Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. La izquierda uruguaya ante ...

4
Del Frente Amplio
a la Nueva Mayoría.
La izquierda uruguaya ante
la perspectiva del gobierno
Daniel Chavez

Introducción: entre pronósticos y certezas
El crecimiento de la izquierda uruguaya ilustra el dilema
central de toda fuerza política progresista con aspiraciones y
posibilidades reales de acceso al poder. Al igual que otros gobiernos
latinoamericanos del pasado y del presente, el programa
de cambios de la izquierda uruguaya deberá enfrentar
múltiples presiones políticas, sociales y económicas antagónicas.
Por un lado, afrontará las presiones de las elites políticas y económicas
del país, los organismos internacionales de crédito, el
gobierno de Estados Unidos y otras fuerzas conservadoras que
procuraran limitar al mínimo el perfil emancipatorio del nuevo
gobierno. Por otro, estará presionado a asumir el programa histórico
de la izquierda, procurando responder a las demandas, a
las aspiraciones y a las expectativas de los sectores sociales más
vulnerables, en el contexto de una gravísima crisis heredada de
más de tres décadas de gobiernos autoritarios y excluyentes. A
poco tiempo de haber ascendido a la Presidencia de la República,
las tensiones acumuladas en el interior de la izquierda uruguaya
son ya demostrativas de la difícil transición desde un proyecto
de acumulación política y electoral a un gobierno capaz de asumir,
al mismo tiempo, el desafío de construcción de la utopía y
de promoción de soluciones reales a los problemas concretos del
presente.
La más reciente elección legislativa y presidencial del Uruguay
tuvo lugar el 31 de octubre de 2004. La izquierda resultó
vencedora en la primera vuelta, después de haber obtenido
1.124.761 votos, equivalente al 50,5% del total nacional. 1 El presidente
electo, Tabaré Vázquez, el médico socialista y carismático
dirigente de la coalición Encuentro Progresista-Frente
Amplio/Nueva Mayoría (ep-fa/nm), que agrupa al conjunto de
la izquierda, asumió la presidencia el 1 de marzo de 2005 para
gobernar durante cinco años. Además del gobierno nacional, la
izquierda alcanzó la mayoría parlamentaria absoluta: 16 senadores
y 53 diputados.
[149]
1
En porcentaje sobre el total de votos emitidos, incluyendo votos en
blanco y anulados.

Daniel Chavez
La llegada a la Presidencia del país significa la culminación
de una larga marcha, desde la unificación de todas las corrientes
de la izquierda uruguaya en el Frente Amplio (fa), en 1971,
a la resistencia a la dictadura militar entre 1973 y 1985, con miles
de militantes en prisión, en el exilio o apoyando desde la clandestinidad
la reconstitución de partidos políticos y movimientos
sociales. La llegada de Tabaré Vázquez a la Presidencia representa
también el rechazo generalizado a las políticas impulsadas por
los cuatro gobiernos de derecha del período postautoritario,
desde 1985 hasta 2004.
Este capítulo está organizado en cinco partes. A la introducción
le sigue una sección que describe e interpreta el proceso
de crecimiento electoral y unificación de la izquierda, con referencias
a algunas características particulares de la sociedad uruguaya
en el contexto latinoamericano. La tercera sección presenta
un análisis del significativo (y único) antecedente de gestión
gubernamental de la izquierda uruguaya: el proceso de gobierno
municipal progresista de Montevideo, desde 1990 hasta el
presente. La cuarta sección está dedicada al programa y a los
desafíos que asume desde el gobierno tras las elecciones de 2004;
además, analiza las contradicciones que podrían existir entre el
proyecto electoral y el proyecto político de la izquierda. Por último, la
breve sección de conclusiones presenta algunas reflexiones de
síntesis en torno a la viabilidad y la sustentabilidad de las transformaciones
propuestas por la izquierda a la luz de otras experiencias
de gestión progresista en la región.
[150]
El proceso de ascenso y unificación de la izquierda
La política en Uruguay ha sido históricamente más abierta
e inclusiva que en otros países de América Latina. A comienzos
2
José Batlle y Ordóñez (1856-1929) ha sido, desde la independencia
en 1825, el político más influyente de Uruguay. Fue él quien estableció
los cimientos de un Estado de bienestar basado en las altas ganancias
de una economía ganadera generadora de un superávit lo
suficientemente alto como para implementar políticas sociales de gran
envergadura. Para un análisis detallado de la base política y económica
de la ideología y las prácticas del batllismo, véase Barrán y Nahum
(1994).

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
del siglo pasado el presidente José Batlle y Ordóñez 2 estableció
la base del moderno Estado uruguayo, al terminar con la situación
de guerra civil casi permanente que prevalecía en el país
desde su independencia en 1825. A lo largo de gran parte del
siglo xx, Uruguay fue considerado un modelo para otros países
de la región, en consideración de su avanzada estructura política
y el sentido y alcance de sus políticas sociales. Otros estudios
comparativos han resaltado la fuerza y consolidación de su sistema
de partidos políticos, en contraste con la fragilidad y dispersión
observada en otros países latinoamericanos (Mainwaring
y Scully, 1995). Sin embargo, después de la Segunda Guerra
Mundial, y particularmente desde finales de los años cincuenta,
el país fue moviéndose hacia una creciente polarización social
y autoritarismo político. El golpe militar de junio de 1973 fue
una respuesta largamente esperada al proceso de crecimiento,
unificación y radicalización de la izquierda política y la izquierda
social.
En Uruguay, los partidos políticos y los movimientos sociales
más influyentes evolucionaron principalmente a partir de una
clase trabajadora proveniente de las tempranas olas de inmigración
italiana y española. De esta avalancha de inmigrantes nace
una gran clase media urbana que ha constituido el núcleo de la
cultura política hegemónica en el país. Dos grandes partidos, el
Partido Nacional o Blanco (pn) y el Partido Colorado pc), 3 estuvieron
en control de la política nacional casi sin interrupción
y sin competencia desde mediados del siglo xix hasta fines de
los años ochenta del siglo xx. Ambos partidos habían logrado
articular diversas formas de cogobierno en todos los ámbitos del
[151]
3
Los nombres de los partidos, Blanco y Colorado, evocan las divisas
utilizadas durante las sangrientas batallas del siglo xix. Ambos partidos
nacieron de las guerras civiles que siguieron a la lucha por la independencia.
Al comienzo reflejaban la pugna entre el interior rural
(los Blancos) y la ciudad (los Colorados). En la actualidad ambos partidos
comparten una ideología muy ambigua y flexible de centroderecha;
son coaliciones más que partidos, con tendencias internas que
cubren desde la centro-izquierda a la extrema derecha.

Daniel Chavez
[152]
Estado y desempeñar un papel crucial como mediadores entre
el Estado y la sociedad.
Históricamente, la población uruguaya ha estado muy interesada
por la política. En oposición a la mayoría de los países
latinoamericanos, la participación electoral en Uruguay ha sido
tradicionalmente masiva. En 1908 sólo el 4% de la población
participó de las elecciones; pero en 1919, luego de que el sufragio
fuera universalizado para los hombres, este porcentaje pasó
a ser 15%. A lo largo de la primera mitad del siglo pasado dicha
participación estuvo generalmente por encima del 60%. En 1971
el voto pasó a ser obligatorio y alcanzó el 90% (Errandonea,
1994).
En este contexto, la fundación del fa, en 1971, estuvo muy
influida por la larga y profunda crisis estructural del sistema
político uruguayo, la que corría en paralelo a la crisis social y
económica. La coalición Frente Amplio constituyó el espacio
orgánico para la confluencia de diversas fuerzas políticas y sociales
preocupadas por el rápido y avanzado deterioro de las instituciones
democráticas y por la abrupta caída de los estándares
económicos y sociales del país. La novedad principal del fa fue
su particular identidad como coalición política, que armonizaba
componentes tan diversos como el reformismo populista de los
sectores escindidos de los dos partidos tradicionales, la sexagenaria
izquierda marxista y las expresiones más variadas de la
nueva izquierda revolucionaria.
El Frente fue concebido como una coalición permanente
que unificaría todas las ‘familias’ de la izquierda que antes competían
entre sí, bajo el paraguas de una agenda programática
común y orientada a cambios sociales y políticos profundos. El
documento fundacional de marzo de 1971 fue firmado por los
dos grandes partidos marxistas, el Partido Comunista del Uruguay
(pcu) y el Partido Socialista (ps); diversos grupos revolucionarios,
incluidos los brazos legales de las organizaciones
guerrilleras; el Partido Demócrata Cristiano (pdc), propulsor de
un socialismo “comunitario y autogestionario”; fracciones disidentes
de los dos partidos tradicionales; intelectuales; sindicalistas
y militares progresistas.
Desde su fundación, el fa ha ido construyendo una identidad
política propia, legitimada por acuerdos, consensos y mayorías

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
democráticas. Estas señales identitarias le permiten resolver la
permanente tensión de ser al mismo tiempo una coalición de
partidos con diversas orientaciones ideológicas y un movimiento
que actúa como una fuerza política unificada, con un capital simbólico
que trasciende los límites de los partidos coaligados. La
identidad de movimiento del fa está fortalecida por un creciente
número de militantes de base que se autoidentifican como frenteamplistas,
sin alinearse con ninguno de los partidos y grupos
políticos que integran la coalición. Pocos meses después de su
creación el fa ya había pasado a ser más que la suma de sus partes.
No obstante, a más de treinta años de su fundación, los agrupamientos
con mayor tradición histórica, en particular los socialistas,
los comunistas y los tupamaros, aún mantienen sus identidades
fuertes y diferenciadas, lo cual impide referirse al fa como un
partido único (pese a que las diferencias ideológicas o programáticas
entre los partidos y movimientos que lo constituyen son
menores a las diferencias que separan a las tendencias internas
de otros grandes partidos de América Latina, por ejemplo, el Partido
de los Trabajadores de Brasil).
La estructura organizacional del fa fue originalmente concebida
como una red descentralizada de Comités de Base esparcidos
a lo largo y ancho del país. 4 A pesar de su muy heterogénea
identidad interna, el fa fue capaz de mantener la unidad y de
sobrevivir a una década de represión feroz (1973-1984), con sus
principales líderes en prisión, en el exilio o asesinados por la dictadura.
En 1985, el retorno a la democracia liberal significó la
restauración de la estructura política del Uruguay previa al golpe
militar: en las primeras elecciones postautoritarias de 1984 el fa
y los dos partidos tradicionales ocuparon casi los mismos nichos
ideológicos de 1971. Desde 1989, a partir del triunfo en las elecciones
municipales de Montevideo, el fa se ha constituido en
un actor crucial para la democratización de las instituciones estatales,
al rearticular la izquierda como un componente enteramente
integrado e institucionalizado del régimen posdictatorial.
Al mismo tiempo, la izquierda ha liderado la oposición a las re-
[153]
4
Para una presentación detallada de la estructura y el proceso de toma
de decisiones en el interior del fa, véase Caetano et al. (2003).

Daniel Chavez
[154]
formas políticas y económicas conservadoras de los cuatros gobiernos
nacionales del período postautoritario.
La contribución a la democratización por parte de la izquierda
adquirió múltiples formas. En primer lugar, el fa ha logrado
capitalizar el descontento popular ofreciendo un espacio alternativo
para la participación en las instituciones políticas. Por lo
tanto, la decisión de competir en elecciones impulsó cambios
internos tanto en la izquierda social como en la izquierda política,
y esto promovió la participación de líderes sociales como
candidatos y potenciales gestores con poder de decisión en el
marco de la política institucional. En segundo lugar, la izquierda
unificada reveló las deficiencias de la democracia liberal y
propuso políticas concretas para la ampliación o profundización
de la institucionalidad democrática. Desde su fundación, el fa
ha estado a la vanguardia de campañas nacionales centradas en
temas como la plena vigencia de los derechos humanos y la superación
del legado autoritario de la dictadura, la resistencia a
la privatización de las empresas estatales, la denuncia constante
de la corrupción de los funcionarios públicos y el deterioro de
la agenda social bajo el peso de las reestructuras económicas
neoliberales.
Desde siempre, el fa ha confiado en el apoyo orgánico de
las organizaciones populares más importantes del país, particularmente
de los sindicatos y en menor medida de las cooperativas
de vivienda y los gremios estudiantiles. Sin embargo, a diferencia
de lo que puede observarse en la mayoría de los otros países
latinoamericanos, desde la fundación del fa no ha habido en
Uruguay una relación de dependencia estricta entre la estructura
política y las organizaciones sociales. Por el contrario, los
movimientos siempre han estado preocupados por mantener su
autonomía política, particularmente desde que a finales de la
década de los ochenta el pcu perdiera su histórica hegemonía
en los sindicatos. Mientras que la coalición política se mueve
hacia el centro, la izquierda social sigue un camino más radical.
Se ha argumentado que la fuerza del fa, y quizá la de la sociedad
uruguaya como un todo, es su “resistencia pasada de
moda” y su obstinada oposición a la privatización y al declive
del Estado de bienestar (Rankin, 1995). En un referendo convocado
por iniciativa popular, en diciembre de 1992, el 72% del

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
cuerpo electoral votó contra una ley que hubiera permitido la
privatización de prácticamente la totalidad de las compañías
estatales y la radicalización del proyecto neoliberal del gobierno
uruguayo. Éste ha sido el único caso en el mundo de una
nación que haya sido consultada sobre la privatización y haya
rechazado dicha posibilidad por la vía plebiscitaria.
Durante las pasadas tres décadas, el fa amplió de manera
radical su caudal electoral en todo el país. Pasó de tener un 18%
en las elecciones de 1971 a más del 50% en la primera vuelta
presidencial y legislativa de 2004. De hecho, los dos partidos
tradicionales, previendo el inexorable triunfo de la izquierda en
1999, ya habían aunado fuerzas políticas para aprobar (con los
votos de algunos parlamentarios de la izquierda) una reforma
constitucional que instituyó el balotaje entre los dos candidatos
más votados. Anclados en una implacable rivalidad electoral de
más de 150 años, en 1999 los dos partidos tradicionales del Uruguay
se unieron en la segunda ronda de las elecciones presidenciales
para evitar el triunfo de la izquierda. Los resultados fueron
entonces 44% para el Encuentro Progresista-Frente Amplio (epfa)
y un 52% para el candidato conservador. Una estrategia similar
había sido acordada por los dirigentes de los dos partidos
tradicionales para las elecciones de 2004, la cual fue abortada por
triunfo de la izquierda en la primera vuelta.
El ep-fa es una coalición política más amplia que tiene al
fa como socio fundamental. Incluye corrientes de centro-izquierda
escindidas de los partidos tradicionales y algunos de los
miembros fundadores del fa que se habían desprendido de la
coalición a fines de los años ochenta (en particular el pdc) y que
volvieron a unirse a la izquierda en 1994 como parte del Encuentro
Progresista. Para las elecciones de 2004 la amplitud de
la coalición de partidos, grupos y movimientos políticos que
apoyaron la candidatura de Vázquez y la plataforma de cambios
propuestos por el fa fue aún mayor. El agregado de nm a la sigla
que identifica a la izquierda tiene que ver con la conformación
de la Nueva Mayoría, el acuerdo electoral y programático que
aglutinó al ep-fa, al Nuevo Espacio (ne, un partido de orientación
socialdemócrata formado por legisladores escindidos del
Frente Amplio a fines de la década de los ochenta) y a dirigentes
políticos desencantados de los dos partidos tradicionales.
[155]

Daniel Chavez
[156]
Pese a la amplitud semántica del término progresista en la
realidad uruguaya y latinoamericana del presente, es posible afirmar
que el conjunto de las organizaciones políticas que conforman
el ep-fa/nm pueden ser consideradas de ‘izquierda’, en el
sentido que todas ellas, más allá de múltiples diferencias en orientaciones
ideológicas y objetivos políticos de largo plazo, coinciden
explícita o implícitamente con el programa democrático,
popular, antioligárquico y antiimperialista históricamente defendido
por el fa desde su fundación en 1971. Por otra parte, pese
a la gradual ampliación del círculo de alianzas, el fa continúa
siendo, en términos cualitativos y cuantitativos, la fuerza evidentemente
hegemónica tanto en el ep como en la nm.
El proceso de unificación de la izquierda uruguaya es el más
original y ambicioso de todos los intentados en Latinoamérica.
Desde su fundación en 1971, el fa ha experimentado una constante
ampliación del número de partidos y movimientos que lo
integran. En la actualidad, el fa está integrado por 16 fracciones;
el número asciende a casi tres decenas si se consideran todos
los grupos integrados al ep y la nm. En la práctica, considerando
acuerdos electorales y programáticos entre las diversas fracciones,
la izquierda uruguaya está constituida por ocho sectores
políticamente relevantes. Según los resultados de las elecciones
nacionales, el sector mayoritario (29% del total de votos para el
ep-fa/nm) es el “Espacio 609/Movimiento de Participación Popular”
(mpp), una subcoalición hegemonizada por los ex guerrilleros
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros
(mln-t), con la participación de sectores de centro-izquierda
escindidos de los dos partidos tradicionales. El segundo lugar
(18%) está ocupado por “Asamblea Uruguay”, una heterogénea
combinación de militantes de la izquierda independiente y ex
comunistas, liderada por un prestigioso economista, ex decano
universitario. La tercera fuerza (15%) es el “Espacio 90”, una
subcoalición constituida por el ps y militantes de la izquierda
independiente. El cuarto lugar (9%) está ocupado por la “Vertiente
Artiguista”, un partido inspirado en el ideario democrático
y emancipatorio de José Artigas, el héroe nacional y líder
de las luchas independentistas del siglo xix. El quinto lugar (9%)
le corresponde a la “Alianza Progresista”, la subcoalición del
candidato a la vicepresidencia, conformada por sectores escin-

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
didos de los partidos tradicionales y ex comunistas. El sexto lugar
(8%) le corresponde al “Nuevo Espacio”. En el séptimo lugar
(6%) se ubica el “Espacio Democrático Avanzado”, la
subcoalición liderada por el pcu, la primera fuerza política de
la izquierda uruguaya entre 1920 y el colapso del bloque soviético
en los años ochenta. Por último, existen varios grupos alineados
en la izquierda radical, marginales en términos de peso
electoral pero con influencia política en sindicatos, cooperativas
y otras organizaciones de la izquierda social. 5
Desde hace más de una década, el líder indiscutido de la “sopa
de siglas” de la izquierda contemporánea ha sido Tabaré Vázquez.
A diferencia de la mayoría de los políticos uruguayos,
“Tabaré” –como es conocido popularmente entre seguidores y
adversarios– no es un abogado, sino un renombrado oncólogo.
Otro elemento que también lo distingue de la mayoría de los
políticos uruguayos y latinoamericanos es el hecho de tener un
pasado de clase trabajadora. En un país donde el fútbol es una
pasión nacional, Tabaré fue el presidente del equipo local de uno
de los barrios obreros de Montevideo. Otros autores ya habían
anticipado la influencia que tendría la personalidad de Vázquez
en el crecimiento electoral de la izquierda, al referirse a su “tacto
compasivo en la política, una cálida empatía combinada con
un estilo relajado que va bien en televisión y que se traduce en
un gran carisma personal” y al concluir que “Vázquez es un caudillo
postmoderno, un líder de los noventa, una era en donde
los políticos tradicionales son vistos con desdeño en Uruguay
como en cualquier otro lugar” (Winn y Ferro Clerico, 1997; 450-
451).
En Montevideo, donde reside la mitad de los poco más de
tres millones de uruguayos, desde la victoria municipal del fa,
en 1989, la hegemonía de la izquierda en la ciudad capital se ha
[157]
5
Pese a haber aumentado su caudal de votos respecto a la elección
anterior, los grupos de tendencia más radical del Frente Amplio,
autodefinidos como “izquierda revolucionaria”, quedaron fuera del
Poder Legislativo. Los grupos sin representación parlamentaria incluyen
al “Movimiento 26 de Marzo”, la “Corriente de Izquierda”, el
“Movimiento 20 de Mayo” y el “Partido por la Victoria del Pueblo”.

Daniel Chavez
[158]
ido fortaleciendo con cada elección. Después de la separación
de las elecciones municipales de las nacionales, establecida por
la reforma constitucional de 1996, esta hegemonía se hizo aún
más evidente. En 1989 la izquierda ganó la Intendencia Municipal
(Alcaldía) con el 35% de los votos locales; en 1994 el electorado
corroboró su confianza en el gobierno municipal del fa,
al otorgarle un 45% de los votos, y en mayo de 2000 la coalición
ep-fa obtuvo en Montevideo una abrumadora tercera victoria
con más del 58% de los sufragios.
Investigadores uruguayos han presentado diversas hipótesis
para explicar la consolidación de la izquierda como la fuerza
política hegemónica en Montevideo y su continuo crecimiento
a lo largo y ancho del país. Algunos argumentan que la expansión
de la izquierda debe ser entendida fundamentalmente
como una simple correspondencia de los cambios demográficos
a la política, lo cual indicaría una correlación ‘natural’ entre un
votante joven y una identidad de izquierda, por oposición al
perfil más conservador de los votantes de mayor edad (González,
2000). Otros argumentos apuntan a factores socioeconómicos
más generales, como el crecimiento del descontento popular ante
la situación económica predominante en todo el país (Canzani,
2000). Otras hipótesis sugieren cambios más profundos en la
cultura política del país (Moreira, 2000). Por último, pero no de
menor importancia, está la sólida y evidente constancia de buen
gobierno lograda por la Alcaldía de Montevideo a lo largo de
más de una década. Al igual que en Brasil, como ya lo ha observado
Stolowicz (2004), la positiva evaluación de lo local puede
contribuir a explicar por qué ha crecido la confianza popular
en las capacidades gubernamentales de la izquierda y la disposición
a considerar la idea de una administración progresista en
todo el ámbito nacional.
La izquierda en el gobierno: la experiencia de Montevideo
En marzo de 1990, el fa asumió el gobierno municipal de
6
Esta sección está adaptada de un estudio más amplio, consistente en
un análisis detallado del proceso de gestión municipal de izquierda
en Montevideo, recientemente publicado por el autor; véase Chavez
(2004).

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
Montevideo con un programa que iba mucho más allá de lo que
tradicionalmente podría esperarse de una alcaldía uruguaya. 6 Una
de las primeras medidas de Tabaré Vázquez fue la firma de un
decreto que establecía la creación de 18 distritos, con la apertura
de un Centro Comunal Zonal (ccz) en cada una de las nuevas
jurisdicciones submunicipales. Los ccz fueron concebidos como
unidades política y administrativamente descentralizadas, responsables
de una provisión más eficiente de los servicios municipales
y de apoyo al gobierno local. El proceso fue fortalecido con la
realización de Asambleas Deliberativas como el nuevo espacio
para la participación ciudadana en la gestión local.
El diseño inicial de la descentralización submunicipal ofrecía
una estructura para la participación que no era clara en términos
de la autoridad institucional de cada actor, pero que era
mucho más abierta y socialmente inclusiva que la estructura
institucionalizada a partir de 1993. Hacia el final del primer año
de gestión, Vázquez había inaugurado 16 ccz y encabezado asambleas
públicas en toda la ciudad que discutían las prioridades de
cada zona en materia de inversión para el presupuesto municipal
quinquenal. En esta etapa el índice de participación fue similar
al que habría de alcanzarse una década más tarde en la
experiencia de participación mucho más famosa desarrollada en
Porto Alegre. Cifras publicadas por otros investigadores indican
que alrededor de 25.000 personas participaron en las mencionadas
asambleas (Portillo, 1991; González, 1995, y Harnecker,
1995).
La estructura institucional definitiva de la descentralización
submunicipal fue establecida en diciembre de 1993. Las juntas
locales pasaron a ser la autoridad política y administrativa de cada
uno de los 18 distritos de la ciudad. Cada Junta tiene cinco
miembros, dos nombrados por la oposición y tres nombrados
por el partido gobernante en la municipalidad, por un período
de cinco años. Los consejos vecinales fueron institucionalizados
como órganos consultivos, compuestos por entre 25 y 40 miembros
elegidos para desempeñar funciones por dos años y medio
en forma honoraria. Los ccz se convirtieron en estructuras
desconcentradas para la administración local y proveyeron servicios
municipales en cada zona, sin competencias políticas.
Poco después de la instalación de la juntas locales y de los
[159]

Daniel Chavez
[160]
consejos vecinales la participación burocratizada y el formalismo
institucional sustituyeron la participación entusiasta y horizontal
de la etapa anterior. Dos nuevas estructuras (una política
y una social) mediaban la interacción entre los ciudadanos y el
gobierno municipal y dos autoridades paralelas filtraban las demandas
sociales, con escasa comunicación entre ambos. El limitado
poder otorgado a los consejos vecinales, en oposición a las
amplias responsabilidades políticas reservadas para las juntas locales,
desmotivó la participación social, tal como lo mostró la
creciente tasa de deserción entre los concejales vecinales, la cual
en 1997 promediaba el 45% (Calvetti et al., 1998).
Antes de que el fa asumiera el gobierno de Montevideo, muchos
militantes creían que el desarrollo de nuevas estructuras de
democracia participativa conduciría ‘naturalmente’ a la expansión
de las posibilidades de participación ciudadana ofrecidas por
las estructuras de democracia representativa existentes. A diferencia
del Partido de los Trabajadores en Brasil, que inició el proceso
de gobierno municipal sin ninguna propuesta concreta para lo
que luego sería el presupuesto participativo y otras iniciativas
de democracia participativa, el fa había discutido la adaptación
de experimentos de participación ciudadana en la gestión pública
promovidos por la izquierda en otros países, en particular
las experiencias de descentralización instauradas por el Partido
Socialista Obrero Español (psoe) en los años ochenta. Las diversas
propuestas para el diseño de estructuras institucionales de descentralización
promovidas por los diferentes partidos de la coalición
de izquierda antes de asumir el gobierno compartían la convicción
de que la apertura de nuevos canales de participación sería
condición suficiente para catalizar el compromiso activo y entusiasta
de “los vecinos”.
Tal premisa era errónea. En Uruguay, y en Montevideo en
particular, no existe una tradición de organizaciones sociales de
base vecinal y territorial comparable a la de España o a la de otras
sociedades iberoamericanas. La sociedad civil uruguaya ha sido
históricamente fuerte y bien estructurada para los estándares latinoamericanos
–con un evidente desarrollo de sindicatos, gremios
estudiantiles, cooperativas y mutualistas, clubes deportivos,
organizaciones de los derechos humanos, entre otras asociaciones
que configuran el capital social del país–, pero ha evolucionado

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
de acuerdo con intereses sectoriales, no territoriales. La
dirigencia de la izquierda fracasó en reconocer que la principal
identidad de la mayoría de los montevideanos no era la de vecino,
sino más bien la de ciudadano –o en muchos casos simplemente
la de votante–. Muchos militantes con una historia
personal de activismo en partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones
estudiantiles o cooperativas de vivienda pronto
entendieron que la experiencia de compromiso ciudadano en
el gobierno municipal en el barrio era un desafío nuevo y completamente
diferente, para el cual no estaban preparados.
Además de la caída de la participación ciudadana, la evolución
del proceso de descentralización ha estado marcada por la
hostilidad permanente de los dos partidos tradicionales y la consecuente
necesidad de negociaciones entre la izquierda y el resto
del sistema político. Por encima de la oposición de la derecha
en el ámbito local, el gobierno municipal de la izquierda ha tenido
que enfrentar el bloqueo institucional, político y financiero
ejercido desde el gobierno nacional. A pesar de que las leyes
uruguayas garantizan al partido gobernante en el ámbito municipal
una mayoría automática en la Junta Departamental (legislativo
municipal), la legislación vigente también permite la
interferencia del Parlamento nacional en cualquier disputa municipal.
Así, la izquierda se vio forzada a negociar con los partidos
tradicionales el alcance de la descentralización acordada en
1993, la cual restringió mucho el perfil radical, social y
participativo de la propuesta original de la izquierda. Desde el
primer día, tal como Veneziano Esperón lo ha destacado:
[L]a descentralización [de Montevideo] ha sido una de las
políticas más bloqueadas por parte del sistema político y del
gobierno central porque lleva implícitas nuevas formas de articulación
entre Estado y sociedad civil y entre actores sociales
y políticos. Además, es de suponer que los partidos
tradicionales percibían a la descentralización como una alternativa
a las redes políticas clientelísticas con que operaron a lo
largo de la historia y que tienen una dimensión territorial en
tanto ámbito de reclutamiento del voto. (2003; 10).
[161]
La oposición de la derecha se hizo evidente en la discriminación
constante en la transferencia de recursos públicos. Desde

Daniel Chavez
[162]
1990, mientras el gobierno del pn continuaba con la tradicional
transferencia de sustanciales recursos públicos a las otras 18
municipalidades del país, todas ellas gobernadas por los dos partidos
tradicionales, Montevideo se convertía en el único gobierno
municipal excluido de tales beneficios. Entre 1990 y 1994 el
gobierno uruguayo sólo contribuyó con el 50% de los pagos
previamente comprometidos (antes de la victoria electoral del
fa) como contraparte nacional de un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo (bid) para la extensión de la red urbana
de alcantarillado. Dicha contribución se convirtió en nula después
de 1994, cuando el pc regresó a la Presidencia. El gobierno
nacional también discriminó a Montevideo al exigir el pago
de impuestos al valor agregado (iva) por cada nuevo proyecto
realizado por el gobierno de izquierda, así como también un
extra del 3% en aportes a la seguridad social de sus trabajadores.
Los aportes patronales a la seguridad social costeados por el
gobierno de Montevideo han significado el 20% del total de los
costos salariales de la municipalidad, al tiempo que las otras 18
municipalidades estaban exoneradas de dicho pago.
En total, la discriminación ha implicado que se hayan extraído
cientos de millones de dólares de la tesorería municipal de
Montevideo desde 1990 hasta el presente, recursos que, de acuerdo
con lo expresado reiteradamente por el alcalde, podrían haberse
usado para desarrollar políticas sociales y mejorar la
infraestructura de la ciudad. Durante el primer período de gobierno
en Montevideo (1990-1995) la izquierda también intentó
la reforma del catastro para hacer más eficiente y socialmente
más justo el cobro de la contribución inmobiliaria, uno de los
recursos principales del total de rentas percibidas por la municipalidad.
Después de una larga batalla institucional en el Parlamento
nacional, que juzgó al proyecto como “inconstitucional”,
el fa fue obligado a negociar con los partidos tradicionales una
nueva propuesta que anulaba los aspectos más progresistas de la
iniciativa original.
A pesar de todos los bloqueos internos y externos, y no
obstante el descenso de la participación ciudadana, desde el
gobierno municipal la izquierda logró introducir mejoras sustanciales
en prácticamente la totalidad de los servicios y políticas
municipales. Hasta principios de la década de los ochenta

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
Montevideo estaba claramente por encima de la mayoría de las
demás capitales latinoamericanas. Sin embargo, la crisis económica
y administrativa que comenzó durante la dictadura militar
y continuó durante el gobierno posdictadura del pc
(1985-1989) culminó en un claro descenso en cantidad y calidad
de los servicios municipales y el empeoramiento de la calidad
de vida de los sectores populares. Más de una década de
políticas neoliberales habían producido el crecimiento de la
pobreza, la segregación social y espacial y la informalización de
la fuerza de trabajo, lo cual derivó en un proceso caracterizado
por analistas uruguayos como la latinoamericanización de Montevideo
(Veiga, 1989).
Cuando la izquierda asumió el gobierno, después de dos
décadas de autoritarismo político y liberalismo económico,
Montevideo se había convertido en una ciudad dual: por un lado,
un área costera de altos ingresos per cápita, con indicadores sociales
y servicios de estándares europeos, y, por otro, un cinturón
periférico en crecimiento, con asentamientos irregulares (los
llamados cantegriles), carentes de infraestructura urbana y servicios
sociales básicos. Hacia finales de 1995, estadísticas oficiales
del Ministerio de Vivienda registraban en Montevideo 111 asentamientos
irregulares, habitados por 10.531 familias y 53.800
individuos. La ‘nueva cara’ de la pobreza en Montevideo implicaba
“niveles crecientes de marginalidad, estableciendo nuevos
problemas sociales vinculados tanto a un incremento en los niveles
de violencia en las relaciones entre individuos como a la
permanencia y profundización de los efectos estructurales de la
marginación” (Gómez, 1999; 364).
Además de la creciente pobreza, cuando la izquierda ganó
la Alcaldía de Montevideo, la ciudad estaba “llena de pozos y
baches, sucia y oscura, con problemas de transporte, saneamiento,
medio ambiente y vivienda” (Rubino, 1991a; 6). Los sondeos de
opinión del período de gobierno inmediatamente anterior al
ascenso de la izquierda mostraban una percepción muy negativa
de la Administración Municipal: en 1988, el 52% de los
montevideanos consideraba que el gobierno del pc en la ciudad
era “malo”; el 35%, “regular”, y solamente un 10%, como “bueno”.
Otra encuesta de 1990 mostraba que el 48% de la población
local evaluaba al gobierno saliente del pc como “similar” a
[163]

Daniel Chavez
la administración municipal de la dictadura militar; 42%, como
“peor”, y solamente el 9% como “mejor” (Rubino, 1991b).
Una década después, estudios similares mostraban opiniones
claramente distintas. Luego de siete años en el gobierno municipal,
la izquierda podía exhibir encuestas que registraban que el
73% de los montevideanos afirmaba vivir en una ciudad “mejor”
o “mucho mejor” que diez años antes (Doyenart, 1998).
Otras encuestas confirman la imagen sumamente positiva de los
servicios municipales básicos bajo el gobierno de izquierda desde
1992 al presente. 7 La evaluación positiva del desempeño de la
izquierda en el gobierno municipal está apoyada por datos que
demuestran mejoras objetivas en la cantidad y la calidad de los
servicios gestionados por la izquierda. 8
[164]
7
En 1992, dos años después de que la izquierda asumiera el gobierno
municipal, una encuesta de residentes evaluó la percepción ciudadana
de la provisión de servicios municipales (Aguirre et al., 1992).
Junto a un investigador estadounidense reaplicamos la misma encuesta
en 1999 (Goldfrank, 2002), y otro equipo de investigadores uruguayos
lo hizo una vez más en el 2001 (Bergamino et al., 1991). El análisis
comparativo de los tres estudios muestra una evaluación
crecientemente positiva de prácticamente todos los servicios públicos
bajo jurisdicción municipal. En porcentajes, del total de las respuestas,
las opiniones de “bueno” y “muy bueno” para transporte
pasaron de 51% en 1992 a 50% en 1999 y 65% en 2001; para pavimentación
pasaron de 36% en 1992 a 39% en 1999 y 43% en 2001; para
recolección de basura, de 55% en 1992 a 74% en 1999 y 72% en 2001;
para saneamiento de 65% en 1992 y 1999 a 73% en 2001, y para barrido
de calles de 28% en 1992 a 35% en 1999 y 37% en 2001.
8
Un breve recuento de algunos de los servicios municipales ‘tradicionales’
(aquellos históricamente a cargo de las municipalidades uruguayas)
ejemplifican la buena gestión de la izquierda. En relación con
el alumbrado público, antes de que la izquierda asumiera el gobierno,
en 1989, sólo funcionaba el 55% del total de lámparas, pero alcanzó
un promedio de 82% en 1992 y de 98% en el 2002. En 1990 se instalaron
en la ciudad 45.000 luces, 46.791 en 1992 y 72.896 en 2002, lo
que significa un incremento de 62% de aumento en una década. En
términos de recolección de basura, el gobierno municipal aumentó
el volumen de residuos recogidos de 231.245 toneladas en 1992 (169
kilogramos por persona) a 577.200 toneladas en 1997 (430 kilogramos
por persona). Durante la administración colorada (1985-1989) el
promedio de calles pavimentadas fue de 430.000 metros cuadrados por

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
Además de los servicios municipales tradicionales, desde 1990
la Alcaldía se hizo cargo de una amplia gama de políticas sociales
que no formaban parte de la agenda institucional de los gobiernos
municipales de Uruguay. Hacia fines de 2001 la
municipalidad estaba invirtiendo aproximadamente el 45% de
su presupuesto en políticas sociales. Mientras que la participación
en el marco de la descentralización territorial tendía a estancarse,
muchas de las nuevas políticas sociales incluían un
significativo grado de participación ciudadana. Por ejemplo,
desde los primeros días en el gobierno municipal, el fa decidió
desempeñar un rol activo en apoyo a las organizaciones sociales
que luchaban por mejores condiciones habitacionales. Entre otras
iniciativas, la municipalidad estableció una “cartera de tierras”
para adjudicar terrenos de propiedad pública a cooperativas de
vivienda y organizaciones comunitarias formadas por residentes
en asentamientos informales, hecho que benefició a más de
cinco mil familias de bajos ingresos. También promovió un programa
piloto de vivienda orientado a la rehabilitación participativa
de áreas deprimidas del centro de la ciudad. Estas iniciativas
han implicado una estrecha cooperación con el movimiento
social urbano más fuerte del país: la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (fucvam) (Chavez
y Carballal, 1997). Otras políticas sociales incluyeron la creación
de una red de centros de salud primaria en los barrios más pobres
de la ciudad, el apoyo a una red de guarderías comunitarias
y a asociaciones de servicios para jóvenes y niños y el programa
Comuna Mujer, de creación de espacios participativos para la
interacción, el diálogo y la promoción de propuestas de cambio
social entre mujeres.
Al mismo tiempo, a pesar de la grave crisis económica que
afecta al país desde fines de los años noventa, en el contexto de
[165]
año. Durante la primera administración del fa (1990-1994) esta cifra
llegó a 755.345, y durante la segunda administración frenteamplista
(1995-1997) subió a 826.383: casi el doble del promedio previo al gobierno
de izquierda. Entre 1990 y 2002 el gobierno municipal pavimentó
casi 2.000 kilómetros de calles y caminos urbanos. Para más
datos, véase Chavez (2004).

Daniel Chavez
[166]
duras reformas implementadas por el gobierno nacional, los salarios
de los trabajadores municipales también mejoraron. En una
década de gestión municipal progresista, entre febrero de 1990
y junio de 2000, el crecimiento del salario promedio para la
totalidad de los trabajadores uruguayos (incluidos tanto el sector
público como el privado) fue 2,8% en términos reales, mientras
que el equivalente para los trabajadores municipales de Montevideo
fue 101,5% (Rodríguez, 2001). Aun así, los graves impactos
de la reestructuración económica neoliberal promovida por
el gobierno nacional desafían directamente la sustentabilidad del
nuevo modelo de gestión municipal implementado por la izquierda
desde 1990, el cual ha tenido como uno de sus componentes
identitarios más fuertes la extensión de políticas sociales.
En diciembre de 2002, el director de Descentralización
publicó un artículo en el que advertía sobre la “prueba de fuego”
planteada por la profunda recesión de la economía nacional, la
que resultó en una abrupta caída de las rentas municipales, con
una vasta moratoria en el pago de impuestos locales (Campos,
2001). En consecuencia, la sustentabilidad del modelo eficiente
de gestión municipal establecido por la izquierda en Montevideo
también dependerá en gran medida del desempeño del
gobierno progresista a escala nacional.
En resumen, el caso de Montevideo es un ejemplo ilustrativo
de las capacidades de la izquierda uruguaya para gobernar
de forma responsable y eficiente, pero también muestra las claras
diferencias que pueden existir entre las ambiciones políticas
originales y los resultados concretos de una gestión política progresista.
El objetivo original de la izquierda en el ámbito municipal
no era solamente desarrollar un “buen gobierno”; proponía
también expandir y radicalizar la participación ciudadana. Amplios
hallazgos empíricos demuestran las mejoras en los servicios
y en las políticas municipales en la ciudad desde 1990 hasta
el presente, lo cual genera expectativas populares para un desempeño
similar de la izquierda en el gobierno nacional. Al mismo
tiempo, también existen indicadores claros de que el proceso
de descentralización participativa institucionalizado en 1993 no
alcanzó su pleno potencial.
Benjamin Goldfrank ha afirmado que “el diseño del programa
fue crucial en los resultados”, que la descentralización “con-

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
tribuyó a la mejora de los servicios en la ciudad otorgándole al
gobierno mejor información sobre las necesidades y preferencias
de los ciudadanos” y que “el proceso de descentralización
fracasó en estimular la participación ciudadana porque los canales
ofrecidos no convencían al ciudadano promedio de que su aporte
en los foros públicos tendría un impacto significativo en las decisiones
gubernamentales” (2002; 52). En términos generales,
basándome en mi propio análisis de esta experiencia, coincido
con tal interpretación. Sin embargo, es preciso destacar que el
diseño del programa ha estado sujeto a relaciones de poder que
trascendieron los límites del gobierno municipal.
La correlación de fuerzas políticas del sector nacional no le
permitió a la izquierda desarrollar su propuesta inicial de descentralización
participativa. Esta podría haber resultado en la
preeminencia de lo social sobre lo político si la derecha no hubiera
utilizado todas sus armas legales e institucionales –entre
éstas el intento de asfixiar financieramente al gobierno municipal–
para evitar transformaciones radicales. Por otra parte, la limitada
y decreciente participación popular en el gobierno
descentralizado tiene sus raíces en una cultura política que tiende
a favorecer la democracia representativa en detrimento de la democracia
participativa, coherente con la evolución estatista y
partido-céntrica del sistema político uruguayo y la histórica
debilidad de las organizaciones sociales montevideanas de base
territorial.
Pese a todo, cuando se compara la situación actual con la
que predominaba antes de 1990, los cambios son evidentes. A
pesar de las limitaciones financieras y los bloqueos políticos, el
gobierno municipal ha desarrollado servicios y políticas efectivas
y de largo alcance que beneficiaron principalmente a la
población de menores ingresos. En términos de participación
ciudadana, pese al estancamiento de la descentralización, también
existen claras diferencias entre el modelo de gobierno jerárquico
y elitista existente hasta 1989 y la presente realidad de
estructuras locales de planificación y gestión. Aun así, como
prácticamente todos los actores sociales y políticos participantes
de este proceso lo han reconocido, estos avances no son suficientes.
Si no se introducen cambios profundos en los objetivos
de gobierno, la experiencia de gobernabilidad municipal per-
[167]

Daniel Chavez
derá relevancia como proyecto emancipador. Como ya lo ha
advertido Stolowicz (2004), Montevideo puede pasar a ser uno
más entre otros gobiernos municipales progresistas de América
Latina que corren el riesgo de convertirse en una administración
rutinaria que se extinga a sí misma como verdadero proyecto
político alternativo.
Todo indica que después de una década y media en el gobierno
de Montevideo, en marzo de 2005 se inició una nueva
etapa. No es lo mismo gobernar con un gobierno nacional con
idéntica composición política e ideológica que con un gobierno
totalmente enfrentado a las directrices de la municipalidad.
Las oportunidades políticas se amplían, pero la creciente disputa
sobre candidaturas municipales (con los tupamaros exigiendo
ser considerados en forma prioritaria y haciendo pesar su alta
votación en las recientes elecciones nacionales) plantea algunas
dudas. Hasta ahora, pese a la esporádica manifestación de orientaciones
no siempre coincidentes, las diferencias internas en el
interior de la coalición progresista no han impedido la realización
de un gobierno municipal integrado y eficiente. Es de esperar
que la tradición de unidad y búsqueda de consensos que
ha caracterizado a la izquierda uruguaya desde fines de los años
sesenta se mantenga en esta nueva etapa.
[168]
Del proyecto electoral al proyecto político
La realidad socioeconómica que el nuevo gobierno de izquierda
debe enfrentar, pese a la relativa y muy frágil recuperación
de los indicadores macroeconómicos en 2004, constituye
un desafío impresionante. La publicación de la más reciente
Encuesta Nacional de Hogares 9 (ine, 2004) reveló el crecimiento
exponencial de la exclusión social durante el último gobierno
de coalición de los dos partidos tradicionales. El aumento de la
pobreza entre 1999 y 2003 es un fenómeno observado en todas
9
La encuesta se realiza en localidades con más de cinco mil habitantes.
Las categorías de análisis utilizadas consideran pobres a las personas
con ingreso familiar insuficiente para cubrir la canasta estándar de
bienes y servicios, e indigentes a quienes no pueden acceder a una
canasta básica de alimentos.

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
las localidades del país. La pobreza afecta proporcionalmente a
más niños que a adultos, dada la particular composición de los
hogares pobres con una menor proporción de adultos. En 2003,
el 21% de los hogares, el 31% de las personas y el 57% de los
niños menores de seis años eran estadísticamente pobres.
En números absolutos, en un país sin crecimiento demográfico,
el agravamiento de la crisis es evidente: en 1999, la misma
encuesta había advertido que 406.700 uruguayos vivían en situación
de pobreza; en 2003 los pobres habían aumentado más
del doble, pasando a totalizar 849.500 personas. Los datos oficiales
también señalan el marcado aumento del índice de desocupación.
En 2003 los desocupados pasaron a constituir el 17%
de la población económicamente activa –un aumento sustancial
en relación con el valor de 11% registrado en 1999–.
Ante esta realidad, y en consideración a la experiencia de
otras fuerzas políticas de izquierda de América Latina, que luego
de llegar al gobierno no supieron, no pudieron o no quisieron
aplicar el programa de cambios prometidos, es evidente que el
triunfo electoral de la izquierda uruguaya es condición necesaria,
pero no suficiente para garantizar un gobierno de izquierda. A
diferencia de los dos partidos tradicionales, la izquierda es la
fuerza política que ha insistido en la necesidad y viabilidad de
transformaciones estructurales en la base social, política y económica
del país. Sin embargo, en respuesta a la expectativa popular,
los máximos dirigentes del fa-ep/nm ya han advertido que
se requerirá más de un período de gobierno para salir de la crisis
estructural y sostener el desarrollo. En el horizonte prográmatico
de la izquierda uruguaya para el primer quinquenio no se
visualiza la construcción del socialismo ni la introducción de
cambios radicales en la estructura de poder de la sociedad uruguaya.
Las transformaciones propuestas a partir de 2005 son más
modestas, orientadas a “consolidar un proyecto nacional del país”
(título de la declaración final del iv Congreso del Frente Amplio,
realizado en diciembre de 2003).
Los cambios que la izquierda promoverá en el primer quinquenio,
de acuerdo con la síntesis programática aprobada por la
Mesa Política del fa luego del último congreso de la coalición,
priorizarán la construcción de:
[169]

Daniel Chavez
[170]
• El Uruguay social. Las políticas sociales del gobierno progresista
se orientarán fundamentalmente hacia los sectores
más afectados por la aplicación sistemática e insensible
del actual modelo económico neoliberal. Por lo tanto,
considera en primer lugar a la niñez y adolescencia, a las
mujeres jefe de hogares, a las personas con discapacidad
y a los ancianos.
• El Uruguay productivo. La reestructuración de la economía
nacional implicará el papel activo y orientador del
Estado para asegurar el trabajo como derecho fundamental.
Se implementará una profunda reforma del sistema
financiero y tributario a fin de orientar la inversión hacia
los sectores productivos que se van a priorizar.
• El Uruguay inteligente. El gobierno progresista apoyará
con recursos del Estado el desarrollo científico y tecnológico
y promoverá el regreso al país de la diáspora de
técnicos y científicos uruguayos dispersos por el mundo.
También se reasignarán recursos hacia la educación pública.
• El Uruguay integrado. El Estado uruguayo se integrará a
la región (Mercosur), a América Latina y al mundo, promoviendo
una política de Estado con amplio apoyo de
todas las fuerzas políticas.
• El Uruguay democrático. El nuevo gobierno promoverá
la construcción de un nuevo modelo de Estado transparente
y responsable, con base en el respeto absoluto de
los derechos ciudadanos, el combate frontal a la corrupción,
y la extensión y profundización de espacios de gobierno
descentralizados y con amplia participación
ciudadana en la toma de decisiones.
Pese a que el nivel de detalle del programa electoral de la
izquierda supera ampliamente al de los partidos tradicionales, las
medidas concretas que serán aplicadas desde el gobierno para
alcanzar las transformaciones esbozadas en la propuesta
programática no fueron definidas con precisión durante las
eleciones por la coalición liderada por Vázquez. Con el objetivo
de no arriesgar la pérdida de votos en declaraciones que pudieran
ser interpretadas como muy radicales, los dirigentes de iz-

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
quierda evitaron en presentaciones ante la prensa o en debates
con la derecha hacer precisiones que pudieran complicar las
posibilidades de triunfo electoral, por lo cual a pocos días de las
elecciones el programa era aún deliberadamente ambiguo. Desde
el ala radical de la coalición (muy minoritaria, según los últimos
resultados electorales) se afirma que se ha apostado a fortalecer
el proyecto electoral en detrimento del proyecto político. En palabras
de un dirigente de la Corriente de Izquierda (ci) del fa:
Tal vez sea una enfermedad del crecimiento que la izquierda
enfrenta en determinado momento histórico. El riesgo es que
el proyecto electoral pueda crecer predominando sobre el
político. El proyecto electoral es no perturbar el logro del apoyo
de sectores, cualesquiera sean éstos, y componer lo ideológico
para captar a todos. (Peralta, 2004; s. p.)
Desde esta perspectiva, se critica que la izquierda no haya
aclarado las posiciones que asumiría desde el gobierno frente a
temas tan sensibles y potencialmente desestabilizadores de la
gobernabilidad como la deuda externa –cuyo pago significaría
restar recursos esenciales para todas las otras áreas sobre las que
la izquierda pretende intervenir–; la reforma de la seguridad social
y las Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional
(afap), introducidas en 1995, 10 o el enjuiciamiento a los violadores
de los derechos humanos durante la dictadura militar.
La moderación del discurso de la mayoría de los partidos y
movimientos que apoyó la candidatura de Vázquez alcanzó incluso
a sectores que hasta hace poco tiempo se identificaban
como el componente más radical de la izquierda uruguaya, como
es el caso del mpp. Desde el mpp se argumentaba que la “refundación
del país” y el crecimiento económico deben hacerse a
[171]
10
En 1995, Uruguay reformó su régimen de seguridad social, pasando
de un sistema de monopolio estatal a un sistema mixto que incluye
agentes privados y estatales que operan basándose en distintos ingresos
a partir de la capitalización individual. Para una discusión crítica de la
reforma de la seguridad social y los impactos de las privatizaciones en
otras áreas sociales, véase Filgueira (2003).
11
Las tesis defendidas por el mpp y otros sectores de la izquierda uruguaya,
que argumentan la necesidad de un acuerdo social policlasista

Daniel Chavez
partir del desarrollo de un capitalismo auténtico, que incremente
la cantidad de recursos disponibles antes de iniciar la distribución
de las ganancias. 11 El ex dirigente guerrillero José Mujica,
senador tupamaro en la actual legislatura y la figura más popular
del fa, según las últimas encuestas, reconoce y justifica tal
moderación:
Yo creo que no llegaríamos al gobierno, ahora, precisamente
en la cresta de una ola revolucionaria. Casi le estamos pidiendo
permiso a la burguesía para filtrarnos, y tenemos que jugar
a estabilizar el gobierno si llegamos, porque estamos en un
Estado de derecho. Un gobierno nuestro va a tener que maniobrar,
no las va a tener todas consigo. Y además, sinceramente
creo que tenemos muchas cosas que hacer antes del
socialismo […] Y uno tiene que dar señales también, desde el
punto de vista electoral. ¿Qué querés, que asuste a los burgueses,
que los esté corriendo de antemano? Me parece que no.
(Pereira, 2004b; s. p.).
[172]
La búsqueda de consensos entre sectores sociales y económicos
con intereses contradictorios ha sido una constante en las
declaraciones recientes de los dirigentes de izquierda. En marzo
de 2004, el candidato presidencial adelantó que “la primera
medida” que sería impulsada desde su gobierno sería el establecimiento
del Consejo Nacional de Economía, en el que estarían
representados los diversos sectores de la economía uruguaya:
empresarios, productores, comerciantes, trabajadores y la ·universidad.
En el mismo discurso, después de advertir que “el fa
es una fuerza política, no un mago de feria que tiene la varita
mágica”, anunció el perfil de la política social que va a promover
desde su gobierno, similares al plan Fome Zero y otras mecomo
condición esencial para avanzar en el proceso de transformaciones,
incluidas alianzas con sectores empresariales, no difieren en
mucho de las posturas teóricas sobre la “burguesía nacional” defendidas
por el pcu, las cuales fueron muy criticadas por los tupamaros y
otros exponentes de la izquierda revolucionaria en los años sesenta y
setenta. Para una exposición detallada de los fundamentos teóricos de
las posiciones comunistas en torno a la “revolución por etapas” y el
rol de la “burguesía nacional”, véase Arismendi (1970).

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
didas del mismo estilo anunciadas por Lula antes de asumir el
gobierno en Brasil:
Vamos a instrumentar un plan de emergencia social para atender
la salud, educación y alimentación para niños y jóvenes de
los sectores más pobres, de los marginados, los más vulnerables
de nuestra sociedad. Si no nos comprometemos a ello seríamos
gobierno pero no seríamos progresistas. (Fernández,
2004; s. p.)
Las características concretas del plan de emergencia y otras
eventuales políticas sociales de mediano o largo plazo no han
sido especificadas desde la izquierda, a excepción de muy generales
referencias a “la construcción del Uruguay social”, “la
generación de puestos de trabajo como la principal política social”
y otras expresiones similares. Aun así, es evidente la
priorización de los intereses de los sectores más vulnerables de
la sociedad uruguaya. En consecuencia, además de la previsible
y muy dura oposición de la derecha, es probable que tal opción
política genere a corto o a mediano plazo el desencanto y hasta
la oposición de las clases medias y los sectores de trabajadores
sindicalizados.
Si se admite que la relación con algunos sectores de la sociedad
pueda ser uno de los puntos más sensibles de su gobierno,
Vázquez ha insistido en sus discursos pre- y post-electorales
en la necesidad de suscribir un “contrato social” entre todos los
actores sociales, políticos y económicos del país. Ésta y otras
propuestas orientadas a la apertura de instancias de concertación
y búsqueda de consensos enfrentan la creciente fragmentación
y polarización de la sociedad uruguaya legada por más de tres
décadas de reformas estructurales de orientación neoliberal.
Entre otros desafíos, el gobierno progresista debe responder al
fortalecimiento de algunos sectores sociales con intereses potencialmente
antagónicos a los de los sectores sociales que las
políticas sociales de la izquierda proponen priorizar.
En particular, el nuevo gobierno deberá responder a las
nuevas características del movimiento sindical. Pese a la caída
generalizada de la sindicalización –de 236.640 afiliados en 1987
a 122.057 en 2001– el poder político relativo de los distintos sectores
de trabajadores es muy variado. La caída de la tasa de
[173]

Daniel Chavez
[174]
sindicalización ha sido mucho más aguda en el sector privado,
con el consecuente predominio de los trabajadores del sector
público en la conducción del movimiento sindical. 12 De acuerdo
con el análisis de otros investigadores uruguayos, “estos sindicatos,
de corte esencialmente rentista, poseen intereses crecientemente
enfrentados a los que poseen los empresarios y los
propios trabajadores del sector privado, los desempleados, el sector
informal y los productores rurales” (Caetano et al., 2003; 26).
En este contexto, las características de la política económica
que va a ser aplicada por el nuevo gobierno tampoco han sido
del todo especificadas. En todos los discursos de la campaña electoral
de Vázquez y otros dirigentes de izquierda son constantes
las referencias a la “priorización de la especialización productiva
a altos niveles de calidad”, “el cambio del modelo económico”,
“el combate a la especulación financiera”, “el apoyo del Estado
a la innovación tecnológica” y otras propuestas en el mismo sentido,
todas ellas ‘progresistas’, pero cuya implementación concreta
a partir de marzo de 2005 no fue aclarada en forma detallada de
antemano. En presentaciones dirigidas a círculos empresariales,
los asesores económicos de Vázquez han aclarado que el programa
de la izquierda uruguaya se afilia a la visión de la corriente
neoestructuralista latinoamericana, que propugna la competitividad
internacional, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo
hacia fuera. Mientras tanto, desde el ala radical de la
coalición se argumenta la necesidad de un “shock salarial”, o la
primacía de la “deuda social interna” sobre la deuda externa, que
alude a las posiciones asumidas por el gobierno de Néstor Kirchner
en la vecina Argentina.
El endeudamiento externo representa una herencia muy
pesada para el nuevo gobierno de izquierda. A corto plazo, Uruguay
deberá pagar en intereses y amortización de la deuda externa
un monto equivalente a la quinta parte del producto bruto
interno: us$2.124 millones el próximo año, us$1.916 en el 2006,
12
En 1987 los trabajadores públicos representaban el 49% del total de
afiliados; en el año 2001 habían pasado a representar el 60% del total.
Para un análisis detallado de los cambios en identidad, prácticas y
objetivos del movimiento sindical uruguayo, véase Superville y
Quiñónez (2003).

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
y us$1.107 millones en el 2007. En febrero de 2004 la dirigencia
del ep-fa/nm recibió a una delegación de economistas del Banco
Mundial (bm), quienes afirmaron que las autoridades de la izquierda
les habían comunicado que “honrarán todos los compromisos
internacionales que hereden del actual gobierno en
caso de acceder a la Presidencia en las próximas elecciones”. Desde
la izquierda, por su parte, se informó que el “honrar los compromisos”
implicará algún tipo de renegociación de la deuda
externa, y que desde el gobierno se dará prioridad a la reactivación
productiva, la democratización del Estado, la generación de
empleos y la atención a políticas sociales (Blixen, 2004).
Además de responder a la crisis social y económica, uno de
los temas más difíciles que tendrá que abordar el nuevo gobierno
de izquierda es el esclarecimiento de las violaciones a los
derechos humanos durante la pasada dictadura. El 20 de mayo
de 2004 se realizó en Montevideo y en otras ciudades del país
la novena Marcha del silencio 13 desde la recuperación de las instituciones
democráticas, en 1985. Esta marcha reafirmó la
recurrente exigencia de “verdad y justicia”, a pesar de la supuesta
resolución del debate nacional sobre este tema con la aprobación
en 1986 de la Ley 15.848 (llamada oficialmente Ley de Caducidad
de la Pretensión Punitiva del Estado y conocida popularmente
como Ley de Impunidad) y su ratificación definitiva por vía
plebiscitaria, en 1989.
Desde la perspectiva de las organizaciones de defensa de los
derechos humanos se entiende que una décima marcha del silencio
en mayo 2005, bajo un gobierno del ep-fa/nm, es una
contradicción. No obstante, en el momento de redactar este
texto aún no existen señales claras, sin ambigüedades, que permitan
anticipar cómo el gobierno progresista podría encarar la
resolución de este conflicto. Los principales dirigentes de la izquierda
han manifestado que la ley de impunidad no será derogada,
pero la misma normativa ofrece la posibilidad de dar
[175]
13
La Marcha del silencio es convocada cada año por diversas organizaciones
sociales en conmemoración de la muerte de dos legisladores
uruguayos, Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y dos militantes
tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw, asesinados en Argentina
por la dictadura uruguaya el 20 de mayo de 1976.

Daniel Chavez
[176]
respuesta parcial a la demanda de verdad y justicia, al habilitar la
investigación de las violaciones a los derechos humanos durante
la pasada dictadura militar.
Las decisiones formales de las estructuras de dirección del
ep-fa/nm ya han anunciado la aplicación del artículo 4 de la Ley
15.848, que obliga al Poder Ejecutivo a ordenar la investigación
de todas las denuncias presentadas. También se ha indicado que
el gobierno de izquierda no ejercerá ningún tipo de intromisión
en la actuación del Poder Judicial. No obstante estas declaraciones,
ningún dirigente de izquierda ha aclarado si se van revisar
las decisiones de los gobiernos anteriores, que en todos los casos
ordenaron el archivo de los casos denunciados. Por otra parte,
el gobierno progresista deberá responder a demandas populares
en apoyo a iniciativas más directas, entre éstas la posibilidad muy
concreta de que algunos jueces se atrevan no sólo a investigar,
sino también a condenar a los mandos militares implicados en
violaciones a los derechos humanos no expresamente amparados
por la ley de impunidad.
La resolución del debate sobre los derechos humanos incidirá
en el tipo de relación que se vaya a construir entre el gobierno
y las Fuerzas Armadas. Los antecedentes de gobiernos progresistas
en América Latina indican que la cuestión militar debe ser
incluida en un lugar privilegiado en la agenda política de las
fuerzas de izquierda. En el caso del fa, la conciencia de la necesidad
de establecer una política específica hacia las Fuerzas Armadas
también surge de la presencia histórica de oficiales
militares progresistas en las estructuras de dirección, incluido el
recientemente fallecido primer candidato a presidente y líder
histórico de la coalición, el general Líber Seregni (en prisión
durante todo el período dictatorial).
Además de las violaciones de los derechos humanos en el
pasado reciente, los contactos entre dirigentes de izquierda y los
mandos militares han incluido en la agenda la reorganización
de la defensa nacional y el rol de las Fuerzas Armadas en el marco
de la noción de país productivo que propone el ep-fa/nm. 14 En
14
Los especialistas en temas castrenses del fa (que incluyen a ex guerrilleros
y oficiales militares retirados) han propuesto una visión es-

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
esencia, el punto central de debate es la capacidad real de mando
del poder civil –que va a pasar a manos de la izquierda, por décadas
considerada por los militares como el enemigo a combatir–
sobre las Fuerzas Armadas. Aunque los mandos que tuvieron
responsabilidades políticas durante la dictadura ya han pasado
casi todos a retiro, en el interior de la izquierda aún no hay consenso
sobre la influencia que los gorilas (los golpistas) ejercen sobre
los oficiales en actividad, especialmente en el Ejército, tradicionalmente
mucho más conservador que la Marina y la Fuerza
Aérea.
En principio, todas las fuerzas políticas del país descartan la
posibilidad de un golpe militar en respuesta al nuevo gobierno
de la izquierda. Se considera que los militares ya han advertido
que la izquierda uruguaya del siglo xxi no coincide con la izquierda
revolucionaria a la que reprimieron duramente durante
la pasada dictadura. También se asume que el actual Departamento
de Estado de los Estados Unidos difícilmente apoyaría una
nueva aventura golpista y que la sociedad uruguaya no toleraría
repetir una experiencia similar a la sufrida durante más de una
década de régimen autoritario.
Otro de los temas conflictivos que debe abordar el nuevo
gobierno de izquierda es la modernización de la administración
tratégica que define a la defensa como una cuestión esencialmente
política que compromete a toda la nación, no sólo a los militares, y
que incluye la protección de la soberanía del país, la paz y las instituciones
democráticas. Pese al creciente consenso en el gobierno, dentro
de la izquierda se debate el rol de las Fuerzas Armadas en el interior
y en el exterior del país. Mientras que algunos sectores destacan la
frecuente participación del ejército uruguayo en misiones de paz de
las Naciones Unidas como experiencia democratizadora para los militares,
otros critican el alto e injustificado costo financiero de tal participación
o la supuesta subordinación de los militares uruguayos a los
intereses de Estados Unidos. Por otra parte, la izquierda propone la
reorganización de las Fuerzas Armadas de acuerdo con las prioridades
del nuevo gobierno, adicionando más recursos para un mejor control
del espacio aéreo y el mar territorial –con el potencial desarrollo
de la industria pesquera y la explotación de probables yacimientos de
petróleo en la plataforma continental– en detrimento del Ejército, al
que se considera sobredimensionado y sin funciones prioritarias (Israel,
2004).
[177]

Daniel Chavez
[178]
pública y la lucha contra la corrupción. Uno de los componentes
recurrentes en el discurso de los últimos gobiernos de derecha
en el Uruguay, en sintonía con procesos similares en otros países
de la región, ha sido la constante convocatoria a la reforma
del Estado. Más allá de la retórica, poco se ha avanzado en este
sentido en términos de mayor eficiencia y transparencia de la
gestión pública. Desde la perspectiva neoliberal, reformar el
Estado es sinónimo de privatización y desregulación, no de transformaciones
reales en la estructura estatal. El gobierno nacional
y la mayoría de los gobiernos municipales a lo largo de la
historia del Uruguay han estado en manos de los dos partidos
tradicionales, lo cual ha dado lugar a una simbiosis entre la estructura
estatal y la estructura partidaria, evidente en la tradicional
oferta de empleos y puestos de dirección, que se basan
en criterios estrictamente políticos, sin consideración de la experiencia
o la idoneidad técnica de los funcionarios. El nepotismo,
el clientelismo y el amiguismo han permeado todos los
ámbitos de la estructura del Estado y al conjunto de los grupos
políticos reunidos en los dos partidos tradicionales.
Pese a que la dimensión del aparato estatal y las peculiares
características de la sociedad uruguaya han evitado que la corrupción
se disparara a los índices espectaculares observados en
otros países latinoamericanos, la izquierda ha denunciado repetidamente
que los cargos de confianza en todos los espacios de
la administración pública han sido utilizados por la derecha como
canales para el enriquecimiento personal o para beneficio partidario.
Una investigación de la Universidad de la República (Caetano,
Buquet et al., 2002) demuestra el altísimo costo de la corrupción
en el Uruguay. Según declaraciones de Tabaré Vázquez,
la erradicación del clientelismo, del nepotismo y de la corrupción
provocaría un ahorro suficiente para financiar gran parte
de las transformaciones sociales propuestas por la izquierda, por
ello ha anunciado que desde su Presidencia se ordenará una
auditoría en todos los organismos del Estado y el eventual enjuiciamiento
de los corruptos. Otras propuestas de la izquierda se
refieren a la introducción de un sistema tributario más justo y
eficiente –incluido en primer lugar el establecimiento del impuesto
a la renta personal–, a la desburocratización del Estado, a

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
la modernización de las prácticas administrativas y a la eliminación
de gastos superfluos, a fin de procurar generar recursos adicionales
para la inversión en políticas sociales y en desarrollo
productivo. 15
La derecha ha cuestionado el programa de la izquierda, aduciendo
la falta de claridad sobre el origen de los recursos que
van a ser destinados al desarrollo social y al apoyo a la producción.
La izquierda asume que la carga tributaria no se puede aumentar,
por lo que el acceso a recursos sólo puede ser posible a partir del
crecimiento económico. Además, argumenta que al gestionar de
forma más eficiente la política de empleo se generarían más
recursos para la producción, pues “el crecimiento se financia con
más trabajo”. Si Uruguay no tuviera la posibilidad de negociar
con los organismos internacionales de crédito, el nuevo gobierno
deberá pagar entre el 2005 y el 2006 aproximadamente us$3.500
millones en concepto de deuda externa, mientras la producción
total del país ascendería a alrededor de us$12.000 millones, considerando
la realidad actual. Ello significaría destinar un altísimo
porcentaje al pago de la deuda. Ante esta realidad, uno de los
principales asesores de política económica de Tabaré Vázquez ha
afirmado:
Esa amenaza que tenemos de los préstamos que se vencen se
puede convertir en una oportunidad, negociando con esos
organismos nuevos programas dirigidos a mejorar la produc-
15
De acuerdo con la investigación del Instituto de Ciencia Política
entre los años 1997 y 2000 el 32% de las licitaciones hechas por el
Estado el gasto no se ajustó a las normas legales. Se licitaron us$3.297
millones y se observaron us$855 millones. Estas cifras dan un panorama
de la magnitud de las irregularidades que se deben corregir. Cifras
aún más altas, cuyo monto total aún son objeto de discusión entre
políticos y analistas, surgen de prácticas de corrupción vinculadas al
rescate por parte del Estado de bancos privados declarados en quiebra
financiera. Otras reformas mucho más modestas en la administración
pública también podrían generar recursos adicionales, por
ejemplo, en unos pocos meses, con la sustitución de los paquetes
informáticos de origen comercial en todas las oficinas públicas por el
llamado software libre se podrían ahorrar us$40 millones en royalties que
el Estado uruguayo paga anualmente a Microsoft (Blixen, 2004b).
[179]

Daniel Chavez
tividad y la gestión del gasto público […]. También hay comprensión
de parte de los organismos internacionales de que el
gobierno tendrá autonomía para decidir dónde gasta los dineros
públicos y en qué, más allá de asegurarse que el sector público,
el Estado, se va a financiar y no va a generar déficit explosivos.
(La República, 2004b; 45).
[180]
Conclusión: desperezar la utopía
A menos de un año de haber asumido como presidente del
Brasil, Lula da Silva declaró en diciembre de 2003 que la experiencia
de gobernar el país le había hecho abandonar algunos
de los tempranos sueños de su pasado como militante. Alrededor
de esa misma época y enfrentado a la muy real posibilidad
de un similar éxito electoral, Tabaré Vázquez declaró al Cuarto
Congreso del Frente Amplio (fa) que “tenemos que desperezar
la utopía. Tenemos que recrear la ilusión. Tenemos que construir
el futuro desde la incomodidad de nuestro propio tiempo”. Tan
idealista propuesta fue, no obstante, seguida a continuación por
una advertencia mucho más realista: “aspirar a lo imposible es
tan irresponsable y reaccionario como resignarse a lo que hay”
(citado por Waksman, 2003). Este discurso aparentemente contradictorio
es coherente con el inminente futuro político del fa.
Luego de casi una década y media en el gobierno municipal de
la ciudad capital, la izquierda ahora gobierna el país.
A partir de su experiencia personal, Tabaré Vázquez es consciente
de la brecha existente entre los valores y las expectativas
políticas que pueden existir antes de ganar una elección y las
opciones de la izquierda después de asumir el gobierno. Así parece
indicarlo el antecedente de gobierno en Montevideo, donde
el perfil original auténticamente participativo de la primera municipalidad
de izquierda a fines de los años ochenta y principios
de los noventa tuvo que enfrentar la fuerte oposición de fuerzas
conservadoras, para luego derivar hacia un modelo altamente
eficiente de buen gobierno, pero sin ninguna dosis radical de
participación ciudadana.
La hipótesis que fuera manejada por investigadores uruguayos
desde hace dos décadas, que auguraba el triunfo de la izquierda
en las elecciones presidenciales de 2004, ya es una
realidad. Aún así, gran parte del perfil y la viabilidad del proyec-

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
to político de izquierda dependerá de la nueva composición del
parlamento que resultó de la elección legislativa de octubre, la
que coincidió con la primera vuelta presidencial. Pese a que la
izquierda alcanzó la mayoría parlamentaria absoluta, en la Constitución
de Uruguay existen numerosas disposiciones que exigen
para algunas resoluciones la existencia de mayorías especiales
(tres quintos o dos tercios del total de miembros del Poder Legislativo,
según los casos). En general, las mayorías especiales se
refieren a materias de importancia particular, que podrían cuestionar
o confirmar el carácter progresista o de izquierda de la
presidencia de Tabaré Vázquez. Estas limitaciones constitucionales,
unidas a la muy alta fragmentación interna de la futura representación
parlamentaria de la izquierda, incluida la muy
factible emergencia de parlamentarios ‘disidentes’, podrían conducir
a acuerdos imprevistos entre la izquierda y otras fuerzas
políticas.
A diferencia de lo observado en Brasil, donde Lula da Silva
fue electo no sólo con los votos del PT y de otros partidos de
izquierda, sino por una alianza que incluyó a partidos políticos
con una clara identidad de derecha, ninguna de las fuerzas políticas
que apoyaron la elección de Tabaré Vázquez es de derecha
o está directamente vinculada a las élites del poder económico
en Uruguay. Por segunda vez en la historia del país (la primera
fue el balotaje entre el EP-FA y los dos partidos tradicionales coaligados
en la segunda vuelta de 1999) la elección enfrentó al
partido del cambio contra el partido del estancamiento –utilizando
las muy apropiadas categorías descriptivas propuestas por el ensayista
uruguayo Carlos Quijano cuatro décadas atrás–. El perfil
progresista del actual gobierno de la izquierda quedó aún más
claro a partir de la auto-exclusión de los dos partidos tradicionales
del gabinete, después que los principales dirigentes blancos
y colorados anunciaran, inmediatamente después de conocidos
los resultados electorales, que rechazarían toda posible oferta de
conformación de un “gobierno de unidad nacional”.
La relación que el gobierno progresista construya con las
viejas y nuevas bases sociales de la izquierda contribuirá a definir
las características y la capacidad de acumulación de poder
hacia cambios más profundos. Desde la recuperación de la institucionalidad
democrática, en 1985, el fa ha funcionado como
[181]

Daniel Chavez
[182]
“válvula de escape” del sistema político uruguayo. Por un lado,
la existencia de una izquierda institucionalizada y unificada ha
contribuido a moderar los aspectos más extremistas del proyecto
neoliberal de los partidos tradicionales –en particular a través
de la resistencia activa y constante a la privatización de las
empresas públicas–, mientras que, por el otro, ha ‘regulado’ el descontento
social evitando situaciones explosivas. No es casual que
pese al rápido y generalizado agravamiento de las condiciones
de vida de los sectores populares en los últimos años no se hayan
producido en el Uruguay crisis políticas como las sufridas
por la vecina Argentina. Demandas como las de “que se vayan
todos”, que catalizaron las movilizaciones populares en la otra
orilla del río de la Plata, no tuvieron eco en Uruguay, al existir
una fuerza política alternativa a los desprestigiados partidos tradicionales.
Desde la oposición, al asumir la resistencia al proyecto neoliberal,
la izquierda uruguaya –partidaria de la fuerte intervención
del Estado en la sociedad y en la economía– ha contribuido
a fortalecer la cultura política batllista, que ha caracterizado a
Uruguay en el contexto latinoamericano. Al mismo tiempo ha
crecido electoralmente, aglutinando al conjunto de los sectores
orientados ideológicamente a la reconstrucción del proyecto socialdemócrata
heredado del Uruguay batllista. Sin embargo, la
actual inserción del país en la economía de la globalización –dependiente
al extremo de la salud macroeconómica de los grandes
socios comerciales del Mercosur, Argentina y Brasil– cuestiona
profundamente la viabilidad de la reconstrucción del “Estado de
Bienestar a la uruguaya” que la izquierda tradicionalmente ha
defendido. En el marco de una limitada disponibilidad de recursos
financieros, el nuevo gobierno progresista deberá responder
a muy diversas y contradictorias demandas emanadas de los distintos
sectores sociales que conforman la heterogénea base social
de la izquierda. La experiencia del gobierno de Lula en Brasil,
como lo analiza Avritzer en su capítulo, ya ha mostrado la imposibilidad
de una respuesta balanceada a las demandas de sectores
sociales y económicos con intereses distintos.
Un argumento muy común para cuestionar la viabilidad de
transformaciones progresistas en un país económicamente tan

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
dependiente de fluctuaciones en la economía regional y global
es el referente a los “estrechos márgenes de maniobra”. Como
lo señalan César Rodríguez y Patrick Barrett en el capítulo introductorio,
este dilema está presente en los gobiernos de izquierda
de toda la región. Al respecto, es pertinente transcribir
declaraciones del economista principal de la Comisión Económica
de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe
(cepal), Ricardo French-Davis (citado por Papa, 2003):
El problema en América Latina es que mucha gente se ha tornado
más neoliberal que el fmi y no defiende los intereses de
la gente. […] En algunos casos nuestros gobiernos han sido más
fondistas que el Fondo y arreglan los desequilibrios fiscales
atacando los puntos neurálgicos de equidad y desarrollo sostenible.
La larga serie de medidas gubernamentales privatizadoras,
desreguladoras o liberalizantes, contenidas en las cartas de intención
firmadas con el fmi, el bm o el bid, podrían no haber sido
más que compromisos asumidos voluntariamente por políticos
y técnicos latinoamericanos por razones ideológicas, obsesionados
por cumplir con los postulados del Consenso de Washington,
y no el resultado de auténticas presiones externas.
También existe la posibilidad de que al igual que Lula da
Silva en Brasil, en consideración a la abultada deuda externa y
la muy reducida inversión extranjera en Uruguay, Tabaré Vázquez
dé prioridad a medidas dirigidas a aumentar la confiabilidad del
país en los mercados internacionales y postergue la inversión
social hasta después de obtener la estabilidad económica. De optar
por este camino, al igual que Lula da Silva, Tabaré Vázquez
podría ser objeto de elogios internacionales en The Economist,
The Wall Street Journal y el Financial Times, al tiempo que recibe
la crítica y las movilizaciones en su contra de la izquierda social
y el ala radical de la izquierda política. En este caso, la izquierda
uruguaya podría estar acometiendo su suicidio político, al dar
la espalda a las expectativas y esperanzas de más de la mitad de
la ciudadanía uruguaya.
El debate sobre las orientaciones de la izquierda adquirió
mayor dinamismo a mediados de julio de 2003, después de la de-
[183]

Daniel Chavez
nominación de Danilo Astori como ministro de Economía del
hasta entonces hipotético gobierno del ep-fa/nm. 16 El anuncio
se produjo en Washington, durante una cena de Tabaré Vázquez
y sus principales asesores en la sede del bid. La sorpresiva denominación
y los mensajes que transmitió el eventual ministro en
reuniones mantenidas con empresarios estadounidenses y autoridades
de los organismos internacionales de crédito generaron
al mismo tiempo aprobación y entusiasmo en la derecha
nacional y extranjera y crítica desde los sectores más radicales
de la izquierda.
Entre otras ideas, Astori ha reiterado su interés por impulsar
la asociación de las empresas públicas uruguayas (cuya existencia
y funcionamiento contrasta con la realidad de varios otros
países latinoamericanos después del huracán de privatizaciones
que afectó a la región) con capitales públicos o privados. Esta
propuesta se opone abiertamente a los resultados del plebiscito
de 1992 y de diciembre 2003 contra la desmonopolización de
la empresa petrolera estatal uruguaya –Administración Nacional
de Combustibles Alcohol y Portland (ancap)–, promovida
orgánicamente por el ep-fa/nm. Al mismo tiempo, y en forma
contradictoria, la izquierda uruguaya apoyó abiertamente la
exitosa iniciativa plebiscitaria que fue votada en paralelo a las
elecciones de octubre 2004, que dio lugar a la prohibición por
vía constitucional de la privatización de las reservas de agua
[184]
16
Pese a su pasado político y profesional como exponente de las propuestas
económicas de la izquierda radical, desde principios de los años
noventa Danilo Astori se ha ido acercando a las posiciones de economistas
más ortodoxos, al reconocer por ejemplo que los neoliberales
tienen razón cuando argumentan la necesidad de cuidar los equilibrios
macroeconómicos o atraer la inversión extranjera. En varias
ocasiones se ha enfrentado a Tabaré Vázquez y al resto de la izquierda,
al coincidir con propuestas de los partidos tradicionales orientadas a
la reforma de la seguridad social, la inclusión del balotaje en la reforma
constitucional, la privatización parcial de las empresas pública o
su asociación con capitales externos. Astori ha declarado que aspira a
construir una relación con Vázquez similar a la que tiene Antonio
Palocci (el ministro de Economía del Brasil) con Lula, cuyo gobierno
asume como modelo para la izquierda uruguaya.

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
potable y del servicio de saneamiento (en manos de empresas
públicas).
Por una simple razón de escala, difícilmente Tabaré Vázquez
aparecerá en los titulares de la prensa internacional con tanta
frecuencia como Lula da Silva, Néstor Kirchner o Hugo Chávez.
Aun así, si la izquierda uruguaya logra mantener después del
triunfo electoral sus actuales nexos con la sociedad civil –mucho
más débiles que hace una década, pero aún activos– sin resignarse
a ser un apéndice del gobierno o una estructura de silenciamiento
o marginación de la disidencia política o ideológica interna,
desde el pequeño Uruguay se estaría probando que la existencia
de una izquierda democrática y que no renuncia a sus principios
fundacionales es todavía posible en América Latina.
Para ello el fa, como la columna vertebral de la muy
pluralista y heterogénea izquierda uruguaya, debería asumir un
rol de intermediario activo entre el gobierno y los movimientos
sociales, a fin de contribuir a forjar propuestas políticas que
cuestionen el mantra del “no hay alternativas al neoliberalismo”.
Con este objetivo entre sus prioridades, el fa deberá tener muy
presente su propia historia: de resistencia al autoritarismo, de
resistencia a las privatizaciones, de defensa del patrimonio del
Estado, de propuestas de nuevos canales para la participación
ciudadana y de confluencia de prácticamente todas las ‘familias’
de la izquierda bajo un programa único y una estructura para la
acción política basada en el debate y la democracia interna.
En caso de que todos los pronósticos se hubieran equivocado
y que la izquierda hubiese perdido los comicios nacionales
de 2004, las visiones sobre las probables consecuencias de la
derrota coincidían. Las opiniones recogidas a diario en la prensa
nacional en las semanas previas al 31 de octubre de 2004 anticipaban
una profunda crisis de esperanza resultante en el
agravamiento de las ya difíciles condiciones de vida de la mayoría
de la población, más emigración, un duro debate en el
interior de la izquierda y su posible extinción como opción de
gobierno en caso de una derrota electoral. En palabras de un
influyente editorialista de izquierda:
Casi nadie sabría qué hacer al día siguiente de una derrota de
Vázquez. No hay ‘Plan B’. Justo cuando la izquierda comienza
a acostumbrarse a convivir con las incertidumbres, y donde se
[185]

Daniel Chavez
ha pensado que la revolución era imposible, el gobierno inevitable
parece caer sobre la izquierda, contundente e inexorable
como la manzana de Newton, pero mucho más pesado.
(Pereira, 2004a; s. p.)
En el contexto de la crisis social que heredó la izquierda al
asumir el gobierno en marzo de 2005, el peso de tan peculiar
“manzana” (incluyendo el altísimo nivel de expectativa y esperanza)
no es de menospreciar. Al respecto, al informar sobre el
triunfo de la izquierda las principales agencias informativas globales
acentuaron la influencia de la crisis, y en particular de los
efectos del colapso financiero del año 2002, como factor determinante
del cambio político. Este razonamiento ha sido criticado
por investigadores locales, quienes argumentan que el
triunfo de la izquierda ha sido el producto de un largo proceso
de acumulación política, desde la fundación del Frente Amplio
en 1971.
Para terminar, un factor determinante del ascenso de la izquierda
al gobierno nacional fue el desencanto generalizado con
las políticas neoliberales implementadas por los cuatro gobiernos
del periodo postdictatorial. Al respecto, es ilustrativo el comentario
de un politólogo uruguayo publicado por el principal
diario conservador dos días después de la elección presidencial:
Es la culminación de la frustración postdictadura de la población
uruguaya en cuanto a las expectativas que había puesto
en la democracia. Eso fue generando un proceso migratorio
de los partidos tradicionales hacia la oposición de izquierda, que
ya empezó en la elección de 1989, cuando un 30% no votó a
los partidos tradicionales. (El País, 2004; 5)
[186]

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
Bibliografía
Aguirre, R.; Sierra, G. de; Iens, I., y Charbonnier, B. (1992), Informe
de una encuesta a vecinos sobre descentralización, participación
y centros comunales zonales, Montevideo, ciedur.
Arismendi, R. (1970), Lenin, la revolución y América Latina, Montevideo,
Pueblos Unidos.
Barrán, J.P. y Nahum, B. (1994); Batlle, los estancieros y el Imperio
Británico, Montevideo, Banda Oriental.
Bergamino, A.; Caruso, A.; León, E. de, y Portillo, A. (2001), Diez
años de descentralización en Montevideo, Montevideo, Intendencia
Municipal de Montevideo.
Blixen, S. (2004a), “La izquierda, la deuda, y la misión del Banco
Mundial. ¿Pagar menos o pagar después?”, en Brecha (edición
electrónica), 5 de marzo.
______ (2004b), “La izquierda ante el costo de la corrupción.
Las venas abiertas de la burocracia”, en Brecha (edición electrónica),
16 de abril.
Caetano, G.; Luna, J. P.; Yaffé, J., y Piñeiro, R. (2003), “La izquierda
uruguaya y la hipótesis del gobierno. Algunos desafíos político-institucionales”,
en Análisis y propuestas, Montevideo,
Friedrich Ebert Stiftung-Representación Uruguay.
Caetano, G.; Buquet, D.; Chasquetti, D., y Piñeiro, R. (2002),
Estudio panorámico sobre el fenómeno de la corrupción en el Uruguay,
informe final del Convenio entre la Universidad de la
República (Instituto de Ciencia Política) y la Junta Asesora
en Materia Económico Financiera del Estado, Montevideo,
Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de la República.
Calvetti, J.; Gorritti, P.; Otonelli, G.; Pizzolanti, A.; Varela, P. y
Zapata, S. (1998), “Análisis sobre los concejos vecinales”,
Montevideo, Intendencia Municipal de Montevideo.
Campos, E. de los (2001), La recesión económica es una prueba de
fuego para la descentralización, disponible en: http://www.
chasque.net/guifont/idsemi5.htm.
Canzani, A. (2000), “Mensajes en una botella. Analizando las
[187]

Daniel Chavez
[188]
elecciones de 1999-2000”, en Elecciones 1999-2000, Montevideo,
Banda Oriental.
Chavez, D. (2004), “Montevideo. De la participación popular al
buen gobierno”, en Chavez, D. y Goldfrank, B. (edits.), La
izquierda en la ciudad. Gobiernos progresistas en América Latina,
Barcelona, Icaria.
______ y Carballal, S. (1997), La ciudad solidaria. El cooperativismo
de vivienda por ayuda mutua, Montevideo, Facultad de Arquitectura
de la Universidad de la República y Nordan-Comunidad.
Doyenart, J. C. (1998), “El 73 por ciento de los montevideanos
considera que la ciudad está mejor que hace 10 años”, en
Posdata, 23 de enero.
El País (2004), “La evolución histórica del Frente explica la victoria
de Vázquez”, 2 de noviembre.
Errandonea, A. (1994), El sistema político uruguayo. Análisis de 78
años del sistema político uruguayo, Montevideo, La República.
Fernández, A. (2004), “Uruguayos, se vienen los cambios. Tabaré
Vázquez advirtió que el fa es una fuerza política, no un mago
de feria”, en La República (edición electrónica), 4 de marzo.
Filgueira, F. (2003), “La reforma del sector social. Estatismo, desigualdad
y privatización by default”, en Social Watch, Montevideo,
Instituto del Tercer Mundo.
Goldfrank, B. (2002), “The Fragile Flower of Local Democracy:
Participation in Montevideo”, en Politics & Society, vol. 30,
No. 1.
Gómez (1999), “Uruguay Report. Menos pobres, más marginados”,
en Social Watch Annual Report 1998, Montevideo, Instituto
del Tercer Mundo-Social Watch.
González, L. E. (2000), “Las elecciones nacionales del 2004. Posibles
escenarios”, en Elecciones1999-2000, Montevideo, Banda
Oriental.
González, M. (1995), ¿Sencillamente vecinos? Las comisiones vecinales
de Montevideo. Impactos del gobierno municipal sobre formas
tradicionales de asociación, tesis de maestría, Río de Janeiro, Instituto
Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro.
Harnecker, M. (1995). Forjando la esperanza, Santiago de Chile,
lom y mepla.

Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría
Instituto Nacional de Estadística (ine) (2004), Estimaciones de pobreza
por el método del ingreso-año 2003, Montevideo.
Israel, S. (2004), “La relación entre izquierda y militares. Despejando
el terreno”, en Brecha, 23 de abril.
La República (2004a), “Viera no apoya acordar sobre política
económica con aquellos que han perdido toda credibilidad”
(edición electrónica), 30 de marzo.
______ (2004b), “Walter Cancela. El crecimiento se financia con
trabajo” edición electrónica, 26 de agosto.
Mainwaring, S. y Scully, T. (1995), Building Democratic Institutions.
Party Systems in Latin America, Stanford, Stanford University
Press.
Moreira, C. (2000), “La izquierda en Uruguay y Brasil. Cultura
política y desarrollo políticopartidario”, en Mallo, S. y
Moreira, C. (edits.), La larga espera. Itinerarios de las izquierdas
en Argentina, Brasil y Uruguay, Montevideo, Banda Oriental.
Papa, G. (2003), “Uruguay. Certezas, posibilidades, programa”,
en Brecha (edición electrónica), 9 de noviembre.
Peralta, M. H. (2004), “Un futuro gobierno progresista bajo la
lupa ‘radical’. Entre la duda y la esperanza”, en Brecha (edición
electrónica), 12 de marzo.
Pereira, M. (2004a), “Necesidad histórica. El Frente y el gobierno
nacional”, en Brecha (edición electrónica), 14 de mayo.
_______ (2004b), “Con el senador José Mujica. Esta izquierda
es la que hay”, en Brecha (edición electrónica), 27 de febrero.
Portillo, A. (1991), “Montevideo. La primera experiencia del
Frente Amplio”, en Ziccardi, A. (edit.), Ciudades y gobiernos
locales en la América Latina de los noventa, México, flacso, Instituto
Mora y Porrúa.
Rankin, A. (1995), “Reflections on the Non-Revolution en
Uruguay”, en New Left Review, No. 211.
Rodríguez, H. (2001), “A 10 años de gobierno progresista en
Montevideo”, en La República (edición electrónica), 1 de
abril.
Rubino, S. (1991a), “Una realidad tétrica: la Intendencia Municipal
de Montevideo”, en Perelli, C.; Filgueira, F., y Rubino,
[189]

Daniel Chavez
[190]
S. (edits.), Gobierno y política en Montevideo, Montevideo,
peitho.
______ (1991b), “Los habitantes de Montevideo: visión de la
Intendencia en una coyuntura de cambio”, En Perelli, C.;
Filgueira, F., y Rubino, S. (edits.), Gobierno y política en Montevideo,
Montevideo: peitho.
Stolowicz, B. (2004), “La izquierda latinoamericana. Entre la
gobernabilidad y el cambio”, en Chavez, D. y Goldfrank, B.
(edits.), La izquierda en la ciudad. Gobiernos progresistas en América
Latina, Barcelona, Icaria.
Superville, M. y Quiñónez, M. (2003), Las nuevas funciones del
sindicalismo en el cambio del milenio, Montevideo, Departamento
de Sociología de la Universidad de la República.
Veiga, D. (1989), “Segregación socioeconómica y crisis urbana
en Montevideo”, en Lombardi, M. y Veiga, D. (edits.), Las
ciudades en conflicto. Una perspectiva latinoamericana, Montevideo,
ciesu y Banda Oriental.
Veneziano Esperón, A. (2003), “La participación en la descentralización
del gobierno municipal de Montevideo (1990-
2000). Evaluación de 10 años de gobierno de izquierda y
algunas reflexiones para América Latina”, en Documentos IIG,
No. 110.
Waksman, G. (2003), “El congreso del Frente Amplio. La confrontación
entre utopía y realidad”, en Brecha (edición electrónica),
26 de diciembre.
Winn, P. y Ferro Clerico, L. (1997), “Can a Leftist Government
Make a Difference? The Frente Amplio Administration of
Montevideo, 1990-1994”, en Chalmers, D. A. y Vilas, C. M.
(edits.), The New Politics of Inequality in Latin America.
Rethinking Participation and Representation, Nueva York, Oxford
University Press.