Cámara Nacional de Casación Penal - CAUSA Nro. 1905 - SALA IV

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Cámara Nacional de Casación Penal
CAUSA Nro. 1905 - SALA IV “HARO, Horacio Dante s/recurso de casación” -1-
//la ciudad de Buenos Aires, a los de abril del año dos mil, se reúne la Sala IV de la
Cámara Nacional de Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y
Durañona y Vedia como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, doctor casación
interpuesto a fs. 82/93 de la presente causa Nº 1905 del registro esta Sala, caratulada:
"HARO, Horacio Dante s/recurso de casación" de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 de la Capital en la causa Nro. 772 de su
Registro, con fecha 28 de octubre de 1999, resolvió rechazar Horacio Dante HARO, en
cuanto solicitó la suspensión del juicio a prueba en los términos del artículo 76 bis del
Código Penal (fs. 79/80). en lo sustancial, que “... el que se ha requerido a la calificación
de robo en grado de tentativa, propuesta por el agente en el requerimiento de elevación a
juicio de mención, cuya pena máxima excede de tres años de prisión, conforme las penas
establecidas en los arts. 45, 42 y 164 del C.P. Por consiguiente, la conducta imputada a
Horacio Dante Haro no se encuentra comprendida en los casos que prevé el art. 76 bis,
párrafo 4to. del Código Penal y de acuerdo a la doctrina sentada por la Cámara Nacional
de Casación Penal al resolver en pleno en la causa ‘Villarino, Martín P. y otro’, por lo que
no corresponde hacer lugar a la petición de suspender el juicio a prueba, que resulta
manifiestamente inadmisible, a punto tal que, por razones de REGISTRO NRO. 2570 .4 -
2- economía procesal, puede prescindirse de la realización de la audiencia del art. 293
C.P.P.N.... Que a ello, se suma lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal con
fecha 17 de agosto del corriente año, en cuanto a que ‘la pena sobre la que debe
examinarse la procedencia del instituto previsto por el art. 76 bis y siguientes del C.P. es
la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años’ -cfr. causa
Nro. 1403 de la Sala III de la C.N.C.P., plenario in re “KOSUTA, Teresa Ramona s/recurso
de casación.”
II. Que contra dicha resolución la señora Defensora Pública Oficial ante dicho Tribunal
Oral, doctora Stella Maris MARTINEZ, asistiendo a Horacio Dante HARO, interpuso
recurso de casación y de inconstitucionalidad (fs. 82/93), concediéndose el primero de
ellos y declarándose inadmisble el segundo (fs. 94/95 vta.). Que el recurso de casación
fue mantenido a fs. 100 por la señora Defensora Pública Oficial ante esta instancia,
doctora Laura Beatriz POLLASTRI; sin adhesión por parte del señor Fiscal General ante
esta Cámara, doctor Ricardo Gustavo WECHSLER (fs. 99 vta.).
III. Que la recurrente, en cuanto aquí fue materia de concesión, bajo el motivo casacional
del inc. 2°) del art. 456 del C.P.P.N., sostuvo que en el decisorio en crisis se efectuó una
errónea interpretación de las normas procesales referidas al procedimiento necesario a
seguir para debatir la solicitud de la suspensión del juicio a prueba que oportunamente
efectuó esa parte, afectándose de manera irremediable garantías constitucionales que
hacen al debido proceso y a la defensa en juicio (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.).
Partiendo del texto del art. 293 del C.P.P.N., refirió que si el Tribunal está facultado para
conceder el beneficio en cuestión en audiencia única, “a contrario sensu”, en la misma
oportunidad podrá decidir no hacer lugar al pedido del imputado. Pero en modo alguno la
legislación positiva argentina prescribe que puede exceptuarse su realización a
consideración del Cámara Nacional de Casación Penal CAUSA Nro. 1905 - SALA IV
HARO, Horacio Dante s/recurso de casación -3- Tribunal, por cuanto es en la audiencia
donde las partes tendrán derecho a expresarse. Agregó que el derecho a ser oído no se
concreta de cualquier modo, por lo que estando previsto en la ley de forma un mecanismo
específico para escuchar a las partes, y que éstas confronten sus argumentos, de modo
que el Tribunal pueda resolver, éste no puede arrogarse facultades legislativas,
imponiendo para el caso un procedimiento distinto del dispuesto en el ordenamiento
procesal. Asimismo, con invocación del inc. 1°) del art. 456 del C.P.P.N., entendió que la
interpretación que el Tribunal Oral efectuó en punto a la procedencia y alcances del
instituto en cuestión no se compadece con una correcta interpretación del cuarto párrafo
del art. 76 bis del Código Penal. Expresó que el Tribunal resolvió rechazar “in limine” la
solicitud de suspensión del juicio a prueba en favor de Haro, sosteniendo que la conducta
reprochada a su defendido “(...) no se encuentra comprendida en los casos que prevé el
art. 76 bis, párrafo 1° del Código Penal...”. De ello, infirió que el “a quo” ha tomado partido
por la tesis restrictiva afirmando que el seccionamiento del texto legal desvirtúa el sentido
de la norma. Agregó que de una correcta interpretación del cuarto párrafo del art. 76 bis
del C.P. surge que se trata de un supuesto escindible e independiente de la hipótesis
prevista en el párrafo primero y que, necesariamente, debe aludir a otra opción que sólo

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puede ser la que contempla delitos con un máximo conminado superior a los tres años,
pero que, en la práctica, la condena aplicable será inferior a ese monto y su aplicación
suspendida. Sostuvo que en el plano teleológico, una interpretación restrictiva, que limite
la aplicación del instituto a penas inferiores a tres años, daría paso a situaciones
abiertamente injustas en tanto acciones delictivas objetivamente más graves serían
pasibles del beneficio de la suspensión, mientras que otras menos lesivas se verían
excluidas. Por todo ello, impetró, en definitiva, se case la resolución -4- cuestionada (art.
470 del C.P.P.N.). Hizo reserva del caso federal.
IV. Que durante el término de oficina previsto por los arts. 465, primera parte, y 466 del
C.P.P.N., se presentó a fs. 102/103 vta. el señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor
Ricardo Gustavo WECHSLER, solicitando fundadamente el rechazo del remedio casatorio
defensista. V. Que, celebrada la audiencia prevista por el art. 468 del C.P.P.N., de la que
se dejó constancia a fs. 106, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Que,
efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente
orden sucesivo de votación: doctores Amelia Lydia Berraz de Vidal, Gustavo M. Hornos y
Ana María Capolupo de Durañona y Vedia.
La señora juez Amelia Lydia Berraz de Vidal dijo:
I. Satisfechos los requisitos objetivos y subjetivos de admisibilidad previstos en el
ordenamiento ritual (art. 463) en torno a la procedencia de este medio impugnaticio,
comenzaré por responder al agravio introducido por la Defensa Oficial de HARO, en
relación a la pretendida errónea aplicación de la ley procesal (art. 456, inc. 2°), del
C.P.P.N.), patentizada -según la recurrente- en haber resuelto el Tribunal de “a quo” el
rechazo “in limine” del pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado oportunamente
por su ahijado procesal, prescindiendo, de tal modo, de la realización de la audiencia que
manda el art. 293 del C.P.P.N. Adentrándome a la cuestión planteada, adelanto que la
misma no habrá de recibir por mi parte favorable acogida. Es que, si bien es cierto que en
autos se ha omitido la celebración de la audiencia que impone el ritual (art. 293), es mi
opinión que el Tribunal de la causa es soberano en cuanto a valorar si en el caso
particular concurren los extremos exigidos por el art. 76 bis del C.P. como presupuestos
de procedencia del instituto en examen; y podrá decidir Cámara Nacional de Casación
Penal CAUSA Nro. 1905 - SALA IV HARO, Horacio Dante s/recurso de casación -5-
discrecionalmente -y en tanto lo haga ceñido al requisito de fundamentación exigido por la
normativa procesal- rechazar “in limine” el pedido de suspensión del juicio a prueba
solicitado por el imputado, ante supuestos como el presente, en los que, sea porque no se
cumple con las condiciones generales relativas al delito y a su autor para que proceda la
probation, sea porque la petición resulta notoriamente extemporánea, la petición aparece
como manifiestamente inadmisible.
En tal sentido, tengo para mí, que aunque se hubiera celebrado la audiencia en cuestión,
el beneficio incoado a fs. 78/78 vta. Resultaba igualmente de imposible concesión en
autos, toda vez que, conforme la doctrina sentada por esta Cámara Nacional de Casación
Penal en el Plenario Nro. 5 “Kosuta, Teresa Ramona s/recurso de casación”, del 17 de
agosto de 1999, la aplicación del instituto previsto en el art. 76 bis y ss. del Código Penal
no es viable cuanto el delito que se imputa al solicitante tiene pena máxima prevista -en
abstracto- superior a tres años de prisión o reclusión.
Por lo que, en virtud del obligatorio acatamiento del Plenario de mención, siendo que el
accionar delictivo atribuido en estas actuaciones a Horacio Dante Haro -conforme la
calificación legal sindicada en el requerimiento Fiscal de elevación a jucio de fs. 45/46
vta.- ha quedado enmarcado en las previsiones de los arts. 42 y 164 del Código Penal,
encuentro que el “a quo” se hubiera visto impedido, en la ocasión, de conceder la
suspensión del juicio a prueba.
Es por ello que considero que la falta de realización de la audiencia del art. 293 del ritual,
en este caso en particular, no ha afectado la validez del resolutorio puesto hoy en crisis, ni
conculca garantías constitucionales de la defensa en juicio ni del debido proceso.
II. Habiendo quedado reseñado precedentemente, conforme la doctrina emanada del
Fallo Plenario de este Tribunal de Casación “Kosuta”, que la pena sobre la que debe
examinarse la procedencia del beneficio de -6- la suspensión del juicio a prueba es la de
reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años, estimo que deviene
innecesario el tratamiento del agravio recursivo construído con miras en las previsiones
del inc. 1°) del art. 456 C.P.P.N.
Concluyo, en consecuencia, propugnando el rechazo del recurso de casación de fs.
82/93, en cuanto aquí fue materia de estudio. No correspondiendo, en virtud de la
limitación efectuada en el auto de concesión de fs. 94/95 vta., el tratamiento de la

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inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.050 reclamada oportunamente por la
recurrente, y de cuya denegatoria no opuso remedio directo en esta instancia casatoria.
Tal es mi voto.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Tal como lo señalé en oportunidad de votar en la causa Nro. 1830 de esta Sala IV,
MORA, Ariel Fernando s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2561.4, rta. el 26/4/00, en casos
en que se presente manifiestamente improcedente el pedido de suspensión de juicio a
prueba efectuado por la defensa, por razones de economía procesal y de una buena
administración de justicia, el tribunal se encuentra habilitado para resolver la denegatoria
de la solicitud con prescindencia de la realización de la audiencia prevista
en el art. 293 del Código Procesal Penal de la Nación.
En éste, por las razones señaladas por mi colega preopinante –a cuyos fundamentos me
remito-, el rechazo de la solicitud efectuada por la defensa resulta procedente sin que, en
el caso, la falta de realización de la audiencia prevista en el art. 293 del código de forma -
la que de efectuarse en nada modificaría lo resuelto a fs. 79/80- afecte las garantías de
defensa en juicio y del debido proceso.
Por los fundamentos expuestos, carentes de pretensión, adhiero a lo propiciado por la
doctora Amelia Lydia Berraz de Vidal.
La señora juez Ana María Capolupo de Durañona y Vedia Cámara Nacional de
Casación Penal CAUSA Nro. 1905 - SALA IV HARO, Horacio Dante
s/recurso de casación -7- dijo:
Que adhiere a los votos precedentes.
Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal
RESUELVE:
I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 82/93 por la señora
Defensora Pública Oficial, doctora Stella Maris MARTÍNEZ, asistiendo a Horacio Dante
HARO, con costas (arts. 530 y 531del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al Tribunal Oral en lo
Criminal Nro. 9 de la Capital Federal, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
GUSTAVO M. HORNOS - ANA MARIA C. DURAÑONA y VEDIA - AMELIA LYDIA
BERRAZ DE VIDAL
Ante mí:
DANIEL ENRIQUE MADRID
Secretario de Cámara