Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio - Oacnudh

PresentaciónLa Declaración Universal de los Derechos Humanosafirma que todos los seres humanos nacemoslibres e iguales en dignidad y derechos,sin distinción alguna de nacionalidad, lugarde residencia, sexo, origen nacional o étnico,color, religión, lengua, o cualquier otra condición.Todos tenemos los mismos derechoshumanos, sin discriminación alguna. Estosderechos son universales, interrelacionados,interdependientes e indivisibles. A partir deestos principios se ha desarrollado un marconormativo internacional que obliga a los Estadosa respetar, proteger y garantizar el plenogoce de los derechos humanos de todas laspersonas en condiciones de igualdad y no discriminación.El acceso a la justicia constituye un derechohumano garantizado en todos los instrumentosinternacionales y regionales de derechoshumanos. Los Estados tienen la obligaciónde actuar con debida diligencia frente a violacionesde derechos humanos, la cual incluyela prevención, la investigación, la sanción y lareparación. La Resolución sobre la eliminaciónde la discriminación contra la mujer adoptadapor el Consejo de Derechos Humanos en 2010(A/HRC/15/L.15) exhorta a los Estados a cumplirsus obligaciones y compromisos internacionalesde derogar las leyes que discriminanpor razones de sexo y “poner término a los prejuiciossexistas en la administración de justicia,teniendo en cuenta que esas leyes vulneranel derecho humano de la mujer de contar conprotección contra la discriminación”.En su Recomendación General 19, el Comitéde la CEDAW en 1992 había señalado que ladiscriminación contra la mujer “incluye la violenciabasada en el sexo, es decir, la violenciadirigida contra la mujer porque es mujer o quela afecta en forma desproporcionada”. En consecuencia,el Comité señaló igualmente que“la violencia contra la mujer es una forma dediscriminación que impide gravemente quegoce de derechos y libertades en pie de igualdadcon el hombre”.Tal como indicó la Corte Interamericana deDerechos Humanos en la sentencia del 16 denoviembre de 2009 —Caso González y Otras—(“Campo Algodonero”), los Estados deberáneliminar todos los obstáculos de jure o de factoque impidan la debida investigación de los hechosy el desarrollo de los respectivos procesosjudiciales, “y usar todos los medios disponiblespara hacer que las investigaciones y procesosjudiciales sean expeditos a fin de evitar la repeticiónde hechos iguales o análogos”. Estoes, ante los casos de violencia contra la mujer,el Estado está en el deber jurídico de prevenir,razonablemente, las violaciones de los derechoshumanos, de investigar seriamente conlos medios a su alcance las violaciones que sehayan cometido dentro del ámbito de su jurisdiccióna fin de identificar a los responsables,protocolo de actuación para la investigación del feminicidio5