Violencia_contra_el_sindicalismo-Controversia198_1

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Controversia 198
de participación para los trabajadores. Ello ha provocado tensiones
permanentes entre el sindicalismo y diferentes gobiernos, empresarios
y otros grupos de poder opuestos a las reivindicaciones de los
asalariados. Debido a estas circunstancias, condicionadas por un
Estado ambivalente entre el autoritarismo y el constitucionalismo,
muchas veces los trabajadores se han visto obligados a ejercer sus
acciones reivindicativas en la frontera entre espacios de legalidad
y de violencia. Este ir y venir entre la legalidad y la ilegalidad, en
contextos de conflicto armado como los que ha vivido el país en los
últimos tres decenios, propiciaron situaciones de desinstitucionalización
que hicieron posible la colonización bélica de la actividad
sindical. A su vez, ambas situaciones, muchas veces entrelazadas,
dieron cabida a procesos de estigmatización contra los sindicalistas,
que funcionaron para instigar y crear pretextos para violentarlos
física y políticamente. En dependencia de las circunstancias
regionales y locales, surgieron alianzas entre agentes antidemocráticos
para atacar a los líderes sindicales. Por lo regular, estos dispositivos
estuvieron conformados por miembros del bipartidismo
tradicional, funcionarios públicos, sectores empresariales y fuerzas
militares y policiales, en asocio con otros agentes de naturaleza
ilegal, como narcotraficantes y paramilitares. Pese a la gran impunidad
que pesa sobre esos crímenes, poco a poco han ido saliendo
a la luz nombres de algunos perpetradores, principalmente en confesiones
de desmovilizados del paramilitarismo, procesados bajo la
Ley 975 de 2005, o en sumarios abiertos contra dirigentes políticos
por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Todo lo anterior, sin
que hasta ahora se haya entrado a discutir la responsabilidad que
le cabe al Estado en esas prácticas, que sin duda pueden ser calificadas
como crímenes de lesa humanidad.