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Por eso el ordenamiento constitucional protege a aquellas personas que, aún actuando
por fuera de los términos de la ley, tienen el pleno convencimiento de moverse
conforme a derecho, dado que las propias autoridades competentes les han generado
esa creencia. Es decir, si la administración pública crea en un particular el pleno convencimiento
de que está cumpliendo con las normas vigentes, esta no puede luego
perjudicar al ciudadano por actuaciones u omisiones que había permitido con anterioridad.
A pesar de la existencia de preceptos constitucionales, el gobierno elude su
aplicación para favorecer intereses fóraneos. Sin lugar a equivocación puede afirmarse
que las empresas multinacionales no cumplen las leyes colombianas.
La de Colombia es una política minera, alejada de los intereses nacionales, que
profundiza la reprimarización de su economía. Apunta a una economía absolutamente
dependiente de la explotación de los recursos naturales, en beneficio de las empresas
extranjeras. En la actualidad el 81 por ciento de las exportaciones nacionales
corresponde a productos primarios, recursos naturales y bienes de baja tecnología.
Economía bajo la cual Colombia se ve obligado a exportar cada vez más volumen de
materias primas y recursos naturales a cambio de los demás bienes intermedios y de
capital que se consumen internamente. Una transacción de espejitos por oro, como en
las épocas coloniales.
Para el 2008 la minería en Colombia representó el 38 por ciento de las exportaciones
totales; en el 2004 participaba con el 29 por ciento. El gobierno espera que para el
año 2019 esté en niveles como los de Chile, que para el 2009 significó el 58 por ciento
de las exportaciones totales del país austral. Entre 2004 y 2008 las exportaciones mineras
crecieron en promedio 32 por ciento
cada año, 1,7 veces más que las exportaciones
industriales y 2,8 veces más que las exportaciones
agropecuarias, apuntalando a la
minería como el sector más dinámico en las
ventas colombianas. Al 2009 el país exportó
8.154 millones de dólares en minería, 5.000
millones en Carbón, 1.500 millones en oro y
1.028 millones en níquel, entre las más importantes.
Sumadas a las de petróleo la cifra
crece a 15.000 millones de dólares.
Para completar, esta actividad primaria,
tan dependiente de los precios internacionales
(que por supuesto las autoridades
nacionales no controlan) vuelve muy inestable
a la economía, provocando fluctuaciones
indeseables a nivel macroeconómico que
afectan negativamente el desempeño econó-
18 Libre Comercio y minería en Colombia