VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo “Nuevos ... - ASET

FOEESITRA y cobró 2.320.000 pesos para instrumentar el Programa, pagados con recursos
sindicales.
Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN), sólo la autoridad de aplicación
—es decir, Economía— estaba autorizada a contratar esos servicios de consultoría. Los
auditores descubrieron que a Bunge se lo contrataba, entre otras cosas, para asesorar en la
elaboración y redacción del Acuerdo General de Transferencia (es decir, el traspaso de las
acciones del Estado al PPP), pero el costoso contrato se suscribió cuatro días después de
haberse firmado dicho Acuerdo. Bunge, por otro lado, debía confeccionar el padrón
provisorio de empleados-adquirentes de las acciones clase C, pero los auditores dictaminan
que no efectuó los trabajos encomendados (Nudler, 2000).
Para solucionar el problema judicial, el Ministerio de Economía sancionó el Decreto 1834/93
que reconocía los derechos al PPP de los trabajadores desvinculados. Pero se inició una
controversia sobre el mecanismo de recompra de acciones para los que se iban de la empresa,
que tampoco permitió resolver el problema. En febrero de 1993, el comité organizador
“parasindical” nombró a los directores sin elecciones, por lo que el gobierno impugnó las
designaciones y llamó a elecciones, quedando bloqueada la recompra y la distribución de los
dividendos.
“Nos dieron durante tres o cuatro años los dividendos, cuando se estaban por
liberar las acciones, que se cotizaban en bolsa, fuimos a buscar los dividendos y
nos dijeron: ′No, la empresa se las compró, porque los ex empleados no pueden
tener acciones′. Y nos compraron a 75 centavos cada acción. Un año después, las
acciones se fueron a cinco pesos. Las compró la empresa y no pudimos hacer
nada. Algunos iniciaron juicio, pero la mayoría no. Los que estaban en actividad
cobraron” (ex trabajador, despedido seis meses después de la privatización).
Las sucesivas denuncias de los trabajadores —más de un millar— representados por Liliana
Zabala, llevaron a la AGN a solicitar en el año 2000 a la justicia penal el sumario de los
funcionarios responsables de las irregularidades cometidas en la implementación del PPP