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dos consiste en establecer medidas dirigidas a contrarrestar la falta de ingresos y de derechos sociales que les
acarrea a las mujeres el alejamiento del mercado de trabajo por dedicarse al cuidado durante ciertos periodos
de su vida... El objetivo de compensar a las mujeres es loable, pero la experiencia demuestra que es imposible
compensar la desigualdad producida en cuanto a derechos económicos y sociales a causa de la desigual
asunción del cuidado”.
En resumen, en lugar de políticas de ayudas, un modelo equitativo pasaría por “un sistema de atención a las
personas en situación de dependencia público, gratuito y universal. Una forma eficaz de liberar masivamente
a las mujeres de la obligación moral de cuidar es la promoción y consolidación del derecho a no cuidar y del
deber público de asumir esta responsabilidad social”.
Primeros tropiezos y recientes recortes que desactivan
la Ley de Dependencia
Otros aspectos de balance negativo de la aplicación de la ley son su desigual implantación territorial, la burocratización
de la gestión de solicitudes, antes y después de la valoración, pues más del 23% de las personas
ya valoradas se encuentran en el “limbo de la dependencia”, con reconocimiento del derecho, pero sin ser
atendidas ni recibir ningún servicio; su configuración como una red paralela de servicios sociales gestionada
directamente por las Comunidades Autónomas en detrimento de la red básica local preexistente, y su impacto
sobre el sistema de salud por la falta de respuesta del sistema de servicios sociales.
El PP, en cuanto accedió al gobierno en noviembre 2011, empezó a hablar de la insostenibilidad de la atención
pública a la dependencia, y el 30 de diciembre dictó el Real Decreto Ley 20/2011 quitó la atención a las
personas con dependencia moderada que iba a entrar en vigor dos días después.
En 2012, en lugar de ampliar el presupuesto, y cumplir con los plazos previstos, se recortó la aportación del
Estado en más de 818 millones de euros. En los PGE 2013, las políticas de servicios sociales y promoción social
sufren un recorte del 14,4%. Esta partida contiene los servicios sociales básicos, (se recorta en un 40%),
la Ley de Dependencia, la atención a la discapacidad, infancia y familia, el Plan Nacional sobre Drogas y la
atención a los inmigrantes, entre otros.
Además del recorte de presupuesto, las nuevas medidas aprobadas en el Real Decreto 20/2012 de 13 de Julio
sobre reforma del Sistema de Dependencia frenan el desarrollo de la Ley y tendrán consecuencias nefastas.
Entre lo más destacado de las reformas:
• Se establece una moratoria hasta el 2015 para que no entren los dependientes Grado I que estaba previsto
empezar a valorar este año.
• Permite que las comunidades tarden dos años en conceder ayudas a los dependientes sin que eso genere
deuda con ellos. No tendrán que pagar atrasos en ese tiempo. Muchos habrán fallecido.
• Se incrementa la aportación que ya hacía el usuario. Dependiendo de su capacidad económica (incluye
renta y patrimonio), podrán pagar hasta el 90% del servicio que reciben.
• Reducción del 15% de la prestación por cuidador/a familiar, antes en una media de 450 euros para atención
a grandes dependientes en jornada completa. Se cancela el convenio especial con la seguridad social para
cuidadores. La cuidadora deberá convivir con la persona en situación de dependencia.
• Las prestaciones económicas serán incompatibles con los servicios.
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