesta en la obligación que tiene el Estado de
supervisarla (segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución). “También se pone de
manifiesto al guardar un especial cuidado respecto al magisterio, a quienes la sociedad y el
Estado evalúan y, a su vez, le brindan capacitación, profesionalización y promoción
permanente (Art. 15, primer párrafo, de la Constitución). Asimismo, se incide firmemente en la
obligación de brindar una educación ‘ética y cívica’, siendo imperativa la enseñanza de la
Constitución y los derechos fundamentales (Art. 14, tercer párrafo)” 6 . (subrayado agregado).
4 Cfr. STC Nº 0008-2005-PI/TC, Fundamento Nº 40.
5 Cfr. STC Nº 0008-2005-PI/TC, Fundamento Nº 41.
6 Cfr. STC Nº 04646-2007-PA/TC.
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22. Pero además, la educación posee un carácter binario, pues no sólo constituye un
derecho fundamental, sino también un servicio público. Así lo ha señalado este Tribunal al
establecer que,
“la educación se configura también como un servicio público, en la medida que se trata
de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per
se o por terceros bajo fiscalización estatal. Por ende, el Estado tiene la obligación de garantizar
la continuidad de los servicios educativos (…)” 7 (subrayado agregado).
23. De igual manera, y ya en el plano legal, la Ley General de Educación Nº 28044
establece en su artículo 4 que “La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado
es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución Política y en la presente ley. En la educación inicial y primaria se complementa
obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos”.
2.3 Contenido esencial del derecho de huelga
24. En consecuencia, corresponde verificar si el artículo 3 de la Ley Nº 29062 vulnera
el contenido esencial del derecho de huelga, consagrado en el artículo 28, inciso 3), de la
Constitución: “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga.
Cautela su ejercicio democrático: (…) 3) Regula el derecho de huelga para que se ejerza en
armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones”.
25. De un análisis previo de los derechos colectivos de los trabajadores según la Ley
Fundamental se derivan principios constitucionales para la delimitación del contenido esencial
del derecho de huelga. En tal sentido, siguiendo lo establecido mediante STC Nº 0008-2005-PI
(fundamento 41), considera este Colegiado emitir pronunciamiento a fin de establecer que son
garantías o facultades del contenido esencial del derecho de huelga las siguientes:
(i) Ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga.
(ii) Convocar dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, también
cabe ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria.
(iii) Establecer el petitorio de reinvindicaciones; las cuales deben tener por objetivo la
defensa de los derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores
involucrados en la huelga.
(iv) Adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro del marco previsto en la
Constitución y la ley.
(v) Determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a cabo a plazo determinado
o indeterminado.
2.4 Límites al derecho de huelga
26. Por su parte, la Constitución peruana reconoce límites al ejercicio del derecho de
huelga [artículo 28, inciso 3), de la Constitución], en la medida que en principio no existen
derechos fundamentales absolutos, debiendo protegerse o preservarse no sólo otros derechos
fundamentales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos.
27. Derivado de ello, por razón de la persona, se encuentran excluidos del goce de
libertad sindical y del derecho de huelga, los siguientes:
a) Los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de
confianza o de dirección (artículo 42 de la Constitución).
7 Cfr. STC Nº 4232-2004-AA/TC.
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b) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42 de la
Constitución).
c) Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público (artículo 153 de la
Constitución).
28. Por otro lado, también a nivel legislativo se establecen límites al ejercicio del
derecho de huelga, por razón de la naturaleza del servicio. Así, el Texto Único Ordenado de la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, prevé que
Artículo 82.- Cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera
garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto deben
garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y
asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan. (énfasis nuestro)
En la determinación legal de los servicios públicos esenciales, la misma norma
determina un listado (artículo 83), a saber: a) Los sanitarios y de salubridad; b) Los de limpieza
y saneamiento; c) Los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible; d) Los de sepelio, y
los de inhumaciones y necropsias; e) Los de establecimientos penales; f) Los de
comunicaciones y telecomunicaciones; g) Los de transporte; h) Los de naturaleza estratégica o
que se vinculen con la defensa o seguridad nacional; i) Los de administración de justicia por
declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, j) Otros que sean determinados
por Ley.
29. A partir de la habilitación legal prevista en el último inciso de la norma bajo
comentario, es que el artículo 1 de la Ley Nº 28988 dispone de manera expresa que
Artículo 1.- La educación como servicio público esencial
Constitúyese la Educación Básica Regular como un servicio público esencial, a fin de
garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de la persona a la educación, derecho
reconocido en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Educación y en los
Pactos Internacionales suscritos por el Estado peruano. La administración dispondrá las
acciones orientadas a asegurar los servicios correspondientes.
Así, el artículo 3 de la Ley Nº 29062 impugnada a través del presente proceso de
inconstitucionalidad, se encuentra conforme a lo establecido por la Ley Nº 28988, que declara
expresamente a la educación básica regular como servicio público esencial. Sin embargo, de
ello no se deriva una situación que comprometa ilegítimamente el derecho de huelga, pues
esta calificación como servicio público esencial no afecta los derechos constitucionales, ni los
reconocidos por los Convenios y Tratados internacionales a los trabajadores.
30. De allí que, en lo que respecta al derecho de huelga debemos considerar que el
Perú ha ratificado el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicación de 1948 (Convenio OIT Nº 87) y el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de
Negociación Colectiva de 1949 (Convenio OIT Nº 98), los cuales forman parte del derecho
nacional (artículo 55 de la Constitución), y constituyen cláusulas hermenéuticas conforme a los
cuales deben ser interpretados los derechos y libertades que la Constitución reconoce (Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución).
31. En consecuencia, a partir de la interpretación dada a lo dispuesto en los referidos
convenios por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, la
misma que reviste el carácter de soft law para el derecho interno; en materia de la relación
entre el derecho de huelga y los servicios públicos esenciales, se ha configurado que
el establecimiento de servicios mínimos en el caso de huelga sólo debería poder ser
posible en: 1) aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad
o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios esenciales en el sentido
estricto del término); 2) en aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto del término en
los que huelgas de una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis
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nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en
peligro, y 3) en servicios públicos de importancia trascendentales 8 .
2.5 El ejercicio del derecho de huelga y la Carrera Pública Magisterial
32. Estos límites propios al derecho de huelga, en el caso de los profesores a servicio
del Estado (artículo 1 de la Ley Nº 29062), requiere especial referencia a las posibles
situaciones de colisión que podrían presentarse respecto al derecho a la educación, cuya
protección ha buscado tutelar el legislador. Con estos elementos, se esboza una interpretación
acorde con la protección debida al derecho fundamental a la huelga, como una realidad no
contradictoria y coherente con los otros bienes constitucionales consagrados en la
Constitución, y para una plena realización de la persona humana y su dignidad (artículo 1 de la
Constitución).
33. Al respecto, podríamos derivar como límites específicos al derecho de huelga para
los profesores que integran la Carrera Pública Magisterial , los siguientes:
(i) Garantizar el contenido esencial del derecho de educación, conforme lo ha
establecido este Tribunal mediante STC Nº 0091-2005-PA (fundamento 6), a partir de lo
establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en virtud del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor el 3 de
enero de 1976, y que fue ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978, la educación, en todas
sus formas y en todos los niveles, debe tener las siguientes cuatro características
interrelacionadas y fundamentales: disponibilidad, accesibilidad (no discriminación,
accesibilidad material, accesibilidad económica), aceptabilidad, adaptabilidad 9 .
(ii) El ejercicio del derecho a la huelga por parte de los profesores no podría conllevar la
cesación total de las actividades vinculadas al servicio público esencial de la educación, más
aún considerando que, tal como hemos mencionado previamente, constituye una obligación del
Estado el garantizar la continuidad de los servicios educativos.
(iii) En caso de huelga de larga duración se podría requerir el establecimiento de
servicios mínimos en consulta plena con los interlocutores sociales 10 , al igual que ocurre en
aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de
la persona en toda o parte de la población.
(iv) La huelga debe ejercerse en armonía con el orden público constitucional, que hace
referencia a las medidas dirigidas a proteger aquello que beneficia a la colectividad en su
conjunto [STC Nº 0008-2005-PI (fundamento 42)].
34. Por todo ello, cabe concluir que el artículo 3 de la Ley Nº 29062 al disponer que los
profesores prestan un servicio público esencial, no se afecta el contenido esencial del derecho
de huelga, tal como ha sido establecido supra, debiendo determinarse las concretas lesiones
casuísticamente con criterios de razonabilidad y proporcionalidad 11 , pudiendo recurrirse, en
8 Recopilación de decisiones y principios sobre la Libertad Sindical del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT Párrafo 606.
9
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General
E/C.12/1999/10 de fecha 8 de diciembre de 1999.
10 Recopilación de decisiones y principios sobre la Libertad Sindical del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Párrafo 625. Véase el 330 Informe, caso Nº
2173, Queja contra el Gobierno de Canadá relativa a la provincia de Columbia Británica
presentada por el Congreso del Trabajo de Canadá (CLC), el Sindicato de Enfermeras de
Columbia Británica (BCNU), la Federación de Docentes de Canadá (FDC), la Federación de
Docentes de Columbia Británica (BCTF), el Sindicato Canadiense de Trabajadores del Sector
Público (CUPE), Sección Columbia Británica, la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Internacional de la Educación (EI); párrafo 297.
11 STC Nº 00019-2005-AI (fundamentos 43 al 50), STC Nº 06089-2006-PA (fundamento 46),
STC Nº 0050-2004-AI/TC (fundamento 109), STC Nº 0045-2004-AI (fundamentos 33 al 41),
STC Nº 0024-2005-AI (fundamentos 29 al 32).
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dichos supuestos a la protección ordinaria, y subsidiariamente al amparo constitucional, y del
cual este Colegiado es el garante en última instancia. De esta forma, el Tribunal valida la
constitucionalidad del artículo 3 de la Ley Nº 29062, siempre que su ejercicio se produzca en
los términos planteados.
3. Análisis de constitucionalidad del inciso d) del artículo 11 de la Ley Nº 29062
35. El demandante alega que el inciso d) del artículo 11 de la ley cuestionada vulnera el
principio a la presunción de inocencia al establecer como uno de los requisitos para postular a
la Carrera Pública Magisterial el no estar incurso en proceso penal por delito doloso.
3.1 El principio de presunción de inocencia y su protección constitucional
36. El derecho a la presunción de inocencia, como derecho constitucional, se encuentra
reconocido en el ordinal “e”, inciso 24 del artículo 2 de la Carta Magna, que dispone que: “Toda
persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…)
e). Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad”.
37. Así, “(…) el constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un
derecho fundamental. El fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en
el principio-derecho de dignidad humana (“La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de la Constitución), así
como en el principio pro hómine” 12 .
38. De igual manera, el derecho a la presunción de inocencia se encuentra amparado
en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, estando previsto en el
artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al establecer que “Toda
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa (…)”. Del mismo modo, también se encuentra protegido
por el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 8.2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
39. En ese sentido, y como ha quedado establecido por este Colegiado, “por esta
presunción iuris tantum, a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su
culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en
que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de
sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida sentencia
definitiva” 13 . Por tanto, al constituir una presunción iuris tantum, la presunción de inocencia
puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria.
40. Sin embargo, el derecho a la presunción de inocencia, como todos los derechos, no
puede ser considerado como absoluto, sino que tiene un carácter relativo. Así lo ha
determinado este Tribunal al establecer que tal derecho
“(…) no es un derecho absoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se
admitan determinadas medidas cautelares personales -como la detención preventiva o
detención provisional-, sin que ello signifique su afectación; siempre, claro está, que tales
medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad” 14 .
41. Por tanto, las medidas restrictivas del derecho a la presunción de inocencia quedan
justificadas si resultan razonables y proporcionales al fin que se busca lograr o proteger. En
esa línea, en el presente caso corresponde verificar si la medida de no permitir el ingreso a la
Carrera Pública Magisterial a aquellas personas que se encuentran incursas en proceso penal
por delito doloso se encuentra justificada.
12 Cfr. STC Nº 10107-2005-HC/TC, Fundamento Nº 3.
13 Cfr. STC Nº 0618-2005-HC/TC, Fundamento Nº 21.
14 Cfr. STC Nº 9943-2005-PHC/TC, Fundamento Nº 3
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3.2 Requisitos para el acceso a la función pública
42. El Tribunal Constitucional encuentra que el cuestionado requisito para postular a la
Carrera Pública Magisterial, de no estar incurso en proceso penal por delito doloso, guarda
directa vinculación con el derecho de acceso a la función pública y, en ese sentido, será en
conjunción con él que se analizará su constitucionalidad.
43. El derecho de acceso a la función pública consiste en la facultad de las personas
para acceder o intervenir en la gestión de la cosa pública, es decir, en el ejercicio de una
función pública. Este Tribunal Constitucional ya ha establecido que “(…) los contenidos de este
derecho son los siguientes: a) Acceder o ingresar a la función pública, b) Ejercerla plenamente,
c) Ascender en la función pública; y, d) Condiciones iguales de acceso” 15 .
44. Así, “el concepto de ‘función pública’ en este derecho comprende dos tipos de
función que suele distinguirse: la función pública representativa y la función pública no
representativa. La función pública representativa está formada por funciones de representación
política y la no representativa alude a la función pública profesionalizada” 16 .
45. En el presente caso se aprecia que la labor que desempeñan los profesores se
encuentra comprendida dentro de la función pública no representativa, pues se trata de
profesionales que cuentan con título a nombre de la nación, tanto es así que la propia ley
cuestionada les reconoce dicha calidad al establecer, en su artículo 3, que “El profesor es un
profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones
y competencias debidamente certificadas (…)”.
46. Así también se encuentra establecido en la Constitución, cuyo artículo 15 dispone
que el profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. Lo que es lo mismo, reconoce al
profesorado la calidad de función pública, por lo que su acceso debe encontrarse garantizado.
47. No obstante, el contenido del derecho de acceso a la función pública no comprende
el ingreso, sin más, al ejercicio de la función pública, puesto que si bien se garantiza la
participación de los ciudadanos en la función pública, ésta debe desarrollarse de conformidad
con los requisitos que el legislador ha establecido, y cuya validez está condicionada a su
constitucionalidad.
48. De esta manera el legislador se encuentra facultado para establecer los requisitos
que considere convenientes para el acceso al ejercicio de una función pública, siempre y
cuando no contravengan lo dispuesto en el Texto Constitucional.
49. En el presente caso el legislador ha establecido como requisito para el acceso a la
carrera pública magisterial que el postulante no se encuentre incurso en proceso penal por
delito doloso, lo cual, supuestamente, vulneraría el derecho a la presunción de inocencia.
50. Sin embargo se aprecia que el hecho de establecer un requisito de tal naturaleza
para acceder a la carrera pública magisterial no vulnera, per se, el derecho a la presunción de
inocencia, por cuanto éste es un derecho relativo que admite ciertas restricciones en su
ejercicio, siempre que éstas sean razonables y proporcionales.
51. Este Colegiado, aprecia que el referido requisito resulta razonable respecto al fin
constitucionalmente válido que se pretende lograr, esto es, la eficiencia plena en la prestación
del servicio público esencial y en especial de la educación, así como garantizar la plena
vigencia del derecho a la educación que constituye uno de los deberes primordiales del Estado,
pues la restricción a la presunción de inocencia se justifica debido a la importancia que tiene la
educación, la cual tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana 17 y
15 Cfr. STC Nº 00025-2005-PI/TC y Nº 00026-2005-PI/TC.
16 Cfr. STC Nº 00025-2005-PI/TC y Nº 00026-2005-PI/TC.
17 Artículo 13 de la Constitución Política: La educación tiene como finalidad el desarrollo
integral de la persona humana (…).
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prepararla para la vida y el trabajo, además que la mayoría de los educandos son niños y
adolescentes, a quienes el Estado debe proteger, tal como lo señala el artículo 4 de la Norma
Fundamental.
52. Por otro lado el cuestionado requisito también resulta proporcional, pues constituye
una medida idónea para lograr el fin que se pretende, esto es, impedir el ingreso a la carrera
pública magisterial a quien se encuentre incurso en un proceso penal por delito doloso, con el
objeto de asegurar que el servicio público docente se encuentre compuesto por profesores con
una conducta idónea, más aún cuando se trata de brindar el servicio público especial y esencial
de educación, para así garantizar la plena vigencia del derecho a la educación de los
estudiantes.
53. De igual manera, cabe señalar que el cuestionado requisito no impide totalmente el
acceso a la carrera pública magisterial, sino que únicamente se trata de un impedimento
provisional, esto es, que sólo tendrá efectos hasta que se dicte sentencia en el respectivo
proceso penal. Por tanto, si el profesor obtiene una sentencia absolutoria, no existirá
impedimento alguno para que participe en cualquier concurso público.
54. Asimismo el referido requisito no vulnera el derecho a la presunción de inocencia
por cuanto no se está adelantando opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito
materia del proceso penal, sino que se trata de una restricción temporal y provisional del
acceso a la carrera pública magisterial, hasta que se dicte sentencia en el proceso penal en el
que se encuentre incurso el postulante.
55. En consecuencia, a juicio del Tribunal Constitucional, el cuestionado requisito de no
permitir el acceso a la carrera pública magisterial a aquellos docentes que se encuentren
incursos en un proceso penal por delito doloso no vulnera el derecho fundamental a la
presunción de inocencia, razón por la que la demanda también debe ser desestimada en este
extremo.
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4. Análisis de constitucionalidad de los artículos 12, 17, 40 y 41 de la Ley Nº
56. El demandante alega que los artículos 12, 17, 40 y 41 de la cuestionada ley
resultan inconstitucionales porque contravienen lo establecido en el artículo 16 de la
Constitución respecto al Estado y la Política Educativa -conforme al cual, tanto el sistema como
el régimen educativo son descentralizados- así como los artículos 197 y 198 de la Carta Magna
que consagran la autonomía de las Regiones, contraviniendo además la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización.
57. Los cuestionados artículos establecen que el Ministerio de Educación es el ente
encargado de planificar y conducir el proceso de ingreso a la Carrera Magisterial, así como de
convocar a concurso público para cubrir las plazas de Director y Subdirector de las
instituciones educativas; igualmente, se encarga de normar las actividades del Programa de
Formación y Capacitación Permanente de Docentes, así como normar y organizar el Programa
de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores.
58. Al respecto conviene precisar que cuando el artículo 16 de la Carta Magna dispone
que “Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados (…)”, ello no quiere
decir que cada región tiene autonomía para desarrollar su propia política educativa, sino que la
educación y los centros educativos deben descentralizarse, esto es, deben ser accesibles para
todos, para que de esta manera todos los niños y adolescentes de las distintas regiones del
país tengan la posibilidad de acceder a una institución educativa y educarse. De ahí que el
mismo artículo señale en su tercer párrafo que “(…) es deber del Estado asegurar que nadie se
vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de
limitaciones mentales o físicas (…)”.
59. En el mismo sentido, el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución señala que
el Estado tiene el deber de promover la creación de centros educativos donde la población los
requiera. Lo que es lo mismo, el Estado tiene como una de sus funciones principales ejercer un
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rol garante de la educación nacional, garantizando oportunidades de acceso y permanencia en
el sistema educativo que favorezcan el aprendizaje.
60. Por otro lado, si bien el Estado tiene el deber de garantizar que la educación sea
descentralizada, conforme al artículo 16 de la Constitución, el segundo párrafo del mismo
artículo dispone, además, que el Estado es el encargado de coordinar la política educativa así
como formular los lineamientos generales de los planes de estudios y requisitos mínimos de la
organización de los centros educativos, esto es, diseñar las políticas nacionales y sectoriales
referentes a la educación, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de
gobierno.
61. Si conforme al artículo 16 de la Constitución, el Estado es el encargado de
coordinar la política educativa así como formular los lineamientos generales de los planes de
estudios y requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, es evidente que
ejerce dichas atribuciones constitucionales a través del Ministerio de Educación, quien se
encarga de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno. Así lo ha
establecido este Tribunal al señalar que,
“al Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Educación, le corresponde fijar las
políticas sectoriales en matera de personal (incluido el personal docente), así como
implementar la carrera pública magisterial” 18 .
62. Por tanto, la labor que desarrolla el Ministerio de Educación relacionada con la
conducción y desarrollo de la evaluación de los docentes para el ingreso a la carrera
magisterial, así como su respectiva capacitación, no contraviene el artículo 16 de la Carta
Magna. Por el contrario, es precisamente el referido dispositivo el que faculta al Estado, a
través del Ministerio correspondiente, a coordinar la política educativa aplicable a la nación, así
como supervisar el cumplimiento y la calidad de la educación.
63. No obstante el Tribunal Constitucional ha señalado que el nombramiento de
profesores para la prestación del servicio público de educación es una competencia compartida
entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, precisando que “una revisión del marco
legal en materia de reparto competencial entre gobierno nacional y gobiernos regionales en
materia de nombramiento de profesores de colegios estatales, demuestra que la gestión de los
servicios educativos, entre los cuales se encuentra la provisión de profesores para la
prestación del servicio público de educación, es una competencia compartida que debe
realizarse en forma coordinada entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales(…) De
esta forma, entonces, el nombramiento de profesores en los colegios estatales está sujeto a un
procedimiento, por llamarlo así ‘a cascadas’, en el que cada uno de sus gestores -desde el
Ministerio de Educación, pasando por el Gobierno Regional y culminando en la Unidad de
Gestión Educativa Local- tienen participación y tareas específicas, que deben ejecutar en forma
coordinada” 19 (subrayado agregado).
64. En ese sentido, si bien los Gobiernos Regionales gozan de autonomía en el
ejercicio de sus competencias y, conforme al inciso 7) del artículo 192 de la Constitución tienen
facultad para promover y regular actividades y/o servicios en materia de educación, dicha
competencia debe ser ejercida “en concordancia con las políticas y planes nacionales y locales
de desarrollo. De ahí que las competencias previstas en el artículo 192 no pueden llevar a
obstaculizar o poner en una situación de detrimento (…) las competencias del Gobierno
Nacional” 20 .
65. Por ello, respecto al ejercicio de las competencias de los Gobiernos Regionales,
este Colegiado ha establecido que “La Constitución garantiza a los gobiernos locales una
autonomía plena para aquellas competencias que se encuentran directamente relacionadas
con la satisfacción de los intereses locales. Pero no podrá ser de igual magnitud respecto al
18 Cfr. STC Nº 047-2004-AI/TC, Fundamento Nº 148.
19 Cfr. STC Nº 047-2004-AI/TC, Fundamentos Nº 147-149.
20 Cfr. STC Nº 0031-2005-PI/TC, Fundamento Nº 26.
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ejercicio de aquellas atribuciones competenciales que los excedan, como los intereses
supralocacles, donde esa autonomía tiene que necesariamente graduarse en intensidad,
debido a que en ocasiones de esas competencias también participan otros órganos
estatales” 21 .
66. Por tanto, si bien los gobiernos regionales gozan de autonomía, deben de ejercerla
sin contravenir las competencias que le han sido otorgadas al Estado y, en el presente caso, al
Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que la educación es una materia de interés
supralocal y que las competencias atribuidas al Ministerio de Educación tienen por finalidad
asegurar la unidad de criterio en el contenido y forma de la prueba de evaluación, así como
asegurar la eficiencia en el proceso de implementación de la Carrera Pública Magisterial y la
adecuada provisión del servicio educativo.
67. Asimismo cabe señalar que si bien tanto el artículo 13 de la Ley de Bases de la
Descentralización como el artículo 10 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establecen
que la educación es una competencia compartida en la que pueden intervenir dos o más
niveles de gobierno, ello se refiere únicamente a la gestión de los servicios educativos de nivel
inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, y no para materias que son de exclusiva
competencia del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación.
68. Finalmente, respecto a este extremo de la demanda, en el que el recurrente alega
la contravención de los artículos 197 y 198 de la Constitución, se aprecia que estos dispositivos
no guardan relación alguna con la autonomía regional, sino más bien se encuentran referidos a
la participación vecinal y ciudadana y a la capital de la República, por lo que la demanda
también debe ser desestimada respecto a este extremo.
5. Análisis de constitucionalidad de los artículos 51, 53 y 54 de la Ley Nº 29062
69. El demandante manifiesta que los artículos 51, 53 y 54 de la ley cuestionada
resultan inconstitucionales porque desconocen y disminuyen derechos adquiridos respecto a
las asignaciones, subsidios y compensación por tiempo de servicio otorgadas a los profesores.
70. Al respecto el demandante considera vulneratorios dichos artículos porque reducen
el monto que se otorga a los profesores por concepto de asignaciones, subsidios y
compensación por tiempo de servicios, desconociendo así lo dispuesto en la Ley del
Profesorado - Ley Nº 24029.
71. En primer lugar es necesario enfatizar que el demandante parte de la proposición
errónea de considerar que nuestro ordenamiento jurídico se rige bajo la teoría de los derechos
adquiridos, cuando nuestra propia Carta Magna en su artículo 103 dispone que “(…) La ley,
desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en
materia penal cuando favorece al reo (…)”.
72. En ese sentido, este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que
nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que
“(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal
cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones
jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (…) en el
tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio
de aplicación inmediata de las normas” 22 (subrayado agregado).
73. Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de
aplicación a las situaciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene
una aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se
utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha
establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que “(…) la aplicación ultractiva o
21 Cfr. STC Nº 0007-2002-AI/TC, Fundamento Nº 9.
22 Cfr. STC Nº 0002-2006-PI/TC, Fundamento Nº 12.
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retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente -a un
grupo determinado de personas- que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley
anterior porque así lo dispuso el Constituyente -permitiendo que la norma bajo la cual nació el
derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no
significando, en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son
obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)” 23 (subrayado
agregado).
74. Por ende, sólo es de aplicación la teoría de los derechos adquiridos a los casos
expresamente señalados en la Constitución. En nuestra Carta Magna no se encuentra
disposición alguna que ordene la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos a los casos
referidos a la sucesión normativa en materia laboral, por lo que no existe sustento
constitucional alguno que ampare lo alegado por el demandante respecto a la supuesta
vulneración de sus derechos adquiridos, resultando inconsistentes sus alegatos.
75. De igual manera cabe señalar que la Décima Primera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la ley cuestionada dispone derogar o dejar sin efecto todas aquellas
disposiciones que se opongan a la aludida ley, de lo que se concluye que los artículos de la
Ley del Profesorado - Ley Nº 24029 relativos a las asignaciones, subsidios y compensaciones
por tiempo de servicio, quedan automáticamente derogados con la entrada en vigencia de la
Ley Nº 29062, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución que señala que “la
ley se deroga sólo por otra ley”.
76. Además resulta necesario señalar que la ley cuestionada no “desconoce derechos”,
como lo ha manifestado el demandante, sino que únicamente establece una variación en el
monto de las asignaciones, subsidios y compensaciones, lo cual no resulta contrario a las
normas jurídicas ni a la Constitución.
77. En consecuencia la demanda también debe ser desestimada respecto a este
extremo, al no presentarse la supuesta vulneración de derechos alegada por el demandante.
6. Análisis de constitucionalidad del artículo 63 de la Ley Nº 29062
78. El demandante manifiesta que el artículo 63 de la cuestionada ley vulnera el
derecho al trabajo y a percibir una remuneración equitativa y suficiente, así como los principios
laborales, por cuanto se incrementa el número de horas de trabajo sin que ello suponga el
incremento de la remuneración.
79. Al respecto el artículo mencionado incrementa la jornada pedagógica de 18 horas
cronológicas a 30 horas cronológicas, lo que el demandante considera vulneratorio de sus
derechos. Sin embargo, cabe señalar que el artículo 25 de la Constitución establece que “la
jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales,
como máximo”.
80. De este simple cotejo se concluye que, la ley cuestionada no vulnera los derechos
constitucionales de los profesores, pues el incremento de la jornada pedagógica a 30 horas
cronológicas semanales es factible y acorde con lo establecido en el artículo 25 de la Carta
Magna, ya que se encuentra dentro del margen de la jornada ordinaria de trabajo que es como
máximo de 48 horas semanales.
81. Así, los alegatos del demandante carecen de sustento, pues el número de horas
trabajadas por los profesores no rebasa el límite de lo permitido, siendo que para ello reciben
una remuneración, sin que se vulnere, de modo alguno, su derecho al trabajo y a percibir,
precisamente, una remuneración por ello.
82. En consecuencia, la demanda también debe ser desestimada respecto de este
extremo.
23 Cfr. STC Nº 008-96-I/TC, Fundamento Nº 17.
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7. Análisis de constitucionalidad de la Sexta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley Nº 29062
83. El demandante alega que la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final
de la ley cuestionada contraviene los derechos adquiridos, produciéndose un abuso del
derecho al imponer la vigencia de los artículos 28 y 65 de la Ley Nº 29062 a los profesores que
se encuentran bajo el régimen de la Ley Nº 24029, cuya vigencia fue prorrogada mediante la
Ley Nº 25212.
84. Así, el demandante refiere que la cuestionada disposición transitoria desconoce
derechos adquiridos, así como contraviene el artículo 103 de la Constitución en tanto no
ampara el abuso del derecho, cuando se aplican los artículos 28 y 65 de la ley cuestionada a
docentes que ingresaron y desarrollaron su carrera profesional bajo otro marco legal,
contraviniendo además el propio artículo 103 en la parte que dispone que: “(…) Ninguna ley
tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo (…)”, así como
el derecho al trabajo, el deber de promoción del trabajo y los principios de la relación laboral.
7.1 Respecto al alegado abuso del derecho
85. En principio, en cuanto al supuesto abuso del derecho cabe precisar que el
mandato constitucional de proscripción del abuso del derecho “(…) se configura en el campo
del ejercicio de los derechos subjetivos, una de cuyas características es que [es] de aplicación
ante el ejercicio de los derechos subjetivos, siendo más propio hablar del abuso en el ejercicio
de los derechos, antes que del abuso del derecho” 24 .
86. El atributo del Congreso de la República de dictar leyes no puede ser considerado
como el ejercicio de un derecho subjetivo, pues más bien se trata de una facultad constitucional
consagrada en el inciso 1) del artículo 102 de la Constitución, conforme al cual, “Son
atribuciones del Congreso: 1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar,
modificar o derogar las existentes”. Se trata del ejercicio soberano de una función legislativa
otorgada al Congreso, de carácter constitucional.
87. La expedición de leyes por parte del Poder Legislativo, por tanto, no puede implicar
el ejercicio de un derecho sino el ejercicio de una función legislativa, por lo que no se le puede
oponer la institución del abuso del derecho. Así lo ha establecido este Tribunal al señalar que
“(…) Una de las atribuciones del Congreso es el dar leyes (artículo 102.1 de la Constitución), y
en ese sentido, la función legislativa que ejerce se expresa en la producción de un derecho
objetivo; así, tal atribución no puede ser calificada como derecho subjetivo (…) Al ejercicio
soberano de la función legislativa, no se le puede oponer la institución del abuso del derecho,
puesto que el Congreso no actúa ejerciendo un derecho subjetivo, sino cumpliendo una función
legislativa que la Constitución le asigna” 25 .
88. En consecuencia, el argumento alegado por la parte demandante sobre que el
Congreso ha incurrido en abuso del derecho al expedir la ley cuestionada carece de sustento
jurídico, dado que no es oponible la institución del abuso del derecho al ejercicio de la función
legislativa asignada por la Constitución.
7.2 Sobre la presunta vulneración de los derechos adquiridos
89. Por otro lado, respecto a la supuesta contravención de los derechos adquiridos,
como ya se ha señalado con meridiana claridad supra, el Tribunal Constitucional ha establecido
en reiteradas ocasiones que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos
cumplidos, consagrada en el artículo 103 de nuestra Carta Magna, por lo que una norma
posterior puede modificar una norma anterior que regula un determinado régimen laboral. Así
por ejemplo ha señalado que “(…) conforme a la reforma del artículo 103 de la Constitución, la
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos
24 Cfr. STC Nº 005-2002-AI/TC y acumulados, Fundamento Nº 6.
25 Cfr. STC Nº 005-2002-AI/TC y acumulados, Fundamento Nº 6.
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supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. En ese sentido, la Constitución consagra
la tesis de los hechos cumplidos para la aplicación de las normas” 26 .
90. Así, el demandante parte de la premisa errónea de considerar que las Leyes Nºs
24029 y 25212 no pueden ser modificadas ni derogadas, por lo que concluye equivocadamente
que la aplicación inmediata de la ley cuestionada resulta una aplicación retroactiva. Sin
embargo, como ha quedado dicho, el artículo 103 de la Constitución consagra la teoría de los
hechos cumplidos por lo que la ley, desde su entrada en vigencia, es aplicable para todas las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En el presente caso, la Ley
Nº 29062 objeto de control, se limita a desplegar sus efectos desde la fecha en la que entró en
vigencia hacia delante, lo cual resulta conforme con lo dispuesto en la Constitución.
91. Por tanto este Colegiado no comparte el argumento del demandante respecto a que
la norma cuestionada tiene efectos retroactivos y vulnera los derechos adquiridos, dado que el
Congreso, en ejercicio de su función legislativa prevista en el inciso 1) del artículo 102 de la
Constitución, tiene la facultad de dar leyes así como modificar las existentes, por lo que resulta
constitucionalmente válido que la Ley Nº 29062 modifique el régimen establecido en la Ley Nº
24029 y que, en virtud de la teoría de los hechos cumplidos consagrada en el artículo 103 de la
Carta Magna, sus efectos se apliquen de manera inmediata a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes.
92. En consecuencia resulta constitucional y legítimamente válida la aplicación de los
artículos 28 y 65 de la ley cuestionada a los profesores que se encuentren comprendidos en la
Ley Nº 24062, cuya vigencia fue prorrogada mediante la Ley Nº 25212, por lo que lo dispuesto
en la Sexta Disposición Transitoria de la ley cuestionada resulta plenamente conforme a la
Constitución, debiendo desestimarse la demanda respecto de este extremo.
8. Análisis de constitucionalidad de la Décima Tercera Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29062
93. El demandante alega que la Décima Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la ley cuestionada vulnera el principio de irrenunciabilidad de derechos en
la relación laboral, por cuanto equipara la remuneración íntegra a la remuneración total
permanente, desconociendo los derechos adquiridos por los profesores.
8.1 El principio de irrenunciabilidad de derechos laborales
94. El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales se encuentra consagrado
en el inciso 2) del artículo 26 de la Carta Magna, que dispone que “En la relación laboral se
respetan los siguientes principios: (…) 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos
por la Constitución y la ley”. Así, supone la imposibilidad de que los trabajadores renuncien por
propia decisión a los derechos laborales que la Constitución y la ley les reconocen.
95. Este principio “se fundamenta en el carácter protector del Derecho Laboral en la
medida que presume la nulidad de todo acto del trabajador que disponga de un derecho
reconocido en una norma imperativa” 27 . Del mismo modo, el principio de irrenunciabilidad de
derechos es justamente el que prohíbe que los actos de disposición del trabajador, como titular
de un derecho, recaigan sobre normas taxativas, y sanciona con la invalidez la transgresión de
esta pauta basilar 28 .
96. En el mismo sentido se ha pronunciado este Colegiado en la STC Nº 008-2005-
PI/TC, al establecer que “(…) para que sea posible la aplicación del artículo 26 de la
Constitución, debe existir una relación laboral y que el trabajador no podrá renunciar, o
disponer, cualquiera sea el motivo, de los derechos y libertades que la Constitución y leyes
vigentes al momento de la relación laboral le reconocen”.
26 Cfr. STC Nº 01875-2006-PA/TC, Fundamento Nº 28.
27 La Constitución Comentada, Tomo I. Lima: Ed. Gaceta Jurídica, 2005, p. 550
28 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al derecho laboral. Lima: Fondo Editorial de la PUCP,
2003, p. 103.
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97. El principio de irrenunciabilidad de derechos laborales tiene por objetivo proscribir
que el trabajador renuncie a sus derechos laborales reconocidos por la Constitución y leyes
vigentes en su propio perjuicio, en aras de resguardar sus intereses en la relación laboral, dado
que al trabajador se le considera la “parte débil” de la relación laboral.
98. En el presente caso se advierte que el Congreso de la República, en el ejercicio de
su función legislativa consagrada en el inciso 1) del artículo 102 de la Constitución, modifica
normas en materia laboral, las cuales son de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas
existentes, lo que resulta constitucionalmente válido, pues el Poder Legislativo actúa en
ejercicio de su función atribuida por la Carta Magna.
99. Por tanto los profesores (trabajadores) no están disponiendo de ningún derecho
vigente, sino que se trata de una sucesión normativa en materia laboral, por lo que no resulta
aplicable el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales.
100. Al respecto este Colegiado ha señalado que “en efecto, dicho artículo
constitucional [refiriéndose al artículo 26 inciso 2)] reconoce que en la relación laboral se
respetará tal principio que consagra, con carácter general, no sólo el respeto de los derechos
de carácter laboral, sino de otros derechos y libertades reconocidos por la Constitución y la ley.
A su turno, el artículo 103 de la Constitución dispone que la ley se deroga por otra ley y que la
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes” 29 .
101. Así, las normas laborales no resultan inderogables ni inmodificables, pues el
Poder Legislativo en ejercicio de su función constitucional puede modificarlas sin que ello
suponga una vulneración de los derechos de los trabajadores. En ese sentido también se ha
pronunciado la Corte Constitucional de Colombia, en criterio que este Tribunal comparte, al
establecer que,
“la ley podrá siempre modificar, adicionar, interpretar o derogar la normatividad legal
precedente, sin que sea admisible afirmar que en el ordenamiento jurídico existen estatutos
legales pétreos o sustraídos al poder reformador o derogatorio del propio legislador. (…) [Por
tanto] no se sigue que las normas legales de carácter laboral sean inmodificables” 30 .
102. Por consiguiente el hecho de que se produzca una sucesión normativa en materia
laboral no puede ser considerado como una vulneración del principio de irrenunciabilidad de
derechos en materia laboral, pues dicho principio tiene por finalidad evitar que el trabajador
renuncie a sus derechos laborales reconocidos por la Constitución y la ley.
103. En consecuencia la demanda también debe ser desestimada en este extremo, al
no presentarse la alegada vulneración del principio de irrenunciabilidad de derechos en materia
laboral.
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9. Análisis de constitucionalidad del segundo párrafo del artículo 29 de la Ley Nº
104. El demandante alega que el segundo párrafo del artículo 29 de la ley cuestionada
vulnera los derechos adquiridos por los profesores mediante la Ley Nº 24029 al señalar que los
profesores que no aprueben la evaluación por tercera vez, luego de haber sido capacitados,
serán retirados de la carrera pública magisterial, lo que también contraviene los principios de la
relación laboral y la protección contra el despido arbitrario, así como el derecho al trabajo y la
dignidad del trabajador, amparados en nuestra Carta Magna.
105. Como ya se ha mencionado en los fundamentos anteriores respecto a la supuesta
contravención de los derechos adquiridos, nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría
de los hechos cumplidos, consagrada en el artículo 103 de nuestra Carta Magna, por lo que la
29 Cfr. STC Nº 008-2005-PI/TC, Fundamento Nº 58.
30 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia recaída en el Expediente Nº C-529/94.
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ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia penal
cuando favorece al reo. En ese sentido la Constitución consagra la tesis de los hechos
cumplidos para la aplicación de las normas.
106. Por tanto carece de asidero el argumento del demandante respecto a que la
norma cuestionada vulnera los derechos adquiridos de los profesores, puesto que el Congreso
tiene la facultad de dictar normas así como modificar las existentes, sin que ello suponga una
violación de los derechos de los trabajadores regulados por la norma anterior.
107. Por otro lado el demandante también alega que el cuestionado artículo vulnera
sus derechos a la igualdad de oportunidades, al carácter irrenunciable de los derechos
laborales, a la estabilidad laboral y al trabajo.
108. En ese sentido, el inciso a) del artículo 13 de la Ley del Profesorado - Ley Nº
24029, modificado mediante Ley Nº 25212, señala que los profesores al servicio del Estado
tienen derecho a la estabilidad laboral en la plaza, nivel, cargo, lugar y centro de trabajo. De la
misma manera, el artículo 27 de la Constitución garantiza a los trabajadores la estabilidad
laboral y los protege contra el despido arbitrario al señalar que “la ley otorga al trabajador
adecuada protección contra el despido arbitrario”.
109. La doctrina laboralista ha señalado que el derecho a la estabilidad laboral
comprende dos aspectos: por un lado, la estabilidad laboral de entrada, referido a la
preferencia por la contratación de duración indefinida sobre la temporal, reflejada en la
autorización de celebrar contratos temporales únicamente cuando la labor a cumplir sea de tal
naturaleza; y, por otro, la estabilidad laboral de salida, referida a la prohibición de despido
arbitrario o injustificado. 31
110. Sin embargo el derecho a la estabilidad laboral, como todos los derechos
fundamentales, no puede ser considerado como un derecho absoluto, sino que puede ser
limitado mediante una ley, siempre que no se vulnere su contenido esencial. Así, respecto a la
protección constitucional del derecho a la estabilidad laboral, el Tribunal Constitucional ha
determinado que “mediante dicho precepto constitucional no se consagra el derecho a la
estabilidad laboral absoluta, es decir, el derecho ‘a no ser despedido arbitrariamente’. Sólo
reconoce el derecho del trabajador a la ‘protección adecuada’ contra el despido arbitrario” 32 .
111. Por ende, el derecho a la estabilidad laboral no tiene carácter ilimitado, por lo que
mediante ley se pueden establecer ciertas modulaciones a su ejercicio. En el presente caso la
estabilidad laboral de los profesores se encuentra sujeta a que aprueben la evaluación de
desempeño, lo cual resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 15 de la Carta Magna que
dispone que “(…) El Estado y la sociedad procuran su [del profesor] evaluación, capacitación,
profesionalización y promoción permanentes”.
112. Al respecto cabe señalar que, como se ha dicho en párrafos anteriores, la
educación constituye un servicio público esencial, por lo que en un Estado Social y
Democrático de Derecho el derecho a la educación adquiere un carácter significativo. Del Texto
Constitucional se desprende la trascendencia de la calidad de la educación, la cual se
manifiesta en la obligación que tiene el Estado de supervisarla (segundo párrafo del artículo 16
de la Constitución).
113. De igual manera se pone de manifiesto el que se guarde un especial cuidado
respecto los docentes, a quienes la sociedad y el Estado evalúan y, a su vez, le brindan
capacitación, profesionalización y promoción permanente (art. 15, primer párrafo, de la
Constitución). Asimismo, se incide firmemente en la obligación de brindar una educación ‘ética
y cívica’, siendo imperativa la enseñanza de la Constitución y los derechos fundamentales (art.
14, tercer párrafo) 33 .
31 La Constitución Comentada, Tomo I. Lima: Ed. Gaceta Jurídica, 2005, p. 560.
32 Cfr. STC Nº 0976-2001-AA/TC, Fundamento Nº 11.
33 Cfr. STC Nº 04646-2007-PA/TC
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114. Por tanto, debido a la importancia que tiene el servicio de educación en nuestra
sociedad, es necesario que los profesores se encuentren sometidos a evaluación, en aras de
garantizar la provisión y permanencia en el servicio de profesores idóneos y capacitados, para
así resguardar la calidad de la educación que tiene por objetivo el pleno desarrollo de la
personalidad humana, y que los educandos logren el desarrollo integral de sus habilidades y
potencialidades.
115. Con ese objetivo el artículo 28 de la ley cuestionada estipula que cada tres años
se realice una evaluación ordinaria de desempeño del profesor, la cual tiene el carácter de
permanente, integral y obligatoria. Dicha evaluación no puede ser considerada inconstitucional
pues garantiza la idoneidad de los profesores en el servicio educativo, es decir, garantiza el
derecho de los estudiantes de recibir una educación de calidad.
116. Asimismo, el supuesto en que son retirados de la carrera pública magisterial los
profesores que no aprueben la evaluación por tercera vez -luego de haber sido capacitados-,
no puede ser considerado como vulneratorio del derecho a la estabilidad laboral, puesto que,
como se ha mencionado anteriormente, este derecho no tiene la calidad de derecho absoluto.
117. Así, el derecho de permanecer en la carrera pública magisterial se mantiene
mientras los profesores presenten capacidad e idoneidad para el cargo, es decir, mientras se
encuentren capacitados para ejercer como docentes. De igual manera existe un límite temporal
fijado en la ley, esto es, se ejerce por tres años, tiempo en el cual su permanencia en la carrera
pública magisterial se encuentra sujeta a la aprobación de la evaluación, tal como se ha
establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 29062.
118. Por tanto, el establecer como causal de retiro de la Carrera Pública Magisterial el
haber desaprobado la evaluación de desempeño en tres oportunidades no puede ser
considerado como una vulneración del derecho a la estabilidad laboral ni al trabajo, puesto que
configura una causa justificada de despido, dado que el profesor retirado de la carrera pública
magisterial está demostrando con ello que no cuenta con capacidad e idoneidad para el
ejercicio del cargo de profesor.
119. En consecuencia la demanda también debe ser desestimada respecto a este
extremo.
10. Análisis de constitucionalidad del inciso c) del artículo 65 de la Ley Nº 29062
120. El demandante alega que el inciso c) del artículo 65 de la ley cuestionada vulnera
sus derechos a la igualdad de oportunidades, a la igualdad ante la ley y al trabajo, y limita el
ejercicio de los derechos constitucionales, al no permitir su reingreso a la carrera pública
magisterial si el profesor fue retirado por no haber aprobado la evaluación de desempeño
laboral en tres oportunidades y en el mismo nivel magisterial, desconociendo los títulos
profesionales e impidiendo el ejercicio de la profesión docente a perpetuidad.
121. Si bien el demandante solicita que se declare la inconstitucionalidad del inciso c)
del artículo 65 de la Ley Nº 29062, de lo alegado en la demanda se aprecia que, en realidad, el
demandante pretende que se declare la inconstitucionalidad del último párrafo del cuestionado
artículo 65, que establece la prohibición de reingreso a la Carrera Pública Magisterial a
aquellos profesores que hubieran desaprobado en tres oportunidades la evaluación de
desempeño profesional.
10.1 Respecto al desconocimiento de los títulos profesionales e impedimento del
ejercicio de la profesión de docente
122. En principio, el establecer que los profesores que hayan desaprobado la
evaluación de desempeño en tres oportunidades sean retirados de la carrera pública
magisterial no puede ser considerado como un desconocimiento de los títulos profesionales,
puesto que ellos mantienen su vigencia y eficacia, por lo que el profesor retirado puede seguir
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ejerciendo su carrera de profesor en el sector privado si alguna entidad educativa requiere y
acepta sus servicios.
123. Así, el hecho que el profesor sea separado de la carrera pública magisterial no
significa que se desconozca su título de docente, sino únicamente que dicho profesor no se
encuentra apto para ejercer su carrera en el marco de la educación pública por no haber
aprobado en tres oportunidades la evaluación de desempeño, no encontrando impedimento
alguno para que pueda ejercer en el ámbito privado.
124. De igual manera cabe señalar que precisamente la ley cuestionada reconoce los
títulos de docentes, cuando en su artículo 3 dispone que: “El profesor es un profesional de la
educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias
debidamente certificadas (…)”, no existiendo disposición alguna que disponga la cancelación
de los títulos profesionales a quienes hayan desaprobado la evaluación hasta en tres
oportunidades.
125. Por tanto carece de sustento la afirmación del demandante en el sentido de que el
artículo cuestionado desconoce los títulos profesionales, puesto que es la propia ley
cuestionada la que los reconoce, siendo que únicamente restringe ejercer la carrera de docente
en el ámbito de la educación pública a los profesores que no aprueben, por tercera vez, la
evaluación de desempeño.
10.2 Principio de no discriminación
126. La Constitución ha reconocido al principio-derecho a la igualdad en el inciso 2) del
artículo 2 en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la
ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquier otra índole”.
127. El Tribunal Constitucional ha afirmado que la igualdad, consagrada
constitucionalmente, detenta una doble condición de principio y de derecho fundamental. En
cuanto principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto
componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo
general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental,
constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la
persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata de un
derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra
índole”) que, jurídicamente, resulten relevantes 34 .
128. De esta manera el mandato correlativo derivado del derecho a la igualdad será la
prohibición de discriminación, es decir, la configuración de una prohibición de intervención en el
mandato de igualdad.
129. Este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que “la igualdad se
encuentra resguardada cuando se acredita la existencia de los dos requisitos siguientes: a)
paridad, uniformidad y exactitud de otorgamiento o reconocimiento de derechos ante hechos,
supuestos o acontecimientos semejantes, y b) paridad, uniformidad y exactitud de trato o
relación intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas circunstancias y condiciones. En
buena cuenta, la igualdad se configura como un derecho fundamental de la persona a no sufrir
discriminación jurídica alguna; esto es, a no ser tratada de manera dispar respecto a quienes
se encuentren en una misma situación, salvo que exista una justificación objetiva y razonable
para esa diferencia de trato” 35 .
130. Según quedó dicho, el demandante considera que el último párrafo del artículo 65
de la ley impugnada resulta violatorio del derecho fundamental a la igualdad, al prohibir el
34 Cfr. STC Nº 00045-2004-AI/TC, Fundamento 20.
35 Cfr. STC Nº 2510-2002-AA/TC.
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reingreso a la carrera pública magisterial del profesor que ha desaprobado por tercera vez la
evaluación de desempeño.
131. Tal como ha sido establecido por este Tribunal Constitucional a través de su
jurisprudencia 36 , para ingresar a evaluar una eventual afectación del derecho de igualdad,
corresponde que se proponga un término de comparación (tertium comparationis) válido. Ello
significa que es preciso que las dos situaciones de hecho que han merecido un trato desigual
por parte del legislador, deben ser válidas constitucionalmente y compartir una esencial
identidad en sus propiedades relevantes. Sólo entonces cabe ingresar a valorar las razones
que podrían justificar o no la diferencia de trato, en el correcto entendido de que la ausencia de
objetividad o necesidad en tales razones harán del tratamiento disímil, un trato, a su vez,
discriminatorio, y por ende, inconstitucional.
132. Aunque el recurrente no ha realizado alusión expresa a ese término de
comparación, del tenor de su demanda puede colegirse que éste se encuentra constituido por
el hecho de que, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 65 de la ley, los
profesores que han sido sujetos de destitución (con excepción de aquellos que hayan incurrido
en las causales previstas en los literales b y c del artículo 36 37 ), sí pueden reingresar a las
entidades públicas luego de transcurridos 5 años. En otras palabras, consideran contrario al
derecho a la igualdad que mientras en estos casos estaría permitido el reingreso luego de un
tiempo determinado, en el caso de no haber aprobado la evaluación de desempeño laboral en
tres oportunidades, no hay lugar a reingreso.
133. El Tribunal Constitucional sólo podría compartir este planteamiento si, tal como ha
pretendido sostenerse, la posibilidad de reingreso a una entidad pública por parte de un ex
profesor destituido, regulada por el penúltimo párrafo del artículo 65, incluyese entidades que
prestan servicio público docente. Y es que sólo bajo este supuesto existiría un trato
injustificadamente desigualitario, a saber, la posibilidad de retorno a la carrera pública
magisterial de quien ha incurrido en una falta grave pasible de destitución, y la imposibilidad de
retorno de quien ha incurrido en una causal de retiro también importante, aunque de menor
entidad, como es haber desaprobado en tres ocasiones la evaluación de desempeño laboral.
134. Sucede, sin embargo, que una interpretación del penúltimo párrafo del artículo 65
de la ley impugnada de conformidad con el derecho fundamental a la educación, reconocido en
los artículos 13 y 14 de la Constitución, impide considerar que entre las entidades públicas a
las que puede reingresar quien ha sido destituido de la Carrera Pública Magisterial, se
encuentran aquéllas que prestan servicio público docente.
En efecto, analizadas las distintas causas que, según el artículo 38 de la ley, dan lugar
a la sanción de destitución (causar perjuicio grave al estudiante y/o a la Institución Educativa;
maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave; realizar conductas de
hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual, debidamente
tipificados como delitos en las leyes correspondientes; concurrir al centro de trabajo en estado
de ebriedad o bajo los efectos de drogas; abandonar injustificadamente el cargo; haber sido
condenado por delito doloso; falsificar documentos relacionados con el ejercicio de su actividad
profesional; reincidir en faltas por las que se recibió sanción de suspensión), puede concluirse
que, sin perjuicio de sus distintas características propias, todas denotan una ausencia absoluta
de compromiso con el derecho fundamental a la educación y con su condición de presupuesto
axiológico para alcanzar “el desarrollo integral de la persona humana”, según reza el artículo 13
36 Cfr. STC’s N.os 0183-2002-PA, F. J. 1; 0015-2002-PI, F. J. 3; 0031-2004-PI, F. J. 22; 0435-
2004-PA, F. J. 3; 1337-2004-PA, F. J. 2; 4587-2004-PA, F. J. 22; 1211-2006-PA, F. J. 6519-
2006-PA, FF. JJ. 6 y 7; entre otras.
37 Art. 36 de la Ley Nº 29062: “Son causales del término de la relación laboral por destitución,
si son debidamente comprobadas:
(…)
b. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.
c. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y
libertad sexual, debidamente tipificados como delitos en las leyes correspondientes. (…)”
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constitucional, situación que, como es evidente, se torna singularmente grave habiéndose
tratado de supuestos profesionales de la docencia.
En tal sentido, la efectiva vigencia del deber del Estado de proteger y promover el
referido derecho fundamental (artículo 14 de la Constitución), exige no volver a situar en riesgo
la estabilidad psíquica y somática del educando, ni la imagen e idóneo funcionamiento de las
instituciones educativas, siendo preciso, en consecuencia, que personas cuya conducta ha
resultado manifiestamente incompatible con estos valores constitucionales, no tengan
oportunidad de ejercer nuevamente el cargo de profesores. Una interpretación discordante con
este planteamiento, en definitiva, violaría el contenido esencial del derecho fundamental a la
educación, quedando, por consiguiente, proscrita constitucionalmente.
135. Son dos las consecuencias que derivan de lo expuesto. En primer término, que
debe interpretarse el penúltimo párrafo del artículo 65 de la ley impugnada en el sentido de que
entre las entidades públicas a las que puede retornar, después de 5 años, el docente destituido
por las causales previstas en los literales a), d), e), f), g) y h) del artículo 36 de la referida ley,
no se encuentran las que prestan servicio público docente. El destituido por las causales
previstas en los literales b) y c) del artículo 36, según establece la propia ley, no pueden
regresar al servicio público, en general. Este criterio de interpretación tiene alcance general y
resulta vinculante para todos los poderes públicos, de conformidad con los artículos 81 y 82 del
Código Procesal Constitucional.
Y, en segundo lugar, que la supuesta afectación del derecho fundamental a la igualdad
alegada por el recurrente, debe ser desestimada. Ello en vista de que el sentido interpretativo
del penúltimo párrafo del artículo 65 que pretendía ser utilizado como término de comparación,
no es constitucionalmente válido.
FALLO
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
1. Declarar INFUNDADA la demanda.
HA RESUELTO
2. De conformidad con los fundamentos 134 y 135 supra, interprétese el penúltimo
párrafo del artículo 65 de la Ley Nº 29062 en el sentido de que entre las entidades públicas a
las que puede retornar, después de 5 años, el docente destituido por las causales previstas en
los literales a), d), e), f), g) y h) del artículo 36 de la misma ley, no se encuentran las que
prestan servicio público docente. Este criterio de interpretación tiene alcance general y resulta
vinculante para todos los poderes públicos, de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código
Procesal Constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
UNIVERSIDADES
Sancionan con suspensión a ex Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Universidad Nacional del Callao
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RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE HONOR Nº 031-2008-TH-UNAC
Callao, 22 de Septiembre de 2008
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
El Tribunal de Honor, de la Universidad Nacional del Callao, en su sesión de trabajo de
la fecha; visto: El expediente administrativo Nº 110461, de instauración de Proceso
Administrativo Disciplinario al profesor Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Rectoral Nº784-2008-R, de fecha 18 de Julio 2008, se resolvió:
Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario al profesor Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE, por
presuntas faltas administrativas de carácter disciplinario, y notificado el 04.08.2008, conforme
es de verse del cargo que obra a folios 59 y 60 del expediente;
Que, en cumplimiento al inciso 2 de la acotada Resolución, se le ha formulado el pliego
de cargos, recibido el docente investigado el 12.09.2008; y con fecha 19.09.2008, el procesado
solicito se declare la PRESCRIPCIÓN administrativa de la falta imputada, a su vez cumple con
absolver el pliego de cargos;
Que, en lo que respecta a la PRESCRIPCIÓN, el Tribunal Constitucional, al expedir la
sentencia en el expediente Nº 844-96-AA/TC, caso OSWALDO GALLEGOS CHAVEZ, su fecha
27.10.1997, ha establecido JURISPRUDENCIA, el mismo que es vinculante, al establecer que
la AUTORIDAD COMPETENTE, de conformidad con el artículo 173 del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM, es la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, en el
presente caso el TRIBUNAL DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, por
lo que el cómputo del plazo de un (01) año, se inicia desde la fecha que este órgano Colegiado
tomó conocimiento de los hechos que motivaron el presente proceso administrativo
disciplinario;
Que, es más, el artículo 17 del Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, de fecha
19.04.2005, establece: El plazo de PRESCRIPCIÓN de la acción para el inicio de
procedimiento administrativo disciplinario es de tres (03) años contados desde la fecha en que
la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, en el presente
caso el Tribunal de Honor, toma conocimiento de la Comisión de la infracción; por dichos
fundamentos legales, la solicitud de de PRESCRIPCIÓN formulada por el procesado deviene
en INFUNDADA;
Que, habiéndose analizado exhaustivamente el descargo del profesor Dr. JUAN
CARLOS REYES ULFE, y los actuados en el expediente, se ha determinando que no ha
desvirtuado los fundamentos que dieron lugar al presente proceso administrativo, ha quedado
debidamente acreditado que ha incumplido el numeral 1.9 del Principio de Celeridad, previsto
en el artículo IV de la Ley Nº27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, al no haber
dado el debido trámite, en su condición de Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas,
a la solicitud de subvención económica del profesor CPC FELIX BONILLA RODRIGUEZ, por
más de 04 meses;
Que, por otro lado, está establecido, que ha incumplido el literal c) del artículo 177 de
las atribuciones y responsabilidades del Decano, previsto en el Estatuto de ésta Casa Superior
de Estudios que indica: Dirigir y supervisar las actividades académicas y administrativas de la
Facultad, de acuerdo con sus planes de desarrollo, funcionamiento y presupuesto anual
aprobados, por lo que es pasible de una sanción administrativa, conforme lo establece el
artículo 287 del citado estatuto;
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y el Reglamento de
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Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes y Estudiantes, aprobado por Resolución
de Consejo Universitario Nº 159-2003-CU, y demás normas pertinentes;
SE RESUELVE:
1. Artículo Primero.- DECLARAR INFUNDADA la solicitud de PRESCRIPCIÓN
formulada por el Profesor Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE, por los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.
2. Artículo Segundo.- IMPONER, la Sanción Administrativa de SUSPENSIÓN por el
periodo de treinta (30) días sin goce de haber, al profesor Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE,
Ex Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, por las faltas administrativas
establecidas en la parte considerativa.
3. Artículo Tercero.- Transcribir la presente Resolución al Señor Rector, Consejo
Universitario y las Dependencias Académicas y Administrativas de la Universidad, para
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrase, comuníquese y cúmplase.
ANGELICA DIAZ TINOCO
Presidente Tribunal de Honor 2008
JULIO CALDERON CRUZ
Secretario Tribunal de Honor 2008
Sancionan con separación del cargo de función docente a profesor de la Facultad de
Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao
RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE HONOR Nº 033-2008-TH-UNAC
Callao, 06 de octubre de 2008
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
El Tribunal de Honor, de la Universidad Nacional del Callao, en su sesión de trabajo de
la fecha; VISTO: Los expedientes acumulados Nº 119259, 119334 y 123591, y lo actuado,
respecto a la instauración de Proceso Administrativo Disciplinario del profesor Dr. JUAN
CARLOS REYES ULFE, de la Facultad de Ciencias Administrativos;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Rectoral Nº 924-08-R, de fecha 25.08.2008, se instauró proceso
administrativo disciplinario al profesor Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE, por presunto
abandono de puesto de trabajo por inasistencias injustificadas, habiéndosele notificado por
medio del Diario Oficial El Peruano, conforme es de verse de la publicación del día miércoles
10 de septiembre de 2008, y en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 de la acotada
Resolución, se le ha formulado el PLIEGO DE CARGOS, no habiéndose apersonado el
procesado a recabar el pliego de cargos, para la formulación de sus descargos, en el ejercicio
de su derecho a la defensa, por lo que se encuentra en situación de rebelde;
Que, de la evaluación de los actuados en el presente procedimiento investigatorio, se
desprende que el profesor procesado solicitó licencia sin goce de haber el 22.08.2007, por el
período comprendido del 01.09.2007 al 31.08.2008, en razón de habérsele designado para
cumplir las funciones del cargo de Presidente de la Comisión Implementadota de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de
Huacho. Seguidamente el 24.08.2008, solicitó la modificación de la licencia solicitada, con una
sin fecha de término, argumentando que la Resolución Nº 010-2007-AU-UH, por la que se le
designó en el cargo antes citado, no precisa la culminación de la misma;
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Que, obran en el expediente los Informes Legales de la Oficina de Asesoría Legal Nºs
652-2007-AL, 750-2007-AL y 610-2008-AL, que declara INFUNDADA, LA NO PROCEDENCIA
e IMPROCEDENTE respectivamente, la solicitud de licencia sin goce de haber, a partir del 01
de septiembre de 2007, formulado por el profesor procesado Dr. JUAN CARLOS REYES
ULFE, por las consideraciones de las mismas; consecuentemente no obra Resolución
Directoral alguna de la Oficina General de Administración de la Universidad Nacional del
Callao, de otorgamiento de licencia sin goce de haber a favor del procesado;
Que, el artículo 8 del Reglamento de Licencias Permisos y Vacaciones del personal
docente de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución Nº 134-96-CU,
establece en forma clara y precisa “la sola presentación de la solicitud de licencia no da
derecho al goce de la licencia. Si el docente se ausentará sin estar autorizado, sus ausencias
se considerarán como INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS, siendo pasible de las sanciones
tipificadas en el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento;
Que, siendo esto así, ha quedado establecida la INASISTENCIA INJUSTIFICADA a su
puesto de trabajo del profesor procesado Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE, a partir de
01.09.2007, continuando a la fecha, a su vez ha incumplido su deber previsto en el literal b) del
artículo 293 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, el que constituye falta grave de
carácter disciplinario previsto y sancionado en el literal k) del artículo 28 del Decreto Legislativo
Nº 276, por lo que es pasible de una sanción administrativa;
Que, el artículo 287 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, establece: Son
aplicables a los profesores las sanciones siguientes: Amonestación suspensión o separación
previo proceso administrativo, establecido en el Reglamento respectivo. Las inasistencias del
Proceso Administrativo son el Tribunal de Honor, Consejo de Facultad, Consejo Universitario, y
Consejo de Asuntos Contenciosos;
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y el Reglamento de
Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes y Estudiantes, aprobado por Resolución
de Consejo Universitario Nº 159-2003-CU, y demás normas pertinentes;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- IMPONER, la SANCION ADMINISTRATIVA DE SEPARACIÓN del
cargo de función docente al Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE, de la Facultad de Ciencias
Administrativas, de esta Casa Superior de Estudios, por los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente Resolución al Señor Rector, Consejo
Universitario y las Dependencias Académicas y Administrativas de la Universidad, para
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrase, comuníquese y cúmplase.
ANGELICA DIAZ TINOCO
Presidente Tribunal de Honor 2008
JULIO CALDERON CRUZ
Secretario Tribunal de Honor 2008
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Fe de Erratas
RESOLUCION JEFATURAL Nº 574-2008-J-OPE-INS
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Fe de Erratas de la Resolución Jefatural Nº 574-2008-JOPE/INS, publicada el día 4 de
diciembre de 2008.
DICE:
“Artículo 2.- Dar por concluida la designación de la Ing. Adelaida Pado Naccha…”
DEBE DECIR:
“Artículo 2.- Dar por concluida la designación de la Ing. Adelaida Prado Naccha…”
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Declaran nulidad de la Res. Nº 003-2008-CD-OSITRAN y disponen que Lima Airport
Partners S.R.L. aplique la tarifa establecida en la Res. Nº 053-2005-CD-OSITRAN,
correspondiente a los servicios de puentes de embarque en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, hasta la conclusión de procedimiento administrativo
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 059-2008-CD-OSITRAN
Lima, 3 de diciembre de 2008
El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público - OSITRAN;
VISTOS:
El Informe Nº 024-08-GRE-GAL-OSITRAN, Informe Nº 028-08-GRE-GAL-OSITRAN y
el Informe Nº 036-08-GRE-GAL-OSITRAN que recomiendan que se declare la Nulidad de la
Resolución Nº 003-2008-CD-OSITRAN (en los extremos referidos a la modificación del criterio
para determinar la metodología de cálculo del Beta y al criterio de tratamiento del Riesgo
regulatorio); y, en consecuencia, retrotraer el procedimiento administrativo hasta la etapa
inmediata posterior a la recepción de comentarios al proyecto de propuesta de revisión tarifaria,
con el fin de llevar a cabo la nueva audiencia pública correspondiente, en la que se deberá
sustentar los cambios de criterio introducidos.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-CD-OSITRAN de fecha
24 de enero del 2007, se declaró procedente el inicio del procedimiento administrativo para la
fijación de la tarifa aplicable al uso de puentes de embarque en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez (AIJCh);
Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 038-2007-CD-OSITRAN de fecha
27 de junio del 2007, se autorizó la prepublicación del Proyecto de Resolución con la propuesta
tarifaria de OSITRAN;
Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-08-CD-OSITRAN de fecha
10 de enero del 2008, se aprobó la Tarifa Máxima aplicable al uso de puentes de embarque en
el AIJCH;
Que, mediante Escrito S/N, Lima Airport Partners S.R.L. (LAP) de fecha 6 de febrero
del 2008, interpuso una solicitud de Nulidad contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-
08-CD-OSITRAN;
Que, AETAI con fecha 20 de febrero de 2008, presentó un Recurso de
Reconsideración en contra de la Resolución Nº 003-2008-CD-OSITRAN, la misma que fue
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 30 de enero de 2008;
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II. SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 003-2008-
CD-OSITRAN
1. El Concesionario señala que según el Artículo 44 del Reglamento General de Tarifas
(RETA) 1 , si el organismo regulador realiza modificaciones a los criterios, metodologías o
modelos económicos utilizados para sustentar la propuesta tarifaria, éstas deben publicarse en
la página web institucional y deben sustentarse en una Audiencia Pública Descentralizada.
2. En este contexto, LAP sostiene que “(…) OSITRAN no puede aprobar decisiones
normativas cuando no haya publicado o notificado el proyecto previamente a los interesados,
por lo que, tampoco podría, al momento de aprobar la decisión final, sustituir el proyecto,
aprobarlo en su contenido, dado que, se vaciaría de contenido la seguridad que se pretende
dar con la exigencia de prepublicación o notificación de los proyectos a los interesados. De
proceder así, el organismo regulador, los interesados no tendrían la oportunidad de conocer y
opinar previamente respecto de aquellos aspectos modificados o introducidos en la decisión
final, incumpliendo con su deber de transparencia y previsibilidad. Por ejemplo, si ningún
interesado planteara comentarios al proyecto de revisión tarifaria, la norma presume -como es
lógico- que debe entenderse que están de acuerdo con el Proyecto, pero que utilidad tendría
este consenso, si el regulador pudiera modificar lo prepublicado o notificado, aprobando otro
texto distinto”.
3. En opinión del Concesionario, en la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-08-CD-
OSITRAN “(…) el organismo regulador procedió a realizar cambios relacionados a los criterios
y metodología utilizados para sustentar la propuesta tarifaria, respecto al Proyecto de Revisión
Tarifaria aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 038-07-CD-OSITRAN de
fecha 27 de junio de 2007 (…)”.
4. De acuerdo a lo manifestado por LAP, dichos cambios estarían relacionados a los
siguiente temas:
* Metodología para el cálculo del beta. Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº
003-2008-CDOSITRAN, el regulador propuso una nueva metodología para la selección de la
muestra de aeropuertos para la estimación del beta, diferente a la utilizada en el Proyecto de
Revisión Tarifaria, así como a la propuesta del Concesionario.
* Tratamiento del Riesgo Regulatorio. Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº
003-2008-CDOSITRAN, OSITRAN no consideró la prima de Riesgo Regulatorio en el cálculo
del costo del capital, de manera independiente, argumentando que dicha prima estaría
incorporada en otro componente de éste último (Beta).
5. De esta manera, el Concesionario señala que “(…) atendiendo a que OSITRAN no
ha cumplido con los principios de Transparencia y Previsibilidad al emitir la Resolución de
Consejo Directivo Nº 003-2008-CDOSITRAN, el regulador debe declarar la nulidad de la
resolución citada, a efectos de que se proceda a retrotraer el procedimiento hasta la etapa de
Publicación del Proyecto de Propuesta de Revisión Tarifaria y se proceda a convocar respecto
de los mismos a Audiencia Pública”.
III. ANÁLISIS
III.1. Análisis de los requisitos de admisibilidad y procedencia
6. El Artículo 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 2 ,
LPAG, establece lo siguiente:
“Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
1 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2004-CD-OSITRAN y modificado
mediante Resolución Nº 082-2006-CD-OSITRAN.
2 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.
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11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la
presente Ley.
(…)”
7. En el presente caso, habiendo LAP solicitado se declare la nulidad de la Resolución
Nº 003-2008-CD-OSITRAN (de forma conjunta con su Recurso de Reconsideración), resulta
correctamente planteada tal nulidad, correspondiendo analizar, por consiguiente, si la
mencionada resolución adolece o no de algún vicio de nulidad insubsanable de acuerdo con el
ordenamiento jurídico.
III.2. Análisis de argumentos y cuestionamientos presentados para sustentar la
solicitud de declaración de nulidad de la Resolución Nº 003-2008-CD-OSITRAN
8. Con relación a su solicitud para que se declare la Nulidad de la Resolución Nº 003-
2008-CD-OSITRAN, LAP sostiene lo siguiente:
* OSITRAN procedió a realizar cambios relacionados a los criterios y metodologías
utilizados para sustentar la propuesta tarifaria, respecto del Proyecto de Revisión Tarifaria
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 038-2007-CD-OSITRAN. Según LAP,
dichos cambios serían los siguientes:
- Cambio en la metodología respecto del cálculo del Beta.
- Cambio en el criterio en cuanto al riesgo regulatorio.
* Dichos cambios o variaciones vulneran el procedimiento establecido en el Artículo 44
del RETA.
* En tal sentido, de acuerdo con lo establecido con los incisos 1 y 2 del Artículo 10,
concordante con el inciso 5 del Artículo 3 de la LAPG, debe declararse la nulidad de la
Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2008-CD-OSITRAN.
9. Al respecto, el Artículo 10 de la LPAG establece lo siguiente:
“Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los
siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o
derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los
requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten
como consecuencia de la misma.”
[Subrayado agregado]
10. Por su parte, el Artículo 3 de la referida norma legal, establece lo siguiente:
“Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
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Son requisitos de validez de los actos administrativos:
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio,
grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del
dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y
deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su
contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso,
posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las
normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir
mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a
favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de
normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción
al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.”
[El subrayado es nuestro]
11. Como se desprende de los artículos antes citados, si un acto administrativo ha sido
generado sin cumplir con alguno de los requisitos de validez, tales como órgano competente,
objeto o contenido, finalidad pública, motivación o procedimiento regular; el mismo deberá ser
declarado nulo, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que
se refiere el Artículo 14. Asimismo, serán declarados nulos, los actos administrativos que
contravienen o vulneran el ordenamiento jurídico nacional.
12. En tal sentido, corresponde analizar si la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-
2008-CD-OSITRAN que fija la Tarifa Máxima aplicable al uso de puentes de embarque en el
AIJCh, se encuentra inmersa en algunas de las causales antes descritas.
13. El Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas, Ley Nº 27838 3 , la misma que señala lo siguiente:
“Artículo 7.- Audiencias públicas
El Organismo Regulador está obligado, con anterioridad a la publicación de la
Resolución que fija tarifas reguladas, a realizar audiencias públicas descentralizadas en la cual
sustentarán y expondrán los criterios, metodología, estudios, informes, modelos económicos o
dictámenes que servirán de justificación en la fijación de las tarifas reguladas. De todo ello
quedará constancia en la parte considerativa de la referida Resolución.
El mismo trámite debe seguirse en aquellos casos en los cuales se haya producido una
variación en los criterios, metodología o modelos económicos utilizados.”
[Subrayado agregado]
14. Asimismo, el artículo 44 del RETA establece lo siguiente:
“Artículo 44.- Audiencia Pública Descentralizada
3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 4 de octubre de 2002.
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En la Audiencia Pública Descentralizada OSITRAN expondrá los criterios, metodología,
estudios, informes, modelos económicos o dictámenes, que hayan servido de base para la
propuesta de fijación o revisión de las Tarifas.
La Audiencia Pública Descentralizada se llevará a cabo con posterioridad a la
publicación de la propuesta de fijación o revisión tarifaria y antes de la emisión de la Resolución
que fije las Tarifas Máximas.
En caso OSITRAN considere necesario realizar un cambio en los criterios,
metodologías o modelos económicos utilizados para sustentar la propuesta tarifaria, deberá
publicar en la página web institucional la materia de dicho cambio con al menos diez (10) Días
de anticipación a la fecha de realización de la nueva Audiencia Pública Descentralizada que
deberá realizar con el fin de sustentar públicamente el cambio. La nueva Audiencia Pública
Descentralizada se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el presente
Capítulo”.
[Subrayado agregado]
15. Como puede advertirse de las normas antes citadas, si OSITRAN introduce
cambios en los criterios, metodologías o modelos económicos utilizados para sustentar la
propuesta tarifaria, deberá necesariamente hacer transparente la introducción de dichos
cambios, mediante la correspondiente publicación en la página Web institucional, con el fin de
que los legítimos interesados estén debidamente informados al respecto; antes de que se lleve
a cabo la nueva Audiencia Pública Descentralizada.
16. En tal sentido, una vez que OSITRAN establece la necesidad de cambiar, o los
criterios, o las metodologías o los modelos económicos utilizados para sustentar la propuesta
tarifaria, deberá motivar dichos cambios en la nueva publicación y sustentarlos en la nueva
audiencia pública, con el fin de que la integridad de la propuesta tarifaria que sea sometida a la
aprobación del Consejo Directivo haya sido sometida a los mecanismos de transparencia que
establece el RETA y la Ley Nº 27838.
17. Ahora bien, conviene precisar lo señalo por LAP en relación al Artículo 44 del
RETA. Al respecto, señala que la referida norma “restringe al organismo regulador la facultad
de realizar cambios en los criterios, metodologías o modelos económicos utilizados para
sustentar la propuesta tarifaria”. Asimismo, LAP señala que: “En tal sentido, en tanto tales
modificaciones no habrían obedecido a comentario alguno formulado por los administrados con
legítimo interés, se habría verificado los supuestos de nulidad establecidos en…”
18. Sobre el particular, es necesario aclarar que el Artículo 44 del RETA no prohíbe en
modo alguno a OSITRAN la posibilidad de introducir cambios luego de realizada la
prepublicación y la audiencia pública en la que se sustenta la propuesta tarifaria 4 .
19. En tal sentido, es perfectamente válido que OSITRAN introduzca cambios en la
propuesta tarifaria luego de la prepublicación y la audiencia pública en la que se sustenta la
propuesta tarifaria, sin embargo, conforme al Artículo 44 del RETA, es necesario llevar a cabo
un nuevo acto procedimental, con el fin de cumplir con la aplicación del principio de
Transparencia, cual es publicar los cambios y sustentarlos en una nueva audiencia pública.
20. De igual modo, debe desestimar por jurídicamente incorrecto, el argumento de la
empresa Concesionaria en el sentido que si el cambio introducido por OSITRAN no ha sido
solicitado por alguno de los legítimamente interesados, ello acarrea la nulidad de la propuesta,
4 El Artículo 44 del RETA señala lo siguiente:
“En caso OSITRAN considere necesario realizar un cambio en los criterios, metodologías o
modelos económicos utilizados para sustentar la propuesta tarifaria, deberá publicar en la
página web institucional la materia de dicho cambio con al menos diez (10) Días de
anticipación a la fecha de realización de la nueva Audiencia Pública Descentralizada que
deberá realizar con el fin de sustentar públicamente el cambio. (…).”
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pues dicha argumentación contraviene expresamente el texto y espíritu del Artículo 44 del
RETA.
III.2.1. Sobre el tema del Riesgo Regulatorio
21. El Informe de Revisión de la Tarifa por el Uso de Puentes de Embarque Versión 2
no consideró la prima por Riesgo Regulatorio de manera independiente en el cálculo del costo
del capital, dado que, según la literatura económica financiera y la práctica regulatoria
internacional, ésta se encuentra incluida en la prima por Riesgo País y el valor del Beta. En
otras palabras, considerar la prima de Riesgo Regulatorio de manera independiente en la
obtención del costo de capital, implicaría remunerar dos veces al Concesionario por el mismo
concepto.
III.2.2. Antecedentes sobre el tema del cálculo del beta
22. El Informe de Revisión de la Tarifa por el Uso de Puentes de Embarque Versión 2,
incluido en la relación de documentos que sustentan la Resolución de Consejo Directivo Nº
003-2008-CD-OSITRAN, señala que, en la medida en que se considera incorporado el Riesgo
Regulatorio en el Beta, el criterio de selección de la muestra debe consistir en elegir
aeropuertos (de administración o propiedad privada), regulados bajo el mecanismo de price
cap.
23. En atención a lo expuesto, la muestra estuvo conformada por el Grupo
Aeroportuario del Sureste Pacífico, BAA, Aeropuerto de Auckland y Aeropuerto de Viena 5 .
24. En tal contexto, el Beta apalancado determinado por OSITRAN para el AIJCh en el
Informe Versión 2 ascendió a 1,155.
III.2.3. Sobre la vulneración al procedimiento fijado en el RETA
25. A fin de determinar la existencia de una vulneración al procedimiento fijado en el
artículo 44 del RETA, corresponde establecer qué se entiende por metodologías, modelos
económicos o criterios.
26. Sobre el particular, si bien es cierto que el término “metodología” no está definido
en el RETA, dicho concepto es utilizado por dicho Reglamento en relación a los métodos o
mecanismos, que el Regulador podría considerar para la determinación o revisión de tarifas.
27. En concordancia con lo anterior, el Artículo 19 del RETA señala expresamente lo
siguiente:
“Artículo 19.- Metodología para la fijación y revisión tarifaria
Corresponde a OSITRAN establecer la metodología sobre la base de la cual se
realizará la propuesta de fijación y revisión tarifaria.
En el caso de iniciarse un procedimiento de fijación tarifaria la propuesta podrá
sustentarse en la aplicación de cualquiera de las metodologías listadas a continuación, las
mismas que tienen carácter meramente enunciativo.
1. Costos Incrementales
2. Costo Marginal de largo plazo
3. Costos Totalmente Distribuidos
4. Elasticidad Inversa o Precios Ramsey
5. Tarifación comparativa (Benchmarking)
6. Empresa Modelo Eficiente
5 La fuente utilizada fue Bloomberg (2007).
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En el caso de los procedimientos de revisión tarifaria, OSITRAN utilizará el método de
RPI-X, de acuerdo a la metodología descrita en el Anexo II.
Los conceptos y metodologías antes citadas se definen en los Anexos I y II que forman
parte integrante del presente Reglamento.
La aplicación de las metodologías a que hace referencia el presente artículo se
realizará en concordancia con el tipo de infraestructura y la naturaleza del servicio cuya tarifa
es materia de fijación o revisión.
En caso de iniciarse un procedimiento de revisión tarifaria con base a la metodología
de tarifas Tope o Máximas, la propuesta se sustentará en la aplicación del factor de
productividad. El factor de productividad se determinará para la industria portuaria o
aeroportuaria. Asimismo, se debe tomar en cuenta las economías de escala y el nivel de tráfico
de cada infraestructura. Para casos excepcionales o de revisión tarifaria por primera vez, o en
un contexto de industria poco consistente, la estimación del factor de productividad se realizará
sobre la base de la información brindada por la Entidad Prestadora involucrada en el
procedimiento de revisión tarifaria.
En aplicación de los principios de predictibilidad y de consistencia, OSITRAN deberá
garantizar la coherencia en la aplicación de las metodologías de fijación y de revisión de los
Sistemas Tarifarios. OSITRAN tomará en consideración las características que presentan las
infraestructuras públicas y privadas, su escala de operaciones, entre otros factores.
OSITRAN velará por que los Sistemas Tarifarios sean predecibles y uniformes para
cada tipo de infraestructura.”
28. Una breve lectura del Artículo 19 del RETA permite concluir que la modificación de
la muestra de cálculo del Beta, así como la inclusión de la prima por Riesgo Regulatorio en el
Riesgo País y el Beta, no califican propiamente como un cambio de “la metodología” utilizada
en la propuesta tarifaria, puesto que, tanto en el Proyecto de Resolución Tarifaria (Informe
Versión 1) como en la Resolución Tarifaria (Informe Versión 2), la metodología de tarificación
utilizada por el Regulador fue la correspondiente a “costos incrementales”.
29. Con relación al supuesto de cambio de “modelo económico”, aún cuando el RETA
no define dicha expresión, es necesario mencionar, sin embargo, que una breve revisión de los
textos de microeconomía o macroeconomía, básico o avanzado, permiten definir este término.
30. Por ejemplo, el Profesor Hal R. Varian 6 menciona que “la economía se basa en la
construcción de modelos de los fenómenos sociales. Entendemos por modelo una
representación simplificada de la realidad. El término importante de esta definición es la
palabra “simplificada”. Piénsese en lo inútil que sería un mapa hecho a escala 1: 1. Lo mismo
ocurre con un modelo económico que intente describir todos los aspectos de la realidad. El
poder de un modelo se deriva de la supresión de los detalles irrelevantes, que permite al
economista fijarse en los rasgos esenciales de la realidad económica que intenta comprender.”
31. En otras palabras, el objetivo de un modelo es explicar, mediante un conjunto
limitado de variables, un determinado fenómeno social, económico o financiero. Un ejemplo de
modelo económico es Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), que se constituye
en la base para calcular el costo promedio ponderado del capital, establecido expresamente en
el Anexo I del RETA.
32. Como se ha mencionado en la sección anterior, la modificación de la muestra de
cálculo del Beta, así como la inclusión de la prima por Riesgo Regulatorio en el Riesgo País y
el Beta, fueron realizadas dentro del marco conceptual establecido por el CAPM, por lo que no
calificarían como una modificación de los modelos económicos utilizados en la propuesta
tarifaria. Tanto en el Proyecto de Resolución Tarifaria (Informe Versión 1) como en la
6 Varian, Hal R. (1987). “Microeconomía Intermedia. Un Enfoque Actual. Quinta Edición. Antoni
Bosch Editor.
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Resolución Tarifaria (Informe Versión 2), el modelo económico considerado para el cálculo del
costo promedio ponderado del capital fue el CAPM.
33. Sin embargo, respecto a los “criterios”, que son el tercer supuesto de cambios a los
que alude el Artículo 44 del RETA, dado que dicha norma no los define expresamente, se
recurrirá al significado exacto de la palabra, señalado en el Diccionario de la Lengua Española 7 .
Dicho significado es: “norma para conocer la verdad”. En otras palabras, los criterios son juicios
o discernimientos que deben seguirse para distinguir algo de otra cosa, señalando las
diferencias que existen entre ambas, es una regla o condición en la que se puede basar una
decisión o juicio de valor.
34. Al respecto, las categorías “administración o propiedad privada” y “administración o
propiedad privada, y regulación bajo price cap”, efectivamente constituyen “criterios” de
selección de los aeropuertos que conformarán la muestra de cálculo del Beta. De la misma
manera, la inclusión de la prima por Riesgo Regulatorio en la fórmula de cálculo del costo
promedio del capital de manera independiente, y la inclusión de la prima de Riesgo Regulatorio
en el Riesgo País y el Beta, constituyen criterios para determinar el valor del primer concepto.
35. En tal virtud, la modificación de la muestra de cálculo del Beta, así como la
inclusión de la prima por Riesgo Regulatorio en el Riesgo País y el Beta, sí califican como
“cambios en los criterios” utilizados para el cálculo del costo del capital, en el Proyecto de
Resolución Tarifaria, respecto de la Resolución Tarifaria aprobada.
36. Como consecuencia de lo anterior, es necesario señalar que sí se realizó
variaciones a algunos de “los criterios” utilizados en la determinación de la tarifa por el servicio
de uso de puentes de embarque en el AIJCh (específicamente en aquellos relacionados al
cálculo del costo del capital).
37. Asimismo, se debe señalar que la modificación de los referidos criterios, que
sustentan el Proyecto de Resolución Tarifaria, no fueron publicadas en la página Web
institucional, ni fueron materia de una nueva Audiencia Pública Descentralizada de realización
posterior, por lo que se debe concluir que efectivamente no se cumplieron las disposiciones del
procedimiento regular, establecidas para el caso en el Artículo 44 del RETA.
38. En tal sentido, el incumplimiento señalado anteriormente configura una de las
causales de nulidad del procedimiento administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 10
de LAPG, específicamente la contenida en el inciso 2, según la cual el defecto o la omisión de
algún requisito de validez, en este caso el procedimiento, es un vicio que produce la nulidad de
pleno derecho del acto administrativo (en el caso bajo análisis se trata de la Resolución de
Consejo Directivo Nº 003-2008-CD-OSITRAN), no evidenciándose ninguno de los supuestos de
conservación del acto establecido en el artículo 14 de la LPAG 8 .
7 Aunque el Concesionario se ha opuesto a estas referencias en oportunidades anteriores.
8 “Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez,
no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la
propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la
motivación.
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento,
considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el
sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el
debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo
hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.
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III.2.4. Sobre los efectos de la declaración de nulidad
39. Como quiera que la declaración de nulidad de la Resolución Nº 003-2008-CD-
OSITRAN, se refiere únicamente a dos extremos de la resolución: a) El extremo vinculado con
la metodología para la determinación del Beta; y, b) El extremo vinculado con el criterio de
tratamiento del riesgo regulatorio; como consecuencia de la declaración de nulidad, el
procedimiento administrativo se deberá retrotraer al momento anterior a la comisión de la
trasgresión del procedimiento regular, en este caso, hasta la etapa inmediata posterior a la
recepción de comentarios al proyecto de propuesta de revisión tarifaria, con el fin de llevar a
cabo la nueva audiencia pública correspondiente, en la que se deberá sustentar los cambios de
criterio introducidos 9 .
40. En tal virtud, OSITRAN deberá publicar en la página web institucional los cambios a
que se ha hecho referencia, y mediante Resolución del Consejo Directivo, (publicada en el
Diario Oficial El Peruano), convocar a la nueva audiencia pública correspondiente, para efectos
de sustentar los cambios y permitir a los legítimos interesados, formular los comentarios y
observaciones que estimen pertinentes.
41. Asimismo, dado que el procedimiento administrativo se retrotraerá al momento de
publicación de la propuesta en la web institucional y realización de la nueva audiencia pública,
es necesario tomar en cuenta que estaremos siempre dentro del mismo procedimiento
administrativo, por lo que en la audiencia pública que se lleve a cabo, los legítimos interesados
sólo podrán presentar comentarios u observaciones respecto de los cambios de criterio a que
se ha hecho referencia (metodología para la determinación del Beta y tratamiento del riesgo
regulatorio), y no respecto de otros extremos de la resolución, cuya fecha para poder observar
venció el 6 de febrero del año 2008, fecha en la que vencía la fecha para remitir a OSITRAN
los comentarios y observaciones respecto de la primera prepublicación realizada.
42. Asimismo, los legítimos interesados deberán tomar en cuenta lo establecido
mediante Artículo 214 de la LPAG:
“Artículo 214.- Alcance de los recursos
Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento
administrativo y nunca simultáneamente.”
43. En tal virtud, una vez que se cumpla con el procedimiento regular y posteriormente
se emita la Resolución fijando la tarifa del servicio de puentes de abordaje, la facultad de
contradicción (en este caso, la interposición del correspondiente recurso de reconsideración),
sólo podrá estar referida a los extremos que fueron materia de la segunda publicación y nueva
audiencia pública.
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien
emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su
ejecución.”
[Subrayado agregado]
9 En concordancia con lo establecido en los Artículos 12 y 13 de la LAPG, los cuales prescriben
lo siguiente:
“Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto,
salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.
(…)
Artículo 13.- Alcances de la nulidad
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén
vinculados a él.
13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que
resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la
producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición
legal en contrario. (…)”
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44. Como quiera que se retrotraerá el procedimiento administrativo hasta la etapa
inmediata posterior a la recepción de comentarios al proyecto de propuesta de revisión tarifaria,
con el fin de llevar a cabo la nueva audiencia pública correspondiente; deberá aplicarse la tarifa
establecida mediante Resolución Nº 053-2005-CD-OSITRAN, hasta la conclusión del presente
procedimiento administrativo.
III.2.5. Sobre algunas consideraciones respecto de los alcances del Artículo 44
del RETA
45. En el presente caso, se ha identificado que los cambios de criterios introducidos por
OSITRAN después de la Audiencia Pública Descentralizada (respecto al tratamiento del riesgo
regulatorio y a la metodología para el cálculo del Beta), fueron cambios que generaban la
obligación de publicar éstos en la página web institucional, y sustentarlos en una nueva
audiencia pública.
46. Sin embargo, con el fin de velar por una correcta aplicación del RETA, así como de
un ejercicio adecuado y viable de la función reguladora de OSITRAN, consideramos necesario
tomar en cuenta que la obligación a que alude el Artículo 44 del RETA, así como el último
párrafo del Artículo 7 de la Ley Nº 27838, se refiere únicamente a los cambios introducidos en
los criterios, metodología o modelos económicos que sustentan la propuesta tarifaria.
47. Al respecto, cualquier cambio que pueda realizar OSITRAN no referido a los
“criterios, metodología o modelos económicos que sustentan la propuesta tarifaria”, no podrán
ser invocados por los legítimos interesados en los procedimientos administrativos de fijación de
tarifas, para efectos de que previamente a su aprobación, se publiquen en el web institucional y
lleve a cabo una nueva audiencia pública; solicitando se declare la nulidad de los actos
administrativos correspondientes, si es que OSITRAN no lo hace.
48. En ese orden de ideas, es necesario considerar que no califican como los cambios
a los que alude el Artículo 44 del RETA (que generan la obligación de publicación y
sustentación en una nueva Audacia Pública Descentralizada), las actualizaciones que realice
OSITRAN de la data asociada a la metodología inicialmente seleccionada 10 . En esta línea, no
constituyen cambios referidos a la aplicación del Artículo 44 del RETA, por ejemplo, los
siguientes:
a) Considerar proyecciones de demanda actualizadas;
b) Considerar índices de ocupación/utilización de infraestructuras o instalaciones,
basados en información definitiva al momento de tomar la decisión regulatoria;
c) Considerar el Tipo de Cambio realizado de o a un determinado período;
d) Considerar cálculo actualizado de intereses, en base a tasas de interés realizadas;
e) Incluir más ítems en una muestra (siempre que sea dentro el mismo criterio de
selección de la misma).
49. De acuerdo a lo anterior, ejemplos de lo que sí calificaría como un cambio;
válidamente realizable, sólo si se cumple con publicarlos y llevar a cabo la nueva Audiencia
Pública en la que OSITRAN lo sustente, son los siguientes:
a) Variar la metodología de fijación tarifaria utilizada (por ejemplo, costo incremental por
benchmarking);
b) Variar la metodología utilizada para determinar uno de los componentes de la
fórmula tarifaria que se ha prepublicado, porque eso implica un cambio en la propuesta;
10 Las cuales debe realizarse con el fin de que la propuesta tarifaria se base en la mejor calidad
de información disponible. propuesta;
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c) Variar modelos económicos utilizados en la
d) Variar los criterios de selección de la muestra.
50. Como quiera que las consideraciones precedentes se refieren a los alcances del
Artículo 44 del Reglamento General de OSITRAN (REGO), es de aplicación lo establecido en el
Artículo 82 del Reglamento General de OSITRAN 11 :
“Artículo 82.- Publicación de Decisiones y Jurisprudencia Administrativa del OSITRAN.
Las resoluciones que dicten los ÓRGANOS DEL OSITRAN que al resolver casos
particulares interpreten de manera expresa y general el sentido de las normas y
regulaciones, constituirán precedente de observancia obligatoria en materia
administrativa, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente
motivada. Tal publicación en el Diario Oficial El Peruano, procederá una vez que quede
firme la resolución correspondiente.
Los Reglamentos Autónomos, las disposiciones de carácter general, las directivas de
carácter particular y aquellas que se consideren de importancia para proteger el interés de los
USUARIOS serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano.”
[El subrayado es nuestro]
51. En consecuencia, interpretando los alcances del Artículo 44 del RETA, es
conveniente declarar precedente de observancia obligatoria lo siguiente:
“No constituyen cambios de los criterios, metodologías o modelos económicos
utilizados para sustentar una propuesta tarifaria, a los que alude el Artículo 44 del RETA, los
casos en los que OSITRAN:
a) Considerar proyecciones de demanda actualizadas;
b) Considerar índices de ocupación/utilización de infraestructuras o instalaciones,
basados en información definitiva al momento de tomar la decisión regulatoria;
c) Considerar el Tipo de Cambio realizado de o a un determinado período;
d) Considerar cálculo actualizado de intereses; basado en información de tasas de
interés definitivas
e) Incluir más ítems en una muestra (siempre que sea dentro el mismo criterio de
selección de la misma).
f) Otros de la misma naturaleza.
Si constituyen cambios a los que alude el Artículo 44 del RETA, los casos en los que
OSITRAN:
a) Variar la metodología de fijación tarifaria utilizada (por ejemplo, costo incremental por
benchmarking);
b) Variar la metodología utilizada para determinar uno de los componentes de la
fórmula tarifaria que se ha prepublicado, porque eso implica un cambio en la propuesta;
c) Variar modelos económicos utilizados en la propuesta;
d) Variar los criterios de selección de la muestra.
11 probado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y modificado mediante Decreto
Supremo Nº 057-2006-PCM.
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e) Otros de la misma naturaleza.”
POR LO EXPUESTO, En mérito de las funciones previstas en Literal b) del Numeral
7.1 del Artículo 7 de la Ley Nº 26917, el Literal b) del Numeral 3.1 del Artículo 3 de la Ley Nº
27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, y el Artículo 27 del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por el D.S. Nº 044-
2006-PCM, estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 03 de
diciembre del año 2008, y sobre la base del Informe Nº 024-08-GRE-GAL-OSITRAN, Informe
Nº 028-08-GRE-GAL-OSITRAN e Informe Nº 036-08-GRE-GAL-OSITRAN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar la Nulidad de la Resolución Nº 003-2008-CD-OSITRAN (en los
extremos referidos a la modificación del criterio para determinar la metodología de cálculo del
Beta y al criterio de tratamiento del Riesgo regulatorio); y, en consecuencia, retrotraer el
procedimiento administrativo hasta la etapa inmediata posterior a la recepción de comentarios
al proyecto de propuesta de revisión tarifaria, con el fin de llevar a cabo la nueva audiencia
pública correspondiente, en la que se deberá sustentar los cambios de criterio introducidos.
Artículo 2.- Disponer que la empresa Lima Airport Partners S.R.L. aplique la tarifa
establecida en el Artículo 2 de la Resolución Nº 053-2005-CD-OSITRAN, correspondiente a los
servicios de puentes de embarque en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hasta la
conclusión del procedimiento administrativo para la fijación de la tarifa aplicable al referido
servicio.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución, el Informe Nº 024-08-GRE-GAL-
OSITRAN, Informe Nº 028-08-GRE-GAL-OSITRAN y el Informe Nº 036-08-GRE-GAL-
OSITRAN a la empresa Lima Airport Partners S.R.L.
Artículo 4.- Autorizar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El
Peruano y en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directivo
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Declaran desafectación de dominio público de predio ubicado en el distrito de San Juan
de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a fin de que se incorpore al dominio
privado del Estado
San Isidro, 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION Nº 147-2008-SBN-GO-JAD
JEFATURA DE ADJUDICACIONES
Visto, el Expediente Nº 187-2008/SBNJAD en el que se sustenta la desafectación de
dominio público del predio de 400,00 m² correspondiente al denominado Lote COR del Pueblo
Joven Pamplona Alta, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, provincia y
departamento de Lima;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en mérito a la Ley Nº
29151, Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y Decreto Supremo Nº 004-2007-VIVIENDA,
es el Organismo Público Descentralizado, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y
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Saneamiento, siendo el Ente Rector responsable de normar los actos de disposición,
administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos
respecto de los bienes cuya administración está a su cargo y tiene como finalidad buscar el
aprovechamiento económico de los bienes del Estado en armonía con el interés social;
Que, el Estado es propietario del predio de 400,00 m² correspondiente al denominado
Lote COR del Pueblo Joven Pamplona Alta, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Nº P03057345 del Registro de Predios
de Lima y con Registro Nº 4015 del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales -
SINABIP, correspondiente al departamento de Lima;
Que, el citado predio es un lote destinado a Oficina de Correos del Pueblo Joven
Pamplona Alta, por lo que de conformidad con el literal a), numeral 2.2 del artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, constituye un bien de dominio público;
Que, mediante título de fecha 4 de agosto de 1998, la Comisión de Formalización de la
Propiedad Informal (hoy Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI)
afectó en uso el predio antes descrito a favor del ex-Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, para que lo destine al desarrollo específico de sus
funciones;
Que, mediante Resolución Nº 193-2004/SBN-GOJAR, de fecha 30 de noviembre de
2004, se aprobó la renuncia a la afectación en uso del referido predio formulada por el
entonces Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, resumiendo el
Estado su administración;
Que, el artículo 43 del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, establece que la
desafectación de un bien de dominio público, al dominio privado del Estado procede cuando
haya perdido la naturaleza o condición apropiada para su uso público o para prestar un servicio
público, y será aprobada por la SBN, de acuerdo con sus respectivas competencias;
Que, de acuerdo a reiteradas inspecciones técnicas efectuadas por personal de esta
Superintendencia se ha verificado que en el predio existe una pequeña construcción de un piso
en estado de abandono y parcialmente cuenta con un cerco perimetral constituido por plantas,
por lo que podemos concluir que no cumple un uso público o servicio público;
Que, estando a lo expuesto en el Informe Técnico Legal Nº 0475-2008/SBN-GO-JAD,
de fecha 1 de diciembre de 2008 corresponde declarar la desafectación de dominio público del
citado predio;
Que, de acuerdo a lo señalado en el literal l) del artículo 41 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales, aprobado mediante
Resolución Nº 315-2001/SBN, de fecha 3 de setiembre de 2001, corresponde a la Jefatura de
Adjudicaciones, emitir como primera instancia, las Resoluciones de su competencia, de
conformidad con la normatividad vigente;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA, Decreto Supremo Nº 004-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo Nº 131-2001-EF,
Resolución Nº 315-2001/SBN y Resolución Nº 052-2008/SBN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declárese la desafectación de dominio público del predio de 400,00 m²
correspondiente al denominado Lote COR del Pueblo Joven Pamplona Alta, ubicado en el
distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Nº
P03057345 del Registro de Predios de Lima, a fin que se incorpore al dominio privado del
Estado.
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Artículo 2.- Por el mérito de la presente Resolución, la Zona Registral IX - Sede Lima
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos procederá a inscribir la
desafectación dispuesta en el artículo precedente. Regístrese y publíquese.
FRANCO SORIA PALACIOS
Jefe de Adjudicaciones
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Establecen la forma, plazo y condiciones en que se emitirán los Certificados de
Residencia para la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión tributaria, y señalan los Estados que cuentan con sistemas de verificación en
línea con los cuales el Perú ha celebrado dichos convenios
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 230-2008-SUNAT
Lima, 12 de diciembre de 2008
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 090-2008-EF establece que el agente de
retención del Impuesto a la Renta por rentas pagadas o acreditadas a sujetos residentes en un
Estado con el cual el Perú ha celebrado un convenio para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión tributaria, o en general, de cualquier impuesto al que sea aplicable dicho convenio,
deberá sustentar el otorgamiento de beneficios previstos en el mismo, únicamente con el
Certificado de Residencia entregado por el sujeto residente en ese Estado, el cual deberá ser
emitido por la entidad competente de dicho Estado;
Que asimismo el citado artículo dispone que cuando la entidad competente para la
emisión del Certificado de Residencia posea un sistema de verificación en línea, el agente de
retención deberá comprobar su autenticidad; y que para tal efecto, mediante resolución de
superintendencia, la SUNAT señalará los Estados que cuenten con sistemas de verificación en
línea con los cuales el Perú ha celebrado un convenio de ese tipo;
Que el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 090-2008-EF establece que el Certificado de
Residencia emitido en el Perú tiene por finalidad acreditar la calidad de residente de un
contribuyente en dicho Estado; y que será otorgado previa solicitud del contribuyente o de su
representante legal. Añade que la SUNAT establecerá la forma, plazos y condiciones en que se
emitirá dicho certificado;
En uso de las facultades conferidas por los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 090-
2008-EF, el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501 y el inciso q) del artículo 19 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº
115-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución se entenderá por:
1. CDI : Al convenio para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión
tributaria.
2. Certificado de : Al Certificado emitido en el
Residencia
Perú, que tiene por finalidad
acreditar la calidad de residente
en este país.
3. Certificado de : Al Certificado de Movimiento
Movimiento
Migratorio expedido por
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Migratorio
la Dirección General de
Migraciones y Naturalización.
4. RUC : Al Registro Único de
Contribuyentes.
5. SUNAT : A la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria.
Artículo 2.- SUJETOS QUE PUEDEN SOLICITAR LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO
DE RESIDENCIA
Pueden solicitar la emisión del Certificado de Residencia, aquellos sujetos inscritos en
el RUC que necesiten acreditar su condición de residentes en el Perú, conforme a las
disposiciones previstas en los CDI, para hacer efectiva la aplicación de los beneficios
establecidos en tales convenios.
Artículo 3.- FORMA DE PRESENTAR LA SOLICITUD
La solicitud será presentada a través del formulario físico “SOLICITUD DE EMISIÓN
DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA EN EL PERÚ” que forma parte integrante de esta
resolución, el cual podrá ser fotocopiado para su utilización. Dicho formulario también podrá ser
descargado de SUNAT Virtual, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolución. Para tal efecto, se entiende por SUNAT Virtual al Portal de la SUNAT en la Internet,
cuya dirección electrónica es: http://www.sunat.gob.pe.
En caso la solicitud sea entregada por un tercero, además se deberá consignar los
datos referidos a este, señalados en el formulario físico anexo a esta resolución, y presentar
una fotocopia del documento de identidad del solicitante o el representante legal, y del tercero.
Artículo 4.- LUGAR PARA PRESENTAR LA SOLICITUD
La solicitud se presentará en los lugares que a continuación se indican:
a) Los Principales Contribuyentes Nacionales, en la Intendencia de Principales
Contribuyentes Nacionales.
b) Los contribuyentes a cargo de la Intendencia Regional Lima, de acuerdo a lo
siguiente:
b.1) Los Principales Contribuyentes, en las dependencias encargadas de recibir sus
Declaraciones Pago o en los Centros de Servicios al Contribuyente ubicados en la Provincia de
Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.
b.2) Para otros contribuyentes, en los Centros de Servicios al Contribuyente a los que
se hace referencia en el acápite anterior.
c) Los contribuyentes a cargo de las demás Intendencias Regionales u Oficinas
Zonales, en la dependencia de la SUNAT de su jurisdicción o en los Centros de Servicios al
Contribuyente correspondientes.
Artículo 5.- EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
El acto que resuelve la solicitud de los sujetos comprendidos en el artículo 2, deberá
ser notificado en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de
recibida dicha solicitud.
Tratándose de contribuyentes personas naturales, sociedades conyugales que optaron
por tributar como tales y sucesiones indivisas, el referido plazo será de aplicación, siempre que
adjunten a la solicitud el Certificado de Movimiento Migratorio de la persona natural solicitante,
del cónyuge domiciliado o del causante, según corresponda.
En caso contrario, si aquellos no adjuntan a la solicitud el Certificado de Movimiento
Migratorio, el acto deberá ser notificado en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles
contados desde el día siguiente de recibida la solicitud. En caso se resuelva la solicitud a favor
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del contribuyente, el Certificado de Residencia le será entregado en la misma dependencia o
Centro de Servicios al Contribuyente en el que presentó su solicitud.
De no resolverse la solicitud en los plazos antes señalados, según corresponda, el
contribuyente podrá interponer el recurso de reclamación dando por denegada su solicitud.
Artículo 6.- CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA
El Certificado de Residencia deberá contener la siguiente información:
a) Número de certificado.
b) Datos del residente a quien se otorgará el certificado:
i) Nombre o denominación o razón social.
ii) Número de RUC.
iii) Tipo de contribuyente (persona natural o persona jurídica).
iv) Domicilio fiscal.
c) País donde se presentará el certificado.
d) Período por el cual se solicita la certificación.
e) Período de vigencia del certificado.
f) Fecha de emisión.
g) Firma y sello del funcionario competente.
Artículo 7.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA
El Certificado de Residencia tendrá un plazo de vigencia de cuatro (04) meses
contados a partir de la fecha de su entrega al contribuyente.
Artículo 8.- ESTADO CON EL CUAL EL PERÚ HA CELEBRADO UN CDI QUE
CUENTA CON UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN EN LÍNEA
Para efecto de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo Nº
090-2008-EF, téngase en cuenta que, a la fecha, el Estado Chileno posee un sistema de
verificación en línea de los certificados de residencia que emite, a fin que el agente de
retención compruebe la autenticidad de dichos certificados. La dirección electrónica a través de
la cual se puede acceder a dicho sistema de verificación es: http://www.sii.cl.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- La presente Resolución entrará en vigencia el 1 de enero de 2009.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GRACIELA ORTIZ ORIGGI
Superintendente Nacional
(*) Ver gráfico publicado en el Diario Oficial “El Peruano” de la fecha.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Reconocen labor de miembros del Consejo Nacional del Catastro del SNCP y de los
representantes alternos en los trabajos realizados por la Secretaría Técnica del SNCP
Lima, 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION Nº 04-2008-SNCP-CNC
VISTO, el Oficio Nº 0146-2008/SNCP/ST de fecha 11 de diciembre de 2008 de la
Secretaria Técnica del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial - SNCP,
mediante el cual eleva a la Presidencia del SNCP el acuerdo de los miembros del Consejo
Nacional de Catastro - CNC, celebrado en la quinta sesión del CNC, respecto a la elaboración
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y publicación de la Resolución de felicitación y agradecimiento a los miembros del Consejo
Nacional de Catastro y del Equipo Técnico-Legal de la Secretaría Técnica del SNCP, por los
trabajos realizados en el presente ejercicio, tales como las Políticas y Principios Catastrales del
SNCP, las Tolerancias Catastrales y Registrales y el Proyecto del Plan Nacional de Catastro,
los cuales por la importancia que revisten, constituyen un aporte valioso y sin precedentes en
beneficio de las Entidades Generadoras de Catastro y de los usuarios del mismo a nivel
nacional, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28294, se creó el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
vinculación con el Registro de Predios - SNCP, con la finalidad de regular la integración y
unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes Entidades
Generadoras de Catastro en el país, a efectos de consolidar la información catastral y las
características de los predios y/o derechos sobre éstos;
Que, de conformidad con los incisos d) y f) del artículo 8 de la Ley Nº 28294, es
facultad del Consejo Nacional de Catastro, aprobar las normas técnicas requeridas para la
integración catastral y su vinculación con el Registro de Predios, así como establecer los
estándares y especificaciones técnicas para la formulación, actualización y mantenimiento de la
información catastral;
Que, los Conversatorios y Talleres de capacitación técnico-catastral a cargo de la
Secretaría Técnica del SNCP, realizados a nivel nacional durante el año 2008, han permitido
brindar capacitación técnica catastral a los profesionales de las oficinas de catastro de las
Municipalidades Provinciales y Distritales del país, habiendo sido de mucha importancia para
difundir la normativa del Sistema Nacional de Información Catastral Predial;
Que, en la Sesión Nº 05 del CNC, celebrada el miércoles 10 de diciembre de 2008, los
miembros del Consejo Nacional de Catastro, luego de la evaluación de las actividades
desarrolladas por la Secretaría Técnica durante el presente año 2008, aprobaron por
unanimidad la emisión y publicación de la resolución de agradecimiento y felicitación a los
miembros del Consejo Nacional de Catastro y del Equipo Técnico-Legal de la Secretaría
Técnica del SNCP, por los trabajos transcendentales en materia catastral realizados en el
transcurso del presente año,
Que, estando a lo acordado y de conformidad con lo dispuesto;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Agradecer y felicitar a los miembros del Consejo Nacional de Catastro del
Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial - SNCP, así como a los
representantes alternos por su valiosa labor y cooperación en los trabajos realizados por la
Secretaría Técnica del SNCP:
- Dr. Alvaro Delgado Scheelje, Superintendente Adjunto de la SUNARP.
- Dr. Omar Quezada Martínez, Director Ejecutivo de la Organización de Formalización
de la Propiedad Informal.
ICL.
- Ing. Manuel Barrantes Rangel, Presidente Ejecutivo del Instituto Catastral de Lima -
Ing. Rosaura Virhuez Morán, Representante alterno del ICL.
- Sr. Vladimiro Huaroc Portocarrero, Presidente del Gobierno Regional de Junín.
- Eco. Jorge Luis Villanueva Carbajal, Superintendente Nacional de Bienes Estatales
- SBN.
Ing. Miguel Sherón Sánchez, Representante alterno de SBN.
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- Dr. Cesar Acuña Peralta, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo y
Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú.
Ing. Miguel Ángel López Lozano, funcionario de la Municipalidad Provincial de San
Martín, representante del AMPE.
- Gral. de División Ing. Carlos Alfonso Tafur Ganoza, Jefe del instituto Geográfico
Nacional - IGN.
My. Ing. Ciro Sierra Farfán, representante alterno del IGN.
- Ing. Jaime Chávez Riva Galvez, Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET.
- Ing. Henry Luna Córdova, representante alterno del INGEMMET.
- Dra. María Remuzgo Gamarra, representante alterno del INGEMMET.
Artículo 2.- Agradecer y felicitar a la Secretaria Técnica del Sistema Nacional
Integrado de Información Catastral Predial y a los integrantes del Equipo Técnico-Legal por su
valiosa labor en la preparación y elaboración de los trabajos técnico-catastral, desarrollados en
el presente ejercicio:
- Dra. Carmen Gisell Alviteres Arata, Secretaria Técnica del Sistema Nacional
Integrado de Información Catastral Predial - SNCP.
- Ing. Juan Fernando Arias Azabache, funcionario de la SUNARP.
- Dr. Remigio Rojas Espinoza, funcionario de la SUNARP-ZR Nº IX-Sede Lima.
- Ing. Gladys Rojas León, funcionaria de la SUNARP-ZR Nº IX-Sede Lima.
- Dra. Isabel Bautista Ibañez, funcionaria de la SUNARP-ZR Nº IX-Sede Lima.
- Ing. Abel Alarco Basaldúa, funcionario de COFOPRI
- Dr. Erick Daniel Romero Mallqui, funcionario de COFOPRI
- Dra. Olinda Vasquez Lora, funcionario de COFOPRI
- Ing. Bill Peña Fernández, funcionario de COFOPRI
- Ing. William Valverde Valverde, funcionario del INGEMMET
- Dr. Carlos García Wong, funcionario de SBN
- Arq. Gina Pardo Hidalgo, funcionario del ICL
- Arq. Silvia Rivas Del Mar funcionario de la Municipalidad de Miraflores.
- Ing. David Albujar Mesta funcionario de la Municipalidad de Miraflores
- Cap. Ing. Agapito Julca Lescano, funcionario del IGN.
- Ing. Ernesto Lazo Robles, Jefe de Catastro de la Zona Registral Nº II
- Arq. Jorge Siccha Siccha, Jefe de Catastro de la Zona Registral Nº V
- Ing. Nilton Paredes López, Jefe de Catastro de la Zona Registral Nº X
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA DELIA CAMBURSANO GARAGORRI
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Presidenta del Consejo Nacional
de Catastro del SNCP
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP
Declaran de nulidad del ítem Nº 1 de la Licitación Pública Nº 010-2008-ZRLIMA
RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Nº 329-2008-SUNARP-SN
Lima, 11 de diciembre de 2008
Visto el Oficio Nº 2269-2008-SUNARP-ZR Nº IX-GAF/JEF suscrito por el Jefe de la
Zona Registral Nº IX-Sede Lima; el Informe Nº 020-2008-SUNARP-Z.R. Nº IX/OL/GAF; y el
Informe Legal emitido por la Gerencia Legal de la Sede Central de la SUNARP; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo expuesto en el oficio Nº 2269-2008-SUNARP-ZR Nº IX-GAF/JEF
y en el Informe Nº 020-2008-SUNARP-Z.R. Nº IX/OL/GAF, en la Licitación Pública Nº 010-
2008-ZRLIMA, compra corporativa facultativa para la adquisición de software y licencias, se ha
detectada que “la Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz, a través de la Unidad Ejecutora 004
SUNARP -Sede Trujillo no incluyó en su PAAC 2008, el proceso correspondiente a Software de
Oficina”;
Que, tal como se advierte del expediente de contratación, el ítem Nº 1 (170 licencias de
Software de Oficina) tiene un valor referencial de S/. 317,719.11 nuevos soles; de los cuales 2
licencias del referido software corresponden a la Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz,
perteneciente a la Unidad Ejecutora Nº 004;
Que, de acuerdo a la legislación vigente, bajo sanción de nulidad, antes de realizar la
convocatoria a un proceso de selección, la contratación o adquisición debe estar incluido en el
respectivo Plan Anual de Adquisición y Contrataciones (PAAC); la omisión de tal obligación no
puede subsanarse vía regularización;
Que, si bien el valor de las 2 licencias del citado Software, corresponden a una
contratación por menor cuantía; sin embargo, al haberse incluido dicha contratación dentro de
un ítem mayor, no es posible declarar la nulidad de la misma sin afectar a todo el ítem Nº 1; por
lo que, considerando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es nulo el acto administrativo que contravenga las
normas legales, corresponde se declare la nulidad del ítem Nº 1 de la Licitación Pública Nº 010-
2008-ZRLIMA, retrotrayéndose el proceso, respecto de dicho ítem Nº 1, hasta la etapa de
inclusión en el PAAC de la Unidad Ejecutora Nº 004 de la adquisición de las citadas dos
licencias del Software de Oficina correspondiente a la Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz;
Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-PCM y 084-
2004-PCM, respectivamente; al Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema Nº
135-2002-JUS así como a lo requerido por la Zona Registral mediante los documentos citados
en el Visto de la presente resolución, los cuales forman parte de la presente resolución, en el
contexto de lo dispuesto en el numeral 6.2. del artículo 6 de la Ley Nº 27444, con la visación de
la Gerencia Legal de la Sede Central de la SUNARP.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar la Nulidad del ítem Nº 1 de la Licitación Pública Nº 010-
2008-ZRLIMA, retrotrayéndose el proceso de contratación, únicamente respecto del citado ítem
Nº 1, hasta la etapa de inclusión en el PAAC de la Unidad Ejecutora Nº 004 de la adquisición
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de las citadas dos licencias del Software de Oficina correspondiente a la Zona Registral Nº VII -
Sede Huaraz.
Artículo Segundo.- Disponer que el órgano de control institucional de la Zona
Registral Nº V-Sede Trujillo, encargada de la Unidad Ejecutora Nº 04, realice las acciones
correspondientes a fin de determinar la responsabilidad funcional, por el hecho que motiva la
presente declaración de nulidad
Artículo Tercero.- Disponer que la Secretaría General notifique inmediatamente la
presente Resolución a la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, encargada de la compra corporativa,
para que gestione la publicación de la presente resolución en el SEACE, incluyendo los
documentos citados en el visto de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial El Peruano.
MARÍA D. CAMBURSANO GARAGORRI
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Modifican Organigrama Estructural y Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional de Huancavelica
ORDENANZA REGIONAL Nº 122-GOB.REG-HVCA-CR
Huancavelica, 13 de noviembre de 2008
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DE HUANCAVELICA:
Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:
ORDENANZA REGIONAL
QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Que, conforme dispone el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado,
concordante con los Artículos 2 y 3 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en
asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un
pliego presupuestal y que tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones
territoriales conforme a Ley;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 104-GOB. REG.-HVCA/CR, de fecha 29 de
diciembre del año 2007, se aprobó la nueva estructura orgánica del Gobierno Regional de
Huancavelica y su Reglamento de Organización y Funciones, otorgándose 180 días calendario
para formular y ejecutar el Plan de implementación de la Nueva Estructura Organización del
Gobierno Regional de Huancavelica;
Que, dentro del citado contexto normativo y estando al Informe Nº 02-2008-CIRO, de
fecha 03 de noviembre del año en curso, de la referida Comisión de Implementación de la
Reestructuración Orgánica, precisando modificaciones a la Estructura Orgánica del Gobierno
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Regional de Huancavelica y al Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y luego de su
debate, el pleno del Consejo Regional por unanimidad aprueba las modificaciones propuestas;
Que, el Artículo 38 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la
Organización y administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su
competencia;
En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, sus modificatorias y al Reglamento Interno del
Consejo Regional;
ORDENA:
Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Organigrama Estructural y su
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Huancavelica,
aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 104-GOB.REG.HVCA/CR, de fecha 29 de
diciembre del año 2007; las mismas que se adjuntan como Anexo de la presente Ordenanza
Regional.
Artículo Segundo.- COMUNÍQUESE la presente Ordenanza Regional a la Comisión
de Implementación de Reestructuración Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, para
su adecuación conforme dispone.
Artículo Tercero.- DÉJESE sin efecto las normas que se opongan a la presente
Ordenanza Regional.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica para su
promulgación.
En Huancavelica a los trece días del mes de noviembre del dos mil ocho.
MARÍA ELIZABETH VILLAVICENCIO VALLE
Consejera Delegada
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la sede del Gobierno Regional de Huancavelica, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
LUIS FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ
Presidente
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Aprueban Estudio Técnico de Levantamiento de Elementos Publicitarios existentes en la
Panamericana Sur
Lima, 5 de diciembre de 2008
ACUERDO DE CONCEJO Nº 538
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 4 de diciembre del 2008, el Memorando
Nº 549-2008-MML-GMM de la Gerencia Municipal Metropolitana, el Memorando Nº 434-2008-
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MML-GDU de la Gerencia de Desarrollo Urbano, del 14 de noviembre del 2008, proponiendo al
Pleno del Concejo, apruebe el Estudio Técnico de Levantamiento de Elementos Publicitarios
existentes en la Panamericana Sur;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, establece que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local con autonomía,
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia;
Que, con fecha 08 de noviembre del 2007, el Concejo Metropolitano aprobó la
Ordenanza Nº 1094-MML que regula la Ubicación de Anuncios y Avisos Publicitarios en la
Provincia de Lima, la cual fue publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de
noviembre del 2007;
Que, la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la mencionada Ordenanza, establece
que los Anuncios y Avisos o Elementos Publicitarios ubicados en la Panamericana Norte,
Panamericana Sur, Antigua Panamericana Sur, Ramiro Prialé y Carretera Central, deberán
adecuarse por su propietario o titular a lo dispuesto en el literal c), numeral 2) del Artículo 54 de
la citada Ordenanza en un plazo máximo e improrrogable de 45 días calendario contados partir
de la entrada en vigencia de la misma, cuyo plazo venció en el mes de enero del 2008;
Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante Memorándum Nº 434-2008-MML-
GDU del 14 de noviembre del 2008, eleva a la Gerencia Municipal Metropolitana el Informe Nº
001-2008-MBH-EGM del 25 de setiembre del 2008, emitido por la División de Anuncios y
Publicidad Exterior de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas, manifestando que se ha
continuado con el levantamiento de los Elementos Publicitarios en la Carretera Panamericana
Sur, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el considerando anterior;
Que, debido a la gran envergadura del mencionado levantamiento de información de
los Elementos Publicitarios, éste se prorrogó hasta el mes de setiembre del 2008, fecha en que
se concluyó con el referido levantamiento;
Estando a las facultades otorgadas en el numeral 1.4.4 del Artículo 79 de la Ley
Orgánica Municipalidades Nº 27972 y la Ordenanza Nº 1094-MML;
De conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura en su Dictamen Nº 249-2008-MML-CMDUVN y por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos en su Informe 825-2008-MML-GAJ de 27 de noviembre del 2008;
ACORDÓ:
Artículo Primero.- Aprobar el Estudio Técnico de Levantamiento de Elementos
Publicitarios existentes en la Panamericana Sur, realizado por la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y encárguese a la misma para que dentro
de los cinco (05) días de publicada la presente norma, comunique a los titulares de los
elementos de publicidad de tipo Monumental y Unipolar que se encuentren aptos para solicitar
la autorización respectiva, y a los que incumplan las normas previstas en la Ordenanza, a
efectos de que en un plazo no mayor de cinco (05) días de recibida la misma, presenten la
solicitud de autorización de los que se encuentren aptos, conjuntamente con el Cronograma de
Retiro de los Elementos, según corresponda.
Artículo Segundo.- El Cronograma de Retiro mencionado en el artículo precedente,
deberá contemplar el retiro de los elementos publicitarios hasta el 31 de marzo del 2009.
Vencido dicho plazo sin que los propietarios hayan procedido al retiro de los elementos
publicitarios, la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
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iniciará las acciones correspondientes con los elementos que incumplan con los parámetros de
la Ordenanza Nº 1094-MML y que constan en el Estudio aprobado en el artículo 1ro. del
presente Acuerdo de Concejo. La Gerencia de Desarrollo Urbano determinará los elementos
publicitarios que atenten contra la seguridad, urbanismo y zonificación, con la finalidad que los
propietarios procedan a retirarlos en el transcurso del presente año.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía
Establecen conformidad de la R.A. Nº 283-2008/A-MDC expedida por la Municipalidad
Distrital de Carabayllo
Lima, 11 de noviembre de 2008
RESOLUCION Nº 308-2008-MML-GDU-SPHU
LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS
VISTO, el Codificado Nº 129575-2008, mediante el cual la Municipalidad Distrital de
Carabayllo, remite los actuados administrativos, conteniendo la Resolución de Alcaldía Nº 189-
2006-A/MDC, de fecha 02 de junio de 2006 y su Aclaratoria Resolución de Alcaldía Nº 283-
2008/A-MDC, de fecha 25 de julio de 2008, aprobando la Regularización de Habilitación
Urbana Ejecutada, promovida por la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LOS
SAUCES DE CARABAYLLO; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 189-2006-A/MDC, de fecha 02 de junio de
2006 (fs. 157 al 160), expedida por la Municipalidad Distrital de Carabayllo, se resuelve
Aprobar la solicitud de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada, promovida por la
Asociación de Propietarios de Vivienda Los Sauces de Carabayllo, del Proyecto de Vivienda
Residencial de Densidad Media RDM, del terreno de 61,500.00 m², compuesto por la Parcelas
Nº 85 y Nº 131, de la Ex Cooperativa Caudivilla-Huacoy- Punchauca, ubicado en el distrito de
Carabayllo, Provincia y Región de Lima, conforme al Plano Nº 027-GDUR/MDC;
Que, con Resolución Nº 185-2006-MML-GDU-SPHU, de fecha 10 de noviembre de
2006 (fs. 181 y 182), expedida por esta Corporación, se resuelve No Ratificar la Resolución de
Alcaldía Nº 189-2006-A/MDC, de fecha 02 de junio del 2006, expedida por la Municipalidad
Distrital de Carabayllo, por incumplir los Planes Urbanos respecto a la zonificación vigente, por
cuanto incluye la zonificación de Comercio Vecinal C-2, a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 369-
MML, que es Residencial de Densidad Media R4;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 283-2008/AMDC, de fecha 25 de julio de
2008 (fs. 249 al 251) expedida por la Municipalidad Distrital de Carabayllo, se resuelve
Aprobar, el Plano Nº 005-2007-GDUR/MDC, que corrige y complementa la información
contenida en el Plano Nº 027-2006-GDUR/MDC, así como el Artículo cuarto respecto al Cuadro
General de Áreas y el Cuadro de Aportes Reglamentarios, de la Resolución de Alcaldía Nº 189-
2006-A/MDC, de fecha 02 de junio del 2006;
Que, con Informe Nº 282-2008-MML-GDU-SPHU-DRD, de fecha 05 de noviembre de
2008 (fs. 259 al 262), la División de Revisión de Diseño de esta Subgerencia manifiesta, que la
presente Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada, del Proyecto de Vivienda
Residencial de Densidad Media RDM, del terreno de 61,500.00 m², no está siendo aprobada
por la Municipalidad Distrital de Carabayllo, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 283-2008/A-
MDC, de fecha 25 de julio de 2008, ya que lo resuelto en ella, es la sustitución del plano
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aprobado por la Resolución de Alcaldía Nº 189-2006-A/MDC, de fecha 02 de junio de 2006, el
mismo que ya obtuvo pronunciamiento de No Conformidad por esta Corporación, a través de la
Resolución Nº 185-2006-MML-GDU-SPHU, de fecha 10 de noviembre de 2006, debiendo
haberse emitido nueva Resolución. Sin embargo, se ha levantado la única observación,
correspondiente a la aplicación de la zonificación, considerándose solamente como Residencial
de Densidad Media - R4, homologado a RDM y con respecto a los aportes reglamentarios, se
ha omitido disponer la obligación de la cancelación de los déficit de éstos, hasta antes de la
Recepción de obras, conforme lo dispone la Ordenanza Nº 292-MML;
Que, mediante Informe Nº 456-2008-MML-GDU-SPHU-AL, de fecha 6 de noviembre de
2008 (fs. 263 al 265), el Área Legal de esta Subgerencia manifiesta, que aún cuando a la
Municipalidad Metropolitana de Lima, sólo le compete evaluar el cumplimiento de Planes
Urbanos (Zonificación, Vías Metropolitanas y Aportes Reglamentarios), ello no limita para
efectuar apreciaciones legales, en sujeción a los Principios de Legalidad y Debido
Procedimiento previstos en el Artículo IV, de la Ley Nº 27444; que en el presente caso se
advierten respecto al procedimiento; tales como, emitir resolución aclaratoria cuando
correspondía emitir nueva resolución aprobado el procedimiento de habilitación urbana, al no
haberse dado la conformidad a la Resolución de Alcaldía Nº 189-2006-A/MDC, situación que
en el presente caso, no es objeto de observación por cuanto técnicamente levanta la
observación respecto a la zonificación, la falta de acumulación registral del terreno objeto de
habilitación urbana, de 61,500.00 m², constituido por las Parcelas Nº 85 de 31,500.00 m² y
Parcela Nº 131 de 30,000.00 m²; obrando únicamente la Partida Nº P01008583 (fs. 10 al 20),
correspondiente a la inscripción de la Parcela Nº 131; sumándose a ello, que de dicha partida
registral, no se verifica que la propiedad se encuentre a nombre de la Asociación de
Propietarios de Vivienda Los Sauces de Carabayllo; situaciones que deberán ser evaluados por
la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en su condición de ente competente para aprobar los
procedimientos de habilitaciones urbanas en su jurisdicción, con la finalidad de no generar acto
administrativo que no sea inscribible por contravenir los principios registrales de legalidad y
tracto sucesivo;
Que, de acuerdo a la evaluación técnica y legal, señaladas en los Informes Nº 282-
2008-MML-GDU-SPHU-DRD, de fecha 05 de noviembre de 2008 y Nº 456-2008-MML-GDU-
SPHU-AL, de fecha 06 de noviembre de 2008; la presente Habilitación Urbana, se adecua a los
Planes Urbanos; por lo que, en observancia de la Ley General de Habilitaciones Urbanas Nº
26878 y el Decreto de Alcaldía Nº 079, corresponde a esta Subgerencia Establecer La
Conformidad de la Resolución de Alcaldía Nº 283-2008/A-MDC, de fecha 25 de julio del 2008,
expedida por la Municipalidad Distrital de Carabayllo;
Con el visto bueno de la División de Revisión de Diseño y del Área Legal de la
Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y las
Leyes Nº 26878, Ley Nº 27444, Reglamento Nacional de Construcciones, Ordenanzas
Metropolitanas Nº 369-MML, Nº 341-MML, Nº 292-MML, Nº 812-MML, Nº 916-MML, Decreto de
Alcaldía Nº 079 y Resolución Nº 33-2006-MML-GDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ESTABLECER LA CONFORMIDAD de la Resolución de Alcaldía Nº 283-
2008/A-MDC, de fecha 25 de julio del 2008, que aclara la Resolución de Alcaldía Nº 189-2006-
A/MDC, de fecha 02 de junio del 2006, expedida por la Municipalidad Distrital de Carabayllo,
por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- CONSIDERAR de carácter obligatorio la cancelación de los déficit de
aportes reglamentarios, hasta antes de la Recepción de obras.
Artículo 3.- RECOMENDAR a la Municipalidad Distrital de Carabayllo, dar fiel
cumplimiento a la normatividad en materia de Habilitaciones Urbanas, en sujeción a los
Principios de Legalidad y Debido Procedimiento, en aras de no incurrir en responsabilidad
prevista en el Art. 239 de la Ley Nº 27444; disponiéndose previo a su inscripción, emita el acto
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administrativo, subsanando la omisión y observaciones señaladas en el cuarto y quinto
considerando respectivamente, de la presente Resolución.
Artículo 4.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS DE VIVIENDA LOS SAUCES DE CARABAYLLO; y a la Municipalidad Distrital
de Carabayllo, para su conocimiento y fines.
Artículo 5.- DAR por agotada la vía administrativa.
Artículo 6.- OFICIAR con la presente Resolución a la Gerencia de Propiedad Inmueble
de la IX Zona Registral Sede-Lima, Ministerio de Educación, SERPAR-LIMA, Instituto
Metropolitano de Planificación y División Técnica de la Subgerencia de Adjudicación y
Saneamiento Legal de Tierras de la Gerencia de Desarrollo Urbano de esta Corporación, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 7.- PUBLICAR la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, a cargo
del administrado, dentro de los 30 días siguientes de notificada la misma.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
SUSANA RAMÍREZ DE LA TORRE
Subgerente
Subgerencia de Planeamiento y
Habilitaciones Urbanas
Gerencia de Desarrollo Urbano
Fe de Erratas
ORDENANZA Nº 1195
Fe de Erratas de la Ordenanza Nº 1195, publicada el día 12 de diciembre de 2008.
DICE:
“Artículo Segundo.- Disponer que previo a la aprobación del proceso de Habilitación
Urbana correspondiente, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco deberá elaborar:
2.1 Los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del eje vial Av. Manuel Olguín y de los
predios ubicados en la Av. Manuel Olguín esquina con Av. El Derby, los cuales serán
aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.”
DEBE DECIR:
“Artículo Segundo.- Disponer que previo a la aprobación del proceso de Habilitación
Urbana correspondiente, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco deberá elaborar:
2.1 Los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del eje vial Av. Manuel Olguín y de los
predios ubicados en la Av. Manuel Olguín esquina con Av. El Derby, los cuales serán
aprobados por dicha Municipalidad Distrital, entrando en vigencia desde su aprobación y previa
puesta en conocimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima.”
MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO
Adicionan artículo a la Ordenanza Nº 178, que aprobó amnistía tributaria y no tributaria
“Deuda Cero 2008”
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 184
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Chaclacayo, 2 de diciembre de 2008
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha el Informe Nº 088-2008-GR/MDCH de la
Gerencia de Rentas y el Informe Nº 277-2008-GAJ/MDCH de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ordenanza Municipal Nº 178, de fecha 6 de noviembre del 2008, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 9 de noviembre del 2008; y su Fe de Erratas el 14 de noviembre
del 2008, se aprobó la Ordenanza de Amnistía Tributaria y No Tributaria “Deuda Cero 2008”, la
misma que no acoge a los contribuyentes cuyos expedientes se encuentran en proceso de
ejecución coactiva;
Que, se han apersonado numerosos contribuyentes cuyos expedientes se encuentran
en ejecución coactiva, manifestando que desean hacer sus pagos por lo que solicitan ser
incluidos en la Ordenanza que aprueba la Amnistía;
Que, la facultad para la exoneración de arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, es una facultad que le corresponde a cada municipalidad y la aprueba el
Concejo Municipal, a través de una Ordenanza, por disposición expresa del artículo 74 de la
Constitución Política del Perú, Norma IV del TUO del Código Tributario y el Artículo 40 de la
Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;
Estando al Informe Nº 277-2008-GAJ/MDCH de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de
conformidad con los establecido por el artículo 9 inciso 8) y artículo 40 de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N 27972, con el voto unánime de los señores Regidores y con la
dispensa de lectura y aprobación del acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA:
Artículo Primero.- ADICIONAR el Artículo Tercero A, a la Ordenanza Municipal Nº
178, de fecha 6 de Noviembre del 2008, cuyo texto será el siguiente:
“Artículo Tercero A.- El presente beneficio también es de alcance a los contribuyentes
cuyas deudas tributarias se encuentren en proceso de cobranza coactiva, siempre que
cumplan con pagar previamente los costos y costas del proceso.”
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALFREDO E. VALCÁRCEL CAHEN
Alcalde
MUNICIPALIDAD DE LINCE
Prorrogan para el Ejercicio 2009 la vigencia de la Ordenanza Nº 201-MDL, respecto al
monto de emisión mecanizada, de actualización de valores, determinación de impuestos
y de recibos de pago correspondientes
Lince, 10 de diciembre de 2008
ORDENANZA Nº 226-MDL
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE:
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE;
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Visto, en Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 37 de la Comisión de Economía
y Administración de fecha 10 de Diciembre del 2008, con el voto unánime de los señores
Regidores, y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta, se aprobó la
siguiente:
ORDENANZA
QUE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2009, LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA Nº 201-
MDL, RESPECTO AL MONTO DE EMISIÓN MECANIZADA, DE ACTUALIZACIÓN DE
VALORES, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y DE RECIBOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES
Artículo 1.- Prorrogar la vigencia de la Ordenanza Nº 201-MDL ratificada mediante
Acuerdo de Concejo Nº 094 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 16 de marzo de 2008; a efectos que se establezca para el
Ejercicio Fiscal 2009, los mismos montos por concepto de emisión mecanizada de
actualización de valores, determinación de impuestos y de recibos de pago correspondientes;
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración Tributaria, Oficina de
Administración y Finanzas, Oficina de Tecnología de Información Proceso y a la Oficina de
Imagen Institucional el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese y cúmplase,
MARTÍN PRINCIPE LAINES
Alcalde
Otorgan beneficios de regularización y pronto pago de deudas tributarias
Lince, 10 de diciembre de 2008
ORDENANZA Nº 227-MDL
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE:
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE;
Visto, en Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 36 de la Comisión de Economía
y Administración de fecha 10 de Diciembre del 2008, con el voto unánime de los señores
Regidores, y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta, se aprobó la
siguiente:
ORDENANZA
DE BENEFICIOS DE REGULARIZACION Y PRONTO PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS
Artículo 1.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer mecanismos e instrumentos de
gestión que faciliten el pago de obligaciones Tributarias a los Contribuyentes de la Jurisdicción
de Lince” de los ejercicios 2008 y años anteriores.
Artículo 2.- SUJETOS COMPRENDIDOS
Podrán acogerse a los beneficios otorgados por la presente Ordenanza, los
contribuyentes de la jurisdicción de Lince que mantengan deudas por concepto de Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales correspondientes a los períodos 2008 y años anteriores tanto a
nivel de Vía Ordinaria como Vía Coactiva respectivamente.
Artículo 3.- ALCANCES DEL BENEFICIO
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a. Los contribuyentes que regularicen su deuda por concepto de Impuesto Predial y/o
Arbitrios Municipales correspondiente a los años 2007 y años anteriores, podrán cancelarlos en
términos insolutos, el total de la deuda y dependiendo de la cuantía excepcionalmente podrá
efectuarlos en tres (03) cuotas como máximo y/o a la existencia de casos sociales debidamente
acreditados.
b. Los contribuyentes que regularicen su deuda por concepto de Arbitrios Municipales
correspondiente al año 2008 y cancelen por adelantado el mes de diciembre, tendrán un
descuento del 20% sobre el total de la Liquidación de la deuda a la fecha de cancelación.
Artículo 4.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTAS PROCESALES
Los montos de aplicación por dichos conceptos, será lo estipulado en la Ordenanza Nº
186-MDL.
Artículo 5.- VIGENCIA DEL BENEFICIO
La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y por el
lapso de 15 días calendarios; vencida la misma se procederá al reinicio de cobranza coactiva
de ser el caso y de las medidas cautelares de acuerdo a ley.
Artículo 6.- DESISTIMIENTO
Los contribuyentes que hayan interpuesto Expedientes de Reclamación y /o Apelación
presentado ante cualquier instancia administrativa podrán acogerse a la presente Ordenanza
previo desistimiento de los mismos.
Artículo 7.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA
Los contribuyentes que se acojan al presente beneficio reconocen voluntaria y
expresamente sus obligaciones materia de regularización por los servicios públicos prestados,
por lo que, no podrán presentar futuras reclamaciones respecto de las deudas incluidas en
dicho beneficio.
DISPOSICIONES FINALES
Primero.- Encargar a la Oficina de Administración Tributaria, Oficina de Administración
y Finanzas, Oficina de Tecnología de Información Proceso y a la Oficina de Imagen
Institucional el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Segunda.- Facultar al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas
necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza y asimismo para que
disponga su prórroga si fuera el caso.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
MARTÍN PRINCIPE LAINES
Alcalde
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR
Establecen horario para la ejecución de obras en las vías públicas del distrito
ORDENANZA Nº 381-MDMM
Magdalena del Mar, 29 de octubre de 2008
ORDENANZA
QUE ESTABLECE EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS VÍAS
PÚBLICAS DEL DISTRITO
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR,
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POR CUANTO
El Concejo Municipal Distrital de Magdalena del Mar, en Sesión Ordinaria Nº 20 de la
fecha; y,
CONSIDERANDO:
Que, las municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece
el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificada por Ley de Reforma
Constitucional, Ley Nº 27680;
Que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción;
Que, de conformidad con el numeral 3.2. del artículo 79 de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, es función exclusiva de las municipalidades distritales, autorizar
y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos;
Que, esta municipalidad ha recibido múltiples quejas vecinales por el malestar y los
ruidos molestos que generan las obras que se ejecutan hasta altas horas de la noche y de
madrugada, por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y sus empresas
contratistas;
Que, el derecho a la paz, a la tranquilidad y al descanso, es un derecho que le asiste a
toda persona, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Perú (Artículo 2,
numeral 22);
Que, en tal sentido, es necesario prohibir, en general, la ejecución de obras en áreas y
vías públicas del distrito de Magdalena del Mar en horarios nocturnos, precisando el horario
permitido, a fin de garantizar el derecho de nuestros vecinos a la paz, a la tranquilidad y al
descanso;
ORDENANZA
Artículo Primero.- Establézcase que las obras en áreas y vías públicas del distrito de
Magdalena del Mar, solo podrán ejecutarse en el horario de 8:00 horas a 20:00 horas.
En consecuencia, queda prohibida la realización de las citadas obras fuera del horario
establecido, bajo sanción de multa y paralización de obra.
Artículo Segundo.- No se encuentran comprendidas en el artículo precedente las
obras de emergencia o las que por razones justificadas de interés público, deban ejecutarse en
horario distinto, el mismo que deberá ser solicitado previamente a la ejecución de la obra, y
autorizado expresamente y por escrito por esta Municipalidad.
Artículo Tercero.- La ejecución de obras en áreas y vías públicas del distrito, fuera del
horario establecido, será sancionada con una multa equivalente a 5 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) y la paralización de la obra, por cada obra ejecutada.
Las empresas prestadoras de los servicios públicos y las empresas contratistas responderán
solidariamente por las sanciones impuestas.
Artículo Cuarto.- Incluir en el Cuadro de Infracciones y Sanciones vigente, según
Ordenanza Nº 182-MDMM, la infracción y sanción tipificadas en el artículo precedente.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
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Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Aprueban régimen especial de exoneración de arbitrios municipales
Pueblo Libre, 27 de noviembre de 2008
POR CUANTO:
ORDENANZA Nº 303-MPL
El Concejo Municipal de Pueblo Libre, en Sesión Ordinaria Nº 24 de la fecha; y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución Política
del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
Que, los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley, conforme lo
establece el artículo 74 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo IV del Título
Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y el
artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; y,
De conformidad con lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos
9 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó la siguiente;
ORDENANZA
RÉGIMEN ESPECIAL DE EXONERACIÓN DE ARBITRIOS
Artículo Primero.- EXONERAR del pago de arbitrios municipales correspondientes a
inmuebles que se encuentren arrendados a la Municipalidad de Pueblo Libre. El referido
beneficio regirá durante la vigencia del contrato de arrendamiento.
Artículo Segundo.- CONDONAR la deuda pendiente de pago por concepto de
arbitrios municipales correspondientes a inmuebles que se hayan encontrado arrendados a la
Municipalidad de Pueblo Libre respecto de los períodos que ésta ejerció la posesión. Este
beneficio será de aplicación siempre que en el contrato de arrendamiento del inmueble se haya
establecido que el pago de los arbitrios se encontraba a cargo de la Municipalidad de Pueblo
Libre.
Artículo Tercero.- FACULTAR a la Alcaldía a dictar mediante Decreto las normas
reglamentarias y complementarias que resulten necesarias.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios al Vecino a través de la Sub
Gerencia de Administración Tributaria, Oficina de Administración a través de la Unidad de
Logística, el cumplimiento de la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Mando se registre, publique, comunique y cumpla.
RAFAEL SANTOS NORMAND
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Aprueban Ordenanza que regula las habilitaciones urbanas de oficio
San Miguel, 25 de noviembre de 2008
ORDENANZA Nº 165-MDSM
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL;
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de la fecha;
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
modificado por Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, las municipalidades distritales
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en concordancia con el mandato constitucional, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece en el artículo II que la autonomía de la que gozan, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 3.6.1 del inciso 3.6 del artículo 79 de la citada ley, dispone que es
función específica exclusiva de los gobiernos locales, en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo, normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias; y realizar
la fiscalización de habilitaciones urbanas;
Que, por su parte el artículo 24 de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, establece que las municipalidades distritales
identificarán los predios, registralmente calificados como rústicos, que se encuentren ubicados
en zonas urbanas consolidadas, con edificaciones y servicios públicos;
Que, a su vez la norma precisa que las municipalidades emitirán la resolución que
declare habilitados de oficio dichos predios y disponga la inscripción registral de uso rústico a
urbano;
Que, en este contexto, la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante Memorando Nº 734-
2008-GDU/MDSM hace suyo el informe Nº 352-2008-SGFUC-GDU/MDSM emitido por la Sub
Gerencia de Fiscalización Urbana y Catastro que informa que en la actualidad existen
identificados predios rústicos en zonas consolidadas;
Que, las ordenanzas de las municipalidades distritales son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura municipal, por medio de las cuales se aprueba, la
regulación, la administración y la supervisión de los servicios públicos, entre otros, la
habilitación urbana de los predios inscritos en los Registros Públicos como terrenos rústicos
que se encuentran ubicados en las zonas urbanas consolidadas del distrito;
Estando a lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas al Concejo
Municipal por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobó lo siguiente:
ORDENANZA
QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO
Artículo Primero.- HABILITAR DE OFICIO los predios rústicos del distrito que cumplan
con las siguientes condiciones:
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- Encontrase inscritos en los Registros Públicos como predio rústico.
- Contar con servicios básicos de luz, agua y desagüe, acreditados con recibos de
suministro de luz y agua, otorgada por las empresas prestadoras de servicios
correspondientes.
- Encontrarse ubicados en zonas urbanas consolidadas con veredas, pistas y mobiliario
urbano, entre otros.
- Contar con Declaraciones Juradas de Autoevalúo.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al señor Alcalde para que a través de Resolución de
Alcaldía declare habilitados de oficio los predios aludidos en el artículo precedente,
disponiendo la inscripción registral de uso rústico a urbano. La gestión de la inscripción
individual en los Registros Públicos y los gastos que irrogue correrán a cargo del propietario del
terreno habilitado.
Artículo Tercero.- Los predios rústicos del distrito que se encuentren en vías
arteriales, colectoras y expresas, antes de iniciar la habilitación urbana prevista en el artículo
primero de la presente ordenanza, deben contar con el certificado de zonificación y vías
expedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Del mismo modo, los predios colindantes
a zonas arqueológicas deberán contar con el certificado de inexistencia de restos
arqueológicos expedido por el Instituto Nacional de Cultura.
Artículo Cuarto.- Las habilitaciones urbanas previstas en el artículo primero de la
presente ordenanza, no se encuentran sujetas a los aportes de habilitación urbana.
Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y a
la Sub Gerencia de Fiscalización Urbana y Catastro el fiel cumplimiento de la presente
ordenanza.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde
MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA
Aprueban beneficio tributario para el cumplimiento de obligaciones tributarias
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 017-2008-CDB
Bellavista, 9 de diciembre de 2008
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA, en Sesión Ordinaria de la fecha,
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo expresa el artículo 194 de la Constitución Política del Estado y el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales
tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el artículo 74 de la Constitución Política otorga potestad tributaria a los Gobiernos
Locales, potestad que es reconocida en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
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para crear, modificar, suprimir o exonerar arbitrios, tasas de licencias y derechos dentro de los
límites establecidos por la Ley.
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las Ordenanzas
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por
medio de las cuales se regula las materias en la que la Municipalidad tiene competencia
normativa.
Que, el artículo 52 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus modificatorias, dispone que los gobiernos locales
administran, por excepción, los Impuestos que la Ley les asigne; pudiendo conforme a lo
señalado en el artículo 41 de la citada norma, condonar excepcionalmente con carácter general
los intereses moratorios y las sanciones, respecto de los tributos que administre.
Que, el Concejo Distrital de Bellavista, ha visto pertinente y necesario otorgar
beneficios tributarios para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
Estando a lo expuesto con el voto unánime de sus integrantes, en ejercicio de las
facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades le confiere y con dispensa del trámite de
lectura y aprobación de actas; el Concejo ha aprobado por UNANIMIDAD la siguiente
ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA BENEFICIO TRIBUTARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
Artículo 1.- OBJETIVO.- Es objetivo de la presente Ordenanza facilitar a los
contribuyentes del Distrito de Bellavista la regularización y cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, con motivo de las fiestas navideñas.
Artículo 2.- ALCANCE.- La presente Ordenanza es de aplicación a las personas
naturales y jurídicas del distrito, que tengan deudas por concepto de Impuesto Predial, Arbitrios
Municipales y Multas Tributarias en el estado de cobranza y/o reclamo en que se encuentren.
Artículo 3.- BENEFICIOS
a) Condonación del 100% de reajustes, intereses moratorios, costas, gastos y 80% en
gastos de emisión por las deudas por Impuesto Predial, Arbitrios Municipales de Limpieza
Pública, Parques y Jardines y Serenazgo y Multas Tributarias.
b) Condonación del 100 % de las Multas Tributarias a los contribuyentes que
regularicen o hayan regularizado su declaración jurada y cumplan con el pago total del
Impuesto Predial correspondiente al periodo de la Multa.
c) Rebaja del insoluto de los Arbitrios Municipales para los contribuyentes que cumplan
con pagar el periodo correspondiente, según el siguiente detalle:
- Pago del arbitrio insoluto del año 2001 con 80% de descuento
- Pago del arbitrio insoluto del año 2002 con 80% de descuento
- Pago del arbitrio insoluto del año 2003 con 80% de descuento
- Pago del arbitrio insoluto del año 2004 con 80% de descuento
- Pago del arbitrio insoluto del año 2005 con 60% de descuento.
d) Las deudas fraccionadas del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Multas
Tributarias y Multas Administrativas, podrán acogerse al beneficio establecido en el inciso a),
siempre que el saldo de las cuotas restantes sean cancelados íntegramente.
Artículo 4.- VIGENCIA DE LA ORDENANZA.- La presente Ordenanza tendrá vigencia
a partir del día siguiente de su publicación, hasta el 31 de diciembre de 2008.
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Artículo 5.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.- Deléguese en el Despacho de
Alcaldía la facultad de prorrogar a través de Decreto de Alcaldía la vigencia de la presente
Ordenanza Municipal, previa evaluación de la Dirección de la Dirección de Administración
Tributaria y Rentas.
Artículo 6.- Encargar a la Gerencia Municipal, Dirección de Administración Tributaria y
Rentas, Oficina de Participación Vecinal y a la Unidad de Imagen Institucional, el cumplimiento
y difusión de la misma.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde
MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Instituyen las Medallas al Vecino Distinguido, al Vecino Destacado y la de
Reconocimiento y Gratitud del Distrito
La Punta, 13 de noviembre de 2008
ORDENANZA Nº 011-2008-MDLP-ALC
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA;
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA PUNTA;
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Proyecto de Ordenanza que instituye las
condecoraciones de la Medalla al Vecino Distinguido, Medalla al Vecino Destacado y Medalla
de Reconocimiento y Gratitud del Distrito;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194 de la Constitución Política modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680 y
posteriormente modificado por la Ley Nº 28697, establece que las municipalidades provinciales
y distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. En concordancia con éste se pronuncia el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972;
Que, con Ordenanza Municipal Nº 022-2004-MDLP/ALC, de fecha 17 de junio de 2004,
se instituyó la Medalla de La Punta al Vecino Ilustre corno reconocimiento al mérito civil, la
misma que se otorga a las personas que durante el transcurso de su vida hayan colaborado en
forma constante y destacada con el desarrollo material y humano del distrito de La Punta,
acreditando desinterés y servicio a la colectividad;
Que, mediante el Informe Nº 206-2008-MDLP/SG, el Secretario General señala que es
necesario instituir además de la Medalla referida en el considerando anterior, otros
reconocimientos a aquellos vecinos que se distingan por haber prestado servicios a la
colectividad de manera desinteresada, contribuyendo al desarrollo del distrito; a aquellos
punteños destacados, tanto en el ámbito profesional, cultural, deportivo y personal, que hayan
obtenido grandes logros u ocupado altos cargos públicos, que sirvan de estímulo a nuevas
generaciones punteñas; a aquellas personas que sin ser vecinos punteños han colaborado con
el desarrollo del distrito; y a aquellas instituciones públicas o privadas con sede en el distrito o
fuera de él, que desinteresadamente hayan colaborado con el progreso de la comunidad;
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los Artículos 9 numeral
8), 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, el Concejo Municipal con el voto
UNÁNIME de sus miembros, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó
la siguiente:
ORDENANZA
QUE INSTITUYE LAS MEDALLAS AL VECINO DISTINGUIDO, AL VECINO DESTACADO Y
LA DE RECONOCIMIENTO Y GRATITUD DEL DISTRITO
Artículo Primero.- Institúyase a partir de la fecha, en el distrito de La Punta, además
de la Medalla de La Punta al Vecino Ilustre, creada mediante la Ordenanza Municipal Nº 022-
2004-MDLP/ALC, los siguientes reconocimientos:
- Medalla al Vecino Distinguido: Como reconocimiento al mérito civil que se otorgará a
aquellos vecinos que se distingan por haber prestado servicios a la comunidad punteña de
manera desinteresada, contribuyendo al desarrollo del distrito.
- Medalla al Vecino Destacado: Como reconocimiento al mérito civil de aquellos vecinos
punteños que hayan destacado o sobresalido en el ámbito profesional, cultural, deportivo,
personal y/o aquéllos que hayan obtenido algún logro en especial u ocupado un alto cargo
público.
- Medalla de Reconocimiento y Gratitud del Distrito: Como reconocimiento y profundo
agradecimiento a aquellas personas que sin ser vecinos punteños han colaborado con el
desarrollo del distrito; y, a aquellas instituciones públicas o privadas con sede en el distrito de
La Punta o fuera de él, que desinteresadamente hayan colaborado con el progreso de la
comunidad.
Artículo Segundo.- Para el otorgamiento de los reconocimientos aprobados en el
Artículo Primero, se seguirá el mismo procedimiento señalado en la Ordenanza Municipal Nº
022-2008-MDLP/ALC, y contarán con los mismos privilegios y prerrogativas allí establecidas.
Las medallas referidas en el artículo anterior tendrán las características que aparecen en el
Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; así como en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional (www.munilapunta.gob.pe).
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia Municipal y a la Secretaría General, el
cumplimiento de lo aquí dispuesto.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
WILFREDO DUHARTE GADEA
Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Exoneran de proceso de selección para la “Construcción Puente Peatonal Churuja -
Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”
ACUERDO DE CONCEJO Nº 054-2008-MDCH-PB-RA
Churuja, 4 de diciembre de 2008.
VISTO, en Sesión de Concejo, de la fecha, 04 de Diciembre de 2008, el Informe
Técnico Nº 001-2008-CE-MDCH/PB/RA, y el Informe Legal Nº 001-2008-ALE-MDCH/PB/RA,
que se tiene a la vista; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, señala que los Gobiernos
Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con
la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público
así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorio;
Que el Art. 19 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, señala que se considera situación de desabastecimiento
inminente aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de determinado
bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones,
servicios, actividades u operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo de manera
esencial; dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los bienes,
servicios u obras solo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para resolver y
llevar a cabo el proceso de selección que corresponda;
Que, el Art. 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, señala que la situación de desabastecimiento
inminente se configura en los casos señalados en el artículo 22 de la Ley; asimismo, indica que
la necesidad de los bienes, servicios u obras debe ser actual y urgente para atender los
requerimientos inmediatos, no pudiéndose invocar la existencia de una situación de
desabastecimiento inminente en supuestos como en vía de regularización, por periodos
consecutivos y que excedan el lapso del tiempo requerido para paliar la situación y para
satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la exoneración al proceso de
selección;
Que, uno de los objetivos fundamentales, de la administración pública municipal, es
contar y proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y
servicios públicos que requiere la población, basado en la participación ciudadana, la
concertación y la escala de prioridades de conformidad con su plan de desarrollo concertado y
su presupuesto participativo, dentro del marco de la gobernabilidad y de común acuerdo, de tal
modo, el presupuesto municipal, se convierte en el marco orientador y principal instrumento de
programación económica y financiera para el logro de las funciones de la asignación,
distribución y estabilización, y además considerando que la pobreza y extrema pobreza que se
presenta en el ámbito del distrito de Churuja y la persistencia de la misma, a pesar del
incremento paulatino, económico y del gasto público que en los últimos años, ha incidido en
desigualdad en la medición de los diferentes grupos poblacionales, respecto de su función
tanto en el ámbito rural y urbano, para el cumplimiento de las metas y objetivos de toda la
jurisdicción distrital, con el sustento de los diferentes informes procedentes de las Autoridades
del Distrito, alcanzados a esta Entidad, se ha diagnosticado, la grave realidad que viene
atravesando la Red Vial, referente a los caminos de herradura, del Distrito de Churuja,
ocasionando retraso al desarrollo socio económico de la jurisdicción, caminos de herradura que
se determinan como caminos no carrozables y que contribuyen a mejorar el acceso de las
poblaciones más alejadas, los mismos que presentan serias dificultades de transitabilidad, de
igual modo la escasez de puentes peatonales, en pésimo estado de conservación y otros
totalmente deteriorados, que en igual condición requieren de una urgente construcción y su
permanente mantenimiento respectivamente, evitando de este modo averías y a fin de proveer
y administrar los mercados de factores de bienes y servicios, dentro de las cadenas de
producción y distribución, facilitando y asegurando la calidad de las vías, por las que se
trasladarán e intercambiarán los mismos, repercutiendo en la estimación de los costos de
producción de las actividades económicas del distrito y el transporte peatonal en general de los
pueblos aledaños, de tal modo, que el gobierno local y las autoridades del distrito, tienen la
responsabilidad de resarcir la debilidad que se presentan en las vías de comunicación,
buscando mejorar el acceso de la población más pobre en las zonas rurales, incidentemente a
los servicios sociales básicos de salud, educación y el fortalecimiento de capacidades para la
gestión vial, buscando asegurar la sostenibilidad, continuidad, mantenimiento, construcción y
rehabilitación vial, basado en un programa de gestión, con líneas de base e instrumentos para
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el seguimiento y monitoreo de los resultados planteados, de tal modo, que los caminos de
herradura, con adecuada calidad de servicio, implicarán proyectos en búsqueda de la
superación de la pobreza y en bien del desarrollo de todos los pueblos que conforman el
distrito.
Que, mediante Informe Técnico Nº 001-2008-CEMDCH/PB/RA, de fecha 02 de
Diciembre de 2008, se específica, que resulta urgente y necesario, llevar a cabo un Proceso de
Selección denominado Adjudicación Directa Selectiva, para la ejecución de la obra de Inversión
Pública “Construcción Puente Peatonal Churuja - Paclas, Distrito de Churuja - Bongará -
Amazonas”, con referencia al Expediente Técnico.
Que, mediante Informe Legal Nº 001-2008-ALE-MDCH/PB/RA, de fecha 03 de
Diciembre, se específica, que resulta procedente convocar a un Proceso de Selección, por
Exoneración, bajo la causal de Desabastecimiento Inminente y que se sintetiza en el Artículo
VIII de la Ley Nº 27972, el Artículo 19 del TUO del CONSUCODE, aprobado por Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM, concordante con el Artículo 22, asimismo con el Artículo 141 del
Reglamento de la Ley de CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM,
entre otros.
Que, mediante Convenio de Gestión con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES - FONCODES - Proyectos de Infraestructura Social y Productiva del presente año, se
establece la ejecución de la obra Pública “Construcción Puente Peatonal Churuja - Paclas,
Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas” con una partida presupuestal de S/. 183,050.00
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES); atendiendo a la
Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS - MIMDES - FONCODES - Proyectos de
Infraestructura Social y Productiva.
Que, mediante Convenio firmado con el Gobierno Regional de Amazonas se estableció
una contrapartida presupuestal para financiar el presente proyecto, relacionado con la
ejecución de obra “Construcción Puente Peatonal Churuja - Paclas, Distrito de Churuja -
Bongará - Amazonas” por un monto de S/. 186,365.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES); monto que incluye gastos
administrativos del Gobierno regional, atendiendo a la Fuente de Financiamiento RECURSOS
ORDINARIOS - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS - REINTEGRO TRIBUTARIO 2009.
Que, la Municipalidad Distrital de Churuja, como Entidad Ejecutora de la Obra, se
unifica a este convenio tripartito, y a mismo tiempo otorga una contrapartida de S/. 3,249.17
(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 17/100 NUEVOS SOLES), relacionado
con la ejecución de obra “Construcción Puente Peatonal Churuja - Paclas, Distrito de Churuja -
Bongará - Amazonas”; atendiendo a la Fuente de Financiamiento CUENTA CENTRAL
RECURSOS DETERMINADOS del año 2008.
Que, el Art. II de la Ley 27972, concordante con el Art. 194 de la Constitución Política
del Perú y los Art. 8 y 9 de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, señalan que los
Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de
su competencia. Y que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de
Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
En uso de las facultades conferidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, los Informes Técnico y Legal señalados en el Visto; el Concejo
Municipal por mayoría y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta.
ACUERDA:
Artículo Primero.- Aprobar la Exoneración del Proceso de Selección correspondiente,
por la causal de Desabastecimiento Inminente, referente a la Ejecución de Obra “Construcción
Puente Peatonal Churuja - Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”.
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Artículo Segundo.- Autorizar al Comité Especial Permanente, conducir el presente
proceso de selección para la Ejecución de Obra “Construcción Puente Peatonal Churuja -
Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”, consiguientemente contratar directamente
hasta por un monto de S/. 334,789.17 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETESCIENTOS OCHENTINUEVE Y 17/100 NUEVOS SOLES) y con cargo a las siguientes
Fuentes de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS - MIMDES - FONCODES - Proyectos
de Infraestructura Social y Productiva, RECURSOS ORDINARIOS - GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS - REINTEGRO TRIBUTARIO 2009 y CUENTA CENTRAL RECURSOS
DETERMINADOS del año 2008 de la Municipalidad Distrital de Churuja.
Artículo Tercero.- Disponer, que el Despacho de Alcaldía curse las comunicaciones a
la Contraloría General de la República, y CONSUCODE a través del SEACE, dentro del
término de 10 días hábiles, de conformidad con los artículos 20 y 47 del Decreto Supremo Nº
083-2004- PCM y 142 del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; y sus modificatorias.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría de la Municipalidad la publicación del
presente Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano en el plazo legal, así como las demás
acciones correspondientes para su ejecución de acuerdo a ley.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MIGUEL A. MEZA PERALTA
Alcalde Distrital
Exoneran de proceso de selección para la “Construcción Puente Peatonal Churuja -
Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”
ACUERDO DE CONCEJO Nº 055-2008-MDCH-PB-RA
Churuja, 4 de Diciembre de 2008.
VISTO, en Sesión de Concejo, de la fecha, 04 de Diciembre de 2008, el Informe
Técnico Nº 002-2008-CE-MDCH/PB/RA, y el Informe Legal Nº 002-2008-ALE-MDCH/PB/RA,
que se tiene a la vista; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, señala que los Gobiernos
Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con
la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público
así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorio;
Que el Art. 19 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, señala que se considera situación de desabastecimiento
inminente aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de determinado
bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones,
servicios, actividades u operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo de manera
esencial; dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los bienes,
servicios u obras solo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para resolver y
llevar a cabo el proceso de selección que corresponda;
Que, el Art. 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, señala que la situación de desabastecimiento
inminente se configura en los casos señalados en el artículo 22 de la Ley; asimismo, indica que
la necesidad de los bienes, servicios u obras debe ser actual y urgente para atender los
requerimientos inmediatos, no pudiéndose invocar la existencia de una situación de
desabastecimiento inminente en supuestos como en vía de regularización, por periodos
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consecutivos y que excedan el lapso del tiempo requerido para paliar la situación y para
satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la exoneración al proceso de
selección;
Que, uno de los objetivos fundamentales, de la administración pública municipal, es
contar y proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y
servicios públicos que requiere la población, basado en la participación ciudadana, la
concertación y la escala de prioridades de conformidad con su plan de desarrollo concertado y
su presupuesto participativo, dentro del marco de la gobernabilidad y de común acuerdo, de tal
modo, el presupuesto municipal, se convierte en el marco orientador y principal instrumento de
programación económica y financiera para el logro de las funciones de la asignación,
distribución y estabilización, y además considerando que la pobreza y extrema pobreza que se
presenta en el ámbito del distrito de Churuja y la persistencia de la misma, a pesar del
incremento paulatino, económico y del gasto público que en los últimos años, ha incidido en
desigualdad en la medición de los diferentes grupos poblacionales, respecto de su función
tanto en el ámbito rural y urbano, para el cumplimiento de las metas y objetivos de toda la
jurisdicción distrital, con el sustento de los diferentes informes procedentes de las Autoridades
del Distrito, alcanzados a esta Entidad, se ha diagnosticado, la grave realidad que viene
atravesando la Red Vial, referente a los caminos de herradura, del Distrito de Churuja,
ocasionando retraso al desarrollo socio económico de la jurisdicción, caminos de herradura que
se determinan como caminos no carrozables y que contribuyen a mejorar el acceso de las
poblaciones más alejadas, los mismos que presentan serias dificultades de transitabilidad, de
igual modo la escasez de puentes peatonales, en pésimo estado de conservación y otros
totalmente deteriorados, que en igual condición requieren de una urgente construcción y su
permanente mantenimiento respectivamente, evitando de este modo averías y a fin de proveer
y administrar los mercados de factores de bienes y servicios, dentro de las cadenas de
producción y distribución, facilitando y asegurando la calidad de las vías, por las que se
trasladarán e intercambiarán los mismos, repercutiendo en la estimación de los costos de
producción de las actividades económicas del distrito y el transporte peatonal en general de los
pueblos aledaños, de tal modo, que el gobierno local y las autoridades del distrito, tienen la
responsabilidad de resarcir la debilidad que se presentan en las vías de comunicación,
buscando mejorar el acceso de la población más pobre en las zonas rurales, incidentemente a
los servicios sociales básicos de salud, educación y el fortalecimiento de capacidades para la
gestión vial, buscando asegurar la sostenibilidad, continuidad, mantenimiento, construcción y
rehabilitación vial, basado en un programa de gestión, con líneas de base e instrumentos para
el seguimiento y monitoreo de los resultados planteados, de tal modo, que los caminos de
herradura, con adecuada calidad de servicio, implicarán proyectos en búsqueda de la
superación de la pobreza y en bien del desarrollo de todos los pueblos que conforman el
distrito.
Que, mediante Informe Técnico Nº 002-2008-CEMDCH/PB/RA, de fecha 02 de
Diciembre de 2008, se específica, que resulta urgente y necesario, llevar a cabo un Proceso de
Selección denominado Menor Cuantía, para la Supervisión de la obra de Inversión Pública
“Construcción Puente Peatonal Churuja - Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”,
con referencia al Expediente Técnico.
Que, mediante Informe Legal Nº 002-2008-ALE-MDCH/PB/RA, de fecha 03 de
Diciembre, se especifica, que resulta procedente convocar a un Proceso de Selección, por
Exoneración, bajo la causal de Desabastecimiento Inminente y que se sintetiza en el Artículo
VIII de la Ley Nº 27972, el Artículo 19 del TUO del CONSUCODE, aprobado por Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM, concordante con el Artículo 22, asimismo con el Artículo 141 del
Reglamento de la Ley de CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM,
entre otros.
Que, mediante Convenio de tripartito, firmado entre MIMDES, Gobierno Regional
Amazonas y la Municipalidad Distrital de Churuja, se establece la ejecución de la Obra
“Construcción Puente Peatonal Churuja - Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”,
de la siguiente manera: con una partida presupuestal de S/. 183,050.00 (CIENTO OCHENTA Y
TRES MIL CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES); atendiendo a la Fuente de
Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS - MIMDES - FONCODES - Proyectos de
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Infraestructura Social y Productiva, S/. 186,365.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES); monto que incluye gastos
administrativos del Gobierno regional, atendiendo a la Fuente de Financiamiento RECURSOS
ORDINARIOS - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS - REINTEGRO TRIBUTARIO 2009 y S/.
3,249.17 (TRES MIL DOSCIENTOS CUATRENTAY NUEVE), atendiendo a la Fuente de
Financiamiento CUENTA CENTRAL RECURSOS DETERMINADOS del año 2008.
Y con respecto a la Supervisión de la Obra “Construcción Puente Peatonal Churuja -
Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”, materia del presente Acuerdo, se
contratará por un monto de S/. 15,750.00 (QUINCE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y
00/100 NUEVOS SOLES) y con cargo a la Fuente de Financiamiento RECURSOS
ORDINARIOS - MIMDES - FONCODES - Proyectos de Infraestructura Social y Productiva del
presente año.
Que, el Art. II de la Ley 27972, concordante con el Art. 194 de la Constitución Política
del Perú y los Art. 8 y 9 de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, señalan que los
Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de
su competencia. Y que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de
Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
En uso de las facultades conferidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, los Informes Técnico y Legal señalados en el Visto; el Concejo
Municipal por mayoría y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta.
ACUERDA:
Artículo Primero.- Aprobar la Exoneración del Proceso de Selección correspondiente,
por la causal de Desabastecimiento Inminente, referente a la Supervisión de la Obra
“Construcción Puente Peatonal Churuja - Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”.
Artículo Segundo.- Autorizar al Comité Especial Permanente, conducir el presente
proceso de selección para la Supervisión de la Obra “Construcción Puente Peatonal Churuja -
Paclas, Distrito de Churuja - Bongará - Amazonas”, consiguientemente contratar directamente
hasta por un monto de S/. 15,750.00 (QUINCE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
NUEVOS SOLES) y con cargo a la Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS -
MIMDES - FONCODES - Proyectos de Infraestructura Social y Productiva.
Artículo Tercero.- Disponer, que el Despacho de Alcaldía curse las comunicaciones a
la Contraloría General de la República, y CONSUCODE a través del SEACE, dentro del
término de 10 días hábiles, de conformidad con los artículos 20 y 47 del Decreto Supremo Nº
083-2004-PCM y 142 del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; y sus modificatorias.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría de la Municipalidad la publicación del
presente Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano en el plazo legal, así como las demás
acciones correspondientes para su ejecución de acuerdo a ley.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MIGUEL A. MEZA PERALTA
Alcalde Distrital
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO
Exoneran de proceso de selección la adquisición de bienes y contratación de servicios
para la Obra Construcción de Pistas y Mejoramiento de Veredas en el Barrio Challacollo-
Desaguadero
ACUERDO DE CONCEJO. Nº 026-2008-MDD-AC.
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Desaguadero, 4 de diciembre de 2008
VISTO:
En sesión Extra Ordinaria de fecha 03 de Diciembre del año dos mil ocho; los informes
de la Oficina de Planificación y Presupuesto Nº 078-2008/MDD y el informe de la oficina de
Abastecimiento 039-2008-MDD/ABASTECIMIENTOS, en el que se solicita la exoneración para
el proceso de selección para la Adquisición de MEZCLA DE ASFALTO para la Construcción de
la Obra Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Barrio Challacollo - Desaguadero - Provincia
de Chucuito, Departamento de Puno.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 establece en su artículo 41 en la
que señala que “los acuerdos de concejo son decisiones referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”;
Que, de conformidad con el prescrito por el Artículo 191 de la Constitución Política del
estado; el Artículo II del Título Preliminar, y el Artículo 4 de la Ley 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomía que la Constitución Política del
Estado establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativas, con sujeción al ordenamiento jurídico”
Que, de acuerdo a lo prescrito por el Artículo IV del Título Preliminar de la citada Ley Nª
27972 “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción”.
Que, la opinión legal Nº 022-2008-OAJ-MDD/CHJ. Sostiene que resulta procedente la
exoneración del proceso de Selección para la adquisición de bienes y contratación de servicios
para la obra Construcción de pistas y Mejoramiento Veredas en el Barrio Challacollo -
Desaguadero.
Que, Observando el procedimiento de exoneración, conforme a la Ley de
Contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento, se procederá la implementación de
contratación según el D.S. Nº 083-2004-PCM del texto único ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado concordante con el artículo 144 del D.S. Nº 084-
2004-PCM reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Que, en sesión extra ordinaria de Concejo Municipal, respecto a la exoneración del
proceso de selección para la adquisición de bienes y contratación de servicios para la obra
Construcción de pistas y Mejoramiento Veredas en el Barrio Challacollo - Desaguadero,
Provincia de Chucuito, Departamento de Puno”. Previa lectura de los informes de vistos y
puestos en consideración del pleno del Concejo Municipal y estando a lo expuesto y con el voto
por UNANIMIDAD de los señores Regidores y en uso de sus facultades conferidas en el
artículo 9 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
ACUERDA:
Artículo Primero.- APROBAR por la situación de Desabastecimiento inminente y
EXONERAR el proceso de selección para la adquisición de bienes y contratación de servicios
para la obra Construcción de pistas y Mejoramiento Veredas en el Barrio Challacollo -
Desaguadero, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno...”
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad
Distrital de Desaguadero, realizar las acciones inmediatas para la Contratación de adquisición
de bienes y contratación de servicios para la obra Construcción de pistas y Mejoramiento
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Veredas en el Barrio Challacollo-Desaguadero, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno
(MEZCLA DE ASFALTO) en la cantidad de 606 m3; en costo promedio de 468,850.08/100
nuevos soles, bajo estricta observancia de los procedimientos establecidos, en el artículo 144,
145 y 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por D.S. Nº 084-2004-PCM...”
Artículo Tercero.- REMITIR a la Contraloría General de la República, copia del
presente acuerdo, así como los informes técnicos y legales que sustentan el presente acuerdo,
para su conocimiento y fines consiguientes.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, efectúe la publicación
respectiva en el Diario Oficial El Peruano, así como adicionalmente el presente acuerdo deberá
publicarse en el SEACE de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, conforme lo dispone el
Artículo 147 del D.S. Nº 084-2004-PCM...”
Artículo Quinto.- TRANSCRIBIR el presente ACUERDO de Concejo, a la Oficina de
Administración, Abastecimiento, Contraloría General de la República y las correspondientes
áreas, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
WILSON N. QUISPE MENDOZA
Alcalde
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