5535/2009-i c. presidente municipal de san pedro cholula, puebla

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San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, quien por acuerdo y
bajo la figura de Agente Subalterno del Ministerio Público decretó su
detención. (evidencias II y V)
Finalmente, queda acreditada por el propio dicho del Presidente
Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, Puebla, que tuvo a su
disposición al hoy quejoso, como probable responsable de conductas
presumiblemente constitutivas de delito, y que el motivo de la citada
remisión por parte de los elementos de la policía auxiliar municipal del lugar
fue el señalamiento directo de Jacqueline Colex Roldán (evidencias II, III,
IV, V y VI), cumpliéndose las exigencias del artículo 67 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en armonía con lo anterior, a establecido en el artículo 16
Constitucional, es decir, que en el caso concreto el Presidente Auxiliar
Municipal en comento ante la posible comisión de un hecho tipificado como
delito su obligación sería de ponerlo a disposición de la autoridad
competente, siendo en este caso concreto el Ministerio Público de Cholula,
Puebla, lo que en la especie no aconteció.
En razón de lo expuesto, se llega a determinar que lo
manifestado por el C. Erik “N”, es cierto y en consecuencia se suscitó tal y
como se describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en
primer lugar al haberlo privado de su libertad sin ser remitido ante la
autoridad competente, iniciándole un procedimiento ilegítimo del que se
derivara un pago consecuencia de un convenio entre partes, materia de
análisis en las siguientes líneas, actos que no resultaban de su
competencia.
Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe
con apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades
administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases
fundamentales del estado de derecho, “el que se refiere a los gobernados y
aquel que alude a las autoridades; por el primero los gobernados podemos
hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (respetar las directrices
de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que