(R. de S. N° 037-2002/SUNAT, publicada el 19 de abril de ... - AELE

Vol. XV N° 172 Mayo 2002
(R. de S. N° 037-2002/SUNAT,
publicada el 19 de abril de 2002)
Elaboración: ANÁLISIS TRIBUTARIO
Operaciones sujetas a retención
Las siguientes operaciones, siempre que estén gravadas con el IGV e
IPM:
- Venta de bienes muebles.
- Primera venta de inmuebles.
- Contratos de construcción.
- Prestación de servicios.
Operaciones excluidas de la retención
- Aquellas en las que se efectúe un pago por un monto igual o inferior
a S/. 700 y el monto de los comprobantes involucrados no supere
dicho importe.
- Aquellas en las que se aplique el SPOT.
- Aquellas sustentadas con liquidación de compra o póliza de adjudicación.
- Aquellas por las que se emitan los documentos autorizados (numeral
6.1, del artículo 4° del RCP).
- Aquellas por las que se emitan boletas de venta, tiques o cintas emitidas
por máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita
ejercer el derecho al crédito fiscal.
- Aquellas operaciones de venta y prestación de servicios, respecto de
las que no exista obligación de otorgar comprobantes de pago,
señaladas en el artículo 7º del RCP.
- Aquellas realizadas con proveedores que tengan la calidad de Buenos
Contribuyentes.
- Aquellas realizadas con otros contribuyentes que también tengan la
condición de agentes de retención de este régimen.
Alícuota a retenerse
El seis por ciento (6%) del importe de la operación.
Oportunidad de la retención
La retención se efectuará en el momento en que se realice el pago
(entendido como momento en que se efectúa la retribución parcial o
total al proveedor), con prescindencia de la fecha en que se efectuó la
operación gravada con el IGV.
Aplicación temporal del Régimen
Se aplicará a las operaciones que se efectúen a partir del 1 de junio de
2002.
Agentes de Retención
1,202 Principales Contribuyentes (según Anexo de la Resolución).

Director Fundador
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Editores
Shirley Andrade Culqui
Luis Durán Rojo
Colaboradores Especiales
César Rodríguez Dueñas
Mónica Benites Mendoza
Rubén Del Rosario Goytizolo
Mario Alva Matteucci
Análisis, Estadística y Legislación
Roberto Acevedo Mercado
David Warthon Ontaneda
Composición de Textos y
Cuadros Estadísticos
Jeannette Flores Villanueva
Katia Ponce de Munive
Diseño y Montaje
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Corrección de Textos
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Ventas
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Capacitación
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2
Í n d i c e3
COYUNTURA
• Los límites del nuevo sistema de retención del IGV e IPM
APUNTES TRIBUTARIOS
• Medidas Tributarias: La Agenda del FMI
• Exoneraciones del IGV: Problemas en la OMC
• Beneficio del RESIT: Aclaración necesaria
• Impuesto a la Renta y Notarios: Procede la deducción de la remuneración asignada al Notario
• Empresas Eléctricas: Arbitraje en EDEGEL
• Notas de Crédito: Supuesto para su emisión
• Impuesto al Patrimonio Vehicular: Aplicación respecto de vehículos inscritos en Registros Públicos en 1999
• Ambiente y Tributación: Tributo verde
COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
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• Cooperación Internacional: Creación de la Agencia Peruana (Ley Nº 27692)
• Lavado de dinero: Se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (Ley Nº 27693)
• Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT): Prórroga del plazo para su presentación (Resolución
de Superintendencia Nº 024-2002/SUNAT)
• Proceso Contencioso-Tributario: Modificación de órganos competenciales (Ley Nº 27709)
• Pequeña Minería y Minería Artesanal: Convenios de Estabilidad Tributaria (Ley Nº 27651 y Decreto Supremo
Nº 013-2002-EM)
• Devolución de Impuestos: Compras efectuadas con Donaciones y Cooperación Técnica Internacional (Resolución
Ministerial Nº 0397-2002-RE)
• Hidrocarburos: Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (Decreto Supremo Nº 015-2002-EM)
• Crédito Fiscal del IGV: Utilización por sujetos que emiten liquidaciones de comprars (Decreto Supremo Nº 069-
2002-EF)
• SPOT: Porcentaje a detraer del precio de venta (Decreto Supremo Nº 070-2002-EF)
INFORME TRIBUTARIO
• Nuevo Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los proveedores
• Las Mejoras en el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría
PERSPECTIVAS
• Régimen del IGV aplicable al Comercio Electrónico en el Perú: (Primera Parte)
Italo Fernández Origgi
CASUÍSTICA
• RESIT
• Impuesto a la Renta de No Domiciliados
• Intereses de No Domicialiados
• Sanciones
CONSULTA INSTITUCIONAL
• Impuesto a la Renta y Operaciones con No Domiciliados
JURISPRUDENCIA COMENTADA
• IR: Intereses y Comisiones registrados en la Cuenta de Ingresos en Suspenso
SINTESIS DE JURISPRUDENCIA
INDICADORES
• Calendario Tributario y de otros conceptos.
44
• Cronograma de vencimiento de pagos a cuenta semanales del ISC - Cronograma de presentación del Informe
Técnico para Reinversión Impuesto a la Renta 2001 - Cronograma para la presentación de información de
Entidades Estatales sobre la adquisición de bienes y/o servicios - Calendario para Buenos Contribuyentes -
Cronograma para la presentación de la DAOT 2001
45
• Impuesto a la Renta 2002: Rentas de 4ta. y 5ta. Categorías - Tabla para calcular el Impuesto a la Renta 2002
- Factores para el Ajuste Integral de los Estados Financieros - Valor de la UIT aplicable de 1993 al 2002 - Índice
de Precios-INEI
46
• Tasa de Interés Moratorio-SUNAT - Tasa de Interés Mensual para Devoluciones de Pagos indebidos o en exceso
- Tasa de Interés Moratorio-ADUANAS - Tasa de Interés Internacional.
47
• Dólar Norteamericano - Tasas Activa y Pasiva de Intereses.
48
• Índice de Reajuste Diario - Declaración de la base imponible en ADUANAS.
49
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
• Textos de los Principales Dispositivos Legales: Del 19 de abril al 05 de mayo de 2002
• Sumillas de Legislación Tributaria: Del 06 de abril al 05 de mayo de 2002
NOVIEMBRE 2001
5
11
18
21
24
24
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50
54

COYUNTURA
Los límites del nuevo
sistema de retención
del IGV e IPM
Conforme se había anunciado en la
Carta de Intención al Fondo Monetario Internacional
(FMI), el gobierno decidió implementar
un nuevo sistema de retenciones
del IGV e IPM que, a diferencia del
sistema ideado en el Dec. Leg. Nº 917, descarga
la obligación de retener únicamente
en el comprador.
La norma se ha impuesto una vacatio
legis, razón por la que empezará a regir a
partir del primer día del mes de junio próximo,
lo que resulta adecuado pues permite
que la SUNAT pueda organizar su implementación
vía la información y educación
al conjunto de contribuyentes afectos al IGV
e IPM para el correcto uso del sistema, de
tal modo que los vacíos normativos existentes
puedan ser subsanados luego de un
proceso dialogal entre el órgano administrador
del tributo y los representantes de
los principales contribuyentes que se verían
afectados por el nuevo modelo.
De hecho, se prevé que en la presente
quincena la SUNAT convoque a los 1,202
contribuyentes designados como agentes
de retención para señalarles los procedimientos
y facilidades que implicarían la
adopción de este sistema. Empero, hasta
el momento (9 de mayo) poco ha hecho la
Administración Tributaria para socializar
el proceso más allá de los agentes de retención,
pues no hemos visto un esfuerzo
serio de información ciudadana ni tampoco
una explicación de las razones técnicas
que han llevado a establecer la medida;
estos dos puntos deberían ser materia de
urgente subsanación por parte de SUNAT.
Ahora bien, la norma ha generado un
verdadero revuelo entre varios de los contribuyentes
afectados porque resulta cuanto
menos discutible. Efectivamente, desde
el punto de vista constitucional, ésta es una
norma cuestionable porque las facultades
delegadas a la Administración por el Código
Tributario y por la misma Ley del IGV
e ISC, resultarían violatorias del artículo
74° de la Constitución. En esa línea, pueden
ser abiertamente contradichas por los
contribuyentes, vía la acción de amparo
(si su aplicación originara una violación o
amenaza de violación inminente a un derecho
constitucional); o la acción popular
(porque se trata de una norma infralegal),
con la única ventaja de que en este caso
no se necesita legitimidad calificada para
acceder al Poder Judicial.
Hubiera sido más adecuado que el Régimen
se estableciese vía una norma legal,
lo que evitaría el argumento real de
la inconstitucionalidad e incluso generaría
una discusión política sobre la oportunidad,
los alcances, el sentido y las motivaciones
del diseño. No dudamos que si
las razones dadas originalmente por el gobierno
–evitar la evasión– fueran suficientemente
explicitadas, la norma podría haberse
aprobado sin mayor trámite por el
Congreso.
De otro lado, desde el punto de vista
de la efectivización de la cultura tributaria,
algunos gremios han sostenido que el
nuevo diseño desalienta una perspectiva
seria de desarrollo de un sistema que permita
que los contribuyentes confíen en que
cuando hacen lo debido están actuando
eficientemente. Bajo esta lógica, se dice
que junto con el RESIT ésta sería una norma
que estaría desbeneficiando a los buenos
contribuyentes y generándoles mayores
cargas. En honor a la verdad, pensamos
que dicha interpretación es incorrecta
porque son muy pocos los buenos contribuyentes
que estarían siendo afectados
por el nuevo sistema (sólo el 9,27 por cien-
MAYO 2002 3

COYUNTURA
to del total de buenos contribuyentes son
agentes de retención).
A pesar de ello y de tomar en cuenta
que esos contribuyentes tendrán un beneficio
financiero por la tenencia de los montos
retenidos entre la fecha de la retención
y la fecha de su entrega a la administración
tributaria, es decir al mes siguiente;
sí creemos que la introducción del sistema
de retenciones puede generar fastidios
suficientes a muchos de los obligados a
retener porque su utilización significa trasladar
la recaudación del órgano administrador
del tributo a los propios contribuyentes,
en este caso principales, que a lo
largo de estos años han asumido –más que
otros– los costos del proceso de introducción
de las declaraciones determinativas
o informativas, entre otros.
Ello se hace más palmario, a pesar de
lo que puedan decir los funcionarios de
SUNAT, en aquellas empresas como los
Bancos, que realizan operaciones de pago
en cada uno de sus establecimientos, en
los que se generan los ingresos o egresos;
medidas como las de retenciones han de
generar, seguramente, costos de información
a sus empleados y costos administrativas
e informáticos para echar a andar el
sistema.
Ahora bien, la SUNAT ha señalado que
lo que se quiere lograr es un mayor control
de la evasión tributaria, pues la medida
permitiría la ampliación de la base tributaria,
ya que evitaría que los que venden
o prestan servicios a alguna de las
1,202 empresas seleccionadas, puedan
evadir impuestos, lo que permitiría formalizar
la cadena de distribución, esto es,
ampliar la base tributaria.
Si tomamos en cuenta que el modelo
logra esos objetivos siempre que el consumidor
–ubicado por la administración tributaria
y formalizado– retiene a su proveedor
–normalmente informal–, en el diseño
actual ello podría no ocurrir puesto
que se ha retirado del Régimen a aquellas
compras menores a 700 soles, monto muy
superior al promedio de cada transacción
realizada por un micro o pequeño empresario,
según recientes estudios económicos.
Puede ser que el motivo más importante
para la implementación del Régimen
haya sido la necesidad recaudadora de
obtener por lo menos 628 millones de soles
a fin de mantener los niveles de gasto
gubernamental. Empero, el Régimen originaría
que la recaudación se logre generando
un costo financiero, especialmente
a los proveedores, puesto que el modelo
se haría neutro recién cuando el valor
agregado en el nivel de la cadena en el
que se produce la retención sea 50 por
ciento mayor al precio del eslabón anterior.
El asunto es más complicado si asumimos
que hay varios contribuyentes que
tienen crédito fiscal arrastrable hacia el futuro
por que en algún momento en el pasado
se estoquearon de insumos o por que
por la recesión económica sus ventas han
disminuido.
Si bien se ha establecido la recuperación
del crédito fiscal después de seis meses,
esto podría generar inseguridad, incomodidad
y trámites engorrosos para su
recuperación, aunque la SUNAT ha asegurado
prever procedimientos rápidos y
sencillos. En cualquier caso, el objetivo recaudatorio
originaría que se priven de recursos
disponibles a los ciudadanos y que
estos pasen a estar disponibles para el Estado.
Esto, en una economía recesada podría
resultar una medida que en lugar de
ayudar a salir del estancamiento económico,
contribuya a él.
Por lo dicho, creemos que el sistema
debe ser replanteado a nivel de decisión
política, e incluso retirado por lo
menos hasta una oportunidad más idónea,
no hacerlo podría complicar más
el sistema tributario. De hecho, la tarea
para la Administración sigue siendo
mantener un proceso de fiscalización de
calidad superior, lo que traería como resultados
una menor informalidad y la
ampliación de la base tributaria.
4
MAYO 2002

APUNTES TRIBUTARIOS
Apuntes Tributarios
• MEDIDAS TRIBUTARIAS:
La Agenda del FMI
En los últimos días, varios analistas
económicos vienen sosteniendo que en el
presente año el Gobierno no logrará cumplir
las metas fiscales que programó y que
reseñó en la Carta de Intención con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) para
el período 2002-2003, aprobada en febrero
de este año; lo que ha sido desmentido
por el Ministro de Economía.
Ese rumor habría alertado al FMI que
estaría pensando adelantar, para fines de
este mes, la Misión que había sido programada
para llegar al Perú en agosto
próximo. Entre las metas que se habría
propuesto la Misión estaría motivar un
avance más rápido de las reformas estructurales,
especialmente respecto a la
materia tributaria, dado que sólo algunas
de las medidas programadas para este
año se han aprobado (la derogación de
los beneficios tributarios a la importación
de buses y taxis, y la creación del sistema
de retenciones del IGV para las grandes
empresas a sus proveedores).
A ello se sumaría la preocupación por
la actual agenda legislativa del Congreso,
a la que nos referimos en el último número
de Informe Tributario, básicamente respecto
al establecimiento de nuevos beneficios tributarios.
Para el FMI quedaría claro que de implementarse
la reforma tributaria, el impacto
principal de las medidas se vería
recién el próximo año y en total implica-
CUADRO Nº 1
MEDIDAS DE REFORMA TRIBUTARIA
(En porcentaje del PBI)
ría una mejora en la recaudación tributaria
equivalente al 0.8 por ciento del PBI
(lo que compensaría el efecto negativo de
las medidas tributarias asumidas en el año
2001 que no se han variado).
Ahora bien, fuentes del gobierno informaron
que de aplicarse las medidas
de reforma, especialmente las que significan
un aumento de la presión tributaria,
se estarían incluyendo elementos recesivos
en la economía, frente a lo que –
en principio– el gobierno es renuente. No
obstante ello, señalaron que de ocurrir
un aumento del déficit fiscal por encima
de los montos estimados, la compensación
se daría con un alza en los impuestos
indirectos a los combustibles y la introducción
del impuesto alternativo mínimo
a la renta.
MEDIDAS
1. Introducción del Impuesto alternativo mínimo a la renta.
2. Reducción de deducciones del impuesto a la renta empresarial.
3. Eliminación del IES
4. Eliminación de exoneraciones para productores agrícolas por debajo de 50 UIT
5. Eliminación de beneficios impositivos a los insumos para la agricultura
6. Reducción de la dispersión o variaciones en productos alcohólicos
7. Eliminación de las exenciones a los automóviles importados por Ceticos
8. Incremento del ad valórem para cigarros de 100% a 125%
9. Incremento de los impuestos indirectos a los combustibles
10. Eliminación de exoneraciones de impuestos indirectos a los combustibles en la región de Amazonía
11. Eliminación de beneficios a la importación de taxis y buses
12. Inclusión de gastos por impuestos en el presupuesto del 2003
13. Inclusión de un sistema de regalías mineras
14. Eliminación de regímenes especiales para productores locales de maquinaria y equipo, acompañado de una reducción
arancelaria a las importaciones de bienes de capital
15. Implementación de un sistema de agentes de retención al sector privado para IGV
16. Inclusión de mecanismos para evitar devolución de impuestos a empresas con deudas tributarias
17. Implementación de métodos presuntivos para auditar a profesionales independientes
18. Realización de 17,000 auditorías a corporaciones y profesionales independientes
IMPACTO TOTAL
Fuente: FMI
• EXONERACIONES DEL IGV:
Problemas en la OMC
IMPACTO EN INGRESOS ESTATALES
AÑO 2002 AÑO 2003
0.40
0.05
-0.20
0.01
0.04
–––
–––
0.03
0.03
0.01
0.01
0.11
0.11
0.12
0.02
0.02
–––
–––
–––
–––
0.07
0.05
0.05
–––
0.35
–––
0.07
0.05
0.05
–––
0.76
Como sabemos, el 29 de diciembre pasado
se publicó la Ley Nº 27614 que modificó
el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC,
cuyo TUO fue aprobado por D. S. Nº 055-
99-EF, disponiendo que, desde el 30 de diciembre
de 2001, la gran mayoría de los
bienes señalados en el referido Apéndice
estarían exonerados del IGV sólo por la venta
en el país. La medida generó una dife-
MAYO 2002 5

APUNTES TRIBUTARIOS
renciación en el trato tributario, puesto que
la importación de un número importante de
productos resultó afecta al IGV, mientras que
la venta dentro del Perú de esos mismo productos
está exenta de dicho impuesto.
A decir de COMEX, con la norma se
perjudica la importación de bienes incluidos
en 272 partidas arancelarias por
US$ 69.4 millones, según cifras del 2001,
siendo los principales afectados Chile (con
US$ 41.2 millones), Canadá (con
US$ 10.4 millones) y Estados Unidos (con
US$ 8.7 millones).
Esa es la razón para que Chile haya
presentado una denuncia a la Organización
Mundial de Comercio (OMC) el 22
de abril ultimo, señalando que la referida
norma constituye una violación de los compromisos
de trato nacional asumidos por
el Perú tanto en la relación bilateral (artículo
19° del Acuerdo de Complementación
Económica entre Chile y Perú - ACE 38)
como ante la OMC (específicamente el artículo
III del Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994) al discriminar
vía esa norma entre productos
nacionales e importados respecto al pago
del IGV. En ese sentido, dicho gobierno
insta a que se defina una posición frente al
trato discriminatorio a la importación de
frutas frescas y otros productos al Perú.
La denuncia ha sido hecha pública por
la OMC el 29 de abril de 2002, mediante
el documento WT/DS255/1 G/L/536.
Ahora bien, en la Comisión de Economía
del Congreso de la República está previsto
evaluar la derogatoria de esta ley. ¿Habrá
prontas novedades
• BENEFICIO DEL RESIT:
Aclaración necesaria
Hemos sido informados de que, al parecer,
funcionarios de algunas Administraciones
Tributarias estarían indicando a
los contribuyentes que si en estos momentos
les emiten Resoluciones de Multa o Resoluciones
de Determinación por concepto
de deudas o infracciones correspondientes
a ejercicios anteriores, dichas deudas
ya no podrían ser acogidas al RESIT.
De ser cierta, esa posición carecería
de sustento legal alguno puesto que el artículo
2° de la Ley Nº 27681 (Ley del RE-
SIT), sin hacer distinción alguna, señala
que el RESIT es aplicable a las deudas por
tributos cuya recaudación y/o administración
están a cargo de SUNAT (incluido
el FONAVI), SENATI, ADUANAS, ONP y
ESSALUD, exigibles al 31 de diciembre
de 2001 y pendientes de pago, cualquiera
sea el estado en que se encuentren, sea
en cobranza, reclamación, apelación o
demanda contencioso-administrativa ante
el Poder Judicial. Asimismo, conforme al
numeral 2.2. del artículo 2° del D. S.
N° 064-2002-EF (Reglamento del RESIT),
que desarrolla el beneficio de extinción
de intereses, sanciones gastos y costos establecido
en el numeral 4.2 del artículo
4° de la Ley del RESIT, están comprendidas
dentro de dicho beneficio las multas
originadas en infracciones tributarias cometidas
o, en caso de que no pueda establecerse
la fecha de comisión, detectadas
hasta el 31 de diciembre de 2001.
Por lo dicho, queda claro que el Régimen
normativo del RESIT no establece ninguna
limitación referida a que si se emite
la Resolución de Determinación o de multa
por deudas tributarias o multas devengadas
y exigibles al 31 de diciembre de
2001, ya no podrá haber acogimiento.
• IMPUESTO A LA RENTA Y
NOTARIOS:
Procede la deducción de la remuneración
asignada al Notario
En los últimos años, la Administración
Tributaria ha venido realizando acotaciones
a la deducción que hacen los notarios,
del Impuesto a la Renta que les corresponde,
de los montos que los mismos
se asignan como remuneración.
Al respecto, mediante Resolución Nº
1028-1-2001, el Tribunal Fiscal ha señalado
que el egreso efectuado por concepto
de retribución al notario (titular de la
empresa unipersonal) será deducible
como gasto, siempre que se pruebe que
éste trabaja en el negocio (la Notaría).
Para ello, el Tribunal indica que el inciso
f) del artículo 14° de la Ley del Impuesto
a la Renta (LIR) dispone que son contribuyentes
del Impuesto las empresas unipersonales
y que las rentas que obtienen se
atribuyen al titular; a su vez, el inciso c) del
artículo 28° de dicha Ley señala que son
rentas de tercera categoría las que obtienen
los notarios.
En ese sentido, de conformidad con el
inciso n) del artículo 37° de la LIR y el
literal ll) del artículo 21° de su Reglamento,
es válida la deducción de las remuneraciones
que correspondan a los accionistas
de personas jurídicas y las retribuciones
que se asignen al titular de la empresa
unipersonal, en tanto se pruebe que
trabajan en el negocio.
Finalmente, cabe referir que el Tribunal
Fiscal ya se había pronunciado en el
mismo sentido, aunque respecto a otro tipo
de negocios unipersonales, en las Resoluciones
Nºs. 89-1-2000 y 389-1-2000.
• EMPRESAS ELÉCTRICAS:
Arbitraje en EDEGEL
El 23 de abril pasado el Tribunal Arbitral
del diferendum entre EDEGEL y el Estado
Peruano ha fallado declarando, por
mayoría, fundadas las dos pretensiones que
había planteado esta empresa eléctrica: (i)
Se solicita que se declare que durante la
vigencia del Convenio de Estabilidad Jurídica
que EDEGEL tiene suscrito con el Estado
peruano –que vencerá el 29 de noviembre
de 2005– le resultan inaplicables las
modificaciones de la Ley Nº 27034, en el
régimen de depreciación de activos, regulado
por el artículo 41° de la LIR, y, (ii) Se
solicita se declare que el Estado peruano
ha incumplido su obligación contractual de
aplicar a EDEGEL únicamente el régimen
del IR contenido en la LIR, que se encontraba
vigente al 29 de noviembre de 1995.
Efectivamente, con los votos de los doctores
Raúl Barrios Orbegoso y Julio De Almeida
Faggri, el Tribunal Arbitral emitió
su laudo señalando que de acuerdo con
el convenio de estabilidad jurídica, no son
aplicables a EDEGEL, las modificaciones
introducidas en la 7a. DTF de la Ley
Nº 27034 en el régimen de depreciación
de activos regulado por el artículo 41° de
la LIR, que fueron revaluados al amparo
de la Ley Nº 26283; en ese sentido, el
Estado peruano ha incumplido su obligación
contractual al aplicar a EDEGEL dicha
disposición transitoria y final.
El voto en discordia fue emitido por el
tercer árbitro, doctor Jorge Santisteban de
Noriega, quien votó para que se declaren
infundadas las dos pretensiones de
EDEGEL, señalando que los convenios de
estabilidad congelan un régimen de Impuesto
a la Renta para garantizar el rendimiento
de la inversión, pero no cubren
circunstancias extraordinarias como los
beneficios de una fusión o escisión como
ocurre en el presente caso. Como el régimen
de depreciación de activos se rige
por las normas tributarias especiales a las
que se refiere la Ley Nº 26283, el artículo
2° del D. S. Nº 120-94-EF y el artículo
32° de la LIR, no le son de aplicación a
6
MAYO 2002

APUNTES TRIBUTARIOS
dicha depreciación las normas estabilizadas
en el convenio de estabilidad jurídica,
por lo que la pertinencia constitucional
y tributaria de la aplicación de la Séptima
Disposición Transitoria y Final de la
ley 27034 con respecto al régimen de depreciación
de activos debe ser materia de
procedimiento de reclamación previsto en
el Código Tributario (D. S. Nº 135-99-EF).
• NOTAS DE CRÉDITO:
Supuesto para su emisión
Mediante Informe Nº 033-2002-SU-
NAT/K00000, del 23 de enero de 2002,
la SUNAT absuelve las consultas formuladas
por la Sociedad de Beneficencia del
Callao respecto a (i) Si las notas de crédito
deben emitirse cuando se trate de operaciones
comerciales no concretadas y
hubo anteriormente la emisión de un comprobante
de pago, y, (ii) Si debe emitirse
notas de crédito cuando se trate de canjear
comprobantes de pago por operaciones
realizadas, como por ejemplo el
canje de boletas de venta por facturas en
períodos o meses distintos, cuando el nombre
del adquirente de la boleta de venta
es una persona distinta al de la factura.
Respecto a la primera consulta, la SU-
NAT asume que se refiere a supuestos en
los cuales se produce alguna situación que
puede originar la anulación de la operación
(por ejm. la anulación de una operación
de venta en la que se entregó el bien,
pero por algún motivo no se concretó el
pago por la venta del mismo).
En ese sentido, en aplicación del numeral
1 del artículo 10° del Reglamento
de Comprobantes de Pago y los artículos
26° y 27º de la Ley del Impuesto General
a las Ventas, la Administración indica que
procede la emisión de la nota de crédito
cuando se anule una operación, para lo
cual dichas notas deben contener los mismos
requisitos y características de los comprobantes
de pago en relación a los cuales
se emitan y ser emitidas al mismo adquirente
o usuario.
En cuanto a la segunda interrogante,
la Administración Tributaria señala que no
existe ningún procedimiento vigente que
permita el canje de boletas de venta por
facturas. Más aun, las notas de crédito no
se encuentran previstas para modificar al
adquirente o usuario que figura en el comprobante
de pago original.
• IMPUESTO AL PATRIMONIO
VEHICULAR:
Aplicación respecto de vehículos inscritos
en Registros Públicos en 1999
Como se recordará, en diciembre pasado
se publicó la Ley Nº 27616, que restituyó
recursos a los gobiernos locales. Dicha
norma modificó, entre otros, el artículo
30° del Dec. Leg. Nº 776, Ley de Tributación
Municipal.
Antes de la referida modificación, se
encontraban afectos al Impuesto al Patrimonio
Vehicular (IPV) los vehículos con tres
años de antigüedad contados desde la fecha
de su fabricación. A partir del 1 de
enero de 2002, con la modificación aplicada
por la referida Ley Nº 27616, el período
de tres años se computará desde la
primera fecha de inscripción en el Registro
de Propiedad Vehicular.
Comoquiera que según el artículo 31°
del Dec. Leg. Nº 776 el carácter de sujeto
del impuesto se atribuirá con arreglo a la
situación jurídica configurada al 1 de enero
del año a que corresponda la obligación
tributaria, deberíamos entender que
para el ejercicio 2002 están afectos al IPV
los vehículos inscritos en los Registros Públicos
a partir del 1 de enero del año
1999. De igual opinión es el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad
de Lima.
Ahora bien, el propio SAT informó que
en el ámbito de su competencia, actualmente
existen más de 70 mil vehículos que
han sido registrados a partir de ese año y
que no han sido declarados ante dicha
Administración Tributaria. En ese sentido,
para los vehículos no declarados, mediante
R. J. Nº 031-2002-SAT-MML, el SAT ha
dispuesto un cronograma especial de presentación
de la declaración del vehículo,
de acuerdo al último dígito del documento
de identificación del propietario. Cabe
señalar que para quienes no pudieran
presentar su declaración jurada según el
cronograma, tendrán como plazo final el
17 de mayo próximo para cumplir con
dicha obligación.
CUADRO Nº 2
CRONOGRAMA ESPECIAL IPV
ÚLTIMO DÍGITO DEL
DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓN
0-1
2-3
FECHA DE
PRESENTACIÓN
Del 8 al 12 de abril
Del 15 al 19 de Abril
CUADRO Nº 2
CRONOGRAMA ESPECIAL IPV
ÚLTIMO DÍGITO DEL
DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓN
4-5
6-7
8-9
FECHA DE
PRESENTACIÓN
Del 22 al 26 de Abril
Del 29 de Abril
al 3 de Mayo
Del 6 al 10 de Mayo
• AMBIENTE Y TRIBUTACIÓN:
Tributo verde
Desde este mes está vigente la ecotasa
en las Islas Baleares (Reino de España),
que ha causado fuerte polémica y ha
sido criticado por el sector hotelero y por
funcionarios del Gobierno Español, que
incluso ya han presentado un recurso ante
el Tribunal Constitucional. La Ecotasa es
un impuesto de carácter autonómico destinado
a financiar medidas de conservación
de la naturaleza, que pagarán los
turistas a razón de un euro por día de
estancia en las islas.
El tributo ha sido diseñado bajo la idea
de que, del mismo modo que en muchos
países los fumadores contribuyen con impuestos
especiales a sufragar los costos
adicionales que el tabaco ocasiona a la
sanidad pública, el turismo debe aportar
ingresos destinados a compensar el deterioro
ambiental que provoca. Lo dicho implica
la necesidad de absoluta transparencia
en la utilización de los montos recaudados,
que deberían destinarse a unas
claras finalidades medioambientales, culturales
y patrimoniales.
En el Perú, algunos ambientalistas estarían
propulsando el establecimiento de
un tributo similar en el país. De prosperar
la iniciativa, la polémica deberá centrarse
en el tema de la oportunidad del
tributo, preguntándonos si el impuesto podría
tener un efecto psicológico desincentivador
para el turismo. En el caso español,
aunque quienes defienden el impuesto
han señalado que pagar al día el equivalente
al precio de un café no parece un
factor capaz de desanimar a nadie, la
beligerancia del gobierno español y del
sector hotelero, ha provocado alarma en
los países de origen de los turistas, que
estarían prefiriendo otros destinos turísticos.
MAYO 2002 7

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
Comentarios a la Legislación
Del 06 de abril al 05 de mayo de 2002
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL: Creación de la Agencia
Peruana (Ley Nº 27692)
Con el fin de ordenar y realizar un mejor control de los fondos
provenientes de la cooperación técnica internacional, mediante
Ley Nº 27692, publicada el 12 de abril de 2001, se ha creado la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Dicho
ente, que tiene la calidad de Organismo Público Descentralizado
adscrito al Ministerio de Relaciones, cuenta con autonomía técnica,
económica, presupuestal y administrativa, y tiene la responsabilidad
de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación
técnica internacional no reembolsable. En ese sentido,
este nuevo organismo asumirá las funciones que venían realizando
la Secretaría Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo
de Ministros y la Oficina Técnica de Cooperación Internacional,
para lo cual se ha fijado un plazo de tres meses.
Entre las funciones que tiene esta entidad y que tiene incidencia
tributaria está la de conducir y actualizar el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales
receptoras de cooperación técnica internacional, el Registro
Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación
Técnica Internacional (ENIEX), y el Registro de Donaciones
conforme a la Ley de Cooperación Técnica Internacional.
Consideramos importante que se hayan unificado las labores
de supervisión y organización que se venían realizando
a través de distintos organismos del gobierno central puesto
que con ello se podrá tener un mejor control del uso de los
fondos que son aprovechados por entidades como las ENIEX
y las ONGD y que incluso dan lugar a beneficios tributarios
como devolución del IGV e IPM que gravan las adquisiciones
realizadas con dichos fondos no reembolsables. No serían
pocos los casos en los que se habría realizado un uso
indebido de dichos fondos sobre todo por entidades que no
cumplirían con los requisitos mínimos para poder recibir fondos
de cooperación internacional, por lo que esperamos que
en el plazo más breve posible se publiquen las normas reglamentarias
que permitan la entrada en funciones de la APCI.
LAVADO DE DINERO: Se crea la Unidad de
Inteligencia Financiera (Ley Nº 27693)
Mediante Ley Nº 27693, publicada el día 12 de abril
pasado, se ha creado la Unidad de Inteligencia Financiera –
Perú que se encargará del análisis, el tratamiento y la transmisión
de información para prevenir y detectar el lavado de
dinero y activos. En caso de que luego del análisis e investigación
que realice, esta entidad presuma que las transacciones
estén vinculadas a actividades de lavado de dinero o de
activos, deberá comunicar los hechos al Ministerio Público
para que proceda de acuerdo a Ley.
Esta entidad trabajará en coordinación con representantes
de la SBS, SUNAT, el Ministerio Público, ADUANAS y
CONASEV, quienes formarán parte de un Consejo Consultivo.
Debemos señalar que esta norma constituiría una excepción
al Secreto Bancario y Tributario puesto que se dispone
en ella que las transacciones consideradas sospechosas o
inusuales y aquellas que superen determinados montos que
serán establecidos mediante reglamento, deberán ser informadas
por los sujetos que conforme al artículo 8° de dicha
norma, están obligados a informar como las empresas del
sistema financiero, SUNAT, ADUANAS, CONASEV, etc.
En ese sentido, se ha modificado tácitamente el artículo
85° del Código Tributario que regula el Secreto Tributario y
sus excepciones, a diferencia de lo referido al Secreto Bancario,
puesto que expresamente se han modificado los artículos
142° y 143° de la Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros.
DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON
TERCEROS (DAOT): Prórroga del plazo para su
presentación (Resolución de Superintendencia Nº
024-2002/SUNAT)
Conforme a lo señalado por el Reglamento de la DAOT
aprobado mediante R. de S. Nº 024-2002/SUNAT, el plazo
para presentar el PDT correspondiente se iniciaría el 24 de
abril y finalizaría el 10 de mayo. Sin embargo, mediante la
R. de S. Nº 024-2002/SUNAT dicho plazo se ha prorrogado,
comenzando su cómputo el 03 de junio y finalizando el
día 17 de dicho mes (buenos contribuyentes), conforme al
nuevo cronograma aprobado.
Esta prorroga en el plazo se habría producido por los
problemas para el acceso al PDT desde Internet, situación
que se ha solucionado mediante la presente norma modificatoria
que ha dispuesto que se podrá obtener el archivo
“Resumen de Declaraciones Mensuales”, en cualquiera de
los Centros de Servicios al Contribuyente y en las Dependen-
8
MAYO 2002

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
cias de la SUNAT a nivel nacional a solicitud del Declarante,
su representante legal debidamente identificado o persona
designada mediante carta poder con firma legalizada notarialmente.
Para la entrega del archivo, el propio solicitante
deberá proporcionar a la Administración Tributaria sus propios
Disquetes.
PROCESO CONTENCIOSO-
TRIBUTARIO: Modificación de órganos
competenciales (Ley Nº 27709)
Como sabemos, el 15 de abril de 2002 entró en vigencia
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso-
Administrativo, derogando los artículos 157° al 161° del
Código Tributario, estableciéndose en ese sentido un nuevo
marco legal para el desarrollo de los procesos contenciosos
en materia tributaria.
El artículo 9° de la Ley señalaba la existencia de dos instancias
del proceso: la primera ante el Juez Especializado
en lo Contencioso-Administrativo (o en su defecto, el Juez
que conoce los asuntos civiles) y la segunda ante la Sala
Contenciosa-Administrativa de la Corte Superior respectiva
(en su defecto, la Sala Civil). Finalmente, la Sala Constitucional
de la Corte Suprema conocería del proceso en vía casatoria.
Ahora bien, el 26 de abril pasado, se aprobó la Ley Nº
27709, que modifica el mencionado artículo 9°. Según el
nuevo diseño, para el caso de impugnación a resoluciones
expedidas, entre otras, por el Tribunal Fiscal (1) , la primera
instancia será competencia de la Sala Contenciosa-Administrativa
de la Corte Superior respectiva (en su defecto, la Sala
Civil), en apelación resolverá la Sala Civil de la Corte Suprema
y, en casación, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
conocería del proceso en vía casatoria.
Nos parece una adecuada modificación de la competencia
funcional que atiende al criterio de especialización y de
importancia práctica de los tribunales administrativos.
Ahora bien, para el resto de casos se ha mantenido la
referencia expresa a que la primera instancia es resuelta por
el Juez Especializado en lo Contencioso-Administrativo. Empero,
nada se ha dicho respecto a la competencia funcional
respecto a la apelación o, incluso, a la casación. ¿Debemos
entender con ello que estas vías no son accesibles en estos
supuestos, sin duda es un asunto que el Congreso debe reparar
prontamente.
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL:
Convenios de Estabilidad Tributaria (Ley Nº 27651
y Decreto Supremo Nº 013-2002-EM)
Con fecha 24 de enero del presente año fue publicada la
Ley Nº 27651, Ley de Formalización de la Pequeña y Mediana
Minería. Mediante esta ley se modificaron diversos
artículos del TUO de la Ley General de Minería, aprobado
mediante D. S. Nº 014-92-EM, del 02 de junio de 1992,
referidos a la pequeña y mediana minería con el fin de permitir
la formalización, promoción y desarrollo de dichas actividades.
En lo concerniente al tema tributario, se modificó el artículo
92° del TUO de la Ley de Minería referido a la posibilidad
de que los pequeños productores mineros y mineros artesanales
puedan suscribir contratos de estabilidad conforme
a lo establecido por los artículos 78°, 79° y 80° del TUO,
los cuales otorgaban entre otros beneficios, estabilidad tributaria.
Conforme a la regulación anterior, los pequeños productores
mineros y mineros artesanales podían celebrar dichos
convenios siempre que se encontraran ubicados en zonas
de emergencia o hubieran reiniciado actividades hasta
el 31 de diciembre de 1993 y que reinvirtieran el equivalente
a un millón de dólares (US$ 1,000,000.00). Como podemos
apreciar, dicha regulación había devenido en anacrónica
e inaplicable en los últimos años.
Es por ello que la Ley Nº 27651 ha modificado los requisitos
exigidos por el artículo 92° del TUO de la Ley General
de Minería para que los pequeños productores mineros y
mineros artesanales tengan la posibilidad real de celebrar
contratos de estabilidad, eliminándose para ello los requisitos
referidos a la ubicación de los indicados sujetos en zonas
de emergencia y al reinicio de actividades hasta el 31 de
diciembre de 1993 y disponiéndose como único requisito
que: (i) en el caso de pequeños productores mineros inviertan
al menos el equivalente a US$ 500,000.00 y (ii) en el
caso de mineros artesanales inviertan al menos
US$ 50,000.00.
La norma reglamentaria ha sido aprobada por D. S. Nº
013-2002-EM, publicada el 21 de abril de 2002.
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS: Compras
efectuadas con Donaciones y Cooperación
Técnica Internacional (Resolución Ministerial Nº
0397-2002-RE)
Mediante la R. M. Nº 0397-2002-RE, publicada el 17 de
abril de 2002, se ha regulado el procedimiento para solicitar
la emisión de las constancias de devolución de impuestos
por compras efectuadas con donaciones del exterior y de
cooperación técnica internacional no reembolsable. Es necesario
precisar que el beneficio de devolución del IGV e
IPM fue aprobado mediante el artículo 1° del Dec. Leg. Nº
783 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2003 por la
Ley Nº 27385. Asimismo, mediante D. S. Nº 036-94-EF se
reglamentó dicho beneficio tributario; sin embargo, en lo
referido al procedimiento que se debía seguir ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores (RR.EE) para obtener la constancia
de devolución de impuestos, establecida en el artículo
4° del indicado decreto supremo, no existía regulación específica,
señalándose sólo que el Ministerio de RR.EE., en los
casos que corresponda, emitirá una constancia que deberá
––––––––
(1) Se aplica también para el caso de resoluciones expedidas por el BCR, la
SBS, el Tribunal de INDECOPI, el Tribunal del CONSUCODE, el Consejo de
Minería, el Tribunal Registral y el Tribunal de Organismos Reguladores.
MAYO 2002 9

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
ser remitida a la SUNAT, para efecto de la calificación especial
para las entidades beneficiarias.
En ese sentido, la R. M. Nº 0397-2002-RE, recogiendo lo
establecido por el TUPA del Ministerio de RR.EE. aprobado
recientemente mediante D. S. Nº 031-2002-RE, establece
que las indicadas solicitudes, se resolverán en un plazo máximo
de veinte días y su trámite estará a cargo de la Oficina
de Cooperación Internacional (en adelante la OCI), hasta la
instalación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI). Al respecto, debemos señalar que la APCI ha
sido creada mediante Ley Nº 27692, publicada el 12 de
abril de 2001, la cual ha dispuesto que este organismo asumirá
las funciones de la OCI, entre otros organismos, en un
plazo máximo de tres meses.
Asimismo, se ha dispuesto que las entidades que soliciten
la constancia de devolución de impuestos deberán presentar
una declaración jurada –cuyo formato será aprobado por la
OCI– por la que se presumen verificados y ciertos los documentos
e información presentada para fines administrativos.
Por otro lado, se ha dispuesto que la OCI expedirá la
constancia de devolución de impuestos, luego de verificar
que la documentación entregada cumpla con los requisitos
formales exigidos por la ley y comprendidos en el TUO del
Ministerio de RR.EE. Asimismo, se ha señalado que la OCI
efectuará un control posterior del cumplimiento de los requisitos
para gozar del beneficio de devolución de impuestos,
estableciendo la potestad del Ministerio de RR.EE. de declarar
la nulidad de los actos administrativos correspondientes
en caso de fraude o falsedad de la información proporcionada,
entre otras consecuencias.
Por último, se ha dispuesto la posibilidad de que los procedimientos
en trámite se adecuen a este nuevo procedimiento
con la presentación de la declaración jurada correspondiente.
HIDROCARBUROS: Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos (Decreto Supremo N° 015-
2002-EM)
Con fecha 27 de abril de 2002 se ha publicado el D. S.
Nº 015-2002-EM, mediante el cual se modifica el Reglamento
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,
aprobado mediante D. S. Nº 042-99-EM.
Entre los aspectos más importantes vinculados al tema tributario,
se encuentran los siguientes:
(i) Se han incluido dentro los cargos que se deben facturar
al Consumidor a los tributos que no se encuentren
incorporados en la tarifa de distribución (artículo 106°
del reglamento);
(ii) Se ha incluido dentro de los costos que corresponden
al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), entre otros, a
los costos administrativos y tributarios que fueron requeridos
durante la etapa de construcción y que están
justificados, así como las restricciones al momento
de la instalación. (artículo 110° del reglamento)
Otros aspectos modificados se refieren a la obligación del
Concesionario de contratar y mantener vigentes los seguros
correspondientes (artículo 48° del reglamento), y a la determinación
del nuevo VNR regulado en el artículo 111° del
reglamento.
Estos cambios obedecerían a que la anterior norma impedía
considerar dentro los costos a algunos tributos aplicados
durante la etapa de construcción y otros no considerados
dentro de la tarifa de distribución. En ese sentido, se permite
una mayor recuperación de los costos inherentes al servicio
de distribución de gas natural por red de ductos.
CRÉDITO FISCAL DEL IGV: Utilización por
sujetos que emiten liquidaciones de compras
(Decreto Supremo Nº 069-2002-EF)
Como se recuerda, el numeral 8 del artículo 6° del Reglamento
de la Ley del IGV e ISC señalaba que los agentes de
retención o percepción designados por el inciso c) del artículo
10° de la Ley del IGV e ISC, cuyo TUO fue aprobado por
el D. S. Nº 055-99-EF (en adelante LIGV) podrían ejercer el
derecho al crédito fiscal siempre que hubieran retenido y
pagado el impuesto y cumplido con los requisitos señalados
por la LIGV y su reglamento. A su vez, el impuesto pagado
podía deducirse como crédito fiscal a partir de la declaración
correspondiente al periodo tributario en que se realizó
el pago del impuesto.
Dada la implementación de un Régimen de Retenciones
establecido por la R. de S. Nº 037-2002/SUNAT, con normas
propias sobre la aplicación de dicho sistema, mediante
D. S. Nº 069-2002-EF, publicado el 3 de mayo pasado, se
ha sustituido el numeral 8 del artículo 6° del Reglamento de
la Ley del IGV e ISC para restringir su aplicación a los sujetos
obligados a emitir liquidaciones de compra.
SPOT: Porcentaje a detraer del precio de venta
(Decreto Supremo Nº 070-2002-EF)
El 26 de abril del año pasado se publicó el Dec. Leg. Nº
917 por el que se creó un Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central (SPOT). El artículo 2° de
esta norma dispuso que sería el poder ejecutivo el que fijaría
el porcentaje máximo de retención en dicho sistema.
Al respecto, por D. S. Nº 070-2002-EF, publicado el 3 de
mayo de 2002, se ha fijado en doce por ciento el porcentaje
máximo a detraer del precio de venta de los bienes comprendidos
en el SPOT.
En este tema, debe tomarse en cuenta el artículo 9° del
Dec. Leg. Nº 917, según el cual los Decretos de Urgencia
Nºs. 056-97 y 087-2002 (que establecen el SPOF) se mantendrán
en vigencia hasta que se designen los sectores económicos
o bienes a los que resulta de aplicación el SPOT.
10
MAYO 2002

INFORME TRIBUTARIO
Nuevo Régimen de Retenciones
del IGV aplicable a los proveedores
INTRODUCCIÓN
Con fecha 19 de abril de 2000, se publicó la R. de S.
Nº 037-2002/SUNAT (en adelante la Resolución), mediante
la que se aprobó un nuevo Régimen de Retenciones del IGV,
aplicable a los proveedores en las operaciones de venta de
bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios
y contratos de construcción gravadas con dicho impuesto.
El presente régimen será aplicable a las operaciones que se
efectúen a partir del 1 de junio del presente año.
Debemos señalar que este sistema de retenciones es novedoso
en nuestro sistema tributario puesto que en el pasado se
ha aplicado otro mecanismo diferente (el denominado Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
–SPOT– establecido por el Dec. Leg. Nº 917). Efectivamente,
en aquel caso (tributario del fenecido SPOT (1) ) las retenciones
las hace el comprador en una cuenta intangible del productor
que luego puede ser utilizada por éste para pagar no sólo el
IGV, sino el Impuesto a la Renta y otros tributos, mientras que
en el nuevo sistema la retención se aplica automáticamente
con el pago de la contraprestación en cabeza del comprador.
No obstante, ambos modelos parten de la misma idea, que es
la utilización de la ingeniería tributaria por la que se sitúan
mecanismos de percepción tributaria en las zonas angostas
del proceso productivo, ahí donde se pueden captar los impuestos
hacia atrás o hacia adelante.
El sistema fue planeado durante el gobierno de transición,
como estrategia para mejorar la lucha contra la evasión de
manera sostenida, para hacer frente a la ineficiencia en la
recaudación del IGV que respondía a dos factores:
exoneraciones tributarias y evasión. Se asumió que el Perú no
cumplía con la regla internacional, aplicable al IGV, de que
“hay eficiencia de recaudación si de la tasa nominal (en el
Perú 18 por ciento, incluido el IPM) se recauda cuanto menos
la mitad (9 por ciento)”, puesto que –en ese momento– se recaudaba
el 6.5 por ciento, con lo que había una brecha de
2.5 por ciento.
El modelo finalmente aprobado sí mantendría un carácter
de lucha contra la evasión, si tomamos en cuenta que del total
de proveedores de los principales contribuyentes, aproximadamente
un 30 por ciento no cumple con su obligación de
pagar el IGV cobrado a sus clientes; en tal sentido, con el
nuevo sistema de retenciones se estará asegurando para el
fisco un monto significativo de esa cantidad.
Lo dicho permitiría pensar que el verdadero motivo de la
implementación del sistema sea el del aumento de la recaudación,
incluso sabiendo que su costo es asumido por los contri-
buyentes. Efectivamente, más allá que esta medida pueda tener
como finalidad mejorar la recaudación y evitar la evasión
tributaria existente, genera costos a los principales contribuyentes
puesto que pone en sus manos la responsabilidad de
recaudar anticipadamente el IGV, encareciendo y dificultando
sus transacciones comerciales, ello no obstante que, como se
ha afirmado, puedan gozar del beneficio financiero de tener
un dinero retenido por algunos días hasta el momento del
empoce al fisco. Empero, curiosamente, ese beneficio podría
convertirse en un costo financiero para el universo de proveedores
–que en muchos casos no son evasores– producto de la
distorsión en la aplicación del crédito fiscal
Por eso, sistemas como éste, deben ser conversados y aplicados
en consenso con los contribuyentes implicados, respetando
el principio de legalidad e informándose completamente
a la población sobre las razones de su implementación, lo
que lamentablemente no ha ocurrido en este caso.
I. UN TEMA PREVIO: La inconstitucionalidad de la
Resolución
La Resolución ha establecido un sistema de agentes de retención,
bajo el amparo de lo señalado en el artículo 10° del
Código Tributario, cuyo TUO ha sido aprobado por D. S. Nº
135-99-EF, que establece que la Administración Tributaria
podrá designar como agentes de retención a los sujetos que se
encuentran en disposición para efectuar la retención o percepción
de tributos. También se fundamenta en lo señalado en el
tercer párrafo del inciso c) del artículo 10° de la Ley del IGV e
ISC, cuyo TUO fue aprobado por D. S. Nº 055-99-EF (en adelante
LIGV), que dispone que las retenciones se efectuarán en
la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la
SUNAT, la que podrá determinar la obligación de llevar los
registros que sean necesarios.
Los referidos artículos del Código Tributario y de la LIGV
son abiertamente inconstitucionales pues violan el Principio de
Reserva de Ley, consagrado en el Perú en el artículo 74° de la
Constitución. Respecto a dicho principio, Hector Villegas ha
señalado que “... la ley creadora de un tributo debe contener
por lo menos los siguientes elementos para adecuarse al principio
de legalidad tributaria:... 2) Los sujetos que al concurrir
la mencionada situación hipotética deben pagar el tributo, ya
sea a título propio por ser a su respecto que la circunstancia
fáctica se configura, o a título ajeno por ser extraños a tal
circunstancia. Los primeros pueden estar implícitos y surgir de
––––
(1) Ver al respecto Informe Tributario Nº 114, noviembre de 2000, págs. 4-6.
MAYO 2002 11

INFORME TRIBUTARIO
la propia descripción hipotética de la circunstancia fáctica
condicionante sin necesidad de norma expresa de designación,
pero los segundos deben estar explícitamente determinados
por la norma...” (2) ; en concordancia con ello, en sede nacional,
Miguel Mur entiende que “... la ley tributaria debe contener
la descripción hipotética del hecho generador de la obligación
tributaria, los sujetos que deben concurrir a su cumplimiento
y el elemento cuantificable de la obligación.” (3)
En ese sentido, en la doctrina tributario-constitucional peruana
ya existen pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad
de este tipo de disposiciones por violar el referido artículo 74°
de la Constitución, lo que nos eximen de comentarios adicionales
(4) .
De acuerdo a ello, si las facultades otorgadas a la administración
en esta materia, resultan violatorias de la Constitución,
la Resolución deviene en inconstitucional porque viola lo señalado
en el artículo 74° de la Constitución. En ese sentido, la vía
de impugnación constitucional, que es la acción popular, podría
quedar abierta y podría ser ejercida por cualquier ciudadano,
incluso sin que haya vulneración o amenaza de violación
de algún derecho constitucional, pues la ventaja en este
caso es que no se requiere legitimidad calificada para acceder
al Poder Judicial; evidentemente, en el proceso, el ciudadano
tendría que pedir al juez la inaplicación del artículo 10°
del Código Tributario y el inciso c) del artículo 10° de la LIGV
por inconstitucionales, luego de lo cual la propia Resolución
devendría de suyo en inconstitucional.
Asimismo, en caso de que los sujetos designados como
agentes de retención no la efectúen por considerarla inconstitucional
y la Administración Tributaria les inicie la cobranza
de los montos no retenidos y multas; dichos sujetos tienen expedita
la acción de amparo puesto que el cobro de una
acreencia basada en norma inconstitucional podría considerarse
lesiva al derecho de propiedad, además de que la jurisprudencia
constitucional ha considerado que la sola afectación
al principio de legalidad constituye vulneración de un
derecho constitucional.
Por lo dicho, preguntamos si no hubiere sido más idóneo
que el Régimen se establezca a través de una norma legal, ello
hubiera generado evitar la inconstitucionalidad o incluso generar
mayor o mejor conocimiento de la población de los alcances,
sentido y motivaciones del diseño.
II. ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DEL
RÉGIMEN
1. Operaciones sujetas a retención
De acuerdo al artículo 2° de la Resolución, las retenciones
se efectuarán en todas aquellas operaciones gravadas con el
IGV conforme lo establece el artículo 1° de la LIGV, con excepción
de las operaciones de importación de bienes y utilización
de servicios en el país prestados por sujetos no domiciliados.
La exclusión de estas operaciones realizadas con sujetos no
domiciliados es lógica, puesto que en esos casos el contribuyente
domiciliado que realiza la importación o utiliza el servicio
es quien paga el IGV como sujeto del impuesto y utiliza el
crédito fiscal proveniente de dichas operaciones.
– Uso de notas de débito
Como sabemos, el numeral 2 del artículo 10° del Reglamento
de Comprobantes de Pago, aprobado por R. de S.
Nº 007-99/SUNAT, (en adelante RCP) señala que las notas de
débito se emitirán para recuperar costos o gastos incurridos
con posterioridad a la emisión del comprobante de pago. En
ese sentido, la Resolución señala que las notas de débito que
modifiquen los comprobantes de pago emitidos por las operaciones
sujetas a retención serán materia del Régimen, es decir
se aplicará la retención correspondiente.
– Uso de notas de crédito
Las notas de crédito, conforme al numeral 1 del artículo
10° del RCP, se emiten para realizar ajustes al impuesto bruto
tales como anulaciones, descuentos, bonificaciones y devoluciones.
De ocurrir la emisión de la nota de crédito por ajuste de
operaciones que hubieran sido objeto de retención (por ocurrir
el pago del importe o éste se puso a disposición, según
veremos en el punto III siguiente), en la Resolución se indica
que no habrá modificación de los importes retenidos ni procederá
su devolución al proveedor por parte del agente de retención
(5) ; pudiendo el proveedor deducir el IGV respectivo del
impuesto bruto mensual en el período correspondiente.
Evidentemente, de producirse el ajuste del impuesto bruto
antes de haberse realizado el pago o puesta a disposición, y
por tanto la obligación de retener aún no hubiere surgido por
parte del agente de retención, la emisión de la nota de crédito
sí generará efectos en el monto a retener, pues disminuirá en el
monto del ajuste realizado, debiendo retenerse únicamente
sobre el monto a pagarse (en el que ya se efectuó el ajuste
correspondiente).
Algunos podrían sostener que, cuando en el cuarto párrafo
del artículo 2° se señala que “las referidas notas de crédito
podrán aplicarse al importe de las operaciones que aún no
han sido objeto de retención”, se está refiriendo justamente al
supuesto de que la emisión de la nota de crédito opere antes
de que se pague o ponga a disposición la contraprestación, lo
que –como dijimos- resulta evidente de la aplicación del propio
sistema.
En ese sentido, se plantea la duda respecto a si el agente
de retención puede aplicar el monto del IGV retenido que
hubiere sido ajustado mediante la nota de crédito contra futuras
operaciones realizadas con el proveedor, casos en los que
–––––––
(2) VILLEGAS, Hector. “Los Agentes de Retención y de Percepción en el Derecho
Tributario”, Ediciones Depalma, págs. 39-40.
(3) MUR VALDIVIA, Miguel. “Sujeción Pasiva y Responsables Tributarios”. EN:
Revista del IPDT, vol. 26, Lima, junio 1994, pág. 99.
(4) Véase, cuanto menos, los siguientes artículos:
DANOS ORDÓÑEZ, Jorge. ¨El Régimen Tributario en la Constitución: Estudio
Preliminar”. EN: THEMIS, Revista de Derecho, Segunda Época, 1994,
Nº 29, págs. 131-145.
OCHOA CARDICH, Cesar. “Constitución Financiera: bases del Derecho
Constitucional Tributario”. EN: Lecturas sobre Temas constitucionales Nº
10, CAJ, págs. 127-139.
HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “Necesidad de cambios sustanciales en
el Código Tributario”. EN: THEMIS, Revista de Derecho, Segunda Época,
2000, Nº 41, págs. 7-16.
(5) Cabe precisar que esto operará incluso en el supuesto en que el agente de
retención hubiere retenido y no hubiere pagado al fisco el monto retenido.
12
MAYO 2002

INFORME TRIBUTARIO
no cabría realizar retención; resulta necesaria una pronta precisión
por parte de la Administración Tributaria sobre este aspecto.
2. Operaciones excluidas de la retención
La Resolución ha excluido expresamente del Régimen de
retenciones a las siguientes operaciones:
• Las operaciones en las que se efectúe un pago por un
monto igual o inferior a setecientos soles (S/. 700) y el
monto de los comprobantes involucrados no supere dicho
importe.
En este caso, regulado en el artículo 3° de la Resolución,
existe duda respecto a si la norma se refiere a que
el importe total de la operación no debe exceder de
S/. 700 o si sólo se debe tomar en cuenta los importes
pagados en cada oportunidad con independencia del
monto total de la operación involucrada. Consideramos
que la primera posición es la correcta puesto que
de otro modo la finalidad de la norma quedaría fácilmente
desvirtuada con la emisión de comprobantes no
mayores a S/. 700 en la cantidad que sea necesaria
por cada operación.
En ese sentido, si en una operación de venta de bien
por S/. 1,000, en la que el comprobante de pago se
emitió al momento de la entrega del bien, pero el precio
se pagará en dos meses consecutivos a razón de
S/. 500 cada mes; el comprador deberá proceder a la
retención en cada una de las oportunidades.
• Las operaciones en las cuales se aplique el SPOT, debido
a que se trata de otro modelo de régimen de retenciones.
• Las operaciones que estuvieran sustentadas con las liquidación
de compra y pólizas de adjudicación, debido
a que para estas operaciones el RCP ha designado
agentes de retención.
Efectivamente, el numeral 4.4. del artículo 4° del RCP
ha señalado que en operaciones sustentadas con liquidaciones
de compra (indicadas en el numeral 3 del artículo
6° del propio RCP), el comprador debe retener el
impuesto y pagarlo al fisco. Asimismo, según el numeral
6 del referido artículo 4° del RCP, el martillero público
y las entidades que intervengan con ocasión de un
remate o adjudicación de bienes por venta forzada,
tienen la obligación de retener el IGV por la operación
realizada.
• Las operaciones por las que se emitan los documentos
autorizados señalados en el numeral 6.1 del artículo 4°
del RCP (entre otros, son los documentos emitidos por
las compañías de aviación por servicio de transporte
aéreo de pasajeros, por las empresas del sistema financiero
y de seguros, por las AFP y EPS, por las empresas
por los servicios públicos de telecomunicaciones,
de telefonía y de suministro de energía eléctrica y
agua), debido a que en estas operaciones el proveedor
es siempre un contribuyente bajo control directo por
parte de la SUNAT.
• Las operaciones por las que se emitan boletas de venta,
tiques o cintas emitidas por máquinas registradoras,
respecto de las cuales no se permita ejercer el derecho
al crédito fiscal.
• Las operaciones de venta y prestación de servicios, respecto
de las que no exista obligación de otorgar comprobantes
de pago, señaladas en el artículo 7° del RCP.
• Las operaciones realizadas con proveedores que tengan
la calidad de buenos contribuyentes de conformidad
con lo dispuesto en el Dec. Leg. Nº 912 y normas
reglamentarias, casos en los que –por la actuación de
los contribuyentes– no es necesario aplicar el presente
régimen.
• Las operaciones realizadas con otros contribuyentes que
también tengan la condición de agentes de retención
de este régimen, porque ello haría ineficiente el sistema.
3. Alícuota a retenerse
Conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la Resolución,
el monto de la retención será equivalente al seis por ciento
(6%) del importe de la operación, que según la definición de la
propia Resolución es la suma total que queda obligado a pagar
el agente de retención, incluido los tributos que graven la
operación.
De lo señalado podrían generarse dos interpretaciones diferentes:
1. El seis por ciento se aplica sobre el precio de venta, a
partir de una interpretación literal del referido artículo
6°, con lo que el porcentaje de retención es en realidad
de 7,08 por ciento del valor de venta. Veamos los siguientes
ejemplos:
VENDEDOR 1
SUPUESTO 1:
C-V 1
VV 100
IGV 18
PV 118
C-V 1
C-V 2
▼
VV 150
IGV 27
PV 177
Escenario sin sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 27,00
CRÉDITOFISCAL (18,00)
IMPUESTO POR PAGAR 9,00
COMPRADOR 1/
VENDEDOR 2
Escenario con sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 27,00
MONTO RETENIDO (10,62)
16,38
CRÉDITO FISCAL (18,00)
IMPUESTO POR PAGAR ( 1,62)
Efecto: En el primer escenario, del
precio de venta en la C-V 2 se han
destinado 9,00 soles al pago del IGV;
mientras que en el segundo escenario,
del precio de venta se han destinado
10,62 soles al pago efectivo
del impuesto, quedando 1,62 soles
como crédito futuro del comprador
1. Este último es el monto del
financiamiento al fisco.
C-V 2
▼
SUPUESTO 2:
C-V 1
VV 100
IGV 18
PV 118
COMPRADOR 2/
(RETENEDOR)
C-V 2
VV 120
IGV 21,6
PV 141,6
Escenario sin sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 21,60
CRÉDITO FISCAL (18,00)
IMPUESTO POR PAGAR 3,60
Escenario con sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 21,60
MONTO RETENIDO (8,50)
13,10
CRÉDITO FISCAL (18,00)
IMPUESTO POR PAGAR (4,90)
Efecto: En el primer escenario, del
precio de venta en la C-V 2 se
han destinado 3,60 soles al pago
del IGV; mientras que en el segundo
escenario, del precio de
venta se han destinado 8,50 soles
al pago efectivo del impuesto,
quedando 4,90 soles como crédito
futuro del comprador 1. Este
último es el monto del financiamiento
al fisco.
MAYO 2002 13

INFORME TRIBUTARIO
2. El seis por ciento se aplica sobre el valor de venta, lo
que resultaría de una interpretación sistemática con lo
señalado en el artículo 14° de la LIGV, que se basa en
que conceptualmente en materia de dicho impuesto, la
base imponible no incluye el propio IGV.
Veamos la incidencia en esta segunda hipótesis:
VENDEDOR 1
SUPUESTO 1:
C-V 1
VV 100
IGV 18
PV 118
C-V 1
C-V 2
▼
VV 150
IGV 27
PV 177
Escenario sin sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 27,00
CRÉDITOFISCAL 18,00
IMPUESTO POR PAGAR 9,00
COMPRADOR 1/
VENDEDOR 2
Escenario con sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 27,00
MONTO RETENIDO 9,00
18,00
CRÉDITO FISCAL 18,00
IMPUESTO POR PAGAR ––
Efecto: En ambos escenarios, del precio
de venta en la C-V 2 se han destinado
9 soles al pago del IGV que
corresponde al vendedor 2.
C-V 2
COMPRADOR 2/
(RETENEDOR)
Como puede verse, la aplicación de cualquiera de los dos
supuestos origina montos por retener distintos, generándose
mayor costo financiero para el proveedor en la primera interpretación.
En ese sentido, debemos indicar que conforme al comunicado
publicado por SUNAT el 5 de mayo pasado, dicho órgano
administrador habría considerado que debe aplicarse la
primera interpretación, criterio muy discutible y que no compartimos
porque implicaría una desnaturalización del IGV.
4. Operaciones en moneda extranjera
El último párrafo del artículo 7° de la Resolución señala que
en las operaciones realizadas en moneda extranjera, la conversión
a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio
ponderado venta, publicado por la SBS en la fecha de pago.
Asimismo se indica que en los días en que no se publique el
referido tipo de cambio se utilizará el último publicado.
Nada se ha dicho respecto al supuesto en que en un mismo
día se publique el tipo de cambio correspondiente al cierre de
operaciones de dos o más días distintos, en cuyo caso según
criterio de la propia SUNAT podría utilizarse cualquiera de ellos (6) .
▼
SUPUESTO 2:
C-V 1
VV 100
IGV 18
PV 118
C-V 2
VV 120
IGV 21,6
PV 141,6
Escenario sin sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 21,60
CRÉDITO FISCAL 18,00
IMPUESTO POR PAGAR 3,60
Escenario con sistema de retención:
IMPUESTO BRUTO 21,60
MONTO RETENIDO 7,20
14,40
CRÉDITO FISCAL 18,00
IMPUESTO POR PAGAR (3,60)
Efecto: En el primer escenario, del
precio de venta en la C-V 2 se
han destinado 3,6 soles al pago
del IGV; mientras que en el segundo
escenario, del precio de
venta se han destinado 7,20 soles
al pago efectivo del impuesto,
quedando 3,60 soles como crédito
futuro del comprador 1. Este
último es el monto del financiamiento
al fisco.
III. ÁMBITO TEMPORAL
1. Oportunidad de la retención
El artículo 7° de la Resolución establece que la retención se
efectuará en el momento en que se realice el pago (entendido
como momento en que se efectúa la retribución parcial o total
al proveedor), con prescindencia de la fecha en que se efectuó
la operación gravada con el IGV.
En caso la retribución se efectúe en especie, el pago se
considerará realizado en el momento en que se entregue o
ponga a disposición los bienes; y, en el caso de la compensación
de acreencias, el pago se considerará efectuado en la
fecha en que ésta se realice.
Esto quiere decir que el criterio de lo percibido es el que
rige este sistema de retenciones puesto que aun si se efectuaran
pagos anticipados o posteriores al mes de nacimiento de
la obligación tributaria habría obligación de retener en el
momento en que se hicieran tales pagos. De acuerdo a ello, la
oportunidad de retención sólo coincidiría con el nacimiento de
la obligación tributaria en la primera venta de inmuebles, en
la prestación de servicios y en los contratos de construcción
(en estos dos últimos parcialmente).
Por otro lado, el mismo artículo 7° señala que en el caso de
pagos parciales, la tasa de retención se aplicará sobre el importe
de cada pago. Si concordamos esta disposición con lo
señalado por el artículo 3° de la propia Resolución que se
refiere a la excepción de la obligación de retener por montos
menores a S/. 700, podríamos señalar que esta excepción
sólo se aplicaría si el importe total de la operación es equivalente
a ese monto. En ese sentido, como quiera que la condición
esencial para que el agente de retención pueda realizar
la retención es que se efectúe el pago efectivamente, en una
venta a plazos, no se efectuará ninguna retención hasta cuando
se efectúe el pago, por lo que al vencimiento del plazo, si el
pago no se efectúa, no habrá posibilidad de retención alguna.
En este punto, cabe precisar que en las ventas a plazos mayores
de un mes, si el bien ha sido entregado, el proveedor
debe pagar el 18 por ciento en el mes siguiente y a su vez el
comprador deberá realizar, en cada una de las fechas de pagos,
la retención por un IGV ya pagado por el proveedor, lo que
en situaciones normales es un despropósito pues en esos casos
no hay obligación tributaria sobre la cual realizar retención. No
obstante lo dicho, la Administración Tributaria ya ha señalado
que el Régimen se aplica incluso a las ventas a plazos.
Finalmente, cabe referir que también procede la retención
en el supuesto que el pago se realice a un tercero, distinto al
proveedor (7) , de tal modo que el agente de retención debe
emitir y entregar el Comprobante de retención (del que hablaremos
en el punto V.1 siguiente) al proveedor.
2. Aplicación temporal del Régimen
La Primera Disposición Final de la Resolución señala que el
Régimen se aplicará a las operaciones que se efectúen a partir
del 1 de junio de 2002.
––––––
(6) Según Consulta Institucional Nº 016-2000-KC0000, publicada en Informe
Tributario Nº 126, noviembre de 2001, pág. 5.
(7) Ello ocurre cuando por acuerdo entre las partes (proveedor y agente de
retención), se debe entregar el precio a un tercero.
14
MAYO 2002

INFORME TRIBUTARIO
Lo dicho significa que en operaciones realizadas con anterioridad
a dicha fecha, pero que serán pagadas parcial o totalmente
luego del 1 de junio, cuando ocurran los pagos no
deberá realizarse retención alguna. Entonces si, por ejemplo,
una operación de venta se realizó en marzo, pero se pagará
en junio, no está incluida en este Régimen.
IV. ÁMBITO SUBJETIVO
1. Agentes de Retención
Son los contribuyentes que adquieren bienes muebles o
inmuebles, utilicen servicios o encarguen la construcción de
inmuebles, siempre que hayan sido designados por la SUNAT
como tales.
La designación y la exclusión como agente de retención le
será notificada al contribuyente por SUNAT de acuerdo a lo
dispuesto por el Artículo 104° del Código Tributario. Asimismo,
dicha Administración tributaria deberá entregar al agente
de retención designado el correspondiente «Certificado de
agente de retención», que será el único instrumento que acreditará
tal condición, durante la vigencia señalada en el mismo.
Cabe anotar que en la Resolución se autoriza a mostrar la
relación de Agentes de Retención designados y el listado de
los sujetos excluidos como tales, en la página web de la SUNAT:
http://www.sunat.gob.pe
Hasta el cierre de esta edición, los Agentes de Retención
designados eran 1,202, según el Anexo de la Resolución –que
fue publicado el 20 de abril–, los cuales operarán como tales
a partir del 1 de junio del presente año.
Dichos sujetos son Principales Contribuyentes Nacionales y
tienen una trayectoria regular de cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Empero, debe precisarse que sólo 106 están
catalogados como buenos contribuyentes (de acuerdo al
Dec. Leg. Nº 912 y normas reglamentarias); es decir sólo el
9,27 por ciento del total de buenos contribuyentes son agentes
de retención del IGV.
CUADRO Nº 1
AGENTES DE RETENCIÓN VS. BUENOS CONTRIBUYENTES
BUENOS CONTRIBU-
YENTES
AGENTES DE RETEN-
CIÓN DEL IGV
– Total
– Que son buenos
contribuyentes
TOTAL
(Al 06.05.2002)
1144
1202
106
Personas
Naturales y
Sucesiones
Indivisas
270
2. Proveedores
Se denomina proveedor al vendedor del bien mueble o
inmueble, prestador del servicio o al que ejecuta los contratos
de construcción, en las operaciones gravadas con el IGV señaladas
en el punto I.1 del presente informe.
De acuerdo al artículo 2° de la Resolución, el proveedor
-
-
PERSONAS
JURÍDICAS
874
1202
106
que realice las operaciones mencionadas en el párrafo anterior,
está obligado a aceptar la retención por parte del Agente
de retención.
V. DISPOSICIONES SOBRE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
1. Para el agente de retención:
– Sobre el Comprobante de Retención
Al momento de efectuar la retención, el agente de retención
tiene la obligación de entregar al proveedor un Comprobante
de Retención, que debe tener los requisitos indicados en
Cuadro Nº 2.
Ademas de ello, respecto a las características del Comprobante
de Retención, en la Resolución se señala que serán aplicables
los numerales 1 y 4 del artículo 9° del RCP en lo que
corresponda. De acuerdo a ello, a continuación señalamos las
características que consideramos debe tener el Comprobante
de Retención de acuerdo a dichas normas:
1. Dimensiones mínimas: Veintiún (21) centímetros de ancho
y catorce (14) centímetros de alto.
2. Copias: La primera y segunda copias serán expedidas
mediante el empleo de papel carbón, carbonado o
autocopiativo químico. El destino del original y copias
deberá imprimirse en el extremo inferior derecho.
3. Dentro de un recuadro cuyas dimensiones mínimas serán
de cuatro (4) centímetros de alto por ocho (8) centímetros
de ancho, enmarcado por un filete, deberán ser impresos
únicamente, el número de RUC, la denominación del comprobante
de retención y su numeración.
Dicho recuadro estará ubicado en el extremo superior derecho
del comprobante. El número de RUC y el nombre
del documento deberán ser impresos en letras tipo «Univers
Medium» con cuerpo 18 y en alta u otras que se les asemeje.
La numeración del comprobante no podrá tener un
tamaño inferior a cuatro (4) milímetros de altura.
4. La numeración del comprobante de retención constará
de diez (10) dígitos, de los cuales:
– Los tres (3) primeros, de izquierda a derecha corresponden
a la serie, y serán empleados para identificar
el punto de emisión.
– Los siete (7) números restantes, corresponden al número
correlativo. Estarán separados de la serie por
un guión (-) o por el símbolo de número (Nº).
Para cada serie establecida, el número correlativo
comenzará sin excepción del 0000001, pudiendo
omitirse la impresión de los ceros a la izquierda.
• Impresión de los Comprobantes de Retención
La impresión se hará previa autorización, que será solicitada
–a partir de la fecha de la designación del contribuyente
como agente de retención– utilizando el Formulario Nº 816
sobre “Autorización de Impresión a través de SUNAT Operaciones
en Línea” y cumpliendo con lo señalado en la R. de S.
Nº 110-2000/SUNAT.
MAYO 2002 15

INFORME TRIBUTARIO
CUADRO Nº 2
MODELO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN CON SUS REQUISITOS
1
2
A
B
14 cm.
D
E
PUBLICACIONES S. A.
RUC Nº 20002345777
Señor(es): ……………………………
José García López
RUC.: ………………………………
10003649777 Lima, 25 …… de……………… Junio de 2002 ...…
Tipo de
Documento
F
G
H
Av. Arequipa 2519, Lince - Lima
Numeración
4 cm.
Fecha de emisión
TOTAL: Ciento dieciocho nuevos soles
21 cm.
8 cm.
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Nº 001- 0000001
Monto de pago
Importe retenido
5
4
6
3
C
I
H
INFORMACIÓN IMPRESA
6. Numeración correlativa.
7. Apellidos y nombres, denominación o razón
social de la imprenta.
8. Número de RUC de la imprenta.
9. Número de autorización de impresión.
10. Fecha de impresión del Comprobante de Retención.
11. Destino del original y copias:
– En el original: “Proveedor”.
– En la primera copia: “Emisor-Agente de retención”.
– En la segunda copia: “SUNAT”. La segunda
copia permanecerá en poder del agente de
retención, quien deberá mantenerla en un
archivo clasificado por proveedores y ordenado
cronológicamente.
7
8
9
10
SERVICIOS GRÁFICOS JOSÉ ANTONIO E.I.R.L.
R.U.C. Nº 10007892777
AUTORIZACIÓN Nº 234572
F.I. 15.06.2002
INFORMACIÓN IMPRESA
1. Apellidos y nombre, denominación o razón social del agente de
retención.
2. Domicilio fiscal del agente de retención.
3. Número de RUC del agente de retención.
4. Denominación del documento: “Comprobante de Retención”.
5. Numeración de serie.
PROVEEDOR
EMISOR-AGENTE DE RETENCIÓN
SUNAT
11
INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA
A. Apellidos y nombres, denominación o razón
social del proveedor.
B. Número de RUC del proveedor.
C. Fecha de emisión del Comprobante de Retención.
D. Tipo de comprobante de pago o nota de débito
que dio origen a la retención.
E. Numeración de serie de comprobante de pago
o nota de débito que dio origen a la retención.
F. Numeración correlativo de comprobante de
pago o nota de débito que dio origen a la retención.
G. Fecha de emisión de comprobante de pago o
nota de débito que dio origen a la retención.
H. Monto del pago.
I. Importe retenido.
– Sobre el Registro de Compras
Se ha dispuesto que el agente de retención abra una columna
en el Registro de Compras, en la que marcará:
a) Los comprobantes de pago correspondientes a operaciones
que se encuentran sujetas a retención.
b) Las notas de débito y notas de crédito que modifican los
comprobantes de pago correspondientes a operaciones
que se encuentran sujetas a retención.
- Sobre Cuentas y Registros de Control
El agente de retención creará una cuenta subdivisionaria
denominada «IGV-Retenciones por Pagar» dentro de la
divisionaria “4011. Impuesto General a las Ventas» que es
parte de la Cuenta de pasivo “40. TRIBUTOS POR PAGAR”.
En la cuenta creada se realizará el registro y control mensual
de las retenciones efectuadas a los proveedores, contabilizándose
los pagos efectuados a la SUNAT.
A su vez, el agente de retención deberá llevar un «Registro
del Régimen de Retenciones» en el que realizará el control de
los débitos y créditos con respecto a la cuenta por pagar por
cada Proveedor.
Dicho registro deberá contener, como mínimo, la siguiente
información en columnas separadas:
1. Fecha de la transacción.
2. Denominación y número del documento sustentatorio.
3. Tipo de transacción realizada, tales como: compras,
ajustes a la operación, pagos parciales o totales, compensaciones,
canje de facturas por letras de cambio,
entre otras.
4. Importe de la transacción, anotado en la columna del
debe o del haber, según corresponda a la naturaleza
de la transacción.
5. Saldo resultante de la cuenta por pagar por cada Proveedor.
Sugerimos incluir una columna en la que se anote
específicamente la fecha y el monto de los pagos que se efectúen.
Ahora bien, la Resolución ha señalado que el agente de
retención que utilice sistemas mecanizados o computarizados
de contabilidad podrá llevar dicho registro anotando el total
de las transacciones mensuales realizadas con cada proveedor
en forma consolidada, siempre y cuando en el sistema de
16
MAYO 2002

INFORME TRIBUTARIO
enlace se mantenga la información requerida y se pueda efectuar
la verificación individual de cada transacción.
El Registro del Régimen de Retenciones no podrá tener un
atraso mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del
primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se reciba o
emita, según corresponda, el documento que sustenta las transacciones
realizadas con los proveedores, siéndole de aplicación,
además, las disposiciones establecidas en la R. de S. Nº
132-2001/SUNAT, que regula el procedimiento para la autorización
de registros y libros contables vinculados a asuntos
tributarios.
1. Para el proveedor
- Sobre Comprobantes de Pago
Se ha establecido que los comprobantes de pago que se
emitan por operaciones gravadas con el IGV y comprendidas
en el Régimen de Retenciones no podrán incluir operaciones
no gravadas con el impuesto.
- Sobre Cuentas y Registros de Control
El Proveedor debe abrir una cuenta subdivisionaria denominada
«IGV Retenido» dentro de la subdivisionaria “4011.
Impuesto General a las Ventas» de la Cuenta “40. TRIBUTOS
POR PAGAR”. En la referida cuenta se controlarán tanto las
retenciones efectuadas por los agentes de retención como las
aplicaciones de dichas retenciones al IGV por pagar.
VI. DECLARACIONES POR REALIZAR
1. Declaración y pago del agente de retención
El agente de retención debe declarar el monto total de las
retenciones practicadas en cada período y efectuar el pago
correspondiente de acuerdo al cronograma aprobado por la
SUNAT para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
mediante el PDT-Agentes de Retención, Formulario Virtual Nº
626 (aprobado por la propia Resolución), el mismo que estarán
a disposición de los deudores tributarios en la página web
o en las oficinas de SUNAT desde el 1 de junio próximo.
De otro lado, conforme señala el artículo 9° de la Resolución,
el agente de retención no podrá compensar el saldo a
favor del exportador contra los pagos que tenga que efectuar
por retenciones realizadas; ello guarda concordancia con lo
señalado en el numeral 4 del artículo 9° del Reglamento de la
LIGV que indica que el saldo a favor del exportador sólo podrá
ser compensado con la deuda tributaria correspondiente
a tributos respecto a los que el sujeto tenga la calidad de contribuyente.
En ese sentido, el proveedor puede deducir del impuesto a
pagar las retenciones que le hubieran efectuado hasta el último
día del período al que corresponda la declaración.
En caso de no existir operaciones gravadas o si éstas resultaran
insuficientes para absorber las retenciones que le hubieran
practicado, el exceso se arrastrará a los períodos siguientes
(mes a mes) hasta agotarlo, no pudiendo ser materia de
compensación con otra deuda tributaria (Impuesto a la Renta,
IES, etc.).
El mecanismo de deducciones del Régimen genera que el
proveedor, en la mayoría de los casos, asuma un costo de
financiamiento de liquidez; a ello se suma que en cualquier
período pueda ocurrir que algún proveedor tenga un mayor
crédito fiscal porque ha comprado gran cantidad de insumos,
algún activo, etc., con lo que arrastrará hacia delante como
crédito el monto que le fuera retenido, lo que aumenta su
desbeneficio.
Finalmente, es posible que el proveedor solicite la devolución
de las retenciones no aplicadas que consten en la declaración
del impuesto, siempre que hubiera mantenido un monto
no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de
seis (6) períodos consecutivos.
Cabe indicar que funcionarios de SUNAT señalaron que
dicha entidad mantiene el compromiso de hacer una devolución
inmediata de las sumas solicitadas, para lo que ya se está
trabajando el proceso operativo que permita esa devolución.
3. Sanciones aplicables en caso de incumplimiento
Nada se ha dicho en la Resolución respecto a las sanciones
a las que se haría acreedor el agente de retención que no
cumpla de manera efectiva con su función, entendemos que
serían aplicables las disposiciones contenidas en el Código
Tributario.
En ese sentido, de haber demora en el pago del monto
retenido, se aplicarán los intereses correspondientes y la multa
por la comisión de la infracción configurada en el numeral 5
del artículo 178° del Código Tributario. Debe tomarse en cuenta
que podría configurarse delito tributario si es que se retiene
efectivamente y no se entrega el monto retenido al fisco, de
conformidad con el inciso b) del artículo 2° del Dec. Leg. Nº
813.
Ahora bien, en caso de no retenerse y no pagarse al fisco,
se aplicará la infracción indicada en el numeral 13 del artículo
177° del referido Código.
Finalmente, en caso el agente de retención no presentase
la declaración que le correspondiera, será aplicable la infracción
tipificada en el artículo 176° del Código Tributario.
2. Declaraciones y deducciones por parte del proveedor
El proveedor debe efectuar su declaración y pago mensual
del IGV utilizando el PDT-IGV Renta Mensual, Formulario Virtual
621-versión 2.5 (también aprobado por la Resolución)
que estará disponible a partir del 1 de junio.
En el PDT se consignará el impuesto que se le retuvo en el
período, a efecto de su deducción del tributo a pagar. Dicho
monto debe ser el mismo consignado en los Comprobantes de
Retención correspondientes.
MAYO 2002 17

INFORME TRIBUTARIO
Las Mejoras en el Impuesto
a la Renta de Tercera Categoría
INTRODUCCIÓN
Conforme se establece en la Ley del Impuesto a la Renta, no son
deducibles las mejoras de carácter permanente; sin embargo, no
tenemos en nuestra legislación una definición de dicho concepto.
En este informe trataremos de aproximarnos a este concepto a
partir de diversas fuentes del Derecho.
El artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta cuyo TUO fue
aprobado por D.S. Nº 054-99-EF (en adelante LIR) enuncia una
serie de gastos que no son deducibles para la determinación de
dicho Impuesto, entre otros, el inciso e) contempla a “Las sumas
invertidas en ... mejoras de carácter permanente”.
Dado que en la legislación tributaria no existe una definición
sobre lo que son las mejoras o, en este caso, las mejoras permanentes,
es necesario recurrir a diversas fuentes para poder entender
qué tipo de mejoras no son deducibles.
Al respecto, el problema que se presenta en la práctica y que
origina reparos a los contribuyentes consiste en establecer si las
modificaciones realizadas a los bienes muebles o inmuebles deben
ser activadas o deducidas en un solo ejercicio como gasto.
Nótese que no debemos confundir la deducibilidad como gasto
de aquellos desembolsos incurridos por modificaciones posteriores
a la adquisición de un activo con la posibilidad de deducir los gastos
en activos cuyo costo computable es inferior a 1/4 de UIT.
I. DOCTRINA Y LEGISLACIÓN CIVIL
En la doctrina nacional encontramos una definición de mejoras,
según la cual estas serían “...las modificaciones que realiza un
poseedor respecto de la situación de un bien, determinando el incremento
de su valor, según la apreciación ponderada de las reglas
del mercado. Estas modificaciones no se identifican con una parte
de la estructura o contenido del bien, pudiendo integrar simplemente
su contexto siempre que tal situación incida en el incremento
del valor y permanezca inseparable de él” (1) .
De esta definición proveniente del derecho civil notamos como
elementos caracterizantes de las mejoras que: (a) son realizadas
––––
(1) MEJORADA CHAUCA, Martín. “La Posesión y las Mejoras en el Código
Civil Peruano”. EN: Ius et Veritas. Revista de Estudiantes de la Facultad de
Derecho de la PUCP, Nº 17, Lima, pág. 244.
(2) Aquí cabría preguntarse si en este caso ¿habría un aumento en el valor del
bien La respuesta es sí, dado que un bien a punto de destruirse o deteriorarse
no tiene el mismo valor que cuando se ha superado esa situación.
(3) La versión anterior a la NIC 16 (Modificada en 1998) fue la NIC 16 (Revisada
en 1993) que estuvo vigente para la elaboración de Estados Financieros
hasta el 31 de diciembre del 2000. En el párrafo 25 de la NIC 16
(Revisada en 1993) se indicaba que los desembolsos posteriores sobre
inmuebles, maquinaria y equipo sólo se reconocen como activo cuando
mejoran la condición del activo más allá del rendimiento estándar originalmente
evaluado. Son ejemplos de mejoras que resultan en el aumento
de futuros beneficios económicos:
por los poseedores; (b) sólo se pueden realizar en bienes tangibles
(muebles o inmuebles); (c) su efecto es el incremento del valor del
bien; (d) no pueden separarse o retirarse del bien en que han sido
incluidas.
El Código Civil de 1984, como señalamos anteriormente, no
contempla una definición de mejoras, pero sí una clasificación de
las mismas para efectos de, a partir de ella, detallar el derecho al
reembolso para el arrendatario que devuelve el bien mueble o inmueble
al que se realizaron mejoras. En efecto, el artículo 916° del
Código Civil establece una clasificación de mejoras para las situaciones
en que, al producirse la restitución del bien materia de la
posesión, el poseedor tiene derecho a que se le pague el valor de
ciertas mejoras pues éstas han conservado o “mejorado” al objeto
de la posesión, lo que debe ser compensado.
Así, el artículo 916° del Código Civil distingue los siguientes
tipos de mejoras:
– Necesarias, cuando tienen por objeto impedir la destrucción
o deterioro del bien (2) ;
– Útiles, las que sin pertenecer a la categoría de las necesarias
aumentan el valor y la renta del bien;
– De recreo, cuando sin ser necesarias ni útiles, sirven para
ornato, lucimiento o mayor comodidad.
Conforme a dicha clasificación, el artículo 917° del Código Civil
señala que existe derecho a reembolso por las mejoras necesarias
y útiles realizadas en el bien.
II. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
16 (Modificada en 1998): INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO (3)
Como podemos ver, las definiciones antes reseñadas nos aproximan
al concepto de mejoras, pero no nos ayudan a despejar totalmente
la duda respecto a qué se consideran mejoras “de carácter
permanente”; por tal motivo debemos recurrir a otras fuentes de
definición para la materia como son las Normas Internacionales de
Contabilidad (NICs).
La NIC 16 (modificada en 1998) establece el tratamiento con-
(a) Modificación de una partida de la maquinaria para extender su vida
útil, incluyendo un incremento en su capacidad;
(b) Mejoramiento parcial de las máquinas para lograr un mejoramiento
sustancial en la calidad de su producción; y,
(c) Adopción de nuevos procesos de producción permitiendo una reducción
sustancial en los costos de operación previamente evaluados.
Asimismo, el párrafo 26 de la NIC 16 (Reestructurada en 1993) indicaba
que los desembolsos por reparaciones o mantenimiento de los inmuebles,
maquinaria y equipo son efectuados para restaurar o mantener los futuros
beneficios económicos que una empresa puede esperar del rendimiento
estándar originalmente evaluado para un activo. Como tales, estos desembolsos
son generalmente reconocidos como gastos cuando se incurre en
ellos. Por ejemplo, el costo de dar un servicio o reparar maquinaria o
equipo es generalmente un gasto ya que restaura, en vez de aumentar, el
rendimiento estándar evaluado originalmente.
18
MAYO 2002

INFORME TRIBUTARIO
table para Inmuebles, Maquinaria y Equipo aplicable para los Estados
Financieros elaborados a partir del 1 de enero del 2001.
Dado que las mejoras son realizadas en bienes tangibles, es en
esta NIC donde podemos buscar mayores elementos de definción
para el tema analizado.
El párrafo 24 de la NIC 16 (modificada en 1998) indica que los
desembolsos posteriores a la adquisición de los elementos componentes
de los inmuebles, maquinaria y equipo sólo se reconocerán
como activo cuando mejoren las condiciones del bien por encima
de la evaluación normal de rendimiento hecha originalmente para
el mismo. Son ejemplos de mejoras que producen incrementos en
los beneficios económicos futuros:
(a) Modificación de un elemento del activo fijo para ampliar su
vida útil o para incrementar su capacidad productiva;
(b) Actualización de componentes de la maquinaria, para conseguir
un incremento sustancial en la calidad de los productos;
y,
(c) Adopción de procesos de producción nuevos que permiten
una reducción sustancial en los costos de operación estimados
previamente.
Asimismo, el párrafo 25 de la NIC 16 (modificada en 1998)
indica que los desembolsos procedentes de reparaciones y mantenimiento
de los inmuebles, maquinaria y equipo, se realizan para
restaurar o mantener los beneficios económicos futuros que la empresa
puede esperar de las pautas normales de rendimiento estimadas
originalmente para el activo. Como tales, se reconocen normalmente
como gastos del período en que se producen. Por ejemplo,
el costo de reparación e inspección de los inmuebles, maquinaria
y equipo, es normalmente, un gasto del período, puesto que
repone, mas que incrementa, el rendimiento normal estimado originalmente.
De los párrafos reseñados de la NIC 16 (modificada en 1998),
aunque no se enuncie explícitamente esta conclusión, podemos concluir
que las mejoras de carácter permanente son aquellas que van
a reconocerse como activo porque mejoran las condiciones del bien
por encima de la evaluación normal de rendimiento hecha originalmente
para el mismo. Además, de ella se entiende que los desembolsos
por reparaciones o mantenimiento son generalmente reconocidos
como gastos.
III. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL
A continuación exploraremos las resoluciones del Tribunal Fiscal
como guías de interpretación para entender el concepto de
“mejoras de carácter permanente”.
Daremos una rápida mirada a la jurisprudencia antigua, y nos
detendremos en la más reciente para reseñarla más ampliamente.
En cuanto a la NIC utilizada en las conclusiones del Tribunal cabe
señalar que para las Resoluciones expedidas a partir de 1999, el
Tribunal utilizó la NIC Nº 16 (Revisada en 1993), versión anterior a
la que hemos reseñado en el párrafo anterior y que difiere respecto
a esta en cuanto a la redacción empleada mas no en el fondo (como
podemos ver en la comparación realizada).
1. Resolución del Consejo Superior de Contribuciones Nº 4587
del 14 de mayo de 1948.
Se consideran mejoras toda clase de instalaciones efectuadas
en locales de oficinas, incluyendo las estanterías, así como los gastos
de acondicionamiento de un inmueble. Estas no dejan de ser
mejoras por el hecho de efectuarse en locales arrendados. También
se han considerado mejoras los gastos incurridos en estudios y
obras de defensa de un río. En cambio, se han considerado como
gasto deducible las cantidades desembolsadas en la reconstrucción
de un canal y una bocatoma como consecuencia del acercamiento
de un río.
2. Resolución del Tribunal Fiscal Nº 6396 del 21 de julio de
1971.
Los gastos de desmontaje de una antigua línea telefónica para
la colocación de otra no constituyen inversión susceptible de capitalizarse
sino, por el contrario, un gasto deducible.
3. Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17201 del 11 de junio de
1982.
En el caso, se dejó sin efecto un reparo considerando que la
recurrente era propietaria de dos barcos de pesca que tenía en
explotación, para cuyo regular y eficiente actividad requería de un
servicio de mantenimiento que incluía la sustitución de piezas malogradas
o de funcionamiento deficiente. Así, en el dictamen del
vocal informante se indica que los motores y tableros que componen
el reparo constituyen repuestos y no bienes del activo fijo. En
ese sentido, se acepta el gasto deducido.
4. Resolución del Tribunal Fiscal Nº 559-1-2000 del 15 de agosto
del 2000.
La recurrente dedujo como gasto los incurridos para la refacción
de la estructura y tijerales del área de almacén de su empresa,
así como por la refacción de todo su cableado de alta y baja tensión
de los ambientes de dicho almacén, terminales y salida.
Al respecto, el Tribunal indica que atendiendo a que las obras
realizadas por la recurrente estuvieron destinadas a mejorar las
condiciones de su almacén y estas, dada su naturaleza, pasaron a
formar parte integrante del mismo, se tratan de mejoras de carácter
permanente, que de acuerdo al inciso e) del artículo 44º de la
LIR, no son deducibles para la determinación de la renta imponible
de tercera categoría, por lo que el reparo formulado por la Administración
por haber deducido tales mejoras como gastos de mantenimiento
deben mantenerse.
5. Resolución del Tribunal Fiscal Nº 147-2-2001 del 09 de febrero
de 2001. (4)
La Administración reparó la deducción del gasto por adquisiciones
de redes de pesca realizadas por la recurrente, dado que la
Administración considera a dichos bienes activo fijo. Para definir la
controversia, el Tribunal indica que corresponde determinar si las
compras de redes realizada por la recurrente fueron destinadas a
reparar redes o a realizar mejoras en estas, supuesto en el cual no
correspondería deducir como gasto dichas adquisiciones.
Indica el Tribunal que, de acuerdo a la NIC 16 relativa a
Inmuebles, Maquinaria y Equipos, los desembolsos efectuados en
relación a un bien del activo fijo con posterioridad a su adquisición,
deben ser agregados al valor del mismo, cuando sea probable
que la empresa recibirá futuros beneficios económicos superiores
al rendimiento estándar originalmente evaluado, como por ejemplo,
la extensión de su vida útil, el mejoramiento sustancial en la
calidad de la producción obtenida o la reducción de los costos de
producción.
El elemento que permite distinguir si un desembolso relacionado
a un bien del activo fijo preexistente constituye un gasto por
mantenimiento o reparación o una mejora que debe incrementar el
costo computable del mismo, es el beneficio obtenido con relación
al rendimiento estándar originalmente proyectado. Así, si los des-
––––––––
(4) La NIC 16 utilizada en esta interpretación es la NIC 16 (Reestructurada
en 1993) y no la actualmente vigente, en la que, como hemos señalado
reiteradamente en este artículo, existen variaciones de redacción mas no
de fondo.
MAYO 2002 19

INFORME TRIBUTARIO
embolsos originan un rendimiento mayor, deberán reconocerse como
activo, en cambio, si el desembolso simplemente repone o mantiene
su rendimiento original, entonces deberá reconocerse como gasto
del ejercicio.
En el caso evaluado, las redes son activos fijos indispensables
para la actividad pesquera desarrollada por la recurrente, los cuales
están sujetos a deterioro por diversas causas, situación que es
reconocida por las propias normas relativas al Impuesto a la Renta
al establecerle una vida útil de cuatro años a efectos de la depreciación.
Según se aprecia de la actuación de la Administración tanto en
la fiscalización como en la reclamación, ésta no sólo no contó con
un estándar “originalmente evaluado” para usar como referencia,
sino que no determinó si las compras sirvieron para alargar la vida
útil de las redes de pesca o para mejorar la producción o la calidad
de los productos obtenidos, por lo que, en términos de la citada
NIC 16, la Administración no ha acreditado que las adquisiciones
hayan elevado el rendimiento del activo más allá de su estándar
original, no bastando para ello con hacer referencia a la cantidad
adquirida, toda vez que si en la reparación del bien se utilizó gran
cantidad de paños, ello no enervaría la calidad del gasto de las
adquisiciones, a lo que se suma que las adquisiciones pudieron
estar referidas a la reparación de más de una red.
En tal sentido, el Tribunal concluye que la Administración debe
efectuar las verificaciones correspondientes y, de esa forma, determinar
si las adquisiciones reparadas tuvieron como destino la mejora
del rendimiento de las redes existentes, la elaboración de nuevas
redes o simplemente la reparación o “parchado” de las mismas.
Para tal efecto declara Nula e Insubsistente la apelada.
6. Resolución del Tribunal Fiscal Nº 227-1-2001 del 06 de marzo
de 2001.
La Administración reparó los gastos realizados por la recurrente
en bienes y servicios necesarios para la confección, mejora o
reparación de redes de pesca, las que forman parte del activo fijo,
por lo que atendiendo a la naturaleza y calidad de tales bienes, la
Administración consideró que los mismos fueron adquiridos para
realizar mejoras en dichas redes. El Tribunal concluye en consecuencia
que, de conformidad con el inciso e) del artículo 44º de la
LIR, que el reparo al monto de las adquisiciones que habían sido
deducidas como gasto, resulta arreglado a Ley, máxime si se tiene
en cuenta que la recurrente no ha presentado pruebas que desvirtuaran
el indicado reparo. En ese sentido se confirma el reparo.
7. Resolución del Tribunal Fiscal Nº 313-1-2001 del 30 de marzo
de 2001. (5)
La Administración reparó el gasto realizado por el contribuyente
por arreglos y reparaciones en un vehículo generador de renta considerando
que dichos egresos deben considerarse como parte del
activo y no como gastos, mencionando asimismo que se han adquirido
repuestos que han sido instalados en los camiones mediante los
cuales se produce la generación de renta para el contribuyente.
Sobre el particular, el Tribunal indica que teniendo en cuenta
los criterios que ha venido utilizando la jurisprudencia para establecer
cuáles gastos deben ser tratados como inversión y cuáles
como deducibles, se puede concluir que en el primer grupo se encuentran
las sumas gastadas en bienes o mejoras durables que no
se agotan dentro del ejercicio y, en el caso específico de las mejoras,
aquéllas que aumentan el valor del bien o propiedad.
Asimismo señala que en el caso de los gastos que deben ser
considerados deducibles como tales, se ha interpretado en reiterada
jurisprudencia que no se consideran mejoras las sumas gastadas en
repuestos y reparaciones. Así, se indica que en la RTF Nº 17201, el
Tribunal interpretó en un caso de cambio de motores y tableros de
embarcaciones, que estos constituían repuestos necesarios para la
sustitución de piezas malogradas, en razón de su funcionamiento
deficiente, por lo que sus costos eran deducibles como gastos.
Entonces, continuando con la argumentación, se indica que deben
considerarse como mejoras aquellas modificaciones que
incrementan la capacidad y/o condiciones del activo más allá del
rendimiento estándar que tuvieron al adquirirse, en ese sentido los
desembolsos por reparaciones o mantenimiento que se efectúen para
respaldar o mantener los bienes en esas condiciones, al no aumentar
su rendimiento, no pueden ser considerados como mejora.
Sin embargo, para el Tribunal no se requiere únicamente que
se trate de mejoras, sino que éstas sean de carácter permanente, lo
que implica que acompañen toda la vida útil del bien, y en ese
orden de ideas las piezas de recambio ordinario de un vehículo,
como son los repuestos necesarios para su normal funcionamiento,
no pueden considerarse mejoras de carácter permanente.
Finalmente, el Tribunal indica que procede que la Administración
verifique si los servicios contratados por el recurrente, sean
estos reparaciones o modificaciones a sus vehículos, así como los
bienes adquiridos que constituirían gastos deducibles, corresponden
a vehículos que esta última utiliza para el desarrollo de sus
operaciones generadoras de las rentas gravadas.
Se declara, en ese sentido Nula e Insubsistente la apelada para
que la Administración proceda de acuerdo a lo expuesto.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Cabe señalar que entre la jurisprudencia reseñada encontramos
una posición disímil (aunque nos parece insuficientemente sustentada)
en la RTF Nº 227-1-2001 (del 06 de marzo de 2001).
Mas bien, nos adherimos a la posición enunciada por el Tribunal a
través de las RTF´s Nº 147-2-2001 y 313-1-2001.
De lo reseñado, podemos concluir que se consideran mejoras
de carácter permanente a aquellas modificaciones que incrementan
la capacidad y/o condiciones del activo más allá del rendimiento
estándar que tuvieron al adquirirse o, en la redacción empleada
por la NIC Nº 16 (modificada en 1998) actualmente vigente, aquellas
modificaciones que mejoran las condiciones del bien por encima
de la evaluación normal de rendimiento hecha originalmente
para el mismo.
Pero además, para que el carácter de permanente se verifique
efectivamente, las mejoras deben acompañar la mayor parte de la
vida útil del bien (por lo que no se consideran tales a las piezas de
recambio ordinario).
Asimismo, los desembolsos por reparaciones o mantenimiento
que se efectúen para respaldar o mantener los bienes en condiciones
operativas no pueden ser considerados como mejoras.
En cuanto a la clasificación contenida en el Código Civil podemos
señalar que las mejoras de carácter permanente sólo pueden
ser aquellas consideradas de recreo o útiles, mas no las necesarias
puesto que éstas se realizan para reparar los bienes o impedir su
destrucción.
De lo expuesto concluimos que no serán deducibles como gasto
para el cálculo del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría por
constituir mejoras de carácter permanente, aquellos desembolsos
que sirven para realizar modificaciones que incrementan la capacidad
y/o condiciones de un activo.
––––––––
(5) La NIC 16 utilizada en esta interpretación es la NIC 16 (Reestructurada
en 1993) y no la actualmente vigente, en la que, como hemos señalado
reiteradamente en este artículo, existen variaciones de redacción mas no
de fondo.
20
MAYO 2002

PERSPECTIVAS
Régimen del IGV aplicable
al Comercio Electrónico en el Perú
(Primera Parte)
Italo Fernández Origgi (*)
INTRODUCCIÓN
Mediante el presente análisis evaluamos la aplicación de las
normas del Impuesto General a las Ventas –en adelante IGV–,
contenidas en el Decreto Legislativo Nº 821 y su Reglamento D.
S. Nº 029-94-EF, modificado por D. S. Nº 136-96-EF, a las
operaciones del comercio electrónico realizadas o vinculadas a
la jurisdicción del Perú, especialmente en lo que se refiere a la
comercialización de bienes digitalizados.
A fines de este análisis pretendemos dejar un poco de lado
la alusión a la problemática general que ha sido estudiada e
informada con bastante detenimiento en diversos foros, sobre la
aplicación de los impuestos al consumo por las referidas operaciones
del comercio electrónico. Así buscamos determinar la
forma más apropiada de aplicar las normas tributarias del IGV
para quienes hoy en día se dedican al comercio electrónico en
el Perú o, en su caso, estén próximos a iniciar tales actividades.
Una advertencia inicial: si bien el tratamiento tributario de
las operaciones del comercio electrónico aún no está claro, ello
no quiere decir que se deba dejar de aplicar las normas
tributarias vigentes sobre las operaciones que se realicen por
Internet. Al respecto, cabe señalar que la Internet Tax Freedom
Act, o ITFA, por sus siglas, aprobada en Estados Unidos por la
administración del ex presidente Bill Clinton, constituye una prueba
de ello (1) (2) . En dicha norma se establece una moratoria para
la creación de nuevos impuestos a las actividades del comercio
electrónico. Contrario a lo que cree mucha gente, no se establece
una exoneración a las actividades del comercio electrónico,
sino que se dispone una prohibición para regular nuevas formas
de imposición sobre dichas actividades, sea vía la creación
de nuevos impuestos o la implementación de una tasa adicional
sobre los ya existentes (3) .
I. APLICACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS
Nos interesa revisar cuáles son los efectos fiscales que se
presentarían al realizar operaciones comerciales a través de
Internet, de acuerdo a la legislación del IGV en el Perú.
Tres son los supuestos de aplicación del IGV que corresponde
revisar a fines del presente análisis: la venta de bienes mue-
bles en el país, la prestación y utilización de servicios, y la importación
de bienes (4) .
1.1 Venta de bienes muebles en el país – Bienes digitalizados
Para la aplicación de este supuesto de afectación tributaria,
las normas del IGV definen lo que debe entenderse por ventas y
luego establecen qué bienes están comprendidos.
En primer término, debemos tener presente que el artículo
3.a.1 de la Ley del IGV considera como venta “todo acto por el
que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente
de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que
originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las
partes.”
El artículo 2° del Reglamento precisa que se incluye dentro
de la definición de venta “todo acto a título oneroso que conlleve
la transmisión de propiedad de bienes, independientemente
de la denominación que le den las partes, tales como venta
propiamente dicha, permuta, dación en pago, expropiación,
adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales,
adjudicación por remate o cualquier otro acto que conduzca al
mismo fin.” Queda claro, entonces, que para efectos del IGV se
debe entender por venta cualquier operación en el ámbito del
comercio que califique como típica, a fines de los contratos recogidos
en la legislación civil, o atípica, respecto de las cuales
no se ha regulado la causa objetiva del contrato, por la que las
partes intervinientes acuerden la transmisión de determinados
bienes de su propiedad.
De otro lado, se debe considerar que las normas del IGV
también precisan qué se debe entender como bienes a efectos
–––––––
(*) Abogado de la Universidad de Lima, Master en Tributación por la Universidad
de Navarra, España. italofernandez@terra.com.pe.
(1) Ver: BICK, Jonathan. “IMPLEMENTING E-COMMERCE TAX POLICY”. Harvard
Journal of Law and Technology. Verano, 2000.
(2) Recientemente la administración del presidente Geroge Bush ha prorrogado
la vigencia de la ITFA, cambiando su denominación a Internet Tax Non-
Discrimantion Act.
(3) Así se prohíbe la creación de impuestos discriminatorios, es decir que graven
exclusivamente al comercio electrónico; y de impuestos múltiples; es decir,
se restringe la imposición múltiple sobre el comercio electrónico, considerando
que en Estados Unidos existen más de 7,500 jurisdicciones
tributarias.
(4) A efectos del presente análisis se entiende que los intervinientes en el comercio
electrónico son sujetos gravados con el IGV, sea por que son empresas o
por que realizan actividades empresariales con habitualidad (artículo 9 de
la Ley del IGV).
MAYO 2002 21

PERSPECTIVAS
de la aplicación de la definición del concepto de venta. Así, el
literal b) del artículo antes citado precisa que deben entenderse
por bienes muebles “los corporales que pueden llevarse de un
lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos
distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y
similares, las naves y aeronaves, así como los documentos y
títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados
bienes.”
Por su parte, el artículo 2.8 del Reglamento del IGV precisa
que, “no están comprendidos en el inciso b) del Artículo 3° del
Decreto la moneda nacional, la moneda extranjera, ni cualquier
documento representativo de éstas; las acciones, participaciones
sociales, participaciones en sociedades de hecho, contratos
de colaboración empresarial, asociaciones en participación
y similares, facturas y otros documentos pendientes de cobro,
valores mobiliarios y otros títulos de crédito, salvo que la
transferencia de los valores mobiliarios, títulos o documentos
implique la de un bien corporal, una nave o aeronave” (5) .
En consecuencia, los bienes muebles comprendidos en la
aplicación del IGV son todos los corporales, así como algunos
no corporales referidos a derechos de propiedad representados
en títulos y elementos de propiedad intelectual –por ejemplo, el
derecho de autor sobre un programa informático–.
Adicionalmente, para la aplicación del supuesto de venta
de bienes en el país, el artículo 2.1.a del Reglamento del IGV
viene a precisar que se trata de bienes muebles ubicados en el
territorio nacional, sean éstos nuevos o usados, independientemente
del lugar en que se celebre el contrato, o del lugar en que
se realice el pago. Para tales fines se consideran ubicados en el
país no sólo los que se encuentran físicamente en el territorio
nacional, sino también los bienes cuya inscripción, matrícula,
patente o similar haya sido otorgada en el país, aun cuando al
tiempo de efectuarse la venta se encuentre transitoriamente fuera
de él (artículo 1.a del Reglamento del IGV). En el caso de
bienes intangibles se señala que se consideran ubicados en el
territorio nacional cuando el titular y el adquirente se encuentran
domiciliados en el país –(artículo 1.a del Reglamento del
IGV).
De las normas revisadas hasta esta parte tenemos en claro
que se encuentran gravadas con el IGV todas las transferencias
de bienes muebles ubicados física o jurídicamente en el país,
incluyendo a todos los tangibles y a ciertos intangibles (6) .
Nos ocupa, ahora, cómo articular la aplicación de este supuesto
de afectación del IGV a las ventas de bienes digitalizados
a través de Internet. Antes de ello sólo debemos efectuar dos
precisiones. La primera: no nos genera duda alguna la aplicación
del IGV a las ventas de bienes corporales tradicionales, las
cuales se concierten por Internet o por cualquier otro medio no
presencial, puesto que la norma no establece excepción alguna
de aplicación del impuesto por la utilización de medios de ventas
remotos. En estos casos, las empresas deberán continuar
aplicando los procedimientos que habitualmente observan para
el cumplimiento de las obligaciones por el IGV (7) . La segunda: el
proceso de digitalización de bienes implica el convertir un determinado
bien expresado en su forma tradicional, a su expresión
en lenguaje de computadoras, es decir el leguaje binario
(lenguaje de unos y ceros). Es evidente que no pueden ser
digitalizados bienes de sustancia corporal como alimentos o
vestidos.
1. Calificación de la operación de venta de bienes
digitalizados en el país
Entonces nos queda por analizar cómo aplicar el IGV en los
casos en que se realice la venta de bienes digitalizados en el
país. Al respecto, cabe considerar que un bien digitalizado es
sustancialmente el mismo que constituye su versión física o tradicional,
pero convertido al lenguaje binario. Así, el fondo de
la operación en donde se vende un bien digitalizado es
sustancialmente el mismo que en el caso de la venta del bien en
su expresión tradicional. Veamos el caso típico de venta de libros
a través de Internet.
Cuando un sujeto adquiere un libro en formato digital en
Internet y lo recibe a través de una descarga por medios
informáticos, lo que está recibiendo es sustancialmente el mis-
–––––––
(5) Ya en una anterior oportunidad nos hemos pronunciado sobre la inafectación
del IGV sobre las operaciones de venta de dinero digital. En tal sentido
hemos señalado que, “En correspondencia con la estructura impositiva del
impuesto al valor agregado, se puede observar el hecho de que queda fuera
del campo de aplicación del impuesto el dinero, el cual no es considerado
bien corporal a estos efectos. De esta forma, la entrega de dinero digital
constituye un supuesto de inafectación del IGV, dado lo cual no corresponderá
su aplicación a las operaciones que realice el promotor de un sistema
de dinero digital. Cuando la Ley del IGV en su artículo 9° establece quiénes
son los sujetos del impuesto, se refiere a aquellos que efectúen ventas en el
país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y
distribución. Esta norma deja ver la filosofía del impuesto. Esta consiste en la
afectación tributaria del valor agregado en cada etapa del ciclo económico
de comercialización de bienes y servicios. Al respecto, existen autores que
han entendido en el impuesto tipo valor agregado, más un método de recaudación
que un impuesto propiamente dicho. A través de este método se
recaudarían rentas manifestadas en las distintas etapas del ciclo económico
antes aludido. [...] entendemos que, con certeza, se excluye el dinero del
campo de aplicación del IGV en tanto que su entrega no importa la generación
de valor agregado alguno.” FERNÁNDEZ ORIGGI, ITALO. “VENTA DE
DINERO DIGITAL, CONSECUENCIAS EN LA REGULACIÓN TRIBUTARIA
PERUANA”. Revista Electrónica de Derecho Informático. Septiembre 2001.
www.alfa-redi.com.
(6) Respecto de la transferencia de bienes muebles tangibles, el Código Civil,
artículo 947, establece que los mismos se transfieren por su tradición –entrega
física–.
(7) Una vez concertada la venta de los bienes se emitirá el comprobante en el
día de la venta, para entregarlo conjuntamente con los bienes. Ver el artículo
5.1, segundo párrafo, del Reglamento de Comprobantes de Pago: “En el
caso de que la transferencia sea concertada por Internet, teléfono, telefax u
otros medios similares, en los que el pago se efectúe mediante tarjeta de
crédito o de débito y/o abono en cuenta con anterioridad a la entrega del
bien, el comprobante de pago deberá emitirse en la fecha en que se perciba
el ingreso y entregarse conjuntamente con el bien.”
(8) Como bien señala el profesor Alex Córdova, citando la Comunicación (98)
374, de la Comisión de Asuntos Fiscales de la OCDE al Consejo de Ministros,
al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, (Comercio
Electrónico y Fiscalidad Europea; Directrices, Bruselas 1998), a nivel europeo
se ha recomendado considerar como prestación de servicios toda descarga
o download, realizado a través de Internet, en consideración de la
problemática que ocasiona aplicar formas impositivas tradicionales a este
nuevo tipo de operaciones. En: “EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y
EL COMERCIO ELECTRÓNICO”. Revista del Instituto Peruano de Derecho
Tributario. Marzo 2001, Vol. 38.
(9) Ver: CHAN, Clayton. “TAXATION OF GLOBAL E-COMMERCE ON THE
INTERNET: THE UNDERLYING ISSUES AND PROPOSED PLANS”. Minnesota
Journal of Global Trade. Invierno, 2000.
(10) Sobre el alcance de la definición del término «servicios» en el IGV, la RTF
225-5-2000 de 28 de marzo de 2000 precisa que el término «prestación»
debe ser entendido en el ámbito del derecho civil comprendiendo las prestaciones
de dar, hacer y no hacer. Libro VI del Código Civil.
22
MAYO 2002

PERSPECTIVAS
mo bien que hubiese adquirido en una librería tradicional y que
a efectos de darle el uso al que está destinado, muy probablemente
proceda a materializarlo a través de su impresión en papel.
Sin embargo, a efectos de calificar esta operación surge la duda
de considerarla como una prestación de servicios y no como la
venta de un bien –los análisis que a nivel internacional se vienen
desarrollando sobre imposición al consumo y comercio electrónico
se encaminan por esta vía– (8) (9) .
Sobre este punto debemos considerar que, dentro de la Ley
del IGV, un servicio es entendido como toda prestación que un
sujeto realiza para otro por la cual se percibe una retribución
que califica como renta de carácter empresarial, incluyéndose
el arrendamiento y el arrendamiento financiero (artículo 3° inciso
c) de la Ley del IGV).
Este supuesto del IGV implica la ejecución de una obligación
de hacer o no hacer, excluyendo las prestaciones de dar,
las cuales se gravan dentro del supuesto de venta de bienes (10) .
Así, para que se configure la prestación de un servicio, un sujeto
debe ejecutar una prestación de hacer o no hacer a favor de
un tercero, la cual sea retribuida con carácter comercial.
No obstante, no entendemos cuál sería la prestación de hacer
o no hacer, y por tanto el servicio que el proveedor de Internet
brinda al comprador, por la transferencia del archivo en donde
se encuentra el bien digitalizado. Esto aun cuando se entienda
que se trata de un bien intangible y que su entrega no es tal, al
menos en términos tradicionales (11) .
Como hemos visto, en diversos foros de mayor importancia se
ha concluido que, a efectos de la aplicación del IVA, es decir el
IGV en el Perú, se deberá considerar todo tipo de descarga de
bienes digitalizados a través de Internet, como la prestación de
un servicio.
No obstante, el sustento de dicha conclusión no es otro que la
practicidad para la aplicación del tributo y no un análisis consistente
sobre el fondo de cada operación. Si se aplicara dicho precepto
cabe preguntarse qué pasaría si algún vendedor, con el
objeto de lograr mayor eficiencia en sus ventas, en sus locales,
colocara accesos a Internet para que los clientes, luego de dar
una mirada a la tienda, utilicen dichos accesos para adquirir los
mismos bienes que están físicamente en el local y que bien se
podrían adquirir en su expresión material, por la vía de hacer
una descarga en los puntos de venta electrónicos facilitados dentro
de dicho local; ¿aplicaríamos a las ventas electrónicas el tratamiento
de un servicio y a las ventas físicas el tratamiento de una
venta Si los bienes fueran libros, ¿aplicaríamos la exoneración
respectiva a las ventas de los libros físicos, mientras que estaríamos
gravando las descargas de libros digitalizados, a todas
luces la respuesta debe ser negativa. La distinción que se pretende
sustentar no soporta un análisis lógico.
Volviendo a la legislación peruana, podemos señalar que la
definición de bienes muebles del IGV, de plano no descarta una
categoría como es la manifestación digital de bienes tradicionales.
En tal sentido, creemos conveniente que, dependiendo del
tipo de descarga que se realice y de las condiciones de la operación,
se califique la misma como la venta de un bien o como la
prestación de un servicio. Por tanto, cada operación debe ser
tratada en orden a su propio contenido y no ser empaquetada a
priori dentro de una u otra categoría, tal como proponen aquellos
que sostienen la posición de calificar cualquier descarga en
Internet como un servicio.
En el ejemplo planteado, la descarga de un libro digitalizado
a través de Internet dentro de la jurisdicción del Perú, y entre
sujetos establecidos en el Perú, debe ser calificada por su contenido,
esto es por su realidad económica, tal como establece la
Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario. Así, si su
sustancia responde a la transferencia de un bien mueble en el
Perú, se deberá aplicar la afectación respectiva, que en el caso
de libros supone una exoneración –y no la aplicación del supuesto
de prestación de servicios–. De esta forma, entendemos
que en el caso concreto que hemos venido tratando, de venta
de libros digitalizados en el Perú, se deberá aplicar la exoneración
contenida en el Apéndice I de la Ley del IGV.
Queremos precisar aquí que la aplicación de la Norma VIII
del Título Preliminar del Código Tributario no debe ser
malentendida. No se trata de aplicar una interpretación económica
de la norma. Lo que se debe entender es que el intérprete
de la norma, a efectos de aplicar ésta, debe calificar los hechos
relevantes por su real contenido económico, es decir por su realidad
económica (12) . Lo cierto es que la interpretación propiamente
dicha de la norma jurídica es anterior a la calificación de
los hechos sobre los cuales se va a aplicar, y que no debe ser
ampliada o recortada en su alcance por interpretaciones distintas
a las admitidas en el Derecho.
Para ilustrar este tema podemos ver el caso de la cesión de
derechos de autor de un determinado software. Qué pasaría si
el acuerdo suscrito entre las partes para la cesión de un programa
de computadora estipula que la cesión se efectúa con el
único propósito de utilización por el cesionario, de acuerdo a
las condiciones de uso normal del bien, y que dicho sujeto se
encuentra impedido de efectuar modificaciones no autorizadas
por el proveedor, y de ceder a terceros el derecho adquirido. En
este caso, lo que la operación encierra es una licencia de uso
del bien y no la cesión del derecho –aun cuando la letra del
acuerdo así lo indique–. En este caso, al aplicar la Norma VIII
se deberá gravar la licencia de uso del bien y no la cesión de un
intangible.
Debemos precisar que la expresión digital de un bien determinado,
no constituye en sí un nuevo bien, sino una traducción
de su propia sustancia. Esta traducción electrónica tiene por
objeto el aprovechamiento de un nuevo medio de
comercialización o, en general, de transmisión, como es la red
de Internet. Al entender esta concepción se puede dejar de lado
categorizaciones a priori y ocuparse del real contenido de cada
operación.
––––––––
(11) Se debe tener presente que la transferencia de bienes intangibles como
son, por ejemplo, programas informáticos, no se realiza por su tradición
tal como es en el caso de bienes corporales, ya que estos bienes carecen
de sustancia material.
(12) En el derecho comparado vemos que en los Estados Unidos este precepto
se reconoce como el principio de la sustancia sobre la forma y es materia
de constante aplicación por los jueces en el campo de lo tributario. Así,
este mecanismo se aplica conjuntamente con la teoría de las “Step
Transactions”, para determinar el verdadero contenido económico de la
operación. Ver: SCHWARZ, Stephen y LATHORPE, Daniel. “CORPORATE
AND PARTNERSHIP TAXATION”. Black Letter Series. West Group.
Minnesota, 1997.
MAYO 2002 23

CASUÍSTICA
Casos Prácticos
RESIT
PREGUNTA:
Una empresa exportadora de productos
minerales obtuvo la devolución
del IGV por parte de SUNAT; sin embargo,
posteriormente, a través de la
fiscalización correspondiente se determinó
que el monto devuelto había sido
calculado en exceso. Dada dicha situación
se nos pregunta si se pueden acoger
al RESIT las deudas por concepto
de devoluciones en exceso realizadas
por SUNAT.
RESPUESTA:
El Régimen de Reactivación a través
del Sinceramiento de las Deudas Tributarias
– RESIT fue establecido por la Ley
Nº 27681 y reglamentado por el D. S.
Nº 064-2002-EF. En el marco jurídico
de este beneficio se consideró como
deuda acogible a la definida en el artículo
2° de la Ley, esto es, las deudas
por tributos cuya recaudación o administración
estén a cargo de las instituciones
mencionadas en el artículo (SU-
NAT, ADUANAS, etc.).
Si bien como mencionamos en el
párrafo anterior se indicaba que sólo
podían acogerse “las deudas por tributos”,
se entendió que a lo que se refería
la ley era a las deudas tributarias en
general, concepto que comprende al
primero pues se trata de las deudas por
tributos, intereses y multas relacionadas
con dichos tributos.
La conclusión enunciada partía de
que expresamente en artículos posteriores
de la Ley se mencionaba como acogibles
a las multas, intereses, recargos
y reajustes (estos dos últimos se tratan
de modalidades de intereses que ya no
están vigentes en la legislación actual).
Además, la Ley contempló como
acogibles a otros conceptos no tributarios
tales como las costas y gastos relacionados
con el procedimiento de co-
branza coactiva. Mas aún, en el Reglamento,
aunque de manera ilegal, se contemplaron
como deudas acogibles a
diversas multas que no tenían naturaleza
tributaria, sino administrativa.
Pues bien, la pregunta planteada
consiste en si las deudas por devoluciones
en exceso pueden acogerse al RE-
SIT, para solucionarla debemos revisar
la legislación establecida respecto a las
devoluciones.
Para el caso de autos, la legislación
aplicable es la contenida en el artículo
36° de la Ley del IGV e ISC, cuyo TUO
fue aprobado por D. S. Nº 055-99-EF;
en este artículo se indica que “Tratándose
de saldos a favor cuya devolución
hubiese sido efectuada en exceso, indebidamente
o que se torne en indebida,
su cobro se efectuará mediante compensación,
Orden de Pago o Resolución
de Determinación, según corresponda;
siendo de aplicación la Tasa de Interés
Moratorio y el procedimiento previsto
en el artículo 33° del Código Tributario,
a partir de la fecha en que se puso
a disposición del solicitante la devolución
efectuada”.
En efecto, de lo que se trata en este
caso es de un monto que fue entregado
al contribuyente por concepto de saldo
a favor del exportador, pero que meses
después, cuando se realizó la fiscalización
se comprobó que dicho monto había
sido entregado en exceso por lo que
el contribuyente debía devolver el exceso
entregado.
Esto es, un monto que debería haberse
mantenido como parte del Tesoro
Público, fue entregado de manera incorrecta
al contribuyente. En tal sentido,
este monto debe ser compensado con
los intereses correspondientes hasta el
momento de su devolución al Estado.
La obligación de pago que surge por
esta situación ya no constituye un tributo
(no surge por la realización de un
hecho imponible definido legislativamente)
por pagar, sino se trata mas bien
de un monto que le corresponde al
Estado como consecuencia de una
acreencia financiera, como un préstamo
que hubiera sido efectuado al
contribuyente.
En ese sentido, consideramos que
el pago que los contribuyentes deben
efectuar por devoluciones indebidas
no puede acogerse al RESIT dado que
no constituye deuda tributaria, costas
o gastos del procedimiento de cobranza
coactiva, ni tampoco deuda de naturaleza
administrativa comprendida
en el ámbito del RESIT (ésta última
para casos específicos indicados por
el Reglamento).
IMPUESTO A LA RENTA DE NO
DOMICILIADOS
PREGUNTA:
Nos consultan si son deducibles
para el Impuesto a la Renta los siguientes
gastos:
a) Hospedaje y viáticos en el país
de directores extranjeros que vienen
a junta de directores realizada
en el país
b) Hospedaje y viáticos en el país
de diseñadores gráficos extranjeros
c) Hospedaje y viáticos en el país
de “modelos” extranjeras que
vienen a sesión de fotos y desfile.
RESPUESTA:
Respecto a la primera consulta debemos
indicar que los directores de una
empresa no son considerados trabajadores
dependientes básicamente porque
no realizan actividades bajo un horario
de frecuencia diaria y porque, sobre
todo, no trabajan en relación de
subordinación (son ellos los que definen
las políticas a adoptar por la empresa).
El Directorio, conforme el artículo
24
MAYO 2002

CASUÍSTICA
153° de la Ley General de Sociedades
(LGS) es un órgano colegiado que debe
ser elegido por la Junta General. El artículo
159° del mismo cuerpo legal indica
que el cargo de Director es personal,
salvo que el Estatuto autorice la representación.
Para cumplir las obligaciones derivadas
de su cargo, los directores deben
concurrir a las sesiones de Directorio a
las que son convocados, las que pueden
ser ordinarias u extraordinarias. En
dichas sesiones se definen las medidas
a adoptar por la empresa. En ese sentido
la concurrencia de los directores es
importantísima para que se pueda arribar
a acuerdos en cuyo marco se definirán
las estrategias para generar rentabilidad
para la empresa.
Por el trabajo que realizan, los Directores
perciben una retribución conforme
lo indica el artículo 166° de la
LGS y esta retribución de acuerdo a la
normatividad del Impuesto a la Renta
constituye renta de cuarta categoría. Si
los directores no domiciliados tuvieran
que asumir los gastos de pasajes y viáticos
necesarios para poder concurrir a
las sesiones de Directorio, estarían obligados
a percibir efectivamente retribuciones
menores que las percibidas por
los directores residentes en el país.
En consecuencia, consideramos que
el gasto incurrido por hospedaje y viáticos
en el país para los directores extranjeros
que vienen a la junta de directores
realizada en el país cumple el
principio de causalidad y, por tanto, es
deducible para la determinación del Impuesto
a la Renta de tercera categoría.
De otro lado, en cuanto a la segunda
y tercera consulta, respecto a los diseñadores
y modelos extranjeras, podría
tratarse de rentas de cuarta o de
quinta categoría (en este último capaz
la denominada cuarta-quinta, conforme
al inciso e) del artículo 34° de la Ley del
Impuesto a la Renta) dependiendo de
las características de la situación concreta.
En este caso, dichos trabajadores
vienen a cumplir labores específicas
y temporales destinadas a la promoción
publicitaria de la imagen de la empresa
y de sus productos. Dicha actividad
evidentemente redundará en la generación
de rentas de la misma, en ese
sentido estos gastos son deducibles para
efectos del Impuesto a la Renta de tercera
categoría.
Finalmente, consideramos que en
ninguna de las situaciones descritas los
gastos asumidos por pasajes y viáticos
constituyen mayor renta para los beneficiarios,
siendo recomendable que el
destino de los gastos quede debidamente
sustentado mediante los comprobantes
de pago respectivos, contratos y documentos
internos de la empresa que
detallen los motivos del gasto y los sujetos
y actividades a los que se destinó
dicho gasto.
INTERESES DE NO DOMICILIA-
DOS
PREGUNTA:
Una sucursal domiciliada obtiene financiamiento
de su casa matriz por el
cual debe pagar intereses. La empresa
matriz se encuentra ubicada en Colombia.
Se nos pregunta si en este caso es
de aplicación el Convenio para evitar
la doble tributación entre los países firmantes
del Acuerdo de Cartagena.
Asimismo, la sucursal domiciliada
asume el impuesto que se paga en Colombia
por los intereses que recibe la
empresa colombiana: ¿el monto de este
impuesto asumido formará parte de la
base imponible para efectuar la retención
del Impuesto a la Renta ¿será deducible
del Impuesto a la Renta el monto
del impuesto que se paga en el extranjero
RESPUESTA:
En primer lugar analizaremos la
aplicación al presente caso del convenio
para evitar la doble tributación del
Acuerdo de Cartagena. El indicado convenio,
fue aprobado por Decreto Ley Nº
19535 del 19 de setiembre de 1979, y
es aplicable sólo respecto de los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio
que deban tributar las personas naturales
o jurídicas domiciliadas en cualquiera
de los países miembros del
Acuerdo de Cartagena, entre los cuales
están Perú y Colombia. En ese sentido
quedan excluidos de este convenio
los impuestos que gravan el consumo.
En lo referido al Impuesto a la Renta,
el artículo 7° del Convenio menciona
que los beneficios resultantes de las
actividades empresariales sólo serán
gravados por el país miembro donde
éstas se hubieran efectuado. En el presente
caso específico, es evidente que
el beneficio es generado en el Perú, ya
que los intereses que se pagan son generados
por la colocación del capital
en este país. Asimismo, el artículo 10°
del referido convenio, que regula el tratamiento
a los intereses provenientes de
créditos del exterior señala que estos intereses
sólo serán gravables en el país
miembro en cuyo territorio se haya utilizado
el crédito. En el presente caso, el
país donde se ha utilizado el crédito es
el Perú y por ello sólo en el Perú deberían
estar gravados dichos intereses, debiendo
la sucursal domiciliada retener
el Impuesto a la Renta por los intereses
pagados a la empresa matriz domiciliada
en Colombia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 76° y 56°
de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo
TUO fue aprobado por D. S. Nº 054-
99-EF, (en adelante la LIR). Caso distinto
será el de los impuestos al consumo
que graven los intereses, que podrán ser
aplicados por ambos países. Debemos
tener en cuenta, que en el presente caso
la tasa del Impuesto a la Renta será del
30 por ciento conforme a lo establecido
por el inciso e) del artículo 56° de la
LIR, al tratarse de empresas vinculadas
En lo que se refiere a la base imponible
para efectuar la retención por concepto
de intereses, el tercer párrafo del
artículo 26° de la LIR señala que “en
todo caso se considerará interés, la diferencia
entre la cantidad que recibe el
deudor y la mayor suma que devuelva,
en tanto que no se acredite lo contrario.”
Asimismo, conforme a lo señalado
por el inciso a) del artículo 10° de la
LIR se consideran rentas de fuente peruana
gravadas con el impuesto a la
renta “los intereses, comisiones, primas
y toda otra suma adicional al interés
pactado por préstamos, créditos o, en
general, cualquier capital colocado o
utilizado económicamente en el país”.
En el presente caso, consideramos que
en aplicación de las normas mencionadas
se deberá efectuar la retención sobre
el total del importe abonado, incluyendo
el que corresponde al impuesto
colombiano, puesto que dicho importe
MAYO 2002 25

CASUÍSTICA
está directamente vinculado con el préstamo
otorgado.
En lo que se refiere a la deducibilidad
del importe correspondiente al impuesto
colombiano consideramos que
éste será deducible de conformidad con
lo dispuesto con el inciso a) del artículo
37° de la LIR que señala que son deducibles
tanto los intereses de deudas como
los gastos originados por la constitución,
renovación o cancelación de las mismas
y dentro de los límites establecidos en
dicho artículo.
SANCIONES
PREGUNTA:
Dentro de un procedimiento de fiscalización
del ejercicio 2001 realizado
por SUNAT, una empresa no pudo exhibir
su libro kardex puesto que en dicho
ejercicio omitió llevarlo. Como consecuencia,
la Administración Tributaria
le impuso dos sanciones: la primera tipificada
en el numeral 1) del artículo
175° del Código Tributario, es decir
omitir llevar los libros de contabilidad,
u otros libros o registros exigidos por
las leyes; y a su vez la segunda sanción
tipificada en el numeral 1) del artículo
177° que prescribe que constituye infracción
no exhibir los libros, registros
u otros documentos que ésta solicite.
En este caso, ¿se configuraría el concurso
de infracciones contemplado en
el artículo 171° del Código Tributario
¿Es correcta la imposición de ambas
sanciones
RESPUESTA:
Para saber si estamos ante este supuesto,
primero definiremos el concurso
de infracciones .
El artículo 171° del Código Tributario
refiere que cuando por un mismo
hecho se incurra en más de una infracción,
se aplicará la sanción más grave.
En este caso, el contribuyente ha
cometido una infracción por omitir llevar
los libros y registros (kardex) de
contabilidad, incurriendo en la falta tipificada
en el numeral 1) del artículo
175° del Código. Pero la Administración,
también le aplica otra sanción por
no exhibir los libros y registros (kardex),
cuando éstos fueron requeridos.
Sobre el particular, consideramos
que no pueden aplicarse las dos sanciones,
pero tampoco estamos ante el
concurso de infracciones señalado en
el artículo 171°. Nos explicamos; no estamos
frente al concurso de infracciones
como lo describe el Código, ya que
si bien es cierto que la omisión de llevar
los libros contables constituye hecho sancionable,
este hecho no hace que se incurra
en más de una infracción como lo
sostiene la Administración, ya que es
obvio que si el contribuyente no llevó
ningún libro o registro como lo exige la
ley, estaba imposibilitado de exhibirlo.
Constituye un presupuesto lógico para
la omisión de la infracción tipificada en
el numeral 1) del artículo 177° del Código
Tributario que existan los libros
contables al momento que se solicitan,
puesto que es imposible exhibir un registro
o libro que no existe. La posibilidad
física para que el contribuyente lo
exhiba es nula, por lo que es evidente
que el hecho de no llevar libros ni registros
por parte del contribuyente no
se encuentra dentro del supuesto del
numeral 1 del artículo 177°, siendo imposible
que nos encontremos ante un
caso donde se presenta un concurso de
infracciones. En consecuencia, el hecho
cometido configura una sola infracción,
la cual es no llevar libros ni registros
(kardex).
Sobre el tema, el Tribunal Fiscal se
ha pronunciado en reiteradas ocasiones,
como en la RTF Nº 749-4-98, donde
menciona que el hecho de no utilizar
determinado libro (es decir, omitir
llevarlo), origina su no presentación,
vale decir, su imposibilidad de enseñarlo,
pero no determina la comisión de la
infracción por no exhibición del mismo,
puesto que la naturaleza jurídica de no
exhibir un libro, registro u otro documento
(como el kardex) solicitado, implica
una conducta de resistencia y obstaculización
al control de la Administración
Tributaria. En este caso, en aplicación
del criterio establecido por el Tribunal
Fiscal, podemos decir que para
que se configure la comisión de la infracción
por no exhibir el libro kardex ,
debe presentarse una situación de resistencia
y obstaculización al control de
la Administración, esto es, tener el libro
y no enseñarlo por cualquier razón que
el contribuyente haya tenido, puesto que
es lógico que si el contribuyente no llevó
en todo el ejercicio el libro kardex,
nunca pudo exhibirlo porque era imposible
exhibir un libro que nunca llevó.
Asimismo, en otra RTF, el Tribunal fue
mucho más enfático en este tema. La RTF
aludida es la Nº 752-5-96, en el caso,
el auditor tributario solicitó al contribuyente
la presentación de la Autorización
de Impresión de Comprobantes de
Pago, documento que no tenía el contribuyente
dado que no la había presentado;
en esta situación, se le impuso
una sanción por haber cometido la
infracción prevista en el numeral 1) del
artículo 177° del Código Tributario consistente
en no exhibir la documentación
solicitada por la Administración. Al respecto,
el Tribunal concluyó que dicha
infracción se configura siempre que el
contribuyente habiendo cumplido con
presentar la documentación no la exhibe
mas no cuando por no haberla presentado
se encuentra en imposibilidad
física de exhibirla.
Es claro entonces, que en este tipo
de hechos no sólo no hay un concurso
de infracciones, como lo hemos sostenido
desde el principio en el presente
caso, sino que ambas infracciones no
podrían cometerse conjuntamente debido
a que la comisión de una de ellas
excluye a la otra. Veamos, si se omite
llevar los libros y registros, se cometerá
la infracción del numeral 1) del artículo
175° del Código, pero nunca la infracción
del numeral 1) del artículo
177°, el mismo que se refiere a la no
exhibición de los libros y, viceversa; es
decir la no exhibición de un libro, implica
la existencia del mismo, por lo
tanto no se habrá cometido la infracción
por no llevar los libros y registros,
pero eventualmente podría cometerse
la infracción por no exhibirlos. Como
vemos es imposible que se puedan cometer
conjuntamente las infracciones
objeto de análisis, procediendo que en
este caso se aplique sólo la sanción correspondiente
por omitir llevar los libros
y registros contables tipificada en el artículo
175°, numeral 1), del Código Tributario.
26
MAYO 2002

CONSULTA INSTITUCIONAL
Impuesto a la Renta y
Operaciones con No Domiciliados
• INTERESES POR CRÉDITOS CONCEDIDOS POR RESI-
DENTES EN PARAÍSOS FISCALES
INFORME Nº 047-2002-SUNAT/K000000
Lima, 31 de enero de 2002
MATERIA:
Mediante Carta P. 076, la Asociación de Exportadores
del Perú-ADEX consulta si los intereses por créditos bancarios
obtenidos en países de baja o nula imposición califican
como servicios, para efecto de lo dispuesto en el inciso m)
del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
a la Renta, modificado por la Ley Nº 27356.
BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la
Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-99-
EF y normas modificatorias (TUO de la Ley del Impuesto
a la Renta).
– Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, y normas
modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta).
ANÁLISIS:
De acuerdo con el inciso m) del artículo 44° del TUO de
la Ley del Impuesto a la Renta, incorporado por la Ley Nº
27356, no son deducibles para la determinación de la renta
neta imponible de tercera categoría los gastos de servicios,
transferencia de intangibles, cesión de derechos o cesión en
uso de bienes ubicados fuera del territorio nacional, correspondientes
a operaciones realizadas, directa o indirectamente,
con personas o entidades residentes en países o territorios
de baja o nula imposición (1) , o que se paguen a través
de personas o entidades residentes en los mismos.
Por su parte, el inciso a) del artículo 28° del TUO de la
Ley del Impuesto a la Renta, señala que son rentas de tercera
categoría, entre otras, las derivadas de la prestación de servicios
comerciales, industriales o de índole similar, como transportes,
comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos,
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras,
seguros, fianzas y capitalización.
Como se podrá apreciar, las actividades realizadas por
los bancos y financieras califican, para efectos del TUO de
la Ley del Impuesto a la Renta, como prestaciones de servicios;
razón por la cual los intereses obtenidos por dichas
entidades, para efecto de la legislación del Impuesto a la
Renta, deben considerarse como la contraprestación por un
servicio de crédito.
En ese sentido, la prohibición contenida en el inciso m)
del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
para deducir los gastos de servicios, incluye también a los
intereses por créditos obtenidos de empresas bancarias o
financieras residentes en países o territorios de baja o nula
imposición, o que se paguen a través de dichas empresas,
toda vez que los citados intereses constituyen la retribución
por la prestación de un servicio.
CONCLUSIÓN:
Los intereses por créditos bancarios otorgados por empresas
residentes en países o territorios de baja o nula imposición,
o pagados a través de dichas empresas, se consideran
como gasto por servicios y, por tanto, se encuentran contenidos
dentro de los alcances del inciso m) del artículo 44°
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Atentamente,
EDWARD VÍCTOR TOVAR MENDOZA
Intendente Nacional Jurídico
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA-SUNAT
–––––
(1) Se consideran países o territorios de baja o nula imposición a los incluidos
en el Anexo aprobado por el Decreto Supremo Nº 045-2001-EF, así como
aquellos donde la tasa efectiva del Impuesto a la Renta sea 0% o inferior en
un 50% o más a la que correspondería en el Perú sobre rentas de las misma
naturaleza y que, adicionalmente, presente al menos una de las siguientes
características:
a) Que no esté dispuesto a brindar información de los sujetos beneficiados
con gravamen nulo o bajo.
b) Que en el país o territorio exista un régimen tributario particular para
no residentes que contemple beneficios o ventajas tributarias que excluya
explícita o implícitamente a los residentes.
c) Que los sujetos beneficiados con una tributación baja o nula se encuentren
impedidos explícita o implícitamente, de operar en el mercado doméstico
de dicho país o territorio.
d) Que el país o territorio se publicite a sí mismo, o se perciba que se
publicita a sí mismo, como un país o territorio a ser usado por no residentes
para escapar del gravamen en su país de residencia.
MAYO 2002 27

CONSULTA INSTITUCIONAL
• RETENCIÓN POR RENTAS PAGADAS A NO DOMICI-
LIADOS
OFICIO Nº 019-2000-KC0000
Lima, 10 de marzo de 2000
Señor
JORGE CHIAN CHONG
Gerente General de la
Cámara de Comercio de Lima
Presente.-
Ref.: Carta GG/009-00/GL
Es grato dirigirme a usted en atención al documento de
la referencia mediante el cual formula las siguientes consultas:
1. ¿El segundo párrafo del artículo 76° de la Ley del
Impuesto a la Renta, únicamente se aplica cuando se
contabiliza como gasto o costo facturas (rentas empresariales)
emitidas por contribuyentes no domiciliados
2. ¿En las rentas distintas a la tercera categoría, a favor
de contribuyentes no domiciliados, la obligación de
retener y pagar al fisco el impuesto nace en las oportunidades
en las que realmente se paga la retribución
al no domiciliado
En cuanto a ambas consultas cabe manifestarle lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76° del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF, las personas
o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domiciliados
rentas de cualquier naturaleza, deberán retener y
abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos
previstos por el Código Tributario para las obligaciones de
periodicidad mensual, los impuestos a los que se refieren los
artículos 54° y 56° de la citada Ley, según sea el caso (1) .
Asimismo, en su segundo párrafo el referido artículo establece
que los contribuyentes que contabilicen como gasto
o costo las regalías, servicios, cesión en uso u otros de naturaleza
similar, facturados por no domiciliados, deberán abonar
al fisco el monto equivalente a la retención en el mes en
que se produzca su registro contable, independientemente si
se paga o no las regalías o servicios a los no domiciliados.
Adicionalmente indica que dicho pago se realizará en el
plazo previsto en el primer párrafo de dicho artículo.
De las normas antes glosadas podemos afirmar que el
primer párrafo del artículo 76°, contempla las disposiciones
generales relacionadas con la retención del Impuesto a la
Renta que debe efectuarse a los no domiciliados, así como el
respectivo abono al fisco; señalándose que dicha retención
debe efectuarse cuando se pague o acredite rentas de cualquier
naturaleza a no domiciliados.
En cuanto al segundo párrafo, en él se dispone como una
excepción a lo antes indicado, que los contribuyentes que
contabilicen como gasto o costo las regalías, servicios, cesión
en uso u otros de naturaleza similar, facturados por no
domiciliados, deberán abonar al fisco el monto equivalente
a la retención en el mes en que registren dichos conceptos,
aun cuando no los hayan pagado.
Ahora bien, habida cuenta que el citado segundo párrafo
no hace distingo alguno, entendemos que su aplicación
no se encuentra limitada a las regalías, servicios, cesión en
uso u otros similares que califiquen como rentas de tercera
categoría, sino que alcanza a dichos conceptos aun cuando
la renta generada por éstos fuera de otra categoría.
Adicionalmente, entendemos que cuando en la norma
antes citada se utiliza el término «facturados por no domiciliados»,
no se está haciendo referencia a un comprobante
de pago en particular, tan es así que en el último párrafo del
artículo 39° del Reglamento del Impuesto a la Renta, aprobado
por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, el mismo que ha
sido incorporado por el artículo 20° del Decreto Nº 194-99-
EF, se establece que los contribuyentes que efectúen las operaciones
señaladas en el segundo párrafo del artículo 76°
con no domiciliados, deberán cumplir con abonar la retención
en el mes en que se realiza el registro contable de dichas
operaciones, sustentada en el comprobante de pago
emitido de conformidad con el reglamento respectivo o, en
su defecto, con cualquier documento que acredite la realización
de aquéllas.
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos
de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,
MÓNICA PATRICIA PINGLO TRIPE
Gerente-Gerencia de Dictámenes Tributarios
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA
––––––––––
(1) Cabe señalar que el mencionado artículo 54° dispone que las personas
naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas en el país, calcularán su
impuesto aplicando la tasa del 30% a las pensiones o remuneraciones por
servicios personal cumplidos en el país, regalías y otras rentas. Asimismo, el
artículo 56° establece las tasas del Impuesto a la Renta, aplicables a las
personas jurídicas no domiciliadas.
NOTA DEL EDITOR: Aunque el Oficio fue absuelto antes de la dación de la
Ley Nº 27356 (que modificó el artículo 71° de la Ley del Impuesto a la
Renta), sigue manteniendo vigencia.
28
MAYO 2002

JURISPRUDENCIA COMENTADA
IR: Intereses y Comisiones registrados en
la Cuenta de Ingresos en Suspenso
RTF Nº: 10240-4-2001
EXPEDIENTE Nº: 3537-2001
INTERESADO: CAJA RURAL CRUZ DE CHALPÓN S.A.
ASUNTO: Impuesto a la Renta
PROCEDENCIA: Lambayeque
FECHA: Lima, 20 de diciembre de 2001
VISTA la apelación interpuesta por CAJA RURAL CRUZ DE
CHALPÓN S.A. contra la Resolución de Intendencia Nº 075-4-
04513/SUNAT de fecha 25 de junio de 2001 emitida por la Intendencia
Regional Lambayeque de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria que declaró improcedente la reclamación
interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nºs 072-03-
0000697, 072-03-0000698, 072-03-0000699, 072-03-0000700
y 072-03-0000701 por pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de
los meses de febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre de
1999 y contra la Resolución de Determinación Nº 072-03-0000727
sobre regularización del Impuesto a la Renta correspondiente al
mismo ejercicio y la Resolución de Multa Nº 072-02-0000958 por
incurrir en la infracción consistente en declarar cifras o datos falsos
u omitir circunstancias que influyan en la determinación del pago
de regularización del Impuesto a la Renta de dicho ejercicio.
CONSIDERANDO:
Que la Administración emitió los valores materia de autos por
concepto de intereses devengados no reconocidos como ingresos
(contabilizados en las cuentas de «Ingresos en Suspenso»), provisiones
genéricas no incluidas en la base imponible, donaciones y
gastos no devengados;
Que el asunto en que se centran las partes está referido a la
inclusión, en la base imponible del Impuesto a la Renta, así como
en los ingresos para efectos de los pagos a cuenta del mismo, de
los intereses contabilizados por la recurrente, en cumplimiento de
las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (S.B.S.),
en la cuenta del pasivo denominada «Ingresos en Suspenso»;
Que de la revisión del expediente se tiene que la Administración,
a fin de efectuar la liquidación del reparo, no solamente restó
al saldo final mensual y anual correspondiente a las cuentas de
ingresos en suspenso, el saldo inicial de las mismas, agregándole
el importe correspondiente a los ingresos de ejercicios anteriores
que salieron de tal situación, sino que, en la misma forma, consideró
los ingresos contabilizados en la cuenta «Intereses en Cobranza
Judicial» (8114 y 8124) en moneda nacional y extranjera, obteniendo
así el monto total del reparo, por lo que el pronunciamiento
debe incluir ambos rubros;
Que para resolver la controversia debe dilucidarse si tales intereses
originados por créditos vencidos y en cobranza judicial constituyen
renta del ejercicio y, si en todo caso, dada su situación de
vencidos y en cobranza judicial, pueden deducirse como gasto;
Que los intereses y comisiones que se registran en las cuentas
«Ingresos en Suspenso» y en «Cobranza Judicial» son los provenientes
de créditos concedidos en situación de vencidos que, al constituir
un rendimiento por la colocación de capitales, en este caso de
una entidad financiera, se encuentran gravados con el Impuesto a
la Renta de tercera categoría en la medida que se van produciendo
(inciso a) del artículo 1° de la Ley del Impuesto a la Renta aprobada
por Decreto Legislativo Nº 774), imputándose al ejercicio en que se
devenguen (inciso a) del artículo 57° de la misma Ley);
Que adicionalmente se tiene que salvo la deducción de los gastos,
para los ingresos por servicios financieros (intereses y comisiones)
dicha Ley no ha previsto deducciones adicionales respecto de
la renta bruta;
Que si se atendiera al párrafo 7 del capítulo IV de la Resolución
S. B. S. Nº 572-97, según el cual los «intereses y comisiones (en
suspenso) serán reconocidos en la cuenta de resultados sólo cuando
sean efectivamente percibidos», se entraría en conflicto con el
mencionado artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, que
establece el criterio de lo devengado para las rentas de tercera
categoría, en contraposición al criterio de lo percibido;
Que en tal sentido, se concluye que las normas de la S.B.S. que
permiten a la recurrente el diferimiento de sus intereses vencidos y
en cobranza judicial no tienen incidencia tributaria, por lo que deben
imputarse al ejercicio en que se devengaron;
Que de conformidad con el artículo 85° de la Ley del Impuesto
a la Renta, los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría
abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la
Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable,
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales
que determinarán aplicando a los ingresos netos obtenidos
en el mes, ya sea un coeficiente de acuerdo con el inciso a) de
dicho artículo o un porcentaje, de acuerdo con el inciso b) del mismo;
Que asimismo el tercer párrafo del precitado artículo establece
que se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de
la tercera categoría, devengados en cada mes menos las devoluciones,
bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza
similar que respondan a la costumbre de la plaza;
Que por lo expuesto, al ser los intereses por créditos vencidos y
en cobranza judicial ingresos gravables de la tercera categoría, no
aceptándose deducción alguna salvo para las devoluciones, bonificaciones,
descuentos y demás conceptos de naturaleza similar (en
la enajenación de bienes), la recurrente debía incluirlos en la determinación
de sus pagos a cuenta, por lo que las Resoluciones de
Determinación Nºs. 072-03-0000697, 072-03-0000698, 072-03-
0000699, 072-03-0000700 y 072-03-00000701 se encuentran
arregladas a derecho;
Que en relación con el Impuesto a la Renta anual, si bien los
intereses por créditos vencidos deben imputarse al ejercicio en que
se devenguen, de conformidad con el artículo 37° de la Ley del
Impuesto a la Renta citada anteriormente, son deducibles de la renta
bruta de tercera categoría los gastos necesarios para producirla
y mantener su fuente, entre los que se señalan las provisiones específicas
de las instituciones del sistema financiero;
Que efectivamente, de acuerdo con el inciso h) del artículo 37°
de la Ley del Impuesto a la Renta aprobada por Decreto Legislativo
Nº 774, sustituido por el artículo 10° de la Ley Nº 26731, publica-
MAYO 2002 29

JURISPRUDENCIA COMENTADA
da el 31 de diciembre de 1996, para establecer la renta neta de
tercera categoría de empresas del Sistema Financiero Nacional son
deducibles de la renta bruta las provisiones específicas que no formen
parte del patrimonio efectivo, que ordene la Superintendencia
de Banca y Seguros, con excepción de las que correspondan a los
créditos y otros activos clasificados como normal;
Que el inciso e) del artículo 21° del Reglamento de dicha Ley,
aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, señala que las asignaciones
deducibles a que se refiere el inciso h) del artículo 37° de
la Ley, son las que por su naturaleza están destinadas a la cobertura
de riesgos o gastos relacionados con la actividad gravada, no
encontrándose comprendidas las reservas que deben constituir los
bancos, las empresas financieras y las compañías de seguros, de
conformidad con las leyes que refieren su actividad;
Que la generación de rentas por la colocación de capital, lleva
inherente como gasto aquellas erogaciones destinadas a mantenerlo,
reponiendo el capital que se pierde como resultado de los
impagos, de tal manera que así se pueda mantener la fuente;
Que el tratamiento contable establecido con fines específicos,
no necesariamente tributarios, no puede desvirtuar el principio expuesto,
más aún cuando la Ley del Impuesto a la Renta no prohíbe
expresamente la deducción de los intereses por créditos y comisiones
en situación de vencidos, siendo la regla general que son aceptables
los gastos, salvo que ello se prohíba o limite expresamente,
tal como ocurre con los créditos clasificados como «normal»;
Que en conclusión, el concepto de provisiones específicas utilizado
por el inciso h) del artículo 37° no puede entenderse que se
refiere solamente a los créditos, sino a sus respectivos intereses,
excluyendo a los clasificados como normales;
Que ello no implica que se incluya dentro de ese concepto a las
provisiones genéricas, toda vez que cuando la Ley Nº 26731 modifica
el inciso h) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta e
introduce el concepto de provisión específica, ya había sido promulgada
la Ley de Bancos con la distinción entre provisiones genéricas
y específicas, siendo clara la intención del legislador de que
no sean deducibles las primeras para efecto del régimen general
del Impuesto a la Renta;
Que la misma línea de razonamiento planteada para los Intereses
y Comisiones contabilizados como «Ingresos en Suspenso» debe
aplicarse a aquellos en cobranza judicial, puesto que ellos corresponden
a una situación posterior al vencimiento y a la contabilización
como «Ingresos en Suspenso», teniendo similar operatividad
que esta última cuenta;
Que en el presente caso, en la medida que los intereses por
créditos vencidos, en suspenso y en cobranza judicial, deben correr
la misma suerte de su principal que haya sido materia de una
provisión específica, deducible del Impuesto a la Renta, también
debe aceptarse la deducción de dichos intereses;
Que el criterio de aceptar que la cuenta de «Intereses en Suspenso»
constituye gasto deducible para efectos del Impuesto a la
Renta, ya ha sido anteriormente recogido por este Tribunal mediante
Resolución Nº 19976 del 15 de diciembre de 1986, aunque no
necesariamente debe aplicarse en forma irrestricta, toda vez que
en ese entonces no se limitaba, como ahora, a los créditos clasificados
como normales;
Que en tal sentido, dado que la Administración en el caso de
autos ha realizado los reparos tomando los saldos de las cuentas,
sin analizar la clasificación de los créditos vinculados, corresponde
que tenga en consideración que las sumas observadas formarán
parte de la base imponible del tributo, en la medida que correspondan
a créditos clasificados como «normal»;
Que al hacer esta verificación la Administración deberá cuidar
de exigir el detalle de los intereses con la especificación de la categoría
de los créditos a los que corresponden y que estos realmente
se encuentren en situación de vencidos o en cobranza judicial;
Que por lo expuesto, en el extremo de los Ingresos en Suspenso,
referido a la Resolución de Determinación Nº 072-03-0000727,
la Administración debe emitir un nuevo pronunciamiento, previa
verificación de la clasificación de los créditos que generan tales
intereses y comisiones, aceptando la deducción solamente de los
que correspondan a provisiones específicas por créditos no clasificados
como «normal»;
Que asimismo, en mérito a las consideraciones expuestas, debe
mantenerse el reparo respecto de las provisiones genéricas;
Que la recurrente no ha desvirtuado los reparos a su determinación
del Impuesto a la Renta de 1999 por donaciones y gastos
no devengados, apreciándose de la revisión del expediente que
han sido efectuados conforme a ley, por lo que deben mantenerse;
Que los valores emitidos no infringen el numeral 7 del artículo
77° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo Nº 135-99-EF, toda vez que señalan la base legal
que, a criterio de órgano acotador, fundamentaba los reparos, no
siendo ello afectado por el criterio sobre las normas aplicables adoptado
por la recurrente y las instancias superiores, las mismas que
no deben limitarse al análisis de las normas invocadas por las partes,
pues están obligadas a aplicar la norma jurídica pertinente
aunque no haya sido invocada o lo haya sido en forma errónea;
Que finalmente, la Resolución de Multa materia de autos fue
emitida como consecuencia de las omisiones establecidas por la
Administración Tributaria en la Resolución de Determinación Nº
072-03-0000727;
Que dado que la recurrente no ha desvirtuado la infracción y
que la cuantía de la multa se determina sobre la base de la liquidación
de la deuda que la Administración realice en cumplimiento de
lo resuelto por este Tribunal, este extremo debe sujetarse a la indicada
liquidación;
De acuerdo con el dictamen del Vocal Lozano Byrne, cuyos fundamentos
se reproducen;
Con los vocales Flores Talavera, Lozano Byrne y Márquez
Pacheco;
RESUELVE:
DECLARAR NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de Intendencia
Nº 075-4-07513/SUNAT de fecha 25 de junio de 2001, en el
extremo referido a los ingresos en suspenso y en cobranza judicial
de la Resolución de Determinación Nº 072-03-0000727 y respecto
de la Resolución de Multa Nº 072-02-0000958, CONFIRMÁN-
DOLA en lo demás que contiene.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE a la Intendencia
Regional Lambayeque de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria, para sus efectos.
DICTAMEN
Vocal Lozano Byrne
Señor:
CAJA RURAL CRUZ DE CHALPON S.A. interpone recurso de
apelación contra la Resolución de Intendencia Nº 075-4-04513/
SUNAT de fecha 25 de junio de 2001 emitida por la Intendencia
Regional Lambayeque de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria que declaró improcedente la reclamación interpuesta
contra las Resoluciones de Determinación Nºs. 072-03-
0000697, 072-03-0000698, 072-03-0000699, 072-03-0000700
y 072-03-0000701 por pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de
30
MAYO 2002

JURISPRUDENCIA COMENTADA
los meses de febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre de
1999 y contra la Resolución de Determinación Nº 072-03-0000727
sobre regularización del Impuesto a la Renta correspondiente al
mismo ejercicio y la Resolución de Multa Nº 072-02-0000958 por
incurrir en la infracción consistente en declarar cifras o datos falsos
u omitir circunstancias que influyan en la determinación del pago
de regularización del Impuesto a la Renta de dicho ejercicio.
1. Argumentos de la Administración:
Manifiesta que la recurrente debió haber incluido en la base
imponible del Impuesto a la Renta, los intereses devengados de
créditos vencidos, refinanciados y en cobranza judicial correspondientes
al ejercicio, contabilizados, por disposición de la
Superintendencia de Banca y Seguros (S.B.S.), en las cuentas de
intereses y comisiones en suspenso. Invoca como base legal de su
posición el inciso a) del artículo 57° de la Ley del Impuesto a la
Renta en el sentido de que las rentas de tercera categoría se rigen
por el criterio de lo devengado, según el cual los derechos que se
adquieren producto de la venta de bienes o prestación de servicios
deben ser computados como ingresos para efectos contables y tributarios
dentro del ejercicio gravable en que se generen, sin importar
si fueron percibidos.
Menciona, además, como sustento de su posición lo establecido
en las Normas Internacionales de Contabilidad Nºs. 1 y 18, de
aplicación obligatoria en nuestro país, así como en la Resolución
del Tribunal Fiscal Nº 466-3-97 del 14 de mayo de 1997, la que
concluye que los intereses financieros para efectos de ser gravados
por el Impuesto a la Renta de tercera categoría, se rigen por el
criterio de lo devengado y no de lo percibido.
Indica que sin bien la recurrente es una entidad financiera regida
por las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros,
que establecen disposiciones especiales en materia contable;
para calcular el Impuesto a la Renta debe efectuar los ajustes a la
renta neta contable, conforme a lo establecido por la Norma Internacional
de Contabilidad Nº 12 (NIC 12) que regula lo referido a
las diferencias temporal y permanentes, debiendo revertir en la
oportunidad debida las diferencias temporales que se pudieran
generar.
Agrega que el tratamiento contable de la recurrente para los
intereses y comisiones en suspenso no califica como provisión, sino
como un simple diferimiento de ingresos bajo el criterio de imputarlo
como tal cuando sea percibido, toda vez que para contabilizar
aquéllos en las cuentas en suspenso, basta que transcurran quince
días desde su vencimiento sin importar la calificación del riesgo
crediticio de la operación, elemento indispensable para la constitución
de provisiones específicas, que son las únicas que se pueden
deducir para efectos del Impuesto a la Renta.
Refuta el argumento de la recurrente sobre la aplicación de las
normas del Impuesto General a las Ventas y para la emisión de
comprobantes de pago en el momento de la percepción del ingreso,
señalando que para efectos del Impuesto General a las Ventas
rige el criterio de lo percibido para efectos de gravar los servicios
prestados, siendo un tributo diferente al Impuesto a la Renta.
2. Argumentos de la recurrente:
Alega que de conformidad con lo establecido en el artículo 3°
inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General
a las Ventas, aplicable por no existir en la Ley del Impuesto a la
Renta una definición de servicios, éstos consisten en toda prestación
que una persona realiza para otra por la cual percibe una
retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría.
Añade que debido al incumplimiento de sus clientes respecto al
pago de sus cuotas por los créditos concedidos, no ha recuperado
su capital y menos los intereses, por lo que no ha obtenido ninguna
ganancia o beneficio que se pueda considerar renta, por lo que no
se le puede exigir el Impuesto a la Renta por algo que no califica
como tal, no siendo aplicable a dichos intereses el inciso a) del
artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, más aún cuando el
principio de lo devengado mencionado por la Administración se
aplica el ámbito contable más no tributario.
Expresa que los fundamentos legales que amparan las Resoluciones
de Determinación cuestionadas no tienen ninguna relación
con la materia controvertida, en consecuencia no cumplen con los
requisitos señalados por el numeral 7) del artículo 77° del Código
Tributario por lo que son anulables.
Adicionalmente, en su escrito ampliatorio presentado con fecha
13 de setiembre de 2001 manifiesta que, como empresa del sistema
financiero está obligada a cumplir con las disposiciones de la
S.B.S., que establecen un sistema de contabilización obligatoria
distinto al de los demás contribuyentes y según el cual se debe registrar
las colocaciones e intereses que no fuesen pagados a su
vencimiento en forma discriminada en una subcuenta especial denominada
«intereses y comisiones en suspenso», debiéndose reconocer
en la cuenta resultados solamente cuando estos sean efectivamente
cobrados, y que, de no seguir dichas disposiciones, habrían
tenido que ser reconocidos como efectivamente devengados,
pero constituyéndose la respectiva provisión por el mismo monto
incobrable, deduciéndose tal provisión para el Impuesto a la Renta,
llegándose al mismo resultado que al aplicar el sistema contable
regulado por la Superintendencia.
Señala en este mismo escrito que según el Plan de Cuentas de
Instituciones Financieras vigente desde 1999, establece que cuando
los intereses sobre la cartera hayan reconocido como ingresos
de ejercicios anteriores, dicho importe debe ser provisionado, registrándose
contablemente en «Pérdidas de Ejercicios Anteriores»
y simultáneamente en «Cuentas por Cobrar en Suspenso» y su contrapartida
«Intereses en Suspenso».
Menciona que en el Oficio S.B.S. Nº 9794-2001 se señala expresamente
que esta cuenta es deducible para la determinación del
Impuesto a la Renta, y que el inciso h) del artículo 37° de la Ley del
Impuesto a la Renta dispone que las empresas del sistema financiero
están facultadas para deducir las provisiones específicas que no
formen parte de su patrimonio efectivo, con excepción de las que
correspondan a créditos calificados como normal, siendo que los
«Intereses en Suspenso» responden a la naturaleza de las indicadas
provisiones, lo que confirma el sustento legal de la S.B.S., teniendo
en cuenta además que si por la recuperación onerosa del
capital se permite hacer provisiones, corresponde otorgar el mismo
tratamiento a la falta de pago de los intereses, que constituyen igualmente
obligaciones pendientes de cobro.
En relación con la aplicación de la Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) Nº 18, interpreta que, en tanto los ingresos por
intereses deben ser reconocidos en función al tiempo y respecto al
beneficio que genera el activo, siempre que sea probable que los
beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán hacia
la empresa y el monto de los ingresos pueda ser estimado
confiablemente, dichos intereses no deben ser considerados como
devengados hasta su cobro efectivo, lo que coincide con el criterio
de la S.B.S.
Manifiesta que la subcuenta intereses en suspenso constituye un
activo en suspenso que no incide en resultados sino hasta su cobro
y en el ejercicio gravable en que se logre su cobranza, con lo que
se evitan distorsiones entre los activos y la renta gravada de cada
ejercicio.
Explica que la confusión de la Administración reside en su interpretación
literal de la NIC 18 y teniendo en cuenta que la S.B.S.
MAYO 2002 31

JURISPRUDENCIA COMENTADA
no permite reconocer los ingresos por estos intereses, mal podría
exigírsele provisiones, aunque normalmente y por su naturaleza
debería ser así.
Finalmente, cita las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nºs. 19976,
461-4-97 y 462-4-97, que avalarían su posición.
3. Análisis:
La Administración emitió los valores materia de autos sobre
Impuesto a la Renta de 1999 y los pagos a cuenta del mismo tributo
de febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre, por concepto
de intereses devengados no reconocidos como ingresos (contabilizados
en las cuentas de «Ingresos en Suspenso»), así como, solamente
en el Impuesto anual, por provisiones genéricas no incluidas
en la base imponible, donaciones y gastos no devengados.
El asunto en que se centran las partes está referido a la inclusión,
en la base imponible del Impuesto a la Renta, así como en los
ingresos para efectos de los pagos a cuenta del mismo, de los intereses
contabilizados por la recurrente, en cumplimiento de las disposiciones
de la Superintendencia de Banca y Seguros (S.B.S.), en
la cuenta del pasivo denominada «Ingresos en Suspenso».
Esta discrepancia se manifiesta en el reparo de la Administración
por la suma de S/. 1’241,411.00, monto adicionado a la
pérdida declarada por la recurrente en su Declaración Jurada Anual
del Impuesto a la Renta del ejercicio 1999, así como en los reparos
a los anticipos de este tributo correspondiente al mismo ejercicio.
Sin embargo, de la revisión del expediente se tiene que la Administración,
a fin de efectuar la liquidación de la suma antes indicada,
no solamente restó al saldo final mensual y anual correspondiente
a las cuentas de ingresos en suspenso, el saldo inicial de las
mismas, agregándole el importe correspondiente a los ingresos de
ejercicios anteriores que salieron de tal situación, sino que, en la
misma forma, consideró los ingresos contabilizados en la cuenta
«Intereses en Cobranza Judicial» (8114 y 8124) en moneda nacional
y extranjera, obteniendo así el monto total del reparo.
Según el Plan de Cuentas para Instituciones Financieras aprobado
por la Superintendencia de Banca y Seguros mediante Resolución
Nº 1256-92 del 23 de octubre de 1992, en la Cuenta 1906-
Cuentas por Cobrar en Suspenso «se registrarán los intereses y
comisiones devengados de aquellos créditos considerados vencidos,
incluyendo los intereses y provisiones de créditos refinanciados
de acuerdo al criterio establecido en la descripción del rubro 14
(que está referido a COLOCACIONES)», agregándose que «los
intereses y comisiones por cobrar, de créditos que pasen a situación
de vencidos, que han sido contabilizados en las cuentas 1601
y 1602–Cuentas por Cobrar– con abono a las cuentas –de Resultados–
5105 y 5205, se extornarán, trasladándose a las cuentas 1906
Cuentas por Cobrar en Suspenso, y 2806 Ingresos en Suspenso».
Asimismo, en dicho dispositivo se establece que en las Cuentas
de Orden «Intereses, Comisiones y Rentas en cobranza judicial» se
contabilizarán los intereses y comisiones originados por las colocaciones
y las rentas en situación de cobranza judicial, agregándose
que la entidad financiera deberá llevar controles adicionales de
estas cuentas, de acuerdo a la desagregación de la cuenta 1406
(Créditos en Cobranza Judicial).
En tal sentido, para resolver la controversia debe dilucidarse si
tales intereses originados por créditos vencidos y en cobranza judicial
constituyen renta del ejercicio y, si en todo caso, dada su situación,
pueden deducirse como gasto. Antes de iniciar el análisis de
este asunto, es conveniente referirse a los reparos contenidos en la
Resolución de Determinación Nº 072-03-0000727, sobre el Impuesto
a la Renta de 1999, por concepto de provisiones genéricas,
donaciones efectuadas en el ejercicio y gastos no devengados en el
ejercicio.
En forma previa, cabe señalar que los valores emitidos no infringen
el numeral 7 del artículo 77° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
toda vez que señalan la base legal que, a criterio de órgano
acotador, fundamentaban un reparo, ni siendo ello afectado por el
criterio de la recurrente sobre las normas aplicables y de las instancias
superiores que no deben limitarse al análisis de las normas
invocadas por el emisor del valor y la recurrente, pues están obligados
a aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido
invocada o lo haya sido en forma errónea.
3.1. Donaciones efectuadas en el ejercicio y gastos no
devengados en el ejercicio reparados en la Resolución de Determinación
Nº 072-03-0000727:
La recurrente no ha desvirtuado los reparos a su determinación
del Impuesto a la Renta de 1999 por estos conceptos, apreciándose
de la revisión del expediente que han sido efectuados conforme a
ley, por lo que deben mantenerse.
3.2. Ingresos en suspenso:
3.2.1. Antecedentes normativos y jurisprudenciales:
De conformidad con el inciso h) del artículo 37° de la Ley del
Impuesto a la Renta aprobada por Decreto Legislativo Nº 774, sustituido
por el artículo 10° de la Ley Nº 26731, publicada el 31 de
diciembre de 1996, para establecer la renta neta de tercera categoría
de empresas del Sistema Financiero Nacional son deducibles
de la renta bruta las provisiones específicas que no formen parte
del patrimonio efectivo, que ordene la Superintendencia de Banca
y Seguros, con excepción de las que correspondan a los créditos y
otros activos clasificados como normal.
El inciso e) del artículo 21° del Reglamento de dicha Ley, aprobado
por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, señala que las asignaciones
deducibles a que se refiere el inciso h) del artículo 37° de la
Ley, son las que por su naturaleza están destinadas a la cobertura
de riesgos o gastos relacionados con la actividad gravada, no encontrándose
comprendidas las reservas que deben constituir los
bancos, las empresas financieras y las compañías de seguros, de
conformidad con las leyes que refieren su actividad.
Cabe señalar que el texto sustituido por la Ley Nº 26731 indicaba
que eran deducibles las asignaciones destinadas a constituir
las reservas y otras deducciones que ordenase la Superintendencia
de Banca y Seguros, así como las reservas técnicas de las compañías
de seguros y de capitalización.
En cuanto a los antecedentes jurisprudenciales, se tiene que bajo
la vigencia de un texto idéntico al del párrafo anterior, el Tribunal
Fiscal consideró, en su Resolución Nº 19976 del 15 de diciembre
de 1986, que la cuenta de intereses y comisiones en suspenso «constituye
una reserva obligatoria a través de cuentas susceptibles de
control fiscal», por lo que procedía levantar los reparos formulados
por la Administración.
3.2.2. Imputación de los intereses devengados por créditos
concedidos:
Los intereses y comisiones que se registran en la cuenta «Ingresos
en Suspenso» son los provenientes de créditos concedidos en
situación de vencidos que, al constituir un rendimiento por la colocación
de capitales, en este caso de una entidad financiera, se encuentran
gravados con el Impuesto a la Renta de tercera categoría
en la medida que se van produciendo (inciso a) del artículo 1° de la
Ley del Impuesto a la Renta aprobada por Decreto Legislativo Nº
774), imputándose al ejercicio en que se devenguen (inciso a) del
artículo 57° de la misma Ley).
Sobre el particular, debe tenerse en consideración que de acuer-
32
MAYO 2002

JURISPRUDENCIA COMENTADA
do con el Plan de Cuentas para Instituciones Financieras en las cuentas
por cobrar 1601 y 1602 «se registrarán los cálculos por concepto
de intereses y comisiones, respectivamente, devengados a
favor de la empresa sobre sus capitales depositados, invertidos o
colocados», debiéndose trasladar aquellos que corresponden a créditos
vencidos a la cuenta 1906–Cuentas por Cobrar en Suspenso,
a la que nos hemos referido anteriormente y contabilizar los que
corresponden a créditos en cobranza judicial o arbitral en las respectivas
cuentas de orden.
Por otro lado, el párrafo 29 de la Norma Internacional de Contabilidad
NIC 18 del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASC) indica que los ingresos del uso de terceros de los
activos de una empresa, que generen intereses, regalías y dividendos,
deben ser reconocidos sobre las ases indicadas en el párrafo
30, cuando:
a) es probable que los beneficios económicos asociados con la
transacción fluyan a la empresa; y
b) el monto del ingreso pueda ser medido confiablemente.
En el párrafo 30.a. se establece que un ingreso por intereses
debe ser reconocido sobre las bases de proporción de tiempo, respecto
al beneficio que genera el activo, señalándose en el párrafo
31 que el beneficio efectivo sobre el activo es la tasa de interés
requerida para descontar los flujos de efectivo futuros esperados
durante la vida del activo para igualar el monto inicial del mismo.
Asimismo, en el párrafo 34 se aclara que cuando existen incertidumbres
respecto de la cobrabilidad de un importe incluido en
ingresos, el importe incobrable o el importe respecto del cual la
recuperación deje de ser probable, es reconocido como gasto mejor
que como un ajuste al importe de los ingresos originalmente
reconocidos.
Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, la disposición
de la Superintendencia de Banca y Seguros, ha optado por el
ajuste de los ingresos originalmente reconocidos, toda vez que los
intereses se van contabilizando conforme se van devengando en el
activo (Cuentas por Cobrar) con abono a resultados (intereses), y
se extornan, en caso de no cancelarse al vencimiento y luego de un
cierto plazo, trasladándose a «Cuentas por Cobrar en Suspenso»
(cuenta del activo) e «Ingresos en Suspenso» (cuenta del pasivo).
Esta afirmación se corrobora con lo descrito por el Plan de Cuentas
de la S.B.S. respecto de la cuenta 1609–»Provisión para Cuentas
por Cobrar», cuando se señala que las únicas cuentas del rubro
16 (Cuentas por Cobrar) que pueden ser consideradas de dudosa
recuperabilidad, son la 1604 referida a la venta de bienes y servicios
y la 1608 cuentas por cobrar diversas (adelantos al personal,
reclamos a terceros, etc.), lo que excluye de las provisiones a los
intereses y comisiones por créditos vencidos y en cobranza judicial.
Para complementar lo manifestado en el párrafo anterior, según
la descripción del rubro 14 colocaciones, sólo podrán ser
provisionados los intereses y comisiones provenientes de colocaciones
que hayan sido capitalizados, de acuerdo a disposiciones legales
específicas, reiterando que los intereses y comisiones que se
generen después de la fecha en que entren a la situación de vencidos
se registrarán a las cuentas 1906 y 2806, referidas a las cuentas
por cobrar e ingresos en suspenso, respectivamente.
Es preciso señalar que el Prefacio a los Pronunciamientos sobre
Normas de Contabilidad, el mismo que tiene como propósito señalar
los objetivos y pronunciamiento operativos del Comité de Normas
de Internacionales de Contabilidad (IASC) y explicar el alcance
y autoridad de los pronunciamientos sobre Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC), establece, en su párrafo 8, que dentro
de cada país, la emisión de los estados financieros es regida, en
mayor o menor grado, por las disposiciones locales, las mismas
que incluyen las normas de contabilidad emitidas por los organismos
reguladores y/o por las organizaciones profesionales contables
de los respectivos países.
Seguidamente, advierte que las Normas Internacionales de
Contabilidad promulgadas por el IASC no se superponen a las disposiciones
locales, que rigen la expedición de los estados financieros
en el país respectivo. Cuando dichas disposiciones locales impongan
una desviación de las Normas Internacionales de Contabilidad,
los miembros locales del IASC deberán tratar de persuadir a
las autoridades competentes, sobre los beneficios de concordar con
las Normas Internacionales de Contabilidad las mencionadas disposiciones.
En nuestro país, para las instituciones como la recurrente, la
Resolución S.B.S. Nº 1256-92, precisa en sus disposiciones generales,
que el Plan de Cuentas para Instituciones Financieras y las
disposiciones en él contenidas deberán ser observadas en forma
obligatoria por dichas entidades (Empresas Bancarias, Empresas
Financieras, Mutuales de Vivienda, FONAPS, Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito, Caja Municipal de Crédito Popular de Lima,
la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE, Empresas
de Arrendamiento Financiero y Cajas Rurales).
Ante ello, el Tribunal Fiscal ha considerado que las normas de
la Superintendencia no tienen incidencia tributaria, puesto que, de
acuerdo con la Resolución Nº 19976 referida anteriormente, cataloga
a los «Intereses en Suspenso» como gasto, lo que implica que
previamente se han computado como renta bruta del ejercicio en
que se devengaron.
Esta posición se sustenta, como se ha señalado, en el inciso a)
del artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, siendo preciso
indicar, además, que salvo la deducción de los gastos, para los
ingresos por servicios financieros (intereses y comisiones) dicha Ley
no ha previsto deducciones adicionales respecto de la renta bruta.
Debe observarse además que cuando el Plan de Cuentas de la
S.B.S. define a las «Cuentas por Cobrar en Suspenso» señala expresamente:
«En esta cuenta se registrarán los intereses y comisiones
devengados de aquellos créditos considerados vencidos, incluyendo
los intereses y comisiones de créditos refinanciados (...)».
Si tomamos este texto en forma literal, los intereses y comisiones
por créditos en situación de vencidos, también se encuentran calificados,
como devengados, por lo que se encuentran en el supuesto
del inciso a) del referido artículo 57°, aunque no hayan sido contabilizados
en las cuentas de resultados, por disposición de la S.B.S.
Aun si no fuera así, y se atendiera más bien al párrafo 7 del
capítulo IV de la Resolución S.B.S. Nº 572-97 del 20 de agosto de
1997 (Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y
la Exigencia de Provisiones), según el cual los «intereses y comisiones
(en suspenso) serán reconocidos en la cuenta de resultados sólo
cuando sean efectivamente percibidos», se entraría en conflicto con
el mencionado artículo de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece
el criterio de lo devengado para las rentas de tercera categoría,
en contraposición al criterio de lo percibido.
De conformidad con el artículo 59° de la misma ley, las rentas
se considerarán percibidas cuando se encuentren a disposición del
beneficiario, aun cuando éste no las haya cobrado en efectivo o en
especie.
Del análisis de estas normas de la Ley del Impuesto a la Renta,
se debe concluir que, para efectos de ella, el término «devengado»
se refiere solamente a los casos de reconocimiento de ingresos que
no sean determinados por la percepción de los mismos, puesto que
este criterio está previsto para rentas distintas a las de tercera categoría.
En tal sentido, se concluye que las normas de la S.B.S. que
permiten a la recurrente el diferimiento de sus intereses vencidos y
MAYO 2002 33

JURISPRUDENCIA COMENTADA
en cobranza judicial no tienen incidencia tributaria, siendo relevante
analizar en este contexto el caso de los anticipos del Impuesto.
De conformidad con el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la
Renta, los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría
abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta
que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro
de los plazos previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales
que determinarán aplicando a los ingresos netos obtenidos en el
mes, ya sea un coeficiente de acuerdo con el inciso a) de dicho
artículo o un porcentaje, de acuerdo con el inciso b).
Asimismo el tercer párrafo del precitado artículo establece que
se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la
tercera categoría, devengados en cada mes menos las devoluciones,
bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza
similar que respondan a la costumbre de la plaza.
Por lo expuesto, al ser los intereses por créditos vencidos y en
cobranza judicial ingresos gravables de la tercera categoría, no
aceptándose deducción alguna salvo para las devoluciones, bonificaciones,
descuentos y demás conceptos de naturaleza similar (en
la enajenación de bienes), la recurrente debía incluirlos en la determinación
de sus pagos a cuenta, por lo que las Resoluciones de
Determinación Nºs. 072-03-0000697, 072-03-0000698, 072-03-
0000699, 072-03-0000700 y 072-03-0000701 se encuentran
arregladas a derecho.
3.2.3. Deducción de las Provisiones Genéricas y de los Intereses
y Comisiones en Suspenso como gasto para efectos del Impuesto
a la Renta:
En principio, de conformidad con el artículo 37° de la Ley del
Impuesto a la Renta citada anteriormente, son deducibles de la renta
bruta de tercera categoría los gastos necesarios para producirla y
mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida
por la ley, existiendo precisiones y limitaciones para ciertos tipos
de gastos, tales como las provisiones específicas de las instituciones del
sistema financiero, cuya reseña se ha hecho en el parágrafo 3.2.1.
En sentido estricto, tal como se encuentran definidas en la actualidad
por la reglamentación de la Superintendencia de Banca y
Seguros, las provisiones específicas son aquellas que se constituyen
con relación a créditos directos e indirectos y operaciones de arrendamiento
financiero respecto de los cuales se ha identificado
específicamente un riesgo superior al normal (parágrafo 1.2. del
capítulo III de la Resolución de S.B.S. Nº 572-97).
El marco de esta regulación está dado por el artículo 132°,
numeral 4, de la Ley General de Sistema Financiero (Ley Nº 26702),
que establece que en aplicación del artículo 87° de la Constitución
Política son formas mediante las cuales se procura la atenuación de
riesgos para el ahorrista, entre otras, la constitución de provisiones
genéricas y específicas de cartera, individuales o preventivas
globales por grupos o categorías de crédito, para la eventualidad
de créditos impagos, y la constitución de las otras provisiones y
cargos a resultados, tratándose de las posiciones afectas a los diversos
riesgos del mercado.
En el artículo 133° del mismo dispositivo se añade que las empresas
que realizan operaciones sujetas a riesgo crediticio, efectuarán
con cargo a resultados, las provisiones genéricas o específicas
necesarias, según la calificación del crédito, conforme a las
regulaciones de aplicación general que dicte la Superintendencia,
y que las provisiones genéricas no excederán del uno por ciento de
la cartera normal, salvo situaciones excepcionales.
Las provisiones genéricas son, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución S.B.S. Nº 572-97 del 20 de agosto de 1997, aquellas
que se constituyen, de manera preventiva, con relación a créditos
directos e indirectos y operaciones de arrendamiento financiero de
deudores clasificados en categoría normal.
De acuerdo con dicha Resolución, para la determinación de las
provisiones, tanto generales como específicas, se utiliza una tasa o
porcentaje que será aplicada a la cartera de colocaciones, en función
a la categoría de clasificación que corresponda, que son las
siguientes:
Categorías
Normal
Potencial
Deficiente
Dudoso
Pérdida
Créditos
Comerciales
El análisis de flujo de
fondos demuestra
que el deudor es capaz
de atender holgadamente
todos
sus compromisos.
El análisis de flujo de
fondos del deudor
demuestra que, al
momento de realizarse,
puede atender
la totalidad de
sus compromisos financieros;
no obstante,
existen situaciones
que, de no
ser controladas o
corregidas oportunamente,
podrían
comprometer la capacidad
futura del
deudor.
El análisis del flujo
de fondos del deudor
demuestra que
tiene problemas
para atender normalmente
la totalidad
de sus compromisos
financieros y
que, de no ser corregidos,
esos problemas
pueden resultar
en una pérdida para
la empresa del sistema
financiero.
El análisis del flujo
de fondos del deudor
demuestra que
es altamente improbable
que pueda
atender la totalidad
de sus compromisos
financieros.
Las deudas de deudores
incorporados
a esta categoría se
consideran incobrables.
(*) Créditos a las microempresas.
Categorías de Clasificación
MES* y Consumo
Son aquellos deudores
que vienen cumpliendo
con el pago
de sus cuotas de
acuerdo a lo convenido
o con un atraso
de hasta 8 días
calendario.
Son aquellos deudores
que registran
atraso en el pago de
sus cuotas de 9 a 30
días calendario.
Son aquellos deudores
que registran
atraso en el pago de
sus cuotas de 31 a
60 días calendario.
Son aquellos deudores
que registran
atraso en el pago de
sus cuotas de 61 a
120 días calendario.
Son aquellos deudores
que muestran
atraso en el pago de
sus cuotas de más de
120 días calendario.
Hipotecarios
Son aquellos deudores
que vienen
cumpliendo con el
pago de sus cuotas
de acuerdo a
lo convenido o
con un atraso de
hasta 30 días calendario.
Son aquellos deudores
que muestran
atraso en el
pago de 31 a 90
días calendario.
Son aquellos deudores
que muestran
atraso en el
pago de 91 a
120 días calendario.
Son aquellos deudores
que muestran
atraso en el
pago de 121 a
365 días calendario.
Son aquellos deudores
que muestran
atraso en el pago
de más de 365 días
calendario.
34
MAYO 2002

JURISPRUDENCIA COMENTADA
Del análisis de las disposiciones de la Superintendencia de Banca
y Seguros, se aprecia que si bien se ordena que los créditos se
provisionen en función de la clasificación establecida por la Resolución
Nº 572-97, no se ha previsto el mismo tratamiento contable
para los intereses y comisiones originados por dichos créditos. En
este último caso, se suspende el reconocimiento de tales intereses y
comisiones, teniendo en cuenta, no su clasificación, sino su situación
(ya sean vencidos o en cobranza judicial), no operando el
mecanismo de una provisión específica en sentido estricto.
De aceptar que esta definición estricta, tiene efectos para el
Impuesto a la Renta, tendríamos que los intereses correspondientes
a créditos clasificados como pérdida (provisionados al 100% de
acuerdo con las disposiciones de la S.B.S.), calificados como renta
gravable en función del análisis realizado en el parágrafo anterior,
no podrían ser deducidos jamás como gasto, a pesar que tal pérdida
es una erogación esencial para el mantenimiento de la fuente de
una entidad financiera como la recurrente.
Efectivamente, la generación de rentas por la colocación de capitales,
lleva inherente como gasto aquellas erogaciones destinadas
a mantenerlo, reponiendo el capital que se pierde como resultado de
los impagos, de tal manera que así se pueda mantener la fuente.
El tratamiento contable establecido con fines específicos, no
necesariamente tributarios, no puede desvirtuar el principio expuesto,
más aún cuando la Ley del Impuesto a la Renta no prohíbe expresamente
esta deducción, siendo la regla general que son aceptables
los gastos, salvo que ello se prohíba expresamente.
En conclusión, el concepto de provisiones específicas utilizado por
el inciso h) del artículo 37° debe entenderse en su sentido jurídico
dentro del contexto de la Ley del Impuesto a la Renta y no en forma
estricta como lo hace la Resolución S.B.S. Nº 572-97, puesto que de
otra manera se infringiría la razón de ser inherente a dicha Ley.
Ello no implica que se incluya dentro de este concepto a las provisiones
genéricas, toda vez que cuando la Ley Nº 26731 modifica el
inciso h) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta e introduce
el concepto de provisión específica, ya había sido promulgada la Ley
de Bancos con la distinción entre provisiones genéricas y específicas,
siendo clara la intención del legislador de que no sean deducibles las
primeras para efecto del régimen general del Impuesto a la Renta.
De otro lado, no cabe sostener que mientras el capital de los
créditos vencidos y en cobranza judicial se rige por el inciso h) del
artículo 37°, los intereses por las mismas deudas se rigen por el
inciso i) del mismo artículo, pues este último se refiere a deudas
incobrables (capital e intereses), mas no a casos como el de autos
en que se contabiliza en forma distinta el capital y sus intereses.
Por ello, el último párrafo del inciso f) del artículo 21° del Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto
Supremo Nº 122-94-EF, párrafo adicionado por el Decreto Supremo
Nº 194-99-EF, publicado el 31 de diciembre de 1999, establece
expresamente que la deducción de las provisiones por deudas
de cobranza dudosa a que se refiere el inciso i) del artículo 37° de
la Ley sólo podrá ser efectuada por contribuyentes distintos a las
empresas del sistema financiero.
En tal virtud, cuando el inciso h) del referido artículo se refiere a
las provisiones específicas, no puede entenderse que se refiere solamente
a los créditos, sino a sus respectivos intereses, excluyendo
a los clasificados como normales.
Este criterio de aceptar que las cuentas de Intereses en Suspenso
son gasto deducible para efectos del Impuesto a la Renta, ya ha sido
anteriormente recogido por la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 19976.
No obstante, es preciso observar que si bien esta Resolución ha
permitido sin restricciones la deducción de los Intereses y Comisiones
en Suspenso tal como estaban contabilizados, ello se hizo en
un contexto normativo distinto al actual, en tanto se refiere a ejercicios
muy anteriores a la modificación introducida por la Ley Nº 26731.
Antes de ella, la ley permitía la deducción de «las reservas y
otras deducciones que ordenase la Superintendencia de Banca y
Seguros», habiéndose aclarado en la norma reglamentaria aprobada
por Decreto Supremo Nº 122-94-EF que dichas asignaciones
eran las que por su naturaleza estuvieran destinadas a la cobertura
de riesgos o gastos relacionados con la actividad gravada.
En ese contexto, era válido sostener la deducibilidad de los Intereses
y Comisiones en Suspenso sin restricción alguna, lo que no
ocurre en la actualidad, en que se exceptúa a los créditos y demás
activos clasificados como «normal», y a las provisiones genéricas.
La misma línea de razonamiento planteada para los Intereses y
Comisiones contabilizados como «Ingresos en Suspenso» debe aplicarse
a aquéllos en cobranza judicial, puesto que ellos corresponden
a una situación posterior al vencimiento y a la contabilización
como «Ingresos en Suspenso», teniendo similar operatividad que
esta última cuenta.
En el presente caso, en la medida que los intereses por créditos
vencidos, en suspenso y en cobranza judicial, deben correr la misma
suerte de su principal que haya sido materia de una provisión
específica, deducible del Impuesto a la Renta, también debe aceptarse
la deducción de dichos intereses.
En tal sentido, dado que la Administración en el caso de autos
ha realizado los reparos tomando los saldos de las cuentas, sin
analizar la clasificación de los créditos vinculados, corresponde que
tenga en consideración que las sumas observadas formarán parte
de la base imponible del tributo, en la medida que correspondan a
créditos clasificados como «normal».
Al hacer esta verificación la Administración deberá cuidar de
exigir el detalle de los intereses con la especificación de la categoría
de los créditos a los que corresponden y que estos realmente se
encuentren en situación de vencidos o en cobranza judicial.
Por lo expuesto, debe declararse nula e insubsistente la apelada
en el extremo de los Ingresos en Suspenso, referido a la Resolución
de Determinación Nº 072-03-0000727, debiendo la Administración
emitir nuevo pronunciamiento, previa verificación de la
clasificación de los créditos que generan tales intereses y comisiones,
aceptando la deducción solamente de los que correspondan a
provisiones específicas por créditos no clasificados como «normal».
Asimismo, en mérito a las consideraciones expuestas, debe
mantenerse el reparo respecto de las provisiones genéricas.
3.3. Resolución de Multa Nº 072-03-0000958
Esta Resolución fue emitida como consecuencia de las omisiones
establecidas por la Administración Tributaria en la Resolución
de Determinación Nº 072-03-0000727.
Dado que la recurrente no ha desvirtuado la infracción y que la
cuantía de la multa se determina sobre la base de la liquidación de
la deuda que la Administración realice en cumplimiento de lo resuelto
por este Tribunal, este extremo debe sujetarse a la indicada
liquidación.
4. Conclusión:
Por los argumentos expuestos, soy de opinión que este Tribunal
acuerde DECLARAR NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de Intendencia
Nº 075-4-07513/SUNAT de fecha 25 de junio de 2001,
en el extremo referido a los ingresos en suspenso y en cobranza
judicial de la Resolución de Determinación Nº 072-03-0000727 y
respecto de la Resolución de Multa Nº 072-02-0000958, CONFIR-
MÁNDOLA en lo demás que contiene.
Salvo mejor parecer,
LOZANO BYRNE
Vocal
MAYO 2002 35

JURISPRUDENCIA COMENTADA
COMENTARIO:
La Resolución del Tribunal Fiscal materia del presente comentario
(en adelante RTF), analiza un tema que durante los
últimos años ha sido objeto de ardua controversia entre SU-
NAT y las instituciones bancarias y financieras: la deducibilidad
de los intereses registrados en la cuenta del pasivo denominada
“ingresos en suspenso” (cuenta 2806) para efectos
del impuesto a la renta (en este caso del ejercicio 1999) y
su inclusión o no dentro de la base imponible de los pagos a
cuenta de dicho impuesto. Asimismo, se analiza otro tema
importante como es la posibilidad de deducir determinados
conceptos registrados en cuentas de orden, tratándose en el
presente caso de los conceptos contabilizados en la cuenta
“Intereses en Cobranza Judicial” (8114 y 8124, moneda nacional
y extranjera respectivamente). Por otro lado, la Resolución
materia de comentario se pronuncia escuetamente
sobre la deducibilidad de las provisiones genéricas y donaciones
efectuadas que han sido objeto de reparo por la Administración
Tributaria, puesto que dichos reparos no fueron
desvirtuados por el contribuyente y por ello no serán objeto
del presente comentario.
1. Resumen de Hechos
En el caso, la Administración Tributaria adicionó a la base
imponible del impuesto a la renta del ejercicio 1999 el importe
de los intereses consignados en las cuentas de “ingresos
en suspenso” por considerar que se trata intereses devengados
no reconocidos como ingresos, adicionándole además
el importe de los ingresos de ejercicios anteriores que salieron
de la situación de “ingresos en suspenso”. Asimismo, realizó
el mismo procedimiento con los pagos a cuenta mensuales
de algunos meses del ejercicio 1999 considerando como
ingresos netos gravados de cada mes a los intereses “devengados”
en dichos períodos que habían sido registrados en las
cuentas de “ingresos en suspenso”.
Por otro lado, se adicionó también a la base imponible del
impuesto a la renta del ejercicio 1999 y de sus pagos a cuenta
el importe de los intereses provenientes de deudas en cobranza
judicial registrados en las cuentas de orden 8114 y
8124 (intereses en cobranza judicial).
Al respecto, el Tribunal Fiscal consideró que los intereses
por concepto de créditos vencidos registrados en las cuentas
de ingresos en suspenso y los intereses por concepto de deudas
en cobranza judicial debían ser considerados como ingresos
gravables para efecto de los pagos a cuenta del impuesto
a la renta puesto que: (i) constituyen ingresos devengados
en cada uno de los meses en los que se deben efectuar
los pagos a cuenta; y, (ii) porque conforme a lo dispuesto por
el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante
LIR), para determinar la base imponible de los pagos a cuenta
sólo son deducibles los descuentos, devoluciones y bonificaciones
y demás conceptos de naturaleza similar (en la enajenación
de bienes). En ese sentido, se confirmó la resolución
apelada en este punto.
En lo que se refiere a la determinación del impuesto a la
renta anual, el Tribunal Fiscal consideró que los intereses vencidos
registrados en las cuentas de “Ingresos en Suspenso” y
en las cuentas de “Intereses en Cobranza Judicial” constituyen
gasto deducible del ejercicio siempre que correspondan
a créditos vencidos y en cobranza judicial que no tengan
categoría de “normal”, conforme a las normas de la Superintendencia
de Banca y Seguros (en adelante SBS). Entre otros
argumentos, el Tribunal Fiscal señala que en la medida que
las provisiones específicas son deducibles para efectos del
Impuesto a la Renta, los intereses que correspondan a dichos
créditos provisionados, al ser accesorios a ellos, deben correr
la misma suerte de su principal. Asimismo, señala el Tribunal
Fiscal que el concepto de provisiones específicas utilizado
por el inciso h) del artículo 37° de la LIR no puede entenderse
que se refiere solamente a los créditos, sino a sus respectivos
intereses, excluyendo a los clasificados como normales,
en aplicación del principio de causalidad y debiéndose tener
en cuenta que no existe prohibición expresa para la deducción
de dichos conceptos en nuestra LIR.
Al respecto, debemos señalar que el tema de los intereses
en suspenso ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal
Fiscal en varias ocasiones pero en referencia al Impuesto
Mínimo a la Renta, donde se estableció que no formaban
parte de la base imponible, y en referencia al Impuesto a la
Renta Anual (bajo la legislación anterior al Dec. Leg. Nº 774)
donde se consideró que la totalidad de los importes registrados
en las cuentas de intereses en suspenso eran deducibles.
2. Aspectos Contables
Antes de realizar el análisis tributario correspondiente,
consideramos imprescindible aclarar algunos aspectos analizados
por el Tribunal Fiscal en relación a la forma en que se
contabilizan los intereses provenientes de créditos vencidos
y en cobranza judicial y respecto a que si los intereses contabilizados
como ingresos en suspenso tienen la calidad de ingresos.
Para ello debemos tener en cuenta que la norma contable
aplicable a las entidades del sistema financiero en el
ejercicio 1999 era el Plan de Cuentas para Instituciones Financieras
aprobado mediante R. de SBS Nº 1256-92-EF (en
adelante Plan de Cuentas), el mismo que fue de aplicación
hasta el ejercicio 2000 puesto que a partir del 01 de enero de
2001 entró en vigencia el Manual de Contabilidad en reemplazo
del indicado Plan de Cuentas.
En el numeral 4 del literal D- Otras Disposiciones, que forma
parte de las Disposiciones Generales del Plan de Cuentas,
se establece que los intereses, comisiones y rentas por
las colocaciones y cuentas por cobrar vencidas serán contabilizados
como ingresos en suspenso desde la fecha que ingresen
a tal situación. El indicado numeral señala que igual
tratamiento se adoptará para los ingresos relativos a activos
calificados por la SBS o por la entidad como “Dudoso” o
“Pérdida” y que los cálculos por intereses, comisiones y rentas
por activos en cobranza judicial serán controlados a través
de las respectivas Cuentas de Orden.
Como se puede apreciar, los intereses contabilizados en las
cuentas de ingresos en suspenso corresponden a dos situaciones:
(i) cuando las colocaciones que los originan pasan a
la situación de vencidos y (ii) cuando las colocaciones hayan
sido clasificadas en las categorías de dudoso o pérdida.
36
MAYO 2002

JURISPRUDENCIA COMENTADA
Conforme a lo indicado por el Plan de Cuentas, las instituciones
financieras deberán contabilizar obligatoriamente en
las cuentas 1906 - Cuentas por Cobrar en Suspenso y 2806-
Ingresos en suspenso:
a) Los intereses y comisiones que devenguen los créditos
clasificados como “vencidos”, incluyendo los intereses
y provisiones de créditos refinanciados de acuerdo
al criterio establecido en la descripción del rubro 14,
b) las rentas devengadas por arrendamiento que según
contrato estén vencidos y se encuentren pendientes
de cobro, y,
c) los reajustes al principal de créditos indexados, vencidos
y en cobranza judicial.
Asimismo, se señala que los intereses, comisiones y rentas
que se generen a partir de la iniciación de la demanda judicial,
no se registrarán en las cuentas 1906 ni 2806 (cuentas
por cobrar en suspenso e ingresos en suspenso), sino que se
registraran en las respectivas cuentas de orden.
Es necesario señalar que, conforme a lo señalado en la descripción
del rubro 14 del Plan de Cuentas, se entenderá por
fecha de vencimiento, aquella a partir de la cual la Entidad
Financiera está facultada a dar por rescindido el contrato debido
al incumplimiento de determinado número de cuotas o
incumplimiento de pago en la fecha pactada. Es decir que no
necesariamente al vencimiento de la primera cuota se entenderá
vencido el crédito, sino que puede darse el caso que al
vencimiento de la quinta cuota de pago se entienda que se
produjo el vencimiento, habiéndose registrado hasta dicho
momento los intereses compensatorios en las respectivas cuentas
de resultados. Es por ello que en la descripción de la cuenta
1906- Cuentas por Cobrar en Suspenso, se señala que los
intereses y comisiones por cobrar, de créditos que pasen a
situación de vencidos, que han sido contabilizados en las
cuentas 1601 y 1602 (Cuentas por cobrar correspondientes a
intereses y comisiones) con abono a las cuentas 5105 y 5205
(ingresos de operación por concepto de colocaciones), se
extornarán trasladándose a las cuentas 1906 – Cuentas por
Cobrar en Suspenso y 2806 – Ingresos en Suspenso.
Sin embargo, los intereses y comisiones que se generen
después de la fecha en que los créditos entren a la situación
de vencidos, se registran directamente en las cuentas 1906-
Cuentas por Cobrar en Suspenso y 2806-Ingresos en Suspenso,
conforme a lo señalado por la descripción del Rubro 14
del Plan de Cuentas y de la cuenta 1906, no debiendo ser
registrados previamente en cuentas de resultados (cuentas
5105 y 5205), conforme lo enfatiza la R. de SBS Nº 572-97,
aplicable al presente caso. Dicha resolución señala expresamente
que los intereses y comisiones devengados que se encuentren
en situación de vencidos serán reconocidos en la
cuenta de resultados sólo cuando sean efectivamente percibidos
y que los intereses y comisiones correspondientes a
créditos en cobranza judicial o arbitral se contabilizarán en
las respectivas cuentas de orden.
En ese sentido, sería incorrecto señalar que en todos los
casos los intereses que se registran en las cuentas 1906 y 2806
(cuentas por cobrar e ingresos en suspenso) han sido previamente
registrados en cuentas de resultados y que por ello el
Plan de Cuentas ha optado por efectuar el ajuste de los ingresos
originalmente reconocidos según lo señalado en el párrafo
34 de la NIC 18 (modificada en 1993): Ingresos, puesto
que como hemos visto, los intereses y comisiones generados
con posterioridad al vencimiento de los créditos serán contabilizados
directamente en las cuentas 1906 y 2806, sin ser
registrados previamente en las cuentas de resultados.
Por otro lado, a diferencia de lo señalado por el Tribunal
Fiscal, consideramos que no contabilizar los intereses correspondientes
a los créditos vencidos y a los créditos clasificados
en la categoría de “dudoso” o “pérdida” en cuentas de
resultados, respondería a lo establecido por la NIC 18 indicada
y no se opondría a lo señalado por las normas internacionales
de contabilidad ni al principio de lo devengado establecido
por el artículo 57° de la LlR. Es más, consideramos
que tal como señala la NIC 18 y los párrafos 82, 83, 92 y 93
del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de
los Estados Financieros, elaborado por el IASC (en adelante
Marco Conceptual), dichos intereses no deben ser reconocidos
como ingresos, y mucho menos como ingresos netos para
efecto de los pagos a cuenta, según lo explicamos a continuación.
3. Intereses en Suspenso y pagos a cuenta del IR
Conforme a lo señalado por el párrafo 82 del Marco Conceptual,
el reconocimiento (de una partida de ingreso en este
caso) es el proceso de incorporar en el balance general, o en
el estado de ganancias y pérdidas, una partida que responde
a la definición de elemento, y satisface el criterio de reconocimiento
enunciado en el párrafo 83. Asimismo, se señala
que las partidas que satisfagan el criterio de reconocimiento
deben ser reconocidas en el balance general o en el estado
de ganancias y pérdidas. Al respecto, el párrafo 83 indica
que las partidas que reúnan la definición de elemento deberán
reconocerse si:
(a) Es probable que algún beneficio económico futuro, asociado
con la partida, fluya hacia la empresa o de ella;
y
(b) la partida tiene un costo o valor que puede ser medido
confiablemente.
Debe señalarse que, conforme al párrafo 85 del Marco
Conceptual, el concepto de probabilidad es usado en el criterio
de reconocimiento para referirse al grado de incertidumbre
que los beneficios económicos futuros asociados a la partida,
fluirán a la empresa y, asimismo, que dicho concepto se
encuentra relacionado con la incertidumbre que caracteriza
el ambiente en que la empresa opera.
En lo que se refiere al reconocimiento específico de los
ingresos, el párrafo 92 del Marco Conceptual nos señala que
“los ingresos se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas
cuando se ha producido un incremento en los beneficios
económicos futuros, asociado a un incremento en un activo
o una disminución el pasivo y que puede ser medido razonablemente”.
En este punto del análisis podemos señalar que conforme
al Marco Conceptual los intereses correspondientes a créditos
en los que existe incertidumbre respecto a su recuperabilidad
no deberían ser reconocidos como ingresos, tal como
lo ha establecido el Plan de Cuentas para los intereses provenientes
de créditos vencidos o de dudosa recuperabilidad.
Por otro lado, la NIC 18 señala que su objetivo es determi-
MAYO 2002 37

JURISPRUDENCIA COMENTADA
nar cuándo deben ser reconocidos los ingresos (se entiende
en cuentas de resultados). En ese sentido se señala dentro su
capítulo de Objetivos que: “El ingreso es reconocido cuando
es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a
la empresa y estos beneficios pueden ser medidos confiablemente.
Esta norma identifica las circunstancias en las cuales
estos criterios serán reunidos, para que los ingresos sean reconocidos.”
Sólo analizando este texto se podría concluir que
si existen créditos o deudas de los cuales no existe probabilidad
de recuperación, no debería procederse al reconocimiento
de los intereses generados por dichos créditos como ingresos.
Sin embargo la NIC 18 es más enfática aún al señalar en
su párrafo 29 que los ingresos provenientes del uso por terceros
de los activos de una empresa, que generan intereses,
regalías y dividendos, deben ser reconocidos sobre las bases
indicadas en el párrafo 30, cuando: (i) es probable que los
beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a
la empresa; y, (ii) el monto del ingreso puede ser medido confiablemente.
Asimismo, conforme a lo señalado por el párrafo
34 de la NIC 18 (citado de manera incompleta por el Tribunal
Fiscal) “el ingreso es reconocido solamente cuando es
probable que el beneficio económico de la transacción fluya
a la empresa”. Como vemos, las normas bancarias referidas a
las provisiones y al registro de los intereses por créditos vencidos
en cuentas de ingresos en suspenso no son ajenas a lo
dispuesto por las NICs y su Marco Conceptual, pues dejan de
reconocer en cuentas de resultado los intereses generados
por créditos que son de dudosa recuperabilidad, respecto de
los cuales existe incertidumbre en la consecución de los beneficios
que en este caso son los intereses. En ese sentido, si
en estos casos el activo (constituido por el capital prestado)
ya no genera ningún beneficio y existen pocas probabilidades
de que ello ocurra en el futuro, procede suspender el
reconocimiento de dichos ingresos conforme a lo señalado
por la NIC 18 en sus párrafos 29 y 30.
Por otro lado, debemos recalcar que la segunda parte del
párrafo 34 de la NIC 18 sólo se estaría refiriendo al caso en
que existan conceptos registrados previamente como ingresos
en cuentas de resultados respecto de los cuales se haya
presentado con posterioridad incertidumbre en el cobro. Es
respecto de este caso que la NIC 18 señala que es mejor reconocer
como gasto antes que como un ajuste al importe de
los ingresos originalmente reconocidos, el monto de dudosa
cobranza o recuperabilidad. Debemos indicar que en esta
parte el párrafo 34 de la indicada NIC no establece con carácter
obligatorio que los intereses se deban considerar como
gasto, sino que dice que "es mejor" darles dicho tratamiento,
por lo que sería igual de válido aplicar el tratamiento alternativo.
En ese sentido, en aplicación de las normas contables
citadas podemos llegar a dos conclusiones:
(i) En el caso de intereses por devengar correspondientes a
créditos de clientes morosos, en los que existe incertidumbre
en el cobro de los mismos el Plan de Cuentas
aplica las disposiciones generales de la NIC 18 y del
Marco Conceptual que indican que no se debe reconocer
el ingreso cuando exista incertidumbre de que los
beneficios económicos asociados con la transacción (los
intereses en este caso) fluyan hacia la empresa.
(ii) En el caso de los intereses que fueron previamente registrados
en las cuentas de resultados (cuentas 5105 y
5205) el Plan de Cuentas opta por el ajuste de los ingresos
originalmente reconocidos conforme a lo señalado
por la segunda parte del párrafo 34 de la NIC 18.
Sólo respecto de estos intereses podríamos señalar que
en un primer momento son reconocidos como ingresos
(desde que se originan hasta que el crédito deviene
en la situación de vencido) y posteriormente son
extornados de las cuentas de resultados ante la situación
de incertidumbre en el cobro de los créditos (vencimiento
del crédito y/o calificación de dudoso o pérdida).
En este segundo caso, sería aplicable lo establecido
por el Tribunal Fiscal en el sentido de que estos
intereses extornados constituyen en realidad un gasto
deducible para efectos del impuesto a la renta en la
medida en que son accesorios a los créditos que han
sido objeto de provisiones específicas y a los créditos
vencidos.
4. Principio de lo devengado
Por otro lado, debemos señalar que el principio de lo devengado
establecido por el artículo 57° de la LIR , proviene
de la ciencia de la contabilidad y ante la ausencia de una
definición legislativa en nuestras normas tributarias corresponde
establecer su contenido en base a lo señalado por las
normas contables y conforme a lo señalado por la doctrina.
En nuestra revista del mes de febrero del presente año analizamos
el contenido del principio de lo devengado (1) conforme
a lo señalado por las normas contables y la doctrina por
lo que nos eximimos de hacer un análisis exhaustivo del mismo.
Al respecto, debemos señalar que la aplicación del principio
de lo devengado no es ajeno al riesgo de las transacciones
económicas que deben ser registradas conforme a tal principio.
Este hecho lo hemos podido verificar con las disposiciones
de las NICs que hemos citado y que toman en cuenta
el elemento de la incertidumbre en interrelación con el principio
de lo devengado. Asimismo, esto queda evidenciado
con la definición del principio de lo realizado, que participa
del principio de lo devengado, contenida en el Plan Contable
General Revisado, aprobado mediante R. de CONASEV
Nº 006-84-EFC/94.10. Dicha norma, cuando se refiere a los
Principios Generales de Contabilidad, señala que en aplicación
del principio de lo devengado “los resultados económicos
sólo se deben computar cuando sean realizados, o sea
cuando la operación que los origina queda perfeccionada
desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales
aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente
todos los riesgos inherentes a tal operación”. En ese sentido,
las operaciones no sólo se registran como ingresos tomando
en cuenta el momento en que ha surgido el derecho a su
cobro o pago, sino tomando en consideración los riesgos que
conlleva la operación (en este caso de crédito). En ese sentido,
se podría interpretar que en el caso de operaciones que
presenten incertidumbre o riesgo respecto al flujo de ingre-
–––––––
(1) Ver Nuestro artículo “Principio de lo devengado y las Rentas de la Quinta
Categoría” publicado en Análisis Tributario N°169, febrero de 2002, págs.
10-12.
38
MAYO 2002

JURISPRUDENCIA COMENTADA
sos hacia la empresa, el principio de lo devengado admitiría
que ciertos conceptos dejen de ser reconocidos como ingresos
hasta que exista certidumbre de que se obtendrán beneficios
económicos.
5. Deducibilidad de los intereses en suspenso y en cobranza
judicial en la base imponible del impuesto a la renta anual
En este punto el Tribunal Fiscal, basado en lo establecido
en la RTF Nº 19976 (2) , considera que son deducibles como
gasto los intereses correspondientes a los créditos vencidos y
en cobranza cobranza judicial registrados en las cuentas correspondientes
a “ingresos en suspenso” y cuentas de orden
respectivamente.
Consideramos que, por lo complejo del tema, este punto
es discutible y admite al menos dos premisas:
(i) Que los intereses en suspenso y los intereses de créditos
en cobranza judicial nunca constituyeron un ingreso
del ejercicio, salvo aquellos intereses que en un
inicio fueron contabilizados como ingresos hasta la
fecha de vencimiento del crédito, y,
(ii) que todos los intereses contabilizados en las cuentas
de ingresos en suspenso y en las cuentas de orden por
estar en cobranza judicial tuvieron la calidad de ingreso
gravable en algún momento del ejercicio, pero
luego se convirtieron en gasto conforme a lo argumentado
por el Tribunal Fiscal.
Si tomamos en cuenta la primera premisa podremos concluir
que los intereses mencionados no pueden formar parte
de la base imponible del impuesto a la renta porque en un
caso no constituyen ingreso del ejercicio (no debieron ser
reconocidos como ingreso) y en el otro, habiendo sido considerados
como ingreso devengado, con posterioridad se convirtieron
en gasto, tal como si se efectuara una provisión.
Si tomamos en cuenta la segunda posición que habría sido
adoptada por el Tribunal Fiscal, los intereses en suspenso y
en cobranza judicial serían deducibles como gasto, en el caso
que correspondan a créditos que hayan sido objeto de provisión
específica y a créditos vencidos. Ello sería así porque, de
manera correcta, el Tribunal Fiscal ha señalado que el inciso
h) del artículo 37° de la LIR que establece la deducibilidad
de las provisiones específicas ordenadas por la SBS para las
entidades del sistema financiero (con exclusión de las provisiones
correspondientes a créditos clasificados en la categoría
de “normales”) incluye tanto al capital como a los intereses
generados por dicho capital colocado por las instituciones
financieras, en aplicación del principio de causalidad.
Asimismo, dicha afirmación se basa en la aplicación del apotegma
jurídico que indica que “lo accesorio sigue la suerte
de lo principal” y en ese sentido los intereses en suspenso y
en cobranza judicial deben seguir la misma condición que el
capital que los origina. Sin embargo, tal como lo señala el
Tribunal Fiscal, la deducción de los intereses y comisiones en
suspenso debe excluir a aquellos intereses que correspondan
a créditos clasificados en la categoría de normal, créditos que
sean objeto de provisiones genéricas y créditos no vencidos.
Es por ello que, correctamente, el Tribunal Fiscal considera
que SUNAT debe emitir nuevo pronunciamiento puesto que
no evaluó si tales intereses registrados en las cuentas 1906 y
2806 (Cuentas por Cobrar en Suspenso e Ingresos en Suspenso)
y en las cuentas de orden 8114 y 8124 (Intereses en Cobranza
Judicial) correspondían a créditos sujetos a provisión
específica o créditos que estuvieran en la condición de vencidos.
En lo que se refiere a la verificación de la clasificación de los
créditos que originan los intereses mencionados debemos indicar
que conforme a lo dispuesto por la R. de SBS Nº 572-97,
la R. de SBS Nº 9346-98, el Oficio Circular Nº 5170-99 de la
SBS, y a lo señalado en la descripción del rubro 14 del Plan de
Cuentas y en la descripción de la cuenta 1906 de la indicada
norma contable, en las cuentas de intereses en suspenso sólo
se pueden registrar los créditos que están en situación de vencidos.
Asimismo, debemos indicar que conforme a la normatividad
contable citada, no es posible que se contabilicen válidamente
en las cuentas 1906 y 2806 intereses provenientes de
créditos clasificados como normales por la mencionada R. de
SBS Nº 572-97 puesto que los plazos de vencimiento exigidos
por el Plan de Cuentas para registrar los intereses en las referidas
cuentas de ingresos en suspenso, superan a los plazos de
vencimiento y condiciones establecidos para clasificar a un
crédito como normal. Por otro lado, tampoco es posible que,
válidamente, los intereses provenientes de un crédito sujeto a
una provisión genérica sean contabilizados como ingresos en
suspenso porque corresponden sólo a créditos clasificados
como normales conforme a lo señalado por el numeral 1.1.
del Capítulo III de la R. de SBS N° 572-97 y como lo hemos
señalado, legalmente los créditos clasificados en la categoría
de “normal”, no podrían ser registrados en dichas cuentas de
intereses en suspenso.
Un último punto que merece ser rescatado de la Resolución
del Tribunal Fiscal objeto de comentario, es el referido a los
intereses correspondientes a créditos en cobranza judicial y
que luego de haber sido registrados en las cuentas de intereses
en suspenso pasaron a anotarse en cuentas de orden. En este
caso, el Tribunal Fiscal señala que a dichos intereses les debe
ser aplicable el mismo tratamiento tributario que se ha dispuesto
para los intereses en suspenso dado que guardan una
naturaleza similar, lo cual es correcto. Sin embargo, hasta la
fecha existía dudas acerca del sustento que podían tener los
importes registrados en cuentas de orden para efectos de sustentar
provisiones u otro tipo de deducciones en los cuales
distintas normas tributarias exigen de manera general su “registro
contable”. En ese sentido, al haberse permitido que los
importes registrados en cuentas de orden sea considerados
como gasto deducible como si se tratara de una provisión, se
estaría reconociendo el carácter de registro contable de tales
cuentas de orden.
En conclusión, sea cual fuera la premisa a tomar en este
caso, consideramos que los intereses en suspenso y los que
corresponden a créditos en cobranza judicial no deben formar
parte de la base imponible del impuesto a la renta del
ejercicio correspondiente.
––––––
(2) La RTF Nº 19976 consideró como gasto deducible a los intereses contabilizados
en las cuentas de ingresos en suspenso para efectos del Impuesto a la
Renta aplicable hasta el ejercicio 1993, el mismo que no limitaba la
deducibilidad de las provisiones. Por otro lado, a partir del ejercicio 1997,
sólo son deducibles las provisiones específicas ordenadas por la SBS, conforme
a la modificación del inciso h) del artículo 37° de la LIR introducida
por la Ley Nº 26731.
MAYO 2002 39

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia Tributaria
SALA 3
2000
• DETERMINACIÓN SOBRE BASE
PRESUNTA
RTF Nº 1076-3-2000/27.10.2000
Para determinar sobre base
presunta, la Administración no
podrá aplicar un procedimiento
que no esté contenido en una
norma legal.
La Administración efectuó reparos al débito
fiscal por cuanto el contribuyente no exhibió
una Boleta de Venta y no presentó el
original de una Factura que había sido anulada.
Para definir el monto de tales comprobantes,
tomó como base otra Boleta de Venta
y otra Factura emitida, de esta manera
incrementó la base imponible del débito fiscal
(sustentó el reparo en el primer párrafo
del artículo 42° del Dec. Leg. Nº 775, Ley
del IGV y en el inciso a) del numeral 6 del
artículo 10° del Reglamento).
Al respecto, el inciso a) del numeral 6 del
artículo 10° del Reglamento establece que
para determinar el valor de venta de un bien
o de un servicio, a que se refiere el primer
párrafo del artículo 42° de la Ley, la SUNAT
lo estimará de oficio tomando como término
de referencia el mayor valor correspondiente
a otras operaciones fehacientes realizadas
por el propio sujeto, respecto a iguales
bienes o servicios; para ello se tendrá en
cuenta las operaciones correspondientes a
cada mes calendario.
En el caso materia de autos, no fluye que
la Administración haya identificado plenamente
los bienes al aplicar esta norma, más
aún, cuando la Boleta de Venta reparada no
ha sido exhibida, limitándose a considerar
el importe de la Factura y Boleta de Venta de
mayor monto emitida en el mes; sin embargo,
el mayor valor al que alude la norma
reglamentaria no se refiere al comprobante
de pago de mayor monto emitido por el contribuyente
en el mes que se acota, sino que
está relacionado con el mayor valor facturado
respecto de bienes iguales en el período
acotado; lo que es razonable, dado que la
estimación que contempla la norma persigue
que la determinación se acerque a la
realidad.
El contribuyente no exhibió la Boleta de
Venta y no presentó el original y las copias
de la factura anulada, la Administración estaba
facultada a utilizar el procedimiento de
determinación sobre base presunta, al existir
causal para ello, conforme lo prescrito en
los artículos 63° y 64° del Código Tributario–Decreto
Legislativo Nº 773 aplicable al
caso de autos; sin embargo, debe indicarse
que al aplicar un procedimiento de presunción,
éste debe estar contenido en alguna
norma legal, no pudiendo ser creado por la
Administración, criterio que ha sido expuesto
por este Tribunal en reiterada jurisprudencia
como en las Resoluciones Nºs. 1261-5-
97, 1-3-99 y 97-3-99.
Habiendo aplicado la Administración en
forma incorrecta el procedimiento regulado
en el inciso a) numeral 6 del artículo 10° del
Reglamento referido anteriormente, la determinación
del débito fiscal resulta equivocada,
por lo que se debe efectuar una nueva
determinación de la obligación tributaria de
dicho período, el cual deberá ceñirse a las
normas contenidas en el Código Tributario y
en la Ley del IGV, sobre determinación de la
obligación tributaria.
Por lo expuesto, el Tribunal procede a declarar
la nulidad de la resolución.
• PRINCIPIO DE CAUSALIDAD
RTF Nº 1076-3-2000/27.10.2000
Los gastos por eventos
recreacionales o fiestas son
deducibles si en las facturas de la
actividad realizada se imprime el
nombre del contribuyente y el
logo del producto que distribuye.
La Administración reparó los gastos sustentados
en facturas de una imprenta por la
impresión de volantes, tarjetas y programas
de fiestas. La recurrente argumenta al respecto
que en dichos volantes, tarjetas y programas
de fiestas se hizo publicidad y propaganda
del negocio, siendo además que
en el evento se vendieron productos de la
empresa por lo que los gastos realizados eran
gastos necesarios que cumplen el principio
de causalidad.
Sobre el particular, la Administración sostiene
que dichos comprobantes son egresos
no deducibles de la renta imponible, al ser
gastos personales y de sustento del contribuyente
o sus familiares, conforme a lo dispuesto
en el inciso a) del artículo 44° de la misma
Ley del Impuesto a la Renta, al tratarse
de comprobantes que sustentan tarjetas de
pachamancas, volantes de fiestas patronales
que no tienen que ver con la actividad de
la distribuidora de bebidas alcohólicas.
Sobre el particular, el Tribunal indica que
de las copias correspondientes a las Facturas
emitidas por la imprenta, se observa que
corresponden a servicios de impresión de tarjetas
de baile, parrilladas; y de las copias
de estas tarjetas, se observa que, además
del detalle de la actividad, se imprime el
nombre del contribuyente y el logo del producto
que distribuye (cerveza), lo que le confiere
publicidad del negocio, constituyendo
un gasto deducible de acuerdo con el principio
de causalidad establecido en el artículo
37° de la Ley del Impuesto a la Renta; y, en
este sentido, procede que la Administración
verifique en las facturas por servicios de impresión
la relación existente con la publicidad
de la empresa, por lo que procede que
se declare la nulidad e insubsistencia de la
apelada.
En ese sentido, el Tribunal resuelve declarar
nula e insubsistente la resolución de intendencia.
• MULTA
RTF Nº 1112-3-2000/31.10.2000
La multa a que se refería el
artículo 185° del Código Tributario
opera ex lege, ya que dicho
artículo no preveía la emisión de
un acto anterior de la
Administración para la aplicación
de tal sanción.
En el presente caso se cuestiona en apelación
la Resolución de Intendencia de 8 de
julio de 1997, mediante la cual la Administración
ordenó la aplicación de la multa establecida
en el artículo 185° del Código Tributario
(aprobado por Dec. Leg. Nº 773),
debido a que el Tribunal Fiscal desestimó la
apelación formulada por la recurrente contra
una Resolución de Comiso.
El artículo 185° del Código Tributario–Dec.
Leg. Nº 816, vigente al momento de emitirse
la apelada, establecía que cuando el Tribunal
Fiscal desestime la apelación sobre comiso
de bienes, la sanción se incrementará
con una multa equivalente al precio del bien.
40
MAYO 2002

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
Si bien el contribuyente en el escrito que
dio mérito al fallo emitido por el Tribunal,
dedujo la nulidad de la referida Resolución
de Comiso, lo cierto es que al amparo de lo
ordenado en el artículo 103° de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
esta instancia le dio el trámite de
apelación al citado escrito, máxime si se toma
en cuenta que se cuestionó la comisión de la
infracción imputada; y aunque este Tribunal,
en la parte resolutiva, declaró infundada la
nulidad deducida contra la referida Resolución
de Comiso, debe entenderse que el fallo
estuvo dirigido al recurso que dio trámite.
Sin embargo, adviértase que la multa ordenada
en el artículo185° antes citado, opera
ex lege, toda vez que el tenor del citado
artículo no prevé la emisión de un acto anterior
de la Administración para la expedición
de tal sanción pecuniaria.
En atención a lo expresado, la Resolución
de Intendencia que ordena la aplicación de
la multa al amparo de lo dispuesto en el artículo
185° en análisis, ha infringido el procedimiento
establecido legalmente; en ese
sentido, conforme a lo prescrito en el numeral
2 del artículo 109° del Código Tributario
bajo examen, procede declarar su nulidad.
Por lo expuesto, el Tribunal resuelve declarar
nula la resolución de intendencia.
• MEDIDAS CAUTELARES
RTF Nº 1170-3-2000/21.11.2000
Aunque el Código Tributario no
prevé un plazo de caducidad para
las medidas cautelares trabadas en
un procedimiento de cobranza
coactiva, no resulta aplicable el
plazo de caducidad prescrito en el
artículo 625° del Código Procesal
Civil a las medidas cautelares, en
virtud al interés público de tutelar
el pago de la deuda tributaria.
El recurrente señala que la Administración
Tributaria mantiene vigentes las medidas cautelares
de embargo en forma de inscripción
sobre sus inmuebles, las que fueran ordenadas
por la Resolución Coactiva de 16 de
agosto de 1996, pese a que éstas han caducado
al haber vencido el plazo prescrito en
el artículo 625° del Código Procesal Civil,
por lo que solicita el levantamiento de tales
medidas.
Sobre la caducidad de las medidas cautelares
ordenadas mediante Resolución Coactiva
de fecha 16 de agosto de 1996; carece
de objeto pronunciarse dado que fueron levantadas
por Resolución de 20 de octubre
de 1997. Asimismo, por resolución de 20
de octubre de 1997 se variaron las medidas
cautelares previas en definitivas; siendo anotado
tal embargo el 11 de noviembre de
1997, en las partidas registrales de los inmuebles
del quejoso.
El Código Tributario no prevé un plazo de
caducidad para las medidas cautelares trabadas
durante un procedimiento de cobranza
coactiva, en virtud al interés público que
se pretende tutelar con éstas, cual es el pago
de la deuda tributaria, por lo que no resulta
aplicable a tales medidas cautelares el plazo
de caducidad prescrito en el artículo 625°
del Código Procesal Civil; más aún cuando
esta última norma regula la caducidad de
las medidas cautelares ordenadas por un
juez dentro de un proceso distinto al procedimiento
materia de autos.
El plazo previsto en el citado artículo 625°
tampoco es aplicable a las medidas cautelares
previas, toda vez que la caducidad de
tales medidas se encuentra expresamente regulada
en el artículo 57° del Código Tributario
en examen, careciendo de sentido examinar
dicha caducidad, toda vez que éstas
se tomaron en definitivas.
• RESOLUCIÓN DE
DETERMINACIÓN
RTF Nº 1241-3-2000/28.11.2000
Al variar en la instancia de
reclamación la base legal de la
Resolución de Determinación
impugnada se priva al deudor
tributario de una instancia para
sustentar sus cuestionamientos; en
consecuencia, se debe dar trámite
de reclamación al escrito
presentado ante el Tribunal Fiscal.
El contribuyente, al interponer su reclamación,
solicita la nulidad de la Resolución de
Determinación a través de la que se le realizaron
reparos por mermas no sustentadas
al amparo del numeral 2 del artículo 109°
del Código Tributario–Dec. Leg. Nº 816, por
cuanto la base legal invocada no resulta
aplicable y no se ha seguido el procedimiento
de determinación sobre base presunta contenido
en el artículo 69° del mismo Código
Tributario.
Conforme a lo previsto en los artículos 75°
al 77° del Código Tributario, concluido el proceso
de fiscalización la Administración Tributaria,
si fuera el caso, emitirá la correspondiente
Resolución de Determinación, mediante
el cual pone en conocimiento del deudor
tributario el resultado de su labor destinada
a controlar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, y establecer la existencia
del crédito o de la deuda tributaria.
Asimismo, los numerales 6 y 7 del artículo
77° del Código en examen, indican que la
Resolución de Determinación debe explicar
los motivos determinantes del reparo, así
como los fundamentos y disposiciones que
la amparen, cuyo conocimiento por parte del
recurrente resulta fundamental para que ésta
ejerza adecuadamente su derecho de defensa,
por lo que, la omisión de tales requisitos
implica que el deudor tributario se vea imposibilitado
de cuestionar los motivos que
determinaron los reparos, y, por ende, a ofrecer
y actuar las pruebas pertinentes.
Si bien la Resolución de Determinación
indica el motivo del reparo como también la
base legal; sin embargo, al resolverse la reclamación
mediante la Resolución de Intendencia
apelada, y al amparo del segundo
párrafo del artículo 109° del Código Tributario
en análisis, la Administración sustituye
la base legal consignando esta vez los artículos
37° literal f), 44°, 91° y 96° del Decreto
Legislativo Nº 774, así como el artículo
64° del Código Tributario, indicando en relación
a este último artículo las causales que
le facultan a efectuar la determinación sobre
base presunta. Asimismo, el ente fiscal precisa
que la presunción por diferencia de inventario
contenida en el artículo 96° de la
Ley del Impuesto a la Renta, no se rige por el
mismo procedimiento contenido en el artículo
69° del Código Tributario; es decir, procede
a cambiar el motivo del reparo y la base
legal respectiva.
La variación de los motivos que sustentan
la emisión de la Resolución de Determinación
impugnada, significa restar una instancia
al deudor tributario en el procedimiento
contencioso-tributario.
En atención a las razones expuestas precedentemente,
deviene pertinente darle el trámite
de reclamo al escrito formulado en esta
instancia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 103° del Texto Único Ordenado de
la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 002-94-JUS.
Por ese motivo, el Tribunal resuelve remitir
el escrito presentado por el recurrente para
darle el trámite de reclamo.
• APORTACIONES AL IPSS
RTF Nº 1244-3-2000/30.11.2000
Los fundamentos para acotar el
pago de aportaciones no pueden
ser genéricos, sino que se deben
establecer los motivos específicos
por el monto acotado.
El recurrente deduce la nulidad del Acta
de Liquidación Inspectiva por proceder de
una fiscalización realizada por una empresa
que es un tercero ajeno a la Administración
Tributaria, para este efecto invoca el
MAYO 2002 41

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
artículo 54° del Código Tributario, aprobado
por el Dec. Leg. Nº 816.
Sobre el particular, el Tribunal indica que
según el inciso c) del artículo 3° de la Ley Nº
24786, Ley General del IPSS, el IPSS tiene
como función inscribir a los asegurados, recaudar
y fiscalizar las aportaciones y demás
recursos establecidos por ley. Asimismo, el
inciso f) del artículo 3° de la referida norma
señala que el IPSS podrá realizar toda clase
de actos jurídicos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones, por lo que la nulidad
deducida no está sustentada.
No obstante lo anterior, corre en autos la
copia autenticada del Acta de Liquidación
Inspectiva girada por omisiones al pago de
las Aportaciones correspondientes a los períodos
de febrero a agosto de 1992; dicho
valor comprende un Informe Inspectivo, en
el que la Administración, de la revisión del
libro caja, estableció omisiones al pago de
aportaciones, señalando como fundamentación
de la deuda: "por remuneraciones excluidas
de planillas".
Dicha observación es genérica, y no permite
establecer los motivos por los que el monto
acotado califica como remuneración, ni
tampoco los conceptos que –anotados en el
libro caja– conforman la mayor base imponible
sobre la cual se ha aplicado el régimen
de aportaciones.
El artículo 103° del Código Tributario aprobado
por el Dec. Leg. Nº 773, preceptuaba
que los actos de la Administración Tributaria
serán motivados y constarán en los respectivos
instrumentos o documentos; dado que la
observación consignada en el Acta de Liquidación
Inspectiva no permite establecer las
consideraciones o fundamentos de lo acotado,
aquel acto administrativo no se encuentra
motivado, por lo que la Administración
incumplió lo dispuesto en el aludido artículo
103°.
Se declara nula el acta de liquidación.
• INICIO DE ACTIVIDADES
RTF Nº 1320-3-2000/20.12.2000
En el marco del beneficio
tributario otorgado para las
empresas que se establecieran en
zonas de Selva o Frontera, para
determinar el inicio de actividades
de una empresa, no se puede
tomar en cuenta sólo la fecha de
su inscripción en Registros
Públicos, sino que se deben
analizar otros elementos de juicio.
El artículo 71° de la Ley General de Industrias,
aprobada por la Ley Nº 23407, vigente
a partir del 26 de mayo de 1982, disponía
lo siguiente: "Las empresas establecidas
o que se establezcan en zonas de frontera o
de Selva están gravadas sólo con las contribuciones
al IPSS y con los derechos de importación,
salvo lo dispuesto en el Artículo
VI del Título Preliminar de esta Ley, así como
con los tributos municipales"; la misma norma
señalaba que, conforme a lo dispuesto
en el párrafo anterior, las empresas industriales
establecidas en zonas de Frontera o
de Selva sólo están gravadas con los tributos
y contribuciones que expresamente en él
se mencionan y, por tanto, exoneradas de
todo otro impuesto, creado o por crearse,
inclusive de aquellos que requiere de norma
exoneratoria expresa.
En cuanto al plazo de vigencia de los beneficios
contemplados en la Ley General de
Industrias y en el Dec. Leg. Nº 618, respecto
del Impuesto a la Renta, exprésase que el
artículo 141° de la Ley General de Industria,
prescribía que: "El término para la vigencia
de los incentivos en la presente Ley, cuando
no se precise plazo es el 31 de diciembre de
2000".
Posteriormente, el 29 de noviembre de
1990, se expide el Dec. Leg. Nº 618, en cuya
Cuarta Disposición Final se disponía lo siguiente:
«Deróganse a partir del 1 de enero
de 1991, todas las disposiciones legales que
otorgan exoneraciones totales o parciales del
Impuesto a la Renta concedidas en favor de
cualquier actividad económica o sector económico,
región o zona geográfica del país,
así como las otorgadas con carácter subjetivo,
con excepción del régimen previsto (...)
en el artículo 71° de la Ley Nº 23407, Ley
General de Industrias (...).
En el caso de empresas establecidas que
estén gozando de los beneficios tributarios
señalados en el artículo 71° de la Ley Nº
23407, Ley General de Industrias (...), el beneficio
no podrá exceder de diez (10) años
contados a partir del año en que inició el
goce del beneficio tributario. Tratándose de
empresas nuevas, que se constituyan a partir
del 1 de enero de 1991, el goce de los
beneficios antes señalados no excederá de
cinco (5) años (...)”.
Al establecer genéricamente el artículo
141° de la Ley General de Industrias, el plazo
de vigencia del beneficio tributario que
contenía, no impedía jurídicamente su determinación
legal por parte del legislador de
acuerdo a las necesidades de orden público
que las sustentaran.
Es por la razón que mediante el Dec. Leg.
Nº 618, se precisa el plazo por el cual se
entiende otorgado dicho beneficio, en correlato
con lo dispuesto por el artículo 141° de
la Ley General de Industrias, que deja abierta
la posibilidad de que una norma posterior
fijará el término de vigencia, beneficio
que fue delimitado por la Cuarta Disposición
Final del citado Dec. Leg.
Referente al plazo de diez años otorgados
por el Decreto Legislativo Nº 618, ya
citado, el segundo párrafo de su Cuarta Disposición
Final menciona que: "En el caso de
empresas establecidas que estén gozando de
los beneficios tributarios señalados en el artículo
71° de la Ley Nº 23407, Ley General
de Industrias (...), el beneficio no podrá exceder
de diez (10) años contados a partir
del año en que inició el goce del beneficio
tributario.
Al respecto, conviene examinar el alcance
de la frase "...inicio del goce...": el Diccionario
de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas
señala que el término "goce" significa
acción o efecto de gozar. Disfrute de un
bien material o moral.
De lo esbozado, la expresión "goce" implica
la acción de disfrutar un bien de naturaleza
moral que comprende, en general,
también a los derechos en el ámbito jurídico,
que para la materia de grado, constituye
la realización de operaciones propias del
giro del negocio, es decir, empresa en marcha
dentro de un régimen legal determinado,
en el presente caso, el referido al goce
del beneficio tributario contenido en la Cuarta
Disposición Final del Dec. Leg. Nº 618; en
esta perspectiva, el plazo para efectos del
goce del beneficio en mención corresponde
computarlo desde el inicio de actividades
industriales por parte del recurrente.
En esta línea de pensamiento aplicada a
la realidad del contribuyente, se verifica que
si bien el apelante se inscribió el 9 de agosto
de 1980, existen documentos que permite
advertir que éste no realizó actividades industriales
a partir de esa fecha, sino posteriormente,
motivo por el cual la Administración
Tributaria debe verificar el inicio de operaciones
de la empresa, considerando para
tal efecto, la anotación en el Registro de Ventas
de la primera factura de venta y su correspondiente
declaración jurada del Impuesto
a la Renta, entre otros elementos de juicio.
En relación a la Resolución Nº 648-2-96,
de 18 de diciembre de 1996, mencionada
por la Administración en la resolución apelada,
señálase que el criterio contenido en
ella no resulta aplicable al caso de autos,
debido a que estaba referido a empresas que
tenían expedito su derecho al goce del beneficio
de exoneración del Impuesto a la
Renta, al amparo del Dec. Leg. Nº 618, supuesto
que difiere del caso de autos, en el
que el contribuyente aún no contaba con los
requisitos necesarios para ser considerada
empresa en marcha, por lo que no tenía aún
expedito su derecho al goce del beneficio
antes referido.
Por ese motivo se resuelve declarar nula e
insubsistente la resolución.
42
MAYO 2002

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
SALA 4
2000
• CRÉDITO FISCAL
RTF Nº 701-4-2000/11.08.2000
Las adquisiciones que respondan a
obligaciones contractuales que
tiene el contribuyente en virtud
del servicio que presta y que
forman parte de la prestación del
servicio, deberán ser consideradas
como adquisiciones destinadas a
operaciones gravadas.
El asunto controvertido es determinar si las
erogaciones realizadas con motivo de la adquisición
de tinas plásticas restituidas a un cliente
en cumplimiento de obligaciones contractuales
son aceptadas como gasto para efecto del Impuesto
a la Renta y se destinan a operaciones
por las que se debe pagar el impuesto, y, por
ende, permiten sustentar el crédito fiscal.
El crédito fiscal reparado en el mes de febrero
de 1996, se refiere a una factura emitida
por Compañía Peruana de Radiodifusión
S.A. por 268 tinas plásticas correspondientes
al programa «Utilísima».
La Administración reconoce que tales adquisiciones
fueron efectuadas en cumplimiento de
obligaciones contractuales que mantenía la
recurrente en virtud del servicio de vigilancia
que presta, que implicaban la responsabilidad
de, en caso de pérdida de los bienes custodiados,
reponer la mercadería perdida.
Si el contrato define los límites y características
del servicio y en este se incluye la restitución
de los bienes perdidos, este acto también
forma parte de la prestación del servicio, por
lo que la adquisición de dichos bienes se debe
considerar destinada a las operaciones gravadas
y el reparo debe ser dejado sin efecto.
El Tribunal resuelve revocar la resolución de
intendencia.
• IMPUESTO PREDIAL
RTF Nº 702-4-2000/11.08.2000
Los predios de las entidades que
dependen directamente de un
órgano perteneciente al gobierno
central se encuentran inafectos del
Impuesto Predial.
El asunto controvertido consiste en determinar
si los predios de la Unidad Técnica
Especializada del FONAVI (UTE-FONAVI)
perteneciente al Ministerio de la Presidencia
se encuentran inafectos del Impuesto Predial.
El artículo 15° de la Ley Nº 23552-Ley del
Impuesto al Valor del Patrimonio Predial señala
que se encuentran inafectos al Impuesto
los predios de propiedad de, entre otros, el
Gobierno Central.
Posteriormente, mediante el Dec. Leg. Nº 776
se promulga la Ley de Tributación Municipal,
mediante la cual se modifica la normatividad
del Impuesto Predial; sin embargo el artículo 17°
de dicha norma mantiene la inafectación a los
predios de propiedad del Gobierno Central.
La Resolución Ministerial Nº 027-92/PRES,
del 27 de agosto de 1992, en su artículo 2°
establece que la UTE-FONAVI depende directamente
del Despacho del Ministro y adscribe
su actividad dentro del Subsector del Viceministro
de Infraestructura del Ministerio de la Presidencia.
En tal sentido, siendo que, conforme a las
normas citadas, la UTE-FONAVI es una entidad
dependiente del Ministerio de la Presidencia y
que éste forma parte del Gobierno Central, los
predios materia de autos no se encuentran afectos
al Impuesto Predial.
Se resuelve revocar la resolución de alcaldía.
• APORTACIONES AL IPSS
RTF Nº 718-4-2000/18.08.2000
Un trabajador tiene la calidad de
obrero cuando en su actividad
laboral prevalece el esfuerzo físico
sobre el intelectual y tiene la
calidad de empleado cuando el
esfuerzo intelectual prevale sobre
el físico. De ello se desprende que
un grifero debe ser considerado
como obrero y, por lo tanto, sus
remuneraciones estar afectas al
pago de las aportaciones
correspondientes.
La materia impugnada se centra en determinar
si los griferos tienen la calidad de empleados
u obreros a efecto de la aplicación de
las aportaciones por Seguro de Accidentes de
Trabajo, y Enfermedades Profesionales previstas
por el Decreto Ley Nº 18846, el mismo que
sólo comprende al personal obrero.
Si bien las normas vigentes en los períodos
acotados no definen lo que debe entenderse
por empleado y obrero, resulta de utilidad examinar
los antecedentes legislativos referidos a
dicha materia.
La doctrina establece que un trabajador tiene
la calidad de empleado cuando en su trabajo
predomina el esfuerzo intelectual, y es
obrero cuando prevalece el esfuerzo físico sobre
aquél, criterio que ha sido recogido por la
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 738-2-97.
Asimismo, la Resolución Suprema del 22 de
junio de 1928, reglamentaria de la Ley Nº
4916-Ley del Empleado Público, enumera en
su artículo 1° una lista de actividades cuya realización
implicaba la condición de empleado.
De la revisión de las normas expuestas y atendiendo
al criterio sentado por este Tribunal, se
puede afirmar que el trabajo que realiza un
grifero se asimila a las actividades realizadas
por un obrero de acuerdo con las normas citadas.
Por ese motivo, se desprende que los griferos
deben ser considerados como obreros y,
por lo tanto, sus remuneraciones estan afectas
al pago de las aportaciones correspondientes.
Por lo expuesto, el Tribunal resuelve confirmar
la resolución apelada.
• GASTOS DEDUCIBLES
RTF Nº 724-4-2000/18.08.2000
Para que un gasto sea aceptado
como propio del negocio, debe
constar en los registros contables
del contribuyente y estar
sustentado en el comprobante de
pago correspondiente.
La Administración no acepta las liquidaciones
de compra presentadas por el recurrente a
fin de sustentar el costo de ventas de las facturas
de venta no registradas.
A este respecto, el recurrente alega que la
determinación debe hacerse atendiendo a la
realidad económica, esto es que toda venta
supone la existencia de un costo.
Por su parte, el artículo 40° de la Ley del
Impuesto a la Renta aprobada por Decreto Ley
Nº 25751 señalaba que eran deducibles de
las rentas de tercera categoría los gastos propios
del giro del negocio.
Para que un gasto sea aceptado como propio
del negocio, debe constar en los registros
contables del contribuyente, lo que no ocurre
en el caso de autos, por lo que carece de sustento
lo alegado por el recurrente.
A mayor abundamiento, las liquidaciones
de compra exhibidas por el recurrente, que
supuestamente sustentan el costo de venta, consta
un número de libreta tributaria que no figura
en los registros de la Administración y además,
conforme se aprecia de la ficha de Autorizaciones
de Impresión de Comprobantes de
Pago del recurrente, que obra en autos, éste
solicitó autorización para la impresión de dichas
Liquidaciones recién a partir del mes de
febrero de 1994.
Los estados de cuenta bancaria y cheques
presentados por el recurrente son de cuentas
mancomunadas, por lo que no puede asumirse
que las operaciones allí anotadas correspondan
únicamente al negocio del contribuyente.
Asimismo, no resultan aplicables las resoluciones
invocadas por el recurrente en tanto
están referidas a una acotación sobre base
presunta, situación distinta al caso que nos
ocupa en que la acotación se ha efectuado
sobre base cierta, considerando la información
proporcionada por el propio recurrente.
En ese sentido, el Tribunal resuelve confirmar
la resolución de intendencia.
MAYO 2002 43

INDICADORES
Calendario Tributario y de otros Conceptos
1 PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL TRIBUTO
R. de S. Nº 144-2001/SUNAT (29.12.2001) y normas especiales
2 MES DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO
CONCEPTO 1
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC DEL CONTRIBUYENTE (RUC DE ONCE DÍGITOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY. ABR. MAY.
• Declaración Jurada y Pago
del IGV e ISC (1) (2)
2
MAY.
13.05.02
JUN.
13.06.02
MAY.
14.05.02
JUN.
14.06.02
MAY.
15.05.02
JUN.
17.06.02
MAY.
16.05.02
JUN.
18.06.02
MAY.
17.05.02
JUN.
19.06.02
MAY.
20.05.02
JUN.
20.06.02
MAY.
21.05.02
JUN.
21.06.02
MAY.
22.05.02
JUN.
24.06.02
MAY.
23.05.02
JUN.
11.06.02
MAY.
10.05.02
JUN.
12.06.02
• ESSALUD (2) de Segurid
– Régimen General (3)
13.05.02
13.06.02
14.05.02
14.06.02
15.05.02
17.06.02
16.05.02
18.06.02
17.05.02
19.06.02
20.05.02
20.06.02
21.05.02
21.06.02
22.05.02
24.06.02
23.05.02
11.06.02
10.05.02
12.06.02
– Grupos Especiales (3)
13.05.02 13.06.02 14.05.02 14.06.02 15.05.02 17.06.02 16.05.02 18.06.02 17.05.02 19.06.02 20.05.02 20.06.02 21.05.02 21.06.02 22.05.02 24.06.02 23.05.02 11.06.02 10.05.02 12.06.02
• ONP (2) (3)
13.05.02 13.06.02 14.05.02 14.06.02 15.05.02 17.06.02 16.05.02 18.06.02 17.05.02 19.06.02 20.05.02 20.06.02 21.05.02 21.06.02 22.05.02 24.06.02 23.05.02 11.06.02 10.05.02 12.06.02
• Pagos a Cuenta y Retenciones
del Impuesto a la Renta, incluye
RER (2)
13.05.02
13.06.02
14.05.02
14.06.02
15.05.02
17.06.02
16.05.02
18.06.02
17.05.02
19.06.02
20.05.02
20.06.02
21.05.02
21.06.02
22.05.02
24.06.02
23.05.02
11.06.02
10.05.02
12.06.02
• IES (Ex FONAVI) (2)
13.05.02 13.06.02 14.05.02 14.06.02 15.05.02 17.06.02 16.05.02 18.06.02 17.05.02 19.06.02 20.05.02 20.06.02 21.05.02 21.06.02 22.05.02 24.06.02 23.05.02 11.06.02 10.05.02 12.06.02
• SENCICO (2)
13.05.02 13.06.02 14.05.02 14.06.02 15.05.02 17.06.02 16.05.02 18.06.02 17.05.02 19.06.02 20.05.02 20.06.02 21.05.02 21.06.02 22.05.02 24.06.02 23.05.02 11.06.02 10.05.02 12.06.02
• SENATI (4)
17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02 17.05.02 18.06.02
• APORTES A LAS AFP:
– En Cheque (5)
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
06.05.02
05.06.02
– En Efectivo (6)
08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02
– Declaración sin pago (6)
08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02 08.05.02 07.06.02
– Pago de la deuda
hasta … (7)
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
22.05.02
21.06.02
• R.U.S. (2)
13.05.02 13.06.02 14.05.02 14.06.02 15.05.02 17.06.02 16.05.02 18.06.02 17.05.02 19.06.02 20.05.02 20.06.02 21.05.02 21.06.02 22.05.02 24.06.02 23.05.02 11.06.02 10.05.02 12.06.02
• CONAFOVICER (8)
15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02 15.05.02 17.06.02
(1) Rige también para el ISC; salvo que se aplique un calendario especial, como en el caso del ISC que afecta a los combustibles (ver Cronograma en página 45) (2) Salvo que se trate de contribuyentes considerados como «Buenos Contribuyentes»
(ver Calendario en página 45) (3) Los plazos para la presentación y/o pago en este caso son los mismos que para los tributos administrados por SUNAT. (4) Doce primeros días hábiles del mes. (5) Tres primeros días hábiles del mes. (6) Cinco
primeros días hábiles del mes. (7) … Diez días hábiles siguientes luego de presentar la Declaración sin Pago; en este caso, se reduce en 50% el pago de intereses. (8) Quince primeros días calendario.
44
MAYO 2002

INDICADORES
Cronograma de vencimiento de
pagos a cuenta semanales del ISC (*)
MES AL QUE
CORRESPONDE LA
OBLIGACIÓN
MAYO 2002
JUNIO 2002
VENCIMIENTO SEMANAL
SEMANA
N° DESDE HASTA
1
2
3
4
1
2
3
4
05 de Mayo de 2002
12 de Mayo de 2002
19 de Mayo de 2002
26 de Mayo de 2002
02 de Junio de 2002
09 de Junio de 2002
16 de Junio de 2002
23 de Junio de 2002
11 de Mayo de 2002
18 de Mayo de 2002
25 de Mayo de 2002
01 de Junio de 2002
08 de Junio de 2002
15 de Junio de 2002
22 de Junio de 2002
29 de Junio de 2002
(*) Según Anexo 2 de la R. de S. Nº 144-2001/SUNAT publicada el 29.12.2001
Vencimiento
07 de Mayo de 2002
14 de Mayo de 2002
21 de Mayo de 2002
28 de Mayo de 2002
04 de Junio de 2002
11 de Junio de 2002
18 de Junio de 2002
25 de Junio de 2002
Cronograma de presentación del
Informe Técnico para Reinversión
Impuesto a la Renta 2001 (**)
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FECHA DE VENCIMIENTO
15 de Mayo de 2002
15 de Mayo de 2002
16 de Mayo de 2002
16 de Mayo de 2002
17 de Mayo de 2002
17 de Mayo de 2002
20 de Mayo de 2002
20 de Mayo de 2002
21 de Mayo de 2002
21 de Mayo de 2002
(**) Según Anexo 2 de la R. de S. Nº 029-2002/SUNAT publicada el 21.03.2002
Cronograma para la presentación de información de
Entidades Estatales sobre la adquisición de bienes y/o servicios (***)
ADQUISICIONES
DEL MES DE:
0
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ENERO 2002
FEBRERO 2002
MARZO 2002
ABRIL 2002
MAYO 2002
JUNIO 2002
JULIO 2002
AGOSTO 2002
SETIEMBRE 2002
OCTUBRE 2002
NOVIEMBRE 2002
DICIEMBRE 2002
25.03.2002
30.04.2002
30.05.2002
27.06.2002
25.07.2002
23.08.2.002
30.09.2002
30.10.2002
28.11.2002
26.12.2002
27.01.2003
28.02.2003
25.03.2002
30.04.2002
30.05.2002
27.06.2002
25.07.2002
23.08.2002
30.09.2002
30.10.2002
28.11.2002
26.12.2002
27.01.2003
28.02.2003
25.03.2002
24.04.2002
31.05.2002
28.06.2002
26.07.2002
26.08.2002
24.09.2002
31.10.2002
29.11.2002
27.12.2002
28.01.2003
25.02.2003
25.03.2002
24.04.2002
31.05.2002
28.06.2002
26.07.2002
26.08.2002
24.09.2002
31.10.2002
29.11.2002
27.12.2002
28.01.2003
25.02.2003
26.03.2002
25.04.2002
27.05.2002
28.06.2002
30.07.2002
27.08.2002
25.09.2002
25.10.2002
29.11.2002
30.12.2002
29.01.2003
26.02.2003
26.03.2002
25.04.2002
27.05.2002
28.06.2002
30.07.2002
27.08.2002
25.09.2002
25.10.2002
29.11.2002
30.12.2002
29.01.2003
26.02.2003
26.03.2002
26.04.2002
28.05.2002
25.06.2002
31.07.2002
28.08.2002
26.09.2002
28.10.2002
26.11.2002
31.12.2002
30.01.2003
27.02.2003
26.03.2002
26.04.2002
28.05.2002
25.06.2002
31.07.2002
28.08.2002
26.09.2002
28.10.2002
26.11.2002
31.12.2002
30.01.2003
27.02.2003
27.03.2002
29.04.2002
29.05.2002
26.06.2002
24.07.2002
29.08.2002
27.09.2002
29.10.2002
27.11.2002
24.12.2002
31.01.2003
28.02.2003
27.03.2002
29.04.2002
29.05.2002
26.06.2002
24.07.2002
29.08.2002
27.09.2002
29.10.2002
27.11.2002
24.12.2002
31.01.2003
28.02.2003
(***) Según D. S. Nº 053-97-PCM (modificado por D. S. Nº 063-97-PCM y D. S. Nº 048-98-PCM), R. M. Nº 083-2001-EF/10 y R. de S. Nº 023-2002/SUNAT.
Calendario para
Buenos Contribuyentes (**)
PERÍODO AL QUE
CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO
PARA DECLARACIÓN Y PAGO
25 de Febrero de 2002
22 de Marzo de 2002
23 de Abril de 2002
24 de Mayo de 2002
25 de Junio de 2002
23 de Julio de 2002
23 de Agosto de 2002
24 de Setiembre de 2002
24 de Octubre de 2002
26 de Noviembre de 2002
24 de Diciembre de 2002
24 de Enero de 2003
(**) Según R. de S. Nº 012-2002/SUNAT. Aplicable a contribuyentes expresamente considerados
como tales por la SUNAT respecto a tributos recaudados y/o administrados por esta entidad.
Cronograma para la
presentación de la
Declaración Anual de
Operaciones con Terceros 2001 (*)
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BUENOS CONTRIBUYENTES
FECHA DE VENCIMIENTO
14 de Junio de 2002
13 de Junio de 2002
12 de Junio de 2002
11 de Junio de 2002
10 de Junio de 2002
07 de Junio de 2002
06 de Junio de 2002
05 de Junio de 2002
04 de Junio de 2002
03 de Junio de 2002
17 de Junio de 2002
(*) Según Anexo de la R. de S. Nº 024-2002/SUNAT, modificado por la R. de S. Nº 039-2002/
SUNAT.
MAYO 2002 45

INDICADORES
DEDUCCIÓN ANUAL
SOBRE LAS RENTAS DE 4TA. Y 5TA. CATEGORÍA (1)
Retenciones y Pagos a Cuenta de Personas Naturales
BASE DE
CÁLCULO
PARTIDA
DEL
MES DE:
7 UIT
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
UIT APLICABLE
S/. 2,183.00
S/. 2,400.00
S/. 2,600.00
S/. 2,800.00
S/. 2,900.00
S/. 3,000.00
S/. 3,100.00
Impuesto a la Renta 1996 a 2002
MONTO ANUAL
A DEDUCIR
S/. 15,281.00
S/. 16,800.00
S/. 18,200.00
S/. 19,600.00
S/. 20,300.00
S/. 21,000.00
S/. 21,700.00
(1) Desde el 01.01.94 no se deducen los Aportes y Contribuciones que afectan las
remuneraciones (incluidos los Aportes a las AFP).
(2) UIT promedio anual para 1996 aplicable según la R. de S. Nº 005-97/SUNAT.
(3) UIT aplicable a partir del 01.01.2002.
Factores para el Ajuste Integral de los
Estados Financieros (Índice de Precios al Por Mayor)
May.
1.003
1.002
1.000
0.999
1.001
1.000
AÑO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Jun.
1.002
1.001
0.999
0.998
0.999
0.999
1.000
MES DE ACTUALIZACIÓN
2001
Jul. Ago. Set. Oct. Nov.
0.996
0.995
0.992
0.992
0.993
0.992
0.994
1.000
0.992
0.991
0.989
0.988
0.990
0.989
0.990
0.996
1.000
(2)
(3)
0.994
0.993
0.991
0.990
0.992
0.991
0.992
0.998
1.002
1.000
0.988
0.987
0.985
0.984
0.986
0.985
0.986
0.992
0.996
0.994
1.000
0.983
0.982
0.980
0.979
0.980
0.980
0.981
0.987
0.991
0.989
0.995
1.000
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL (1)
Dic.
0.978
0.977
0.975
0.974
0.975
0.975
0.976
0.982
0.986
0.984
0.990
0.995
1.000
Ene.
0.998
1.000
TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO A LA RENTA(*)
2002
RENTA GLOBAL IMPONIBLE
Art. 53° del Dec. Leg. Nº 774
Base de Equivalencia en
Cálculo Nuevos Soles
Hasta 27
Hasta:
UIT
S/. 83,700
Más de 27 UIT
hasta 54 UIT
Más de 54 UIT
Más de S/. 83,700
Hasta S/. 167.400
Más de S/. 167,400
PERÍODO APLICABLE
AÑO MESES
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
TASA
%
15%
21%
Valor de la UIT
1993 – 2002
Enero - Junio
Julio - Diciembre
Promedio
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero
Febrero - Diciembre
Promedio
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
27%
VALOR (S/.)
1, 350 (1)
1, 700 (1)
1, 525 (2)
1, 700
2, 000
2, 000
2, 200
2,183 (2)
2, 400
2, 600
2, 800
2, 900
3,000
3,100
Fórmula para
calcular el
impuesto
I = (0.15 x R)
I = (0.21 x R) –
S/. 5,022
I = (0.27 x R) –
S/. 15,066
I = Impuesto Anual. R = Renta Global Anual (*) Después de la Deducción de 7 UIT.
2002
Feb. Mar.
0.994
0.996
1.000
Índice de Precios - INEI
BASE LEGAL
R. M. Nº 370-92-EF/15
R. M. Nº 125-93-EF/15
R. M. Nº 125-93-EF/15
D. S. Nº 168-93-EF
D. S. Nº 178-94-EF
D. S. Nº 178-94-EF
D. S. Nº 012-96-EF (3)
D. S. Nº 012-96-EF
D. S. Nº 134-96-EF
D. S. Nº 177-97-EF
D. S. Nº 123-98-EF
D. S. Nº 191-99-EF
D. S. Nº 145-2000-EF
D. S. Nº 241-2001-EF
(1) Aplicable para las retenciones y pagos a cuenta del IR de esos meses.
(2) Aplicable para la determinación anual del IR de ese año
(3) Vigente a partir de febrero de 1996.
ACUMULADA ANUAL (1)
2001 2002 2001
2002
-0.52
-0.84
-0.56
-1.12
-0.02
-1.08
0.71
0.06
MES
2001 2002
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
157.66
158.05
158.85
158.19
158.23
158.14
158.41
157.93
158.03
158.09
157.31
157.16
156.34
156.28
157.13
158.28
99.48
99.44
99.98
100.71
0.19
0.25
0.51
-0.42
0.02
-0.06
0.17
-0.30
0.06
0.04
-0.49
-0.09
-0.52
-0.04
0.54
0.73
0.19
0.43
0.94
0.52
0.55
0.49
0.66
0.36
0.42
0.46
-0.04
-0.13
3.86
3.62
3.58
2.63
2.63
2.51
2.15
1.37
0.87
0.68
0.12
-0.13
(1) Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
A. Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana y Variación Porcentual
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL
2001
2002
Base 1994 Base 1994 Base 2001 MENSUAL
B. Índice General de Precios al Por Mayor (IPM) a Nivel Nacional y Variación Porcentual
2000
149.650497
150.190703
150.762653
151.439307
151.656640
151.903023
152.796325
152.829489
153.935572
154.452680
155.119636
155.265783
2001
155.444998
155.812927
155.903213
155.710782
155.803647
155.630042
154.635021
154.085489
154.390705
153.453705
152.623511
151.871747
2002
151.599182
150.929564
151.111959
152.121067
VARIACIÓN PORCENTUAL
MENSUAL
ACUMULADA ANUAL (2)
2001 2002
2001
2002 2001
2002
0.12
0.24
0.06
-0.12
0.06
-0.11
-0.64
-0.36
0.20
-0.61
-0.54
-0.49
(1) Base año 1994. (2) Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
0.995
0.997
1.001
1.000
-0.18
-0.44
0.12
0.67
Abr.
1.002
1.003
1.008
1.007
1.000
0.12
0.35
0.41
0.29
0.35
0.23
-0.41
-0.76
-0.56
-1.17
-1.70
-2.19
-0.18
-0.62
-0.50
0.16
3.87
3.74
3.41
2.82
2.73
2.45
1.20
0.82
0.30
-0.65
-1.61
-2.19
-2.47
-3.13
-3.07
-2.31
46
MAYO 2002

INDICADORES
Tasas de Interés Internacional
MES
JULIO 2001
AGOSTO 2001
SETIEMBRE 2001
OCTUBRE 2001
NOVIEMBRE 2001
DICIEMBRE 2001
ENERO 2002
FEBRERO 2002
MARZO 2002
ABRIL 2002
DÍA
FECHA
Lunes 01.04.02
Martes 02.04.02
Miércoles 03.04.02
Jueves 04.04.02
Viernes 05.04.02
Sábado 06.04.02
Domingo 07.04.02
Lunes 08.04.02
Martes 09.04.02
Miércoles 10.04.02
Jueves 11.04.02
Viernes 12.04.02
Sábado 13.04.02
Domingo 14.04.02
Lunes 15.04.02
Martes 16.04.02
Miércoles 17.04.02
Jueves 18.04.02
Viernes 19.04.02
Sábado 20.04.02
Domingo 21.04.02
Lunes 22.04.02
Martes 23.04.02
Miércoles 24.04.02
Jueves 25.04.02
Viernes 26.04.02
Sábado 27.04.02
Domingo 28.04.02
Lunes 29.04.02
Martes 30.04.02
Miércoles 01.05.02
Jueves 02.05.02
Viernes 03.05.02
Sábado 04.05.02
Domingo 05.05.02
Lunes 06.05.02
FUENTE: Bloomberg
LIBOR
1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO PRIME RATE
3.818
3.636
3.158
2.476
2.130
1.958
1.809
1.850
1.892
1.857
Promedio
3.752
3.568
3.019
2.395
2.110
1.929
1.826
1.904
1.989
1.968
3.791
3.573
2.981
2.339
2.113
1.994
1.941
2.040
2.238
2.209
4.000
3.717
3.093
2.498
2.379
2.425
2.368
2.455
2.852
2.797
LIBOR
1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO
1.879
1.880
1.873
1.870
1.870
N/P
N/P
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
N/P
N/P
1.860
1.860
1.860
1.858
1.850
N/P
N/P
1.850
1.850
1.850
1.844
1.843
N/P
N/P
1.841
1.840
1.840
1.840
1.840
N/P
N/P
1.840
2.030
2.040
2.026
2.013
2.010
N/P
N/P
1.986
1.990
1.980
1.980
1.980
N/P
N/P
1.970
1.970
1.970
1.949
1.940
N/P
N/P
1.940
1.940
1.940
1.929
1.921
N/P
N/P
1.913
1.920
1.920
1.920
1.920
N/P
N/P
1.920
Diaria
2.330
2.360
2.340
2.310
2.300
N/P
N/P
2.240
2.250
2.221
2.240
2.230
N/P
N/P
2.201
2.200
2.210
2.160
2.149
N/P
N/P
2.160
2.150
2.160
2.124
2.124
N/P
N/P
2.098
2.120
2.120
2.120
2.130
N/P
N/P
2.130
6.75
6.67
6.28
5.53
5.10
4.84
4.75
4.75
4.75
4.75
PRIME RATE
3.003 4.75
3.056 4.75
3.000 4.75
2.950 4.75
2.943 4.75
N/P
N/P
N/P
N/P
2.860 4.75
2.879 4.75
2.810 4.75
2.850 4.75
2.823 4.75
N/P
N/P
N/P
N/P
2.768 4.75
2.784 4.75
2.795 4.75
2.724 4.75
2.708 4.75
N/P
N/P
N/P
N/P
2.734 4.75
2.713 4.75
2.736 4.75
2.634 4.75
2.654 4.75
N/P
N/P
N/P
N/P
2.611 4.75
2.634 4.75
2.640 4.75
2.640 4.75
2.670 4.75
N/P
N/P
N/P
N/P
2.670 4.75
N/P = No publicado
Tasa de Interés Mensual para
Devoluciones de Pagos
indebidos o en exceso
SUNAT (1)
VIGENCIA
DEL 01.01.2001 DEL 01.01.2002
AL 31.12.2001 (2) AL 31.12.2002 (3)
CONCEPTO M. N. M. E. M. N. M. E.
• Tasa de Interés Diario (6) 0.03% 0.01533% 0.01667% 0.00073%
• Tasa de Interés Mensual 0.90% 0.46% 0.50% 0.22%
ADUANAS
VIGENCIA
DEL 01.01.2001 DEL 01.01.2002
AL 31.12.2001 (4) AL 31.12.2002 (5)
CONCEPTO M. N. M. E. M. N. M. E.
• Tasa de Interés Mensual
• Tasa de Interés Diario (6) 0.90%
0.03%
0.46%
0.01533%
0.48%
0.016%
0.21%
0.007%
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) No se aplica en el caso de IR e IES por rentas de cuarta categoría.
(2) Según R. de S. Nº 001-2001/SUNAT.
(3) Según R. de S. Nº 002-2002/SUNAT.
(4) Según R. de S. de Aduanas Nº 115.
(5) Según R. de S. de Aduanas Nº 022.
(6) Según la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT y la R. de S. Nº 116-2000/SUNAT, se aplica el
interés diario con cinco decimales.
Tasa de Interés Moratorio
ADUANAS
VIGENCIA
CONCEPTO
• Tasa de Interés Mensual
• Tasa de Interés Diario
M.N. = Moneda Nacional.
DEL 25.12.96 DEL 01.09.2000
AL 31.08.2000 (1) A LA FECHA (2)
M. N. M. E. M. N. M. E.
2.2%
0.07333%
1.5%
0.05%
M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Según Circ. Nº 46-49-96-ADUANAS/INTA
(2) Según R. de S. de Aduanas Nº 001326
2.2%
0.07333%
1.1%
0.03667
Tasas de Interés Moratorio - SUNAT
VIGENCIA
DEL 01.05.1994
AL 30.06.1994
DEL 01.07.1994
AL 30.09.1994
DEL 01.10.1994
AL 02.02.1996
DEL 03.02.1996
AL 31.07.2000
DEL 01.08.2000
AL 31.12.2000
DEL 01.01.2001
AL 31.10.2001
DEL 01.11.2001
A LA FECHA (3)
CONCEPTO
M. N. M. E.
M. N. M. E.
M. N. M. E. M. N. M. E.
M. N. M. E.
M. N. M. E.
M. N. M. E.
• Tasa de Interés
Mensual
3.5% 1.5% 3.0% 1.5% 2.5% 1.5% 2.2% 1.5% 2.2% 1.1% 1.8% 1.1% 1.6% (4) 0.9%
• Tasa de Interés Diario
0.1167% 0.05% 0.10% 0.05% 0.0833% 0.05% 0.07333% (2) 0.05% 0.07333% (2) 0.03667% (2) 0.06% 0.03667% (2) 0.05333% (2) 0.03%
• Interés Inicial (1) 1.05% 0.45% 0.9% 0.45% 0.75% 0.45% – . – – . – – . – – . – – . – – . – – . – – . –
ACUMULACIÓN: Los intereses acumulados al 31 de diciembre se agregarán al tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año
siguiente. Los intereses moratorios correspondientes a los anticipos y pagos a cuenta mensuales, se aplicarán hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal sin
aplicar la acumulación al 31 de diciembre.
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Se aplicaba por única vez, multiplicando el monto del tributo impago por el 30% de la TIM vigente el día del vencimiento de la obligación.
(2) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT a partir del 25 de febrero de 2000 se consideran cinco decimales.
(3) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 126-2001/SUNAT.
MAYO 2002 47

INDICADORES
Tasas Activa y Pasiva de Interés:
(Mercado Promedio Ponderado: Circulares B.C.R. Nº 006 y 007-91-EF/90)
Del 01.04.2002 al 06.05.2002
FECHA
TAMN
(Moneda Nacional)
%A FD FA(1)
TAMEX
(Moneda Extranjera)
%A FD
TIPMN
(N)
TIPMEX
(N)
FA(1) %A %A
L. 01.04.02
M. 02.04.02
M. 03.04.02
J. 04.04.02
V. 05.04.02
S. 06.04.02
D. 07.04.02
L. 08.04.02
M. 09.04.02
M. 10.04.02
J. 11.04.02
V. 12.04.02
S. 13.04.02
D. 14.04.02
L. 15.04.02
M. 16.04.02
M. 17.04.02
J. 18.04.02
V. 19.04.02
S. 20.04.02
D. 21.04.02
L. 22.04.02
M. 23.04.02
M. 24.04.02
J. 25.04.02
V. 26.04.02
S. 27.04.02
D. 28.04.02
L. 29.04.02
M. 30.04.02
M. 01.05.02
J. 02.05.02
V. 03.05.02
S. 04.05.02
D. 05.05.02
L. 06.05.02
19.81
19.67
19.94
19.90
19.81
19.81
19.81
19.69
19.82
19.38
19.42
19.11
19.11
19.11
19.24
19.02
18.96
19.05
19.12
19.12
19.12
19.25
19.47
21.66
21.92
22.15
22.15
22.15
20.30
20.24
20.24
20.22
20.22
20.22
20.22
20.25
0.00050
0.00050
0.00051
0.00050
0.00050
0.00050
0.00050
0.00050
0.00050
0.00049
0.00049
0.00049
0.00049
0.00049
0.00049
0.00048
0.00048
0.00048
0.00049
0.00049
0.00049
0.00049
0.00049
0.00054
0.00055
0.00056
0.00056
0.00056
0.00051
0.00051
0.00051
0.00051
0.00051
0.00051
0.00051
0.00051
198.90469
199.00393
199.10447
199.20487
199.30490
199.40499
199.50512
199.40443
199.70504
199.80333
199.90185
199.99898
200.09616
200.19339
200.29126
200.38816
200.48483
200.58196
200.67947
200.77702
200.87462
200.97288
201.07222
201.18175
201.29254
201.40445
201.51641
201.62844
201.50787
201.83530
201.93866
202.04199
202.14537
202.24880
202.35228
202.45596
10.12
10.08
10.06
10.07
10.05
10.05
10.05
10.03
10.13
10.11
10.10
10.07
10.07
10.07
10.10
10.16
10.12
10.09
10.03
10.03
10.03
10.03
10.02
10.03
10.01
9.99
9.99
9.99
10.06
10.05
10.05
9.97
10.00
10.00
10.00
9.98
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00026
0.00026
0.00026
0.00027
0.00027
0.00027
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
5.14182
5.14319
5.14456
5.14593
5.14730
5.14867
5.15004
5.14867
5.15279
5.15417
5.15555
5.15692
5.15829
5.15967
5.16105
5.16244
5.16382
5.16520
5.16657
5.16794
5.16931
5.17069
5.17206
5.17343
5.17480
5.17617
5.17754
5.17891
5.17755
5.18167
5.18305
5.18441
5.18579
5.18716
5.18853
5.18990
3.59
3.49
3.50
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.47
3.45
3.47
3.46
3.46
3.46
3.46
3.38
3.35
3.40
3.40
3.40
3.40
3.39
3.38
3.38
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.32
3.32
3.41
3.40
3.40
3.40
3.38
1.69
1.66
1.66
1.66
1.65
1.65
1.65
1.66
1.65
1.65
1.64
1.64
1.64
1.64
1.65
1.62
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.65
1.64
1.64
1.64
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.64
1.62
1.62
1.62
1.63
(1) Desde el 01.04.91.
FD= Factor Diario. FA= Factor Acumulado. A= Anual. TAMN= Tasa Activa en Moneda Nacional. TAMEX = Tasa Activa en
Moneda Extranjera. TIPMN= Tasa Pasiva en Moneda Nacional. TIPMEX= Tasa Pasiva en Moneda Extranjera.
(N)= Tasa Nominal. N/P= No Publicado.
Dólar Norteamericano (en S/.):
Del 01.04.2002 al 06.05.2002
FECHA
L. 01.04.02
M. 02.04.02
M. 03.04.02
J. 04.04.02
V. 05.04.02
S. 06.04.02
D. 07.04.02
L. 08.04.02
M. 09.04.02
M. 10.04.02
J. 11.04.02
V. 12.04.02
S. 13.04.02
D. 14.04.02
L. 15.04.02
M. 16.04.02
M. 17.04.02
J. 18.04.02
V. 19.04.02
S. 20.04.02
D. 21.04.02
L. 22.04.02
M. 23.04.02
M. 24.04.02
J. 25.04.02
V. 26.04.02
S. 27.04.02
D. 28.04.02
L. 29.04.02
M. 30.04.02
M. 01.05.02
J. 02.05.02
V. 03.05.02
S. 04.05.02
D. 05.05.02
L. 06.05.02
Promedio
Ponderado al Cierre
de Operaciones
R.C. Nº 007-91-EF/90
C V
3.444
3.450
3.449
3.446
3.444
N/P
N/P
3.444
3.442
3.442
3.443
3.439
N/P
N/P
3.438
3.430
3.430
3.431
3.427
N/P
N/P
3.428
3.430
3.434
3.437
3.437
N/P
N/P
3.436
3.433
N/P
3.432
3.434
N/P
N/P
3.433
3.447
3.453
3.450
3.450
3.446
N/P
N/P
3.445
3.444
3.443
3.444
3.441
N/P
N/P
3.439
3.432
3.431
3.433
3.430
N/P
N/P
3.429
3.431
3.436
3.439
3.438
N/P
N/P
3.438
3.435
N/P
3.434
3.436
N/P
N/P
3.435
Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación( 1 )
Libre
al
Cierre de
Operaciones
C V C V
3.445
3.444
3.450
N/P
3.449
3.446
N/P
N/P
3.444
3.444
3.442
3.442
3.443
N/P
N/P
3.439
3.438
3.430
3.430
3.431
N/P
N/P
3.427
3.428
3.430
3.434
3.437
N/P
N/P
3.437
3.436
3.433
N/P
3.432
N/P
N/P
3.434
( 2 ) ( 3 ) 3.446
3.447
3.453
N/P 3.450
3.450 N/P
N/P
3.446
3.445
3.444
3.443
3.444
N/P
N/P
3.441
3.439
3.432
3.431
3.433
N/P
N/P
3.430
3.429
3.431
3.436
3.439
N/P
N/P
3.438
3.438
3.435
N/P
3.434
N/P
N/P
3.436
( 2 )
( 3 )
3.447
3.450
3.448
3.438
3.438
N/P
N/P
3.435
3.435
3.438
3.440
3.435
N/P
N/P
3.433
3.425
3.425
3.425
3.420
N/P
N/P
3.425
3.436
3.433
3.430
3.430
N/P
N/P
3.428
3.425
N/P
3.420
3.420
N/P
N/P
3.420
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. C = Compra; V = Venta; N/P = No publicado
3.460
3.455
3.453
3.445
3.445
N/P
N/P
3.442
3.443
3.445
3.445
3.443
N/P
N/P
3.440
3.433
3.435
3.435
3.430
N/P
N/P
3.435
3.445
3.438
3.440
3.435
N/P
N/P
3.432
3.430
N/P
3.440
3.440
N/P
N/P
3.430
(1) En el IGV, para la conversión en moneda nacional de operaciones realizadas en moneda extranjera se utiliza el
tipo de cambio promedio ponderado venta publicado correspondiente a la fecha de nacimiento de la obligación
tributaria (numeral 17 del artículo 5° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC).
(2) Por error, el día 4 de abril se publicó en “El Peruano” el Tipo de Cambio del cierre de operaciones del día 20 de
marzo pasado, lo que fue rectificado al día siguiente.
(3) En este día se publicó el Tipo de Cambio correspondiente al cierre de operaciones de dos días distintos (3 y 4 de
abril de 2002). Según Consulta Institucional Nº 016-2000-KC0000, la SUNAT considera que en estos casos
puede utilizarse cualquiera de ellos (ver dicha Consulta en Informe Tributario Nº 126, noviembre de 2001, pág. 5).
48
MAYO 2002

INDICADORES
Índice de Reajuste Diario (*)
Para deudas que refiere el Art. 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
Para los convenios de reajuste de deudas según Art. 1235° del Código Civil
Días
Mayo
5.76677
5.76599
5.76522
5.76444
5.76367
5.76289
5.76212
5.76135
5.76057
5.75980
5.75903
5.75825
5.75748
5.75671
5.75593
5.75516
5.75439
5.75361
5.75284
5.75207
5.75130
5.75052
5.74975
5.74898
5.74821
5.74743
5.74666
5.74589
5.74512
5.74435
5.74358
Junio
5.74363
5.74368
5.74373
5.74377
5.74382
5.74387
5.74392
5.74397
5.74402
5.74406
5.74411
5.74416
5.74421
5.74426
5.74431
5.74435
5.74440
5.74445
5.74450
5.74455
5.74460
5.74465
5.74469
5.74474
5.74479
5.74484
5.74489
5.74494
5.74498
5.74503
----
Julio
5.74492
5.74482
5.74471
5.74461
5.74450
5.74440
5.74429
5.74419
5.74408
5.74398
5.74387
5.74376
5.74366
5.74355
5.74345
5.74334
5.74324
5.74313
5.74303
5.74292
5.74282
5.74271
5.74261
5.74250
5.74239
5.74229
5.74218
5.74208
5.74197
5.74187
5.74176
2001
Agosto Setiembre
Octubre
5.73425
5.73436
5.73448
5.73460
5.73472
5.73483
5.73495
5.73507
5.73518
5.73530
5.73542
5.73554
5.73565
5.73577
5.73589
5.73600
5.73612
5.73624
5.73636
5.73647
5.73659
5.73671
5.73682
5.73694
5.73706
5.73718
5.73729
5.73741
5.73753
5.73764
5.73776
Noviembre Diciembre
Enero
5.71144
5.71127
5.71109
5.71092
5.71074
5.71057
5.71039
5.71021
5.71004
5.70986
5.70969
5.70951
5.70934
5.70916
5.70898
5.70881
5.70863
5.70846
5.70828
5.70811
5.70793
5.70775
5.70758
5.70740
5.70723
5.70705
5.70688
5.70670
5.70653
5.70635
5.70617
Febrero
5.70511
5.70405
5.70298
5.70192
5.70086
5.69980
5.69874
5.69768
5.69662
5.69556
5.69449
5.69343
5.69237
5.69131
5.69026
5.68920
5.68814
5.68708
5.68602
5.68496
5.68390
5.68284
5.68179
5.68073
5.67967
5.67861
5.67755
5.67650
----
----
----
2002
Marzo
Abril
5.67524
5.67627
5.67729
5.67832
5.67934
5.68037
5.68139
5.68242
5.68345
5.68447
5.68550
5.68653
5.68755
5.68858
5.68961
5.69063
5.69166
5.69269
5.69372
5.69474
5.69577
5.69680
5.69783
5.69886
5.69989
5.70092
5.70194
5.70297
5.70400
5.70503
----
Mayo
5.70637
5.70771
5.70905
5.71039
5.71173
5.71307
5.71441
5.71575
5.71709
5.71843
5.71978
5.72112
5.72246
5.72380
5.72515
5.72649
5.72784
5.72918
5.73052
5.73187
5.73321
5.73456
5.73591
5.73725
5.73860
5.73995
5.74129
5.74264
5.74399
5.74534
5.74669
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5.74208
5.74239
5.74271
5.74302
5.74334
5.74366
5.74397
5.74429
5.74460
5.74492
5.74524
5.74555
5.74587
5.74619
5.74650
5.74682
5.74713
5.74745
5.74777
5.74808
5.74840
5.74872
5.74903
5.74935
5.74966
5.74998
5.75030
5.75061
5.75093
5.75125
5.75156
5.75098
5.75040
5.74981
5.74923
5.74865
5.74807
5.74749
5.74691
5.74633
5.74574
5.74516
5.74458
5.74400
5.74342
5.74284
5.74226
5.74168
5.74110
5.74052
5.73994
5.73935
5.73877
5.73819
5.73761
5.73703
5.73645
5.73587
5.73529
5.73471
5.73413
----
5.73783
5.73791
5.73798
5.73805
5.73812
5.73820
5.73827
5.73834
5.73841
5.73849
5.73856
5.73863
5.73870
5.73878
5.73885
5.73892
5.73899
5.73907
5.73914
5.73921
5.73928
5.73936
5.73943
5.73950
5.73958
5.73965
5.73972
5.73979
5.73987
5.73994
----
5.73902
5.73811
5.73719
5.73628
5.73536
5.73445
5.73353
5.73262
5.73170
5.73079
5.72987
5.72896
5.72805
5.72713
5.72622
5.72531
5.72439
5.72348
5.72257
5.72165
5.72074
5.71983
5.71891
5.71800
5.71709
5.71618
5.71527
5.71435
5.71344
5.71253
5.71162
5.67643
5.67635
5.67628
5.67621
5.67613
5.67606
5.67598
5.67591
5.67584
5.67576
5.67569
5.67562
5.67554
5.67547
5.67540
5.67532
5.67525
5.67517
5.67510
5.67503
5.67495
5.67488
5.67481
5.67473
5.67466
5.67459
5.67451
5.67444
5.67436
5.67429
5.67422
(*) El índice de reajuste de deudas se ejerce respecto de pasivos de las empresas contraídos a plazo no menor de noventa días (90). No es aplicable para el
cálculo de intereses ni para determinar el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la Ley o Resolución Judicial, según el
artículo1236° del Código Civil.
FUENTE: Banco Central de Reserva.
País
Alemania R. F. de
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Corea
Chile
Dinamarca
Ecuador
España
Fiji
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hong Kong
India
Indonesia
Inglaterra
Moneda
Marco
Peso
Dólar Australiano
Chelín Austriaco
Dólar de Barbados
Franco Belga
Boliviano
Real
Dólar Canadiense
Peso
Won
Peso
Corona
Sucre
Peseta
Dólar de Fiji
Marco Finés (Markka)
Franco
Dracma
Florín
Dólar
Rupia
Rupia
Libra Esterlina
(1) Según R. I. N. ADUANAS Nº 0082
(2) Según R. I. N. ADUANAS Nº 00 ADL/2002-00105
FUENTE: Aduanas
Declaración de base imponible en ADUANAS
Del 09.03.2002
al 18.04.2002 (1)
US$
0.439039
0.512821
0.507800
0.062422
0.502513
0.021286
0.144865
0.414938
0.629723
0.000441
0.000767
0.001474
0.115770
0.000040
0.005161
0.428900
0.144944
0.130907
0.002529
0.389666
0.128370
0.020636
0.000097
1.409600
Equivalencia
Factor de conversión
A partir del
19.04.2002 (2)
US$
----
0.342466
0.527400
----
0.502513
0.021743
0.142389
0.429738
0.627353
0.000442
0.000759
0.001509
0.117419
0.000040
----
0.440000
0.148509
----
0.002591
----
0.128370
0.020521
0.000104
1.424000
País
Moneda
Israel
Nuevo Shekel
Italia
Lira
Japón
Yen
Kuwait
Dinar de Kuwait
Malasia
Dólar Malasio o Ringgit
México
Nuevo Peso
Noruega
Corona
Nueva Zelanda Dólar Neozelandés
Panamá
Balboa
Pakistán
Rupia Paquistaní
Paraguay Guaraní
Portugal
Escudo
Rusia
Rublo
Singapur Dólar de Singapur
Siria
Libra Siria
Suecia
Corona
Sudáfrica, Rep. de Rand
Suiza
Franco Suizo
Taiwán
Nuevo Dólar de Taiwán
Tailandia Baht
Uruguay
Peso
Venezuela Bolívar
Comunidad Andina Peso Andino
Unión Europea Euro
Equivalencia en US$
Del 09.03.2002 A partir del
al 18.04.2002 (1) 19.04.2002 (2)
US$
US$
0.218103
0.212902
0.000443
----
0.007430
0.007537
3.246753
3.252033
0.263158
0263227
0.109355
0.111049
0.109668
0.113327
0.416100
0.435500
1.000000
1.000000
0.016681
0.016694
0.000207
0.000204
0.004283
----
0.032573
0.032139
0.543626
0.542623
0.019493
0.019417
0.093762
0.096676
0.87912
0.087489
0.581463
0.595912
0.028670
0.028637
0.022727
0.023073
0.070175
0.065359
0.001306
0.001130
1.000000
1.000000
0.858200
0.872000
MAYO 2002 49

LEGISLACIÓN
Principales Dispositivos Legales
Del 19 de abril al 05 de mayo de 2002
ESTABLECEN UN RÉGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV
APLICABLE A LOS PROVEEDORES (19.04.2002 –
221609)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 037-2002/SUNAT
Lima, 18 de abril de 2002
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 10° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas
modificatorias, establece que la Administración Tributaria podrá designar
como agentes de retención a los sujetos que se encuentran en
disposición para efectuar la retención o percepción de tributos;
Que el tercer párrafo del inciso c) del Artículo 10° del TUO de la Ley
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas
modificatorias, dispone que las retenciones se efectuarán en la oportunidad,
forma, plazos y condiciones que establezca la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, quien podrá determinar
la obligación de llevar los registros que sean necesarios;
Que el inciso b) del Artículo 7° del TUO del Estatuto de la SUNAT,
aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 041-98/SUNAT y
normas modificatorias dispone que el Superintendente Nacional Adjunto
reemplaza al Superintendente Nacional de Administración
Tributaria por ausencia o por delegación de éste;
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 10° del TUO del
Código Tributario, el Artículo 10° del TUO de la Ley del Impuesto General
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y de conformidad
con el Artículo 11° del Decreto Legislativo Nº 501 y normas
modificatorias, y el inciso k) del Artículo 6° e inciso b) del Artículo 7°
del TUO del Estatuto de la SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución, se entiende por:
a) IGV: Al Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal.
b) Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias.
c) Agente de Retención: Al adquirente del bien mueble o inmueble,
usuario del servicio o quien encarga la construcción, designado por la
SUNAT de acuerdo al Artículo 3° de la presente resolución.
d) Proveedor: Al vendedor del bien mueble o inmueble, prestador del
servicio o al que ejecuta los contratos de construcción, en las operaciones
gravadas con el IGV.
e) Importe de la operación: A la suma total que queda obligado apagar
el adquirente, el usuario del servicio o quien encarga la construcción,
incluido los tributos que graven la operación.
f) Momento en que se realiza el pago: Al momento en que se efectúa
la retribución parcial o total al Proveedor.
Si la retribución se efectúa en especie, el pago se considerará realizado
en el momento en que se entregue o ponga a disposición los bienes.
En el caso de la compensación de acreencias el pago se considerará
efectuado en la fecha en que ésta se realice.
g) Reglamento de Comprobante de Pago: Al reglamento aprobado
por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas
modificatorias.
h) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes creado por el Decreto Ley
Nº 25734.
i) PDT: Al Programa de Declaración Telemática-Sistema informático
desarrollado por la SUNAT para la elaboración y presentación de la
Declaración a través de formularios virtuales en reemplazo de los
formularios físicos.
Los términos que no tengan una definición especial en esta resolución
tendrán el significado y alcances señalados en la Ley del IGV e ISC.
Cuando se mencionan artículos sin indicar la norma a la que corresponden,
se entenderán referidos a la presente resolución.
Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente resolución regula el Régimen de Retenciones del IGV aplicable
a los Proveedores en las operaciones de venta de bienes, primera
venta de bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de
construcción gravadas con dicho impuesto.
Las notas de débito que modifiquen los comprobantes de pago emitidos
por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior serán
tomadas en cuenta para efecto de este Régimen.
Las notas de crédito emitidas por operaciones respecto de las cuales se
efectuó la retención no darán lugar a una modificación de los importes
retenidos, ni a su devolución por parte del Agente de Retención,
sin perjuicio de que el IGV respectivo sea deducido del impuesto bruto
mensual en el período correspondiente.
Las referidas notas de crédito podrán aplicarse al importe de las operaciones
que aún no han sido objeto de retención.
El Proveedor que realice las operaciones mencionadas en el primer
párrafo, está obligado a aceptar la retención establecida en la presente
resolución.
El Régimen de Retenciones no será de aplicación a las operaciones
sustentadas con las liquidaciones de compra y pólizas de adjudicación,
las mismas que seguirán regulándose conforme a lo dispuesto por el
Reglamento de Comprobantes de Pago.
Artículo 3°.- EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RETENER
Se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago efectuado es
igual o inferior a setencientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 700.00) y el
monto de los comprobantes involucrados no supera dicho importe.
Artículo 4°.- DESIGNACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL AGENTE DE
RETENCIÓN
La designación de Agentes de Retención, así como la exclusión de
alguno de ellos, será notificada de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo
104° del Código Tributario.
Adicionalmente a lo antes señalado, la relación de Agentes de Retención
designados, así como el listado de los sujetos excluidos como
tales, también podrán ser difundidos por cualquier medio que se considere
conveniente, incluyendo la página web de la SUNAT: http://
www.sunat.gob.pe.
La condición de Agente de Retención se acreditará mediante el «Certificado
de Agente de Retención», durante la vigencia señalada en el
mismo, que para tal efecto entregará la SUNAT.
Artículo 5°.- OPERACIONES EXCLUIDAS DE LA RETENCIÓN
No se efectuará la retención del IGV a que se refiere la presente resolución,
en las operaciones:
a) Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
Nº 912 y normas reglamentarias.
b) Realizadas con otros sujetos que tengan la condición de Agente de
Retención.
c) En las cuales se emitan los documentos a que se refiere el numeral
6.1 del Artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
d) En las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por
máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer
el derecho al crédito fiscal.
e) De venta y prestación de servicios, respecto de las cuales conforme
a lo dispuesto en el Artículo 7° del Reglamento de Comprobantes de
Pago, no exista la obligación de otorgar comprobantes de pago.
f) En las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias
con el Gobierno Central establecido por el Decreto Legislativo Nº 917.
Artículo 6°.- TASA DE LA RETENCIÓN
El monto de la retención será el seis por ciento (6%) del Importe de la
operación.
Artículo 7°.- OPORTUNIDAD DE LA RETENCIÓN
El Agente de Retención efectuará la retención en el momento en que
se realice el pago, con prescindencia de la fecha en que se efectuó la
operación gravada con el IGV. En el caso que el pago se realice a un
tercero el Agente de Retención deberá emitir y entregar el «Comprobante
de Retención» al Proveedor.
Tratándose de pagos parciales, la tasa de retención se aplicará sobre
el importe de cada pago.
Para efectos del cálculo del monto de la retención, en las operaciones
realizadas en moneda extranjera, la conversión a moneda nacional
se efectuará al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado
por la Superintendencia de Banca y Seguros en la fecha de pago. En
los días en que no se publique el tipo de cambio referido se utilizará el
último publicado.
Artículo 8°.- COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Al momento de efectuar la retención, el Agente de Retención entregará
a su Proveedor un «Comprobante de Retención», el cual deberá
tener los siguientes requisitos mínimos:
1. Información impresa:
1.1. Datos de identificación del Agente de Retención:
a) Apellidos y nombre, denominación o razón social.
b) Domicilio fiscal.
c) Número de RUC.
1.2. Denominación del documento: «Comprobantes de Retención».
1.3. Numeración: Serie y número correlativo.
1.4. Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:
a) Apellidos y nombrres, denominación o razón social.
b) Número de RUC.
c) Fecha de impresión.
1.5. Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el
cual será consignado junto con los datos de la imprena o empresa
gráfica.
1.6. Destino del original y copias:
a) En el original: Proveedor».
b) En la primera copia: «Emisor-Agente de Retención».
c) En la segunda copia: «SUNAT».
La segunda copia permanecerá en poder del Agente de Retención,
quien deberá mantenerla en un archivo clasificado por Proveedores y
ordenado cronológicamente.
2. Información no necesariamente impresa:
2.1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del Proveedor.
2.2. Número de RUC del Proveedor.
2.3. Fecha de emisión del «Comprobante de Retención».
2.4. Identificación de los comprobantes de pago o notas de débito que
dieron origen a la retención:
a) Tipo de documento.
b) Numeración: Serie y número correlativo.
c) Fecha de emisión.
50
MAYO 2002

LEGISLACIÓN
2.5. Monto del pago.
2.6. Importe retenido.
3. Las características del «Comprobante de Retención», en lo que corresponda,
serán las señaladas en los numerales 1 y 4 del Artículo 9°
del Reglamento de Comprobantes de Pago.
4. La impresión de los «Comprobantes de Retención» se realizará previa
autorización, utilizando el Formulario Nº 816–»Autorización de
Impresión a través de SUNAT Operaciones en Línea» y cumpliendo lo
dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 110-2000/SUNAT,
norma que establece la forma y condiciones para solicitar las autorizaciones
de impresión empleando SUNAT Operaciones en Línea, así
como, en lo que sea pertinente, las obligaciones señaladas en los numerales
1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.1 del Artículo 12° del Reglamento de
Comprobante de Pago.
La referida autorización será solicitada a partir de la fecha de su designación
como Agente de Retención.
Artículo 9°.- DECLARACIÓN Y PAGO DEL AGENTE DE RETEN-
CIÓN
El Agente de Retención declarará el monto total de las retenciones practicadas
en el período y efectuará el pago respectivo utilizando el PDT-Agentes
de Retención, Formulario Virtual Nº 626.
La declaración y el pago se realizarán de acuerdo al cronograma aprobado
por la SUNAT para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
El Agente de Retención no podrá compensar el saldo a favor del exportador
contra los pagos que tenga que efectuar por retenciones realizadas.
Artículo 10°.- DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR Y DEDUC-
CIÓN DEL MONTO RETENIDO
El Proveedor deberá efectuar su declaración y pago mensual del IGV
utilizando el PDT-IGV Renta Mensual, Formulario Virtual 621-versión
2.5, donde consignará el impuesto que se le hubiera retenido durante
el período, a efecto de su deducción del tributo a pagar.
Artículo 11°.- APLICACIÓN DE LAS RETENCIONES
El Proveedor podrá deducir del impuesto a pagar las retenciones que
le hubieran efectuado hasta el último día del período al que corresponda
la declaración.
Si no existieran operaciones gravadas o si éstas resultaran insuficientes
para absorber las retenciones que le hubieran practicado, el exceso
se arrastrará a los períodos siguientes hasta agotarlo, no pudiendo
ser materia de compensación con otra deuda tributaria.
El Proveedor podrá solicitar la devolución de las retenciones no aplicadas
que consten en la declaración del IGV, siempre que hubiera
mantenido un monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no
menor de seis (6) períodos consecutivos.
Artículo 12°.- REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO
SUJETOS A RETENCIÓN
El Agente de Retención abrirá una columna en el Registro de Compras,
en la que marcará:
a) Los comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se
encuentran sujetas a retención.
b) Las notas de débito y notas de crédito que modifican los comprobantes
de pago correspondientes a operaciones que se encuentran
sujetas a retención.
Artículo 13°.- CUENTAS Y REGISTRO DE CONTROL
El Agente de Retención y el Proveedor deberán llevar, según sea el caso,
las siguientes cuentas y registro de control:
a) El Agente de Retención abrirá en su contabilidad una cuenta denominada
«IGV-Retenciones por Pagar». En dicha cuenta se controlará mensualmente
las retenciones efectuadas a los Proveedores y se contabilizarán los
pagos efectuados a la SUNAT.
Asimismo, el Agente de Retención deberá llevar un «Registro del Régimen
de Retenciones» en el cual controlará los débitos y créditos con respecto a
la cuenta por pagar por cada Proveedor. Dicho registro deberá contener,
como mínimo, la siguiente información en columnas separadas:
1. Fecha de la transacción.
2. Denominación y número del documento sustentatorio.
3. Tipo de transacción realizada, tales como: compras, ajustes a la
operación, pagos parciales o totales, compensaciones, canje de facturas
por letras de cambio, entre otras.
4. Importe de la transacción, anotado en la columna del debe o del
haber, según corresponda a la naturaleza de la transacción.
5. Saldo resultante de la cuenta por pagar por cada Proveedor.
El Agente de Retención que utilice sistemas mecanizados o
computarizados de contabilidad podrá llevar dicho registro anotando
el total de las transacciones mensuales realizadas con cada Proveedor
en forma consolidada, siempre que en el sistema de enlace se mantenga
la información requerida y se pueda efectuar la verificación
individual de cada transacción.
El «Registro del Régimen de Retenciones» no podrá tener un atraso
mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del primer día hábil
del mes siguiente a aquel en que se recepcione o emita, según corresponda,
el documento que sustenta las transacciones realizadas con los
Proveedores, siéndole de aplicación además las disposiciones establecidas
en la Resolución de Superintendencia Nº 132-2001/SUNAT, que
regula el procedimiento para la autorización de registros y libros contables
vinculados a asuntos tributarios.
b) El Proveedor abrirá una subcuenta denominada «IGV Retenido» dentro
de la cuenta «Impuesto General a las Ventas». En dicha subcuenta se
controlará las retenciones que le hubieren efectuado los Agentes de Retención,
así como las aplicaciones de dichas retenciones al IGV por pagar.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- ENTRADA EN VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE RETEN-
CIONES
El Régimen de Retenciones que establece la presente resolución se
aplicará a las operaciones que se efectúen a partir del 1 de junio del
presente año.
Segunda.- APROBACIÓN DEL FORMULARIO Y PDT IGV-REN-
TA MENSUAL
Apruébanse los siguientes PDT a ser utilizados por los Agentes de Retención
y los sujetos del IGV, respectivamente:
a) PDT-Agentes de Retención, Formulario Virtual Nº 626.
b) PDT IGV-Renta Mensual, Formulario Virtual Nº 621-versión 2.5.
Los mencionados PDT estarán a disposición de los deudores tributarios
en Internet, en la siguiente página web: http://www.sunat.gob.pe, a
partir del 1 de junio del presente año.
La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la obtención de los
PDT a aquellos deudores tributarios que no tuvieran acceso a Internet.
Tercera.- DESIGNACIÓN DE AGENTES DE RETENCIÓN
Desígnase como Agentes de Retención del IGV a los contribuyentes
señalados en el Anexo de la presente resolución, los cuales operarán
como tales a partir del 1 de junio del presente año.
Cuarta.- COMPROBANTES DE PAGO DE OPERACIONES COM-
PRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE RETENCIONES
Los comprobantes de pago que se emitan por operaciones gravadas
con el IGV que se encuentran comprendidas en el Régimen de Retenciones
no podrán incluir operaciones no gravadas con el impuesto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto
ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA EL ACOGIMIENTO AL
RESIT (23.04.2002 – 221794) (*)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 038-2002/SUNAT
Lima, 22 de abril de 2002
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27681 se aprobó la Ley de Reactivación a
través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (RESIT);
Que la Segunda Disposición Transitoria y Final del Reglamento del
RESIT, aprobado por el Decreto Supremo Nº 064-2002-EF, faculta a
cada Institución a emitir las normas que resulten necesarias para la
mejor aplicación de lo dispuesto en el citado reglamento, incluyendo
la forma de determinar la deuda materia del Sistema, en caso de
existir errores en la solicitud de acogimiento que determinen un mayor
o menor monto de la misma;
Que, asimismo, mediante la Cuarta Disposición Transitoria y Final del
citado Reglamento se señaló que mediante Resolución de
Superintendencia de la SUNAT se aprobarán las Tablas de Factores de
Actualización de las Deudas Tributarias, de Factores de interés diario y
de Factores de Cálculo de las Cuotas de Fraccionamiento;
Que para efecto del acogimiento al citado Sistema, resulta necesario
aprobar el procedimiento y las Tablas señaladas en los considerandos
anteriores;
De conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 11º del
Decreto Legislativo Nº 501, el inciso k) del Artículo 6º del Texto Unico
Ordenado del Estatuto de la SUNAT, aprobado por la Resolución de
Superintendencia Nº 041-98/SUNAT y modificatorias, así como por la
Segunda y Cuarta Disposiciones Transitorias y Finales del Decreto Supremo
Nº 064-2002-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Definiciones
Para efecto del presente reglamento se entenderá por:
1.1 Ley: A la Ley Nº 27681.
1.2 Reglamento: Al Reglamento del RESIT, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 064-2002-EF.
1.3 Sistemas: Al Sistema de Reactivación a través del Sinceramiento
de las Deudas Tributarias aprobado por la Ley.
1.4 Deuda materia del sistema: Al concepto previsto en el numeral
1.4 del Artículo 1° del Reglamento.
1.5 Fecha de acogimiento: A la fecha en la que el deudor tributario
presente su solicitud de acogimiento al Sistema de conformidad con el
numeral 1.9 del Artículo 1° del Reglamento.
1.6 Tipo de deuda: Las que se detallan a continuación:
a) Contribuciones al ESSALUD;
b) Contribuciones a la ONP;
c) Contribuciones al FONAVI;
d) Contribuciones al SENCICO; y,
e) Otros tributos administrados por la SUNAT.
1.7 Solicitud de acogimiento: A aquella generada por el PDT - RESIT-
Formulario Virtual Nº 685 «Solicitud de acogimiento al Sistema de
Reactivación a través del sinceramiento de las deudas tributarias - Ley
Nº 27681».
1.8 PDT-RESIT - Formulario Virtual Nº 685: Programa de Declaración
Telemática desarrollado por la SUNAT para la presentación de la Solicitud
de acogimiento al Sistema.
1.9 Archivo personalizado: Contiene todas aquellas Resoluciones notificadas
al deudor tributario.
1.10 Resoluciones: A la Resolución de Determinación, Resolución de
Multa, Orden de Pago, o cualquier otro documento emitido que determine
deuda tributaria de conformidad con el numeral 1.6 del Artículo
1° del Reglamento.
1.11 TEF: Al Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos, mediante
el cual los Medianos y Pequeños Contribuyentes, podrán efectuar el
pago de las cuotas de fraccionamiento a través de la red bancaria, sin
necesidad de presentar formularios físicos, conforme a lo señalado
por la Resolución de Superintendencia Nº 079-99-SUNAT.
1.12 Deuda Principal: A toda aquella deuda incluida en cada uno de
los Beneficios Tributarios acogidos con posterioridad a la vigencia del
Decreto Legislativo Nº 848, incluido éste.
Cuando se haga referencia a un artículo o anexo sin mencionar la
norma a la que pertenecen, se entenderá referido a la presente norma.
Asimismo, cuando se haga mención a un numeral o inciso sin
aludir al artículo o al numeral al que correspondan, se entenderá referido
al artículo o numeral en el que se encuentren.
CAPÍTULO I
DE LA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO
Artículo 2°.- Forma y condiciones referidas a la presentación
de la Solicitud de acogimiento
2.1 Para efecto de acoger sus deudas tributarias al Sistema, los deudores
tributarios deberán presentar la Solicitud de acogimiento mediante
el PDT-RESIT - Formulario Virtual Nº 685.
2.2 La forma y condiciones generales para la utilización y presentación
del PDT-RESIT - Formulario Virtual Nº 685, los motivos de rechazo
del disquete o de la información contenida en éste, así como la constancia
de presentación o de rechazo, se sujetarán a lo establecido en
–––––––
(*) Los anexos que forman parte de esta Resolución
han sido publicados en las págs. 10 y 11 del
Informe Tributario Nº 131, abril de 2002.
MAYO 2002 51

LEGISLACIÓN
la Resolución de Superintendencia Nº 002-2000/SUNAT modificada
por las Resoluciones de Superintendencia Núms. 143-2000/SUNAT,
042-2001/SUNAT y 131-2001/SUNAT.
2.3 El uso del PDT-RESIT - Formulario Virtual Nº 685 para efecto de la
presentación de la Solicitud de acogimiento, no origina la obligación de
continuar presentando las declaraciones determinativas mediante los PDT
a los que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 002-2000/SUNAT
y complementarias, salvo que se encuentre obligado a ello en virtud del
Artículo 2° de la Resolución de Superintendencia Nº 042-2001/SUNAT.
Artículo 3°.- Distribución del PDT-RESIT-Formulario Virtual
Nº 685 y Archivo personalizado
3.1 El PDT-RESIT - Formulario Virtual Nº 685 se encontrará a disposición de
los interesados a partir del 25 de abril del año 2002, en la página web de
la SUNAT, cuya dirección es http://www.sunat. gob.pe. En la dirección
indicada los deudores tributarios que cuenten con número de Registro Único
de Contribuyentes (RUC), deberán obtener el Archivo personalizado necesario
para llenar el PDT-RESIT- Formulario Virtual Nº 685, para lo cual
deberán consignar previamente su número de RUC, así como cualquier
número de formulario y número de orden del mismo que hubiera presentado
o su código de usuario y clave de acceso obtenida conforme lo señalado
en la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT.
3.2 La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la obtención del
PDT-RESIT-Formulario Virtual Nº 685 y del Archivo personalizado a aquellos
deudores tributarios que no tuvieran acceso a Internet; para lo cual
deberán proporcionar disquetes de capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas.
Dicho trámite podrá ser efectuado por una persona autorizada para tal
efecto, la cual deberá exhibir su documento de identidad original y presentar
una carta poder firmada por el deudor tributario o el representante
legal.
Artículo 4°.- Lugar de presentación de la Solicitud de acogimiento
La Solicitud de acogimiento deberá ser presentada:
4.1 En el caso de Principales Contribuyentes, en la Oficina de Principales
Contribuyentes de la SUNAT que corresponda al deudor tributario.
4.2 En el caso de Medianos y Pequeños Contribuyentes, en las sucursales
y agencias bancarias autorizadas para recibir el PDT-RESIT-Formulario
Virtual Nº 685, relación que figura en la página web de la SUNAT.
Artículo 5°.- Sustitución de la Solicitud de acogimiento
Para efecto de lo señalado por el inciso c) del numeral 9.4 del Reglamento,
se tendrá en cuenta lo siguiente:
5.1 Una vez presentado el PDT-RESIT - Formulario Virtual Nº 685 y
siempre que no haya vencido el plazo para su presentación, los deudores
tributarios podrán sustituir la información consignada en dichos
medios, según corresponda, teniendo en cuenta que:
a) El último PDT-RESIT - Formulario Virtual Nº 685 sustituirá en su
totalidad al anterior, no siendo posible la presentación de solicitudes
rectificatorias ni complementarias.
b) Deberá ingresar nuevamente todos los datos de las deudas materia
del Sistema, inclusive aquella información que no desea sustituir.
5.2 En el caso que el deudor tributario sustituyera la información conforme
a lo detallados en el numeral anterior, se entenderá como fecha
de acogimiento a la de presentación del último PDT-RESIT - Formulario
Virtual Nº 685 presentado, siempre que el deudor haya cumplido
a dicha fecha con los requisitos previstos en el Artículo 6° de la
Ley y en el Artículo 9° del Reglamento.
Artículo 6°.- Requisitos para el acogimiento
De conformidad con el Artículo 6° de la Ley y el inciso c) del numeral
2.3 del Artículo 2° y Artículo 9° de su Reglamento, para que el acogimiento
al Sistema sea válido, el deudor tributario deberá cumplir hasta
la fecha de presentación de la Solicitud de acogimiento, excepto lo
señalado en los incisos e) y f), con los siguientes requisitos:
a) Declaración y pago de obligaciones corrientes;
b) Pago al contado o de la primera cuota;
c) Subsanación de infracciones;
d) Presentación de la solicitud de acogimiento de acuerdo a los requisitos
y condiciones establecidas en la presente resolución;
e) Desistimiento de recursos; y,
f) Acta de Junta de Acreedores.
Los documentos señalados en el inciso e) y f) deberán ser presentados
hasta el 12 de julio de 2002.
Artículo 7°.- Incumplimiento de requisitos
Si a la fecha de presentación de la Solicitud de acogimiento no se
hubiere cumplido como los requisitos a los que se refiere el Artículo
6°, excepto los señalados en sus incisos e) y f), la SUNAT emitirá la
resolución mediante la cual determinará la invalidez del acogimiento,
imputando los pagos efectuados con anterioridad a dicho acto de acuerdo
a lo señalado en el Artículo 8° del Reglamento.
Artículo 8°.- Forma y lugar de pago
8.1 El pago de la deuda materia del Sistema, sea bajo la modalidad
de pago al contado o fraccionado –tratándose de la primera cuota–
se efectuará mediante el PDT-RESIT-Formulario Virtual Nº 685.
8.2 El pago de las otras cuotas de fraccionamiento se efectuará mediante
boleta de pago o TEF, de ser el caso.
8.3 El «código de tributo» dependiendo del Tipo de deuda, se consignará
conforme al siguiente detalle:
Código de Tributo
8028
5233
5330
7038
5058
Descripción
TESORO-RESIT-Ley Nº 27681
ESSALUD-RESIT-Ley Nº 27681
ONP-RESIT-Ley Nº 27681
SENCICO-RESIT-Ley Nº 27681
FONAVI-RESIT-Ley Nº 27681
8.4 El lugar para efectuar el pago al contado o el pago de la primera cuota,
así como el pago de las otras cuotas de fraccionamiento, es el siguiente:
a) En el caso de Principales Contribuyentes, en la Oficina de Principales
Contribuyentes de la SUNAT que corresponda al deudor tributario.
b) En el caso de los Medianos y Pequeños Contribuyentes, tratándose del
pago:
i. Al contado o de la primera cuota, en las sucursales y agencias bancarias
autorizadas para recibir el PDT-RESIT-Formulario Virtual Nº 685.
ii. Otras cuotas de fraccionamiento, en las agencias de la red bancaria.
CAPÍTULO II
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA MATERIA DE ACOGIMIENTO
Artículo 9°.- Solicitud de acogimiento por Tipo de deuda
La determinación de la deuda materia del Sistema, la forma de pago, el
número de cuotas, el monto de las mismas y el plazo para efectuar el
pago, se realizará en forma independiente por cada Tipo de deuda; sin
embargo, la presentación de la Solicitud de acogimiento se realizarán en
forma conjunta mediante un solo PDT-RESIT-Formulario Virtual Nº 685.
Artículo 10°.- Beneficios Tributarios
En el caso de Beneficios Tributarios acogidos con posterioridad a la
vigencia del Decreto Legislativo Nº 848, incluido éste, en los que el
deudor tributario hubiera optado por acoger el saldo de dicho beneficio
al Sistema, se tendrá en cuenta lo siguiente:
10.1 El saldo se determinará con prescindencia de la situación del
mismo, es decir, si éste se encuentra vigente o si se hubiera incurrido
en causal de pérdida notificada o no.
10.2 Cuando se hubieran efectuado pagos parciales al beneficio, el
saldo al que se refiere el numeral anterior, se determinará utilizando
el interés previsto para cada beneficio, desde la fecha de exigibilidad
del mismo hasta la fecha del último pago, imputándose los pagos
parciales en la fecha en que fueron efectuados, incluyendo los pagos
realizados respecto de resoluciones que declaran la pérdida.
10.3 Cuando el deudor tributario opte por acoger el saldo del Decreto
Legislativo Nº 848 al Sistema, deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Descontará el pago por concepto de cuota inicial de la deuda materia
de acogimiento al mismo.
b) El interés de fraccionamiento previsto para dicho beneficio se aplicará
a partir del 1 de marzo de 1997. No se aplicará dicho interés
durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1998 al
30 de abril de 1999.
c) Se considerará como fecha de exigibilidad el 1 de marzo de 1997.
d) Si el último pago parcial se efectuó antes del 1 de marzo de 1997,
se considerará como fecha del último pago esta última.
Artículo 11°.- Subsanación de Infracciones
Para efecto de la subsanación de las infracciones a que se refieren los
incisos a), e) y f) del numeral 4.2 del Artículo 4° de la Ley, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
11.1 En el caso de tributos vigentes, se deberán utilizar los formularios o
PDT vigentes para cada tributo, según corresponda.
11.2 Tratándose de tributos derogados, la subsanación de las infracciones
se producirá con la presentación de la Solicitud de acogimiento al Sistema.
11.3 Tratándose del IGV por servicios prestados por no domiciliados,
bastará con consignar la deuda que corresponda en la Solicitud de
acogimiento al Sistema.
Artículo 12°.- Extinción de infracciones
Tratándose de deuda compuesta únicamente por multas, recargos,
intereses y reajustes, así como por costas y gastos, su extinción se
producirá con la presentación de la Solicitud de acogimiento, en la
cual se indicará los datos de identificación del deudor tributario.
Lo señalado en el párrafo anterior no será de aplicación tratándose de
multas impugnadas, en cuyo caso a efecto que opere la extinción respectiva,
se deberá observar lo siguiente:
a) Deberán detallarse las multas impugnadas en el PDT-RESIT-Formulario
Virtual Nº 685; y,
b) Deberán desistirse del medio impugnatorio interpuesto conforme a
lo establecido en el numeral 6.2 de la Ley y numeral 9.5 del Artículo
9° del Reglamento.
CAPÍTULO III
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA CON
POSTERIORIDAD AL ACOGIMIENTO
Artículo 13°.- Diferencia determinada en el monto de la deuda
materia de acogimiento al Sistema
De acuerdo con la Segunda Disposición Final de la Ley, con relación a la
deuda contenida en la Solicitud de acogimiento, la SUNAT podrá determinar
una mayor o menor deuda actualizada materia del Sistema, en los
siguientes casos:
13.1 Cuando no se hubiera actualizado la deuda tributaria materia del
Sistema, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.1 del Artículo 4° de la
Ley, en concordancia con el Artículo 5° del Reglamento.
13.2 Cuando no se hubiera consignado la totalidad de la deuda principal o
la totalidad del saldo pendiente de pago del beneficio tributario anterior.
13.3 Cuando no se hubiera consignado el monto total de las Resoluciones,
salvo cuando éstas hubieran sido impugnadas.
13.4 Cuando no se hubiera consignado la totalidad de la deuda tributaria
incluida en el procedimiento o procesos de reestructuración patrimonial a
los que se refiere el numeral 2.3 del Artículo 2° del Reglamento.
13.5 Cuando se excluya alguna deuda de la Solicitud de acogimiento por
las siguientes razones:
a) No se encuentra comprendida dentro del Sistema.
b) No se hubiera cumplido con los requisitos para su acogimiento.
c) Cuando los montos corresponden a deudas cuyo pago resultaría indebido
o en exceso.
Artículo 14°.- Procedimiento en caso se determine diferencia
en el monto de la deuda materia del Sistema
14.1 Determinación de mayor deuda:
a) Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago al contado,
se procederá a emitir la orden de pago por la mayor deuda determinada,
siendo de aplicación la Tasa de Interés Moratorio de conformidad
con el procedimiento establecido en el Artículo 33° del Código
Tributario. Dicho interés se aplicará desde el primer día del mes siguiente
a la fecha de vencimiento para el acogimiento al Sistema
hasta la fecha de pago, inclusive.
b) Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago fraccionado,
se procederá a incrementar el saldo pendiente de pago y al recálculo
de las cuotas cuyo vencimiento se produzca a partir del mes siguiente
a la fecha de emisión de la resolución que determine la mayor deuda.
Para dicho efecto, se incrementará el monto de las cuotas, manteniéndose
el número de cuotas originalmente elegido por el deudor
tributario para el pago fraccionado.
En caso no existieran cuotas pendiente de pago, se procederá a emitir
la orden de pago por la mayor deuda determinada, siendo de aplicación
lo señalado en el inciso a).
14.2 Determinación de menor deuda:
a) Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago al contado,
la SUNAT determinará el monto a devolver, según las reglas establecidas
en el Código Tributario. El interés correspondiente se aplicará desde
la fecha en que se hubiera efectuado el pago hasta la fecha de
devolución, inclusive.
b) Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago fraccionado,
se verificará si el deudor tributario tiene cuotas mensuales pendientes
de cancelación, y en caso que los pagos efectuados no excedan
a la deuda determinada como acogida por la SUNAT, ésta reducirá
el número de cuotas, manteniendo el monto original de aquéllas
con excepción de la última cuota, la cual incluso podrá ser menor a
52
MAYO 2002

LEGISLACIÓN
S/. 150.00. En caso los pagos efectuados excedieran a la deuda determinada
como acogida por la SUNAT, al exceso le será de aplicación
lo señalado en el inciso precedente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Aprobación del PDT-RESIT-Formulario Virtual Nº
685
Apruébase el PDT-RESIT-Formulario Virtual Nº 685 «Solicitud de acogimiento
al Sistema de Reactivación a través del Sinceramiento de las
Deudas Tributarias-Ley Nº 27681».
Segunda.- Tablas
Apruébanse las siguientes Tablas que como anexos forman parte de la
presente Resolución:
Tabla 1: Tabla de Factores de Actualización de las Deudas Tributarias que
recoge lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 4.1 del Artículo 4° de
la Ley.
Tabla 2: Tabla de Factores de interés diario que recoge lo dispuesto en el
segundo párrafo del numeral 4.1 del Artículo 4° de la Ley.
Tabla 3: Tabla de Factores de Cálculo de las Cuotas de Fraccionamiento que
recoge lo dispuesto en el inciso b) del numeral 5.2 del Artículo 5° de la Ley.
Tercera.- Formato de Desistimiento
Apruébanse los formatos del escrito de desistimiento total o parcial, a
ser presentados ante la SUNAT o el Tribunal Fiscal, según corresponda
que como anexos forman parte integrante de la presente resolución,
los cuales deberán ser fotocopiados para su uso.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BEATRIZ MERINO LUCERO
Superintendente Nacional
MODIFICAN EL REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA DAOT (23.04.2002 – 221799)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 039-2002/SUNAT
Lima, 22 de abril de 2002
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 024-2002/SUNAT
se aprobó el Nuevo Reglamento para la presentación de la Declaración
Anual de Operaciones con Terceros (DAOT);
Que uno de los objetivos de la SUNAT es brindar al contribuyente las
mayores facilidades para el cumplimiento de la obligación de presentar
la DAOT correspondiente al ejercicio 2001;
Que resulta conveniente establecer un procedimiento alternativo para
la obtención del Archivo Resumen DAOT;
Que en tal sentido, es conveniente postergar las fechas de vencimiento
incluidas en el cronograma contenido en el Anexo de la Resolución
de Superintendencia Nº 024-2002/SUNAT;
En uso de las facultades conferidas por el inciso k) del Artículo 6° del
Texto Único Ordenado del Estatuto de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por la Resolución de
Superintendencia Nº 041-98/SUNAT y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Incorpórase el numeral 9.3 al Artículo 9° del Nuevo Reglamento
de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros - DAOT, aprobado
mediante Resolución de Superintendencia Nº 024-2002/SUNAT, de
acuerdo al siguiente texto:
«9.3 Se podrá obtener el archivo «Resumen de Declaraciones Mensuales»,
en cualquiera de los Centros de Servicios al Contribuyente y en las Dependencias
de la SUNAT a nivel nacional, cuando el Declarante o su representante
legal debidamente identificado, lo solicite personalmente o a través
de persona expresamente autorizada para ello mediante carta poder con
firma legalizada notarialmente. El referido archivo será entregado de
manera inmediata a través de medio magnético, para lo cual el solicitante
deberá proporcionar un disquete de capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas».
Artículo 2°.- Sustitúyase el Anexo contenido en la Única Disposición
Transitoria de la Resolución de Superintendencia Nº 024-2002/SUNAT,
de acuerdo al siguiente detalle:
ANEXO
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO
EJERCICIO 2001
Último dígito del
número de RUC
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Buenos Contribuyentes
Regístrese, comuníquese y publíquese
BEATRIZ MERINO LUCERO
Superintendente Nacional
MODIFICAN EL ARTÍCULO 9° DE LA LEY Nº 27584, LEY
QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO (26.04.2002 – 221902)
LEY Nº 27709
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
Artículo único.- Modifica el Artículo 9° de la Ley Nº 27584,
Ley que regula el Proceso Contencioso-Administrativo
Modifícase el Artículo 9° de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso
Contencioso-Administrativo, en los términos siguientes:
«Artículo 9°.- Competencia funcional
Es competente para conocer el proceso contencioso-administrativo en
primera instancia, el Juez Especializado en lo Contencioso-Administrativo.
Cuando se trata de impugnación a resoluciones expedidas por el Banco
Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Tribunal
Fiscal, Tribunal del INDECOPI, Tribunal de CONSUCODE, Consejo de
Minería, Tribunal Registral y Tribunal de Organismos Reguladores, es
competente en primera instancia la Sala Contencioso-Administrativa
de la Corte Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte
Suprema resuelve en apelación y la Sala Constitucional y Social en
casación, si fuera el caso.
En los lugares donde no exista Juez o Sala Especializada en lo contencioso-administrativo,
es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto
en su caso, o la Sala Civil correspondiente».
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dos.
MODIFICAN EL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DEL IGV E ISC (03.05.2002 – 222269)
DECRETO SUPREMO
Nº 069-2002-EF
UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL
POR LOS AGENTES DE RETENCIÓN
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Vencimiento
03.06.2002
04.06.2002
05.06.2002
06.06.2002
07.06.2002
10.06.2002
11.06.2002
12.06.2002
13.06.2002
14.06.2002
17.06.2002
CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del Artículo 6° del reglamento de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 29-94-EF y normas modificatorias, regula la utilización
del crédito fiscal por los agentes de retención;
Que a efecto de implementar el sistema de retenciones del Impuesto
General a las Ventas, resulta necesario modificar el indicado dispositivo;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del Artículo
118° de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1°.- Sustitúyase el numeral 8 del Artículo 6° del Decreto
Supremo Nº 29-94-EF y normas modificatorias por el siguiente:
«8. UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL POR LOS SUJETOS OBLIGADOS
A EMITIR LIQUIDACIONES DE COMPRA
Los sujetos obligados a emitir liquidaciones de compra podrán ejercer
el derecho al crédito fiscal siempre que hubieren efectuado la retención
y el pago del Impuesto. Adicionalmente, deberán sujetarse a lo
establecido en el presente Capítulo y en el Capítulo VI.
El Impuesto pagado podrá deducirse como crédito fiscal en la misma
oportunidad señalada en el numeral 11 del presente artículo».
Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo
del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
FIJAN PORCENTAJE MÁXIMO PARA DETRAER DEL PRE-
CIO DE VENTA DE BIENES COMPRENDIDOS EN EL SISTE-
MA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL (03.05.2002 – 222269)
DECRETO SUPREMO
Nº 070-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 917 se establece un Sistema de
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central;
Que, el Artículo 2° del citado Decreto Legislativo dispone que por Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se
fijará un porcentaje máximo, a efecto de detraerlo del precio de venta
de los bienes comprendidos en el sistema antes mencionado;
Que, es conveniente fijar el monto máximo del porcentaje a que se
refiere el párrafo anterior;
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto Legislativo
Nº 917 y el numeral 8 del Artículo 118° de la Constitución Política
del Perú;
DECRETA:
Artículo 1°.- Fíjese en doce por ciento (12%) el porcentaje máximo
a detraer del precio de venta de los bienes comprendidos en el Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado
por el Decreto Legislativo Nº 917.
Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo
del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
MAYO 2002 53

LEGISLACIÓN SUMILLADA
Legislación Tributaria
Del 06 de abril al 05 de mayo de 2002
1. SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES – Pensión
provisional (06.04.2002 – 220886).
Mediante D. S. Nº 057-2002-EF se establecen las
disposiciones normativas para el otorgamiento de
la pensión provisional dispuesta por la Ley Nº 27585.
2. TRABAJO – Remuneraciones de servidores
públicos (06.04.2002 – 220886).
Por D. S. Nº 058-2002-EF se otorga bonificación
extraordinaria por Escolaridad a funcionarios y
servidores públicos, personal de las Fuerzas Armadas
y Policía Nacional y pensionistas a cargo
del Estado.
3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Explotación del
atún (06.04.2002 – 220900) (1) .
Mediante D. S. Nº 002-2002-PE se aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 27608 que establece
medidas para promover la globalización de la
pesca del atún y el desarrollo de la industria conservera
y de congelado de esta especie.
4. ADUANAS – Infracciones y delitos aduaneros
(06.04.2002 – 220927).
Por Circular Nº INPC.CR.002-2002 se establece el
Acta de Inspección de las Inspecciones físicas de
mercadería indicadas en el Procedimiento INPC-
PE.05.
5. ADUANAS – Procedimientos Aduaneros
(07.04.2002 – 220983).
Mediante Circular Nº INTA-CR-26-2002 se establecen
las disposiciones relativas a la verificación
de documentos en despacho de mercancías restringidas.
6. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Zona Franca y
Zona Comercial de Tacna (08.04.2002 –
220988).
Por D. S. Nº 012-2002-ITINCI se aprueba el Texto
Único de Procedimientos Administrativos de la Zona
de Tratamiento Especial Comercial de Tacna –
ZOTAC.
7. ADUANAS – Procedimientos Aduaneros
(08.04.2002 – 221006).
Mediante R. I. N. ADUANAS Nº 000 ADT/2002-
000657 se modifica el Procedimiento General “Exportación
Definitiva” INTA-PG.02 (V.3), adecuándolo
a las modificaciones operadas respecto a las
operaciones swap.
8. ADUANAS – Derechos Arancelarios Ad Valorem
CIF (10.04.2002 – 221044).
Por D. S. Nº 063-2002-EF se establece, a partir
del 11 de abril de 2002 y hasta el 31 de diciembre
de 2003, un derecho arancelario adicional equivalente
al 5 por ciento ad valórem CIF aplicable a
las subpartidas incluidas en el Anexo de dicha
norma.
9. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Resit (10.04.2002
– 221055) (2) .
Mediante D. S. Nº 064-2002-EF se aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 27681–Ley de Reactivación
a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias
(RESIT).
10. ONP – Texto Único de Procedimientos Administrativos
(11.04.2002 – 221128).
Por D. S. Nº 055-2002-EF se aprueba el TUPA de
la ONP.
11. SECTOR PÚBLICO – Cooperación Internacional
(12.04.2002 – 221205).
Mediante Ley Nº 27692 se crea la Agencia Internacional
de Cooperación Internacional (APCI) como
Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio
de Relaciones Exteriores que se dedicará a
conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación
internacional no reembolsable, en función
a la política nacional de desarrollo.
12. SECTOR PÚBLICO – Unidad de Inteligencia
Financiera (12.04.2002 – 221209).
Por Ley Nº 27693 se crea la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) del Perú que se encargará del análisis,
tratamiento y transmisión de información para
prevenir y detectar el lavado de dinero o activos.
13. TRABAJO – Intermediación Laboral
(12.04.2002 – 221214).
Mediante Ley Nº 27696 se prorroga en 45 días el
plazo establecido en la Segunda Disposición Transitoria
Complementaria y Final de la Ley Nº 27626,
para que las empresas adecuen los contratos de
intermediación laboral celebrados fuera de los supuestos
previstos en esta norma.
14. CÓDIGO TRIBUTARIO – Reserva Tributaria
(12.04.2002 – 221214) (1) .
Por Ley Nº 27697 se otorga facultad al Fiscal para
la intervención y control de comunicaciones y documentos
privados en caso excepcional.
15. IMPUESTO A LA RENTA – Alícuota aplicable
a los intereses de créditos externos
(12.04.2002 – 221223) (1) .
Mediante D. S. Nº 065-2002-EF se dictan las normas
reglamentarias respecto a la aplicación a los
intereses provenientes de créditos del exterior, de
la alícuota de 4,9 por ciento para determinar el
Impuesto a la Renta correspondiente.
16. FONDO MIVIVIENDA – Uso de la CTS
(12.04.2002 – 221224).
Por D. S. Nº 066-2002-EF se establecen disposiciones
para facilitar el acceso de los trabajadores
a la propiedad privada de viviendas a través de
préstamos otorgados con recursos del Fondo MI-
VIVIENDA.
17. REGISTROS PÚBLICOS – Texto Único de Procedimientos
Administrativos (13.04.2002 –
221281).
Mediante D. S. Nº 011-2002-JUS se aprueba el TUPA
del Sistema Nacional de los Registros Públicos.
18. ORGANISMOS REGULADORES – Osinerg
(16.04.2002 – 221448).
Por Ley Nº 27699 se establecen las disposiciones
complementarias de fortalecimiento institucional del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
(OSINERG).
19. IGV E IPM – Devolución de impuestos
(17.04.2002 – 221494) (1) .
Mediante R. M. Nº 0397-2002-RE se dictan disposiciones
referidas a las solicitudes para emisión de
constancia de devolución de impuestos por compras
efectuadas con donaciones del exterior y de cooperación
técnica internacional no reembolsable.
20. ADUANAS – Factor de Conversión Monetaria
(18.04.2002 – 221548).
Por R. I. N. ADUANAS Nº 000 ADL/2002-000105
se fijan los factores de conversión monetaria para
utilizarse en la declaración de la base imponible
en Aduanas.
21. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Comercio algodonero
(19.04.2002 – 221560).
Mediante R. M. Nº 0387-2002-AG se modifica la
R. M. Nº 0216-2002-AG por la que se dictaron
normas para la ejecución del Programa de Promoción
a la Formalización del Comercio Algodonero
de la variedad Tangüis, Campaña 2001 – 2002.
22. TRABAJO – Día feriado no laborable
(19.04.2002 – 221578).
Por D. S. Nº 002-2002-TR se declara el día 18 de
abril de 2002 como no laborable en la ciudad de
Chiclayo.
23. IGV E IPM – Régimen de Retenciones del Impuesto
(19.04.2002 – 221609) (3) .
Mediante R. de S. Nº 037-2002/SUNAT se establece
un régimen de retenciones del IGV aplicable
a los proveedores en las operaciones gravadas con
el IGV, designándose los agentes de retención en
cada caso. El Anexo de esta resolución se publicó
el 20 de abril en la página 221695.
24. TRABAJO – Seguro de Vida (20.04.2002 –
221630).
Por Ley Nº 27700 se precisa el derecho de los tra-
––––––––
(1) Publicada en Informe Tributario Nº 131, abril
de 2002.
(2) Esta norma, dada su urgencia, fue publicada en
Análisis Tributario Nº 171, abril de 2002.
(3) Publicada en el presente número de Análisis Tributario.
54
MAYO 2002

LEGISLACIÓN SUMILLADA
bajadores que cesan de mantener su seguro de
vida.
25. ACTIVIDAD EMPRESARIAL – Privatizaciones
(20.04.2002 – 221630).
Mediante Ley Nº 27701 se establecen disposiciones
para garantizar la concordancia normativa
entre los procesos de privatización y concesiones
con la legislación regulatoria correspondiente.
26. AGRICULTURA – Programa de Rescate Agropecuario
(20.04.2002 – 221631).
Por Ley Nº 27702 se modifican los artículos 4° y
12° de la Ley Nº 27551 referida al Programa de
Rescate Financiero Agropecuario.
27. PROCESOS JUDICIALES – Modificaciones al
Código Procesal Civil (20.04.2002 – 221631).
Mediante Ley Nº 27703 se modifican los artículos
367° y 391° del Código Procesal Civil.
28. TRANSPORTE – Normas reglamentarias
(20.04.2002 – 221651).
Por D. S. Nº 014-2002-MTC se modifica el Reglamento
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros
Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado
por D. S. Nº 049-2000-MTC.
29. MINERÍA – Pequeña Minería (21.04.2002 –
221708).
Mediante D. S. Nº 013-2002-EM se aprueba el Reglamento
de la Ley de Formalización y Promoción de
la Pequeña Minería y la Minería Artesanal.
30. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Resit (23.04.2002
– 221794) (3) .
Mediante R. de S. Nº 038-2002/SUNAT se establecen
las normas aplicables para el acogimiento al RESIT
y aprueban las tablas de factores correspondientes.
31. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Declaraciones
Informativas (23.04.2002 – 221799) (3) .
Por R. de S. Nº 039-2002/SUNAT se modifica el
Reglamento para la presentación de la DAOT aprobado
por la R. de S. Nº 024-2002/SUNAT, entre
otros, en lo referente al cronograma de vencimiento.
32. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS – Lugar de cumplimiento
(23.04.2002 – 221800).
Mediante R. de S. Nº 040-2002/SUNAT se modifica
el lugar de cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los PRICOS de la Oficina Zonal de
Cajamarca.
33. SECTOR PÚBLICO – Cooperación Internacional
(25.04.2002 – 221847).
Por D. S. Nº 028-2002-PCM se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones de la Agencia
de Promoción de la Inversión.
34. CÓDIGO TRIBUTARIO – Proceso Contencioso-
Administrativo (26.04.2002 - 221902) (3) .
Por Ley Nº 27709 se modifica el artículo 9° de la
Ley Nº 27584, Ley que regula el proceso contencioso-administrativo,
a fin de indicar las instancias que
conocerán del proceso contencioso-administrativo,
entre otros, en materia tributaria.
35. HIDROCARBUROS – Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos (27.04.2002 –
221971).
Mediante D. S. Nº 015-2002-EM se modifica el
Reglamento de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos.
36. TRABAJO – Intermediación Laboral
(28.04.2002 – 222008).
Por D. S. Nº 003-2002-TR se establecen disposiciones
para la aplicación de las Leyes Nºs. 27626
y 27696, que regulan la actividad de las Empresas
Especiales de Servicios y de las Cooperativas
de Trabajadores.
37. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Resit (29.04.2002
– 222150).
Mediante R. I. N. ADUANAS Nº 000 ADL/2002-
000123 se aprueba el Procedimiento Específico INAR-
PE.13, Sistema de Reactivación a través del Sinceramiento
de las Deudas Tributarias – Ley Nº 27681.
38. SUNAT – Auxiliares coactivos (30.04.2002 –
222176).
Por R. de I. Nº 053-00-0000046 se designan y
ratifican a Auxiliares Coactivos de la Intendencia
Regional de Arequipa.
39. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Comercio Algodonero
(01.05.2002 – 222187).
Mediante D. S. Nº 068-2002-EF se modifica el artículo
6° del D. S. Nº 026-2002-EF, que contiene las
disposiciones reglamentarias del Programa de promoción
a la formalización del comercio algodonero
de la variedad Tangüis, Campaña 2001 – 2002.
40. HIDROCARBUROS – Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos (01.05.2002 –
222188).
Por R. S. Nº 015-2002-EM se autoriza la cesión
de posición contractual del Contrato de Concesión
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
en Lima y Callao.
41. PESQUERÍA – Regímenes de Extracción
(02.05.2002 – 222238).
Mediante R. M. Nº 149-2002-PE se establece un
Régimen Provisional para la Extracción del Recurso
Merluza para el período comprendido entre el
1 de enero y el 30 de junio de 2002.
42. ADUANAS – Declaración Andina del Valor
(02.05.2002 – 222252).
Por R. I. N. ADUANAS Nº 000-ADT/2002-000827
se establecen las disposiciones para la presentación
del Formulario de la Declaración Andina del Valor
en Aduanas (DAV), dejándose sin efecto el Instructivo
de Calidad “Declaración Andina del Valor”.
43. SECTOR PÚBLICO – Gestión del Estado
(03.05.2002 – 222265).
Mediante D. S. Nº 030-2002-PCM se aprueba el
Reglamento de la Ley Marco de Modernización de
la Gestión del Estado.
44. IGV E IPM – Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central
(03.05.2002 - 222269) (3) .
Por D. S. Nº 069-2002-EF se modifica el numeral
8 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del IGV
e ISC, que regula la utilización del crédito fiscal
por los agentes de retención.
45. IGV E IPM – Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central
(03.05.2002 - 222269) (3) .
Mediante D. S. Nº 070-2002-EF se fija en doce
por ciento el porcentaje máximo para detraer del
precio de venta de bienes comprendidos en el Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias con el
Gobierno Central.
46. CONASEV – Bolsa de Productos (03.05.2002
- 222270).
Por D. S. Nº 072-2002-EF se modifican disposiciones
reglamentarias de la Ley sobre Bolsas de
Productos.
47. AGRICULTURA – Normas reglamentarias sobre
semillas (04.05.2002 – 222326).
Mediante R. M. Nº 436-2002-AG se aprueba el
procedimiento para la venta de semillas, fertilizantes
y agroquímicos.
48. PESQUERÍA – Regímenes de Extracción
(04.05.2002 – 222365).
Por R. M. Nº 154-2002-PE se establece un Régimen
Provisional para la Extracción de los Recursos anchoveta
y anchoveta blanca para el período comprendido
entre el 6 de mayo y el 1 de junio de 2002.
49. AVIACIÓN – Aeronáutica Civil (05.05.2002
– 222410).
Mediante D. S. Nº 018-2002-MTC se modifican
los artículos 225° y 226° del Reglamento de la Ley
de Aeronáutica Civil aprobado por D. S. Nº 050-
2001-MTC.
–––––––––––––
NOTA
Las referencias a páginas se refieren a las de la sección
NORMAS LEGALES del Diario Oficial "El Peruano",
salvo indicación expresa.
–––––––––––––
ABREVIATURAS
D. S. : Decreto Supremo
Dec. Leg. : Decreto Legislativo
R. Adm. : Resolución Administrativa
R. D. : Resolución Directoral
R. G.G. : Resolución de Gerencia General
R. I. N. ADUANAS : Resolución de Intendencia Nacional
de Aduanas
R. J. : Resolución Jefatural
R. Leg. : Resolución Legislativa
R. M. : Resolución Ministerial
R.P.C.E.N. : Resolución del Presidente del
Consejo Ejecutivo Nacional
R.P.D.I.
: Resolución de la Presidencia
del Directorio de INDECOPI
R. S. : Resolución Suprema
R. de A. : Resolución de Alcaldía
R. de Cons. Direc. : Resolución de Consejo Directivo
R. de C. : Resolución de Contaduría
R. de CONASEV : Resolución de CONASEV
R. de I. : Resolución de Intendencia
R. de Pres. Ejec. : Resolución de Presidencia Ejecutiva
R. de S. : Resolución de Superintendencia
R. de SBS : Resolución de Superintendencia
de Banca y Seguros
R. VM. : Resolución Viceministerial
––––––––
(3) Publicada en el presente número de Análisis Tributario.
MAYO 2002 55