LUERA SENTENCIA N°20 de 2012 - sindicato de prensa de neuquén

víctima en su derecho individual inmediato, sino que cada
acción, por su gravedad y extensión, lesiona a la comunidad
en la que se ejecuta, y lo que es más grave, lesiona a la
humanidad en su conjunto en virtud del desprecio que denota
el hecho a su principal integrante: el ser humano. Insisto,
el bien individual queda ubicado en una suerte de lugar
secundario, porque el ilícito trasciende a la persona y
afecta a la sociedad total, a su misma esencia y razón.
Ello demuestra su extrema dañosidad, de imposible
equiparación con acciones disvaliosas individuales. Tal
singularidad autoriza a decir que la Humanidad es la víctima,
es el sujeto pasivo de estos atroces actos.
Ahora bien, no obstante lo dicho, vale dejar constancia
que esta calificación (delito de lesa humanidad) no implica
ningún tipo de doble valoración o agravamiento en punto a los
montos sancionadores previstos en los tipos penales por el
catálogo sustantivo, escalas punitivas que serán las únicas
aplicables al sub lite, sin otra interpretación posible.
Y ha quedado además expresado judicialmente, con certeza
y autoridad de cosa juzgada y basamento en la Ley Fundamental
que “…delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición
forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de
actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores
políticos…. pueden ser considerados como crímenes contra la
humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal
como lo prescribe el artículo 118 de la Constitucional
Nacional…” (Considerando 16, voto de la mayoría, Fallos: 327:
3312).
Esas normas contemplativas de acciones delictivas en
tales términos (léase, con ensamble en el derecho penal
doméstico, atentatorias del derecho de gentes y consideración
del derecho público internacional) tienen carácter de
imperativas (ius cogens), dimanan de fuentes de derecho
internacional, y contienen intrínsecamente valores superiores
instalados en la conciencia universal de las naciones
civilizadas, imposibles de desconocer o modificar salvo por
una norma de igual valor y carácter (Convención de Tratados,
Viena, 1969). De ahí la imposibilidad de ser desatendidas por
cualquier rama del gobierno federal, bajo riesgo de sufrir
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