BMA_review #21 - Barbosa, Müssnich & Aragão

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El STF y el depósito
previo en recurso
administrativo
El STF profirió, en los autos de la
Acción Cautelar no. 1.566, decisión que
indirectamente, autoriza la
interposición de recurso administrativo
en la constitución de crédito tributario
sin la realización de depósito previo. El
voto del Min. Celso de Mello,
referendado por la Segunda Turma do
Tribunal el último 6 de marzo,
reconoció la posibilidad excepcional de
suspensión de la eficacia de decisión
judicial que determinaba la necesidad
de depósito previo para el
conocimiento de recurso
administrativo (en el caso, se trataba de
un acuerdo del Tribunal de Justicia del
Estado de Minas Gerais contra el cual
se interpuso recurso extraordinario no
admitido en el origen). Eso porque,
según el relator, la discusión sobre la
constitucionalidad de la obligación de
prestarse el requisito administrativo de
admisibilidad se encuentra pendiente
de juicio en el Plenario del STF (RE
388.359, RE 389.383 y RE 390.359).
El Min. Marco Aurélio entiende que la
exigencia es óbice a los derechos de
defensa y de petición de los
contribuyentes. Su posición la
acompañaron los Min. Joaquim
Barbosa, Ricardo Lewandoski, Eros
Grau y Carlos Britto. Ya el Min.
Sepúlveda Pertence defendió la
constitucionalidad de la exigencia, por
considerar que la Constitución Federal
no garantiza la utilización de recursos
en el ámbito administrativo, y
solamente remite a la ley la
reglamentación del proceso
administrativo, en la línea de la
jurisprudencia consolidada del STF. El
juicio de la materia quedará suspendido
por el pedido de toma de vista del Min.
Cezar Peluso, desde el 20/04/06.
TRANSGÉNICOS: MODIFICACIONES EN LA
SIEMBRA EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO
DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
Luis Felipe Andrade | lfa@bmalaw.com.br
El 02/02/07 fue prorrogada la validez de la MP no. 317, publicada inicialmente el
31/10/06, una vez que el Projeto de Lei no. 29/2006, que objetiva su transformación
en ley, aguarda sanción presidencial. Aunque la referida MP todavía no haya sido
absorbida en el ordenamiento jurídico como ley, fue reglamentada por el Decreto
Federal no. 5.950, publicado también el 31/10/06.
Las dos normas buscan regularizar un problema que se arrastra desde que la Ley
no. 10.814/2003, que reglamentó la siembra de la soya transgénica de la cosecha de
2004, prohibió el cultivo de ese producto en zonas de amortiguamiento (zonas de
entorno) de Unidades de Conservación en Brasil. La cuestión es delicada, una vez
que las zonas de amortiguamiento pueden alcanzar vastas extensiones de tierra en
zonas de alta productividad de transgénicos.
El apariente carácter transitorio de la Ley no. 10.814/2003 acabó por crear dudas
jurídicas a respecto de su validez. Si, por un lado, ambientalistas argumentaban que
aquella prohibición, constante de la Ley no. 10.814/2003, no habría sido expresamente
revocada por los instrumentos legales posteriores que trataron de la siembra de
transgénicos en el país, los productores rebatían afirmando que a pesar de no haber
habido revocación expresa, el nuevo sistema no podría haber acogido disposiciones
de una ley de carácter transitorio.
El sistema traído por la MP no. 327 prohíbe el cultivo de transgénicos en tierras
indígenas y en las áreas internas de las Unidades de Conservación (excepción hecha
a la categoría “Áreas de Protección Ambiental – APAs”), permitiendo que las propias
Unidades de Conservación dispongan en sus Planes de Manejo a respecto del cultivo
o no de culturas transgénicas en sus respectivos entornos.
La gran innovación consiste en la posibilidad de que en las Unidades de Conservación
que no poseen Plan de Manejo aprobado – es decir – la gran mayoría de las Unidades
de Conservación del país – la siembra estará permitida, observados algunos límites: (i)
quinientos metros para el caso de cultivo de soya genéticamente modificada, evento
GTS40-3-2, que le confiere tolerancia al herbicida glifosato; (ii) ochocientos metros para
el caso de cultivo de algodón genéticamente modificado, evento 531, que confiere
resistencia a insectos y (iii) cinco mil metros para el caso de cultivo de algodón
genéticamente modificado, evento 531, que confiere resistencia a insectos, cuando exista
registro de ocurrencia de ancestral directo o pariente silvestre en la unidad de conservación.
Además de aprobar el contenido de la MP no. 327, el Projeto de Lei no. 29/2006 también
altera el quórum necesario para que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad
(CTNBio) emita sus decisiones técnicas a respecto de la posibilidad de siembra de
transgénicos en el país, modificando para mayoría absoluta el sistema actual de quórum
cualificado, lo que va al encuentro de un clamor del sector productivo, ya que permitirá
una mayor agilización en el proceso decisorio de la CTNBio.
Otro punto importante, reside en la alteración propuesta por el Congreso Nacional
que autoriza el beneficiación y la comercialización de las fibras de algodoneros
genéticamente modificados (cosecha de 2006). Se trata de punto polémico, ya que
la CTNBio había determinado la destrucción de esa cosecha, una vez que la
producción de la misma no había sido aprobada por el organismo.