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Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital)Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009de San Carlos ó Sarapiquí, ó cualquiera otra vía procedente de la parte que en laribera del San Juan se establece corresponder á esta República. Las embarcacionesde uno ú otro país podrán indistintamente atracar en las riberas del río, en la parteen que la navegación es común, sin cobrarse ninguna clase de impuestos, á no serque se establezcan de acuerdo entre ambos Gobiernos.”La discusión en torno a la frase “libre navegación… con objetos decomercio”El alcance de la libertad de navegación por parte de Costa Rica está dadoprincipalmente por el artículo VI donde las partes sostienen interpretacionesdiferentes sobre la frase “libre navegación… con objeto de comercio”.Para Nicaragua la frase hace referencia a objetos materiales y concretos, o sea,solo se contempla el transporte de mercadería para realizar actos de comercio.Costa Rica, por el contrario, sostiene que la palabra objetos debe tomarse ensentido abstracto, esto es, con el fin y propósito de comerciar. Esto implicaatribuirle un alcance amplio, incluyendo no solo el transporte de mercadería sinotambién el de pasajeros.Los criterios de interpretación que utiliza la Corte a fin de establecer el alcance dela frase son los previstos en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobreDerecho de los Tratados de 1969. Las reglas previstas en estos artículos tienen unefecto declarativo de la costumbre internacional preexistente, por lo que la falta deratificación de la Convención de Viena por parte de Nicaragua no es óbice para quela Corte aplique los principios de interpretación mencionados.En segundo lugar, los jueces no se convencen del argumento de Nicaragua por elcual los derechos de libre navegación de Costa Rica deben interpretarserestrictivamente porque representan una limitación a la soberanía nicaragüensesobre el río. La intención de los autores del Tratado ha sido clara para la Corte, laSección: Jurisprudencia
Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital)Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009lectura del artículo VI muestra que las partes no tuvieron la intención de establecerningún tipo de jerarquía entre la soberanía de Nicaragua sobre el río y losderechos de Costa Rica, que solo se encuentran limitados cuando se perjudica lasoberanía territorial de Nicaragua.Los magistrados interpretan que cuando las partes en un tratado establecenexpresamente el propósito por el cual un derecho puede ejercerse implica, enprincipio, la exclusión de cualquier otro propósito. Por ende, el contenido delartículo VI se aplica exclusivamente al ámbito de la navegación “con fines decomercio” y cesa su aplicación más allá de este ámbito.El significado dado a un término usado en un tratado debe interpretarse a la luz dela intención de las partes que es, por definición, contemporánea a la conclusión delmismo. Pero ello no implica, sin embargo, que si el significado de un término se hamodificado, no deba tenerse en cuenta este cambio al momento de la aplicacióndel tratado. Por un lado, la práctica posterior de las partes puede resultar en unalejamiento de la primera significación dada a un término, en base a un acuerdoimplícito de las partes. Por otra parte, hay situaciones en las cuales la intención delas partes es darle al contenido del tratado una capacidad de evolución, esto es,permitir adaptarlo al desarrollo vertiginoso del Derecho Internacional. Si las parteshan usado términos genéricos, como es en este caso, ellas necesariamenteestaban al tanto de que los mismos no iban a tener el mismo significado con elcorrer del tiempo.Por lo que luego de este análisis, la Corte llega a la conclusión que la frase “conobjetos de comercio” tiene un sentido amplio, conforme a la posición sostenida porCosta Rica. Entonces la libertad de navegación se aplica tanto al transporte demercadería como al de personas, incluyendo turistas. Pero como la navegación debuques que realizan actividades gubernamentales o proveen servicios públicos noes comercial, no está amparada por el artículo VI del Tratado.Sección: Jurisprudencia
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