RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA ... - IES Alquibla

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN
DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL IES
“ALQUIBLA” DE LA ALBERCA, CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 0258/2009
I
ANTECEDENTES
Primero.- El pasado 23 de junio de 2009 quedaba registrada la entrada
en esta Defensoría de una queja promovida por la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del Instituto de Educación Secundaria “Alquibla” de la
pedanía murciana de La Alberca. La queja tiene por objeto lo que sus
promotores entienden como una desatención del Ayuntamiento de Murcia
ante una reivindicación que esa asociación lleva años planteando, y que
consiste en la adecuación de los accesos al IES “Alquibla” de aquella
pedanía, desde la pedanía de Santo Ángel y por el denominado Camino de
Salabosque, a fin de dotarlos de la necesaria seguridad para peatones y
ciclistas, entre ellos, y muy fundamentalmente, para los alumnos que
acuden a diario al citado centro educativo.
De cuanto obra en el expediente se desprende que, en el momento
actual, la comunidad educativa que acude al instituto debe transitar por
aceras angostas de apenas 40 centímetros, que en determinados tramos no
hay arcenes, que es habitual encontrar a peatones transitando por la
calzada, y que la zona presenta en horas punta, coincidentes con el horario
de entrada y salida del centro educativo, un intenso tráfico rodado.
Segundo.- Entre los documentos que acompañan a la queja se encuentra
un nutrido dossier de prensa, con fotocopias de noticias relacionadas con
este asunto y aparecidas en los últimos años en diversos medios de la
prensa escrita regional, multitud de escritos dirigidos a la administración
local de Murcia en los que se reclama una solución al problema descrito, y
algunas contestaciones que esa administración local da a los citados
escritos.
En la queja se expone que llevan años, por escrito y verbalmente, ante
las autoridades locales y las regionales, pidiendo soluciones a este
problema, y que desde el año 2001 hasta 2006, la única respuesta recibida
es que la solución al problema descrito estaba por completo supeditada a la
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aprobación del Plan Parcial (ZM Ab1) previsto para la zona en el
planeamiento urbanístico del municipio de Murcia.
Se expone asimismo que a partir de 2007, y dada la carencia de
soluciones, la citada asociación da un giro a sus acciones de protesta y
realiza una manifestación con el ánimo de trasladar a los medios de
comunicación sus demandas para así presionar a las autoridades llamadas a
dar solución al problema. La respuesta de la administración a esta acción de
parte de la comunidad escolar de ese Instituto -así se recoge en una nota de
prensa elaborada por la oficina de comunicación del Ayuntamiento de
Murcia de 4 de mayo de 2007 y aportada a este expediente por los
promotores de la queja- es la de afirmar que las obras de mejora de los
accesos al IES citado “comenzarán en los próximos meses”, toda vez que el
Plan Parcial dentro del que se incluye ese centro educativo “ha sido
aprobado de forma definitiva recientemente”. Pese a esas afirmaciones,
llegados al año 2008, y en distintos meses del mismo, toda vez que no se
atisbaba solución al caso, vuelven a registrar nuevos escritos de
reivindicación y protesta en el Ayuntamiento de Murcia.
Tercero.- De los documentos que obran en el expediente se desprende
que, en efecto, el Ayuntamiento de Murcia relaciona y supedita la solución
del problema descrito al desarrollo y ejecución del Plan Parcial citado; que
ese Plan Parcial se aprueba en los primeros meses del año 2007 y que en él
se contempla la construcción de los viales públicos con los que acceder al
centro educativo; que el sistema de actuación elegido para la ejecución del
plan es el de compensación; que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Murcia aprueba en noviembre de 2007 la constitución de la Junta de
Compensación de la U.A. Única del Plan Parcial ZM-Ab1 de La Alberca;
que a 31 de julio de 2008 aún no habían sido presentados los proyectos de
reparcelación y urbanización de ese Plan Parcial ; y que, al menos con
fecha 24 de marzo de 2009, la Junta de Compensación ya había presentado
ante la Gerencia de Urbanismo el correspondiente Proyecto de
Urbanización, siendo informado favorablemente por el Servicio de Obras
de Urbanización de la misma, pero estando aún pendiente de aprobación
hasta tanto no se emitiesen otros informes de los Servicios Técnicos
Municipales.
Cuarto.- Con fecha 3 de julio de 2009 esta Institución adopta la
decisión de admitir a trámite la queja, comunicando tal circunstancia a su
promotor. Ese mismo día se practica el oportuno requerimiento de
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información al Ayuntamiento de Murcia, que, dado el transcurso del plazo
habilitado al efecto para la recepción del informe en esta Defensoría, hubo
de ser reiterado en los primeros días del pasado mes de septiembre.
Finalmente, el 10 de septiembre de 2009 se recibe en esta Institución una
comunicación del Sr. Alcalde de Murcia en la que se hace expresa mención
a un informe del Jefe de Servicio de Obras y Servicios Comunitarios del
Ayuntamiento de Murcia, comunicándonos que hasta la fecha las únicas
medidas adoptadas han consistido en la ejecución de resaltos en el viario
circundante y en la implantación de señales de tráfico con las que
minimizar el riesgo para la seguridad vial y el tránsito de ciudadanos.
Asimismo, dice expresamente esta comunicación, “se han adoptado los
correspondientes acuerdos para instar a la Junta de Compensación para
que, una vez aprobados definitivamente los correspondientes instrumentos
urbanísticos que permitan la actuación, en el desarrollo de las obras de
urbanización se prime y agilice la ejecución del viario y la construcción de
los accesos peatonales al centro educativo, puesto que el IES y sus
alrededores se encuentran ubicados en la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZM-Ab1 de La Alberca, en el que el sistema de actuación
previsto en el planeamiento para la gestión urbanística de los terrenos no
es de iniciativa pública, sino privada”.
II
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de
noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le
compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos,
autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas,
advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus
deberes legales.
Segunda.- Como ya quedó expresado en las consideraciones
fácticas, el Ayuntamiento de Murcia, tanto en las respuestas que da a la
comunidad educativa afectada, como en el informe remitido a esta
Defensoría, ha pretendido circunscribir el problema objeto de la queja -y su
solución- al ámbito estrictamente urbanístico. En ese ámbito cabe expresar
que el 31 de enero de 2001 quedaba aprobada definitivamente la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. En este Plan, y en
atención a las necesidades urbanísticas previsibles a corto y medio plazo en
el momento de su elaboración y aprobación, muy distintas a las actuales,
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así como a razones de conveniencia, se han delimitado en el municipio de
Murcia diversos sectores de suelo urbanizable como el que nos ocupa,
denominado (ZM-Ab. El desarrollo de este sector, cuyos propietarios
tienen derecho a promover a través del correspondiente Plan Parcial, está
obviamente supeditado a unas dinámicas urbanísticas que, sabido es, están
seriamente afectadas por la crisis económica actual y particularmente por la
crisis del sector inmobiliario. Entre los diferentes sistemas de ejecución del
Plan Parcial llamado a desarrollar este sector, la opción por la que se ha
apostado es la del sistema de compensación, una opción en la que son los
propietarios agrupados quienes realizan por sí mismos y a su costa todas las
operaciones inherentes a la ejecución del planeamiento: distribución de
beneficios y cargas, urbanización, etc., confiando pues en la iniciativa
privada una ejecución urbanística en la que queda inserta la solución a los
problemas planteados en la queja. Ello no obstante, la opción por otros
sistemas como el de expropiación o el de cooperación, sería posible dada la
indudable existencia de utilidad pública o interés social en la adecuación de
los accesos al centro escolar, si el Ayuntamiento apreciase inactividad o
demora en la actuación de la Junta de Compensación.
Tercera.- Como ya hemos expuesto, desde la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana hasta la aprobación del Plan Parcial
llamado a desarrollar el sector de referencia han pasado seis años. Durante
ese tiempo el problema no se ha resuelto, las protestas de la comunidad
educativa implicada no han cesado, y la administración local de Murcia no
ha podido materializar las promesas realizadas. Desde la aprobación del
Plan Parcial hasta la fecha de hoy han transcurrido prácticamente 3 años y,
por lo que se desprende del informe del Ayuntamiento de Murcia remitido
a este Defensoría, aún sigue pendiente de aprobación el proyecto de
urbanización de la zona, en el que, por lo que parece, debe contemplarse la
realización de los accesos al centro educativo.
Cuarta.- No es objeto de esta Defensoría entrar en las
consideraciones de oportunidad que en su día llevaron a los responsables
del Ayuntamiento de Murcia a ligar la adecuación de los viales de acceso al
citado instituto al desarrollo de un sector urbanizable contemplado en su
planeamiento urbanístico. Pero lo cierto es que, bien sea por el sistema de
ejecución del plan parcial por el que se optó, bien por las nuevas dinámicas
económicas que imperan actualmente en los sectores de la construcción
residencial, por el concurso de ambas circunstancias, o incluso por la
concurrencia de otros factores, ya han transcurrido cerca de nueve años y la
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administración municipal no ha podido dar una respuesta adecuada y
satisfactoria a una demanda que creemos legítima y que tiene sobrado
sustento legal en la normativa básica de régimen local.
En efecto, el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. Pero además, esta misma ley básica
establece en su artículo 25.2 que el municipio ejercerá en todo caso
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en materia de (a) seguridad en lugares públicos,
(b) ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y (d)
pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y
vías rurales.
Son vías urbanas, así las define el Reglamento General de
Circulación en su Disposición Final Primera tres, todas las vías públicas
situadas dentro de poblado, excepto travesías. En muy parecido sentido se
expresa el anexo del Reglamento General de Carreteras, al entender por vía
urbana “cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones
de una población, siempre que no se traten de travesías ni formen parte de
una red arterial".
Por su parte, el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que
“corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de
la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la
circulación…”.
Cabe afirmar por otro lado que además de esa obligación “ex lege”
que se impone a todos los ayuntamientos por los antes citados artículos de
la Ley 7/1985, esta misma norma establece en su artículo 18.1. g) el
derecho de todo vecino a exigir la prestación, y, en su caso el
establecimiento del correspondiente servicio público, en todos aquellos
supuestos que constituyen competencia municipal propia de carácter
obligatorio.
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Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta
de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes
RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Corresponde al Ayuntamiento de Murcia velar por la seguridad
de las vías públicas de acceso a los centros escolares, adoptando de
oficio las medidas que procedan a tal fin, ante el retraso en la ejecución
de las obras de urbanización previstas en el Plan Parcial ZM-Ab1 de
La Alberca.
RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Para el más efectivo cumplimiento del deber legal expresado,
sería aconsejable que esa administración local se comprometiera a
realizar las medidas que procedan en un plazo de tiempo determinado,
a fin de evitar mayores dilaciones.
Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos
informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios
de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan,
de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de
noviembre, reguladora de la Institución.
Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los
siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente
resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.
Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del
preceptivo informe, le saluda atentamente,
Murcia, 2 de diciembre de 2009
EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Fdo.- José Pablo Ruiz Abellán.
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