A. y S. T. 3, pág. 254 - Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

TUTELA CAUTELAR AUTÓNOMA. INADMISIBILIDAD. PEDIDO AUTÓNOMO DE TUTELA CAUTELAR
FORMULADO CASI CONTEMPORÁNEAMENTE AL PEDIDO DE SEDE ADMINISTRATIVA. FORMACIÓN
DE LA VOLUNTAD ADMINISTRATIVA. COMPLEJIDAD DE LA ORGANIZACIÓN ADMINSITRATIVA
Reg.: A. y S. T. 3, pág. 254 .
Santa Fe, 21 de octubre de 2005.
VISTOS: Estos autos caratulados “ALARCÓN, Antonio Mario contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre
MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA” (Expte. C.C.A.1 nº 195, año 2005), venidos para resolver acerca de la
solicitud de la presente medida; y,
CONSIDERANDO:
1. El señor Antonio Mario Alarcón solicita medida cautelar autónoma tendente a que se le abone el beneficio
previsto por el artículo 146 de la ley 6769 y el decreto 1414/86.
Expresa que fue trasladado por decisión de la demandada a desempeñar sus labores a más de 60 kilómetros
de su domicilio real; circunstancia que, para la hipótesis de que “no existan viviendas disponibles”, conforme al citado
decreto determina el pago de una compensación mensual, la que reclamó administrativamente.
Sostiene que dicho incumplimiento responde a una actitud “caprichosa, obsesiva e injustificada” de la
Administración; que cumplió con rigurosidad los recaudos legales exigidos; que el Jefe de Policía elevó los reclamos
al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto; que ante el “manifiesto actuar arbitrario e ilegítimo”, utiliza este medio
para hacer cesar en forma inmediata esta conducta.
Precisa que actualmente mantiene el destino y cargo, y que de su propio “bolsillo” costea el pago de una
vivienda, beneficiando a un tercero “que aparece aprovechándose de otro, ante el evidente e inequívoco abuso del
Derecho, que se presenta en el financiamiento de la función de seguridad, por medio de la masa salarial de sus
empleados” (f. 21).
Al fundamentar señala que la cautelar sería aplicable para el futuro, y que las erogaciones referidas afectan
derechos de carácter alimentario.
En relación al fumus boni iuris, considera que, en el caso, la obligación de pago es indubitable, existiendo
una verdadera certeza más que una simple “verosimilitud del derecho”, lo que se puede visualizar a través de las
resoluciones del Jefe de Policía y las copias del expediente administrativo que acompaña.
En orden al peligro en la demora reitera lo referido al carácter alimentario de los suplementos, y aluden a las
dificultades económicas por la que atraviesan, derivadas de la crisis económica caracterizada por la devaluación
monetaria, el bajo nivel salarial y la calidad de los intereses en juego que determinan claramente los perjuicios que
sufre, tornando en grave o de reparación difícil o imposible si prosperase el recurso.
Pide se haga lugar a la medida incoada, con costas.
2. A fojas 31/32 vto. la demandada contesta la vista corrida.
Describe en qué condiciones corresponde la denominada compensación sustitutiva por vivienda, y expresa
que en el caso no fueron acreditadas; que la pretensión excede el contenido cautelar; que la posición de los recurrentes
se torna jurídicamente inaceptable, por encontrarse inconclusos los procesos de verificación y de gestión de partida
presupuestaria que permitan su reconocimiento.
Niega que exista peligro por la demora del proceso, y que aparezca configurado. Que no basta la mera
invocación, y que los posibles perjuicios pueden ser reparados en la sentencia.
Peticiona, finalmente, el rechazo de la medida cautelar y la imposición de costas.
3.Se adelanta que la petición no puede prosperar.
En efecto, no concurre en el caso circunstancia de excepción alguna que justifique el ejercicio de jurisdicción
cautelar sin habilitación de instancia.
En este sentido, no puede soslayarse que el proceso contencioso administrativo regulado por la ley 11.330 con
claridad se asienta sobre principios -en lo que ahora interesa, los de decisión previa, instancia revisora, y agotamiento
de la vía administrativa- preservados de un modo expreso por el ordenamiento jurídico (especialmente por el artículo
7 de esa ley). Es por ello que este tipo de pedidos se someten a mayores exigencias probatorias: especialmente -por
estar en tensión con aquellos claros principios- respecto de por qué excepcional razón, en las circunstancias de cada
caso, el tránsito por la vía administrativa previa (preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para
resguardo del sistema de adjudicación constitucional -criterio de “Serra”, 26.10.1993-; C.S.J.P. “Sosa”, A. y S.
T. 144, pág. 121), produciría un perjuicio tal que justifique una intervención anticipada del tribunal, y, por ende,
una excepción al régimen general.
Tal el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en autos “Buasso” (A. y S. T. 145,
pág. 299), y reiterado en “Godoy” (A. y S. T. 150, pág. 141), “Cazaux” (A. y S. T. 166, pág. 217), “Bazet” (A. y
S. T. 167, pág. 111), y por esta Cámara en “Piazza” (A. T. 1, pág. 73).
El actor solicita tutela cautelar autónoma tendente a que se incorpore en su haber la “Compensación Mensual

Sustitutiva por Traslado”.
Funda su pretensión en la invocación de “infructuosas reclamaciones administrativas” y en la “extremada y
urgentemente tutela de los derechos alimentarios”.
Al respecto, el recurrente no ha dado razones suficientes acerca de la urgencia que motiva su solicitud,
circunscribiendo su petición a la mera enunciación de las consecuencias perjudiciales que le provocaría que la
pretensión cautelar no sea atendida, sin demostrar acabadamente la gravedad e irreparabilidad del daño que, según
dice, se le ocasionará.
A tenor de las constancias de autos, el recurrente inició el trámite de reconocimiento y pago de la
compensación en cuestión en fecha 29.7.2005, a lo que la Jefa de Policía, previo los trámites pertinentes, dio viabilidad
a través de la resolución 374 del 24.8.2005 (fs. 3/19).
En fecha 13.9.2005 el actor solicita la presente tutela cautelar autónoma.
Conforme estas circunstancias, el recurrente casi contemporáneamente a la petición administrativa solicita
tutela cautelar autónoma, no obstante la diligencia de la Administración puesta en el curso de la pretensión, incluso
en sentido favorable a la misma. Así planteado, no cabe soslayar en la solución del caso la incidencia de la
complejidad de los trámites administrativos, que impiden a la Administración dar cauce directo a los requerimientos
que se le formulan.
En efecto, tal como este Tribunal lo señaló en distintos precedentes, es bien sabido que la formación de la
voluntad de la Administración se somete a exigencias distintas a la de los particulares; exigencias que se traducen en
complejos procedimientos que inexorablemente deben preceder o continuar a la exteriorización de su voluntad
(“Morello”, S. T. 3, pág. 15; entre otros).
Al respecto, se ha destacado que las Administraciones Públicas “constituyen las organizaciones más complejas
de las sociedades modernas” (Cassese, Sabino; “Las bases del Derecho Administrativo”, Ministerio para las
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Traducción Luis Ortega, pág. 249, Madrid,
1994), y como toda organización compleja, ordena su propia actividad en secuencias o series de actos (a las que
generalmente se las reconoce como “procedimientos administrativos”) cuya mayor o menor complejidad -a su vezva
a depender de la mayor o menor complejidad de la organización (en realidad, dice Cassese -op.cit. pág. 251-, el
procedimiento es el reflejo, en la actividad, de la organización).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ha reiteradamente recordado que “el tráfico
administrativo ... es normalmente un tráfico en masa” (Fernández, Tomás Ramón; “De la arbitrariedad de la
Administración”, ed. Civitas, Madrid, España, 1ra. edición, 1994, pág. 84), lo que ha sido así considerado por el Alto
Tribunal, no sólo en relación a sectores distintos al policial (“Faccioli”, A. y S. T. 139, pág. 473; “Pistacchia”, A.
y S. T. 165, pág. 135), sino especial y precisamente en relación a dicho personal policial, y, por lo demás, tanto en
su anterior (“Del Pozo”, A. y S. T. 115, pág. 28; “Córdoba”, A. y S. T. 152, pág. 205; etc.) como actual integración
(“Parvellotti”, A. y S. T. 189, pág. 88; “Orihuela”, A. y S. T. 192, pág. 221).
En el precedente “Nicodemo” (A. y S. T. 164, pág. 77), la Corte tuvo en cuenta, a los fines de la mora de la
Administración, “las exigencias temporales, legales y reglamentarias que pesan sobre la formación de la voluntad del
ente público...”, recurriendo, para así decidir, al criterio de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal, según el cual la cuestión debe compatibilizarse con las normas legales relativas al
cumplimiento de los recaudos y formalidades necesarias para la tramitación administrativa de una orden de pago
(“Dinet” del 2.06.81 y “Klein” del 31.08.81).
En las circunstancias del caso, no se advierte que la Administración haya actuado arbitrariamente, demorando
irrazonablemente el trámite.
Todo ello autoriza a considerar inadmisible el presente pedido.
Siendo que el recurrente, en razón de los antecedentes en la materia, pudo considerse con razones para litigar,
las costas se impondrán en el orden causado.
Por lo tanto, la Cámara de lo contencioso Administrativo Nº 1 RESUELVE: No hacer lugar a la medida
cautelar peticionada. Costas por su orden.
Regístrese y hágase saber.
Fdo.: DE MATTIA (en disidencia). LISA. PALACIOS. Barraguirre (Secretario)
DISIDENCIA DEL JUEZ DE CÁMARA DOCTOR LUIS ALBERTO DE MATTIA:
En relación a la cuestión traída, adelanto que surge en el sub judice los presupuestos que habilitan la tutela
perseguida.
Ello, liminarmente, en razón de los precedentes “Anit” ( A. T. 3, pág. 37), “Gómez” (A. T. 5, pág. 274),
“Borovac” ( A. T. 6, pág. 176), “Moreyra” (A. T. 6, pág. 209), entre otros, y a los que corresponde remitir mutatis
mutandi, en los que este Tribunal atendiendo hechos análogos al que ahora se somete a examen, despacho
favorablemente los pedidos cautelares, y, por lo demás, en cada caso sustentado en comprobaciones de menor estrictez
respecto de los extremos exigidos para la procedencia de una demanda.

En lo atinente a la presente medida tuitiva, tendente a que se ordene al gobierno provincial la incorporación
a su haber mensual de la compensación mensual sustitutiva prevista en el artículo 146 de la ley 6769 y su decreto
reglamentario 1414/86, cabe indicar que aquél formalizó la solicitud del beneficio en cuestión con motivo de su
traslado para prestar servicios en la ciudad de Rosario, procedente de la localidad de Santa Clara, departamento Las
Colonias.
A ese fin adjuntó, entre otras, copias simples de la solicitud presentada el día 29.7.2005 ante el Director
General de Drogas Peligrosas, contrato de locación de vivienda suscripto en la ciudad de Rosario el 10.3.2005,
resolución 612/05 y su notificación, declaración jurada de la que se deduce que no posee vivienda en la mencionada
ciudad, documento nacional de identidad, recibos de sueldo, dictamen de Asesoría Letrada 341/05, resolución 374/05
de la señora Jefa de Policía solicitando el reconocimiento y liquidación de la citada compensación mensual sustitutiva,
y notificaciones (fs. 3/14).
Por su parte, la demandada, sin negar la facticidad argumentada por el recurrente, se manifiesta sobre el
rechazo -tal como fue relatado de manera precedente- fundada en la inexistencia de los recaudos cautelares y del
completamiento del proceso de reconocimiento del reclamo.
Ahora bien: de lo actuado en ambas sede, como se señala, no resulta dudoso el apresuramiento del actor al
impetrar esta medida, pero esa situación no justifica soslayar la vulneración producida en sus derechos, y sin que
aparezca eximente la circunstancia en torno a que la urgencia del planteamiento jurisdiccional haya impedido a la
Administración expedirse en relación; siendo que el traslado del agente se produce mediante resolución 612 dictada
por la señora Jefa de Policía en fecha 9.3.2005, y que no se podría desconocer -por una cuestión de logística atinente
al área- la falta de vivienda ni la distancia entre el domicilio real y el del nuevo destino.
Por ello la pretensión del recurrente aparece verosímilmente legítima, y sustentada en el reconocimiento que
al derecho invocado a su estado policial hace la normativa aplicable (artículo 146, ley 6.769; artículos 1, 3, inc. a,
y ccs., decreto 1414/86), emergiendo, en las condiciones descriptas, la respectiva posición sustancial como
jurídicamente aceptable.
Tal como, además, lo habrían entendido algunos órganos administrativos consultivos, e, incluso, la señora
Jefe de Policía, mediante actos administrativos que, si bien no podrían entenderse por sí mismos decisivos en orden
al definitivo reconocimiento del derecho postulado, coadyuvan a otorgar verosimilitud a los fines de su reconocimiento
provisional.
Por otra parte, y siempre en un examen liminar, el cambio de destino dispuesto obedecería “a razones de
servicio”, y dirigidos a una mejor organización y funcionamiento” de la Policía de la Provincia, con sustento en los
artículos 3, inc. a, y 4 del Reglamento del Régimen de Cambio de Destino, por tal, en principio, ajeno al interés o
situación particular del recurrente y cuyo cumplimiento es uno de los deberes esenciales al que funcionalmente está
sometido el personal policial en actividad (artículo 28, inc. d, ley 6.769).
En este sentido, y esta Cámara así lo ha expresado en los precedentes citados supra, no puede eludirse que
tal circunstancia, ocasiona en quien la padece trastornos de orden personal y familiar, que se traducen en un real y
efectivo detrimento económico al tener que afrontar con su propia remuneración los gastos de la vivienda en donde
habitar, al no poder el Estado asignarle una conforme le está reconocido en el artículo 146 de la ley 6769, lo que
expone, prima facie, la ilegitimidad de la negativa de la Administración.
Apreciados los intereses en juego, el caso es susceptible de ser encuadrado en el artículo 14 -primer párrafode
la ley 11.330, debiéndose conceder provisionalmente, y para el futuro, el beneficio reclamado (“Anit”, citado;
etcétera).
En las circunstancias del caso, corresponde imponer las costas en el orden causado.
Por lo tanto, habrá de hacerse lugar, con el alcance precisado, al pedido cautelar efectuado por el señor
Antonio Mario Alarcón, con costas por su orden.
Fdo.: DE MATTIA. Barraguirre (Secretario).