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Unidos durante la confrontación con la Unión Soviética y de las tesis neoliberales, se
creó el Consenso de Washington. Se trató de un decálogo de políticas expuestas por
John Williamson, del Peterson Institute for International Economics, que las definía
como “el mínimo común denominador de política orientada por las instituciones financieras
internacionales con base en Washington para los países de América Latina a
partir de 1989”, es decir, “los diez mandamientos””. 1
En el caso latinoamericano, según sus promotores, el “Consenso” sentaría las bases
para superar los desbarajustes económicos de la década de los 1980. Pero en realidad
fue la imposición de nuevos y más recios condicionamientos para el acceso a los
mercados de capitales y a la inversión extranjera directa. Tanto el FMI, como el BM y
la OMC impusieron su sello. Se “forzó”, a decir de Joseph Stiglitz, en especial a América
Latina, Asia, África, Rusia y a países de Europa Oriental en transición, a adoptar
los programas del consenso respectivo, sin que país desarrollado alguno hiciera lo
mismo. Por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos (Reserva Federal y Departamento
del Tesoro) nunca han tenido como objetivo de su política monetaria y fiscal la
inflación objetivo y el déficit cero.
Colombia no fue la excepción. El país continuó moviéndose en la órbita norteamericana,
pero una “nueva” doctrina estaba al mando. No solo fue más de lo mismo, sino
peor y más. La Constitución de 1991 sirvió para introducir, abierta o soterradamente,
las reformas de la globalización. El gobierno de César Gaviria, explica con cinismo Rudolf
Hommes, aprovechó en su momento el “efecto distracción” de la Constituyente y
tramitó en el Congreso “las principales reformas legislativas del proceso de apertura”.
Así vieron la luz leyes como la 9ª de 1991, que modificó el régimen de cambios internacionales
y el de la inversión extranjera; estableció regímenes especiales en el sector
financiero, el petróleo y minería, pero eso sí, en ningún renglón podrían imponerse
tratos distintos de los dados a los nacionales. Suprimió además el establecimiento de
requisitos especiales de desempeño a los inversionistas extranjeros. En la vigencia de
la Constitución se han dictado leyes en salud, servicios públicos, sistema financiero,
pensiones, laboral, impuestos y gasto público –que ahora tiene el aditamento de la regla
fiscal–, petróleos y minería, etc. La evolución del marco jurídico se ha dado al ritmo
de las exigencias de los grandes capitales criollos y foráneos, pero, en especial, de los
dedicados a la especulación financiera. Capitales que se entronizaron con mayor fuerza
en la organización económica nacional, donde los fundamentales de la economía se
mueven a su arbitrio.
Nuevos frentes de acumulación fueron abiertos. En la salud, irrumpieron las EPS
–los bancos de la salud–, que hoy acaparan como mínimo el 30 por ciento de los recursos
que se destinan al sector. Los fondos privados de pensiones manejan parte fundamental
del ahorro nacional. Se proscribió la emisión monetaria como instrumento de
apoyo al sector real y al gobierno. A pesar de que lo prestado es casi igual a lo pagado,
1 Suárez, Aurelio. El infarto de Wall Street: 2008. Economía de los Estados Unidos. Ediciones Aurora, Bogotá. 2009. p. 72.
4 Libre Comercio y minería en Colombia