Nº 26-27 (ago.-set. 1968) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

36
LUISA BRIGNARDELLO
sus planes de estudio, ambos condicionados a la
aprobación del Poder Ejecutivo. Sus órganos de
gobierno deberán estar integrados por mayoría
absoluta de argentinos y sólo podrán constituirlos
los docentes universitarios. La ley previene así
todo intento estudiantil de participar en el gobierno.
Se prohiben expresamente las actividades políticas
a las autoridades de dichos establecimientos y
todo acto de proselitismo o propaganda.
Sobre su derecho o no a gozar del apoyo
económico del Estado, la ley faculta al Poder
Ejecutivo para acordar la contribución económica
"cuando aquel considere que ello conviene al
interés nacional". Sin mayor aclaración al respecto
toda resolución vuelve a quedar librada al exclusivo
criterio del Poder Ejecutivo. Se establece finalmente
que el Consejo de Rectores de las universidades
privadas será órgano de consulta de la Secretaría
de Estado de Cultura y Educación.
Renuncia el rector Botet
La continua postergación de la constitución del
gobierno definitivo de las universidades nacionales
vuelve a plantearse con la renuncia del Dr. Luis
Botet, rector adicto de la intervención en la Universidad
de Buenos Aires, el cual presidió la marcha
de la misma desde agosto de 1966 y dejó su cargo
en febrero de 1968 por no haber logrado que las
autoridades nacionales aceptaran dar a las universidades
un órgano de gobierno pluripersonal, sin
esperar la constitución de los consejos académicos
ni la integración de los claustros de profesores,
de «delicada y laboriosa tramitación".
Conclusión
Una ojeada valorativa al panorama de las universidades
nacionales cuando han transcurrido dos
años desde su ruidosa intervención nos permitirá
señalar algunos hechos:
-Las universidades parecen ir normalizándose
pero el proceso es de gran lentitud y resulta difícil
saber los años que han de mediar hasta que una
universidad nacional llegue efectivamente a elegir
sin intervención gubernamental su propio rector.
Esto es, advenga· a aquella autonomía que desde
el primer momento el gobierno prometió respetar.
-Otra de las aseveraciones de la Ley que se
anuncia de cumplimiento difícil es la de la gratuidad
de la enseñanza. Verdad es que el 6 de junio
de 1967 la Universidad de Buenos Aires anunció
un significativo aumento en el monto de sus becas,
con interesantes ventajas a favor de las carreras
que se quiere promocionar (36). Pero no se anunció
ningún aumento en el número de becas que se
piensa conceder. Además, fueron sustanciosamente
aumentadas las tarifas que el estudiante deberá
pagar por diversos conceptos, entre ellos por
materia repetida y más aún por repetición de
trabajos prácticos.
En cambio se notará a lo largo de todo el año
una constante y amenazadora tendencia a ir transfiriendo
más y más las responsabilidades de la
educación a manos privadas, naturalmente de pago.
El Estado parece resuelto a economizar en su
propio presupuesto, liberándose del deber de educar
y transfiriendo al presupuesto familiar esta
carga que para muchos grupos será siempre
insostenible.
Sin embargo se harán frecuentes las donaciones
y transferencias de bienes públicos a universidades
e instituciones privadas. Cuando el 6 de abril de
1967, en nombre de la provincia de Santa Fe,
el gobernador Eladio Vásquez transfirió a la Universidad
Católica de Santa Fe la Escuela de Doctorado
en Edafología, destacó el hecho de que se cediera
a la iniciativa privada una escuela de nivel universitario
como manera efectiva de llevar a la práctica
"el pensamiento oficial en la materia" (37).
En tanto la opinión pública secundada por la
prensa se moviliza con alarma ante el cierre de
escuelas públicas, predominantemente de las secundarias,
se multiplican los institutos privados de
educación.
-En general los profesores parecerían coincidir
(36) Son: Agronomía, Veterinaria, Ciencias Exactas,
Ciencias Naturales, Ingenierla, Psicología, Sociologla,
Economía Polltica y Administración.
(37) A fines de 1967, en un acto público oficial, el
gobernador de Córdoba habría sostenido que «el Estado
no tiene deberes ni obligaciones en materia de educación
pública, pues la atención de ésta corresponde a
los particulares" (La Prensa, 17-111-1968). La declaración
provocó protestas y fue objeto de posteriores aclaraciones.