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3.1. La Ley de Dependencia de 2006 puso los cuidados en la agenda política
Son los cuidados para funciones de la vida diaria -como levantarse, lavarse, ir al retrete o comer- a
2,3 millones de personas que la necesitan. En nuestro Manifiesto Mujeres por la Ley de Dependencia
en 2006 decenas de organizaciones de mujeres, apoyándonos en la Encuesta IMSERSO 2004 sobre
Cuidados en la familia, denunciábamos por injusto e insostenible que las hijas u otras mujeres de la
familia seamos el primer recurso de cuidado (84%) de las personas en situación de dependencia, dedicando
en promedio 10,6 horas/día todos los días, sin descanso, durante 8 años, siendo el segundo
recurso (13%) las empleadas de hogar (95% mujeres, 60% inmigrantes) y solo un 6% por servicios
sociales. Pedimos un sistema público y universal de servicios profesionales a todas las personas en esa
situación, y nuestra oposición a la aprobación y aplicación del artículo 18, que lleva a que la mitad de
las prestaciones sean paguitas para perpetuar a las cuidadoras familiares.
En 2011, cinco años después, el informe al Consejo de Ministros de 4.11.11 indica que el gasto público en
atención a la dependencia se duplicó de 2003 a 2010 -del 0,32% al 0,64% del PIB, pero la aplicación de la
Ley de dependencia es deficiente porque:
• La financiación, que se preveía de un 3% del PIB, sólo llegó al 0,64% y está bajando.
• De 600.000 nuevos empleos previstos solo se han creado 165.000
• De 2,3 millones de personas atendidas sólo se ha llegado a 760.000, y están bajando
• La mitad de las prestaciones son pagas a la cuidadora familiar que perpetúan el reparto sexista de los cuidados.
La cobertura de la protección por dependencia, en vez de avanzar hacia la universalidad, se recorta, y tiene
grandes diferencias territoriales. Como señala la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en
su nota de 28.08.13, de las tres reformas que ha sufrido la Ley 39/2006 de Dependencia, la del “decretazo”
20/2012 de julio ha sido la más devastadora, minando progresivamente el sistema con medidas de escaso o
nulo ahorro pero que generan un sufrimiento inhumano en las personas dependientes y sus cuidadoras/es,
estrangulando la financiación a las Comunidades Autónomas –ha suprimido el nivel conveniado y reducido
un 13% el mínimo-, reduciendo los servicios, especialmente los de proximidad y dilatando ¡a dos años y medio!
el plazo de resolución de las solicitudes.
Según los datos oficiales disponibles (limpiados, pues el IMSERSO los maquilla):
• De julio 2012 a julio 2013 se redujo la cuantía de las 400.000 prestaciones económicas. 158.830 cuidadores
familiares (97% mujeres) han perdido la protección de Seguridad Social y solo quedan 18.518 cotizantes.
• De enero a julio de 2013 el número de personas con prestación se ha reducido en 7.173 (de 751.551 a
744.378 personas), amortizando 34 bajas cada día. Con derecho reconocido pero sin prestación hay 32.218
personas menos (de 982.670 a 950.452), con 153 bajas cada día. La caída espectacular de 100.000 personas
en espera se debe a la exclusión por el Decreto 20/2011 de las personas con dependencia moderada, a
la muerte de los que están esperando y al desánimo para solicitar ayuda de quienes ven este panorama.
3.2. De las cadenas globales de cuidados a un lugar justo
para el empleo del hogar y sus trabajadoras
El servicio doméstico ocupa a 750.000 personas en España, de las cuales el 95% son mujeres y el 60% inmigrantes.
Ha sido la respuesta de urgencia de muchas familias al triple cambio producido por la incorporación al
empleo de las mujeres autóctonas, los nuevos modelos de familia y el aumento de la longevidad y del número de
las personas en situación de dependencia.
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