Los Clubes Sociales de Cannabis en España ... - Intercambios

Federación de Asociaciones CannábicasSerie reforma legislativa en materia de drogas No. 9Enero 2011Los Clubes Sociales de Cannabis en EspañaUna alternativa normalizadora en marchaPor Martín Barriuso Alonso 1Los Clubes Sociales de Cannabis (CSC)son asociaciones de personas usuariasque se organizan para autoabastecerse sinrecurrir al mercado negro. Se basan en elhecho de que el simple consumo dedrogas ilícitas no ha sido nunca un delitoen la legislación española. Aprovechandoese hueco legal, desde hace años existenclubes privados que producen cannabispara su distribución sin ánimo de lucroen un circuito cerrado de adultos previamenteusuarios.Desde su aparición, alrededor de 2002, losCSC han permitido que varios miles depersonas dejen de financiar el mercadonegro y conozcan la calidad y origen de loque consumen, generando puestos detrabajo y recaudación de impuestos, y todoello sin necesidad de denunciar los tratadosde la ONU sobre drogas.El presente trabajo resume la naturaleza yforma de funcionamiento de dichos clubes,planteando además un debate acerca de laconveniencia de dejar de lado la defensa demodelos alternativos de regulación basadosen la creación de un circuito comercialabierto, similar al del alcohol o el tabaco,optando en cambio por un modelo consumeristay no lucrativo, que evita muchos delos riesgos inherentes a un mercado dominadopor la búsqueda de beneficioseconómicos.Conclusiones & Recomendaciones En España, desde la aparición de los clubessociales de cannabis (CSC) en 2002, miles depersonas logran abastecerse de forma legal demarihuana ejerciendo control sobre sucalidad, para su consumo personal. Aprovechándose de un hueco jurídicoexistente en la legislación española, y a travésde un sistema de registro legal de grupos deconsumidores y un cultivo colectivo, losclubes se perfilaron de forma creciente entodo el país. El boom de los clubes se dio luego devarias sentencias del Tribunal Supremo, quedefinieron el ámbito de cultivo para usopersonal ya no como un delito, por no estardirigido al tráfico. Es hora de que el debate sobre políticas dedrogas se distancie de la simplificación delegalización o prohibición, y se considerenformas alternativas para enfrentar elfenómeno de las drogas.Reforma legislativa en materia de drogas | 1

ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGALESEspaña firmó la Convención Única sobreEstupefacientes de la ONU en 1966, que alaño siguiente se tradujo en la aprobaciónde la Ley 17/1967 sobre Estupefacientes,donde se establece que la tenencia dedrogas ilícitas solo estará permitida previapara fines médicos o científicos. Sinembargo, dicha ley solo prevé la incautaciónde las sustancias no autorizadas, sinningún tipo de sanción.En 1973 el Código Penal incorpora el delitode tráfico de drogas en su forma actual y alaño siguiente el Tribunal Supremo dicta laprimera sentencia en la que se establece queel simple consumo de drogas y la tenenciadestinada al mismo no son delito. A partirde ahí arranca una jurisprudencia unánime,que se irá concretando en sentencias posterioresdonde se establece que tampoco esdelito el consumo compartido, la donacióncon fines compasivos, ni la compra mancomunadapor parte de un grupo de adictos,siempre que sea sin fines de lucro.Sin embargo, la despenalización no conduciríaa una regulación clara de la produccióny la tenencia destinadas al consumopersonal. En el caso del cannabis, existendirectrices de la fiscalía del estado encuanto a las cantidades de cannabis cuyaposesión, aunque siga siendo ilícita, noconstituye delito por sí sola. En el caso delas plantas que se pueden cultivar para elpropio consumo, no existe ni esa mínimaregulación, lo que provoca actuacionesabsolutamente dispares dependiendo de lazona, e incluso del talante personal e ideológicode los policías o jueces implicados.Ello provoca una gran inseguridad jurídica,que se traduce en numerosas intervencionespoliciales contra pequeños cultivos queacaban casi siempre en archivo o absoluciónde la causa.En la actualidad, el tráfico de cannabis secastiga con penas de uno a tres años decárcel. La primera condena no suele acabarcon el ingreso en prisión, ya que la legislaciónespañola establece que las penas dehasta dos años de cárcel se suspendancuando no existan antecedentes. Sin embargo,en caso de una segunda condena, sesuman las penas, lo que produce que hayamiles de personas encarceladas en Españapor tráfico de cannabis. El tipo agravado(tráfico organizado, grandes cantidades,venta a menores, etc.) es de tres a nueveaños. En ambos casos hay también multasimportantes, calculadas en base al precio demercado de lo incautado.En cuanto a la tenencia y consumo, sesiguen castigando con la incautación en elcaso de lugares privados, lo cual suelesuponer en la práctica la impunidad, ya queel domicilio particular es inviolable, exceptocon orden judicial o en caso de delitoflagrante. En los lugares, vías y establecimientospúblicos, además de la incautaciónde la sustancia, existen sanciones de entre300 y 30.000 euros, desde que se aprobaraen 1992 la Ley Orgánica de SeguridadCiudadana. Las sanciones pueden suspendersesometiéndose a un tratamiento dedeshabituación, lo que infla artificialmentelas cifras de asistencia por problemasrelacionados con el cannabis, ya que secalcula que el 75% de las peticiones detratamiento se deben a esta causa 2 .NACIMIENTO DEL ASOCIACIONISMO DEPERSONAS USUARIAS DE CANNABIS YPRIMEROS CULTIVOS COLECTIVOSHacer frente a la prohibición de consumiren lugares públicos fue uno de los primerosobjetivos del llamado movimiento cannábico,que hizo su aparición en 1993 a travésde la asociación ARSEC de Barcelona. Otroobjetivo era acabar con la inseguridadjurídica del cultivo, encontrando la manerade autoabastecerse de manera legal. ARSECenvió una carta a la fiscalía anti-drogapreguntando si sería delito cultivar cannabiscon destino al consumo personal de ungrupo de usuarios adultos. La respuesta fueque, en principio, aquella no era unaconducta delictiva y ello dio lugar a una2 | Reforma legislativa en materia de drogas

plantación divulgada a través de los mediosde comunicación y destinada a unas 100personas. La plantación fue incautada perola audiencia provincial absolvió a losresponsables, aunque el caso fue recurridoante el Supremo.Mientras surgieron otra serie de grupos queiban a seguir el camino de ARSEC. La primeraen hacerlo fue la asociación Kalamudia,de Bilbao, que llevó a cabo en 1997 unaplantación de unas 600 plantas destinadas aalrededor de 200 personas, entre las quehabía parlamentarios regionales y concejalesde varios partidos políticos, además deartistas, sindicalistas, médicos, etc. El casose archivó al poco de abrirse y el cultivo serecogió sin obstáculos legales.El caso ARSEC, que llevaba más de dosaños pendiente de resolución, fue zanjado alos pocos días con una condena mínima deprisión (que quedó suspendida) y sancioneseconómicas contra los directivos de laasociación. El Tribunal Supremo entendióque, aunque estaba claro que en este casono se pretendía traficar, el cultivo decannabis era peligroso per sé y debía sercastigado. De esta forma, en principio, secerraba la puerta a los cultivos asociativos.No obstante, en 1999, la asociación Kalamudiadecidió tomar el camino de ladesobediencia y repetir su plantaciónpública y colectiva de marihuana. Lafiscalía no intervino. La cosecha se volvió arecoger con normalidad, en presencia de lascámaras, y en 2000 se llevó a cabo la terceraedición, que tampoco provocó accioneslegales. Ante la falta de oposición, lasasociaciones decidieron entonces dar uncarácter estable a los cultivos.NACE EL MODELO DE CLUB SOCIAL DECANNABIS (CSC)Mientras tanto, el gobierno regional deAndalucía encargó un informe jurídicosobre la posibilidad de poner en marchaestablecimientos en los que se podríaobtener cannabis respetando el marco legal.Los autores, Juan Muñoz y Susana Soto,tras analizar exhaustivamente la jurisprudenciasobre el cannabis y otras sustanciasilícitas, llegaron a la conclusión de quedebería tratarse de “centros no abiertos a unpúblico indiscriminado, sino de accesorestringido a fumadores de hachís o marijuana,en los que se exigiría como medida decontrol del acceso el tener la condición deconsumidor habitual. Se trataría, por tanto,de lugares de consumo privado entreconsumidores habituales en los que sepodría adquirir y consumir cantidades queno sobrepasen el límite de un consumonormal”.El informe nunca se publicó oficialmente,aunque sí apareció en una prestigiosarevista jurídica 3 . Y aunque era un simpledictamen técnico no vinculante, diversasinstituciones parecen haber tomado encuenta sus conclusiones. Poco a poco, lasasociaciones empezaron a regularizar susituación: De ser estar inscritas comoasociaciones “de estudio del cannabis”pasaron a ser “de personas usuarias decannabis” y a mencionar en sus estatutos laposibilidad de crear espacios privados parael consumo y el cultivo social. El pionerofue el Club de Catadores de Cannabis deBarcelona (CCCB), en 2001.Mientras, el Tribunal Supremo, en sentenciasde 1 de octubre de 2001 y 9 de julio de2003, contradijo la sentencia sobre ARSEC,estableciendo que la posesión de cannabis,incluso en grandes cantidades, no es delitosi no existe intención clara de traficar. Enlos años posteriores, el informe de Muñoz ySoto y las sentencias citadas servirían debase para diversas resoluciones judicialesque consideraban legales los cultivos devarios clubes cannábicos.Entre estos casos, el que tuvo más trascendenciafue el que se produjo en 2005 contrala asociación Pannagh. Cuatro miembrosdel grupo fuimos detenidos y el cultivo dela asociación incautado. Este hecho diolugar en enero de 2006 a una preguntaparlamentaria a la Comisión Europea delReforma legislativa en materia de drogas | 3

eurodiputado italiano Giusto Catania. Enella se planteaba cómo era posible que enun país donde el consumo está despenalizadoy se puede inscribir legalmente unaasociación de personas usuarias, se pudieraa la vez actuar por vía penal contra una deesas asociaciones por llevar a cabo actividadespreparatorias del consumo.La Comisión respondió dos meses después,a través del comisario de justicia FrancoFrattini, que a la Unión Europea no lecorresponde la regulación de las conductasrelacionadas con la tenencia y el consumo.Conforme a una Decisión Marco de laUnión Europea 4 , “los Estados miembrosgarantizarán que el cultivo de la planta decannabis, cuando se efectúe sin derecho,sea punible”. Pero esta obligación desapareceen el caso del auto cultivo, ya que,como dice textualmente el comisarioFrattini, “el artículo 2.2 excluye del alcancede la Decisión Marco del Consejo el cultivode cannabis para consumo personal, alestar definido por las leyes nacionales”.Casi al mismo tiempo, el caso fue archivadoy, en una decisión sin precedentes, se decidiódevolver a los miembros de Pannaghlos más de 17 Kg. de marihuana incautada,un hecho que tuvo gran difusión y puedeconsiderarse el pistoletazo de salida a unauténtico boom de nuevas asociaciones quetratan de poner en marcha su propia producciónde cannabis.CÓMO FUNCIONA UN CLUB SOCIAL DECANNABISA falta de una regulación clara, las asociacioneshan tenido que ir improvisando einventando soluciones para poder normalizarsus actividades. Las más importantesentre las pioneras se reunieron en 2003 enla Federación de Asociaciones Cannábicas(FAC), que agrupa en estos momentos a 21colectivos. La federación ha venidodesarrollando en los últimos años unmodelo legal y de gestión, conocido comoClubes Sociales de Cannabis, con el que sepretende dar encaje en la legalidad vigentea unos grupos que crecen día a día encomplejidad y número de miembros. En laactualidad existen en el estado español unnúmero indeterminado de clubes, que porlos datos disponibles podría situarse entre100 y 300, repartidos de forma irregular porlas distintas regiones, con la máxima concentraciónen Cataluña y el País Vasco,donde existe mayor tolerancia social. Dehecho, la demanda de información paracrear nuevos clubes ha sido tan grande quela FAC se ha visto obligada a editar unaguía sobre cómo crear un club social decannabis 5 .El recorrido típico de un Club Social deCannabis se inicia con la fundación einscripción del mismo en el registro deasociaciones. A continuación, los miembrosque lo desean aprueban un acuerdocolectivo de cultivo. El club alquila ocompra terrenos de cultivo, inmuebles,equipos y todo lo necesario para cultivar ydistribuir luego lo cosechado.El cálculo del cultivo se hace en base a laprevisión de consumo que efectúa cadamiembro. El cuidado de las plantas, segúnla fórmula elegida en cada club, está a cargode socios voluntarios, personal contratadodirectamente por el club, o agricultoresprofesionales (que también suelen sersocios) a los que se paga por el alquiler delterreno y las horas de trabajo realizadas,tras emitir las correspondientes facturas. Selleva una contabilidad exhaustiva a fin defacilitar la posible fiscalización posterior.La distribución se efectúa en el local delclub, que suele estar en inmuebles comercialeso de oficinas, donde solo puedenentrar miembros del club y acompañantesmayores de edad. El reparto se lleva a caboen cantidades pequeñas, para un consumomás o menos inmediato. La mayoría deCSC disponen de espacios de consumopara las personas socias, aunque tambiénsuelen permitir que retiren bajo su responsabilidadpequeñas cantidades para elconsumo de los días siguientes, a fin de noobligarles a acudir a diario. Existe un límite4 | Reforma legislativa en materia de drogas

máximo de consumo, que suele ser de 2 o 3gr./día, y que solo se puede superar en elcaso de usuarios con fines médicos queprecisen de dosis más elevadas.Los clubes producen y distribuyen sobretodo marihuana, bien sea de cultivo deexterior o de interior, aunque tambiénelaboran hachís en algunos casos y, ennúmero cada vez mayor, otros productoscomo alcohol, cremas, aceites, tinturas,dulces, etc., a fin de favorecen vías deconsumo alternativas a fumar. Algunastambién disponen de servicio de préstamode vaporizadores.Quienes participan en el cultivo abonancuotas proporcionales a su consumo,destinadas a cubrir los gastos de producción,almacenaje y gestión. Al tratarse deentidades sin ánimo de lucro, los posiblesbeneficios económicos se invierten en losfines de la asociación. Parte de ello sedestina a las diversas actividades sociales,como cursos y conferencias, asesoría legal ymédica, manifestaciones y actividades delobby político a favor de la normalización,o la celebración de copas de la marihuana.La gestión es democrática con distintosmodelos, más horizontales o jerárquicos,siendo en todo caso la asamblea general depersonas socias el órgano supremo dedecisión. Para entrar en un club es necesariala invitación de uno o dos miembros,que además avalen que el o la aspirante aacceder es realmente usuario/a de cannabis,o bien presentar un informe médico queacredite que se padece una enfermedadpara la que esté indicado el uso de cannabis.A pesar del vacío legal en el que se mueven,la situación administrativa de muchosclubes es casi normal. Bastantes disponende personal contratado e inscrito en laseguridad social y pagan diversas tasas eimpuestos, entre ellos el Impuesto sobre laRenta, el de Sociedades y, en algunos lugares,incluso el IVA, que grava con un 18%la distribución de los productos de los CSC.Sin embargo, aún quedan muchas cuestionespor resolver y las asociaciones corren elriesgo permanente de sufrir diversos problemaslegales, sobre todo durante el cultivoy el transporte.Para evitar esta situación, desde la FAC sehan elaborado propuestas para regular lasactividades de los CSC de forma que puedanser fiscalizados por las instituciones yevitar intervenciones policiales y judicialesque causan daños innecesarios. Variasasociaciones del País Vasco presentaronrecientemente en el parlamento regionaluna propuesta, que está pendiente devotación, para crear un registro específicopara las asociaciones de este tipo, en el quese controle su actividad económica a fin deverificar que es realmente no lucrativa. Elloiría combinado con un protocolo policial yadministrativo, que incluiría un censo delos lugares de cultivo, inspecciones de losmismos, tasación de la producción y transportesupervisado. De esta manera acabaríala inseguridad jurídica actual y todo ello sinnecesidad de reformar el Código Penal nidenunciar los tratados internacionales.Los Clubes Sociales de Cannabis son unaalternativa viable al mercado ilegal dominante,compatible con el cumplimiento deunos tratados sobre drogas que hoy por hoyparecen intocables e inmutables. Estemodelo dificulta el acceso a la sustancia porparte de los menores, limita el llamado“turismo psicoactivo” y debilita el mercadonegro al restarle clientes potenciales.Además, los miembros de un CSC puedencontrolar el origen, calidad y composiciónde lo que consumen, mientras generanactividad económica legal y recaudación deimpuestos.REGULACIÓN CONTRA LA CRISISCon motivo de una reciente audiencia en elParlamento Europeo, en diciembre de2010, en la que se presentó el modelo deCSC ante los responsables de la UnidadAnti-Droga de la Comisión Europea 6 ,realizamos un cálculo acerca de los ingresosReforma legislativa en materia de drogas | 5

para las arcas públicas que generaría laextensión de los clubes por Europa. Paraello se tomaron como referencia los puestosde trabajo, impuestos y cotizaciones socialesgenerados en el ejercicio 2009 por laactividad de cultivo de la asociaciónPannagh, de la que soy fundador y presidente.En dicho cultivo participaron unos200 socios, con un consumo mediorelativamente modesto, de menos de 0,5gr./día.Si en España un millón de personas (esdecir, el 60 % de las personas que consumencannabis a diario en España y el 30%de los consumidores frecuentes) se abastecierana través de clubes idénticos a Pannagh,se generarían unos 7.500 puestos detrabajo directos y unos 30.000 indirectos,sin contar la actividad generada en sectoreseconómicos que abastecen de servicios,equipos y suministros a los clubes, comofertilizantes, material de cultivo, invernaderos,comunicaciones, transportes, asesoríalegal, etc.Estos puestos de trabajo generarían alrededorde 155 millones de euros en cotizacionesa la seguridad social. También serecaudarían unos 54 millones de euros en elimpuesto sobre la renta, 58 millones deimpuesto de sociedades, y 100 millones deIVA, es decir, un total de 367 millones deeuros en ingresos directos para la administración.Si extrapolamos esta cifra a los 23millones de personas que se calcula queutilizan cannabis regularmente en la UniónEuropea, la cifra se eleva hasta los 8.400millones de euros.¿DEBE EL CANNABIS SER “NORMAL”?Al comienzo del desarrollo de los CSC,desde el movimiento pro-legalizaciónconsiderábamos que el objetivo final eralograr para el cannabis un mercado similaral del alcohol o, en ciertos aspectos, al deltabaco 7 . Los clubes se concebían como unmodelo de transición, un puente hacia elmodelo ideal, donde no solo el consumo yla producción, sino también el comercio,fueran totalmente legales. Sin embargo, amedida que los CSC han ido asentándose,en el seno de las asociaciones ha comenzadoun debate acerca de si realmente elsistema de mercado abierto es mejor que elde clubes de personas usuarias, y si se debeseguir reclamando que el cannabis seequipare a drogas legales cuya regulaciónlegal no nos convence.Las sustancias psicoactivas más consumidas,como alcohol, tabaco y cafeína, serigen mediante un mercado dominado porgrandes empresas mercantiles y circuitoscomerciales con precios bajos para losproductores y predominio abusivo de losintermediarios, donde la búsqueda incesantede beneficios ha llevado a prácticas deocultación e incluso incremento de riesgos(como los aditivos cancerígenos de muchasmarcas de cigarrillos), y con las personasusuarias reducidas a un papel pasivo dondela única decisión posible consiste en compraro no comprar.En un CSC, en cambio, las personas sociastienen derechos y capacidad de decisiónsobre su consumo mucho mayores que enuna relación comercial. Son ellas quienesaprueban el balance económico, la gestión,presupuestos, etc., y tienen un controlbastante directo sobre la producción, yaque todo el proceso, desde la siembra hastael producto acabado, se realiza dentro delmarco del club. Además, al haber contactodirecto entre productores y usuarios, resultamás fácil encontrar un equilibrio entresalarios dignos y precios razonables. Enlugar de competir entre sí, los distintosagentes que participan en el procesocooperan para obtener el máximo beneficiomutuo.En definitiva, la práctica diaria nos ha mostradoque las limitaciones que impone elmarco legal actual, especialmente la obligaciónde producir y distribuir en circuitocerrado y, sobre todo, la ausencia de lucro,generan un marco de relación diferente y, anuestro entender, más justo y equilibrado.Como tantas veces, la necesidad se hizo6 | Reforma legislativa en materia de drogas

virtud y nuestra visión del modelo a alcanzarcambió. Si conseguimos abastecernosdirectamente y en mejores condiciones,¿para qué vamos a luchar por un mercadocapitalista para el cannabis, donde el poderde decisión vuelva a concentrarse en pocasmanos y no sepamos cómo ni dónde seprodujo lo que nos vamos a meter en elcuerpo?UN MERCADO PROTECCIONISTA PARADEFENDER A LOS USUARIOSPor una curiosa carambola legal, la prohibiciónglobal de drogas, aplicada por lostribunales españoles desde la óptica de queel objetivo es proteger a las personasconsumidoras frente a los riesgos de lasdrogas, ha dado lugar a un curioso mercadoproteccionista para el cannabis, donde hayactividad económica pero no beneficio,emprendedores pero no empresarios, y unaespecie de cooperativas de consumidoresunidos con pequeños agricultores, quefuncionan en buena medida al margen delos grandes circuitos de distribución y de laeconomía financiera. Y en una sociedadcomo la española, sumida en una profundacrisis económica y social tras muchos añosde vivir en la cultura de la especulación, elconsumo desaforado y el dinero fácil, estehecho parece más una ventaja que uninconveniente.Hay muchas alternativas posibles para laregulación legal de las drogas. Sin embargo,cuando se habla de legalización siempre setiende a pensar en un mercado capitalistaabierto. Ello es lógico en personas quedefienden que ese es su modelo económicoideal, como Thomas Szasz, a quien oípersonalmente decir que su objetivo eraque “la heroína se venda como la Cocacola”.Pero cuando sectores críticos con elmodelo económico dominante debatensobre políticas de drogas con la prohibicióncasi total y la liberalización casi total comoúnicas alternativas, tal vez lo que sucede esque no se han parado a pensar que existenotras formas de hacer las cosas.Antes que cambiar el actual panorama derepresión y mafias por otro escenario demarihuana adulterada y poco ecológica,empaquetada por empresas multinacionalesen seductores y brillantes envoltorios,preferimos imaginar un mundo en el queplantas psicoactivas como el cannabis seobtengan a través de una red de entidadesdemocráticas que buscan mejorar la calidadde vida de muchos en vez de enriquecer aunos pocos. Tal vez parezca un planteamientoun tanto utópico, pero se trata deuna experiencia en marcha que da señalesde buena salud. Y en todo caso, ya vasiendo hora de que la utopía tenga unhueco en el debate sobre políticas dedrogas.NOTAS1. Martín Barriuso Alonso es Presidente de laFederación de Asociaciones Cannábicas (FAC).2. Elaboración propia a partir de los datospublicados en la memoria anual del PlanNacional sobre Drogas3. Muñoz, J. y Soto, S. (2001). “El uso terapéuticode cannabis y la creación de establecimientospara su adquisición y consumo”,Revista de Derecho Penal y Criminología, 7, 49-94.4. Decisión Marco del Consejo, 2004/757/JHA,del 25 de octubre de 2004, que establece lasprovisiones mínimas de los elementosconstituyentes de actos criminales y penas en elámbito del tráfico de drogas ilícitas.5. La guía está disponible en http://bit.ly/FAC-GuiaDeClubes6. Audiencia Pública "La regulación de lasdrogas, ¿una salida de la crisis?". 8 de diciembrede 2010, Parlamento Europeo, Bruxelas. Másinformación en:http://www.encod.org/info/UE-LISTA-PARA-TERMINAR-LA.html7. Barriuso, M. (2005) “Propuesta de modelolegal para el cannabis en el estado español”,Eguzkilore, Revista del Instituto Vasco deCriminología, nº 19, pág. 151-167.Reforma legislativa en materia de drogas | 7

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