37 COMENTARIO DE FALLO .pdf - iri.edu.ar

More documents

Recommendations

Info

Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital)Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009Actividades amparadas por el derecho a la libre navegaciónComo ya se mencionó, dos tipos de navegación están cubiertas por el derecho a lalibre navegación, la de buques que llevan mercadería para transaccionescomerciales y el transporte de pasajeros de manera onerosa.El problema surge en aquellos casos en los cuales los habitantes de Costa Rica queviven a orillas del río, utilizan buques para satisfacer sus necesidades, como llevarsus chicos a la escuela o recibir tratamiento médico. La Corte estima que no puedehaber sido la intención de los autores del Tratado en 1858 de privar a estos deusar el río para dichos fines.Otro punto controversial es que no se establece un régimen especial para losbuques públicos en dicho convenio. El único criterio que se utiliza es el fincomercial de la navegación, no siendo concebible que un buque público naveguecon fines comerciales. Lo que está en discusión es si las autoridades de Costa Ricapueden ejercer actos de policía y aduaneros, entre otros, a través de buquespúblicos. La Corte opina que, como regla general, el tratado no contempla dichasituación. Sin embargo, si los buques privados pueden navegar para satisfacer lasnecesidades mínimas de los habitantes en la costa del río, no hay impedimentopara que los buques públicos también puedan cumplir con dichos fines.El poder de regular la navegación por parte de NicaraguaLas partes están en desacuerdo respecto a la extensión de los poderes deregulación de Nicaragua sobre el río, y en ciertas medidas que dicho Estado haadoptado. La primera cuestión consiste en determinar si Nicaragua tiene laobligación legal de notificar, consultar o solo dar noticia a Costa Rica de lasmedidas que adopte al regular la navegación sobre el río. Hay que tener en cuentaque el Tratado de 1858 no impone de manera expresa una obligación general denotificar, solo lo hace en dos casos excepcionales.Sección: Jurisprudencia
Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital)Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009A pesar de la falta de una provisión específica, la Corte identifica tres factores queimponen una obligación de notificar las regulaciones mencionadas. La primera seencuentra en un acuerdo entre las partes de 1956. En él se establece unaobligación de colaborar para facilitar el tráfico y el transporte de servicios que seproveen en el territorio de un Estado por los nacionales del otro, actividad que noparece se pueda realizar sin notificaciones de las regulaciones que se adopten.El segundo factor que indica que Nicaragua está obligada a notificar la adopción demedidas subyace en la sustancia de las mismas. La navegación por un rio dondedos Estados tienen derechos, uno como soberano, otro en base a la libertad denavegación, no puede realizarse sin una mínima coordinación. El tercer factor estáen la naturaleza misma de la regulación. Si esta tiene por objeto una actividad, losque realizan la actividad deben estar informados de las reglas.En base a estas razones, la Corte concluye que Nicaragua está obligada a notificara Costa Rica aquellas normas que se refieran al régimen de navegación por el río.Pero no hay obligación de consulta previa a la adopción de dichas medidas.Una de las decisiones que Nicaragua había adoptado era la de detener a buquesque enarbolaban el pabellón costarricense y obligaba a los pasajeros a llevarpasaportes. A juicio de Costa Rica estas medidas tenían el efecto práctico deimposibilitar el ejercicio de Costa Rica de sus derechos de navegación previstos porel tratado. En cambio, Nicaragua sostiene que desde el año 1960 estasoperaciones vienen realizándose por cuestiones de seguridad y protección delmedio ambiente.En este punto, la Corte decide que Nicaragua tiene el derecho de conocer laidentidad de aquellos que entran a su territorio y, por lo tanto, el poder de requerirel pasaporte o documento de identidad es un ejercicio legítimo de dicho poder.Pero los jueces no encuentran que haya una justificación legal al hecho de que losbuques con pabellón costarricense deban detenerse en determinados puntos delrío.Sección: Jurisprudencia
Page 1 and 2: Revista Relaciones Internacionales
Page 5: Revista Relaciones Internacionales

37 COMENTARIO DE FALLO .pdf - iri.edu.ar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?