(I) Las legumbres como fuente de proteinas - Viento Sur

einyectando cien millones de euros en subvenciones para las asociaciones, no
anula la tendencia de fondo hacia el desenganche del Estado en materia social.
2.2. El endurecimiento de la política de inmigración y las leyes de seguridad. La política
de inmigración tiende también a fragilizar a los habitantes de estos barrios.
Los extranjeros, cada vez más numerosos, sufren de lleno las consecuencias de
las recientes decisiones sobre el endurecimiento de las condiciones de acceso a
la nacionalidad francesa y a los permisos de estancia, el cierre de las fronteras y
las restricciones de los derechos de los extranjeros. Lejos de contribuir a una
baja real de los flujos migratorios, estas medidas represivas contribuyen a aumentar
el número de inmigrantes en situación irregular y a invisibilizar y fragilizar
a los extranjeros y a sus familias. Estas decisiones marginan e hipotecan el
futuro de una parte de la población, muy numerosa en estos barrios, las relaciones
de estas familias con sus países de origen, así como el desarrollo de éstos.
Las leyes de seguridad y el llamamiento a la “tolerancia cero” producen también
efectos deletéreos en estos barrios. Además del hecho de desplazar la
atención de los problemas reales (paro, discriminaciones, precarización, sentimiento
de inseguridad...) al miedo al pequeño delincuente y al “joven árabemusulmán
de las ciudades”, contribuye a ensanchar la esfera de lo penalizado,
englobando en esta definición prácticas propias de los jóvenes de los barrios
populares, como es el reunirse en los portales. Esta medida estigmatizadora es
inaplicable e ineficaz. Refuerza la oposición entre jóvenes y adultos. Hace
creer que existen soluciones simples basadas en la pura represión. Evitar los
inconvenientes de este tipo de aglomeraciones requiere, por el contrario, una
política basada en el diálogo entre generaciones y entre habitantes e instituciones,
la mediación, la apertura de lugares adaptados para acoger a estos jóvenes,
es decir, justo lo contrario de lo que se viene haciendo desde hace dos
años rebajando créditos a las asociaciones o desacreditando sistemáticamente
a los profesionales de la mediación. De forma mecánica, las Leyes de seguridad
Perben 1 y 2, la “presión de la estadística” y la necesidad de anunciar resultados
en materia penal, han contribuido a aumentar la presión ejercida por
la institución policial sobre los jóvenes de estos barrios populares. La proliferación
de controles de identidad, dirigidos en particular a jóvenes inmigrantes,
es la más evidente ilustración de todo esto.
La justicia no escapa a estos cambios y, por su parte, también participa de esta
cadena penal puesta en marcha por el Ministerio de Interior con el objetivo de
racionalizar y aumentar la eficacia de la institución judicial. En concreto, esto
significa producir más condenas penales (más de un millón por año, de las
cuales 380.000 son penas correccionales) en la forma más rápida posible, según
el método del “tratamiento en tiempo real”. Los jóvenes de los barrios populares
son los primeros afectados por estos cambios: porque son más numerosos
que otros jóvenes a la hora de ser encarcelados, porque sufren más que
otros la sustitución de la individualización de la pena por la aplicación de ba-
VIENTO SUR Número 84/Enero 2006 41