“El Principio de Subsidiariedad”. Ed - Instituto de Derecho Público

ÁNGEL BOIXAREU CARRERA
do formalizado en Luxemburgo el 25 de octubre de 1993, y al que
luego nos referiremos).
— La consideración de la subsidiariedad como un criterio de ejercicio
de competencias y no de atribución de las mismas.
— Su consideración como un concepto dinámico, permitiendo que la
intervención comunitaria se amplíe cuando las circunstancias así lo
exijan e, inversamente, que se restrinja o abandone cuando deje de
estar justificada.
— La falta de efecto directo del artículo 3 B, párrafo 2.°
— La justiciabilidad de la subsidiariedad, siendo competente el
TJCE para la interpretación de este principio y el control de su
cumplimiento en todo lo relativo a las cuestiones contempladas
en el TCE (27).
Pasemos a continuación a las «directrices» para aplicar el principio de
subsidiariedad.
Ya hemos indicado que los países más integracionistas no tuvieron más
remedio que ceder y acabar aceptando la inclusión de «directrices» sobre
los principios de atribución de competencias y de proporcionalidad, aunque
se trate de principios distintos del de subsidiariedad. Además, algunas
de estas «directrices», sobre todo las relativas a la proporcionalidad,
contienen, como veremos, elementos muy preocupantes, de ser llevados
integralmente a la práctica, para el proceso de integración de la Comunidad
y para el desarrollo del Derecho comunitario.
De ahí la insistencia de países como España en que se afirmase al inicio
de las «directrices» que éstas deberán ser aplicadas «de acuerdo con los
principios básicos enunciados anteriormente».
En relación con el párrafo 1." del artículo 3 B las «directrices» señalan
que, a fin de aplicar correctamente este párrafo, es necesario que las
instituciones comprueben si las medidas propuestas están comprendidas
(27) En la respuesta común dada a varias preguntas del parlamentario europeo
ARBEOLA MURU sobre el principio de subsidiariedad, citada en la nota 16, el Consejo
argumenta que este principio «no es solamente una orientación política para
las actividades de las Instituciones comunitarias sino también una disposición del
Derecho comunitario», por lo que «el Tribunal de Justicia podría verse obligado a
controlar que los actos comunitarios respeten esta norma jurídica», añadiendo que,
de todos modos, «no es posible determinar aún la amplitud exacta del control que
el Tribunal de Justicia podría verse obligado a ejercer en lo relativo al respeto por
el legislador comunitario del principio de subsidiariedad, en caso de que se recurriera
a él para tal cuestión».
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