libro anuario para pdf - Portal de Revistas Electrónicas-Universidad ...

PLURALISMO JURIDICO
EN LA PROTECCION AMBIENTAL
DE VENEZUELA Y EN EL DERECHO
COMPARADO
Norma Paz de Henríquez
Docente e Investigadora
Instituto de Derecho Comparado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad de Carabobo
Yasser Abdelkarim P.
Colaboración Especial

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
PLURALISMO JURIDICO EN LA PROTECCION
AMBIENTAL DE VENEZUELA Y EN EL DERECHO
COMPARADO
RESUMEN
Durante cientos de años los pueblos étnicos han venido conservando
gran parte de sus manifestaciones culturales, éstos consisten en la práctica
diaria de sus ceremonias, de sus idiomas, de sus trabajos comunales, de su
educación, etc. Además uno de los aspectos fundamentales ha sido el
ejercicio de sus sistemas jurídicos, consistentes en una serie de reglas
comunitarias no escritas que se han venido transmitiendo de generación en
generación, lo que ha exigido el reconocimiento del pluralismo jurídico o
legal, que tiene como premisa central que el Estado no es la única fuente
de normas y prácticas legales, sino que coexiste con muchos otros espacios
donde se generan normas y se ejerce control social. De esta manera el
pluralismo jurídico representa una protección ambiental en Venezuela y el
planeta tierra, por cuanto toma en cuenta la relación de las minorías étnicas
con el ambiente, la cual se fundamentan en tradiciones, valores ancestrales
y espiritualidad.
Palabras clave: Ser humano- Ambiente- Economía- Etnias- Pluralismo
Jurídico.
411

Norma Paz de Henríquez
JURIDICAL PLURALISM IN VENEZUELA ENVIRONMENT
PROTECTION AND COMPARATIVE LAW
ABSTRACT
For hundreds of years, the ethnic people have been keeping their cultural
traditions consisting of their daily ceremony practices, their languages, their
communal work, their education, and so on. Besides, one of the fundamental
aspects has been the exercise of their juridical systems, consisting of a set
of unwritten communal rules that have been transmitted from generation to
generation. This have demanded the recognition of juridical pluralism whose
central premise is that the State is not the only source of rules and legal
practices, but it coexists with other spaces where rules are generated and
social control is exercised. Thus, juridical pluralism represents environmental
protection in Venezuela and the Earth because it takes into account the
relationship the ethnic minorities have with the environment which is based
on traditions, ancestral values and spirituality.
Key words: human being – environment – economy – ethnic groups –
juridical pluralism
412

PLURALISMO JURIDICO EN LA PROTECCION
AMBIENTAL DE VENEZUELA Y EN EL DERECHO
COMPARADO
INTRODUCCIÓN
I. Ser Humano, Economía y Ambiente
II.
Ser Humano y Regulación Jurídica de su Medio Ambiente
III.
Bases Del Pluralismo Jurídico Ambiental
1. Evolución Histórica
2. Constitución de un Estado Pluralista
3. Condiciones para la Construcción de un Estado Pluralista
3. 1 Derechos Individuales y Derechos Colectivos
3.2 Consecuencias jurídicas de la aceptación de la diversidad
3.3 Recepción de la diversidad por parte del Sistema Penal
IV.
Pluralismo Jurídico en Venezuela
1. Visión Pluricultural de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999
2. Pluralismo Jurídico Ambiental
V. Pluralismo Juridico en el Derecho Comparado
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
PLURALISMO JURIDICO EN LA PROTECCION
AMBIENTAL DE VENEZUELA Y EN EL DERECHO
COMPARADO
INTRODUCCIÓN
La vida social que realiza cada individuo como integrante de una
Sociedad, se verifica a través del los Fenómenos Sociales; estos se consideran
como herramienta principal que sirve de marco a la fuente del derecho, por
lo que resulta necesario comprender que el Estado no es la única fuente de
normas y prácticas legales, sino que coexiste con muchos otros espacios
donde se generan normas y se ejerce control social, es decir que a diferencia
del monismo Jurídico que corresponde con el nacimiento de los grandes
Estados de los siglos XVI al XIX, hoy en día existen innumerables centros
y focos autónomos generadores de Derecho, conocido como Pluralismo
Jurídico o Legal. Es por ello que el Jurista Francés Jean Carbonier sostiene
“…nuestra época ha puesto el monismo en cuestión y de nuevo la diversidad
ha invadido el medio jurídico…”. (Carbonier, 1974 p.12). En la actualidad
ese Pluralismo Jurídico que significa la aceptación, la coexistencia de diversos
ordenamientos jurídicos en un mismo territorio, se observa en las Nuevas
Constituciones de América Latina al tener como principio rector reconocer
las normas, costumbres, culturas de las diversas etnias, aunque este pluralismo
legal en las repúblicas latinoamericanas no fue reconocido de jure hasta los
años 90, en la práctica la debilidad y poca cobertura del Estado
Latinoamericano implicó que se hiciera una característica permanente de
la realidad social.
En este orden de ideas en un Estado de Derecho, el Derecho del
Ambiente es la respuesta que dio la sociedad al percatarse del peligro que
representa el impacto negativo de las actividades humanas incontroladas
sobre el entorno y, en consecuencia, sobre toda forma de vida, incluida la
humana del ciudadano común, que se relaciona con el ambiente en
fundamento al aparato económico, a diferencia de los individuos
pertenecientes a etnias en la que su relación con el ambiente es de contenido
netamente espiritual. De allí la relevancia y necesidad de una correcta
aplicación del Pluralismo Jurídico como Protección Ambiental para lograr
la conformidad y expectación de la sociedad, asentado así en la Conferencia
415

Norma Paz de Henríquez
de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en la cual se reconoció
la importancia que las prácticas ambientales indígenas deberían tener en el
futuro más inmediato en las políticas de desarrollo sostenibles tanto en el
ámbito nacional como en el mundial.
I. SER HUMANO, ECONOMÍA Y AMBIENTE.
La naturaleza de los seres humanos desde sus principios ha sido la
causa para que estos, necesariamente busquen integrarse. Dicha integración
es apreciada como un proceso que permite a los individuos la satisfacción
de sus propias necesidades. No obstante, esta integración social no puede
darse sin limites, es necesario que cada sujeto que desee integrase
socialmente tenga que ceder parte de su libertad individual para alcanzar la
convivencia colectiva. Ahora bien, la interrelación social en forma equilibrada
ha sido expectativa para todos los miembros de una sociedad determinada
y es que en el alcance y contenido de ese equilibrio se encuentra la medida
de respeto a los derechos y deberes de los individuos. En consecuencia, la
convivencia social en armonía obedece a los Controles Sociales que hacen
efectiva la uniformidad de conductas en la sociedad.
Podemos afirmar que las personas han tenido siempre una relación
con el medio que los rodea, a diferencia de lo que se da entre las otras
especies y su medio. El ser humano como ser racional ha buscado
comprender su medio, develar su misterio y se ha planteado la necesidad
de transformarlo para una mejor evolución, pero también, para obtener
beneficios que le permitan mejores condiciones de vida, se trata pues, no
sólo de sobrevivir, sino de sobrevivir mejor; y ello implica no sólo la
transformación del medio sino también su explotación. Pero esa
transformación del medio y explotación de los recursos naturales provoca
cambios, modificaciones tales en el medio ambiente que necesariamente
van a incidir en los habitantes del planeta tierra, provocando cambios
profundos y lamentables en el mismo, a los efectos de la adaptación.
Desde luego, este problema no sólo se ha visto en la antigüedad, a lo largo
de la historia diversas áreas terrestres se vieron modificadas por la acción
del hombre. También vale acotar que a partir de la década del 50 la
agricultura experimentó un crecimiento favorecido por los adelantos en
ingeniería genética de semillas y desarrollo de agroquímicos. Esta
416

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
intensificación del uso de las tierras ocasionó la degradación de las mismas
y la necesidad de explotar nuevas áreas. En este sentido Meier Henrique,
sostiene que “La modernidad se sustentó, hasta hace apenas veinticinco
años aproximadamente, en la falsa creencia en la posibilidades del progreso
ilimitado” (Meier Henrique 2003 p. 27).
Ante lo plasmado, vale decir que la existencia de la humanidad implica
libertad, que es la situación ontològica de quien existe desde el ser y que
posibilita su quehacer en la vida. La libertad permite que el ser humano se
proyecte en el futuro, pero además es indemostrable, situación que cada
sujeto deberá descubrir, a través de un movimiento de interiorización. Al
conocerla y conquistarla, se descubre como ser responsable, que le impregna
una angustia existencial al sentirse libre y responsable, por lo que es necesario
referirse a una relación dialéctica del ser humano con su medio, o mejor
dicho un proceso dialéctico de transformación del medio, el ser humano y
del ser humano por su medio.
Dicho proceso debe vincular las cuestiones del medio ambiente con
la actividad económica. En la búsqueda de la producción o consecución de
bienes para la satisfacción de sus necesidades, cada integrante de la
sociedad, en principio se vale, simplemente, de la naturaleza (del ambiente
que lo rodea) a través de la recolección, la caza, el pastoreo y el labrado de
la tierra; luego establece una relación mucho más lógica con su medio, tal
como la investigación científica y el desarrollo de tecnologías que van a
permitir un uso más racional de los bienes de la naturaleza para hacer mas
eficiente su explotación. No obstante, esa labor de transformación de los
bienes de la naturaleza, se forma en producción de bienes económicos e
implica también mutación del ambiente, apareciendo a veces la actividad
económica como una agresión hacia el mismo, que produce su deterioro.
Por supuesto el deterioro del medio ambiente por la acción humana termina
siendo una agresión del ser humano contra sí mismo, pues repercute en sus
condiciones de vida, vale decir la muerte del medio ambiente es la muerte
del ser humano; esta afirmación podría llevar a tener la actitud pesimista
de considerar que el desarrollo y el progreso de la humanidad, lejos de
significar su evolución de vida, significan su extinción.
Es de resaltar de manera de ejemplificación que los peligros creados
por la persona cuando empezó a utilizar el fuego, fuerza importante que no
417

Norma Paz de Henríquez
sabía dominar, capaz defender o destruir vida y naturaleza; sin embargo el
fuego se convirtió en un elemento fundamental para la vida humana, de uso
casi indispensable.
II
SER HUMANO Y REGULACIÓN JURÍDICA DE SU
MEDIO AMBIENTE
El Derecho Ambiental que modernamente desde el medio-evo y en
nuestro continente desde las Leyes de Indias, como rama autónoma no alcanza
el cuarto de siglo, pero ese tiempo ha sido suficiente para alcanzar un desarrollo
acelerado, en ese lapso, la conciencia ambiental respecto al progresivo deterioro
del entorno y el temor e inquietud provocados en todo el planeta por el uso
incontrolado de la naturaleza y su impacto en la seguridad y salud de la vida
humana y de toda forma de vida en general, ha llevado a la búsqueda de
soluciones, entre las cuales ocupa lugar esencial el Derecho.
Ante la observación del Fenómeno Social que se contrasta en la
relación del ser humano y su medio ambiente, en un Estado de Derecho, el
Derecho del Ambiente es la respuesta que dio la sociedad al percatarse del
peligro que representa el impacto negativo de las actividades humanas
incontroladas sobre el entorno y, en consecuencia, sobre toda forma de
vida, incluida la humana. Es necesario formar especialistas en este campo,
cada vez más necesario para la propia supervivencia, como lo demuestran
los grandes desastres ambientales que, infelizmente, el planeta ha visto ocurrir
en pocos años, de modo de hacer frente a tales necesidades de manera
científica, seria y coherente. Cuando la actividad humana carece de
controles y reglamentaciones, pueden producirse grandes catástrofes: Los
derrames de petróleo provocan la muerte de numerosos organismos,
alterando el equilibrio ecológico; al desaparecer los bosques no sólo se
pierde la capacidad de renovación del oxígeno en la atmósfera, sino que
también se reduce la fertilidad del suelo y se incrementa su erosión y la
tierra afronta serio peligro de contaminación y muerte de especies vegetales
y animales, y también de los suelos, la atmósfera, los ríos y los mares, que
sustentan la vida.
Esta rama del Derecho, cuyo carácter interdisciplinario lo nutre de
los principios de otras ciencias, como la Ecología, la Sociología, y la Economía,
418

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
es considerada de orden público con carácter eminentemente Social, ya
que el Ambiente beneficia a todas las sociedades y su protección jurídica
toma en cuenta tanto la generación del presente como las que han de venir,
entonces por su carácter tutelar de los intereses colectivos se halla en
íntima relación con el Derecho Público, tanto administrativo como
sancionador, y por su énfasis preventivo y reparador de los daños
particulares, constituye un capítulo importante del Derecho Privado.
Asimismo, por su proyección supranacional compromete principios
del Derecho Internacional. Este rasgo destaca la importancia de la
cooperación internacional, ya que ni el mar, ni los ríos, ni el aire, ni la flora y
la fauna salvaje conoce fronteras; las poluciones que pasan de un medio a
otro, no pueden ser combatidas sin la cooperación de otros Estados. En
consecuencia en los proceso de integración (Comunidad Europea, Comunidad
Andina, MERCOSUR) se han originado normas legales de naturaleza
ambiental, debido a las exigencias de nuevos ámbitos de tutela de los
Derechos Humanos, asociados a la calidad de vida, y que hacen que el
Derecho Ambiental tenga una confluencia de las diferentes ramas del
Derecho (Público, Privado, Social); llamado también por el autor Mehier
Henrique como un Derecho “caótico” “aluvional” de fuentes heterogéneas
(declaraciones, convenios, y tratados internacionales, constituciones poéticas,
leyes, convenios y contratos administrativos, doctrina, jurisprudencia entre
otras) y de una reglamentación puntillosa de las diversas situaciones de
hecho en esta materia.
III
BASES DEL PLURALISMO JURÍDICO AMBIENTAL
La premisa central del pluralismo legal es que el Estado no es la
única fuente de normas y prácticas legales, sino que coexiste con muchos
otros espacios donde se generan normas y se ejerce control social. El
Pluralismo Legal viene a ser la presencia en un campo social de más de un
orden legal, por su parte Hooker al señalar la naturaleza hegemónica del
Derecho Estatal dentro de una pluralidad de órdenes legales, lo describe
como la existencia de “múltiples sistemas de obligación legal (...omissis...)
dentro de los confines del Estado..”(Hooker 1975 p. 3). En este sentido, no
cabe duda de que el Pluralismo Jurídico o Legal se ha convertido en una
necesidad casi vital en el largo proceso que están viviendo los pueblos
419

Norma Paz de Henríquez
indígenas para lograr un espacio en el difícil mundo de la comunidad
internacional, en efecto, una vez que la mayoría de los pueblos indígenas y
de las diferentes etnias han alcanzado un reconocimiento expreso de su
diversidad cultural y de su dignidad como pueblos, el siguiente paso es el de
construir una estructura en la que pueblos de las etnias y las no etnias
puedan convivir. Todo ello es la consecuencia de que durante cientos de
años los pueblos indígenas han venido conservando gran parte de sus
manifestaciones culturales, éstos consisten en la práctica diaria de sus
ceremonias, de sus idiomas, de sus trabajos comunales, de su educación,
entre otras. Además, uno de los aspectos fundamentales ha sido el ejercicio
de sus sistemas jurídicos, consistentes en una serie de reglas comunitarias,
no escritas que se han venido transmitiendo de generación en generación.
1.Evolucion Historica
Este tema del Pluralismo atraviesa diferentes etapas de la historia
occidental, en los mundos medieval, moderno y contemporáneo, insertándose
en una compleja multiplicidad de interpretaciones, posibilitando enfoques
marcados por la existencia de más de una realidad y por la diversidad de
campos sociales con particularidades propias. Si bien pueden ser identificadas
numerosas doctrinas en el pluralismo de tenor Filosófico, Sociológico o
Político, el Pluralismo Jurídico no deja de ser importante, ya que comprende
muchas tendencias con orígenes diferenciados y características singulares,
comprendiendo el conjunto de fenómenos autónomos o elementos
heterogéneos que no se reducen entre sí.
No es fácil consignar una cierta uniformidad de principios en razón
de la amplitud de modelos y autores aglutinados en su defensa desde matices
conservadores, liberales, moderados y radicales, hasta espiritualistas,
sindicalistas, corporativistas, institucionalistas, socialistas entre otras. Estas
aseveraciones nos remiten originalmente al mundo medieval, donde la
descentralización territorial y la multiplicidad de centros de poder
configuraron en cada espacio social un amplio espectro de manifestaciones
normativas concurrentes, conjunto de costumbres locales, foros municipales,
estatutos de las corporaciones por oficio, dictámenes reales, Derecho
Canónico y Derecho Romano. Efectivamente, fue con la decadencia del
Imperio Romano en Occidente y con la implantación política de los pueblos
nórdicos en Europa, que se identificó la idea de que a cada individuo le sería
420

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
aplicado el Derecho de su pueblo o de su comunidad local y con la llamada
“personalidad de las leyes” se estableció que la representación de los
diferentes órdenes sociales correspondería a una natural pluralidad jurídica.
Ya la estatización del Derecho se materializaría, en Europa, con el
surgimiento de la racionalización política centralizadora y la subordinación
de la justicia a la voluntad estatal soberana. Lo cierto es que a través de los
siglos XVII y XVIII, poco a poco el absolutismo monárquico y la burguesía
victoriosa emergente desencadenan el proceso de uniformización burocrática
que eliminaría la estructura medieval de las organizaciones corporativas,
así como reduciría el pluralismo legal y judicial. A pesar de que se pueden
encontrar las bases teóricas iniciales de la cultura jurídica monista en la
obra de autores como Hobbes y en el desarrollo del Estado Nación unificado,
fue con la República Francesa posrevolucionaria, cuando se aceleró la
disposición de integrar los diversos sistemas legales en base a la igualdad
de todos ante una legislación común. Un examen exhaustivo revela que la
solidificación del “mito monista”, o sea, el mito de la centralización, se alcanza
por las reformas administrativas napoleónicas y por la promulgación de un
único y un mismo Código Civil para regir a toda la sociedad.
La consolidación de la sociedad burguesa, la plena expansión del
capitalismo industrial, el amplio dominio del individualismo filosófico, del
liberalismo político económico y del dogma del centralismo jurídico estatal,
favorecen una fuerte reacción por parte de las doctrinas pluralistas a fines
del siglo XIX y mediados del siglo XX.
En tal contexto todo parece indicar que en las primeras décadas del
siglo XX, como alternativa al normativismo estatal positivista, resurge el
pluralismo en la preocupación de los jusfilósofos y publicistas: Gierke,
Hauriou, Santi Romano y Del Vecchio, y de los sociólogos del Derecho:
Ehrlich y Gurvitch. No menos importante será la retomada del Pluralismo
en los años 1950 y 1960 por investigadores empíricos en el ámbito de la
antropología jurídica: L. Pospisil, S. Falk Moore y J. Griffiths.
Por su parte Noberto Bobbio en su obra “Teoria General del Derecho”
explica la génesis del concepto del Pluralismo Jurídico pudiendo hacer
referencia a ello del siguiente modo:
421

Norma Paz de Henríquez
a. Teoría Estatalista del Derecho: Producto de los grandes Estados
que surgieron de la disolución de la sociedad feudal, donde existían
ordenes plurales. Se refiere a que la tendencia que identifica el
Derecho con Derecho estatal, que aun existe, es la consecuencia
histórica del proceso de concentración de poder normativo y
coactivo que caracterizó el surgimiento del Estado Moderno.
b. Positivismo Jurídico: El Positivismo Jurídico del siglo XIX viene a
expresar la teoría de la exclusividad estatal en la creación del
Derecho, dicha proyección también fue manifestada por autores
como Kelsen. Vale recordar que para Kelsen la soberanía viene a
ser la voz de la validez de un sistema legal normativo, por supuesto
el orden jurídico estatal como soberano, el sujeto no puede hallarse
sometido jurídicamente sino a un solo orden.
c. Teoría de la Institución: Una de las primeras reacciones contra el
estatalismo del Derecho procedió de esta teoría, cuyos
representantes fueron: Maurice Hauriou en Francia y Santi
Romano en Italia. Para Santi Romano el criterio fundamental para
la determinación de lo jurídico seria el fenómeno de la organización
que debe tener un grupo humano, cuando un grupo se organiza
para establecer orden, se transforma en Sociedad Jurídica. Las
ideas de esta teoría fueron seguidas, entre otros por Guido Fasso.
d. Teoría de la Sociología Jurídica: El mismo objeto de estudio que se
ocupa de la interrelación entre el derecho y la sociedad, indujo al
reconocimiento de otras esferas jurídicas frente al Estado. Es así
como muchos Sociólogos del Derecho concibieron su existencia
como diverso, tal es el caso de George Gurvitch quien habla del
Derecho organizado, inorganizado, flexible, entre otros aspectos.
Bobbio defiende la concepción pluralista surgida con el
institucionalismo, de acuerdo con la cual cada grupo social
organizado posee su propio ordenamiento jurídico. Así, considera
que además de ordenamientos estatales existen ordenamientos
supraestatales, como el ordenamiento internacional; Ordenamientos
infraestatales, propios de los grupos sociales que el Estado
reconoce; colaterales al Estado, como el de la Iglesia Católica; u
ordenamientos antiestatales, como las asociaciones para delinquir.
422

2.Construcción de un Estado Pluralista
Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
Debido a que no existe una protección idónea y adecuada de las
minorías étnicas, sino mediante la aplicación del pluralismo jurídico, es un
desafío que la diversidad cultural plantea al Estado Moderno, la admisión de
la existencia en un mismo ámbito territorial de diferentes modos de resolución
de conflictos diferenciados, ya que la etnias reclaman el respeto del ejercicio
de sus propios derechos.
Es notable que ello significa abandonar la idea de Estado uniformador
que predica la unidad del orden jurídico estatal, para asumir la construcción
de un nuevo Estado, signado por procesos de administración de justicia
local, lo que confluye para que el Estado pueda hacer frente a la protección
de las minorías, sin que ello lo comprometa a la pérdida de soberanía o
unidad estatal. No obstante, este concepto no es tan simple para su aplicación
a una realidad cada vez más dinámica.
Sin embargo, es factible ensayar un análisis que parta de preguntarse
si es posible satisfacer las demandas de los pueblos originarios dentro de un
esquema que no solo les niegue su identidad, sino que tomando en cuenta el
principio de igualdad sea incapaz de realizar distinciones para no incurrir en
un trato diferente.
En este orden de ideas el Estado Moderno ha dado repuestas al
reclamo de los pueblos originarios, ya sea profundizando su representatividad
y participación, y asegurando que sus voces sean escuchadas y tomadas en
cuenta en los respetivos órganos del Poder Público. Todo esto se debe a
que si no se reconocen los derechos diferenciados que surgen de las propias
diferencias de estos pueblos, el Estado no podrá garantizar una inserción
plena, que reduzca la vulnerabilidad de los grupos afectados y que les de
cabida dentro de un marco democrático de interacción. Esto no significa
que la tarea sea sencilla y que no hayan problemas que merezcan una
reflexión mas profunda, tal como sería la vigencia de los Derechos Humanos,
pero lo cierto es que en la actualidad es imposible concebir un Estado de
Derecho “genuino” que no implique el respecto a la diversidad, la pregunta
sigue siendo ¿Cómo se puede alcanzar este respeto
423

Norma Paz de Henríquez
Entonces no es casual, que en la última década, en América Latina,
existe un movimiento constitucional que incorpora en el rango de Norma
Fundamental un reconocimiento expreso de la diversidad, este movimiento
permite hacer una lectura de la importancia que para los Estados ha adquirido
la incorporación a sus Cartas Magnas, normas que puedan dar cuenta de la
existencia de etnias, lo que a su vez permite transformar todo su entramado
legislativo.
3. Condiciones para la Construcción de un Estado Pluralista
Silvina Ramírez (2005) explica que existen tres condiciones
necesarias para la construcción de un Estado pluralista, las mismas se
resumen de la siguiente manera:
3.1 Derechos individuales y Derechos colectivos: Una de las
condiciones para la construcción de un Estado pluralista es la aceptación de
la existencia de Derechos Colectivos. Entendiendo por Derechos Colectivos
aquellos que surgen de la existencia de grupos que presentan características
especiales, encuadrados en el ámbito de los derechos humanos, los así
llamados derechos humanos de tercera generación. No obstante, una
corriente importante dentro del pensamiento ius-filosófico mantiene que la
asignación final es a los individuos que pertenecen a determinados grupos y
que no son derechos de los conjuntos en cuanto tales.
Desde esta conceptualización, los Derechos Colectivos, son
considerados bienes públicos, que deben ser importantes para el bienestar
de un conjunto de personas. Es por ello que los deberes que se imponen lo
son para proteger el interés compartido de los miembros de un grupo. Por
cuanto ser considerados derechos especiales, se relaciona directamente a
la pertenencia a grupos culturalmente minoritarios y a la atribución de un
valor al interés legítimo en su pertenencia, dicho valor está permanente, a
su vez, en que las minorías entendidas como aquellas cuyos miembros se
ven como portadores de una identidad cultural particular, valiosa, para ellos
su cultura es un bien primario.
3.2 Consecuencias jurídicas de la aceptación de la diversidad:
El Estado se construyó alrededor del pensamiento liberal e ilustrado, con
basamento en valores tales como la libertad individual frente al Estado y la
424

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
igualdad formal ante la ley, mientras que los pueblos indígenas fundaban su
visión del mundo en la idea de justicia y de cooperación fraterna.
Hace referencia la autora citada que a partir de la conformación de
los nuevos Estados en América Latina, las constituciones que se establecieron
tuvieron una clara inspiración en la Revolución Francesa, asentada sobre la
base de derechos liberales de carácter universal. Luego de más de un siglo
y medio, los Estados se enfrentan con la realidad de que la universalidad
deseada no podía dar cuenta de derechos humanos que no eran respetados,
tales como la preservación de la identidad y la convivencia con la diferencia,
y se volvía entonces, imprescindible encontrar vías por las cuales pudiera
construirse unidad en la diversidad, lo cual era obstaculizado por la carencia
de instrumentos jurídicos adecuados que contemplaran el problema.
El sistema judicial, como uno de los pilares básicos del sistema
democrático, tiene un rol preponderante a cumplir, no sólo en el tratamiento
de las minorías, sino en la construcción de un discurso basado en la no
discriminación y la tolerancia. Los jueces deben asumir un papel relevante
en el diseño de las nuevas instituciones, comprendiendo que en la medida
que señalen en sus fallos interpretaciones de la ley proclives a profundizar
la desigualdad ante la ley, fomentaran un trato discriminatorio y arbitrario.
Desde el Poder Judicial, la posibilidad de sentar jurisprudencia en casos
paradigmáticos sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico, creando
conciencia de la importancia del respeto, la tolerancia y la no discriminación.
Para ejemplificar, en el caso de Colombia, y a partir de la Constitución de
1991, la jurisprudencia constitucional ha sido rica y ha dejado establecida, a
través de la interpretación, bases concretas que indican claramente el
contenido de sus normas en el caso de la diversidad étnica y cultural. De
este modo, se establecen señales indubitables de cuáles son las medidas
que pueden tomarse desde el interior del sistema judicial caso colombiano y
que indican un avance frente a la discriminación y a la intolerancia.
Por su parte, como productor de normas, el Poder Legislativo debe
representar a los ciudadanos en sus demandas, a través de la elaboración de
leyes que puedan conducir las expectativas ciudadanas. Para ello, es menester
un esfuerzo no sólo de traducir lo más fielmente posible los intereses de quienes
representan, sino que debe dar cabida al mayor número de posiciones que
enriquezcan la discusión, sin excluir ninguna de ellas. Es así como se ha legislado
en algunos países, (Son ejemplos claros Bolivia, Guatemala, Colombia).
425

Norma Paz de Henríquez
3.3 Recepción de la diversidad por parte del Sistema Penal:
En relación a la recepción del derecho indígena por parte del ordenamiento
jurídico positivo y más puntualmente por parte del sistema de administración
de justicia penal, existen al menos, tres vías posibles: El diseño de una ley
especial, que articule dos jurisdicciones consideradas como independientes;
Incorporar en el articulado de las leyes sustantivas y adjetivas (en nuestro
caso particular, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal) normas
que respeten y regulen la relación entre grupos culturales diversos y una vía
intermedia, que incursiona en las dos alternativas mencionadas. De este
modo se contempla la elaboración de una ley específica, a la vez que también
se realiza una modificación del ordenamiento jurídico vigente.
Tal vez sea dentro del ámbito del sistema penal, en donde las
diferencias y los conflictos se presentan con mayor frecuencia. No sólo
porque el Derecho Penal se encuentra fuertemente influenciado por
determinadas valoraciones sociales, que al tratarse de cosmovisiones
diferentes, son estas valoraciones las que agudizan dichas diferencias, sino
porque es uno de los ámbitos más sensibles del ordenamiento jurídico, en
donde la verdadera fuerza del Estado se hace evidente, al considerarse que
existe legitimidad para que infrinja una pena como consecuencia de una
norma que lo disponga. (Silvina Ramírez, 2005 Disponible en: http://
www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/ramirez.htm)
IV.PLURALISMO JURIDICO EN VENEZUELA
El carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del Estado
Venezolano reconocido constitucionalmente, amplía y enriquece la noción
de Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia, consagrado en el
artículo 2 del Texto Fundamental vigente. Ello implica, entre otras cosas, la
aceptación de sistemas normativos diferentes al estatal y la participación
de nuevos actores sociales dentro del desarrollo del país, en este sentido el
artículo 260 de nuestra Constitución reconoció la jurisdicción especial a las
autoridades legítimas de los pueblos indígenas, como medio alternativo de
justicia, con potestad de resolver los conflictos entre sus miembros dentro
de sus espacios territoriales; de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, es
decir, se les reconoció a los pueblos indígenas la vigencia de sus sistemas
legales, autoridades y procedimientos. Igualmente, se encuentra un capítulo
426

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
dedicado a los pueblos indígenas previsto en los artículos del 119 al 126,
sobre los Derechos a su propia costumbre, cultura, usos, cosmovisión,
valores etc.
1. Visión Pluricultural de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999
Los miembros de los distintos pueblos y comunidades indígenas
constituyen la diversidad o pluralidad cultural junto con los demás grupos
étnicos existentes en Venezuela, pues cada uno de ellos posee una identidad,
una lengua, una historia, costumbres y valores propios. Por estas razones
históricas y sociológicas, el primer elemento que el Poder Constituyente
reconoció como objetivo primordial del Estado Venezolano fue el
establecimiento de una sociedad democrática, participativa, protagónica,
multiétnica y pluricultural en un Estado de Justicia, el cual no implica que
cada pueblo debe desarrollar su propio Estado, sino de lo que se trata es
cambiar la idea de un Estado cultural y socialmente homogéneo por un
nuevo modelo político que acepte su realidad social y reconozca la existencia
de sus diversas realidades socioculturales. De allí que nuestro constituyente
reconoció a las organizaciones indígenas y grupos étnicos, el carácter
plurinacional y pluricultural de su población, como sujetos de derecho de la
sociedad global.
Bajo este paradigma y atendiendo al principio de la Supremacía
Constitucional como fundamento jurídico consagrado en el artículo 7, todas
las demás disposiciones legales deben ser interpretadas bajo este nuevo
contexto pluricultural para así garantizar el respeto de los derechos
específicos y vitales de los pueblos indígenas. Igualmente, el artículo 9 de
la actual Constitución reconoce las lenguas de los distintos pueblos indígenas
como idiomas oficiales en las respectivas entidades y/o municipios donde
se encuentren asentadas estas culturas. Asimismo, el principio de igualdad
y no discriminación de los ciudadanos ante la ley se encuentra establecido
en el artículo 21 de la referida Constitución y debe ser interpretado a la luz
de esta visión antropológica, ya que los pueblos indígenas tienen una identidad
cultural preexistente al Estado Venezolano, garantizándoles así a los miembros
de las agrupaciones indígenas y grupos étnicos todos los derechos individuales
y colectivos que consagren los Convenios Internacionales sobre Derechos
Humanos.
427

Norma Paz de Henríquez
2. Pluralismo Jurídico Ambiental
Venezuela al suscribir la Declaración de Principios de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo 1971,
dio un paso firme, que estimula y compromete el esfuerzo de quienes asumen
hasta entonces la problemática ambiental nacional y que constituye la base
doctrinal ambiental acogida por casi todos los países en las siguientes dos
décadas. La Constitución Venezolana en su Preámbulo señala, entre los
fines que debe promover nuestra sociedad, la protección de equilibrio
ecológico y de los bienes jurídicos ambientales, como patrimonio común e
irrenunciable de la humanidad.
Nuestra Constitución vigente además de establecer un capítulo
especialmente dedicado a los Derechos Ambientales, supera con visión
sistemática o de totalidad, la concepción de la denominación del término
conservación clásica, que solo procuraba la protección de los recursos
naturales como parte de los bienes económicos. En efecto, anteriormente
la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación parcial
cuyo objetivo principal era la conservación de los recursos naturales; ahora,
impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados
constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a las
políticas ambientales de amplio alcance; que se inscriban en los parámetros
contenidos en los Tratados Internacionales de carácter Ambiental, todo ello
con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente
sustentable, y que el uso de los recursos por parte de las presentes
generaciones, no comprometa el patrimonio de las futuras.
Todo ello nos lleva a considerar el artículo 48 de la Ley Orgánica de
Pueblos y Comunidades Indígenas, al cual prevé el derecho que tienen los
pueblos y comunidades indígenas a vivir en un ambiente sano, seguro y
ecológicamente equilibrado, teniendo que coadyuvar en la protección
ambiental y de los recursos naturales, en especial los parques nacionales,
reservas forestales, monumentos naturales, reservas biosfera, reservas de
aguas y demás áreas de importancia ecológica. Aunado a ello, el artículo
41 de la Ley Orgánica del Ambiente, se refiere al derecho y deber de
participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la
formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de
desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de afectarles directamente
428

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
en sus vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual y en el
uso de las tierras y hábitat que ancestralmente ocupan y utilizan
colectivamente. En efecto, resulta relevante y necesario precisar que el
Derecho consuetudinario indígena es entendido como aquel Derecho
tradicional o costumbre para otros, representado por un conjunto de normas
de tipo tradicional con valor cultual, no escritas ni codificadas, que están
perpetradas en el tiempo y que son tramitadas oralmente por los miembros
de una comunidad para luego ser reconocidas y compartidas por el grupo
social, como es el caso de los grupos étnicos y los indígenas. La Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de Venezuela, en su artículo
131 define el Derecho indígena como:
El derecho indígena esta constituido por el conjunto de
normas, principios, valores, prácticas; instituciones, usos y
costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y
obligatorio, que les permita regular la vida social y política,
autogobernarse, organizar, garantizar el orden público interno,
establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar
decisiones en el ámbito interno.
Podemos afirmar que el Estado Venezolano reconoce y protege
la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos
originarios, garantizándoles los derechos consagrados en la Constitución,
Tratados Internacionales, que a su vez reconocen y respetan el derecho
tradicional de dichos pueblos, lo que evidentemente es de suma importancia
para la protección ambiental, ya que las circunstancias en que se presenta
la relación de estos grupos con el medio ambiente esta lleno de tradiciones,
valores ancestrales y espiritualidad; cosa diferente a la relación que guardan
los miembros del resto de la sociedad. Ahora bien, para poder desarrollar y
aplicar el pluralismo jurídico en materia Ambiental hay que partir
prácticamente desde el origen, para generar unos conceptos y unos Derechos
Ambientales efectivos para todos los habitantes de una sociedad
determinada, que respeten las diferentes cosmovisiones representadas en
la misma, y para esto hay que partir prácticamente desde el propio concepto
del Derecho Humano al Medio Ambiente, para así poder tener un Derecho
realmente universal, aplicable y reclamable por todos y sobre una base
jurídica que oriente el devenir de los nuevos cuerpos jurídicos ambientales
que puedan aparecer.
429

Norma Paz de Henríquez
V. PLURALISMO JURIDICO EN EL DERECHO
COMPARADO
A fines del siglo pasado e inicios del milenio, las sociedades del
mundo han entrado en una etapa de profundas e importantes
transformaciones vinculadas con las nuevas condiciones del orden
internacional, tales como la globalización, desarrollo tecnológico y alianzas
comerciales. Existen tendencias globales emergentes que afectan cada vez
más y de manera directa la vida política, económica, cultural y social de los
pueblos indígenas y grupos étnicos. El destino de estos pueblos de América
latina no escapa a las circunstancias que enfrentan las sociedades del planeta,
ni a las respuestas que éstas den a sus necesidades de desarrollo, justicia y
democracia.
En la medida que ha tomado cuerpo la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros instrumentos Internacionales, se ha destacado
cada vez más la importancia de los Derechos Humanos Colectivos,
encontrándose allí una evolución de nuevos principios sobre los derechos
de los pueblos originarios. En cuanto a este punto, es apreciable que los
derechos de los pueblos indígenas o grupos minoritarios ya en 1.919 se
preveían en el Tratado de Versalles y en 1.920 en la Sociedad de Naciones,
los cuales, pactados luego de la Primera Guerra Mundial, establecieron,
junto a los Derechos Civiles y Políticos, Derechos Especiales para las étnias
minoritarias. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de
las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, creó
en 1.947 la Subcomisión de lucha contra las medidas discriminatorias y
para la protección de minorías, mientras que el Pacto de Derechos Civiles
y Políticos, lo mismo que el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
también contemplan desde 1.966, Derechos de minorías, estipulados desde
1.957 en el Convenio 107 de la O.I.T. Luego, a partir del Convenio 107 de
la O.I.T., se inició un movimiento destinado a reconocer los derechos de los
pueblos indígenas. Si bien este Convenio no alcanza a plasmar en su totalidad
las demandas de estos pueblos, es preciso reconocer que significó un paso
adelante en su historia traumática. Claro está, que sólo representó el punto
de partida, pero al menos profundizó un debate que ya se había planteado
subrepticiamente pero que aún no se había manifestado en su total dimensión.
El Convenio 169 de la O.I.T. reemplazó sustantivamente a su predecesor.
430

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
El convenio 169 del año 1.989 fue adoptado por la plenaria de la
Conferencia Internacional del Trabajo por 328 votos en favor, 49
abstenciones y 1 en contra, lo cual refleja un alto grado de consenso a nivel
internacional. La Dra María Del Carmen Ainaga Vargas, hace referencia
que los conceptos básicos del Convenio son respeto y participación; respeto
a la cultura, religión, la organización social y económica y la identidad propia.
Es de aclarar que el término “pueblos” en el convenio responde a la idea de
que no son “poblaciones” estadísticas sino pueblos con identidad y
organización social propia. Igualmente, se reitera que los pueblos indígenas
deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que afecta
a su proceso de desarrollo. Resulta de suma importancia resaltar que el
convenio que en su capítulo de tierras, el concepto de territorio, es entendido
como hábitat o el entorno y los recursos naturales, tomando en cuenta que
los indígenas tienen un especial interés en la conservación y protección de
los recursos naturales y del medio ambiente como condición esencial para
su sobre vivencia. (María del Carmen Ainaga Vargas, disponible en: http://
www.geocities.com/m_lartigue).
Ahora bien, el punto es discernir hasta qué medida es conveniente
introducir modificaciones sustantivas en las cartas magnas, lo que ya ha
sucedido en la gran mayoría de los países latinoamericanos que incorporan
el tema del reconocimiento como una de sus garantías ciudadanas, y cómo
preservar la coherencia tanto formal como real, de países que han ratificado
el Convenio 169 de la O.I.T pero que no han cumplido con el compromiso
asumido. Así, desde Bolivia a Guatemala, desde Brasil hasta Colombia,
numerosos países en la modificación de sus Constituciones han incorporado
el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, en concordancia con el
Convenio 169 de la O.I.T. A todas luces, esta medida es insuficiente para
dar cuenta del gran reto, pero constituye un avance lo suficientemente
destacable en las estrategias que se planteen para dignificar la identidad de
los pueblos indígenas.
Creemos importante resaltar los casos de:
Perú, que adoptó en su Constitución de 1993 un capítulo especial en el
cual se consagra la autonomía de las comunidades campesinas y nativas, y el
ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario,
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.
431

Norma Paz de Henríquez
Brasil, en su Constitución de 1.989, establece un Capítulo especial,
titulado de “Los Indios” en el que se les reconoce sus organizaciones sociales,
costumbres, lenguas, creencias y tradiciones y sus derechos originarios sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo competencia de la Unión
demarcarlas, protegerlas y hacer respetar sus bienes.
Por su parte la Constitución de Guatemala dispone en su Capítulo
II, Sección Tercera, sobre las Comunidades Indígenas que el Estado
reconoce, respeta y promueve las formas de vida costumbres, tradiciones,
formas de organización social, idiomas y dialectos; y promueve la protección
de las tierras y cooperativas agrícolas indígenas.
Colombia, en su Constitución de 1.991, regula en diferentes artículos
lo relativo a los pueblos indios, denominándoles Entidades Territoriales
Indígenas; la propia Constitución estipula que la forma en que los territorios
indígenas estarán gobernados será consejos conformados y reglamentados
según usos y costumbres de sus comunidades y ejerciendo las funciones de
su competencia.
CONCLUSIONES
El Estado no ha concedido nada que no haya sido fruto de las
demandas indelebles de sus ciudadanos, desde esta perspectiva, podemos
afirmar que los procesos de transformación se han ocasionado en la misma
realidad social, para dar cauce a una renovación normativa y teórica
exigida por las demandas de diversos sectores.
`Es por ello que el Pluralismo Jurídico encuentra su raíz no en
distinciones teóricas, sino por el contrario en la imperiosa necesidad de
dar respuestas, dejando de lado la concepción monista del Estado,
rompiendo con la concepción clásica de que solo el Poder Legislativo
esta legitimado para la producción de normas, considerando legítimo la
elaboración de normas en el seno de los grupos étnicos. Es entonces
como en el nivel fáctico se reconoce la existencia de diversidad, lo que
implica la coexistencia de cosmovisiones distintas, de prácticas diversas,
de culturas diferentes y lo que es crucial en el análisis de una justicia
diferenciada ante la presencia de intereses en dilema.
432

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
De allí que, tomar en cuenta la protección de las minorías étnicas, es
admitir la concepción de un Estado pluralista, lo que viene a representar
una forma de protección ambiental en Venezuela y el planeta tierra. Una
vez analizado el contenido del Derecho Humano al Medio Ambiente y vistas
las diferencias existentes entre unas y otras cosmovisiones hay que ver las
posibilidades reales que existen en la actual situación Jurídica, Política,
Económica y Social, de poder llevar a cabo la aplicación de sistemas jurídicos
plurales, que respondan fielmente a la tan deseada universalidad de los
Derechos Humanos y de la Pluralidad Jurídica; ningún Estado se encuentra
en condiciones “per se”, para combatir con éxito los fenómenos que alteran
o modifican el Ambiente, como por ejemplo la deforestación o desertificación
que hoy día se producen como efecto directo del calentamiento global del
planeta. Precisamente ha sido en el campo jurídico donde quizás más se
esta progresando hacia el tan anhelado reconocimiento de los Derechos
Ambientales de los pueblos indígenas y el establecimiento de medidas plurales.
Tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como la
Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos así como el
Comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, no han
podido mantenerse al margen de cuestiones tan delicadas para los pueblos
indígenas y han contribuido a crear una jurisprudencia internacional
relacionada con el Medio Ambiente y los pueblos indígenas sumamente
relevante para las aspiraciones y reivindicaciones indígenas en esta materia,
la cual ha sido acogida por la mayoría de las constituciones Latinoamericanas.
BIBLIOGRAFIA
l
l
l
l
Berraondo Lopez, Miguel (2000). Los derechos medioambientales
de los pueblos indígenas: la situación en la región amazónica.
Editorial abya-yala, Quito-Ecuador
Bobbio, Noberto (1987). Teoría general del derecho. Temis,
Bogotá- Colombia.
Hooker, m.b (1975). Legal pluralism: an introduction to colonial
and neo-colonial laws. Clarendon press: oxford.
Meier, Henrique (2003). El derecho ambiental y el nuevo
milenio. Ediciones Homero, Caracas-Venezuela.
433

Norma Paz de Henríquez
l
l
l
Palacio, Germán (1993). Pluralismo Jurídico. IDEA/Universidad
Nacional Bogotá-Colombia.
Uribe Quintero, Alberto B (2005). La Definición del Derecho-
Deber Individual y Colectivo al Ambiente en Derecho
Constitucional Comparado. Tribunal Supremo de Justicia,
Colección Nuevos Autores Nro 9, Caracas-Venezuela.
Yrigoyen, Raquel (1999). Pautas de coordinación entre
derecho indígena y el derecho estatal. Fundacion myrna mack,
Gutemala.
REFERENCIAS LEGALES
l Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
Gaceta Oficial de la República Nro 5.453, extraordinario de 24/03/2000.
l
l
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes (1989).Organización Internacional del Trabajo.
Ley Orgánica del Ambiente (2006). Gaceta Oficial de la República
Nro 5.833, extraordinario de 22/12/2006
l Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005).
Gaceta Oficial de la República Nro 38.344, extraordinario de 27/12/
2005.
REFERENCIAS ELECTRONICAS
l
l
Ainaga Vargas, María del Carmen (S/A). Derechos de los Pueblos
Indígenas. Disponible en: http://www.geocities.com/m_lartigue/
Gálvez Revollar, Connie (2001).El Derecho consuetudinario indígena
en la legislación indigenista republicana del Perú del siglo XX.
Disponible en: http://www.geocities.com/alertanet2/F2b-CGalvez.htm
434

Pluralismo Jurídico en La Protección Ambiental
de Venezuela y en el Derecho Comparado
l
l
l
Ramirez, Silvina Oscar (2005). Diversidad cultural y pluralismo
jurídico: Administración de justicia indígena. Disponible en: http:/
/www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/ramirez.htm
Sánchez, Alfredo (S/A). Los orígenes del pluralismo jurídico.
Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1855/29.pdf
Wolkmer, Antonio Carlos (S/A). Pluralismo jurídico: nuevo marco
emancipatorio en América Latina. Disponible en: http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/derecho/wolk.rtf
l
l
l
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Constituciones/
constituciones.shtml
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-
1annex1s.htm
http://www.vitalis.net/Comentarios%20Anteproyecto%20Bosques.htm
435