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El régimen de contrataciones por tiempo determinado comprende a la prestación de
servicios de carácter transitorio o estacional, que no puedan ser cubiertos por el personal de planta
permanente bajo régimen de estabilidad. Incluye al personal comúnmente denominado “de planta
transitoria”. Estos empleados públicos son equiparados en nivel y grado a los de planta
permanente, y reciben una remuneración acorde.
El porcentaje de personal bajo este régimen no puede superar el porcentaje estipulado en el
convenio colectivo de trabajo, que se vincula con el número de empleados en planta permanente.
Así, en el artículo 156 del Convenio Colectivo vigente desde 2006, este porcentaje fue fijado en un
15%, para mantener la proporción fijada en el Convenio Colectivo anterior, el primero en ser
firmado desde la sanción de la Ley 24.185 de 1992, homologado por el Decreto 66/99.
Por último, está el régimen de prestación de servicios del personal de gabinete de las
autoridades superiores, que solo comprende a las funciones de asesoramiento o asistencia
administrativa. El personal bajo este régimen cesa en sus funciones al mismo tiempo que la
autoridad cuyo gabinete integra, y su designación puede ser cancelada en cualquier momento.
La norma enumera también los derechos del personal del Servicio Civil de la Nación. Uno de
ellos, exclusivo del régimen de estabilidad, es el derecho a la estabilidad, en línea con el artículo
14bis de la Constitución nacional. Se define como el derecho a conservar el empleo, el nivel y el
grado de la carrera alcanzados.
Otro de los derechos que se garantiza para el personal bajo régimen de estabilidad es la
igualdad de oportunidades para acceder a los cargos, es decir, a través de concursos. Se estipula
también el derecho a la capacitación para los empleados públicos de planta permanente. Para estos
casos, y para la mayoría de los demás derechos garantizados por esta norma, la mayor parte de los
mecanismos que deben hacerlos efectivos serán estipulados por el Convenio Colectivo de Trabajo.
Algunos de los derechos que alcanzan por igual a los tres regímenes incluyen el derecho a la
jubilación, a las licencias, a renunciar, a la higiene y seguridad en el lugar de trabajo, a la libre
afiliación sindical y negociación colectiva, a una retribución justa (más los adicionales que
correspondieren) y a la interposición de recursos.
También se detallan los deberes y prohibiciones a que está sujeto todo empleado público,
para cada régimen y se define el régimen disciplinario correspondiente.
En 2001 se sancionó el Decreto 1.184, que establece el régimen de los contratos para la
prestación de servicios profesionales a título personal, la aplicación de los contratos de locación
de servicios y de obra intelectual prestados a título personal en el marco de convenios para
proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento externo, bilateral o multilateral y
a los administrados por organismos internacionales, siempre que los mismos impliquen
erogaciones para el Estado nacional.
Por su parte, el Decreto 1.421 del 2002 reglamentó la Ley 25.164 y estableció las condiciones
para las contrataciones definidas en el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Así, se
estableció como requisito para ingresar a la función pública la correspondiente acreditación del
certificado de aptitud psicofísica. Además, se estipularon las excepciones al requisito de que todo
ingresante sea de nacionalidad argentina y se delegó en la autoridad de aplicación (la Subsecretaría
de Gestión Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros) la potestad para establecer los
mecanismos generales de selección (los cuales, no obstante, deberán ajustarse a los principios del
sistema de concursos). Esta reglamentación incluye también las condiciones de las contrataciones
bajo régimen de “planta transitoria”, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el establecimiento
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