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Así, sería necesario ocuparse de la formación profesional para el empleo de la población en paro joven con
bajo nivel formativo, no los más jóvenes, sino quienes están entre 25 y 35 años, que empezaron a trabajar
antes de la crisis y a construir un proyecto vital e incluso formaron familias que ahora se muestran muy vulnerables.
Son estos jóvenes los que están en alto riesgo de quedar excluidos del mercado laboral aunque
la economía se recupere, salvo que se vuelva a optar por generar empleos baratos. En este sentido, cabe
preguntarse si se necesitan cien medidas para fomentar el empleo de la población joven, o por el contrario
se trata de pensar sobre sus necesidades más estratégicas. Entre ese centenar de medidas aprobadas por el
gobierno se debería dar mayor relevancia, en su dotación económica y desarrollo, al programa que apoya la
compatibilidad de empleo y estudios, contratos a tiempo parcial que permitan paralelamente mejorar la formación
profesional, apoyando económicamente a las empresas y a las personas. No se trata de incentivar el
empleo a tiempo parcial de forma generalizada, que por otra parte está aumentando como trabajo refugio
involuntario ante la falta de otras opciones, sino de apoyar la formación, pero siendo conscientes de que esta
población, ya no tan joven, necesita también un salario.
A su vez, hemos visto que en el ámbito laboral las mujeres españolas han conseguido grandes avances en los
tres indicadores fundamentales que miden su presencia activa en el mercado de trabajo, reduciéndose la brecha
con los hombres en las tasas de actividad, de ocupación y de paro. En esta trayectoria de mejora fueron
determinantes, además del contexto socioeconómico general, de los grandes cambios sociales y culturales y
del incipiente desarrollo de políticas de igualdad, las estrategias individuales seguidas por las propias mujeres
para eludir la discriminación laboral y para estar en mejores condiciones de competir por el empleo escaso:
tener en sus manos el gobierno de la maternidad y de la vida en pareja (número de hijos, edad en la decisión
de formar una familia), y elevar su nivel educativo (las mujeres tienen un menor índice de fracaso escolar y
las tituladas en educación superior superan a los hombres), además de optar de forma creciente al empleo
público (son mayoría en el conjunto de la población asalariada del sector público).
Así, las mujeres se están manteniendo en el terreno conquistado de la actividad laboral, reforzado por la
crisis –paso desde la inactividad a declararse activas laboralmente–, pero retrocederán en el terreno menos
conquistado de la igualdad con los hombres en el reparto del cuidado de los otros. Porque las mujeres pudieron
liberarse, en parte, de la mayor carga de responsabilidad en las tareas de cuidado sacándolas del ámbito
privado, a partir de la extensión de determinados servicios públicos, básicamente la generalización de plazas
públicas para la escolarización obligatoria de la infancia entre 3 y 6 años, y mediante la compra en el mercado
de otros servicios donde lo público sólo tuvo un incipiente desarrollo, como la escolarización para los menores
de 3 años y la atención a personas adultas dependientes. En estos dos campos la inmigración fue determinante
para que las mujeres españolas se mantuvieran en el mercado de trabajo, contratando los servicios de
la población extranjera en el ámbito doméstico.
Este relato de la trayectoria de vida de las mujeres permite a su vez identificar no sólo las medidas más necesarias
para avanzar en la igualdad, sino también aquellas acciones que tendrán un impacto más negativo
sobre las mujeres trabajadoras. Así, continuar el incipiente desarrollo de las escuelas infantiles para menores
de 3 años es una medida estratégica que, sin embargo, ahora ha sido suspendida y supone una seria cortapisa
a la voluntad demostrada por las mujeres de permanecer laboralmente activas, además de que elimina el
componente de igualdad y de redistribución social que tienen las políticas públicas de educación.
En este mismo sentido hay que señalar la importancia del desarrollo de la Ley de Dependencia y la gravedad
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