“El Principio de Subsidiariedad”. Ed - Instituto de Derecho Público

ÁNGEL BOIXAREU CARRERA
En primer lugar, que los objetivos de la acción pretendida no puedan
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Es el requisito
o criterio de la «insuficiencia de la acción estatal», o, dicho de
otro modo, de la «necesidad de la intervención comunitaria».
Y, en segundo lugar, que, por consiguiente, dichos objetivos puedan
lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada,
a nivel comunitario. Es el criterio de la mayor «eficacia de la
intervención comunitaria». Es decir, la acción en el plano comunitario debe
aportar un «valor añadido» respecto a la intervención meramente estatal.
La Comunidad debe concentrar su obra legisladora en aquellos sectores,
ámbitos o materias en que sea más eficaz la regulación comunitaria que
la estatal; retomando una de las expresiones favoritas del Presidente Delors,
debe «agir moins pour agir mieux», tiene que limitarse a lo esencial, a lo
que pueda hacer mejor o en mejores condiciones que los Estados miembros
por separado, evitando de esta manera los «excesos reglamentistas»
(«surréglementation») en que a veces ha incurrido a la hora, sobre todo,
de armonizar legislaciones, otorgando para ello preferencia a los enfoques
generales u horizontales sobre los excesivamente verticales o sectorializados,
sin que ello deba implicar, de todos modos, la renuncia sistemática
a la armonización de legislaciones en favor de la técnica del reconocimiento
mutuo.
El artículo 3 B, párrafo segundo, se refiere en términos generales a la
«intervención de la Comunidad»: así pues, el principio de subsidiariedad
deberá ser respetado por todas las instituciones comunitarias con capacidad
decisoria, o sea, por el Consejo, por el Consejo y el Parlamento Europeo
cuando decidan conjuntamente con arreglo al nuevo procedimiento
de codecisión, y por la Comisión. Ello plantea el interrogante de si el «test»
de la subsidiariedad debe efectuarse exclusivamente en el momento de la
adopción de los actos de base, o si también cabe tenerlo en cuenta a la
hora de adoptar medidas de ejecución de los actos de base. Aunque la letra
del artículo 3 B, párrafo segundo, no parece excluir esta segunda hipótesis,
la admisión con carácter generalizado de la posibilidad de que sean
directamente los Estados miembros los que, alegando su mejor conocimiento
de la realidad nacional, ejecuten por su cuenta los actos de base aprobados
por el legislador comunitario (sin hacer uso, por tanto, de los procedimientos
comitológicos —Comité Consultivo, de Gestión y de Reglamentación—
enumerados de forma exhaustiva en la Decisión del Consejo
de 13 de julio de 1987 por la que se establecen las modalidades del ejer-
784