programas medidas cautelares

de la experiencia de Cuenca, hizo que se
focalizara en medidas cautelares de delitos
flagrantes, realidad que conllevó un problema
para el modelo de Azogues, porque
al ser su esfera más amplia, buena parte
de los acuerdos interinstitucionales debían
ser revisados y este proceso produjo una
ruptura entre Función Judicial y Fiscalía,
factor clave para el desplome del proyecto.
• Implantación en la Fiscalía. Visto en
retrospectiva, fue un error implantar la
Unidad en la Fiscalía, porque al estar los
juzgadores culturalmente llanos a otorgar
la medida cautelar sin discutir el peligro
de fuga, su eliminación no generaba un
problema funcional para los intereses
institucionales, en tanto que si se instalaba
en la defensa, directo beneficiario dada la
realidad, era previsible que hubiese habido
mayor lealtad al proyecto.
• Cambio de esquema funcional. La estocada
final vino con un cambio funcional
donde se asignó a cada fiscal un policía que
trabajase en su despacho. La falta de consciencia
de la especificidad del trabajo de la
Unidad hizo que el policía asignado fuese a
un despacho bajo el supuesto de que ahora
todos los fiscales podrían hacer uso de su
policía para cumplir esta labor. Esto marcó
su extinción.
• Perspectivas futuras. En la actualidad,
este proyecto resulta clave para el futuro de
la justicia ecuatoriana. Acaban de aprobarse
un marco constitucional y un marco legal
donde de manera clara se regula la excepcionalidad
de la prisión preventiva y como
regla general se consagran las medidas no
privativas de libertad. En este contexto, la
adopción de medidas cautelares se vuelve
más compleja porque el determinar con criterio
técnico temas tales como el monto de
las cauciones o el potencial de medidas del
tipo de la prohibición de salir de la ciudad,
se vuelve un elemento básico para el buen
funcionamiento del sistema. De hecho,
ciertos fallos con poco criterio han llevado
a que estas reformas comiencen a producir
desconfianza social, y si no se incide con
criterios técnicos no sería raro que sobrevenga
un proceso de contrarreforma. Un
aspecto positivo es la oportunidad de que
se cuente hoy con una Defensa Pública, que
ha mostrado su interés en la implantación
de la Unidad.
B. Investigadores al servicio de
la Defensa Pública:
Un relato de los servicios de evaluación en
Costa Rica
Jenny Quiroz Camacho
y Rodolfo Solórzano Sánchez
a. Trasfondo
Desde hace 39 años (1970), en Costa Rica el
derecho a una defensa técnica real y efectiva,
no sólo formal, se ha concebido en la práctica
como parte del debido proceso y un derecho
humano fundamental. Existe la Institución de
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