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por BBVA de España. Colpatria, adquirida
parcialmente por GE Capital Corporation
de Estados Unidos. Aceros Diaco,
comprada por Gerdau de Brasil. Leche Algarra,
comprada por Gloria de Perú. Carbones
del Cesar, comprada por Coalcorp
de Canadá. Refinería de Cartagena, que
se intentó vender a la Glencore de Suiza.
Petroquímica Colombiana, comprada
por Mexichem de México. Editora Cinco,
comprada por Editorial Televisa de México. Coltabaco, comprada por Philip Morris de
Estados Unidos. Telecom, comprada por Telefónica de España. Colombia Móvil, comprada
por Millicom de Luxemburgo. TvCable, Cablepacífico y Superview, compradas
por Telmex de México.
Paradójicamente los dólares de las exportaciones y de las remesas financian los
de las utilidades de las multinaciones y de los tiburones del capital financiero, y no
aportan en forma adecuada, en vista del modelo, al desarrollo interno. Colombia, más
que exportar cosas, remite al extranjero el ahorro y la capacidad de trabajo de su pueblo.
Contradictorio resulta que las remesas de los trabajadores, que inmigraron por el
“libre comercio”, financien, entre otros asuntos, las importaciones de bienes que arruinan
al agro y la industria, razón que los obligó a partir por la falta de plazas de trabajo.
Los hechos además le niegan la razón a quienes pregonan la reciprocidad de los tratados
de libre comercio. En el período analizado, mientras ingresaron por concepto de
inversión extranjera 90.000 millones de dólares, al exterior se remitieron 17.000 millones,
una diferencia de 73.000 millones Las compañías fóraneas en el país serán las beneficiadas
por las gabelas de los TLC. La ausencia de reciprocidad económica, que se suma a la
legal, es además un elemento violatorio de la Constitución Política colombiana.
El gobierno de Juan Manuel Santos, quien representa el continuismo neoliberal,
trae también sus reformas. Al Congreso, el gobierno de Álvaro Uribe le dejó presentada
la reforma que busca elevar a rango constitucional la sostenibilidad fiscal, más conoci-
da como la Regla Fiscal. El objetivo es igual al de las reformas
sobre gasto público de la presente década: dar garantías a los
inversionistas de que el fisco no será una traba para los negocios
y que las deudas contraídas, no importa su talante agiotista
o su ilegitimidad, serán oportunamente pagadas. Es un proceder,
como lo explica Guillermo Perry, que hará que en el futuro
la Corte Constitucional “sea más mesurada con respecto a las
consecuencias fiscales de sus fallos” (Portafolio, jul.21.10). Este
proyecto busca que los futuros fallos de tutela tengan garantías
económicas menores; que en materias como la vivienda digna,
Colombia, más
que exportar
cosas, remite
al extranjero
el ahorro y la
capacidad de
trabajo de su
pueblo.
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