BMA_review #21 - Barbosa, Müssnich & Aragão

N o 21 ENERO | FEBRERO 2007
MERCADO INMOBILIARIO EN EXPANSIÓ TRAE
NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSIONES
BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO
actua en las áreas de práctica:
Derecho Societario
Reestructuraciones
Derecho Tributário
Bancario
Mercado de Capitales
Contencioso / Arbitraje
Derecho Económico
Derecho Inmobiliario
Derecho Administrativo
Privatizaciones y Concesiones
Derecho Ambiental
Derecho Laboral
Propiedad Intelectual e Internet
Tercer Sector
Energía
01
Mercado inmobiliario en expansió trae
nuevas oportunidades de inversiones
02
Alteraciones propuestas por la CVM para
los fondos de private equity y para los fondos
de inversión en empresas emergentes
03
Topografía de circuitos integrados: nueva
protección intelectual
04
Transgénicos: modificaciones en la
siembra en zonas de amortiguamiento de
unidades de conservación
El STF y el depósito
previo en recurso administrativo
05
La esperada reglamentación acerca del
registro de capital contaminado
06
CVM: informaciones sobre carteras
Comité de Energía de Affinitas elabora
publicación bilingüe
BM&A participa del ciclo de charlas sobre
inversión inmobiliaria en Brasil
Anunciada como el foco de atención en el
crecimiento económico del país, el área inmobiliaria
experimenta una gran inyección de inversiones. En
2006, alcanzó su nuevo récord en el volumen de
financiaciones con recursos de la libreta de ahorro,
R$9,5 mil millones, y el número de inmuebles
financiados sobrepasó la barrera de 100 mil unidades,
algo que no ocurría desde 1998. Constructoras y
promotoras inmobiliarias acompañaron ese
movimiento y aumentaron el número de
lanzamientos en un 30% en los últimos dos años.
La novedad es el lastre de las financiaciones en
modalidades propias de un mercado financiero Christiane Scabell Höhn, socia del área inmobiliaria
más maduro en Brasil. Desde setiembre de 2005, 12 constructoras empezaron a cotizar sus papeles
en Bovespa y recibieron R$5,2 mil millones de inversionistas extranjeros, lo que demuestra la
credibilidad de la economía nacional y del mercado inmobiliario brasileño, que presenta una
demanda reprimida en el área. “En Brasil, la combinación de inflación baja, cambio fuerte y creación
de modernos mecanismos de fondos de inversiones hizo con que el mercado inmobliario se volviera
extremamente atractivo para los inversionistas”, dice Christiane Scabell Höhn, socia especializada
en derecho inmobiliario de BM&A Advogados.
Según Christiane, existen varios caminos para invertirse en el mercado inmobiliario brasileño,
directamente, o por medio de una compañía promotora. Es el caso, de la securitización de créditos
vía Certificado de Recibibles Inmobiliarios y Cédulas de Crédito Inmobiliario, además del Fondo
de Inversión Inmobiliaria. “Inversionistas institucionales y particulares desempeñan un importante
papel, pues garantizan la fuente de recursos necesaria para estimular el mercado inmobiliario”,
afirma la abogada, especializada en la asesoría de proyectos residenciales, industriales y
comerciales, como centros comerciales, centros de negocios, parques y hoteles, entre otros.
En el plano jurídico, parte de las condiciones para que el mercado siga en este ritmo de crecimiento
acelerado ya está dada. En los últimos años hubo varios avances en las leyes, que pasaron a ser
más rígidas con los malos pagadores. La experiencia internacional también refuerza los pronósticos
positivos: países con economía estable y tasas de interés en descenso normalmente pasan períodos
de gran expansión del mercado inmobiliario. Analistas creen que el mercado nacional todavía
tenga un inmenso potencial a explorarse en los próximos años; la expectativa es que Brasil viva
la misma experiencia de España y México, que hoy día cuentan con un número cinco veces mayor
de unidades financiadas por año que Brasil.
La expansión reciente en los lanzamientos de inmuebles residenciales todavía está dirigida hacia
las capas media y alta de la sociedad, que absorben la mayor parte del crédito disponible. “Todo
ese crecimiento ocurre en un país que todavía no desarrolló una política bien definida de viviendas”,
recuerda Christiane. Para llegar al punto ya conquistado por España y México, el mercado brasileño
tendrá que atender también a la capa más baja de la sociedad, donde se encuentra el mayor déficit
de viviendas. Saber cómo alcanzar esta parcela de la población y conocer los instrumentos jurídicos
necesarios para viabilizar este nuevo momento será fundamental para el crecimiento del mercado
inmobiliario brasileño.

2
ALTERACIONES PROPUESTAS POR LA CVM PARA LOS
FONDOS DE PRIVATE EQUITY Y PARA LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN EMPRESAS EMERGENTES
Rafael Maradei | ram@bmalaw.com.br
Luciana Rainho Marsal | lrm@bmalaw.com.br
La CVM sometió a la apreciación en audiencia pública, habiendo
recibido comentarios y sugerencias hasta el último 1 ero . de marzo,
una propuesta de alteración en la reglamentación aplicable a los
fondos de inversión en participaciones (FIPs, también conocidos
como fondos de private equity) y a los fondos mutuos de inversión
en empresas emergentes (FMIEEs).
La creación de los FMIEEs, representó un importante hito en el
desarrollo de la industria brasileña de capital de riesgo. Existen
actualmente 21 FMIEEs registrados en la CVM, cuyos activos
suman cerca de R$ 280 millones. Sin embargo, la inversión se
limita a sociedades anónimas que presenten una facturación
neta anual (consolidada o no) inferior a los R$ 100 millones.
En 2003, surgieron los FIPs, cuya reglamentación es más flexible
y adaptada a los principios mundiales aplicables a inversiones
de private equity. El gobierno estableció, además, beneficios
fiscales para las inversiones realizadas por medio de FIPs, en
especial por extranjeros. Ante los aspectos regulatorios
favorables, los FIPs se convierten rápidamente en el vehículo
de inversión preponderante en private equity en Brasil. Desde
su creación, 34 FIPs se constituyeron y se registraron en la
CVM, cuyos activos suman alrededor de R$ 9 mil millones, lo
que equivale a 32 veces la monta bajo gestión de los FMIEEs.
Modificaciones más importantes propuestas por la CVM:
Extensión a los FMIEEs de lo dispuesto en la Instrução CVM no. 406,
del 27/04/04, que concede a los FIPs que cuentan con el apoyo
financiero directo de organismos de fomento las siguientes
prerrogativas: (i) emisión de las cuotas de diferentes clases, a que
se atribuyan derechos económico-financieros o políticos
diferenciados, establecidos en el reglamento del fondo; (ii)
obtención directa de préstamos de los organismos, de las agencias
de fomento o de los bancos de desarrollo, limitados a la monta
correspondiente al 30% de los activos del fondo. La intención de
CVM es extender esa prerrogativa también a los FMIEEs.
Flexibilización del uso de derivativos por los FIPs. La
reglamentación actual establece que los FIPs solamente pueden
valerse de instrumentos derivativos para protección de la
cartera si tales instrumentos son opciones cuyo activo
subyacente sea valor mobiliario perteneciente a la cartera del
fondo o en el cual haya derecho de conversión. La propuesta
de CVM es preservar la obligatoriedad de que operaciones con
derivativos tengan por finalidad exclusiva la protección
patrimonial, pero sin la imposición de que éstas se lleven a
cabo con opciones o con valores mobiliarios pertenecientes a
la cartera del FIP.
Posibilidad de inversión por FMIEEs en sociedades cuyos cuotistas
participen con más del 10%. La actual reglamentación aplicable a
los FMIEEs impide que estos fondos inviertan en sociedad en la
cual cuotistas o administradores del fondo, o respectivos cónyuges
o parientes hasta segundo grado participen, directa o
indirectamente, individualmente o en conjunto, en porcentaje
superior a los 10% del capital social, o en la cual ocupen cargos
de administración, resalvadas algunas excepciones. Sin embargo,
puede haber justificativas razonables para la inversión, por el
fondo, en sociedades en las cuales hay expresiva participación de
sus cuotistas. Así, la CVM estudia extender para los FMIEEs regla
idéntica a la aplicable a los FIPs, la cual admite, como excepción,
que la mayoría de los cuotistas autorice la inversión en cuestión.
Hay que observarse, además, que la actual reglamentación
aplicable a los FIPs le impone al intermediario de la negociación
de las cuotas en el mercado de bolsa o de mostrador organizado
asegurar la condición del inversionista cualificado del adquiriente
de cuotas, cabiéndole al administrador del FIP la obligación de
exigir la comprobación de que el adquiriente de las cuotas satisfaga
tal requisito como condición para proceder a la transferencia de
titularidad de cuotas negociadas en el mercado secundario.
Sin embargo, en la práctica, es inviable que los intermediarios
de las operaciones tengan, previamente a la consumación de
la operación, informaciones actualizadas suficientes, o aun
tiempo suficiente para proceder a la verificación que la
reglamentación exige. La obligación impuesta al administrador
del FIP es todavía peor, haciendo imposible su cumplimiento,
ya que el sistema de Bovespa para transferencia de cotas de
emisión de FIP no presupone ni permite cualquier especie de
interferencia del administrador.
Delante de la imposibilidad de cumplimiento de las
obligaciones del administrador y del improbable cumplimiento
de las obligaciones de los intermediarios previstas en la
reglamentación, Bovespa determinó recientemente que las
cuotas de FIPs no son pasibles de negociación en sus sistemas
(BOVESPAFIX y SOMAFIX). Esa imposibilidad de negociación
dificulta la proliferación de los FIPs entre determinados
inversionistas que, por determinación legal, deben
obligatoriamente negociar sus cuotas en mercado público,
prohibiéndoles la enajenación privada (como los inversionistas
extranjeros registrados en los términos de la Resolução CMN
no. 2689/2000). Se percibe que el esfuerzo dirigido hacia el
crecimiento del sector trae también nuevas cuestiones, que
requieren atención y operaciones bien estructuradas.

3 3
TOPOGRAFÍA DE CIRCUITOS INTEGRADOS:
NUEVA PROTECCIÓN INTELECTUAL
Laura Fragomeni | lfo@bmalaw.com.br
Patricia Esmeraldo | pje@bmalaw.com.br
La Medida Provisoria (MP) no. 352, del 22/01/07, que
instituye el Programa de Aceleración de Crecimiento
(PAC), además de traer incentivos fiscales para las
industrias de semiconductores y de equipos electrónicos
para televisión digital, trajo, también, un capítulo específico
dedicado a la protección de la propiedad intelectual
referente a la topografía de circuitos integrados.
También conocido como microchip, el circuito integrado, según
la MP, puede entenderse como un pequeño aparato, fabricado
en una pieza de material semiconductor, que contiene un
circuito electrónico completo, con elementos y conexiones
interrelacionadas que ejecutan una función electrónica. Ya la
topografía de los circuitos integrados equivale al diseño del
circuito, es decir, a la imagen de la posición en la cual los
elementos contenidos en el circuito están dispuestos.
En el panorama internacional la protección a las topografías
de circuitos integrados ya la estaban regulando los tratados,
contando, incluso, con capítulo específico en el Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rigths (TRIPS), acuerdo
multilateral del cual Brasil es signatario, que establece
protección mínima para derechos de propiedad intelectual
en el ámbito de la OMC. Además de eso, los Estados
Unidos, Japón y algunos países de Europa ya poseen
reglamentación propia sobre ese tema.
Por eso, en virtud de la competición internacional y de la
necesidad de atraer inversiones extranjeras, Brasil no podría
dejar de proteger a los creadores de topografías de circuitos
integrados, que, a partir de la MP, pasan a reconocerse en
Brasil como un bien de propiedad intelectual, tales como
las marcas, patentes y diseños industriales.
Según la MP, para obtenerse la protección de un circuito
integrado en Brasil, es necesario proceder a su registro ante
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El
referido organismo no está incumbido de realizar análisis de
sustancia para fines de concesión del registro, pero solamente
verificará los requisitos formales para la protección de las
topografías; discusiones sobre puntos como la originalidad
de la topografía deberán trabarse en el Judiciario.
La MP creó un tipo de protección híbrida, que no se encaja
en los requisitos típicos de una patente: como ejemplo, el
desarrollo de una topografía, no trae cualquier efecto técnico
nuevo. Por otra parte, aunque la protección incida sobre la
forma del objeto, como ocurre con las obras protegidas por
el derecho autoral, diferentemente de éstas, se exige el registro
para que se conceda la exclusividad al titular de la topografía.
De esta manera, la MP establece, como requisitos para
obtención de protección a las topografías, que las mismas
tengan (i) originalidad, es decir, aquella topografía que resulte
del intelecto de su creador, y que no sea común o vulgar para
fabricantes, técnicos y especialistas en el tema: (ii) novedad,
pues sólo serán protegidas las topografías que no estén
disponibilizadas en el mercado hace más de dos años de la
fecha del depósito; y (iii) suficiencia descritiva, pues para
requerir protección, el creador debe describir la topografía
y su función, y presentar dibujos y fotografías, esenciales
para permitir su identificación y caracterizar su originalidad.
Según la MP, el registro de una topografía le garantiza a su
titular el derecho exclusivo de explorarla, independiente
de la forma en que se la fije, pudiendo cederla y licenciarla
por el plazo de 10 (diez) años de la fecha de su depósito
ante el INPI, o de la fecha de su primera exploración,
prevaleciendo la fecha que haya ocurrido primero. Después
de la expiración de su vigencia, la topografía cae en dominio
público, y la puede explorarlibremente cualquier interesado.
Como límites a los derechos de los titulares de topografías, la
MP permite (i) acciones de terceros no autorizados, para fines
de análisis, evaluación, enseñanza e investigación; (ii) creación
o exploración de topografía, resultado de análisis, evaluación
e investigación de topografía protegida, desde que la
topografía derivada del estudio no sea sustancialmente igual
a aquella protegida; (iii) importación, venta y distribución de
productos que contengan las topografías protegidas, colocados
en circulación por el titular de la topografía o por él
autorizados; y (iv) exploración de topografías u objetos que
contengan topografías protegidas, por terceros no autorizados,
que no tenían el conocimiento de que el objeto incorporaba
una topografía reproducida ilícitamente.
La MP establece, todavía, la posibilidad de concederse
licencias compulsorias para segurar la libre competición o
impedir abusos de derecho o de poder económico
practicados por los titulares de topografías, o cuando éstos
no atiendan a las necesidades del mercado consumidor en
cuanto al precio, cantidad o calidad del objeto.
El texto de la MP pasará, además, por la apreciación del
Congreso, siendo posible que se lo venga a alterar. Sin
embargo, la MP es el retrato de que cada vez más se hace
necesario ampliar las formas de protección para los nuevos
inventos, de forma a incentivar el crecimiento de las
industrias, lo que garantiza la posibilidad de retorno
financiero para aquellos que invierten en investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías

4
El STF y el depósito
previo en recurso
administrativo
El STF profirió, en los autos de la
Acción Cautelar no. 1.566, decisión que
indirectamente, autoriza la
interposición de recurso administrativo
en la constitución de crédito tributario
sin la realización de depósito previo. El
voto del Min. Celso de Mello,
referendado por la Segunda Turma do
Tribunal el último 6 de marzo,
reconoció la posibilidad excepcional de
suspensión de la eficacia de decisión
judicial que determinaba la necesidad
de depósito previo para el
conocimiento de recurso
administrativo (en el caso, se trataba de
un acuerdo del Tribunal de Justicia del
Estado de Minas Gerais contra el cual
se interpuso recurso extraordinario no
admitido en el origen). Eso porque,
según el relator, la discusión sobre la
constitucionalidad de la obligación de
prestarse el requisito administrativo de
admisibilidad se encuentra pendiente
de juicio en el Plenario del STF (RE
388.359, RE 389.383 y RE 390.359).
El Min. Marco Aurélio entiende que la
exigencia es óbice a los derechos de
defensa y de petición de los
contribuyentes. Su posición la
acompañaron los Min. Joaquim
Barbosa, Ricardo Lewandoski, Eros
Grau y Carlos Britto. Ya el Min.
Sepúlveda Pertence defendió la
constitucionalidad de la exigencia, por
considerar que la Constitución Federal
no garantiza la utilización de recursos
en el ámbito administrativo, y
solamente remite a la ley la
reglamentación del proceso
administrativo, en la línea de la
jurisprudencia consolidada del STF. El
juicio de la materia quedará suspendido
por el pedido de toma de vista del Min.
Cezar Peluso, desde el 20/04/06.
TRANSGÉNICOS: MODIFICACIONES EN LA
SIEMBRA EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO
DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
Luis Felipe Andrade | lfa@bmalaw.com.br
El 02/02/07 fue prorrogada la validez de la MP no. 317, publicada inicialmente el
31/10/06, una vez que el Projeto de Lei no. 29/2006, que objetiva su transformación
en ley, aguarda sanción presidencial. Aunque la referida MP todavía no haya sido
absorbida en el ordenamiento jurídico como ley, fue reglamentada por el Decreto
Federal no. 5.950, publicado también el 31/10/06.
Las dos normas buscan regularizar un problema que se arrastra desde que la Ley
no. 10.814/2003, que reglamentó la siembra de la soya transgénica de la cosecha de
2004, prohibió el cultivo de ese producto en zonas de amortiguamiento (zonas de
entorno) de Unidades de Conservación en Brasil. La cuestión es delicada, una vez
que las zonas de amortiguamiento pueden alcanzar vastas extensiones de tierra en
zonas de alta productividad de transgénicos.
El apariente carácter transitorio de la Ley no. 10.814/2003 acabó por crear dudas
jurídicas a respecto de su validez. Si, por un lado, ambientalistas argumentaban que
aquella prohibición, constante de la Ley no. 10.814/2003, no habría sido expresamente
revocada por los instrumentos legales posteriores que trataron de la siembra de
transgénicos en el país, los productores rebatían afirmando que a pesar de no haber
habido revocación expresa, el nuevo sistema no podría haber acogido disposiciones
de una ley de carácter transitorio.
El sistema traído por la MP no. 327 prohíbe el cultivo de transgénicos en tierras
indígenas y en las áreas internas de las Unidades de Conservación (excepción hecha
a la categoría “Áreas de Protección Ambiental – APAs”), permitiendo que las propias
Unidades de Conservación dispongan en sus Planes de Manejo a respecto del cultivo
o no de culturas transgénicas en sus respectivos entornos.
La gran innovación consiste en la posibilidad de que en las Unidades de Conservación
que no poseen Plan de Manejo aprobado – es decir – la gran mayoría de las Unidades
de Conservación del país – la siembra estará permitida, observados algunos límites: (i)
quinientos metros para el caso de cultivo de soya genéticamente modificada, evento
GTS40-3-2, que le confiere tolerancia al herbicida glifosato; (ii) ochocientos metros para
el caso de cultivo de algodón genéticamente modificado, evento 531, que confiere
resistencia a insectos y (iii) cinco mil metros para el caso de cultivo de algodón
genéticamente modificado, evento 531, que confiere resistencia a insectos, cuando exista
registro de ocurrencia de ancestral directo o pariente silvestre en la unidad de conservación.
Además de aprobar el contenido de la MP no. 327, el Projeto de Lei no. 29/2006 también
altera el quórum necesario para que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad
(CTNBio) emita sus decisiones técnicas a respecto de la posibilidad de siembra de
transgénicos en el país, modificando para mayoría absoluta el sistema actual de quórum
cualificado, lo que va al encuentro de un clamor del sector productivo, ya que permitirá
una mayor agilización en el proceso decisorio de la CTNBio.
Otro punto importante, reside en la alteración propuesta por el Congreso Nacional
que autoriza el beneficiación y la comercialización de las fibras de algodoneros
genéticamente modificados (cosecha de 2006). Se trata de punto polémico, ya que
la CTNBio había determinado la destrucción de esa cosecha, una vez que la
producción de la misma no había sido aprobada por el organismo.

5
LA ESPERADA REGLAMENTACIÓN ACERCA
DEL REGISTRO DE CAPITAL CONTAMINADO
Camila Goldberg Cavalcanti | cgc@bmalaw.com.br
Entre las importantes innovaciones traídas por la MP 315/2006
(convertida el 28.11.06, en la ley 11.371), se destaca la posibilidad
de registro en moneda nacional, en el BACEN, del capital
extranjero invertido en personas jurídicas en el país, todavía
no registrado y no sujeto a otra forma de registro en el BACEN,
siendo esa ausencia de registro comúnmente conocida por
“contaminación de capital” (Registro de Capital Contaminado).
Hasta entonces, el conjunto de reglas cambiales sobre registro de
capital extranjero – que tiene como pilar la Ley 4.131/62 –
establecía que el registro, en el BACEN, de inversiones extranjeras
en empresas brasileñas realizadas por no residentes dependía
del efectivo ingreso de recursos en Brasil, resalvadas algunas
hipótesis específicas, como es el caso de integralización de
acciones en bienes o conferencia internacional de activos. De esa
manera, en situaciones en las cuales no se podía comprobar el
ingreso de recursos (como usualmente ocurría con inversiones
antiguas, ocurridas antes de la edición de la ley de 1962) o donde
la inversión se hacía independientemente de tal ingreso, el
inversionista extranjero no poseía registro de su inversión en el
BACEN, quedando imposibilitado de efectuar cualquier posterior
remesa a título de rendimientos o retorno del capital invertido.
Atendiendo a la Ley no. 371/2006, el CMN y el BACEN
reglamentaron el tema por medio de la Resolución CMN 3.447,
del 05/03/07, y de la Circular BACEN 3.344, del 07.03.07, las
cuales establecieron los requisitos y principales procedimientos
a observarse para realización del Registro de Capital
Contaminado. Tal registro pasó a permitirse,
independientemente de la fecha de integralización de la
respectiva inversión, y desde que (i) la inversión conste de los
registros contables de la empresa brasileña receptora de la
inversión, en la forma de legislación en vigor; y (ii) la
titularidad de la inversión se comprueba a través de
documentos apropiados, que deberán permanecer a la
disposición del BACEN por cinco años.
Además de eso, se permitió que el Registro de Capital
Contaminado se haga de forma declaratoria, a través del
Registro Declaratorio Electrónico de Inversión Extranjera (RDE-
IED) del SISBACEN, en línea con las orientaciones del nuevo
Manual del Declarante disponibilizado por el BACEN. El
Registro de Capital Contaminado no estará, entonces, sujeto
a la previa autorización del BACEN.
Según la Resolución CMN 3.447/2007, el plazo para realización
del Registro de Capital Contaminado (y de reinversiones
provenientes de dicho capital) de inversiones extranjeras existentes
el 31/12/05 se inició el 19/03/07 y se cerrará el 30/06/07. Ya en
el caso de inversiones constituidas a partir de 2006, el plazo se
cerrará el último día laboral del año fiscal subsecuente al año de
las demostraciones financieras de la empresa receptora que hayan
registrado la inversión extranjera. Esa regla demuestra que, más
que una “amnistía” al stock, la norma perpetúa la posibilidad de
descontaminación de capital extranjero.
Sin embargo, el Registro de Capital Contaminado no impedirá
que el BACEN y otras autoridades brasileñas responsabilicen
a las empresas receptoras de inversión extranjera por eventuales
irregularidades constatadas con relación a la realización de tal
inversión, según resalvado por la Resolução CMN 3.447/2007.
Adicionalmente, el propio Registro de Capital Contaminado
también está sujeto a penalidades por la inobservancia de plazos
y/o prestación de informaciones incorrectas y/o falsas.
Desde nuestro punto de vista, tal resalva se refiere a las
hipótesis en que, a pesar de que haya sido aprobada la
posibilidad de Registro de Capital Contaminado, se
identifiquen eventuales violaciones a las normas cambiales en
vigor, perpretadas cuando de la realización de la inversión
objeto de la descontaminación. Sería el caso, por ejemplo, de
capital contaminado proveniente de inversiones realizadas por
medio de operaciones ilegítimas de cambio o compensaciones
privadas de cambio, vedadas por el Decreto 23.258 y por el
Decreto-Lei 9.025/46, respectivamente.
Nótese que en los términos de la Circular BACEN 2.997/2000
– norma general sobre registro de inversión extranjera, aplicable
subsidiariamente al Registro de Capital Contaminado - en caso
de pago de lucros, dividendos, intereses sobre capital propio o
retorno de inversión extranjera cuyo registro se haga en moneda
corriente nacional, es obligatorio que los respectivos valores se
depositen en cuenta brasileña con valores en moneda corriente
nacional mantenida por el respectivo inversionista extranjero.
Considerándose que esta Circular determina que el Registro
de Capital Contaminado se haga, obligatoriamente, en moneda
nacional y no exceptúa expresamente la aplicación de esta regla
para los pagos hechos en el ámbito de tal registro, es posible
que el BACEN consolide entendimiento en el sentido de que
cualquier pago relativo a inversión extranjera descontaminada
se realice por medio de cuenta mantenida en el país, en moneda
nacional, por el inversionista no residente.
Hasta ahora el BACEN todavía no consolidó entendimiento sobre
el tema. La consecuencia, por si entiende que la norma arriba
mencionada es aplicable, será la necesidad de que el inversionista
extranjero abra una cuenta de no residente en Brasil, lo que, en
la práctica, podrá generar obstáculos operativos para la
implementación del retorno de su inversión descontaminada.

6
Comité de Energía
de Affinitas elabora
publicación bilingüe
El Comité de Energía de
Affinitas, alianza entre estudios
de abogados de América Latina
y de la Península Ibérica,
lanzará una publicación en tres
tomos sobre el mercado de
energía. Cada tomo reunirá
artículos sobre los siguientes
temas: petróleo, gas y energía
eléctrica. La previsión es de que
la publicación, en los idiomas
inglés y español, esté disponible
a partir de mayo de 2007.
BM&A Advogados, estudio
brasileño miembro de la
alianza, contribuyó para la
publicación con artículos
escritos por varios de sus
profesionales, como Álvaro
Jorge, Camila Goldberg, Carla
Vilmar, Fabiana Vidigal,
Hernani Carvalho, Ivo Teixeira,
Maria Esperanza Motilla,
Octávio Fragata, Paula Lima,
Paulo Figueiredo, Pedro
Fragoso Pires y Plínio Simões
Barbosa. La coordinación de ese
proyecto quedó a cargo de
Pedro Fragoso Pires.
BM&A participa
del ciclo de charlas
sobre inversión
inmobiliaria en Brasil
Garrigues, estudio español
miembro de Affinitas, realizó un
ciclo de charlas sobre inversiones
inmobiliarias en Brasil y en
Argentina. El evento tuvo lugar
en marzo, en la ciudad de
Málaga, y las presentaciones se
dirigieron hacia las empresas
inmobiliarias de la región
española de Andalucía. Cristiana
Moreira y Mateus Oliveira,
abogados de BM&A, dieron
charlas en el evento.
CVM: INFORMACIONES
SOBRE CARTERAS
Elaine Palmer | epp@bmalaw.com.br
En febrero, CVM encaminó oficios a diversas personas físicas y jurídicas
credenciadas como administradoras de cartera de valores mobiliarios,
con el objetivo de eventual cancelamiento de las respectivas credenciales,
en función de la ausencia de envío a la CVM de los informes previstos
en el art. 12 de la Inst.CVM 306/99, con base en las posiciones de las
carteras del 31.03.05 y el 31.03.06. Estos informes consisten en (i)
Resumen de las Carteras Administradas por la Persona Física o Jurídica;
(ii) Activos de las Carteras Administradas por la Persona Física o
Jurídica; (iii) Catastro de Persona Física; (iv) Catastro de Persona Jurídica.
Los oficios mencionaban que sus destinatarios podrían presentar
defensa en los procesos y se someterían al cobro de multa conminatoria,
por si los informes ya hubiesen sido entregados, pero con retraso.
Por lo que parece, los destinatarios de estos oficios incluyen dos
categorías específicas: hay los que, aunque tengan credenciales de la
CVM, no tenían bajo su administración cualquier cartera en las fechas
base de los informes, y hay aquéllos que, como consecuencia de la
posibilidad de subcontratación concedida por el art. 56 de la Inst. CVM
409/2004, desempeñaban las actividades de gestores de cartera de
valores mobiliarios y no propiamente de administradores. Entendieron
los primeros que no deberían enviar los informes en caso de información
negativa y los segundos que el cumplimiento de la obligación del art.
12 de la Inst. CVM 306 era de responsabilidad exclusiva de los
administradores de cartera (stricto sensu), y no de sus gestores.
El cabimiento de las interpretaciones arriba, así como de la anunciada
multa conminatoria, la apreciará la Superintendencia de Relaciones
con Inversionistas Institucionales, y finalmente, en el caso de recurso,
el Colegiado de la CVM.
Hay que anotar, además, que la CVM, por medio de la reciente edición
de la Inst. CVM 448, del 13 de febrero de este año (dígase
concomitantemente al envío de los oficios por la autarquía), alteró el
Anexo III de la Inst. CVM 306/99 (Catastro de Persona Física), e introdujo
en él una indagación sobre si el portador de credencial poseería o no, en
la fecha de completar el formulario, recursos bajo su administración.
Parece raro que tal indagación no haya sido incluida en el Anexo IV
(Catastro de Persona Jurídica), lo que abre la posibilidad de concluirse
que las personas jurídicas no estarían obligadas a enviar los informes
si no hubiesen en la fecha base activos bajo su administración. Sin
embargo, a partir de la sucesión de los eventos recientes y de la misma
edición del nuevo normativo, la interpretación más conservadora es
en el sentido de que toda persona con credencial de administradora
de valores mobiliarios (teniendo o no en la fecha relevante carteras
bajo su administración/gestión, y ejerciendo la función de
administrador o de gestor) debe enviar los informes de que trata el
art. 12 de la Inst. CVM 306/99.
RESPONSABLES DE
LA PUBLICACIÓN
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Antunes Maciel Müssnich,
Plínio Simões Barbosa.
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