Inimputabilidad - Instituto de la Judicatura Federal

290 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERALminación, pero referida al hecho concreto que se examine, pues es este últimolo que le va a ser imputado al autor. Con ese enfoque se respeta la dignidad delhombre, ya que deja de ser estigmatizado como “absoluto incapaz”.2. Ubicación sistemáticaLa atribución subjetiva del delito aparece condicionada a una capacidad, lacual ha sido entendida de diversas maneras a lo largo de la evolución dela ciencia jurídico penal, 9 pudiéndose establecer, en un afán meramenteenunciativo, que entre las corrientes generales más significativasestán las siguientes:a) la clásica, representada fundamentalmente por Carrara, en la que laimputación presupone inteligencia y libertad moral (libre albedrío), 10b) la positivista, en la que la atribuibilidad se apoyaba en la imputaciónfísica del acto por provenir éste de la “mismidad” del individuo(determinismo), 11 yc) la moderna, en la que la imputabilidad es entendida como capacidadde culpabilidad, ya sea como presupuesto del juicio de reproche —como la concibió Jiménez de Asúa, quien admitió que los llamadosinimputables pueden realizar comportamientos descritos por la ley comodelitos, pero señala que son incapaces de actuar culpablemente por care-9Como capacidad de acción (Binding), capacidad de deber (Ferneck), capacidadde conducirse socialmente (Liszt), capacidad de delito (Carnelutti), capacidad deser destinatario de normas penales (Petrocelli), capacidad de pena (Feuerbach), presupuestode la culpabilidad ( Jiménez de Asúa) o elemento de la culpabilidad (Mezger,Bettiol, Soler, Welzel). Cfr. Reyes Echandía, op. cit, pp. 9-23. Por ello es acertada laobservación de Zaffaroni cuando establece que, al hacer un corte longitudinal imaginariode la teoría del delito, descubriremos la constante presencia de un elementoanímico al que denominó “capacidad psíquica de delito”. Cfr. Zaffaroni, op. cit., pp.535 y 536.10Cfr. Carrara, op. cit., vol. I, p. 37.11Esto provocó negar la distinción entre actos imputables o no, surgiendo así laidea de la peligrosidad como fundamento de la reacción estatal frente a la temibilidaddel agente, careciendo de sentido diferenciar entre penas y medidas de seguridad.Cfr. Pavón Vasconcelos, Francisco, Imputabilidad e inimputabilidad, 3ª ed., México,Porrúa, 1993, p. 51-52.RIJF23-18Vazquez.pmd 29014/09/2007, 19:40

JORGE VÁZQUEZ AGUILERA 291cer del presupuesto necesario para ello—, 12 o bien, como elemento de laculpabilidad —lo que sucedió a partir de Frank, para quien la culpabilidaddejó de ser un simple nexo psicológico entre el autor y su hecho,entendiéndola como reproche, condicionado a la existencia de tres elementosde igual rango: normalidad mental del sujeto (imputabilidad),relación psíquica entre éste y el hecho (dolo o imprudencia) y normalidadde las circunstancias—, 13 postura que Goldschmidt superó al distinguirentre infracción de la norma de Derecho (antijuridicidad) e infracción dela norma de deber dirigida a la conducta interna (culpabilidad), 14 con locual se acentuó el aspecto normativo; finalmente Freudenthal concluyóque la inexigibilidad debía ser entendida como causal general de caráctersupralegal de exclusión del reproche. 15Sobre el particular, ubicamos a la imputabilidad como primer elementode la culpabilidad (normativa), 16 entendiéndola como capacidadsobre la cual descansa la posibilidad del reproche jurídico penal.3. Su ausenciaSi falta la imputabilidad, es inviable la imputación culpable y consecuentementeno habrá condiciones para sustentar válidamente el reproche penal;en consecuencia, ante su ausencia lo que se excluye es la culpabilidad, masno la tipicidad y antijuridicidad de la conducta (injusto).12Citado por Reyes Echandía, op. cit., p. 16. En el Derecho mexicano seadhirió a esta postura Ignacio Villalobos. Cfr. Villalobos, Ignacio, Derecho penalmexicano, 2ª ed., México, Porrúa, 1970, p. 272.13Cfr. Frank, op. cit., pp. 40-41.14Cfr. Goldschmidt, La concepción normativa de la culpabilidad, traducción deMargarethe de Goldschmidt y Ricardo Núñez, 2ª ed., Buenos Aires, B de F, 2002,p. 90-91.15Cfr. Freudenthal, Berthold, Culpabilidad y reproche en el Derecho penal, traducciónde José Luis Guzmán Dalbora, reimpresión, Buenos Aires, B de F, 2003,pp. 75-76.16El segundo sería la conciencia de la antijuridicidad y el tercero la exigibilidadde otra conducta. Cfr. Terradillos Basoco, Juan, La culpabilidad, México, INDEPAC,2002, p. 32.RIJF23-18Vazquez.pmd 29114/09/2007, 19:40

292 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERALAl respecto, consideramos que ha quedado superada la postura queidentificó a la imputabilidad con la capacidad de acción, 17 así como tambiénla idea de ubicar al dolo y a la culpa como formas de la culpabilidad,18 con lo cual es congruente afirmar que un sujeto actuó con dolo apesar de que no se le pueda imputar culpablemente el acto. 19 Surgenciertas inquietudes en torno a la imprudencia, toda vez que ésta se defineen el segundo párrafo del artículo 9º del Código Penal Federal, como laviolación de un deber de cuidado que se debía y podía observar “según lascircunstancias y condiciones personales”, lo que implica que su examen,conforme a esa legislación, atiende al individuo de que se trate, de talmodo que su incapacidad de comprensión del deber excluiría latipicidad culposa. Sobre este tópico debemos precisar que al trasladarsela culpa al tipo, ésta adquirió carácter objetivo, 20 razón por la cual debieramodificarse esa codificación, pudiendo servir como referente el texto delpárrafo tercero del numeral 18 del Nuevo Código Penal para el DistritoFederal, en el que se determina que la imprudencia descansa en la infraccióndel deber de cuidado “que objetivamente era necesario observar”.Las circunstancias por las cuales puede faltar la capacidad de culpabilidadquedan comprendidas en dos grandes rubros: 1) minoría de edad, y2) trastornos de la salud psíquico-mental. En cuanto a lo primero, bástenosestablecer para los efectos del presente trabajo, que la propia ley prevé loslímites de edad para fincar la responsabilidad penal, por lo que basta17Con esa postura se le dio a la imputabilidad un carácter tan general que susalcances excedieron al ámbito penal. Cfr. Reyes Echandía, op. cit., p. 10.18Para Welzel, las normas del Derecho no pueden ordenar o prohibir merosprocesos causales, sino sólo actos dirigidos finalmente, por lo que considera que la acciónhumana es actividad final: el hombre, gracias a su saber causal, puede prever las consecuenciasposibles de sus actos, asignándose ciertos fines. De ahí que el dolo o la culpa seanalicen en la tipicidad. Cfr. Welzel, Hans, El nuevo sistema del Derecho penal: Unaintroducción a la doctrina de la acción finalista, traducción de José Cerezo Mir,reimpresión, Buenos Aires, B de F, 2002, p. 41.19Obviamente, dolo neutro o natural, pues la conciencia de la ilicitud se estudiadentro de la culpabilidad Cfr. Díaz Aranda, Enrique, Dolo. Causalismo-finalismofuncionalismoy la reforma penal en México, México, Porrúa, 2000, pp. 59-63.20Así lo sostiene Jescheck, para quien un incapaz de culpabilidad, bajo ciertascircunstancias, puede prever la realización del tipo y actuar objetivamente con infracciónal deber de cuidado. Cfr. Jescheck, op. cit., p. 638.RIJF23-18Vazquez.pmd 29214/09/2007, 19:40

JORGE VÁZQUEZ AGUILERA 293acudir a la legislación aplicable para determinarlo; respecto al segundo, esdifícil delimitar los alcances de las patologías que en específico se presentenal resolver un caso concreto, de tal manera que el juzgador deberáauxiliarse de peritos para saber si la anomalía afecta la libre motivación delagente, pero con relación al injusto materia de la litis, toda vez que esevidente que no se requiere la misma capacidad para cometer un homicidioque un fraude. La ausencia de la imputabilidad puede ser permanenteo transitoria, accidental o provocada, pero aludiremos a éstas al analizar laforma en que se regula la imposición de las medidas de seguridad en elNuevo Código Penal para el Distrito Federal.III. MEDIDAS DE SEGURIDAD1. FundamentoEn el Derecho penal actual, además de las penas propiamente dichas, seprevé la imposición de medidas de seguridad, 21 constituyendo ambos rubroslo que podríamos denominar “consecuencias jurídicas del injusto”. 22 Ambasbuscan la protección de bienes jurídicos a través de la prevención, 23 pero21La doctrina contemporánea acepta que las medidas de seguridad pueden sereducativas, curativas, laborales y de vigilancia. Cfr Reyes Echandía, op. cit., p. 7422Esto dio origen al llamado sistema de “doble vía”, caracterizado por ofrecerdos consecuencias jurídicas como respuestas al delito (penas-medidas de seguridad),el cual se propuso por primera vez en el proyecto de Código Penal Suizo deCarl Stooss (1983-1894). Cfr. Jeán Vallejo, Manuel, Sistema de consecuencias jurídicasdel delito: nuevas perspectivas, México, UNAM, 2002, p. 52. En la actualidad, elDerecho penal va más lejos al propugnar por una “tercera vía”, en la que a las penasy medidas de seguridad se añade la reparación como forma de compensación delinjusto. Ibid., pp. 55-57. Bajo el sistema de la “doble vía”, es difícil justificar laimposición de penas y medidas de seguridad de igual naturaleza, toda vez queambas tienden al mismo fin: proteger bienes jurídicos a través de la prevención.Como respuesta a tal problema surgió el sistema vicarial, caracterizado por entenderla relación entre pena y medida de seguridad de modo complementario, es decir, eltiempo de una se contabiliza para la otra. Cfr. Righi, Esteban, Teoría de la pena,Buenos Aires, Hammurabi, 2001, pp. 57-59.23Cfr. Mir Puig, Santiago, Introducción a las bases del Derecho penal, reimpresiónde la 2ª ed., Buenos Aires, B de F, 2003, pp. 78-96.RIJF23-18Vazquez.pmd 29314/09/2007, 19:40

JORGE VÁZQUEZ AGUILERA 295enfoque garantista, su tratamiento en el ámbito punitivo conlleva ciertos beneficios,como lo es, por un lado, aprovechar el bagaje científico alcanzado porla ciencia jurídico penal para analizar el injusto (así como su exclusión), ypor otro, el poder servirse de la naturaleza estricta de sus normas. 292. Principios que las rigenEl mayor problema de las medidas de seguridad se relaciona con su duración,ya que si su imposición se fundamenta en la peligrosidad del agente,sería válido concluir que no hay empacho alguno para aceptar la posibilidadde su indeterminación mientras perdure el estado peligroso. Por ejemplo,en un sistema de “doble vía” podría suceder que la temibilidad delagente exceda por mucho su culpabilidad, de tal forma que una penaajustada a esta última se considere insuficiente para la seguridad colectiva,dando lugar así a la imposición de una medida de seguridad más allá deltope meramente retributivo. Tal postura choca de frente con un sistemademocrático de Derecho, en el que la dignidad del hombre limita el ejerciciodel poder, y en ese contexto, es inconcuso que el Estado de ningúnmodo puede instrumentalizar al individuo para lograr la tranquilidadsocial. En un sistema de “única vía”, como lo es el que impera con relación alos injustos no susceptibles de imputación culpable, debe suceder lo mislatosensu, vinculado al Derecho penal de la puesta en riesgo, en el que incluyó asujetos no susceptibles de imputación subjetiva, a quienes calificó como “no personas”.Cfr. Cancio Meliá, Manuel, ¿Derecho penal del enemigo?, Buenos Aires,Hammurabi, 2005, p. 94. Para Muñoz Conde, la llamada del tipo no involucra alos sujetos carentes de capacidad de culpabilidad porque no pueden ser motivadosnormativamente. Cfr. Muñoz Conde, op. cit., p. 403. Todo ello permitiría sostenersu exclusión del ámbito penal, en mayor medida cuando la culpabilidad —de la quecarecen— es la parte medular del Derecho punitivo. Cfr. Zaffaroni, Lectio Doctoralis,en Hans Welzel en el pensamiento penal de la modernidad: Homenaje en el centenariodel nacimiento de Hans Welzel, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 623.29Claro que esto dependerá de cómo se visualice el problema, pues pueden sucederdos cosas: 1) negar de manera paradójica precisamente esa evolución para remontarsea la escuela positiva, en la que no existía diferencia entre sujetos imputablese inimputables, sino entre peligrosos y no peligrosos, en la que la reacción estatal sefundamentaba en la temibilidad del agente; o 2) aplicarles única y exclusivamente lasreglas de la codificación penal que le sean propias.RIJF23-18Vazquez.pmd 29514/09/2007, 19:40

296 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERALmo, es decir, la reacción estatal está sujeta a ciertos principios que la restringen,siendo éstos el de ponderación y el de proporcionalidad. El primeroconsiste en poner sobre la balanza los menoscabos ocasionados en el sujetocon motivo de la medida de seguridad, con relación a lo que podrían causarseglobalmente de no imponerla; el segundo, concreta una prohibición deexceso, tomando como referencia la gravedad del hecho cometido. 303. Su imposición conforme al Nuevo Código Penal para el Distrito FederalEl artículo 29, fracción VII, del Nuevo Código Penal para el DistritoFederal, dispone que se excluirá el delito cuando, al momento de larealización del hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprenderel carácter ilícito de aquél o la de conducirse de acuerdo con esa comprensión,en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectualretardado, a no ser que hubiere provocado ese trastorno para en ese estadocometerlo, en cuyo caso responderá del resultado típico producido. 31 Asimismo,agrega que si esas capacidades están considerablemente disminuidas,se estará a lo previsto en el numeral 65 de esa misma legislación, el cualestablece la obligatoriedad de imponer una punibilidad atenuada (unacuarta parte de la mínima y hasta la mitad de la máxima de la pena aplicableal ilícito de que se trate). 32 Por otro lado, el primer párrafo deldispositivo 5º de ese mismo ordenamiento legal, determina que no podráaplicarse pena alguna si la acción o la omisión no han sido realizadasculpablemente, indicando que la cantidad de pena estará en relación directacon el grado de culpabilidad, así como de la gravedad del hecho,adicionando, en su segundo párrafo, que también se requerirá tal culpa-30Cfr. Roxin, Claus, op. cit., pp. 105-106.31La redacción del texto legal permite sostener que sólo se pune a quiendolosamente se colocó en tal estado para cometer el injusto, mas no al que lo hizo demodo imprudente.32En estos casos existe imputabilidad, por lo que puede instaurarse el juicio dereproche penal correspondiente; sin embargo, el problema que se presentará aljuzgador será el de una doble afectación en la punición, pues, por un lado, deberíagraduar a la baja la culpabilidad y, por otro, tomar como referencia un marco depunibilidad atenuado.RIJF23-18Vazquez.pmd 29614/09/2007, 19:40

JORGE VÁZQUEZ AGUILERA 297bilidad para la imposición de una medida de seguridad “accesoria”, peropara la aplicación de otro tipo de medidas, bastará la existencia de unhecho antijurídico, siempre que, de acuerdo con las condiciones personalesdel autor, hubiera necesidad de éstas, en atención a los fines de prevencióndel delito que con aquéllas pudieran alcanzarse.De la interpretación sistemática de esos preceptos legales se advierte:1) Opera el sistema de “doble vía” con relación al delito, teniendoen este caso, tanto las penas como las medidas de seguridad “accesorias”,un límite vinculado al grado de culpabilidad del agente y la gravedad delinjusto, y es en este contexto como debe entenderse lo dispuesto porel artículo 72 de esta codificación, cuando establece los criterios parala individualización de dichas consecuencias jurídicas, siendo evidenteque el legislador se refirió a ellas con relación a un autor capaz de culpabilidady de ningún modo a uno no susceptible de imputación culpable,máxime que en su fracción VIII alude a las demás circunstancias especialesdel agente que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo dehaber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, por lo que fuedesacertado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNación emitiera con base en este último numeral, la jurisprudencia 1ª./J.14/2006, de rubro “INIMPUTABLES. LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE IM-PONGA LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBEINDIVIDUALIZARLA Y FIJAR SU DURACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITOFEDERAL)”. 33 Así, se obliga al resolutor a individualizar una medida deseguridad para los no culpables, aplicando criterios ajenos a su condición.33Criterio de interpretación que es obligatorio conforme a lo previsto por elartículo 192 de la Ley de Amparo, en el que textualmente resolvió: “El artículo 66del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal señala que, en ningún caso, laduración del tratamiento para el inimputable excederá del máximo de la penaprivativa de libertad que se aplicaría por el delito cometido a sujetos imputables. Porsu parte, el numeral 72 de dicho Código establece los criterios a los que la autoridadjudicial debe atender para la individualización de las penas y medidas de seguridad,señalando al respecto que esto se hará dentro de los límites fijados por la propia Ley,con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Lo anteriorpone de manifiesto la intención del legislador de que la autoridad judicial, en cumplimientoa la garantía de seguridad jurídica para el inimputable mayor de edad, alresolver la imposición de una medida de seguridad, la individualice y determineel tiempo del tratamiento con la mayor precisión posible […]”.RIJF23-18Vazquez.pmd 29714/09/2007, 19:40

298 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL2) La inimputabilidad del sujeto excluye tal culpabilidad, mas quedaabierta la posibilidad de imponer medidas de seguridad por el hecho típicoy antijurídico cometido, en atención a la necesidad de aquéllas (principiode ponderación). 34 En este último supuesto, las medidas consisten entratamiento en internación o externación, pero sin que se haya incluidoen el numeral 5º el principio de proporcionalidad para delimitar su duración,es más, en el artículo 62 del código de mérito se permite, tratándosede la inimputabilidad permanente, la imposición de una reacción estatalpor el tiempo necesario para lograr la “cura” del incapaz, la cual podría serhasta de cincuenta años. 35 Tal temporalidad atenta contra la dignidadhumana, pues haciendo a un lado la magnitud del injusto, se somete a lapersona a una reacción estatal que lo instrumentaliza en aras de salvaguardara la colectividad del peligro que representa; además, evidencia untrato discriminatorio porque para los otros sujetos considerados“inimputables”, el numeral 66 fija un tope máximo vinculado a la penaprivativa de libertad que se aplicaría por ese mismo delito a los “imputables”.Con relación a esto, en el Código Penal Español se incluye unasolución similar, al establecerse en sus numerales 101 a 103, que a losexentos de responsabilidad penal podrá imponérseles, si fuere necesario,tratamiento en internación que no excederá del tiempo que habría duradola pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable,pero a diferencia de nuestra codificación, la redacción española parecereferirse a una hipótesis no susceptible de comprobación: ¿cómo sabercon precisión la sanción aplicable a un sujeto del que se ignora su grado deculpabilidad? Por ello estimamos que el límite debe orientarse conforme ala pena abstracta.34Entendida la ponderación simplemente como una relación costo-beneficio.35Si la inimputabilidad es permanente, evidentemente no tiene cura y el tratamientonecesariamente durará el lapso máximo previsto por la ley.RIJF23-18Vazquez.pmd 29814/09/2007, 19:40

JORGE VÁZQUEZ AGUILERA 299IV. CONCLUSIÓNLa imputabilidad es la cualidad de ser culpable, conformada por lacapacidad de comprender lo ilícito del acto y la capacidad de conducirsede acuerdo con esa comprensión, referida al hecho concreto que seexamine, cuya ausencia excluye la culpabilidad del sujeto, mas deja intactoel injusto. Por tal razón es posible imponerle una medida de seguridad,limitada por los principios de ponderación y proporcionalidad, acordescon un Estado social y democrático de Derecho. Por tanto, debereformarse el artículo 62 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal,a fin de establecer que la duración del tratamiento a “inimputablespermanentes” no debe exceder del tiempo de la sanción prevista para eldelito de que se trate (proporcionalidad como tope), quedando suimposición y temporalidad sujeta a su necesidad (ponderación).BIBLIOGRAFÍABacigalupo, Enrique, Principios de Derecho penal: Parte General, 5ª ed., Madrid,Akal, 1998.Cancio Meliá, Manuel, ¿Derecho penal del enemigo?, Buenos Aires, Hammurabi,2005.Carrara, Francesco, Programa de Derecho criminal: Parte General. vol. I, traducciónde José J. Ortega Torres, reimpresión, Bogotá, Temis, 1996.Díaz Aranda, Enrique, Dolo. Causalismo-finalismo-funcionalismo y la reformapenal en México, México, Porrúa, 2000.Frank, Reinhard, Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, traducción deGustavo Eduardo Aboso y Tea Löw, reimpresión, Buenos Aires, B de F,2002.Freudenthal, Berthold, Culpabilidad y reproche en el Derecho penal, traducciónde José Luis Guzmán Dalbora, reimpresión, Buenos Aires, B de F, 2003.Goldschmidt, La concepción normativa de la culpabilidad, traducción deMargarethe de Goldschmidt y Ricardo Núñez, 2ª ed., Buenos Aires, Bde F, 2002.RIJF23-18Vazquez.pmd 29914/09/2007, 19:40

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