programas medidas cautelares

INTRODUCCIÓN
Aun cuando los estándares internacionales permiten
la prisión preventiva bajo condiciones
precisas y limitadas, el consenso global es el de
desincentivar su uso y alentar en cambio medidas
alternas, como la libertad bajo caución o
bajo responsabilidad personal cuando sean
posibles. 1 El rechazo hacia la prisión preventiva
se basa en una piedra angular del régimen
internacional de derechos humanos: la presunción
de inocencia de la cual goza toda
persona acusada de delito. 2
En México, lamentablemente la legislación y la
práctica están lejos de los estándares internacionales;
la recurrencia a la prisión preventiva
es generalizada, inflexible y excesiva, siendo su
aplicación en los tribunales la regla y no la
excep ción. Este problema se agrava debido a
que el sistema judicial es inquisitivo, y la exce siva
dependencia de la caución económica como
única alternativa a la prisión preventiva en prácticamente
todos los estados del país ha creado
un sistema que discrimina a los pobres.
Tradicionalmente, la constitución federal y las
estatales, así como los códigos de procedimientos
penales, han regulado el uso de la prisión preventiva,
que es obligatoria para personas imputadas
dentro de una amplia gama de delitos “graves”.
En el caso de delitos menos importantes o “no
graves” que impliquen la posibilidad de prisión,
los juzgados tienen la facultad discrecional de
liberar o mantener detenido al imputado hasta el
momento del juicio, 3 e incluso en aquellos casos
donde es posible la liberación provisional, la falta
de alternativas frente a la detención desalienta a
muchos jueces, que optan por no autorizarla.
El sistema jurídico mexicano impone onerosos
obstáculos financieros al uso de la caución económica,
restringiendo severamente la posibilidad
de una liberación previa al juicio cuando se trata
de personas de escasos recursos. En general, el
imputado sólo puede ser elegible para la liber tad
provisional bajo caución si deposita en el juzgado
cantidades hasta por tres rubros distintos;
a saber, la destinada a compensar a la víctima
Programas de medidas cautelares
Experiencias para equilibrar presunción de inocencia y seguridad ciudadana
1 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y el Trato de Delincuentes, La Habana, 27 de agosto-7
de septiembre, capítulo 1, sección C, párrafo 2(e).
2 Artículo 11(1) Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217A (III) de la Asamblea General del 10 de diciembre
de 1948. Ver también el Artículo 14(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.2 y el Artículo 8(2) de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
3 Bajo el Artículo 20 (A) (I) de la Constitución de 1917, reformada en 2005, los delitos no graves normalmente incluyen homicidio
culposo, lesiones, daño en propiedad ajena, manejar alcoholizado y posesión de drogas para uso personal. Los delitos graves,
a su vez, incluyen homicidio, violación, robo, ataque agravado, robo de vehículo automotor y robo de bienes cuyo valor exceda
aproximadamente los 25,000 pesos. Bajo la nueva legislación federal de acuerdo a la Reforma Constitucional del 2008, la prisión
preventiva se rige por el siguiente precepto: “El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
Open Society Justice Initiative
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